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Los Fracasos del Sistema Impuesto

Por Marlín Oscar Ávila

Un sistema, con sus programas estratégicos para el desarrollo, se consideraría exitoso si los indicadores sociales y económicos generales mejoran, es decir, son superiores a los de años anteriores. Si su pueblo los tolera, fortalece y fomenta. De lo contrario, son un fracaso, demostrando el pueblo su disgusto con movilizaciones constantes.

Hasta donde podemos observar, en los países latinoamericanos, uno de los países que está presentando anualmente resultados positivos y significativos en lo social y económico, es Bolivia. No nos referimos al conocido índice de crecimiento general sobre el PIB, y los indicadores de inversiones industriales e intercambio comercial globales, pero a la calidad de vida de la ciudadanía.

Según el PNUD quien utiliza tres variables para definir el índice de desarrollo humano: 1) la esperanza de vida al nacer, 2) el nivel de alfabetización adulta y nivel de estudios alcanzado; y, 3) el producto interno bruto por persona y su acceso a recursos económicos, calificando de 1 a 0, siendo éste 0 la más baja y 1 la más alta. PNUD clasifica así tres categorías de países: Los países con IDH muy alto; los países con IDH alto; los que tienen IDH medio y, los con IDH bajo. En grado muy alto, se enlista a Chile, Argentina y Uruguay. En grado alto, la lista está encabezada por Costa Rica, Panamá y Cuba; el grado medio lo encabeza Bolivia, El Salvador y Nicaragua, terminando la lista con Haití con la categoría de IDH bajo.[1]

Esta clasificación nos puede ayudar a comparar los países un tanto académicamente, pero debemos incluir una mirada sobre su desarrollo político también. No sorprendería a nadie prever una caída en el IDH en el caso de Argentina, por las políticas económicas implementadas últimamente por su gobierno, además de las permanentes movilizaciones de su ciudadanía protestando. El crecimiento sin precedentes de su deuda externa, los recortes de los servicios públicos y el creciente desempleo, hace ver esa probable caída.

El caso de Costa Rica, es menos grave, pero, su situación es de un alto riesgo. Ya está publicada la última encuesta de hogares de julio del presente año, se confirma un aumento de 1.1% en la pobreza y de la extrema pobreza en 0.6% entre el 2017 y 2018. Si las amenazas de implementar medidas impopulares, es decir, en contra de las mayorías sociales, se ejecutan, es muy probable que Costa Rica, caiga más debajo de la escala establecida por el PNUD, el próximo año.

Los demás países centroamericanos están en peores condiciones de vida, no solamente por las medidas neoliberales implementadas por sus gobernantes durante el último quinquenio, pero por el crecimiento de la corrupción y la impunidad de sus gobernantes. Es en el caso salvadoreño donde su actual gobierno se ha librado de acusaciones públicas de alta corrupción.

La imposición de círculos mafiosos dentro de los gobiernos, con altos niveles de nepotismo y corrupción, así como de sus vínculos con el crimen organizado, hacen que sus pueblos se dispongan a organizar caravanas masivas de migrantes en busca de mejores condiciones de vida. Son pueblos que dejaron de creer en los discursos vacíos de la clase política. Pueblos que están viviendo los resultados de políticas neoliberales donde si no hay negocio, no se invierte en los servicios públicos esenciales. Honduras encabeza a estos gobiernos del área centroamericana, donde queda muy poco por concesionar y licitar, como recursos y servicios que antes le servían al pueblo empobrecido. Durante los últimos ocho años, su pueblo ha aprendido a sobrevivir con miedo y terror. Los carteles de la droga, del tráfico humano, el negocio del sicariato, del soborno, la extorción, de las pandillas en complicidad con autoridades, etc., hicieron de este país un paraíso centroamericano para la delincuencia. No solamente han coexistido con las autoridades locales, pero con las agencias de los EUA, quienes, desde el golpe de Estado en 2009, han convertido a este país en su aliado estratégico, para experimentar todo tipo de negocio sin obedecer un marco jurídico alguno. Desde luego, históricamente Honduras ha cumplido los dictados de Washington, pero entre 2007 y 2009, ese pueblo tuvo la esperanza de ver una luz de su autonomía y soberanía. Algo intolerable para el imperio yanqui.

Después de ocho años de protestas, demandas y esperanzas, el pueblo catracho se ha dado por vencido. Con más de un 63% de pobreza (6 millones de personas), un 80% de empleo precario y sub empleo arriba del 50%, el pueblo está convencido que no hay medio lícito y “democrático” que permita rescatar un sistema de gobierno y de institucionalidad democrática que priorice a su pueblo. Dejando alrededor de 25 mil víctimas asesinadas, muchos presos políticos y muchas personas con daños laterales, dejando sus barrios abnegados de inseguridad social, de instituciones cadavéricas y altos niveles de desempleo formal, mejor se va. Su emigración es un hecho, aunque sea con pocos Lempiras en su bolsillo, dejando atrás a seres queridos y amistades, se ha dispuesto a tomar la última medida de salvación para cualquier ser humano: abandonar su propia patria, la tierra que le vio nacer y donde tuvo sembrada sus esperanzas de vida.

Por ahora se habla de 4 a 5 mil personas en caravanas, de todas las edades y en diferentes condiciones, pero con el común denominador: POBRES y MISERABLES. Su disposición voluntaria de llegar a cumplir su meta, les ha obligado a saltar obstáculos que pueden hacer temblar a los más valientes, pero siempre con esa voluntad férrea de seguir avanzando.

Este fenómeno es otra prueba más de que los sistemas políticos de libre mercado y desregulación impuestos por algunos gobiernos, agencias internacionales y multilaterales son un fracaso. Este fracaso, evidentemente no es de un gobierno izquierdista como el venezolano. Ese fracaso denunciado por la OEA (Almagro y Grupo de Lima) del cual se conocen sus causas, como las fabricadas por Ronald Regan en Nicaragua en los ochenta, pero con intereses mucho más económicos ahora con relación a Venezuela, esta demostrado por la voluntad de estos pueblos empobrecidos de Centro América.

Los nicaragüenses huyen hacia Costa Rica, los hondureños y guatemaltecos hacia México, Estados Unidos y Canadá, además de España. Los catrachos podrían hacer lo que hacen los nicaragüenses, huir hacia el Sur, pero su razonamiento es que en Nicaragua hay otra dictadura, con una pobreza igual o peor que en Honduras. Así que no se trata de ir a vivir a un contexto con ideología (dis que izquierdista) determinada, pero en mejores condiciones políticas y económicas. El mito de que EUA es el “sueño americano” sigue calando en las mentes de estos pueblos. Pero queda la esperanza de unas condiciones mejores en México con un nuevo gobierno más democrático. Es de esperar a diciembre próximo.

Enviado por el autor.

