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Etiqueta: desinformación

Nuevos escenarios: incertidumbre, temor y desafíos en la política y la sociedad

Gerardo Castillo Hernández

Al igual que el bitcoin, que desafía los paradigmas tradicionales del dinero e irrumpe como una alternativa financiera disruptiva, la política contemporánea transita por caminos sinuosos que generan inquietud y desconcierto. La acción política se reduce a un espectáculo mediático, el discurso público se degrada, y los partidos tradicionales pierden prestigio ante una ciudadanía cada vez más desencantada. Según Latinobarómetro, el 70% de los latinoamericanos ya no confía en la democracia o se siente excluido de ella. Esta cifra no solo refleja insatisfacción, sino una crisis de legitimidad con graves implicaciones:

1. Declive de la democracia representativa: La pérdida de credibilidad de los partidos y las instituciones abre paso a alternativas peligrosas, desde liderazgos autoritarios hasta soluciones pseudopopulistas.

2. Ascenso del populismo emocional: Líderes de izquierda y derecha —desde predicadores carismáticos hasta aventureros políticos— explotan el malestar social con discursos que desprecian el Estado de derecho, la institucionalidad y la razón.

3. Espectacularización de la política: El debate público se reduce a confrontaciones virales, donde priman la mentira, el insulto y la posverdad sobre el análisis riguroso.

4. Amenazas a las libertades: Movimientos de extrema derecha ganan terreno, atacando la independencia judicial, la libertad de prensa y los derechos humanos bajo retóricas nacionalistas.

5. Tecnología y desinformación: Las redes sociales distorsionan la realidad, manipulan elecciones y normalizan la polarización, mientras la corrupción, el narcotráfico y la inseguridad —con América Latina como la región más violenta del mundo— alimentan el círculo vicioso de la desesperanza.

¿Qué cabe esperar?

Estos escenarios fracturan los consensos democráticos y plantean interrogantes urgentes: ¿Está agotado el modelo actual? ¿Emergerán nuevas formas de democracia? ¿Cómo adaptarán los Estados la división de poderes o los sistemas electorales? La incertidumbre se agrava por factores globales: recesión económica, guerras comerciales, migraciones masivas, reacomodos geopolíticos y una crisis climática con proyecciones catastróficas. En este contexto, los márgenes de acción para América Latina son estrechos: el endeudamiento externo y los condicionamientos de organismos financieros limitan cualquier reforma estructural, perpetuando un modelo económico excluyente y sin dimensión social.

Lo laboral en la encrucijada

El panorama es desalentador:

– Desempleo e informalidad: Las tasas superan el 40%, con trabajos precarios que profundizan la pobreza y debilitan el movimiento sindical.

– Educación en crisis: La pandemia exacerbó la brecha digital y la deserción escolar, mientras los recortes presupuestarios y la pauperización docente socavan la calidad educativa.

– Reformas regresivas: Las élites empresariales, ahora enquistadas en el Estado, imponen legislaciones laborales que eliminan protecciones sociales, fomentan la explotación —especialmente de mujeres— y criminalizan la organización sindical.

¿Hay espacio para la esperanza?

Pese a todo, destellos de resistencia persisten: las movilizaciones en Estados Unidos por la democracia, el rechazo popular a las agresiones gringas a la soberanía de Panamá, o las luchas sociales en Argentina a favor de los jubilados revelan que la sociedad civil aún defiende banderas irrenunciables: justicia social, libertad de prensa, derechos humanos y democracia participativa. Son tiempos oscuros, pero la historia demuestra que los cambios radicales suelen nacer en los momentos más críticos. La luz de la sensatez y de la acción colectiva es deseable porque tarde o temprano se abrirán paso por un mundo más humano y mejor para las mayorías marginadas.

Guatemala: Ministerio Público debe cesar la intimidación a los medios de comunicación y respetar la libertad de prensa

Washington DC, 8 de abril de 2025

Las organizaciones firmantes condenan la campaña de desinformación y criminalización infundada en contra de los medios de comunicación Prensa Comunitaria y Ruda, cuya labor de periodismo comunitario y feminista en Guatemala es fundamental para la democracia del país.

El Ministerio Público (MP) -bajo el mando de María Consuelo Porras- ha deteriorado seriamente el Estado de derecho, la justicia y los derechos humanos en Guatemala al perseguir y criminalizar a voces críticas que han luchado en contra de la corrupción y la impunidad. En lugar de ser un ente garante de la institucionalidad del país y de brindar justicia a la población, el MP se ha convertido en un instrumento de represión.

Prensa Comunitaria y Ruda han publicado investigaciones que han expuesto grandes esquemas de corrupción y los mecanismos usados por los grupos de poder para la cooptación del sistema de justicia, así como los patrones de criminalización del MP, y ahora son objeto de demandas infundadas e intimidación de que se abran nuevos procesos.

Exhortamos al Ministerio Público para que respete el estado de derecho y la libertad de prensa en el país y se abstenga de seguir impulsando casos espurios en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, como lo hicieron con el reconocido periodista José Rubén Zamora. Asimismo, llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que analice la situación de riesgo de las y los periodistas de Prensa Comunitaria y Ruda y examine su situación y su solicitud de medidas cautelares para proteger su vida e integridad física.

Organizaciones firmantes:

Washington Office on Latin America (WOLA)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Guatemala Human Rights Commission/USA (GHRC)

Latin America Working Group (LAWG)

Amnistía Internacional

American Jewish World Service (AJWS)

Robert F. Kennedy Human Rights

Article 19

La verdad sobre las jubilaciones del magisterio nacional

La Asociación de Jubilados en Acción, ante la constante y falaz desinformación injustamente hecha por años sobre la situación de nuestros jubilados, desde diferentes frentes y sectores, nos permitimos aclarar de una vez por todas, lo siguiente:

1) Los jubilados del Magisterio Nacional con base en cualquiera de las leyes a las que se hayan acogido, HAN COTIZADO MENSUALMENTE TODAS LAS CUOTAS EXIGIDAS POR LEY, salvo alguna excepción que confirma la regla, un mínimo de TREINTA AÑOS o 360 cuotas. Por lo tanto, es FALSO decir que no las hemos pagado.

2) Para cancelar esas cuotas, mensualmente se ha rebajado un 16% (DIECISEIS POR CIENTO) de su salario, en tanto en el IVM (Invalidez, Vejez y Muerte) de la CCSS solo se rebaja un 4%. Es decir, el Magisterio ha cotizado o pagado CUATRO VECES MAS TODOS LOS MESES.

