Ir al contenido principal

Etiqueta: desinformación

La verdad y la política bajo los escombros

José A. Amesty Rivera

Hay quienes que, cuando los pueblos sufren, llegan con agua, alimentos, medicinas, maquinaria y solidaridad, otros llegan con cámaras, troles y mentiras.

La historia de Nuestra América está llena de terremotos, huracanes, inundaciones y otras tragedias naturales, pero también ha estado marcada por otro tipo de desastres, uno creado desde los centros del poder político y mediático, como el uso del dolor humano para desestabilizar gobiernos populares y sembrar desesperanza.

Lo ocurrido en Venezuela tras los devastadores terremotos no puede analizarse solo como un fenómeno geológico; mientras miles de rescatistas, médicos, bomberos, trabajadores públicos y voluntarios luchan contra el tiempo para salvar vidas, en las redes sociales se libra otra batalla, una ofensiva comunicacional que busca convertir una tragedia nacional en un instrumento de confrontación política.

Esto no es algo nuevo. La Revolución Bolivariana ha enfrentado durante más de dos décadas una guerra en muchos frentes, donde la manipulación de la información ha sido una de las armas más poderosas. Cada dificultad económica, cada apagón, cada inundación, cada crisis sanitaria, y ahora cada desastre natural se convierte de inmediato en material para una maquinaria propagandística, que intenta presentar al Estado venezolano como un proyecto fracasado.

No hablamos simplemente de la crítica política, que siempre es válida en una sociedad democrática, la crítica forma parte del debate. El problema comienza cuando el sufrimiento de miles de familias, se convierte en un espectáculo para generar odio, desmoralización y enfrentamiento.

Mientras hombres y mujeres remueven toneladas de escombros para rescatar sobrevivientes, en Internet circulan fotografías de otros terremotos presentadas como si fueran de Venezuela, videos manipulados, imágenes creadas con inteligencia artificial y rumores sobre supuestos saqueos, abandono total de las víctimas, robo de donaciones, e incluso versiones según las cuales funcionarios cobraban dinero para entregar los cuerpos de personas fallecidas.

Muchas de estas publicaciones fueron desmentidas posteriormente por verificadores independientes, demostrando que el dolor también puede convertirse en un negocio político.

Es la política del desastre, donde el neoliberalismo convierte todo en mercancía, incluso las tragedias. Existe una lógica profundamente deshumanizada que cree que mientras peor le vaya al país, mayores serán las posibilidades de derrotar políticamente al gobierno.

Es una visión que no celebra la reconstrucción, sino el derrumbe; que no busca aliviar el sufrimiento, sino aumentarlo; que no construye esperanza, sino frustración.

En esta lógica, una catástrofe natural deja de ser un drama humano para convertirse en una oportunidad propagandística. Lo importante deja de ser salvar personas y pasa a ser construir un relato político.

Por esto aparecen las matrices de opinión incluso antes de que terminen las labores de rescate. Primero se instala la idea del abandono, luego la de un supuesto colapso institucional, más tarde llegan las acusaciones sin pruebas y, finalmente, aparece la conclusión política que ya estaba preparada, presentar al gobierno como incapaz y convertir el dolor colectivo en combustible para la confrontación.

No es un drama exclusivo de Venezuela. Lo hemos visto en Cuba después de huracanes, en Nicaragua tras desastres naturales, en Bolivia durante los incendios, en México después de terremotos y en buena parte de América Latina, cuando gobiernos progresistas enfrentan situaciones extraordinarias.

Las redes sociales permiten que una mentira recorra millones de pantallas antes de que la verdad logre abrirse paso; este es precisamente el objetivo: no informar, sino impactar emocionalmente, sembrar miedo, provocar indignación y romper la confianza entre el pueblo y las instituciones.

Mientras algunos se concentran sus esfuerzos en hacer virales rumores y noticias falsas, otra Venezuela estaba actuando: Bomberos, Protección Civil, la Fuerza Armada, Personal Sanitario, Consejos Comunales, Comunas, Militantes Sociales, Vecinos, Jóvenes Voluntarios, Trabajadores Públicos y Rescatistas Internacionales. Miles de personas que no preguntan por la posición política de quien necesita ayuda, simplemente ayudan.

Porque cuando un edificio se derrumba no hay opositores ni chavistas bajo los escombros, hay seres humanos. Esta es la Venezuela que pocas veces ocupa los titulares de los grandes medios internacionales, la Venezuela de la solidaridad organizada, la que comparte alimentos, aunque tenga poco, la que convierte escuelas en refugios y donde las comunidades organizan cocinas colectivas mientras llegan los organismos especializados.

Y no se trata de idealizar la realidad. Ningún Estado del mundo responde de manera perfecta a una catástrofe de semejante magnitud, siempre habrán carencias, errores, retrasos y limitaciones materiales.

