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SEC: La verdad sobre la Convención Colectiva del MEP

LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO DEL MEP

La firma de la III Convención Colectiva de Trabajo en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el pasado viernes 16 de octubre, ha desatado críticas infundadas y la ira de quienes por motivos ideológicos e intereses económicos, pretenden negar el valor histórico que han tenido los sindicatos a la hora de conseguir por medio de la negociación colectiva, no solo condiciones de trabajo más dignas para las personas trabajadoras, sino también importantes contribuciones de mejora en los derechos sociales y el fortalecimiento de la democracia.

De manera interesada desconocen que la Constitución Política, en el Título V, Derechos y Garantías Sociales, en su artículo 62, otorga fuerza de ley profesional a las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados; lo anterior, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste (artículo 54, del Código de Trabajo). Pretenden negar a la negociación colectiva, la naturaleza de derecho humano fundamental, reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 98). Los críticos de la Convención ocultan que el artículo N° 112, inciso 5 de la Ley General de la Administración Pública, dice: “5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos del Estado como en el resto de la Administración Pública, todos los empleados públicos que no participen de la gestión pública administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos 683 y 689 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943”.

La Sala Constitucional, ha revisado con anterioridad la primera (2013) y segunda versión (2016) de la Convención Colectiva del MEP y en tres ocasiones (Votos 7.221-2015; 8.396-2020 y 21.808-2020) determinó que la misma se encuentra sometida al Derecho de la Constitución y que las cláusulas convencionales guardan conformidad con las normas y principios de igualdad, prohibición de discriminación, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. La III Convención Colectiva del MEP (2020), reproduce las normas ya revisadas por la Sala Constitucional; las nuevas disposiciones que se introducen, son conformes con el principio de legalidad presupuestaria, pues no hacen incurrir a la Administración en nuevas erogaciones, ya que se financian con los recursos que la Administración ya dispone para garantizar servicios públicos existentes, generando más bien importantes economías, como ocurre por ejemplo con la formalización de los contratos de trabajo de las cocineras de comedores escolares, donde en los primeros 4 años (2021-2024) el gobierno ahorrará cerca de 5.400 millones de colones y para el periodo 2025 al 2030, producirá un ahorro total de 1.300 millones de colones.

Pero lo más importante es que la situación laboral de las cocineras al ser nombradas por el MEP, mejorará en términos de estabilidad y continuidad laboral, garantizando el cumplimiento de sus derechos.

Al pasar de una contratación informal a la formalidad, el 30% de estas trabajadoras que se encuentran en situación de pobreza extrema, tendrán acceso a la seguridad social y al crédito, entre otros beneficios que dignifican su condición de mujeres trabajadoras y mejoran su calidad de vida. Todo un avance en materia de derechos sociales, por la igualdad de género en el trabajo y por el fortalecimiento de la democracia. En los sindicatos SEC-ANDE-APSE- SITRACOME, nos sentimos orgullosos de este logro alcanzado y los defenderemos frente a detractores carentes de sensibilidad y de respeto por el trabajo humano y los derechos fundamentales.

 

Imagen ilustrativa.

CIDH condena a Brasil por la muerte de 60 trabajadoras

La CIDH en una sentencia notificada este lunes, 26 de octubre, declaró al Estado de Brasil responsable de la muerte de 60 trabajadoras y 6 que resultaron heridas, a consecuencia de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales, en el Estado de Bahía (1998).

De las personas fallecidas, 59 eran mujeres, de las cuales 19 eran niñas, y además, un niño. Cuatro de las fallecidas estaban embarazadas.

Asimismo, declaró a Brasil responsable del sufrimiento y daño moral causado a los familiares de las personas trabajadoras fallecidas y heridas.

La sentencia declaró la violación del derecho a la vida (artículo 4 CADH), integridad personal (artículo 5), los derechos económicos, sociales y ambientales, en relación con la seguridad y condiciones de trabajo (26), derechos de la niña y niño (artículo 19), igualdad y no discriminación (24 y 1.1), protección judicial (artículo 25) y garantías judiciales (5).

Se trata, sin lugar a duda, de una sentencia histórica, que declara la responsabilidad internacional de ese Estado por las deplorables condiciones laborales en las que las trabajadoras laboraron.