3) Además, los jubilados del Magisterio también pagan mensualmente las cuotas correspondientes al SEGURO DE ENFERMEDAD DE LA CCSS Y EL IMPUESTO DE LA RENTA CONFORME A LA ESCALA ESTABLECIDA. Por lo tanto, el régimen del Magisterio Nacional y el IVM de la CCSS NO SON NI PUEDEN SER COMPARABLES.

4) Además, en este momento de las 43.885 personas jubiladas, solo 474 (1%) reciben una pensión mayor a 4.5 millones mensuales, equivalente al salario mínimo de un catedrático universitario, que es la máxima categoría que otorgan las universidades. Pero, además, ese 1% al igual que los que reciben jubilaciones mayores a 3.5 millones al mes, están afectados por deducciones llamadas solidarias, que van desde un 25% a un 75% según la escala correspondiente.

5) ES FUNDAMENTAL QUE SE ENTIENDA, que las cuotas que han sido rebajadas a los maestros y profesores en todos sus niveles desde 1958 a 1995, especialmente el llamado Régimen de Reparto, fueron a dar a la Caja Única del Estado y los diferentes gobiernos, desde entonces, NUNCA CREARON EL FONDO, COMO LOS OBLIGABA LA LEY, y el dinero fue utilizado para otros gastos del gobierno. Esto hizo que se acumulara UNA DEUDA con LOS JUBILADOS del magisterio, QUE HOY SUMA MÁS DE CUATRO BILLONES DE COLONES, que sería lo que habría en el Fondo y permitiría el pago de las jubilaciones. Por lo tanto, si hoy el pago de esas jubilaciones se carga al Presupuesto Nacional, NO ES CULPA DE LOS JUBILADOS, sino de los gobiernos hasta el actual, que también sigue sin cumplir con la obligación de crear ese fondo.

Como consecuencia de esto, el Estado se vio en la obligación de compensar ese fondo de pensiones, que se debió crear con las cuotas religiosamente pagadas por maestros y profesores, con la inclusión de las partidas en el presupuesto nacional. LA AUSENCIA DE ESTE FONSO CONSTITUYE UN VERDADERO DESFALCO DEL DINERO DE LOS JUBILADOS DEL REGIMEN TRANSITORIO DE REPARTO.

6) También ante los intentos de aprobar nuevas legislaciones propuestas por el gobierno y el diario La Nación, supuestamente contra las llamadas “pensiones de lujo” y el desconocimiento que tienen del tema, es necesario señalar que:

  1. A una jubilación bruta de 4 millones se le deduce actualmente el 45.33% quedando un neto de 2.186.700. Si se desea aplicar lo propuesto por La Nación o el gobierno para llevarla al monto de 1.7 millones del IVM, habría que rebajarle 486.700 colones por mes, lo que significa una disminución ADICIONAL del 12.2%, por lo que la deducción total sería de 57.5%. ESTO ES IMPOSIBLE, por el límite máximo del 50% de deducciones establecido por la Sala Constitucional (Sala IV) y otros acuerdos internacionales.
  2. Pongamos otro ejemplo, ahora para una jubilación de 3.5 millones, a la que ya se le deduce un 40.12% y queda un neto de 2.095.800 colones mensuales. Si se quiere aplicar lo que proponen La Nación y el gobierno de llevarla al equivalente de 1.7millones mensuales del IVM, habría que rebajarle 395.000 colones, equivalente a una deducción del 11.3%, con lo que el rebajo total sería del 51.4% y llegaría apenas al LÍMITE MAXIMO DEL 50% de deducciones establecido, como vimos, por la Sala Constitucional (Sala IV) y otros acuerdos internacionales.

EN CONCLUSION, lo que proponen el gobierno y La Nación solo sería posible para las jubilaciones menores a 3.5 millones, por lo que se verán afectadas LAS JUBILACIONES MÁS BAJAS, pues las mayores a esa cifra no se pueden ver afectadas, por lo tanto, estas absurdas propuestas dejan intactas las jubilaciones intermedias y altas, que YA ESTAN COTIZANDO EL 50%.

7) La Asociación de Jubilados en Acción señala además, que lo que actualmente el gobierno llama “estudio actuarial” jamás puede ser considerado como tal, que ya hemos mencionado, pues está ayuno de una serie de información importante empezando, precisamente, por el tema del fondo que nunca se creó, que afecta seria y profundamente este tema, convirtiendo el susodicho “estudio actuarial” en un simple estudios de depósitos, como la dicho y demostrado la Junta de Pensiones del Magisterio en un reciente programa de televisión.

Es nuestro deseo que termine la campaña difamatoria sobre este tema, que por años se ha montado contra los jubilados, por intereses políticos y electorales. Con gusto ofrecemos nuestra ayuda y participación al Gobierno de la República, a los diputados de la Asamblea Legislativa y a los medios de comunicación que seriamente y sin torcidas intenciones, quieran profundizar y conocer la realidad de este tema.

San José, 6 de marzo del 2025
Dr. Miguel Sobrado.
Presidente de AJA

El uso de los medios de comunicación en la política

En la charla impartida por el profesor Gerardo Castillo durante el acto de fundación del Instituto Sindical de Formación Democrática se abordó un tema de gran relevancia: la estrategia mediática que domina la política actual.

Este enfoque comunicacional ha generado preocupación por sus consecuencias negativas, especialmente para la sociedad y los trabajadores. Según el profesor Castillo, se trata de un modelo que ha sido implementado en diversos países con efectos perjudiciales, señalando como ejemplos emblemáticos a Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina. Asimismo, destacó cómo esta estrategia ha sido replicada en Costa Rica por el gobierno de Rodrigo Chaves.

¿En qué consiste esta estrategia?

El modelo comunicativo descrito se basa en varias tácticas claves:

1. Satisfacción y polarización:

– Inundar el espacio público con mensajes constantes y repetitivos.

– Dividir a la sociedad en grupos antagónicos, presentando una lucha entre buenos y malos.

– Fomentar un clima de confrontación mediante insultos, descalificaciones y burlas.

2. Uso del lenguaje provocador:

– Apelar a la emoción del público mediante un lenguaje soez y burlesco.

– Generar la sensación de cercanía con los simpatizantes al mostrarse anti-establishment o en contra de las elites tradicionales.

– Utilizar la política como espectáculo.