Más aún cuando un país ha soportado durante años sanciones económicas, dificultades financieras y restricciones para adquirir equipos especializados, pero reconocer esas limitaciones es muy diferente a fabricar una realidad paralela basada en noticias falsas.

También se ha desatado una guerra psicológica. Hace tiempo que los manuales de guerra dejaron de limitarse al terreno militar, hoy las operaciones psicológicas ocupan un lugar central, y las redes sociales funcionan como verdaderos campos de batalla, donde cada fotografía, cada video y cada rumor puede influir en la percepción colectiva.

La desinformación no busca solamente engañar, busca paralizar, desmoralizar y dividir, busca que la gente deje de confiar en las instituciones del país, que toda información oficial sea vista automáticamente como falsa y que termine imponiéndose el caos informativo.

En este escenario gana quien logra sembrar primero una emoción, aunque después sea desmentida; las mentiras casi siempre corren más rápido que las rectificaciones y, cuando se trata de tragedias humanas, el impacto emocional hace que se propaguen todavía más rápido.

Dicho esto, la izquierda también tiene responsabilidades. Defender al pueblo venezolano no significa negar los problemas, no significa convertir la solidaridad en propaganda, ni afirmar que todo funciona perfectamente.

Ser de izquierda exige un compromiso mucho más profundo, como el de defender la verdad, incluso cuando resulte incómoda. Porque si denunciamos la manipulación del adversario, también debemos rechazar cualquier intento de ocultar los errores propios. La ética revolucionaria no puede construirse sobre exageraciones, sino sobre hechos.

Por eso es tan importante combatir las noticias falsas, no solo porque afectan la imagen del gobierno, sino porque afectan directamente la vida de las víctimas. Un rumor puede impedir que una familia encuentre información confiable, puede dificultar el trabajo de los rescatistas, sembrar pánico, generar violencia o desviar recursos hacia problemas que no existen. Las fake news también matan.

Otro tema es que la Patria Grande no puede ser indiferente frente al dolor. La respuesta latinoamericana debe estar a la altura de una región que conoce muy bien el valor de la solidaridad, por ejemplo, Cuba enviando médicos, México enviando rescatistas, Colombia tendiendo puentes, Brasil aportando ayuda; los pueblos organizando campañas de recolección, las universidades ofreciendo apoyo técnico y los movimientos sociales movilizando alimentos y medicinas.

Esta es la América Latina que soñaron Bolívar, Martí, Sandino, el Che, Chávez y tantos otros, la América Latina que entiende que ninguna frontera vale más que una vida humana; hoy Venezuela necesita esta solidaridad.

Y no necesita laboratorios digitales sembrando odio, no necesita dirigentes políticos haciendo cálculos electorales entre los escombros, no necesita influencers compitiendo por seguidores en medio de la tragedia; Necesita humanidad, cooperación y respeto por quienes lo han perdido todo.

Para ir terminando, cada desastre natural deja lecciones, una de ellas es que la verdad también necesita ser defendida, porque la mentira organizada puede convertirse en otra forma de violencia.

La batalla por la verdad no pertenece únicamente al gobierno ni a la oposición, pertenece al pueblo, pertenece a quienes creen que ninguna diferencia política justifica usar el sufrimiento humano, como arma de confrontación.

Cuando la tierra deje de temblar comienza otra reconstrucción, la de las viviendas, las escuelas y los hospitales, pero también la reconstrucción de la confianza colectiva, y esta tarea exige derrotar el cinismo, el oportunismo y la manipulación.

La izquierda latinoamericana debe levantar una bandera sencilla, pero profundamente revolucionaria, ninguna victoria política, vale una sola mentira construida sobre el dolor del pueblo.

Porque los escombros se levantan con maquinaria, pero las heridas sanan con solidaridad, y la dignidad de un pueblo solo puede sostenerse sobre la verdad, la justicia y la memoria.

En tiempos en que las redes sociales pueden convertir una falsedad en una verdad aparente, defender la información verificada, también es una forma de defender la soberanía, y la soberanía, como nos enseñó Hugo Chávez, no pertenece a un partido ni a un gobierno; pertenece al pueblo, que tiene derecho a enfrentar las adversidades con la verdad por delante y con la esperanza intacta.

La hostilidad contra el voto electoral

José A. Amesty Rivera

Durante las últimas tres décadas, América Latina ha vivido una intensa pelea política entre proyectos que buscan ampliar derechos sociales, fortalecer el papel del Estado y reducir desigualdades, y sectores económicos, mediáticos y políticos que defienden modelos más conservadores o neoliberales. En este escenario, las elecciones han sido fundamentales, pero no siempre suficientes.