 

Imagen ilustrativa tomada de: https://mageob.wixsite.com/

Juzgado de Trabajo ordena la reinstalación de trabajador de la Imprenta Nacional despedido ilegalmente

La reinstalación obedece a una falta presentada en el debido proceso, ya que el despido de Johnny Fernández, quien también es dirigente sindical de ANEP, no contó con la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo a través de la Dirección Nacional de Inspección General de Trabajo, según lo ordena el artículo 541 del Código de Trabajo.

La importancia de las alianzas estratégicas

Se firma convenio colectivo en subsidiaria de Palma Tica (Grupo Numar)
Con Maikol Hernández

En las fincas al servicio del capital transnacional la persistencia antisindical es sello de distinción. Sindicatos, convenciones colectivas, reivindicaciones obreras son eliminadas de raíz en los campos de Costa Rica. El secretario general de Fentragh analiza ese escenario donde la percepción democrática del país vista desde afuera, ignora por completo el avasallamiento sistemático de derechos humanos producido por el feudalismo agrario en lo profundo de las plantaciones.
Gerardo Iglesias

-Firmar un convenio colectivo en Costa Rica….

-(Sonrisas) Algo excepcional, extraño, sin lugar a dudas.

-¿Cuántos convenios colectivos vigentes hay en el sector agroindustrial en Costa Rica?

-Muy pocos. Hay un par de convenios en el sector del banano, uno con Chiquita Brands y otro con Del Monte, en la zona del Caribe, otros dos firmados con sindicatos de Palma Tica y en el sector de manufactura sanitaria tenemos uno más. Y paramos de contar.

Con el cierre de las operaciones de Chiquita en Limón y de la transnacional Dole quedaron sin validez los convenios con estas empresas.

Espejismos

-En el exterior Costa Rica emerge como una nación democrática ejemplar, mientras en las plantaciones impera una dictadura despiadada, donde los sindicatos brillan por su ausencia.

-Se trata de una situación muy complicada. Desde el Ministerio de Trabajo el esfuerzo es raquítico para garantizar la libre sindicalización y más para promover la negociación colectiva.

Es más probable que el ministerio favorezca a los comités permanentes, que son organizaciones impulsadas por las empresas. Antes de 2017 era todavía más complicado porque los procesos ordinarios llegaban a durar hasta 15 años.

A la poca atención por parte del Ministerio de Trabajo se le suma una política empresarial dirigida a menoscabar al sindicato y facilitar la actuación de los comités permanentes, que no son otra cosa que estructuras pro empresa.

Allí se ocultan las malas prácticas de las empresas en temas tan sensibles como el uso de agrotóxicos, como hace poco denunciamos en Dole, donde una trabajadora fue fumigada literalmente y a lo largo del tiempo muchas han enfermado por la exposición a los químicos.

Nadie vence en soledad

-¿Cómo se logró el convenio colectivo en Palma Tica?

-Este convenio colectivo es el fruto de una acción articulada entre la Rel UITA, la Federación y el sindicato.

Dania tuvo un respaldo importantísimo por parte del Clamu, así como de los integrantes del equipo asesor de la Secretaría Regional en Costa Rica, Frank Ulloa y Gerardo Castillo.

Hay que tener en consideración, como ya se manifestó, que estos procesos en Costa Rica son complejos. Por lo tanto, fue muy valioso el acompañamiento técnico y político por parte del equipo de la Regional.

Nobleza obliga, debemos reconocer también el invaluable respaldo de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), especialmente de su presidente Gilberto Cascante y de su secretaria general Carmen Brenes Pérez, así como de Guillermo García Segura.

La ANDE, cuya importancia estratégica a nivel sindical en Costa Rica es fundamental por su presencia en las zonas más alejadas del país y con la cual la Rel UITA ha firmado un convenio de cooperación, fue de enorme ayuda durante el proceso de negociación, que se realizó en el predio de un colegio que el gremio de los educadores nos facilitó en la zona de Puerto Jiménez.

Eso permitió tener un mayor control y repeler las acciones antisindicales de la empresa durante el proceso de negociación.

-Felicitaciones a la Federación por este nuevo logro.

-Muchas gracias. Que sea uno de muchos logros conjuntos.

 

Imagen: Maikol Hernández | Foto: Giorgio Trucchi | Rel UITA.