-Transformar el debate político en un show de masas, restándole profundidad y seriedad.

– Desvirtuar la función educativa de la política, sustituyéndola por un enfoque basado en el entretenimiento circense y la provocación.

3. Manipulación mediática y desinformación:

– Uso intensivo de redes sociales para saturar con mensajes simplificados, eslóganes y denuncias sin pruebas.

– Difusión sistemática de noticias falsas y tergiversadas para influir en la opinión pública.

– Empleo de troles para amplificar ciertos discursos y desacreditar a adversarios.

4. Control de la agenda informativa:

– Organización de conferencias de prensa en las que sólo participan periodistas afines, garantizando que las preguntas sean acordes a los intereses del gobernante.

– Uso de los medios oficiales como herramientas de propaganda en lugar de instrumentos de transparencia y rendición de cuentas.

Conclusión

El uso de estas estrategias mediáticas representa un desafío para la democracia y el ejercicio ciudadano informado. Lejos de promover un debate enriquecedor, buscan polarizar la sociedad, manipular la percepción pública y consolidar liderazgos autoritarios. Frente a esta realidad, es fundamental fortalecer el pensamiento crítico, exigir transparencia y promover un periodismo independiente que actúe como contrapeso ante la manipulación, el engaño y la mentira. La democracia está en peligro y debemos actuar.

La inexcusable indiferencia frente a los autoritarismos: ¿ignorancia o estupidez?

La teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer.

Henry Mora Jiménez

Dietrich Bonhoeffer (4 de febrero de 1906 – 9 de abril de 1945) fue un teólogo y pastor luterano alemán y un activista contra el régimen de Adolf Hitler que pasó los dos últimos años de su vida en prisión, antes de ser ejecutado en un campo de concentración nazi.

Durante su encarcelamiento, una de las preocupaciones sobre las que reflexionó fue la siguiente: ¿cómo fue posible que uno de los pueblos más educados de Europa, que dio al mundo grandes filósofos, científicos y poetas, haya sido presa de la ideología y de la violencia extrema llevada a cabo por el fascismo nazi? Encontró una respuesta en la estupidez, pero vayamos con calma.

La teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer no es realmente una teoría (en el sentido científico del término), pero sí una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y cómo la estupidez puede ser más peligrosa que la maldad y más extendida que la ignorancia.

Para Bonhoeffer, la estupidez no es simplemente una falta de inteligencia o torpeza para comprender las cosas, sino una condición humana que puede ser influenciada por factores sociales y políticos. Las personas estúpidas se vuelven manipulables, pierden su independencia y dejan de pensar por cuenta propia, lo que las hace especialmente peligrosas porque no pueden ser persuadidas con argumentos racionales. Entonces, la estupidez sería un problema sociológico más que psicológico, y se manifiesta cuando las personas son sometidas a la influencia de inmensos poderes externos o de ideologías extremistas que buscan la manipulación y el control total de la población, a través de medios como la propaganda y la desinformación, como ocurrió en la Alemania de su tiempo bajo el régimen nazi.

Hoy en día estas causas no son suficientes para explicar la estupidez a la que se refiere Bonhoeffer, pero aun así, sus reflexiones nos pueden orientar para explicar lo que está pasando en el mundo frente a líderes de extrema derecha como Trump o Milei, e incluso, en el caso particular de Rodrigo Chaves en Costa Rica.

Pero ¿qué causa esta estupidez socialmente determinada?

Bonhoeffer reflexionó sobre las causas de la estupidez, especialmente en el contexto del ascenso del nazismo en Alemania. Sus observaciones no solo son relevantes para entender ese período histórico, sino que también ofrecen pistas valiosas para analizar fenómenos similares en otras épocas y sociedades.

Bonhoeffer creía que la estupidez surge cuando las personas renuncian a su capacidad de pensar y actuar de manera autónoma. En lugar de cuestionar y reflexionar, se dejan llevar por opiniones mayoritarias, por alguna ideología o por algún líder carismático o con cierta autoridad. Esta renuncia no es tanto intelectual como moral: es una elección de no asumir la responsabilidad de pensar por uno mismo.

Además, en situaciones de crisis, incertidumbre, temor o desesperanza, muchas personas prefieren la comodidad de seguir a otros antes que enfrentar la dificultad de pensar críticamente. El miedo al aislamiento o al castigo puede llevar a la gente a actuar de manera estúpida, incluso cuando saben que están haciendo algo incorrecto.

De manera especial, Bonhoeffer observó cómo el régimen nazi utilizaba la propaganda a gran escala para manipular a las masas y cómo la estupidez se generaliza cuando las personas aceptan pasivamente los mensajes de líderes o medios de comunicación sin cuestionarlos. La propaganda aprovecha los prejuicios, los miedos y los deseos de las personas para anular su pensamiento crítico.

No menos importante, para Bonhoeffer, la estupidez florece en sociedades donde las relaciones humanas auténticas se han debilitado o fragmentado. Cuando las personas están aisladas o se relacionan de manera superficial es más fácil que caigan en la estupidez, porque no tienen una comunidad real que les cuestione o les ayude a pensar de manera crítica. Este elemento es mucho más importante hoy en día, cuando las llamadas redes sociales y los algoritmos pulverizan la convivencia real entre las personas, las vuelve adictas al entretenimiento superficial y las hace incapaces de cuestionar su propia realidad.

Como teólogo, Bonhoeffer veía la estupidez como un problema espiritual. Creía que cuando las sociedades pierden sus fundamentos éticos y espirituales, las personas se vuelven más susceptibles a la estupidez, porque carecen de un marco de referencia para discernir entre el bien y el mal. Un efecto similar ocurre cuando nos gobiernan antivalores como el individualismo exacerbado y la competitividad compulsiva del capitalismo globalizado.

¿Se puede enfrentar la estupidez cuando esta se generaliza?

Bonhoeffer creía que el primer paso para enfrentar la estupidez es recuperar la capacidad de pensar y actuar de manera autónoma. Esto requiere, entre otros: i) cuestionar las narrativas dominantes; ii) no aceptar pasivamente lo que dicen los líderes, los medios o las masas, sino analizar críticamente la información; iii) asumir responsabilidad personal, tomando decisiones basadas en principios éticos, incluso cuando esto implique ir contra corriente.