Cada vez que un proyecto progresista o de izquierda, ha logrado llegar al gobierno por la vía democrática, han aparecido distintos mecanismos para limitarlo, debilitarlo o expulsarlo del poder. Algunas veces fueron golpes de Estado clásicos, con militares en las calles, otras veces se utilizaron fórmulas más sofisticadas como: campañas mediáticas permanentes, persecuciones judiciales, destituciones exprés, bloqueos institucionales o procesos conocidos como lawfare, es decir, el uso político del sistema judicial para neutralizar adversarios.

No existe consenso absoluto sobre cuántos casos deben clasificarse como golpes, lawfare o maniobras antidemocráticas. Sin embargo, al observar la región entre mediados de los años noventa y la actualidad, pueden identificarse al menos una decena de episodios relevantes que afectaron a gobiernos o líderes progresistas elegidos democráticamente.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en Venezuela en abril de 2002. Tras una intensa confrontación política, sectores militares y empresariales lograron sacar temporalmente del poder al presidente Comandante Hugo Chávez y durante horas se instaló un gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona.

La movilización popular y la reacción de sectores militares leales permitieron el retorno de Chávez al poder en menos de 48 horas. Este episodio mostró que, incluso en pleno siglo XXI, los golpes tradicionales seguían siendo una posibilidad.

En junio de 2009, militares hondureños sacaron de su casa al presidente Manuel Zelaya del país y lo enviaron al extranjero. Aunque los promotores intentaron presentar la acción como una medida constitucional, buena parte de la comunidad internacional la calificó como golpe de Estado.

El caso hondureño marcó una nueva etapa, la combinación de instituciones civiles, tribunales y fuerzas armadas para justificar la ruptura del orden democrático.

Otro caso fue la destitución relámpago de Fernando Lugo en Paraguay, fue sometido a un juicio político que duró apenas unas horas y tuvo escasas garantías para ejercer su defensa. Aunque formalmente se respetó el procedimiento constitucional, numerosos gobiernos latinoamericanos consideraron que se trató de un “golpe parlamentario”. El mensaje fue claro, ya no era necesario sacar tanques a la calle para remover a un presidente incómodo.

Recordemos igualmente la caída de Evo Morales en Bolivia, la crisis boliviana de 2019 sigue siendo objeto de debate político e histórico. Tras denuncias de irregularidades electorales, presiones policiales y militares llevaron a la renuncia de Evo Morales.

Sus partidarios sostienen que fue un golpe de Estado; sus detractores afirman que fue consecuencia de una crisis institucional provocada por el propio gobierno. Lo cierto es que un presidente electo abandonó el cargo bajo presión de las fuerzas armadas y la policía, un hecho extremadamente grave para cualquier democracia.

Por otro lado, irrumpe el Lawfare, que es la nueva cara de los golpes del siglo XXI. Durante buena parte del siglo XX, cuando las élites económicas y políticas querían sacar del camino a un gobierno popular, recurrían a los cuarteles, los tanques y los golpes militares. América Latina conoció demasiado bien esa historia.

Sin embargo, en el siglo XXI, esos métodos comenzaron a tener un alto costo político, ya no era tan fácil justificar ante el mundo que un grupo de militares derrocara a un gobierno elegido por el pueblo. Fue entonces cuando apareció una herramienta más sofisticada, el lawfare.

La palabra combina los términos ingleses law (ley) y warfare (guerra). En términos simples, significa utilizar las instituciones judiciales como armas de combate político. Desde la perspectiva de amplios sectores de la izquierda latinoamericana, el objetivo no es hacer justicia, sino neutralizar, desacreditar o sacar de la competencia electoral a dirigentes populares que no pudieron ser derrotados en las urnas electorales.

El mecanismo suele repetirse así: primero aparecen denuncias amplificadas durante meses por grandes medios de comunicación; luego llegan filtraciones selectivas, titulares escandalosos y una condena mediática anticipada; finalmente, fiscales y jueces impulsan procesos que terminan debilitando políticamente al dirigente señalado, aunque años después muchas de esas causas se derrumben o sean anuladas.

Para millones de latinoamericanos, el caso de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, representan ejemplos de esta nueva modalidad de confrontación política. La acusación central es que determinados sectores del poder económico, mediático y judicial habrían actuado coordinadamente para impedir que proyectos populares mantuvieran o recuperaran el gobierno.

Por esto muchos movimientos sociales sostienen que los golpes del siglo XXI, ya no siempre usan botas militares, muchas veces usan trajes, micrófonos y togas.

Ahora, hablar de democracia, desestabilización y participación en América Latina sin mencionar a EEUU, sería dejar incompleto el análisis.