“A puro coraje y a pura moto”

Se firma convenio colectivo en subsidiaria de Palma Tica (Grupo Numar)
Dania Obando

La presencia de sindicatos en el ámbito de la agroindustria costarricense es ínfima, y para contabilizar el número de convenciones colectivas vigentes bastan los dedos de una mano. En otros países no se celebraría con tanto énfasis la firma de un convenio colectivo, pero en Costa Rica, en cambio, es como un eclipse, un fenómeno extraño que se da una vez cada tanto, cuando los astros se alinean.

Gerardo Iglesias

Maikol Hernández, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Agroindustria (Fentragh), destaca el papel protagónico de la compañera Dania Obando, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA) y secretaria de Género de la Federación en la firma de ese convenio.

Dania fue clave en este proceso de negociación colectiva. Su activa militancia permitió liderarlo y también mejorar sustancialmente los índices de afiliación sindical”, subraya Maikol.

Desde la Rel UITA damos fe de ello. Cuando Dania asumió la secretaría general del Sindicato, el 1 de julio del año pasado, la organización registraba 125 afiliados y hoy rondan los 300, un crecimiento logrado “a puro coraje y a pura moto”, como ella risueñamente lo define.

Para crecer sindicalmente en Costa Rica es necesario romper paradigmas, reformular estrategias y modos de llegar a la gente, tensar al máximo la empatía y la capacidad de convencimiento, teniendo en claro siempre que la embestida de la patronal será furibunda y contará con el respaldo oficioso y explícito de todo el andamiaje de un sistema concebido para repeler el avance del virus de la justicia social y el combate a la pobreza crónica originada en centurias de feudalismo en los enclaves de la agricultura intensiva al servicio del capital transnacional.

La labor de sindicalización no es tarea sencilla: ni el contexto ni las distancias que hay que recorrer ayudan. No es lo mismo hacer una campaña en una fábrica que concentra cientos de trabajadores: para afiliar en el medio rural hay que andar harto limando suelas de finca en finca.

Dania sale de su casa muy temprano o a veces por la tardecita, dependiendo del horario del encuentro. Lleva comida que ella misma cocina luego de la jornada de trabajo ̶-porque ella no es dirigente rentada-. En algunas ocasiones los tiempos no dan y entonces en el camino comprará unas galletitas y frescos.

“Cuando voy largo a una campaña de afiliación me levanto antes que el sol salga”, nos cuenta Dania.

“En otras ocasiones parto al caer la tarde para reunirme con los trabajadores cuando salen de sus labores. Hago un arroz con pollo o lo que tenga a mano. Cargo mis ollas, o sino compro siempre alguna cosa para compartir. La gente sale con hambre del trabajo. Si algún compañero de la junta no puede acompañarme, me llevo a uno de mis hijos. Como las áreas son bastante retiradas hay un compañero que me presta la moto. Yo saco permiso, a veces hasta sin goce salarial, y allá vamos. Mientras la gente se alimenta, yo voy hablando de la importancia de afiliarse al sindicato”.

“-¿Sabes algo?-“ inquiere Dania. “Esta situación me ha ayudado a crecer mucho, porque no es fácil la vida en el campo. Hay mujeres que se acercan a uno y le cuentan unas historias que uno dice: yo pensé que me había tocado duro la vida. ¡Qué va…!”

Dania ahora tiene una moto que le entregó la federación y la afiliación al sindicato no deja de crecer.

De andar tantos caminos y enfrentar tantas maldades, ella ha aprendido los conjuros para exorcizar y ahuyentar las oscuras fuerzas antisindicales que habitan fuertemente arraigadas en individuos e instituciones e instituciones a lo largo y ancho de su Costa Rica natal.

 

Dania Obando | Foto: Gerardo Iglesias

Compartido con SURCOS por Maikol Hernández.

Héroes de la higiene al servicio público (SITRAA)

Héroes de la higiene al servicio público

21 de octubre día histórico de trabajo a favor de más de medio millón de habitantes.

DESDE SITRAA, EN SUS TRES PILARES:

Defensa de los Derechos Laborales
Defensa de la Institución
Defensa del Recurso Hídrico

Instalación de válvula de 100 tipo mariposa, manejada automáticamente, en tubería más grande de transporte de agua para potabilización en Costa Rica.

Gracias trabajadores y trabajadoras del Acueducto de Orosi, SON ÚNICOS EN AMERICA LATINA, LLEVANDO AGUA PARA POTABILIZAR, con un SERVICIO PÚBLICO.

URGE YA EL TEMA DE VER OROSI II EN BENEFICIO PÚBLICO.