Y como la estupidez florece en entornos donde el pensamiento crítico es desalentado, para combatirla, es esencial: i) educar en la reflexión, enseñando a las personas a cuestionar, analizar y debatir ideas, en lugar de aceptarlas sin más (de ahí la importancia central de una educación que potencie el pensamiento crítico); ii) promoviendo el diálogo, creando espacios donde las personas puedan discutir abiertamente temas difíciles, sin miedo al rechazo o al castigo.

Como ya mencionamos, Bonhoeffer enfatizaba la importancia de la comunidad como antídoto contra la estupidez. Una comunidad auténtica fomenta la solidaridad, ya que las personas se apoyan mutuamente para resistir la presión del conformismo.

Además, en una comunidad sana, sus miembros se ayudan a reconocer y superar la estupidez, tanto individual como colectiva.

En situaciones donde la estupidez se generaliza, es necesario actuar con coraje y valentía. Esto exige: i) denunciar incansablemente la injusticia, no quedarnos callados ante lo que nos parece mal, incluso cuando esto implique riesgos personales; ii) resistir activamente, siendo el mismo Bonhoeffer un ejemplo vivo de esto, ya que participó en la resistencia contra el nazismo, a pesar de las consecuencias.

Y como para Bonhoeffer la estupidez es en última instancia un problema espiritual, enfrentarla también requiere reconectarse con principios éticos, volviendo a valores como la justicia, la compasión, la solidaridad y la dignidad humana.

Pero ¿puede esto funcionar en la práctica?

Bonhoeffer no solo teorizó sobre cómo combatir la estupidez, sino que también lo puso en práctica. Algunas de sus incansables acciones incluyeron:

– Educar y concienciar: como profesor y pastor, Bonhoeffer trabajó para formar a personas críticas y éticas.

– Crear redes de resistencia: participó en la Iglesia Confesante, un movimiento cristiano que se oponía al control nazi de las iglesias.

– Actuar con integridad: aunque sabía que su oposición al régimen nazi podía costarle la vida, Bonhoeffer nunca renunció a sus principios.

Bonhoeffer nos enseña que la estupidez no es invencible. Aunque puede generalizarse en ciertas situaciones históricas, siempre hay formas de combatirla: recuperando la autonomía moral, fomentando el pensamiento crítico, construyendo comunidades auténticas, actuando con coraje y reconectando con valores éticos y espirituales. Estas herramientas no solo son relevantes para el contexto del nazismo, sino para cualquier situación en la que la estupidez amenace con dominarnos.

Ciertamente, las formas actuales de dominación cultural que nos ciegan y nos llevan a la estupidez son hoy más complejas y diversificadas: la adicción al entretenimiento, el declive intelectual y cultural, el hedonismo y el individualismo radical, el populismo, el mesianismo, el ocaso de pensamiento crítico, la cultura del espectáculo y la distracción, la primacía de la inmediatez, la sumisión voluntaria, la mentira sistemática, el anonimato de las redes sociales, la censura y manipulación sofisticada de los algoritmos, etc. Aun así, las reflexiones de Bonhoeffer nos brindan un marco conceptual básico para comenzar a entender el problema y buscar soluciones.

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ante políticas de la administración Trump

El 31 de enero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que comunicó al Congreso de los Estados Unidos la revocación de la suspensión de la posibilidad de que se presenten en tribunales estadounidenses demandas judiciales, a tenor del título III de la Ley Helms-Burton.

Igualmente, aprobó la restitución de la Lista de Entidades Cubanas Restringidas, con las que entidades o personas en los Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones, so pena de ser multadas y sus activos congelados. Informó la decisión de añadir a esa lista a la empresa cubana procesadora de remesas, Orbit S.A.

No son acciones inesperadas. Son pasos que faltaban para deshacer las decisiones tardías, aunque positivas, dadas a conocer por el presidente Joseph Biden, el 14 de enero pasado.

Este anuncio posiblemente sea también la antesala de otras medidas que el equipo a cargo del tema Cuba en este gobierno tiene diseñadas desde el año 2017 para poder endurecer aún más, gratuita e irresponsablemente, el cerco contra Cuba en busca de nuevos y evitables escenarios de deterioro y de confrontación bilateral.

El objetivo de las medidas es intimidar a inversionistas extranjeros y evitar que contribuyan al desarrollo económico de Cuba y el bienestar de los cubanos, mediante la amenaza expresa de ser demandados en cortes estadounidenses. Es también cerrar todas las fuentes de ingresos externos a la economía cubana en su conjunto; sabotear criminalmente la capacidad de todos los actores económicos, públicos y privados, de proveer bienes y servicios; y deteriorar aún más los niveles de vida de la población afectada por el bloqueo y las medidas adicionales impuestas durante el primer mandato de Trump, para crear irritación social y desestabilización, y tratar de lograr el muchas veces soñado y nunca alcanzado propósito de derrocar la Revolución con fines de dominación y escarmiento.

Estas acciones van acompañadas de operaciones comunicacionales de desinformación y descrédito y una poderosa maquinaria de manipulación en plataformas digitales, con el propósito de responsabilizar a Cuba del impacto de las medidas criminales del gobierno de los Estados Unidos, para que el mundo y el pueblo de Cuba no reconozcan a sus verdugos.

Son esos mismos a quienes los anima el compromiso contraído con familias reaccionarias y grupos especiales de interés en los Estados Unidos y la Florida, que se benefician del bloqueo a Cuba sacrificando el bienestar y amenazando hasta el sustento del pueblo cubano. Estos políticos de hoy, son los mismos arquitectos de las decenas de medidas adicionales al bloqueo que se pusieron en vigor entre los años 2017 y 2021.

Desde la aprobación de la Ley Helms-Burton en 1996 y hasta 2019, todos los presidentes estadounidenses, incluido Trump en los dos primeros años de su mandato anterior, hicieron uso consecutivamente de la facultad ejecutiva de suspender la aplicación del título III cada seis meses, reconociendo que contraviene el Derecho Internacional y la soberanía de otros Estados. También por comprender que su aplicación generaría obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones a los estadounidenses cuyas propiedades fueron legítimamente nacionalizadas al triunfo de la Revolución.

Como resultado, desde 2019 se han presentado alrededor de 45 demandas en las cortes, fundamentalmente, contra compañías estadounidenses. Estas han tenido que emplear dinero, tiempo y energía para defenderse contra lo que expertos consideran una aberración jurídica, con aspectos que la calificarían como anticonstitucional. Entre las aberraciones más significativas, dicho título extiende su alcance a propietarios que no eran ciudadanos de los Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado.