Durante décadas, Washington intervino abierta o encubiertamente en los asuntos internos de la región. Los golpes contra gobiernos reformistas o nacionalistas, en distintos países dejaron una huella profunda en la memoria colectiva latinoamericana. Esta historia explica por qué muchos sectores populares observan con desconfianza cualquier forma de injerencia extranjera.

Aunque los tiempos han cambiado y ya casi no predominan las intervenciones directas que marcaron gran parte del siglo XX, desde la izquierda latinoamericana existe la percepción de que continúan operando mecanismos de presión política, económica y diplomática destinados a influir en el rumbo de los países de la región.

Cuando gobiernos progresistas intentan fortalecer el papel del Estado, recuperar el control de recursos naturales estratégicos, impulsar proyectos de integración regional o desarrollar una política exterior más independiente, suelen encontrarse con fuertes resistencias provenientes de centros de poder internacionales.

Desde esta mirada, la disputa no es solamente entre izquierda y derecha, también es una disputa por la soberanía; es decir, por el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir su propio destino sin tutelas externas.

Por esta razón, para amplios sectores progresistas, la defensa de la democracia implica no solo impedir golpes o maniobras internas, sino también proteger la capacidad de cada nación para tomar decisiones de manera autónoma.

Hay otro elemento que se suma al análisis como un nuevo campo de batalla político. Si en el siglo pasado la batalla por la opinión pública se libraba principalmente en periódicos, radios y canales de televisión, hoy una parte importante de esa lucha se desarrolla en las redes sociales.

Facebook, X, Instagram, TikTok y otras plataformas se han convertido en espacios donde millones de personas reciben información política todos los días, pero también se han transformado en escenarios de confrontación ideológica permanente.

Desde la perspectiva de la izquierda latinoamericana, las redes han permitido romper parcialmente el monopolio informativo de los grandes grupos mediáticos. Movimientos sociales, organizaciones populares y medios alternativos han encontrado allí un espacio para difundir sus ideas y disputar el relato dominante.

Sin embargo, las mismas herramientas que democratizan la comunicación también pueden utilizarse para manipularla. Campañas de noticias falsas, ejércitos de bots, cuentas automatizadas, operaciones coordinadas de desinformación y ataques digitales forman parte del nuevo arsenal político del siglo XXI. En cuestión de horas puede construirse una narrativa capaz de instalar sospechas, destruir reputaciones o generar climas de descontento social.

El problema se agrava, porque los datos de redes suelen premiar los contenidos más emocionales, agresivos o escandalosos. La mentira muchas veces circula más rápido que la verdad, y una acusación impactante suele tener más alcance que una explicación rigurosa.

Por esto, para muchos analistas progresistas, las redes sociales se han convertido en un terreno decisivo de la lucha política contemporánea; allí se construyen consensos, se moldean percepciones y, en algunos casos, se preparan las condiciones para procesos de desestabilización.

La disputa por la democracia en América Latina ya no ocurre únicamente en los parlamentos, los tribunales o las calles, también ocurre en las pantallas de millones de teléfonos móviles, donde cada día se libra una batalla silenciosa por las ideas, la memoria y el sentido común.

Igualmente, si los golpes clásicos generan rechazo internacional inmediato, el lawfare suele ser más difícil de identificar, porque utiliza instituciones que, en teoría, deberían actuar con imparcialidad. Veamos algunos casos concretos:

Probablemente el caso más citado sea el de Lula da Silva. El ex presidente brasileño fue condenado y encarcelado en 2018, quedando fuera de las elecciones que encabezaba en las encuestas.

Años después, las condenas fueron anuladas por el sistema judicial brasileño debido a irregularidades procesales y cuestionamientos sobre la imparcialidad de algunos magistrados. Para millones de personas, aquello confirmó que la justicia había sido utilizada como herramienta política.

Recordemos que antes del encarcelamiento de Lula, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida mediante un juicio político. Sus adversarios argumentaron que había cometido irregularidades fiscales; y sus partidarios sostuvieron que se trató de una maniobra para revertir en el Congreso lo que no habían logrado en las urnas. La destitución abrió una profunda discusión sobre los límites entre los mecanismos constitucionales y la utilización política de esos mecanismos.

Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la ex presidenta enfrentó múltiples causas judiciales durante años; sus seguidores denunciaron una estrategia coordinada entre sectores judiciales, políticos y mediáticos para impedir su regreso al poder o debilitar su influencia. Más allá de las posiciones partidarias, el caso se ha convertido en una referencia obligada en los debates latinoamericanos sobre lawfare.

Rafael Correa en Ecuador, tras dejar la presidencia, Rafael Correa fue objeto de varios procesos judiciales que culminaron en condenas que le impidieron competir electoralmente. Sus partidarios consideran que se trató de una persecución política, destinada a excluirlo de la vida pública. Sus adversarios sostienen que se aplicó la ley; la controversia sigue abierta.