[1]https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_Latina_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano

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La pobreza en Costa Rica en aumento entre el 2017 y el 2018

Nicolas Boeglin (*)

Este 18 de octubre fue dado a conocer el estudio denominado «Encuesta Nacional de Hogares Julio 2018«, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Sus hallazgos eran esperados al permitir medir de mejor manera la realidad social costarricense, objeto de valoraciones diversas, en particular durante la reciente campaña electoral de este 2018: mientras que para unos el deterioro social heredado de las administraciones anteriores – correspondientes a los períodos (2006-2010) y (2010-2014) – se mantenía, para otros, Costa Rica estaba logrando desde el 2014 revertirlo y ello debería de verse reflejado en las mediciones a venir.

Foto extraída de artículo de prensa (Semanario Universidad) titulado «Centroamérica reduce pobreza del 53% al 49%», edición del 18/11/2015

Los principales hallazgos del INEC

En este documento oficial del Estado costarricense, se puede leer (véase texto completo), con relación a la pobreza, que:

«el 21,1 % de los hogares del país se encuentra en situación de pobreza por LP, esto equivale a 328 848 hogares, 23 617 hogares más que el año anterior, en términos porcentuales representa un incremento de 1,1 pp en el nivel pobreza, lo cual es una variación estadísticamente significativa» (p. 43).

Asimismo, se señala que:

«El porcentaje de hogares en pobreza extrema presenta un aumento de 0,6 pp, pasando de 5,7 % en el 2017 a 6,3 % en este año, en términos absolutos representa un aumento de 12 371 hogares, pasa de 86 663 hogares en el 2017 a 99 034 en el 2018» (p. 44).

Se sugiere al lector revisar los gráficos de las páginas 43-44 que ilustran de manera muy clara el aumento de la pobreza medida con relación a hogares (p. 43) y personas (p. 44).

Se detalla también la medición de la pobreza ya no de los hogares sino en número exactos de personas: el estudio no las distingue, pero se puede adelantar que gran parte de estas personas poseen un rostro femenino. Según los datos del INEC para el 2018,

«La incidencia de la pobreza en términos de personas es de 22,9 %, en términos absolutos representa 1 142 069 personas en el 2018, esto equivale a un aumento de 0,8 pp respecto al 2017, es decir, 49 666 personas más en condición de pobreza» (p. 44)

De igual forma, con relación a la pobreza extrema, se puede leer que:

«Por su parte, el porcentaje de la población en extrema pobreza se estima en 7,2 %, 1,0 pp más respecto al año anterior, lo que corresponde a 360 783 personas con ingresos per cápita inferiores al costo de la Canasta Básica Alimentaria en el 2018, 54 273 personas más que en 2017» (p. 44).

De manera a dimensionar estas cifras para el lector poco familiarizado con estadísticas poblaciones de Costa Rica, es de notar que la población total de Costa Rica asciende a unos cinco millones de habitantes para el 2018, según cables de noticias circuladas en setiembre del 2018 sobre el nacimiento del «tico 5.000.000.».

Cabe precisar que los datos aportados en julio del 2015 por el INEC en una encuesta similar (véase texto completo) indicaban que «el 21,7% de los hogares en el país se encuentran en situación de pobreza, esto equivale a 317 660 hogares en dicha condición» (p. 22) y que «En condición de pobreza extrema, la cantidad de hogares se incrementó respecto al año 2014, pasando de 94 810 a 104 712 hogares en el 2015, cifra que representa el 7,2% de los hogares en el 2015» (p. 23).

Hallazgos que… ¿confirman la creciente desigualdad en Costa Rica?

Con relación al coeficiente Gini que mide la desigualdad, se puede leer que:

«El coeficiente de Gini, es una medida resumen de la desigualdad en la distribución de los ingresos per cápita entre los hogares. Para el 2018, el nivel de concentración del ingreso se mantuvo en 0,514 mismo valor observado el año anterior» (p. 41).

Mantener la cifra del coeficiente Gini en un 0,514 con relación al 2017 no es para nada halagüeño, si se considera que Costa Rica constituye, con Guatemala y República Dominicana, el único Estado en el que el coeficiente Gini ha progresado, a diferencia de la tendencia general observada en los últimos dos decenios en el resto de América Latina. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, es a partir del 2007 que la desigualdad social en Costa Rica que mide el coeficiente Gini progresa de manera significativa.

Gráfico extraído de artículo de prensa (La Nación) titulado: «Desigualdad baja en América Latina pero sube en Costa Rica», edición del 31/07/2017

La variación del coeficiente Gini en América Latina desde el 2002 hasta el 2016 en curva sostenidamente descendente se puede también apreciar en el gráfico I.5 (página 49) del Panorama Social de América Latina (2017) publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y disponible aquí.

Se lee en el reciente estudio del INEC cómo es que se reparte la desigualdad dentro del territorio costarricense, comparando datos del 2017 y del 2018:

«la Huetar Caribe presenta el menor nivel de desigualdad en el ingreso, esto a pesar de que aumentó respecto al 2017, por otra parte, en el 2018 la región Brunca pasa a ser la región con el mayor nivel de desigualdad (0,524). Además de la región Huetar Caribe, la Chorotega y la Brunca aumentó el nivel de desigualdad respecto al año anterior, mientras en la Central, la Pacífico Central y la Huetar Norte la desigualdad disminuye. El aumento en el coeficiente de Gini de la Chorotega, así como la disminución en el de la Pacífico Central son estadísticamente significativos» (p. 41).

El declive de Costa Rica en materia de IDH

En el 2017, se dio a conocer la posición de Costa Rica con relación al Índice de Desarrollo Humano (IDH), una medición que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), colocando a Costa Rica en el puesto 66 a nivel mundial: referimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota cuya versión final fue publicada en HablandoClaro y en el sitio de Pressenza, titulada «Indice de Desarrollo Humano 2016. Costa Rica en el puesto 66«, disponible en este enlace de HablandoClaro y en este otro de Pressenza.

En el mes de marzo del 2018, se indicó que Costa Rica pasó de la posición 66 (2016) a la posición 63 (véase clasificación oficial del PNUD para el 2017). El desglose de los rubros evaluados se encuentra en este enlace oficial del PNUD. De manera a poder apreciar mejor qué significa para Costa Rica estar en posiciones que oscilan entre los puestos 66 y 63, adjuntamos a continuación clasificación anterior en materia de IDH, a nivel mundial, en el que se puede destacar el verdadero desplome del IDH correspondiente al período (2006-2010):

Elaboración propia del autor, con base en los datos compilados hasta el 2012 por el Estado de la Nación.

Los recientes datos para el 2018 que arroja el INEC vienen a confirmar diversas advertencias hechas desde varios años por algunas entidades internacionales y nacionales a las autoridades de Costa Rica sobre la imperiosa necesidad de adecuar su denominado «modelo» de desarrollo de forma tal que redistribuya de manera mucho más equitativa la riqueza que genera.