Se trata de medidas que nada tienen que ver con el interés nacional de los Estados Unidos, o los deseos de gran parte de la comunidad empresarial en ese país que desean participar en la economía cubana. Por el contrario, se vincula con los deseos trasnochados de reconquista de los herederos políticos del dictador Fulgencio Batista.

Es una demostración de la naturaleza corrupta con que opera ese gobierno de modo general y, específicamente, de su objetivo de asfixiar económicamente a Cuba, causar daño a nuestro pueblo, y pretender que renunciemos a las prerrogativas soberanas cuya conquista ha costado tantos años, esfuerzos y vidas.

Con la reactivación del título III, se completa nuevamente la aplicación en su totalidad de la Ley Helms Burton, distinguida por su extremo alcance extraterritorial, por ser violatoria de las normas y principios del Derecho Internacional, contravenir las reglas del comercio y las relaciones económicas internacionales y por ser lesiva a la soberanía de otros Estados, principalmente por la afectación de sus disposiciones a compañías y personas establecidas en el territorio de estos. Ha sido rechazada amplia, sostenida y casi unánimemente por la comunidad internacional en las Naciones Unidas, organismos internacionales especializados y organizaciones regionales. Varios países cuentan con leyes nacionales para enfrentar los efectos extraterritoriales de esta ley.

El Gobierno de Cuba reitera los postulados de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley No. 80) y recuerda la decisión del Tribunal Popular Provincial de La Habana, el 2 de noviembre de 1999, de declarar Con Lugar la Demanda contra el Gobierno de los Estados Unidos por Daños Humanos sancionándolo a reparar e indemnizar al pueblo cubano en la cuantía de 181 100 millones de dólares. Posteriormente, el 5 de mayo de 2000, el Tribunal determinó los Daños Económicos ocasionados a Cuba y sentenció resarcir a Cuba por valor de 121 000 millones de dólares.

Cuba ha reiterado la disposición de hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas. Las nacionalizaciones cubanas se llevaron a cabo amparadas por leyes, con estricto apego a la Constitución de nuestro país y en conformidad con el Derecho Internacional. Todas las nacionalizaciones contemplaron procesos de compensación justa y adecuada, que el gobierno de los Estados Unidos se negó a considerar. Cuba alcanzó y honró acuerdos globales de compensación con otras naciones que hoy invierten en nuestro país, como España, Suiza, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia.

Asimismo, el gobierno cubano denuncia y responsabiliza al gobierno de los Estados Unidos por las consecuencias inmediatas que tendrá en todo el país la nueva medida contra el derecho de los emigrados cubanos a enviar remesas y ayudar a sus familiares, que ya sufren demasiado por el cerco recrudecido debido a la injusta y fraudulenta inclusión de Cuba en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

Cuba rechaza estas decisiones, de manera enérgica, firme y categórica. Las asume como un nuevo acto hostil y arrogante, y repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del comunicado del Departamento de Estado, plagado de mentiras para tratar de justificar lo injustificable.

A nadie podrán engañar con sus falsos pretextos para tratar de justificar estos y futuros atropellos. Solo lograrán reforzar el aislamiento y el rechazo universal que concita el abuso bochornoso de los gobiernos de los Estados Unidos contra Cuba y su población.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para detener, denunciar y acompañar a nuestro pueblo frente a la nueva y peligrosa arremetida de agresión que apenas ha comenzado.

Harán mucho daño con sus planes y medidas asesinas y cobardes, pero jamás lograrán su objetivo principal de poner a Cuba de rodillas para someterla.

¡Cuba vencerá!

La Habana, 1 de febrero de 2025

Sobre las verdades en la interpretación histórica, social y política

Vladimir de la Cruz

Los hechos y eventos históricos suelen ser interpretados, analizados, reflexionados, discutidos, pensados, desde distintas perspectivas. Eso es válido.

En materia de análisis socio histórico me atrevo a decir que no hay verdades absolutas, aunque hay historiadores, analistas, pensadores que parten de que sus enfoques son la Verdad Absoluta, casi a modo de un dogma religioso.

Estos enfoques, igualmente, descansan en la metodología científica o teórica que se emplea para estas perspectivas analíticas, así como en el acervo doctrinal en que cada historiador, analista o pensador fue formado, o a partir de la cual se fue formando o estudiando.

Muchas veces les proponía a mis estudiantes, cuando interrogaban sobre este aspecto, que partieran por un momento, de un objeto que se podía colocar entre ellos y yo, donde todos estábamos al frente de ese objeto, ellos desde distintos lados que el mío, y que pasáramos a describirlo en el punto en que cada uno podía verlo. Efectivamente, se producía la diferente percepción y descripción del objeto. Y, era el mismo objeto que todos estábamos observando. Así, les decía que son los eventos históricos o sociales, por lo que en las Ciencias Sociales, incluida la Historia, había posibilidades de ver analíticamente distintas cosas del mismo objeto o evento de análisis.

Puestas así las cosas, les terminaba diciendo a los estudiantes que el conjunto de “verdades” que cada uno tenía de la observación del objeto “sumaba” para tener una aproximación a lo que podríamos llamar la “verdad absoluta”, la Verdad. De manera que, en las Ciencias Sociales no había verdades absolutas, lo que había eran verdades relativas.

Traigo esto a colación de la discusión que se produjo a finales del siglo pasado, cuando se acercaba el proceso de la celebración del V Centenario de la llegada de los españoles y europeos al continente, sobre la premisa de que los españoles y europeos, e incluso americanos, de todo el continente, hasta ese momento celebraban el llamado “descubrimiento” de América”. Así se impuso su celebración desde el IV Centenario de esa llegada, en 1892.

En esta discusión se estableció el cambio de denominación de esta llegada, para desde entonces hablar del “Encuentro de Culturas”, término más apropiado, habida cuenta que no se podía descubrir lo que estaba densamente poblado. Distintos enfoques señalan que en América pudo haber a la llegada de los europeos, en 1492, hasta 100 millones de habitantes; en Centroamérica, el historiador Mario Flores Macal, llegó a afirmar que pudo haber hasta 7 millones y para Costa Rica, la antropóloga Eugenia Ibarra sostiene, la tesis más aceptada para los estudios costarricenses de ese período, al menos de medio millón de habitantes. Por otros análisis, de arquitectos especialmente, los he escuchado, analizando los basamentos de los poblados de las comunidades aborígenes, calculan que en Costa Rica pudo haber habido una población cercana al millón de habitantes.