Los golpes y el lawfare no son los únicos mecanismos utilizados para debilitar gobiernos progresistas, también, han surgido, otras formas de desgaste y desestabilización, como: la Guerra Mediática. En varios países, grandes conglomerados de comunicación han mantenido enfrentamientos permanentes con gobiernos de izquierda o centroizquierda. La crítica periodística es parte esencial de la democracia, pero cuando la información se mezcla con campañas sistemáticas de desinformación, el debate público se deteriora.

El Bloqueo Legislativo, algunos gobiernos han enfrentado congresos hostiles que utilizan todos los mecanismos disponibles para impedir reformas o paralizar la gestión pública. Aunque estas prácticas pueden ser legales, a veces terminan vaciando de contenido el mandato popular expresado en las urnas. La Persecución Económica, fugas de capitales, ataques especulativos, boicots empresariales o presiones financieras, también han sido señalados en distintos momentos como herramientas para debilitar gobiernos considerados incómodos por ciertos sectores económicos. La Interferencia Externa, la historia latinoamericana está llena de intervenciones extranjeras. Aunque los métodos han cambiado, muchos analistas sostienen que continúan existiendo presiones diplomáticas, económicas y políticas sobre gobiernos que buscan caminos autónomos de desarrollo.

¿Cuántos casos hubo realmente de Intervenciones Extranjeras?

Si se consideran únicamente los episodios más relevantes de los últimos treinta años, pueden identificarse aproximadamente, 4 casos ampliamente descritos como golpes o rupturas del orden democrático contra gobiernos progresistas. Venezuela (2002), Honduras (2009), Paraguay (2012) y Bolivia (2019).

Entre 4 y 6 casos frecuentemente señalados como ejemplos de lawfare o judicialización de la política. Brasil (Lula y Dilma), Argentina (Cristina Fernández), Ecuador (Rafael Correa) y otros procesos discutidos en distintos países.

Numerosos episodios de bloqueo institucional, campañas de desinformación y conflictos de alta intensidad política. La cifra exacta depende de la definición utilizada, pero el patrón es evidente, cuando sectores populares logran conquistar gobiernos mediante el voto, la disputa por el poder no termina el día de la elección.

¿Cómo evitar estas anomalías intervencionistas?

La experiencia latinoamericana deja varias lecciones. Democratizar la justicia. Los sistemas judiciales deben ser independientes, tanto de los gobiernos como de los grandes poderes económicos; los procesos de selección de jueces deben ser transparentes y sometidos al escrutinio público. Combatir la concentración mediática. Una democracia saludable necesita pluralidad informativa, ningún grupo económico debería tener la capacidad de monopolizar la construcción de la opinión pública. Fortalecer la educación política. Una ciudadanía informada es menos vulnerable a campañas de manipulación. La formación cívica debe convertirse en una prioridad regional. Garantizar la subordinación militar al poder civil. Las fuerzas armadas deben mantenerse alejadas de la disputa partidaria; la historia demuestra que cuando los militares se convierten en árbitros políticos, la democracia se debilita. Construir organismos regionales fuertes. La integración latinoamericana puede actuar como mecanismo de protección frente a rupturas institucionales; cuando los países reaccionan de manera coordinada, resulta más difícil legitimar acciones antidemocráticas. Mayor transparencia en el financiamiento político. Es fundamental conocer quién financia campañas, fundaciones, organizaciones políticas y operaciones comunicacionales; la confusión suele favorecer la influencia de intereses ocultos. Movilización popular permanente. La democracia no puede reducirse al acto de votar cada cierto año, la organización social, sindical, comunitaria y ciudadana es una garantía fundamental frente a intentos de desestabilización.

Finalmente, la historia reciente de América Latina demuestra que la democracia sigue siendo un terreno de disputa. Los golpes militares tradicionales son menos frecuentes que en el siglo XX, pero han surgido nuevos mecanismos para alterar o condicionar la voluntad popular expresada en las urnas.

Sea mediante golpes abiertos, destituciones aceleradas, persecuciones judiciales o campañas de desgaste permanente, el objetivo suele ser el mismo, modificar por vías extraordinarias lo que fue decidido por la ciudadanía.

La principal enseñanza de estas tres décadas, es que la democracia no se defiende sola, requiere instituciones sólidas, justicia independiente, medios plurales, participación ciudadana y una vigilancia constante, frente a cualquier intento de sustituir la soberanía popular por intereses minoritarios. Porque cuando el voto deja de ser respetado, no pierde únicamente un partido o un líder político, pierde la democracia entera y el pueblo.