A modo de conclusión: un «modelo» bastante cuestionable

En efecto, generar ganancias para algunos sectores privilegiados sin que ello incida en los índices sociales de un Estado o en una mejoría paulatina de otros sectores más desprotegidos arroja algunas interrogantes muy válidas sobre el tipo de «modelo» económico seguido. Un ejemplo, entre muchos otros, sobre la escaza o nula distribución de la riqueza generada lo constituye uno de los principales productos de exportación de Costa Rica, la piña exportada desde los años 2007 al mercado mundial denominada «Sweet Gold» o MD-2. Este producto ha contado a partir del 2007 con políticas del Estado para favorecer su vertiginosa expansión so pretexto del «desarrollo» que aporta a las comunidades y los «miles de empleos» que genera, según las autoridades públicas costarricenses.

En el 2007, Costa Rica exportaba piña por un valor de 487 millones de US$; según cifras oficiales, en el 2017 exportó piña por concepto de 940 millones de US$. La riqueza generada es innegable, pero… ¿qué pasa con el desarrollo? En esta precisa materia, en el 2007, Costa Rica se ubicaba en el puesto 48 a nivel global con relación al indicador del IDH; para el 2017, se ubica en el puesto 66. A nivel local, los cantones en los que se localizan extensas plantaciones de piña se mantienen entre los cantones con menor IDH con relación a los demás 81 cantones (véase clasificación del Atlas 2014 que posiblemente confirmaría una nueva clasificación al 2018).

Los datos arrojados por el INEC vienen ahora a interpelar a varios decisores políticos y a confirmar que diversas advertencias hechas en el pasado a sus antecesores persisten. Sería de sumo provecho que el INEC piense en pormenorizar sus datos a nivel cantonal, de manera a tener una lectura mucho más precisa de la realidad costarricense a nivel local, como sí la ofrece la medición IDH en el plano cantonal.

Documentos / artículos recientes de interés (breve selección)

CHAVERRI P.,»¿Por qué persiste el estancamiento de la pobreza en Costa Rica?«, 2015, artículo de opnión, Semanario Universidad, disponible aquí

INEC, Costa Rica Mapas de Pobreza 2011, Informe, San José, 2011, 63 páginas, disponible aquí.

LOPEZ SEDÓ V., «La odiosa desigualdad nos atrasó cuarenta años«, 2018, reportaje, Semanario Universidad, disponible aquí.

PNUD / UCR, Atlas del Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica, San José, 2011, 111 páginas, disponible aquí.

SAUMA P., «Pobreza, desigualdad del ingreso y empleo«, Ponencia, XI Estado de la Nación, disponible aquí.

VARGAS G., «Pobreza en Costa Rica: datos, silencios y sombras«, 2018, publicado en el medio Delfino.cr, disponible aquí.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

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¿Hay alguna agenda oculta en el gabinete del gobierno de Carlos Alvarado?

Marlín Oscar Ávila H

En política lo obvio no siempre es lo real. Es lo menos evidente frente al público lo que mueve el tablero de los dueños del poder. Ese tablero, generalmente, está en manos de poderes fácticos detrás del telón. En la tarima del escenario vemos a sus principales actores, actuando de acuerdo al libreto preparado previamente por terceros.

Sin lugar a dudas los organismos multilaterales y bilaterales han estado día a día, observando, al asecho y actuando sobre la controversia de las últimas semanas para resolver el déficit fiscal.

Lo evidente es que tres partidos políticos (PAC, PLN y PUSC) apuestan por la reforma fiscal aprobada en primer debate el viernes 5. Éste está en el período de consulta en varias instituciones. Sin embargo, es al llegar a la Corte Suprema de Justicia adónde existen mayores probabilidades de rechazarse, dados los casos anteriores sobre el mismo tema. Pero, podría ser que pase su aprobación.

Mientras éste proceso llega a concretarse (puede tardar un mes), las discusiones sobre las probables opciones se mantienen, aun después de suspender la huelga de trabajadores. Ignorar esta discusión es evitar servir al futuro del país.

Sabemos que sí el Estado cobra a los evasores del ISR su deuda, se rescatarían hasta el 8% del PIB. Un porcentaje arriba del déficit actual. Esto sin aplicar la carga de impuestos indirectos que se tienen proyectados por la Asamblea y el Ejecutivo.

No obstante existen otras propuestas que están detrás de bambalinas: subir y ampliar el IVA, imitando a otros países, de por sí empobrecidos y en miseria, además de la reducción de servicios sociales y venta (privatización) de bienes y servicios, con lo cual el Estado adquiera ingresos frescos. Nada que envidiar de las experiencias chilenas, argentinas y brasileñas.

Lógicamente, nuestra Costa Rica entraría al grupo de países empobrecidos, con una juventud sin futuro, emigrando a otros territorios en busca de algo mejor, mientras los antes pensionados, esperan su último suspiro. Sin servicios básicos, ni salud, ni educación, menos trabajo y perdiendo sus techos, y hasta su dignidad, como hemos visto en Grecia, Argentina, Brasil, Italia y no digamos los países balcánicos y países africanos.

En pocas palabras, se nos estaría aplicando la receta de los «chicagos boys», el recorte presupuestario a todo servicio público en salud, educación, comunicaciones, vivienda social, carreteras para zonas campesinas e indígenas; crédito agrícola a pequeños y medianos productores; subsidios a medio ambiente (parques naturales), es decir, lo que no sea negocio rentable, perdería importancia alguna. Solamente se fortalecería aquello que pueda venderse al mejor postor en un corto plazo. En esa escuela del neoliberalismo, ya fracasada, el Estado debe reducirse al máximo, para que la iniciativa privada predomine y venda cuanto servicio sea requerido por la ciudadanía.

Es así que nuestra democrática Costa Rica puede concluir sus días, pasando de la folclórica expresión “pura vida” hacia “pura miseria mae”.

De nuestra ciudadanía depende nuestro futuro, si nuestro Gobierno sigue como ha mostrado ser en estas semanas.

Ojalá nos equivocáramos.

Enviado por el autor.

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Ministra de la Niñez no defiende recursos para niñez y adolescencia

Carlos Cabezas

 

A la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hoy Ministra de la Niñez, se le olvidó ponerse la camiseta a favor de quienes por mandato presidencial se encuentran bajo su cuidado, al guardar silencio, luego que los Padres de la Patria cercenaran los recursos que con tanto esfuerzo se luchó tener, para apoyar programas y proyectos a favor de nuestros niños, niñas y adolescentes.

¿Será que la señora Ministra se le olvidó el juramento que hizo el 8 de mayo? Eso no lo podemos asegurar, pero si por la víspera se saca el día, ella sigue sin entender la función que le fue encomendada. Pareciera ser que en lugar de trabajar en el PANI lo hiciera en el Ministerio de Hacienda, buscando solucionar la situación fiscal del país, en lugar de realizar el trabajo que le fue encomendado de velar por la niñez costarricense.