De la discusión sobre el número de habitantes en el continente americano, dos grandes tesis se desprenden. La primera, que había poca población; la segunda que había mucha población. De ambos enfoques, igualmente se magnifica o minimiza el impacto de esa llegada en los procesos de conquista y colonización. Para el caso costarricense, si partimos de la tesis de Ibarra o de los arquitectos, había mucha población, y a finales del siglo XVIII la población apenas pasaba los 30.000 habitantes.

Para el momento que hubo que elegir el Diputado a las Cortes de Cádiz hubo que reunir la provincia de Costa Rica y el Partido de Nicoya para alcanzar el número de habitantes necesarios para poder elegir diputado. Así salió Nicolás Carrillo y Aguirre, que al renunciar fue sustituido por el Presbítero Florencio del Castillo, que fue uno de los más distinguidos diputados, lo que se le reconoce en una Placa en el Convento de San Felipe de Neri, donde se realizaron las sesiones de las Cortes de Cádiz.

Y, para el momento de la ruptura con el orden colonial, al momento de la Independencia, había una población que giraba alrededor de los 50.000 habitantes. Cuando llegaron los filibusteros norteamericanos a Centroamérica, en 1855-1857, en Costa Rica había 100.000 habitantes.

¿Qué se hizo esa población originaria? En el proceso histórico lo que vemos hasta hoy es un crecimiento constante de la población local, regional, nacional y mundial. Aquí entra, entonces, la discusión sobre el impacto devastador de la conquista y la colonia europea, de despoblamiento, de conformidad a todas las causas que lo quieran explicar. Los que sostienen la tesis de la menor población del continente, con ello minimizan ese impacto negativo que la presencia europea tuvo.

Como profesor siempre me ubiqué en las tesis maximalistas, de la mayor población en el continente, para desde esta perspectiva explicar con más fuerza ese impacto catastrófico sobre las culturas aborígenes y originarias del continente y de Costa Rica. Pero entendía, y también les señalaba a los estudiantes las otras posturas interpretativas.

Estas discusiones alrededor del análisis histórico y contemporáneo, de nuestras realidades histórico-políticas, siguen sucediendo, con igual pasión, y en algunos casos como extremo delirio, confusión y falta de conciencia. Es natural que así sea. Y son hoy políticamente impulsadas, especialmente desde el poder, las tesis que produzcan esas reacciones contra quienes enfoquen críticamente el ejercicio del poder político.

Troles y fakes news

El subjetivismo en el análisis del evento social, histórico o político conduce inevitablemente a establecer “verdades absolutas”, o “falsas verdades”, especialmente de estos extremistas, las que muchas veces se hacen descansar en aspectos morales, ¡síquicos!, de desinformación o información manipulada, lo que se ve, con mayor evidencia, en los troles que se usan, en esas personas pagadas ex profeso, para estar denigrando a quienes en estos análisis sostienen tesis críticas de un actor político, de su gestión o de los eventos políticos que gestiona o administra. Parte de las llamadas fake news y de la llamada post verdad, a eso responden.

En el caso costarricense muchos de estos troles ni siquiera tienen capacidad de leer los artículos que los ponen a criticar negativamente, o a insultar a quienes los escriben. En muchos casos se quedan en el ataque al título del artículo o en el ataque al mensajero y no en el análisis contrario del mensaje.

En materia del análisis histórico aún no hemos llegado allí, pero hay aproximaciones, sobre todo cuando se responde un artículo, concentrando la crítica al autor más que aportando otra perspectiva del análisis de lo que se plantea. Así sucede, a veces, en torno a eventos como la celebración de la Fecha Patria, relacionada con la Independencia de Costa Rica, que tiene que ver con la de Centroamérica y la de Guatemala, a lo que me referiré en el próximo artículo.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Proceso Reflexión: Educación Popular en tiempos de desinformación y redes sociales

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El nombre de la Educación Popular despierta afinidades y antipatías. Su propuesta en muchas ocasiones es presentada como la mera aplicación de técnicas o herramientas didácticas para hacer algo más “interesante”. Si nos atenemos a su lugar y tiempo, se concibe como alguna dimensión de la educación de adultos, es decir procesos formales que se desarrollan fuera del aula y con horarios flexibles. En el mejor de los casos, se observa como una modalidad educativa, como la educación a distancia, entre otras.

Sin embargo, si nos atenemos a su trayectoria histórica, encontramos que la Educación Popular constituye una corriente de pensamiento y acción dentro del campo de las ciencias sociales, principalmente desde las pedagogías críticas. Entonces este enfoque representa una propuesta teórico-práctica siempre en debate y construcción.

Nos encontramos en un contexto complejo, hay una tendencia a la individualización no sólo de los espacios que antes compartíamos de forma colectiva, sino también, los mismos canales de comunicación que usualmente utilizamos, nos fragmentan y re-construyen burbujas en torno a las personas que utilizamos esos medios.

¿Qué tipo de implicaciones tiene esto en nuestra forma de participar y debatir sobre nuestras realidades? ¿Influye esto en la percepción que tenemos de las demás personas? ¿Estamos viviendo al mismo tiempo contextos de sentidos distintos contrapuestos-complementarios entre las personas que habitamos nuestros territorios?

Son parte de las inquietudes que mueven la discusión de este proceso de reflexión, para debatir y problematizar los desafíos que tiene la construcción de propuestas socioeducativas desde la educación popular en estos contextos que nos interpelan hoy.

Para abordar este proceso proponemos trabajar durante las siguientes sesiones

1. ¿Qué es la educación Popular Latinoamericana y Caribeña? 30 de setiembre –  9 am a 12 md
2.Trayectos históricos de la Educación Popular Latinoamericana y Caribeña. 7 de octubre –  9 am a 12 md
3.¿Qué son los saberes y las prácticas? ¿Qué contextos les acompaña? 17 de octubre –  9 am a 12 md
4. ¿Hacemos técnicas o apoyamos procesos? 21 de octubre-  9 am a 12 md
5.¿Hay algo distinto en todo esto? 28 de octubre – 9 am a  12 md

Lugar: Oficina Kioscos Socioambientales

Defender el FEES y salir a dialogar con la gente

Osvaldo Durán-Castro, profesor TEC, ecologista FECON

En una marcha de defensa del presupuesto de las U públicas de 2019 una estudiante llevó una pancarta que decía: “Abuela analfabeta. Madre primaria. Hija ingeniera”. Ésa es una excelente síntesis de resultados de la inversión en todos los campos y de la educación en particular y de haber tenido un Estado social robusto para mejorar la calidad de vida. En muchísimas familias costarricenses de clase media y pobres tenemos algo similar.