La “nueva derecha” y la destrucción del ICE

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Este tema es muy serio y grave, ajeno a los denuestos que pueda generar en las redes sociales dominadas por los troles o bots engendros del chavismo. Por eso, voy a comenzar con una explicación casi didáctica, para que nos ubiquemos exactamente sobre lo que estamos tratando.

Empecemos por señalar que no nos estamos refiriendo a la derecha tradicional que apoyó las ideas de la democracia liberal y que, como sucedió en Costa Rica, supo convivir con la alternancia de partidos social demócratas o social cristianos y sus reformas sociales. No, esta nueva derecha o “conservadurismo radicalizado” como la califican varios autores entre ellos Natascha Strobl en su libro “La Nueva Derecha”, es otra cosa y es tan extremista, que se cayó del borde de la mesa para terminar en aguas procelosas de orientación fascista, donde sus seguidores nadan a placer. Cuando un movimiento político con esta orientación sea cual sea su estructura llega al poder, actúa de inmediato para establecer formas de autoritarismo cada vez más radical. Sobre esto dice Strobl

  • “Formalmente ocupan los más altos cargos del Estado, pero es precisamente esta posición las que utilizan para desmantelar el sistema democrático que los llevó a la cima. Esto afecta a todos los ámbitos del Estado, pero en especial al sistema judicial y al Parlamento: el Poder Ejecutivo va contra en contra del Judicial y del Legislativo. En el proceso la separación de poderes que es constitutiva del Estado-nación moderno y democrático se está erosionando rápida y sistemáticamente. El llamado “cuarto poder”, los medios de comunicación, también está siendo acorralado y saboteado, y el Estado de bienestar, el mayor logro del movimiento obrero organizado en el Siglo XX, está siendo debilitado…”,

Y además agrega que, una vez en el poder y de cara al exterior o sea al resto de la sociedad, se presentan como;

  • “las víctimas de un ominoso Estado profundo o de “redes rojas· secretas en el aparato judicial, realmente conservador. En el proceso el Parlamento se convierte en una institución elitista distante que no puede juzgar al líder elegido por el pueblo los medios son una red incendiaria de izquierda que difunde noticias falsas unilaterales; el Estado de bienestar alimenta a los perezosos y los emigrantes a costa de los ciudadanos locales y laboriosos”.

Quien lea con cuidado esas citas, fácilmente puede comparar esas características del asalto al poder por los aspirantes a fascistas de la nueva ultraderecha, con la desgracia que está sufriendo Costa Rica en los últimos años y que el pueblo básico y obnubilado, votó para que continuara cuatro años más con la destrucción de nuestra democracia. Calificar al ciudadano con adjetivos groseros y de menosprecio, es lo típico de estos movimientos; por eso si les dicen “básicos” es parte de la estrategia de cegarles la mente con mentiras y post verdad, pues como bien lo cita F. Finchelstein en su libro “Aspirantes a Fascistas”, Goebbels reconocía;

  • “Nuestra propaganda es primitiva, porque el pueblo piensa de forma primitiva. Hablamos el lenguaje que entiende el pueblo”.

En pocas palabras la definición de la política de mentiras y el calificativo de “básicos” que diera Pilar Cisneros. Por su parte, Finchelstein afirma también que:

  • El intento fascista de una propaganda “primitiva” produce efectos hipnotizantes para los creyentes y, al mismo tiempo, aberrantes, irreales e incluso estúpidas, para los críticos – lo que también confirma que – los lideres siempre tienen la razón, y los otros, incluidos los periodistas, deben aceptar sus explicaciones sin preguntar…”.

De esa manera, con la actitud ideológica premeditada de destruir toda la institucionalidad del país, en este momento tienen al ICE como su víctima inmediata en manos de los sicarios de la institucionalidad. El famoso proyecto de la “armonización” lo único que conlleva es la entrega de nuestra riqueza energética en manos de unos, muy pocos, generadores privados para que, precisamente, generan pingües ganancias en su beneficio y a costa de los bolsillos de la ciudadanía que, siguen aplaudiendo al verdugo que pretende sacrificar al ICE.

Para seguir engañando a los “básicos” arman la pasarela mediática, por ahí pasa un expresidente del Saprissa que es el socio y máximo ejecutivo de Genera Holdings o los representantes de la UCCAEP para que hablen a nombre de sus asociados, los generadores privados, dentro de los que hay algunos que Rodrigo Chávez insultó, denigró y llamó “costarricenses con corona” que ahora se las quiere adornar con los diamantes de la generación eléctrica, gracias al proyecto que él preparó y envió a la Asamblea Legislativa y lo mantienen en vigente sus entenados políticos en el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Ahora resulta que, a los defensores de la democracia, la institucionalidad y en este caso el ICE, nos gritan: ¡¡COMUNISTAS!!, con una ignorancia pasmosa o un cerebro que no logró sobrepasar los tiempos de la Guerra Fría. Lo que el ciudadano costarricense debe entender es que si ese calificativo perdió toda vigencia histórica, ideológica, política, económica y social, no sucede igual con los aspirantes a fascistas que SI están resucitando esa vieja ideología anti democrática y enemiga de todo lo que podemos llamar Estado Social de Derecho, a través de dictaduras reales como Bukele en El Salvador o autocracias electorales como las de Trump (EE.UU), Kast (Chile), Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz de Bolivia y el chavismo en Costa Rica, entre otros, que están destruyendo la herencia institucional que ha beneficiado a miles por décadas en toda nuestra América.