Represión sindical en empresa MASS – Limón

El pasado miércoles 21 de octubre en un predio ubicado en la comunidad de Búfalo de Limón, Maikol Hernández acompañó a un grupo de trabajadores / as que fueron despedidos injustamente por la empresa Maritime Service Solutions (MASS) después de que se unieran al Sindicato Costarricense de la Industria de Transporte y Afines (SCITA).

SEC: Pedimos suspender la discusión del proyecto de Empleo Público

Ante la entrada en discusión del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, el SEC solicita a las señoras diputadas y diputados retirar la propuesta, por la afectación que ocasionaría a la clase trabajadora del sector público.

Este proyecto ha sido conceptualizado bajo una visión neoliberal equivocada y carente de diálogo con los sectores involucrados la cual pretende favorecer al FMI, dejando en evidencia un nuevo intento por hacer que las trabajadoras y los trabajadores paguen por la crisis que grupos económicos poderosos ocasionaron.

Instituciones y diversos analistas, han señalado que su planteamiento aumentará el gasto, más grave aún convierte al Estado en un prestador de bienes y servicios, al mejor estilo de la empresa privada, pasando por alto su función de tutelar y garantizar derechos para la población, una perspectiva que ya trajo afectación en esos países que la han adoptado como México y Colombia.

También provoca una intromisión en los poderes y labores del Servicio Civil, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, órgano rector de las condiciones laborales en el país.

Para el SEC, el planteamiento de este proyecto debe ser otro, uno en el que se priorice desde las deficiencias estructurales que presentan los diferentes sistemas de empleo público, y no que se considere únicamente la visión sesgada de los sectores conservadores, enemigos del sector público, que pretenden restarle responsabilidad al Estado.

Por todo lo anterior y mientras exista un panorama de diálogo con voluntad política, pedimos suspender la discusión de dicho proyecto, en aras de encontrar otras rutas más oportunas para la recuperación económica y social del país.

 

Imagen ilustrativa.

Sindicatos denuncian riesgo entre personal

Ministerio de Salud “acomoda” decreto para justificar reutilización de respiradores

CCSS no admite desabastecimiento de insumos

El Ministerio de Salud emitió, el pasado 12 de octubre, un decreto cuya finalidad es justificar legalmente la directriz que dio la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el 17 de setiembre para reutilizar los respiradores N95 o sus similares.

Así lo consignó el enfermero profesional y coordinador del Programa de Educación Continua, Jorge Ugalde, quien emplazó, la tarde de este viernes, a las autoridades de salud en una reunión que sostuvieron siete sindicatos del sector con la CCSS y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

SINAE AFINES defendió la tesis de que el lineamiento emitido por el presidente de la institución Román Macaya carecía de legalidad, puesto el Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud afines establece que todo el Equipo de Protección Personal descartable debe ser de un solo uso. Por lo anterior obligar a los funcionarios de salud reutilizar sus respiradores carece de legalidad.

Por otra parte SINAE AFINES cuestionó los argumentos técnicos que las autoridades la CCSS como el Ministerio de Salud  defienden en el sentido de que otros país aplican la reutilización de los insumos y que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como  la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y el Centro de Control de Enfermedades de Europa (ECDC), sugieren en casos extremos el reúso de los insumos de protección personal.

El profesional en Enfermería indicó que esos organismos a que se refieren la CCCSS y el MS también hablan de las condiciones de reprocesamiento que debería haber en los centros de salud para garantizar que los insumos no se conviertan en focos de infección para el personal de salud.

“Lo malo de todo esto es que la CCSS y Salud cambian lineamientos y hasta un manual de bioseguridad para justificar la reutilización de los equipos sin garantizar la seguridad de quienes están en la primera línea de la pandemia. No hay explicaciones y pareciera que imperan interés políticos o económicos”, subrayó el profesional en Enfermería.