No solo nunca salió a defender el que no se le quitara al PANI el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta, escondida como una moción del proyecto de paquete de impuestos N°20580 “Fortalecimiento de la Hacienda Pública” que incluye también el tema de empleo público y el mecanismo conocido como regla fiscal. Sino que además no ejecuta el presupuesto institucional.

El mecanismo aprobado ayer por los Diputados contempla evitar la aprobación de proyectos de ley sin fuente de financiamiento, todo nuevo gasto debe contar con una fuente de financiamiento en el largo plazo, el proyecto que contemple gastos debe ser conocido por el Ministerio de Hacienda que tendrá la responsabilidad de dictaminarlo, esta regla busca desacelerar el gasto corriente durante un periodo prudente, mientras se alcanza un nivel razonable de “equilibrio fiscal”. Pero además elimina los ya existentes.

Nuestra Jerarca parece desconocer el mandato internacional, que obliga a las naciones que ratificaron la Convención de los Derechos el Niño, de asegurar recursos para la ejecución de programas que permitan la atención y protección integral de la persona menor de edad, no solo cuando ya han sido violentados sus derechos, sino mucho antes, mediante programas preventivos, para evitar que esto suceda y no convertirlos en una víctima más.

Claro que ahora, las señoras y señores diputados pueden argumentar que la Institución es incapaz de ejecutar los recursos, cuando la realidad es que para nadie es un secreto que en el 2017 el dinero nunca ingresó a las arcas del PANI, por el supuesto problema fiscal que existía y lo poco que entregaron fue demasiado tarde para poder ejecutarse en su totalidad. Y ni qué hablar del 2018, cuando la Ministra a 5 meses de haber asumido su cargo, todavía se encuentra “acomodando la casa” y tiene la mayoría de proyectos detenidos, lo que significa que, a la fecha, solo se ha ejecutado el 30% del presupuesto institucional, entendiendo que la mayoría de lo invertido fue durante los primeros 4 meses de la administración anterior.

Ante esta situación el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) no puede guardar silencio, y denuncia el accionar de la jerarca, para que se sienten las responsabilidades en quien realmente corresponde. De manera que la próxima vez que un niño sea víctima inocente, esta no recaiga en los funcionarios quienes nuevamente deberán trabajar sin recursos, por culpa de decisiones políticas y no técnicas.

 

 

*Imagen ilustrativa tomada de http://www.pani.go.cr/

Enviado por el autor.

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La responsabilidad política del partido centro democrático

Por Carlos Meneses Reyes

Una verdadera carrera de criminalidad se ha ensañado a lo largo y ancho del país y lo ocurrido en la Provincia de Ocaña- Nororiente colombiano- sacudida por el secuestro de un niño de cinco años, hijo del alcalde de El Carmen (Norte de Santander) no es extraña a esa sintomatología. De los habitantes de El Carmen se pregona: los del Centro del casco urbano son decentes. Los del extremo de Guamalito, vinculados al arribismo consumista del traqueteo narco paramilitar. El comportamiento anómalo en el manejo de una sociedad trasciende a la función estatal, más allá de la gobernabilidad de un país. Al cuerpo de nación le afecta lo de un Estado fallido.

Lo acaecido en los últimos sesenta años en Colombia lo catalogan como un país en guerra (internacionalmente, como un país asolado por un conflicto armado interno). Esa guerra interna ha dejado 262.197 muertos. 80.514 desaparecidos. 37.094 víctimas de secuestros. 15.867 víctimas de violencia sexual, 17.804 menores reclutados. Pese haberse firmado un Acuerdo de fin del conflicto con las Farc-ep, 25.000 personas fueron expulsadas de sus lugares de origen. A más de seis millones asciende la población desplazada durante los últimos años. Ya son cerca de 500 los líderes sociales asesinados, desde ese supuesto fin del conflicto con el anterior presidente Santos, titular del opaco Premio Nobel que no significó emblema, ni representó la Paz.

LA FINALIDAD DEL ACUERDO Y UN DESPROPOSITO DE PAZ

El Estado colombiano no ha demostrado un firme propósito en la obtención del fin del conflicto armado interno. La no cooperación armónica de los poderes públicos constitucionales así lo demostró. La injerencia de los órganos de control, la Procuraduría y en especial la Fiscalía, constituyéndose en una talanquera en la noria de la implementación de los Acuerdos. Los partidos políticos, cual conmilitones en el ejercicio de la guerra, gracias al ejercicio de un sistema electoral corrupto e ilegitimo, echaron a perder la finalidad de la salida política al conflicto armado interno en Colombia. Todos a uno y en particular el partido fascista denominado Centro Democrático (CD), dieron al traste con la finalidad que un Acuerdo de Paz o fin del conflicto con una insurgencia no derrotada militarmente. No acatan el significado de erradicar o sacar la violencia de la práctica política. Ese propósito lo desconocieron. Generaron la polarización de las figuras Santos-Uribe, siendo la misma cara de la moneda del Bloque Oligárquico Anti insurgente dominante. Bombardearon la implementación de los acuerdos, desde todos los ángulos. No permitieron el fin del conflicto; sino que por el contrario enfilaron toda actividad hacia el engaño, la felonía, la traición y la frustración de un pueblo, generando el enfilamiento del conflicto a manifestaciones de una nueva guerra, aún no esclarecida en la realización de sus propósitos. ¡Implantaron en el escenario nacional la paz de los sepulcros!

QUE ESTA PASANDO CON EL ESTADO, CON LAS FUERZAS ARMADAS, CON LA POLICÍA, CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El panorama nacional y regional es claro oscuro. Paramilitarismo se asimila a terror estatal. Para el mes de mayo de 2018 un estudio difundido por el periódico The Guardian, indica que el ejército colombiano ejecutó, a 10.000 civiles en los falsos positivos, para truncar las estadísticas, hacer ver que estaban “ganando” la guerra y aumentar la ayuda militar estadounidense. Los investigadores Omar Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Rodríguez (“Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”). Corresponde a un ejercicio frio y calculado, durante décadas de conflicto. Las ejecuciones extrajudiciales “fueron meticulosamente planeados y llevados a cabo por miembros de todos los rangos”. Rojas asegura que se atacó especialmente a menores con discapacidad funcional… Para los Juristas del Mundo que han participado en Caravanas de Juristas en Colombia. (La VI Caravana Internacional de Juristas se realizó en el pasado mes de agosto, con visitas a escenarios como El Catatumbo): “Nos ha sido muy difícil confrontar la bondad de los colombianos con unas tragedias humanas insospechadas”. “la violencia y la falta de esclarecimiento es lo que nos mantiene más preocupados”. Concluyen que luego de tantas denuncias y conocimientos de causas “nada hacia el futuro…”.

Ese “nada hacia el futuro” martilla la conciencia nacional ante la impunidad. Rebosan los dossiers sobre investigaciones y conocimiento sobre el paramilitarismo. La Corte Penal Internacional (CPI) no da compás de espera. Pero corresponde colocar el dedo en la llaga en el papel de los partidos políticos en el incremento del conflicto armado interno en Colombia. El propósito de un Acuerdo del fin del conflicto con las antiguas Farc- ep era sacar la violencia de la política. Los partidos de la derecha militarista no lo han permitido. Corresponde a una imposición de condiciones a regir para ambas partes: para el régimen y para quienes los confrontan.