Foto: Osvaldo Durán-Castro – 2019.

En medio de la crisis de la educación un reto adicional de las U públicas es dialogar con la gente que no es parte de las comunidades universitarias. El Fondo Especial para la Educación Superior de Costa Rica, FEES, resulta desconocido y si las universidades no salimos a conversar, explicar y compartir con la población la misma crisis que nos ataca, estaremos cada día más aisladas y repudiadas. Si la gente no conoce lo que hacemos las U públicas, más allá de formar profesionales, seguirá persistiendo la mentira de que somos un reducto de gente vaga y privilegiada con salarios descomunales (ciertamente hay un reducido grupo de salarios elevados, pero la mayoría no disfruta de ningún privilegio). Es indispensable explicar cómo invertimos el presupuesto que recibimos porque si la gente desconoce lo que hacemos por medio de la ciencia, el arte, la educación en todas las materias y las culturas, a las cuales contribuimos, nos verán como el Gobierno desea que nos vean: innecesarias, cuando no como parásitos.

También hay que explicarle a la población las implicaciones del desfinanciamiento para la inversión social en salud, educación, electricidad, infraestructura, becas, programas de asistencia a la gente más pobre, etc. En otras palabras, la desaparición forzada de nuestro Estado social. Pero esa tarea puede resultar difícil porque, si somos autocrítico.as, debemos reconocer que hay gente dentro de las U públicas que sigue encapsulada, distante y desconocedora del otro mundo real que existe y subsiste afuera de las aulas.

El odio contra lo público hace que mucha gente crea que los 291.743 empleados públicos son los responsables de las crisis del país. Según el Banco Central en junio de 2024 la fuerza laboral de Costa Rica estaba integrada por 2.157.476 personas, incluidas 201.124 desempleadas. Este Gobierno y muchos anteriores han logrado crear una confrontación real, basada en desinformación, entre los empleados públicos y gran parte de la población costarricense que repite que esas menos de 300.000 personas son culpables de las crisis que vivimos; es tan absurdo como culpar a los ambientalistas por los desastres de Crucitas y de Gandoca Manzanillo.

La historia necia de que la plata de las universidades se va en salarios de lujo, se responde fácilmente si entendemos que el Ministerio de Educación Pública y las universidades tienen como tarea fundamental la enseñanza en las aulas. En el caso de las universidades, a la docencia en las aulas se suman la investigación científica especializada en muchísimos campos y la extensión y acción social que permiten atender y buscar respuestas a múltiples necesidades de comunidades, empresas privadas, grupos y organizaciones sociales. Esas tareas son las que aseguran que el país tenga una educación superior pública de calidad y cada vez con mejor impacto positivo. Las U públicas no son empresas privadas de educación; responden a necesidades colectivas y no a los negocios y el lucro financiero. Quienes realizan esa tarea de la educación son docentes y por tanto son quienes deben ser pagados. En el ministerio de obras públicas el rubro principal deben ser los contratos de construcción de carreteras, puentes y mantenimiento de la infraestructura en general, y ahí se gasta el dinero. En los hospitales es lógico que haya gastos elevados para el pago del personal que asegura todos los oficios de salud que se ofrecen. Todo eso es inversión social pública.

El diálogo Universidad-país debe darse en todos los espacios. Por ejemplo, en uno de nuestros grupos de Seminario de estudios costarricenses del TEC, dedicamos tiempo para crear explicaciones de la crisis de la educación, pensando en que hay que llevar esa información a la gente afuera de las U. En sesiones de trabajo de proyectos de extensión social como “Pueblos Originarios y Universidades Públicas” (POUP) y Declaratoria del Consejo nacional de rectores, CONARE, “2024: UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, también hemos dedicado tiempo para que ese grupo de trabajo y estudio de Pueblos originarios Cabécar/China Kichá, Bribri/Salitre, Brorän Térraba y Yäbamï dí Kátà/Cabagra, entre otros, conozca lo que está ocurriendo con el FEES y con la educación en general.

La población debe saber que las U públicas negocian su presupuesto en condiciones de desventaja impuestas por el Gobierno. La quinta y última sesión de intento de negociación del FEES 2025 fue en Casa presidencial aunque no era una sede consensuada. La reunión tardó apenas 1 minuto por insólito que parezca, pues el Ejecutivo sólo repitió que no habría ninguna negociación y que el monto del FEES 2025 se definirá en la Asamblea legislativa. Es la primera vez que esto ocurre en más de ochenta años de educación superior pública en Costa Rica. Luego de cerca de hora y media de espera en la calle y dentro del edificio, tras ese minuto, las 5 rectorías y la representación estudiantil, fueron poco menos que expulsadas de la Casa presidencial sin siquiera haber dialogado.

Esa imposición y falta absoluta de respeto desconocen que existe una amplia agenda de cooperación CONARE-Gobierno que incluye más de 40 proyectos, entre los cuales hay 14 en educación, 12 en el sector productivo y desarrollo nacional, 4 en salud, entre otros. Esto demuestra que las universidades, a pesar de que su autonomía especial les permite definir cómo ejecutar su presupuesto, mantienen diálogo y buscan consenso para trabajar con el Poder ejecutivo. Con el mismo Gobierno desde hace años se definieron 11 criterios, 25 indicadores, parámetros de medición de resultados y otras pautas de medición y rendición de cuentas, que permiten saber con claridad cómo se ejecuta el presupuesto y el impacto que tienen las U públicas en la sociedad. Todo esto ha sido desconocido por el Ejecutivo.