PRENSA
SINAE AFINES
34–2020

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Consideraciones acerca de la actuación del Ministerio de Hacienda

Comunicado recibido por SURCOS

SITRAHSAN como sindicato base del suscrito, y Fenotrap de quien formo parte integral me han solicitado hacer referencia ante ustedes como medios de comunicación responsables de informar a la población de manera veraz, en razón de ello me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

  • Estas manifestaciones son producto de casi 30 años de trabajo continuo en el Ministerio de Hacienda, con experiencia, en Aduana, Tributación, Dirección de Hacienda, entre otras Direcciones.
  • Al suscrito le preceden años de experiencia docente en materias como Legislación Tributaria, entre otras de no menos de 15 años en distintos centros educativos superiores del país.
  • Al suscrito le ampara académicamente una Licenciatura en Administración y una Licenciatura en Derecho, colegiado en ambos colegios con vigencia hoy en el Colegio de Ciencias Económicas, y de Abogados y Abogadas de CR, recientemente en el Colegio de Contadores Privados del cual desistí por voluntad propia.
  • El suscrito constituyó como miembro las Juntas Directivas de los Sindicatos SITRAHSAN en el periodo 2017 junio a 2020 agosto, desistiendo por voluntad propia, igualmente en SINDHAC primera organización sindical siendo militante desde 1992 hasta el año 2015 cuando renuncie la JD, por considerarlo una organización que no denunciaba las cosas como debían denunciarse.
  • Al Suscrito en calidad de Secretario General en SITRAHSAN le correspondió dirigir causas hasta el Ministerio Publico como lo constituyeron la perdida de Expedientes de Cobros Judiciales, donde no se ha cuantificado el daño patrimonial contra el Estado ni la cantidad de expedientes, así como los señalados en esa causa, donde se rumora que hasta un Partido Político fue favorecido por un tercero por una suma de cerca de 800 millones en un sólo expediente y respecto a un caso de una empresa familiar de un militante muy reconocido de dicha agrupación y a cambio de una candidatura a Diputación de otra reconocida comunicadora. Corresponde al Ministerio Publico verificar esas situaciones.
  • Me correspondió ejerciendo la Secretaria General, denunciar administrativamente la actuación dolosa de 4 compañeros de la DTIC – Dirección de Tecnologías- donde se recibieron prebendas a cambio de comprometer quizás una compra a un proveedor en México, resultando de ello la separación administrativa de dos de los cuatro funcionarios en esa causa señalados.
  • Al suscrito le consta que los distintos periodos o magistraturas presidenciales, cuando llegan nuevas autoridades al Ministerio de Hacienda, por lo general resultan ser “compadrazgos políticos” de tal manera que por lo general llegan a hacer “escuela en la gestión del tratamiento de la Economía social, la política fiscal o tributaria y la implementación de normas, cuyo sello es MAS IMPUESTOS vía tarifaria y legal , pero que con algunas excepciones; muy pocas; como el Sr. Guillermo Zúñiga y otros actores, demostraron eficiencia sin el látigo de más impuestos sobre los Costarricenses.
  • Al suscrito le consta como en los periodos precedentes, al 2014 en conjunto con diversos actores sociales y políticos que inclusive fueron Viceministros y Presidente Legislativo, en la Administración anterior, se les confecciona una HOJA de RUTA ante la reiteración cada cuatro años de que los políticos oh atacaban los ingresos oh atacaban los gastos, pero no tenían un rumbo adecuado de carácter cívico y social solidario progresivo, en virtud de ello la FUNDACION FRIEDRICH EVERT financió dicha propuesta en 2014 se le entregó y expuso a la Asamblea Legislativa antes de iniciar el periodo presidencial del sr Luis Guillermo Solís, donde el Sr. Otón Solís también fue Diputado y el Dr. Henry Mora
  • Lamento como representante sindical dentro del Ministerio de Hacienda y , que hemos resaltado como trabajadores, la reiterada pretensión para que el PODER EJECUTIVO y las autoridades de turno propongan un texto adecuado para el ejercicio del control fiscal , pero más bien observamos un interés de todas las administraciones de dejar de lado ese interés y por el contrario, desde el año 1995 en la cabeza de Fernando Herrero como Ministro de Hacienda y , Antonio Álvarez como Diputado se modificó la Ley de Aduanas dotando a auxiliares de la función pública potestades de control que lejos de fortalecer el mismo, más bien lo debilitó.