Asistimos al exterminio, en escala genocida, contra los líderes sociales. Pero existen relaciones de con causalidad entre los asesinatos selectivos y sistemáticos a líderes en las diferentes regiones del país y los postulados del partido fascista Centro Democrático (CD). A manera de enunciado:

  • Todo lo relacionado con la mega minería, la defensa del agua y otros recursos ambientales corresponde a lo programático neoliberal del partido CD. La defensa a ultranza de la invasión de la inversión extranjera sin límite al cinturón de la soberanía nacional es del ejercicio de poder hegemónico actual. Las manifestaciones contra los procedimientos para oponerse a tal fin las enarbolan los líderes sociales y dirigentes comunitarios, en defensa de lo autóctono nacional y soberano. El indicio o señal de la actual ocurrencia es que esos contradictores son exterminados sistemáticamente.
  • Se conoce como reclamantes de tierras, a sujetos activos de los diez millones de hectáreas que, en un tiempo anterior y muy reciente de los periodos sanguinarios de Uribe en el poder, fueron desfoliados de sus tierras por la aplicación de la reforma agraria blanca del paramilitarismo en los campos colombianos. Lo programático del CD enfila contra la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras. Consagran el estatus quo de los juicios de pertenencia, en el sistema aberrante imperante en el Código Civil colombiano de la usucapión a los veinte años sin justo título; es decir, por las vías de hecho y el embuchado de los “terceros poseedores de buena fe”. Hoy esas tierras no son de paramilitares en particular, ni de agentes del ejército (…) son de multinacionales de los agrocombustibles, entre otros. La senadora del CD, María Fernanda Cabal, radica proyectos para el manejo de tierras, proteger a esa multinacionales y terratenientes particulares del latifundio improductivo, que criminalmente ocuparon esas tierras y persisten en los despojos a victimas campesinas. Ese proyecto busca “no molestar” a los que se quedaron con las tierras de los desplazados. En la usanza del vituperio, que es el modus operandi de ese partido fascista, el CD, esa flamante senadora, que cual ventrílocua señala a los reclamantes de tierras como “vagos y bandidos que no les gusta trabajar”, a sabiendas de sus consecuencias, ha llevado a considerar a Hernando Gómez Buendía: “Este asunto es crucial para el CD y por eso ha sido cogestionado entre Duque y su bancada”.
  • Buen número de los acribillados líderes sociales son voceros de los reclamantes de tierra; sacrificados por tener conocimiento de las situaciones de despojo y mantener los contactos con las victimas despojadas de esas tierras. El sicariato al servicio de los intereses programáticos de un partido fascista como el CD. Todo, por cuanto impulsan la desigualdad económica y social, bajo lo legal y la permanencia de despojo y de concentración de tierras. Enfrentar la perversa y corrupta minería ilegal, pero no para salidas democráticas de bienestar a los tradicionales mineros, sino para ayudar y conceder gracias al sistema desbastador de lo extractivo en contra de los intereses de la nación y en beneficio del imperio de las multinacionales. Entonces, a parecen los cuerpos acribillados de esos defensores de las economías informales.
  • Ese partido, CD, opera en las regiones de Colombia en el dominio político de formas de modos de tenencia y uso de los territorios. Representan la oligarquía regional cuales grupos de poder territorial bajo intereses económicos, sociales e institucionales, anclados y con responsabilidades en la corrupción sistemática de la economía subterránea, en la suplantación del Estado y en lo hegemónico social. Corresponde “hacia el futuro” desentrañar o desenmarañar la simbiosis para beneficiarse mutuamente, como si existieren intereses y finalidades en común, entre la existencia de la sistematicidad de los crímenes a líderes sociales y comunitarios (ya hoy no acusados de auxiliares de las güerillas) y el acumulado político para ese partido fascista, el CD.
  • El Partido CD, apoyados por el presidente electo, desnaturalizaron lo del Reglamento de la JEP. Consagraron la impunidad para los militares y los terceros, es decir civiles, involucrados en responsabilidades de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado. Presenta proyecto de ley para que no se dé el levantamiento del velo o secreto de las operaciones de lesa humanidad por parte de la inteligencia militar y para que ese factor de conocimiento no pueda ser utilizado por la Comisión de la Verdad. Su hoja de ruta ha sido la NO implementación de los Acuerdos, proponiendo la congelación de iniciativas al respecto y con engañifas al conocimiento jurídico universal, plantean la extinción de los delitos conexos al delito de Rebelión, como si ello fuera albur de cualquier “perico de los palotes” y no de la esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de esencial aplicación del juez natural. La finalidad buscada apunta a entrabar y colocar talanqueras a la insoportable situación de no continuidad de las conversaciones con el ELN y la actitud de avestruz, ante la inminente necesidad de acercamientos políticos con el Ejército Popular de Liberación (EPL).
  • Lo de la injerencia en la Justicia, por parte del fatídico partido CD, será tema de análisis en otra oportunidad, destacándose la búsqueda de una Justicia de bolsillo, al no aplicar ni el eufemismo de cortesana y de limarle a la Constitución del 91, el incisivo de la tutela: instrumento de mejor trato para servir de algo al sufrido pueblo. Sin olvidar la suerte de las ciudades, en el gobierno hegemónico de la derecha militarista, los pobres de los lugares apartados soportan la focalización de la violencia y son los sectores populares los que continúan poniendo los muertos en esta guerra que no termina.

¿Quién LOS ESTA MATANDO?

Por todo ello a futuro surge la cuestión: “¿Quién los está matando?”. La actividad política de denuncia nacional e internacional no se detiene. La convocatoria a la audiencia pública “Colombia por la Vida” en Popayán, requirió la presencia de los cuadros de ese partido CD, Guillermo Botero, como ministro de la guerra. De la Nancy Patricia Gutiérrez, como ministro del Interior. Ninguno de los dos asistió. La Fiscalía General aplica falsos positivos judiciales a miembros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente y del Congreso de los Pueblos y luego del escarnio y la picota pública son liberados.

Lo teleológico o finalista del presente enunciado corresponde a analizar que está trazada una directriz con el propósito que cualquier manifestación progresista, socialdemócrata, de la Colombia Humana y en especial consecuentemente revolucionaria, sea borrada de la faz del escenario político del país. Resulta inocultable que el partido fascista CD, se propone eliminar de la contienda política a todo líder y práctica política que proponga alternativas al modelo depredador de economía de casino neoliberal, que huela a defensa de los derechos humanos y la ecología, de reclamación y recuperación de tierras, de educación popular y defensa de la educación pública. No existe proclama política que reivindique el buen nombre de los líderes asesinados por parte de ese partido llamado e inscrito como Centro democrático (CD). De manera que cada día que cae un líder social o un testigo de excepción expresará: ¡un buen muerto!