Entonces costarricense: de qué lado se coloca, es de los que protege esa herencia o de los que la destruye…pero después no se arrepienta, pues la Historia enseña que generalmente lo pueblos despiertan cuando ya es demasiado tarde.

Cuba, los drones y la fábrica mediática imperial

José A. Amesty Rivera

La reciente publicación del medio estadounidense Axios en su artículo, Exclusiva: Estados Unidos analiza la amenaza de drones de ataque procedentes de Cuba, sobre una supuesta “amenaza de drones cubanos” contra intereses de EEUU, no puede analizarse como una noticia aislada. No estamos frente a un simple reportaje de seguridad internacional, sino ante una operación comunicacional cuidadosamente diseñada para instalar miedo, fabricar consenso y preparar psicológicamente a la opinión pública ante posibles acciones más agresivas contra Cuba.

La historia es vieja en América Latina, cada vez que Washington necesita justificar sanciones, bloqueos, invasiones o golpes blandos, primero construye un enemigo; y para construirlo, necesita medios de comunicación obedientes, amplificadores de rumores, filtraciones “clasificadas”, expertos alineados y titulares alarmistas. Esta vez le tocó nuevamente a Cuba.

El artículo de Axios intenta presentar a Cuba como una especie de plataforma militar ofensiva apoyada por Irán, Rusia y China. Habla de drones, espionaje, asesores militares iraníes, soldados cubanos en Ucrania y hasta posibles ataques a Florida, todo mezclado en una narrativa de tensión permanente.

Pero el mismo texto termina contradiciéndose; después de encender las alarmas durante varios párrafos, reconoce finalmente que los funcionarios estadounidenses “no creen que Cuba represente una amenaza inminente”, es decir, el gran titular se derrumba por sí mismo.

Entonces surge la pregunta elemental, si no existe amenaza inmediata, ¿por qué fabricar semejante escándalo mediático?

Porque el imperialismo estadounidense necesita mantener viva la imagen de Cuba como enemigo, necesita justificar el bloqueo criminal que asfixia al pueblo cubano desde hace más de seis décadas, necesita convencer a la opinión pública estadounidense de que la isla no es una víctima de agresión económica, sino un “peligro regional”. Y aquí entra la maquinaria mediática.

Durante años, muchos sectores progresistas latinoamericanos denunciaron cómo grandes corporaciones mediáticas actuaban como verdaderos partidos políticos de derecha; hoy el fenómeno es más profundo, los medios no solo manipulan elecciones o destruyen dirigentes populares, también ayudan a construir escenarios de guerra.

Axios no actúa aquí como prensa independiente, funciona como canal de filtración de sectores del aparato de seguridad estadounidense. La propia nota admite que la información proviene de inteligencia clasificada, es decir, alguien dentro del poder estadounidense decidió entregar ese relato al medio para que fuera difundido masivamente.

Y el problema no es solo la filtración, el problema es la ausencia total de contraste periodístico. No hay pruebas verificables sobre esos supuestos planes cubanos de ataque, no aparecen documentos públicos, no se muestran imágenes satelitales, no se presentan fuentes independientes, todo descansa sobre “altos funcionarios estadounidenses”.

En otras palabras, el lector debe creerle ciegamente al Pentágono, a la CIA y al Departamento de Estado. Esto no es periodismo serio, es propaganda imperial con apariencia de noticia.

Lo ocurrido recuerda demasiados episodios históricos. EEUU tiene larga experiencia inventando amenazas para justificar agresiones: ocurrió con el hundimiento del Maine en 1898 para intervenir en Cuba, aconteció con el Golfo de Tonkín para escalar la guerra en Vietnam, pasó con las inexistentes armas de destrucción masiva en Irak, ocurrió con las falsas acusaciones sobre Libia, Siria y Venezuela.

Ahora el esquema se recicla contra Cuba utilizando un elemento moderno, los drones. La narrativa es casi de película, una isla pequeña, empobrecida y bloqueada aparece presentada como una amenaza tecnológica regional vinculada a Irán y Rusia; es el clásico mecanismo de miedo geopolítico, y mientras tanto, se oculta la verdadera realidad.