El pasado 23 de agosto la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, expuso en un foro que en la sesión del 11 de junio el ministro de Hacienda propuso “un 1% de crecimiento para el FEES 2025, que corresponde a ₡5.761 millones (presentación basada en datos inconsistentes, que el ministro debió revisar)”. CONARE rechazó esa propuesta y reafirmó la “solicitud de un aumento del 4,06% (¢23.389 millones) sobre el FEES 2024 para determinar el monto del FEES 2025, así como la devolución de recursos postergados de 2020 y 2021, por un total de ¢62.590 millones”. Todos los datos expuestos en la fallida negociación demuestran que ya en este año las universidades requieren ¢23.389.132 millones adicionales para tener un presupuesto que se iguale al de 2020. Otro hecho relevante que permite constatar la falta de seriedad del Gobierno es que el 16 de agosto 2024, en la quinta fallida sesión de la Comisión de enlace (Gobierno y Universidades), “CONARE solicitó al Ministro de Hacienda que explicara técnicamente de dónde surgió la propuesta del 1% y su justificación. El ministro indicó que en el transcurso de la tarde del mismo día entregaría la respuesta por escrito, compromiso que no cumplió”.

Esos faltantes de ¢23.389 millones para el 2025 y de ¢62.590 millones de años anteriores, significan, en concreto y en términos sencillos, que igual que una familia sin ingresos suficientes, las U públicas (y la educación en su totalidad) se van a seguir empobreciendo. Desde 2018 se ha hecho más que crudo el incumplimiento del artículo 78 de la Constitución política que obliga a que Educación reciba el 8% del Producto interno bruto, PIB, incluido el 1.5% para las U públicas. En 2018 el presupuesto fue del 7,40% y de ahí en adelante sigue en caída libre hasta el 5,4% en el 2023 y 5,2% este año. Es probable que en el 2025 no se alcance ni el 5% del PIB.

Este escenario de crisis total que vive el sistema de educación en Costa Rica es absolutamente contradictorio con las exigencias del Gobierno a las universidades para que sumen proyectos y mejoren su impacto en la sociedad costarricense, pues a la vez les extirpa el presupuesto indispensable para todas esas responsabilidades. Un posible recorte al MEP de hasta ₡65.000 millones en el 2025 lo que asegura es el deterioro mayor de la calidad de la educación, más escuelas hechas tugurios y que servicios como comedores y transporte que ayudan a las familias más pobres, serán aún más debilitados. No está de más recordar que para muchísimas familias los comedores escolares son un apoyo indispensable pues literalmente son la principal fuente de alimentos de sus hijo/as.

Foto: Francisco Mojica Mendieta.

En las U públicas el recorte de presupuesto significa menos cupos para ingreso de nuevos estudiantes a todas las universidades, menos plazas docentes, salarios en deterioro para la mayoría de funcionario.as, sobre todo para cientos que están en condición de interinos; menos laboratorios, menos investigación científica, menos posibilidades de inversión en las regiones fuera del valle central, debilitamiento e imposibilidad de desarrollar programas de investigación, acción y extensión social con comunidades y organizaciones sociales en todo el país, menos trabajo conjunto con empresas y con el propio Gobierno. Por supuesto que habrá menos plata para becas, residencias y otros subsidios para estudiantes de las familias más pobres que sólo gracias a esas ayudas llegan a ser profesionales.

Ante el Gobierno las U públicas no ganaremos en las aulas. Salir a la calle a defender el derecho a la educación es urgente. También es indispensable salir a dialogar con la población, explicar cómo le servimos a la sociedad y sumarnos a todos los colectivos que queremos recuperar el país. Esos son algunos de los grandes desafíos inmediatos.

La desinformación puede matar

Por Marlin Oscar Ávila
1 de agosto de 2024

Seguimos creyendo que la ciudadanía trabajadora no termina de enterarse que hemos entrado a una guerra no convencional pero igual tiene bajas, heridos y muertos a millares. Los enemigos son muy poderosos y fuertes, en momentos, silenciosos y, en más cortos instantes levantan la vos, al grado de reventarle los tímpanos al vecino.

Financian los medios más conocidos, las campañas de desprestigio a líderes sociales, colocan candidatos sin pasar por ningún filtro social ni político, llegan del exterior después de años de servicio a multilaterales, para ser candidatos políticos, con su agenda neoliberal, seguros de obtener todo el apoyo de las élites empresariales (caso Costa Rica). Más pronto que tarde, al obtener su cuota de poder, reducen el presupuesto público, «demuestran» que el Estado no puede seguir financiando las instituciones que alivian el sufrimiento de los sectores más vulnerables (caso argentino), se convierten en másteres de la economía y reparten recetarios para «medicamentos» que alivian los dolores causados como efecto de la privatización.

Cuando existe una excepción en un gobierno que prioriza la gestión democrática (consulta a los interesados), las élites empresariales y dueñas de los principales medios, inician con su estrategia de intrigas y desinformación, le aseguran al público que el gobernante es socialista, comunista (ñangara), además de engrandecer sus pocos defectos, para luego montar alternativas políticas que restituya ese poder (caso Honduras).

No deja de existir traicioneros que el poder político y económico puede embrutecerles, hasta el grado de perseguir y reprimir a quienes les acompañaron en sus luchas, creyendo en cantos de sirena (caso Nicaragua). En esta «selva política» hay líderes que no terminan de definirse, pero sí encuentran fama internacional (caso El Salvador).

El presidente Arévalo de Guatemala, tiene muy buen acercamiento con su vecino del Norte, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México. Sin embargo, no pareciera fluir esa «sangre» hacia el sur de su frontera. Tal pareciera que el liderazgo regional de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, le diera sombra.

Conocer lo que acontece en nuestro entorno es crucial para la toma de decisiones apropiadas. Diversificar las fuentes de información es importante, como lo es la formación de criterios apropiados que vayan en beneficio del sector social al que se pertenece. No es raro escuchar decir, más en mujeres, «no me interesa la política». Sin comprender que es una ciencia, dentro de cuyo ejercicio se define el destino del país, la región y toda institución pequeña o grande, bilateral y multilateral.

Es por la política con una ideología determinada que funciona casi todo, sino todo proyecto, donde los humanos somos los actores principales.

En la actualidad se debate la transparencia de las elecciones en Venezuela. Si fuese las elecciones en Belice, Paraguay o en Jamaica, el interés mundial perdería más de la mitad de la cobertura periodística que tiene Venezuela. Sabemos que eso se debe al petróleo que posee y no por su nivel democrático o la amplia distribución de sus ingresos.

Poco se sabe sobre el grado de genocidio aplicado por la Israel sionista en Palestina, donde lleva décadas de asesinar a toda esa nación. Gaza está convertida en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Los asesinatos superan la cifra de 35 mil personas.

Es por esta razón que, la información es clave en nuestras vidas. Por esto, debemos saber lo que ocurre en nuestro contexto y en quienes tienen el poder político al momento de contabilizar los muertos y heridos.