No puede resultar que con el cumulo de sintomatologías enunciadas, un actor político como el partido Centro Democrático (CD) pueda eludir el peso de las investigaciones de la inteligencia del sistema estatal judicial y de la Corte Internacional de Justicia o Corte Penal Internacional (CPI).

Parecen los conciliábulos de sus Directorios Regionales, émulos de los partidos liberal y conservador, con su canibalismo político en la época de la violencia de los años 1950, tan degradados como en el presente, en que el “monstruo” Laureano Gómez editorializaba en el diario El Siglo, lo difundían los pulpitos del clericalismo anticomunista y al día siguiente se producía la masacre de liberales, tipo El Carmen, en el Norte de Santander, en el año de 1949.

LA RESPUESTA POPULAR

El actual gobierno hegemónico de derecha en Colombia entregó al imperio estadounidense la política exterior frente al caso de la República Bolivariana de Venezuela. Ha confiado, a pie juntillas, su política de seguridad al Centro Democrático. Su política corporativista y de especulación financiera a los gremios económicos. Semejando los sábados de Duque a los sábados de Uribe, el analista Manuel Humberto Restrepo Domínguez, en artículo publicado en el portal Rebelion.org. alude a los Talleres del Horror, enunciando que vuelven las masacres y la paz de los sepulcros. De otro lado, el líder popular Gustavo Petro ha roto el paradigma de la existencia de las tales “Águilas Negras” o “Águilas Verdes”, en la búsqueda de sustituir, dentro del contexto de investigación y desmonte definitivo del paramilitarismo, los ejemplos o modelos de antaño, superados y conocidos y centrarnos en los agentes de carne y hueso, criminales y desalmados de quienes están “de nuevo en el poder” atribuyéndose “el derecho a matar” e imponiendo el deber de “dejarse matar”.

Pero la Caravana de juristas Internacionales, en puntualización de la abogada británica Sue William, que nos visitó, plasmó una recomendación: “Después regresamos a nuestros países y escribimos un informe para visibilizar la situación del Catatumbo y el país, y que espero que sea un pequeño paso para cambiar”. ¡Ese también sea el reto “a futuro” de y para los juristas colombianos!

  1. Al finalizar el presente escrito circula la noticia que el menor Cristo José, hijo del Alcalde de El Carmen Norte de Santander fue liberado, luego de siete días de desaparecido.

 

 

Enviado por el autor.

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Lo que me dejó esta huelga

Por Giany Mora

 

✔ A tener muuuucha paciencia y respeto para quienes opinaban distinto a mí… sin embargo, a los que faltan el respeto o utilizan adjetivos bien fuertes, los dejé de seguir sin eliminarlos. Silenciados mejor.

✔ Ver la gran manipulación masiva de los medios de comunicación a su antojo al pueblo.

✔ Aprendí muchísimo sobre legislación, leyes y derechos.

✔ Me di cuenta de cómo las personas de clase media y alta, menosprecian a los más pobres… que para algunos 3 mil colones no significa nada pero para otros son 3 cajas de leche o los pasajes de toda la semana.

✔ Pude ver a todo color la soberbia, altanerismo y caídas las promesas de crear puentes de comunicación que una vez prometió un partido.

✔ Pude llenar mi corazón de orgullo al escuchar las palabras de algunos diputados que alzaron la voz por el pueblo que los eligió, sin importar la opinión del resto de su fracción política. Votar con el corazón siguiendo sus convicciones. Aún existe gente honrada en este país… 22 corazones del pueblo!

✔ Es la primera vez que me sé el nombre de la mayoría de los diputados de este país en vez de los nombres de jugadores de la Selección Nacional.

✔ Pude ver de cerquita a representantes de nuestros pueblos autóctonos pidiendo ser escuchados. ¡Valientes salieron a reclamar lo que es suyo! Sin estar usando un celular para ofender, discriminar, desear el mal a otros ciudadanos o difamar la profesión u oficio de otros. Esos son los ticos de nuestras raíces

✔ ¡El día que entre a mi aula, voy llena de orgullo! Fui a manifestar mi inconformidad, mi molestia, mi dolor por el país. No me quedé en la casa criticando a otros. Por mi derecho dije NO MAS al pueblo! ¿Y si me rebajan mi salario como muchos desean que suceda? ¡Pues que lo rebajen! Pero este mes hice algo por lo que venimos todos criticando: ¡la corrupción! Salí todos estos días a la calle a manifestar mi repudio ante tanta cochinada a la que todos NOS HEMOS DOMESTICADO A CALLAR y ser valientes solo en redes sociales.

✔ Jamás he cantado el Himno Nacional, la Patriótica Costarricense y el Himno del 15 de setiembre con más orgullo que en estos días. Bajo el sol, bajo la lluvia y en media calle a pulmón lleno. Eso es un momento histórico en mi vida.

✔ Sorprendentemente, para muchos las molestias por los bloqueos de un mes fueron nefastos y al terminar esta huelga sus vidas siguen igual… pero para mí es más nefasto que muchos de mis estudiantes vivan gran parte de sus vidas pagando los lujos de los más ricos. ¿Que sólo son 2500 colones? ¡Tengo chicos que no tienen zapatos para ir a la escuela! O no asisten porque no tienen medios para llegar. Que a mí no me digan que esto no va a afectar a los más necesitados.

 

Por si alguien va a comentar que salí a huelga por mis privilegios:

  1. No tengo dedicación exclusiva.
  2. Mis anualidades son un componente salarial y no un plus… si es por el bien de este país, está bien que se le ponga un porcentaje fijo.
  3. Carrera profesional me la gano yo para capacitarme para ser mejor profesional y soy yo quien me pago mis títulos. No usted con sus impuestos.
  4. Siempre me han rebajado el impuesto de renta a mi salario. Yo de mi salario siempre he aportado a mi país, desde hace años.

 

Lamento mucho mi querido contacto, que mi huelga le haya causado tantísimas molestias… pero si yo no hubiera salido a la calle este mes, mi consciencia no podría estar tranquila, menos en algunos años cuando nos veamos más golpeados por esta economía que no es culpa suya ni mía.

 

*Imagen ilustrativa tomada de CEP-Alforja

Publicado por la autora en sus espacios digitales, compartido con SURCOS por Claudio Monge.

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Tres mentiras detrás del “plan fiscal” de Carlos Alvarado

Luis Paulino Vargas Solís

Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo

 

1.La “reactivación” de la economía

Tras la aprobación en primer debate del proyecto fiscal 20.580, tanto el Presidente Alvarado, como su Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, expresaron, en diferentes contextos (entrevista a La Nación y conferencia de prensa respectivamente), una idea similar: las medidas fiscales que impulsa este gobierno –impuestos más recorte de gastos– traerán reactivación de la economía, porque devuelven la confianza y reaniman la inversión de las empresas y la contratación de personal. En la teoría económica, esto tiene un nombre: “austeridad expansiva”, la cual propone que aplicar medidas de austeridad tiene un efecto impulsor sobre la economía.