  • Lamento como en la cabeza del Sr. Fernando Herrero , se amplió el umbral punitivo o delictivo tributario, pasando de 200 salarios base el delito fiscal, a 500 salarios base, lo que significa que hoy día para constituirse el delito tributario se debe demostrar fehacientemente que debe defraudarse al fisco en no menos de 200 millones en promedio , si la cuantía es menor, es sanción administrativa, y hasta el día miércoles de esta semana se ha demostrado que después de 12 años un caso quedó en firme, no obstante el Procesal Penal contiene derechos que a la postre podrían resultar contrarios al comunicado de prensa girado esta semana por el Ministerio de Hacienda.
  • Es lamentable observar que los auditores fiscales, en promedio de uno para atender a dos mil declarantes, esto es como “ burro amarrado contra puma suelto”, y se ha insistido a las autoridades de turno a incrementar el riesgo subjetivo pasar al menos de 2 a 4, dicho de otra manera, de controlar 2 tramites entre 100 a 4 entre 100 al menos, porque a la inversa es 98% de probabilidad de éxito al fraude, a la evasión y al contrabando, y si a eso le incorpora legislación débil, continuaremos viendo papeles y sin poder actuar de manera ejemplar e inmediata en el combate al fraude, por el contrario sentimos que las autoridades de turno son complacientes con la idea de controles mínimos, facilitación del comercio internacional y en consecuencia la tendencia a cero control con el fin de agilizar el comercio, pero que al verlo relejado en las declaraciones de renta, nos damos cuenta que muchos DECLARAN CERO IMPUESTO-
  • Lamentamos que HACIENDA siga siendo la CENICIENTA del Gobierno Central, en virtud de que ante legislación débil, las actuaciones no se pueden exceder, porque si mi persona funge como auditor en Aduanas, carece de competencia legal, material o quizás territorial de ver actuaciones de carácter tributario en consecuencia, la división administrativa, legal, y la competencia misma es una “LEY MORDAZA O CAMISA DE FUERZA” para quien desea ejercer su papel de la mejor manera. Y de esto se nutren muchos grandes declarantes, distíngase bien, grandes declarantes en cero impuestos, porque el que contribuye lo hace de su propio bolsillo, no del bolsillo de lo que retiene o recibe en el ejercicio comercial.
  • Lamentamos en mucho que la única policía represiva, técnica y especializada que tiene el Ministerio de Hacienda, sea utilizada muchas veces para el acompañamiento a denuncias que en poco contribuyen al control fiscal, que es su esencia o razón de ser.
  • Lamentamos que un auditor fiscal en Aduanas no conozca que es la declaración del Iva o un auditor de Tributación desconozca que es un DUA y su base científica de clasificación y base imponible, para que, al llegar a realizar un control del Inventario, pueda al menos presumir un cumplimiento fiel del trámite Aduanero.
  • Lamentamos el grado de fraude tributario en facturación y subfacturación, clasificaciones arancelarias diferenciadas, pero en algo similares que permiten al enemigo tributario acumular grandes riquezas, producto de esa lesiva conducta.
  • Lamentamos la distribución poco equitativa del Presupuesto Nacional el Gobierno Central
  • Lamentamos la cantidad de instituciones del Estado mismo, que no s e integran legalmente en la política tributaria y fiscal de este país, que contribuya su unificación al bienestar económico y nacional de toda la sociedad costarricense, permitiendo amasar grandes fortunas en instituciones como el INS, RECOPE y otras, pero deficitarias como el IMAS
  • Lamentamos que durante tantos años se hayan robado en promedio 2,6 billones de colones en fraude tributario o contrabando y no se ha impuesto una norma técnica jurídica para atacar este flagelo, de haberlo hecho responsablemente los gobernantes actuales o anteriores, hoy la realidad de la pandemia seria otra. En otras palabras, actuaron de manera irresponsable.
  • Lamentamos que autoridades Ministeriales, como la Señora Rocío Aguilar y su equipo Ministerial, implementaran el IVA, cuando simplemente lo que se requería muchas veces era a lo interno una Directriz para conjugar adecuadamente los recursos y desarrollar planes y programas de control de deberes formales y en conjunto ejecutar el control fiscal adecuado. Sin embargo; se jactaron de la implementación legal de los SCANER los que después de 2 años casi de la vigencia de la Ley no se ha realizado, y que ante flagrante delito de “incumplimiento de deberes” les otorguen la posibilidad de ostentar salarios millonarios y dirigir los recursos de los trabajadores en la SUPEN
