SURCOS recibió la siguiente carta dirigida al Presidente de la República:
Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica
COVID-19: Comité de Mujeres de las afiliadas a la
Internacional de Servicios Públicos en Costa Rica llama al gobierno a decretar Cuarentena
Nacional
Ante la altísima propagación en nuestro país del COVID-19
(117 contagiados) a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno para contener la
pandemia, El Comité de Mujeres de los sindicatos afiliados a la Internacional
de Servicios Públicos (ISP) en Costa Rica –ANEP, ANEJUD, ANPE, SINDHAC, SITUN –
llaman a las autoridades costarricenses a resguardar la salud y la vida de las
y los trabajadores de nuestras organizaciones y del país en general, decretando
a la brevedad, Cuarentena Nacional Obligatoria, como lo han hecho ya otros
países latinoamericanos con cantidades menores de contagiados, dada la
facilidad con que el virus se propaga en la población, lo cual ha sido evidente
en nuestro país.
No existe duda alguna, en cuanto a que deben extremarse las
medidas higiénicas recomendadas, pero particularmente el aislamiento
obligatorio al que deben someterse los costarricenses para lograr contener la
expansión del COVID-19 ya que de no ser así, la propagación sería inevitable
con los lamentables resultados en cuanto al deterioro y quebranto en la salud
de la población que incluso puede desencadenar en el fallecimiento de los afectados,
registrando a la fecha dos lamentables pérdidas humanas.
Como lo ha señalado reiteradamente nuestro Ministro de
Salud, ya no hay un rango estrecho de personas vulnerables, ya está incluida
casi la totalidad de la población al registrarse ya contagiados que se ubican
entre los 2 y los 87 años, quedando exento un pequeño grupo de habitantes, que
en cualquier momento podrían formar parte de las estadísticas. Nuestro Ministro
de Salud y los expertos en el tema han sido enfáticos en advertir la posible
propagación de la enfermedad así como la responsabilidad compartida entre el
gobierno y la ciudadanía en cuanto a limitar el crecimiento expansivo de la
pandemia en nuestro país, ya que de no extremarse las medidas “ordenadas”
pronto tendremos saturada la capacidad diagnóstica de los hospitales públicos,
y el evidente fracaso de la estrategia del gobierno para contener el contagio
rápido de nuestra población.
Por otro lado, la falta de insumos y elementos de prevención
para el personal de salud -a nivel centralizado y de atención primaria- aumenta
el riesgo de contagio de aquellas trabajadoras y trabajadores, que están por
estos días en la primera línea de nuestro sistema público de salud, y que ante
esta crisis sanitaria, ha dejado en evidencia no sólo la falta de gestión del gobierno
que ha tomado decisiones priorizando la economía y la libre competencia, por
sobre la vida de las personas como la cuarentena total – para aplanar la curva
y evitar el colapso del sistema-, sino que han dado la razón, en cuanto a la
insuficiencia de recursos que a diario experimenta este sector. La experiencia
internacional nos ha demostrado que, cuando no se proporciona equipo de
protección personal (EPP) completo y adecuado a todas las trabajadoras y
trabajadores que puedan entrar en contacto con personas infectadas; cuando no
se les proporciona una licencia por enfermedad adecuada; cuando no se les paga
adecuadamente si se ponen voluntariamente en cuarentena, y cuando los gobiernos
y los empleadores se niegan a aplicar el principio de precaución, no
proporcionan información transparente y detallada sobre el estado del virus y
los riesgos; y no involucran a los sindicatos en las políticas de seguridad y
salud públicas, los riesgos aumentan considerablemente.
Las y los trabajadores públicos y privados de nuestro país
no pueden seguir esperando, se requiere que el gobierno responsablemente adopte
las medidas para el cuidado de la ciudadanía y de las y los trabajadores de todos
los sectores. Hoy, la única función crítica es la que se relaciona con salvar
vidas y contener el contagio, y para ello, una medida efectiva es el aislamiento
total. Otras medidas, significan seguir priorizando la actividad económica, por
sobre la seguridad, el resguardo y la vida de las y los costarricenses.
Es momento de ponderar lo realmente importante y enfatizar
que esto no es una medida exagerada sino todo lo contrario, creemos que el
Gobierno no puede dejar a la voluntad de los ciudadanos la posibilidad o no de
quedarse en sus hogares. Sino cumplir con su mandato y velar por el bienestar
de todas y todos los costarricenses.
Como trabajadores y trabajadoras del sector público y de las
mujeres de nuestras organizaciones, y como afiliadas a la ISP, nos ponemos a
disposición de nuestro país para tomar todas y cada una de las medidas
necesarias que contribuyan en la contención y control de esta pandemia. Tenemos
un compromiso irrestricto con el bienestar de la población, y llevaremos a cabo
todas las tareas posibles para hacer frente a esta emergencia.
Yadira Fonseca Jiménez, Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD),
Rebeca Céspedes Alvarado, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
María Esther Hernández Solís, Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE),
Denise Ballesteros Ortega, Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Hacienda (SINDHAC),
Belhkys Ugalde Arroyo, Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN)
Enviado a SURCOS por la Internacional de Servicios Públicos, sede San José.