Aunque inspirada en principios derivados del ordoliberalismo alemán, esta teoría se origina en Italia, vinculada al nombre de Luigi Einaudi en la Universidad de Boconi (Milán). Otros economistas italianos, discípulos suyos, le dieron continuidad hasta lograr que tuviera influencia a escala mundial…Costa Rica incluida, como bien lo vemos. Las conclusiones a que la teoría llega, parten de supuestos o premisas altamente restrictivas, las cuales se resumen en esa cosa extremadamente fantasiosa y alucinada llamada “hipótesis de las expectativas racionales”.

No sé si Alvarado y Aguilar saben de estos antecedentes. Posiblemente no. Esta idea –que tanto les conforta– ha sido severamente cuestionada en lo teórico y no ha logrado sobrevivir a ningún test empírico al que haya sido sometida. Pero no les culpo: también muchos economistas siguen repitiendo ideas fosilizadas, con toda la intrepidez que la ignorancia infunde.

Lo importante es que, al fin, encuentro respuesta a una pregunta que muchas veces he formulado: ¿existe una propuesta gubernamental para la reactivación? Sí, efectivamente, existe ¡Albricias! Alvarado y Aguilar nos lo han explicado. Que sea una idea desatinada y sin futuro de nada, pues ya eso es estiércol de otro chiquero.

2.Déficit fiscal, inflación y tasas de interés

El gobierno –incluyendo a don Carlos y a doña Rocío– se hacen eco de una tesis que se ha vuelto epidémica en el paisaje ideológico de Costa Rica: el déficit fiscal –nos dicen– provoca aumento de las tasas de interés y, por lo tanto, frena la inversión de las empresas y de las familias, y, asimismo, agudiza la inflación.

Si usted observa los datos disponibles con algún detenimiento, no encontrará respaldo alguno para tan preocupante advertencia. Dígase, por ejemplo, el último año, entre octubre 2017 y septiembre 2018. En ese lapso la inflación apenas si logra llegar al 2% y toda la amplia gama de las tasas de interés en el sistema financiero se mantienen notablemente estables. Entretanto el déficit escala nuevas cumbres. Esto claramente desmiente esa narrativa, y evidencia que, en realidad, se trata de pura cháchara ideológica, cuyo propósito es justificar el recorte al sector público y la violenta estigmatización contra empleados y empleadas públicas.

Detrás de esto hay otra teoría económica, la cual se ha demostrado –lo mismo en el debate teórico que en la evidencia empírica– falaz e insostenible. Es básicamente la tesis de los “fondos prestables”, una antigualla según la cual en un momento dado, hay una cierta cantidad de dinero disponible para financiar los préstamos que los bancos dan y el déficit presupuestario del gobierno. Se postula entonces una especie de competencia entre bancos y gobierno por captar ese dinerillo disponible, lo cual elevaría las tasas de interés. En realidad, la teoría correcta (la de la «endogeneidad de la oferta de dinero»), bien respaldada empíricamente, es la que nos explica que los bancos no necesitan depósitos para generar créditos, cuando más bien los créditos crean el dinero y generan los depósitos.

De ahí que el único episodio de aumentos de tasas de interés que tuvimos en los últimos dos años se escenificó allá por los meses de mayo a julio de 2017, pero fue enteramente provocado por el Banco Central, como respuesta a la inestabilidad y alza del tipo de cambio en mayo de aquel año. Nada tuvo que ver el déficit fiscal, y, en la eventualidad de que, desgraciadamente, la economía costarricense sufra una crisis (y ese es un peligro muy real), es bien posible que de nuevo el Banco Central opte por elevar las tasas de interés, para tratar de apaciguar la fuga de capitales que la crisis generaría, y la consecuente devaluación del colón frente al dólar. Y, por otra parte, esto último –la devaluación– sería el desencadenante de una mayor inflación. Pero nada de esto sería consecuencia directa del déficit, sino resultado de un mal manejo de ese problema, que desemboque en una crisis.

Esto hay que entenderlo correctamente, para entender lo que hemos venido observando: el Ministerio de Hacienda se ve obligado a pagar tasas de interés cada vez más altas sobre los bonos de deuda que trata de colocar, sin que las demás tasas en el sistema financiero sufran ningún sobresalto. Esto refleja una situación de creciente desconfianza respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas de Costa Rica, pero de por medio hay también un factor de poder, porque se trata de una acción de chantaje que ejercen quienes tienen dinero, tratando de sacar ganancias de las penurias financieras del gobierno. No olvidemos, por favor, que, coaligados con poderes financieros externos, podrían hacer que la profecía que habla del colapso financiero de nuestro sector público, se haga realidad. No deberíamos permitírselos, pero lamento constatar que el gobierno Alvarado no hace lo correcto ni lo necesario para prevenirlo.

3.La anemia crónica de la economía ¿es culpa del déficit fiscal?

Esta es otra de las mentiras que deambulan rozagantes y saludables, y que este gobierno se afana por repetir para justificar el carácter marcadamente retrógrado de su política fiscal.

Volver al punto 1) nos ayudará a entenderlo: nos regalaban don Carlos y doña Rocío la falacia de que su política de austeridad (recorte de gastos + aumento de impuestos) devuelve la confianza y reactiva la economía. Pues pongamos el argumento al revés (como si lo miráramos al espejo): como hay déficit –nos dicen– ello crea desconfianza y frena la economía. De nuevo, es posible que poca gente en el gobierno –si es que alguien– tiene consciencia de la teoría detrás de ese discurso y de los supuestos voladísimos que la alimentan: que los “agentes económicos” no solo entienden a la perfección el problema del déficit, sino que, además, anticipan con certeza sus consecuencias futuras. Tal es, muy en resumen, la llamada “hipótesis de las expectativas racionales”, que ya mencioné en el punto 1). Una propuesta perfectamente desquiciada y delirante.

No es cierto que la anemia crónica que sufre la economía costarricense y los gravísimos problemas de empleo que la aquejan sean causados por el déficit. La relación que se intenta establecer entre una cosa y otra es tan abstracta y esotérica, que merece ser considerada en el orden de lo supersticioso. Los problemas son otros e incluyen, entre algunos más, la sobrevalorización del colón y los grandes rezagos de la infraestructura, las cuales son situaciones de muy largo plazo que reflejan las grandes falencias del proyecto neoliberal. Un aspecto en particular es omitido como causa muy importante de la ralentización de la economía en los últimos dos años: los altísimos niveles de deuda privada que introducen una presión hacia abajo en el consumo de las personas y la inversión de las empresas, obligadas a entrar en un proceso de “desapalancamiento”, o sea, de recorte de gastos a fin de reducir la presión asfixiante de las deudas acumuladas. Lo cual, por cierto, dice mucho acerca de los graves problemas de la banca surgida a partir de la reestructuración neoliberal del sistema financiero.