  • Lamentamos como durante la pandemia, se pudo legislar hasta en no menos de 50 horas, emitir una Ley para dotar de moratoria fiscal a quien deseara no pagar los impuestos, y que nos deja hoy día en una disyuntiva jurídica de quien cobrara si Administrativamente o Judicialmente, ante la posibilidad nuevamente de jinetear más los impuestos, como si fuera una amnistía disfrazada tal cual grandes declarantes obtuvieron con la complacencia de muchos de los actuales diputados, y hoy nos endosan el problema del déficit fiscal que heredamos.
  • Lamentamos; como no se legisla para fortalecer el sistema tributario y combatir la corrupción, la inacción d muchas autoridades de turno, que tienen competencia hasta en el control de las compras públicas, haciendo del Ministerio de Hacienda un MEG MINISTERIO, pero que pareciera ser su propósito llegar a minimizar el papel de fiscalizador.
  • Lamentamos que el ejercicio de la Ley 7509 faculte a Hacienda a modificar valores, y durante años las Municipalidades han gozado del fruto del Impuesto Territorial, y los dueños de Yates q son de pasajeros donde interviene el MOPT para dotar esa condición, así como los EE Equipos Especiales, de las grandes constructoras, hoy día no tengan que pagar sobre esos bienes o embarcaciones el impuesto a la propiedad.
  • Lamentamos también que lo que proponemos los funcionarios Tributarios con carácter técnico y la experticia del quehacer diario en la ejecución del marco legal, no sea de interés para los actores civiles y políticos de este país, ya que de lo contrario tendríamos otra realidad nacional.
  • Hoy se cierne una gran posibilidad para fortalecer al Ministerio de Hacienda, una sería quitando en su control el componente Político, que ha demostrado en muchos actores impericia y desconocimiento, pero no con otro objetivo de que lo retomen quienes aman a la Patria y saben el “baile” que se tienen muchos, al declarar que con dos días de cierre tienen pérdidas multimillonarias, y cuando de declarar se trata…DECLARAN CERO impuestos en RENTA.
  • Debemos revalorar las Exoneraciones contra la acumulación de riqueza en las diversas actividades, no es posible que la ley 7293 otorgue exoneraciones a consorcios agropecuarios, a consorcios médicos y a consorcios turísticos, dotándolos de grandes posibilidades de incentivos fiscales, y cuando el pueblo está en pandemia simplemente señalen que están por quebrar,
  • Lamentamos los escudos fiscales como la aplicación de las provisiones laborales como Aguinaldo, preaviso y cesantía, ESCUDOS FISCALES legales, pero que al tenor de la LEYES de SUSPENCIONES DE CONTRATOS simplemente digan al trabajador váyase y regrese luego a ver si hay chance de recontratarlo.
  • Lamentamos los millones en alquileres, cuando hemos señalado la cantidad de propiedades para construir las edificaciones estatales, ejemplo las diez hectáreas que desperdician al costado de la Aduana Central en Calle Blancos, y así muchas de otros Ministerios, que al final son del Estado mismo. Y cuando se tienen se donan para actos culturales que al final nada o casi nada mejoran, ejemplo Edificio Olympo , 50 norte de Diario Extra, o las 80 hectáreas del parque la Libertad en Patarra de Desamparados
  • Lamentamos lo permisivo de la legislación penal, ya que al infractor cuyo carácter le brinda inmunidad penal, como lo fueron los casos de la trocha, papeles de panamá, expedientes de cobros judiciales, muerte de funcionarios en Hacienda por presunto estrés después de la Ley 9635, los premios a políticos de turno en puestos con salarios ostentosos, y otros más por la inacción de la Asamblea Legislativa de cambiar la norma, o del Ministerio Publico cuando se tiene flagrante actuación de esos actores.

Como pueden observar el enfermo colapso en Marzo de 2020 con la pandemia declarada, pero la pandemia más importante, ya se venia fraguando desde años atrás, con el permisivo favor de omisión de los actores políticos, que hoy pone en evidencia, la millonada, de salarios que se auto aplican algunos servidores públicos de muy alto nivel, en Bancos, en el INS, la Contraloría General la Asamblea Legislativa, la procuraduría y hasta en Recope, y otros “elefantes blancos” que poco o nada aportan, pero que al final distan en mucho de los ingresos potenciales de los dirigentes de la empresas privadas, que actúan al tenor del principio de autonomía de la voluntad, donde observamos por su modus vivendi el ostentoso vehículo que supera los 20 millones de colones y que a pesar de eso, no podemos indagar sus ingresos, ya que incurriríamos en una actuación con persecución penal y quizás llegar a que nos encarcelen, por querer redimir la justicia.

Suscribe Lic. Miguel Ureña Ex Secretario General SITRAHSAN
Miembro JD FENOTRAP-CMTC

Imagen ilustrativa.