Es cómodo achacarle estas culpas al déficit fiscal para justificar el tipo de ajuste fiscal regresivo por el que ha optado el gobierno de Alvarado. Permite distraer la atención lejos de las grandes fallas del proyecto neoliberal –las cuales convocan a su urgente replanteamiento– y asimismo son una graciosa concesión a los prejuicios ideológicos dominantes. También resulta una tonada dulce y acariciadora para el gran poder económico y para los ricos-realmente-ricos (los del 1%), que saben muy bien que este mensaje falaz y retorcido, les inmuniza ante el “peligro” de que alguien les recuerde su deber con el sostenimiento del Estado social del que Costa Rica solía –pero ya no más– enorgullecerse.

He explicado en este artículo, tres grandes banderas ideológicas, que son otras tantas groseras mentiras, utilizadas por Carlos Alvarado y sus aliados para justificar su “plan fiscal”. Quedan pendientes otras que espero escrutar en un futuro artículo.

 

 

Tomado del blog: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com

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Los tonos grises de la situación fiscal del país

El pasado 8 de octubre se llevó a cabo la conferencia «Los tonos grises de la situación fiscal del país», la cual fue organizada por la Escuela de Sociología y la Comisión Eje de Talleres de la Universidad de Costa Rica.

La conferencia fue impartida por el profesor emérito y sociólogo Dr. Daniel Camacho.

Los tonos grises de la situacion fiscal del pais

 

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Cambios valientes y de fondo, o terquedad y comodidad

Marlín Ávila

 

¡Qué decepción! Pensé que el Sr. Presidente, Carlos Alvarado, sabía conceptualizar lo que en ciencias políticas son medidas de cambios “valientes y de fondo”.

El primer calificativo se da cuando sus precursores sacrifican sus intereses particulares por los del bien común. Nuestra historia se construye con esos sacrificios. En ésta etapa de controversias por la solución de un alto déficit fiscal (casi 7% del PIB), el presidente y su partido político no muestra sacrificio alguno, excepto el riesgo de su prestigio como partido a futuro. Los sacrificios, ahora y antes, han sido del pueblo, quien entre desinformación e información, se ha lanzado a protestar contra los privilegios de un grupito élite de nuestra sociedad. Lo valiente ha estado y está en la población trabajadora, del campo y ciudad, quienes han tenido que sufrir de represión por parte de ustedes los gobernantes. Ahora vienen mayores sacrificios, desde ya anunciados por los burócratas acomodados de las instituciones bajo la directriz presidencial, quienes no han sacrificado ni un solo día de sus privilegios, pero si están preparando extracción de salarios y despidos.

El otro calificativo sobre «cambios a fondo», es irrisorio. No ha habido cambios estructurales, excepto establecimientos de medidas administrativas para que algunos privilegios y muchos abusos de poder y de tráfico de influencias, dejen de existir. Aun cuando han sido medidas parciales, esperamos se apliquen debidamente. Sí lo que se busca es impresionar al público con hablar de haber acordado medidas profundas, no vemos nada que impresione al pueblo, pero podría ser que impresionen al poder fáctico, quiénes seguramente se sienten satisfechos con que don Carlos Alvarado demuestre que es tercamente obediente.

El Sr. Presidente sabe bien a lo que juega, pero los resultados no se verán a corto plazo. Estamos constantemente vigilantes, le quisiéramos ayudar, para que su gestión sea exitosa, sin embargo, parece escuchar solamente con el oído derecho. Hay unos audífonos muy buenos que el presidente denla CCSS podría colocarle en el oído izquierdo, y así colocarse uno él mismo.

 

 

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De miserias ideológicas y acusaciones delirantes

Juan Carlos Cruz-Barrientos

 

Durante los 29 días de huelga por la justicia tributaria, hemos escuchado todo tipo de acusaciones efectistas contra el movimiento. Sin prueba alguna se acusó a trabajadores de RECOPE de “sabotaje contra el oleoducto”, que “bloquearon el paso de la antorcha de la libertad”, que “secuestraron un quirófano del Hospital San Juan de Dios” y recientemente que “atentaron contra la integridad física del presidente Alvarado”.

Para el gobierno se trata de ganar la guerra por imponer la narrativa sobre el conflicto, a fin de restar apoyo ciudadano a la huelga, echando mano al viejo y efectivo recurso de desprestigio a los huelguistas. A la estrategia se sumaron oficiosos los grandes medios informativos y una brigada de propagandistas seguidores del PAC que se han dedicado a difamar a los actores sociales en huelga, a hacer apología del odio antisindical, a minimizar el uso de la violencia policial y a exagerar los efectos de la huelga sobre la población Hasta aquí nada nuevo ni original en la guerra ideológica en torno a este y a la mayoría de los conflictos sociales en el país.

La nota original y novedosa en la guerra de sentidos, la ha puesto una connotada figura del PAC, quien le atribuyó al movimiento huelguístico, intenciones insurreccionales, superando todas narrativas fantasiosas en torno a este conflicto y que trae a la memoria los ataques que usaron los gobiernos en las huelgas de la década de los setenta, así como los relatos fantasmagóricos de la guerra fría.

Esta huelga no es ni más ni menos que otro episodio de confrontación entre las dos visiones de país que ha estado presente desde el Combo del ICE y como tal ha exaltado pasiones entre los bandos, pero de ahí a acusar a los huelguistas de querer convertir el movimiento de masas en una insurrección popular, hay una enorme brecha, tan grande como la que abrió el PAC en el campo progresista al alinearse con la derecha neoliberal del PLUSC.

Y es que, esta huelga ha puesto en evidencia la miseria ideológica de un PAC que pretendió en sus orígenes romper con el bipartidismo y frenar el avance neoliberal, pero que terminó haciendo casa común con los dos partidos que han impuesto ese modelo económico, responsable de los principales problemas que hoy enfrenta en país, incluido el déficit fiscal. Un PAC que llega a su segundo mandato preso de un alianza con el sector más reaccionario del PUSC y de la ultraderecha económica agrupada en la Academia de Centroamérica.

El PAC encalló ideológicamente, impulsando, a sangre y fuego, la peor reforma fiscal que podía hacerse, porque castiga a las clases media y baja y complace al gran capital. Atrás quedó la buena intención de levantar un proyecto partidario socialdemócrata moderno que actualizara y profundizara los logros del modelo del Estado Social de Derecho.

Llegar al gobierno transformó o tal vez mostró lo que hay en el fondo de muchos de los militantes PACsistas: una pléyade de neoliberales progresistas que reivindican aquellos derechos humanos que no toquen los intereses del capital.

Es en esa bancarrota ideológica en la que hay que ubicar la desafortunada y hasta ridícula opinión de esta prominente figura de ese partido sobre el objetivo insurreccional de la huelga.

Heredia, 8 de octubre de 2018.

 

 

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