La realidad es que Cuba vive una crisis económica brutal agravada por el bloqueo estadounidense, es que millones de cubanos sufren apagones, escasez y dificultades cotidianas, es que Washington mantiene medidas de asfixia económica destinadas explícitamente a provocar desesperación social, pero nada de esto ocupa los grandes titulares.

Hay además una hipocresía monumental en toda esta campaña. EEUU posee cientos de bases militares alrededor del mundo, mantiene flotas navales cerca de múltiples países, financia guerras indirectas, utiliza drones armados en distintos continentes, invade, sanciona y amenaza constantemente. Sin embargo, cuando Cuba habla de defensa nacional, inmediatamente se convierte en “amenaza”.

La Habana respondió correctamente recordando un principio básico del derecho internacional, todo país tiene derecho a defenderse, y eso es cierto. Cuba conoce demasiado bien la historia de agresiones estadounidenses, como: invasiones, sabotajes, terrorismo, bloqueo económico, atentados y operaciones encubiertas forman parte de más de sesenta años de hostilidad permanente.

¿O acaso ya olvidaron Playa Girón? ¿La Operación Mangosta? ¿Los cientos de intentos contra Fidel Castro?

Cuando un país vive bajo amenaza constante, prepararse defensivamente no es agresión; es supervivencia. Hoy las guerras ya no comienzan solamente con bombas, comienzan con narrativas.

Primero se demoniza al adversario, luego se exagera el peligro, después se habla de “seguridad nacional”, “amenaza regional” o “protección de la democracia”, finalmente llegan las sanciones, las operaciones encubiertas o la intervención directa.

La batalla mediática es parte esencial del conflicto contemporáneo; por esto la política comunicacional de muchos grandes medios occidentales resulta tan peligrosa, no informan para comprender la realidad, informan para moldearla según intereses de poder.

Y en el caso cubano, existe además un objetivo psicológico, aislar internacionalmente a la isla y desgastar moralmente a los pueblos latinoamericanos solidarios con la revolución cubana.

Se busca instalar la idea de que Cuba es inviable, peligrosa, fracasada y aislada, que toda resistencia al imperialismo termina derrotada, que no existe alternativa posible al dominio estadounidense. Es una guerra ideológica permanente.

Desde una perspectiva seria de izquierda latinoamericana, defender a Cuba no significa negar sus problemas internos, económicos o dificultades políticas, significa comprender el contexto histórico real.

No se puede analizar la situación cubana ignorando el bloqueo económico más largo de la historia moderna, no se puede hablar honestamente de crisis cubana sin mencionar las sanciones financieras, el cerco comercial y la persecución económica extraterritorial impulsada por Washington.

Muchos medios internacionales presentan la realidad cubana como si el bloqueo no existiera o fuera un detalle secundario, esto también es manipulación. La izquierda latinoamericana tiene el deber de desmontar esas operaciones comunicacionales, no desde el fanatismo, sino desde el análisis crítico y antiimperialista.

Porque cuando atacan a Cuba, no atacan solamente a un gobierno, arremeten contra el símbolo histórico de soberanía latinoamericana que la revolución cubana representa desde 1959. Acometen la idea misma de que un pequeño país pueda resistir al poder imperial más grande del planeta.

Lo más grave del artículo de Axios, es que normaliza la posibilidad de una acción militar estadounidense; el propio texto reconoce que esa información “podría convertirse en un pretexto para una acción militar”, y aun así publica el material sin cuestionarlo.

Esto demuestra hasta qué punto ciertos medios ya ni siquiera esconden su alineamiento con los intereses geopolíticos de Washington. Se intenta crear una atmósfera donde futuras agresiones parezcan “preventivas”, “necesarias” o incluso “defensivas”, exactamente igual que ocurrió antes de Irak en 2003.

La fórmula se repite: fabricar miedo; exagerar amenazas; demonizar al adversario; preparar psicológicamente a la población; justificar medidas agresivas. Nada nuevo bajo el sol imperial.

Pese a todas las dificultades, Cuba sigue siendo un símbolo incómodo para el poder estadounidense, porque demuestra que un país pequeño puede resistir durante décadas sin rendirse completamente, que sigue defendiendo su soberanía, que aún conserva una profunda legitimidad histórica en amplios sectores populares del continente.

Por esto la ofensiva no es solamente económica, también es mediática, cultural e ideológica. Se busca quebrar la moral colectiva, convencer a las nuevas generaciones de que toda experiencia antiimperialista está condenada al fracaso.

Sin embargo, la historia latinoamericana enseña otra cosa, los pueblos resisten incluso en las condiciones más difíciles. Y hoy más que nunca resulta necesario denunciar cómo ciertos medios corporativos, actúan como instrumentos de guerra psicológica al servicio de intereses imperiales.

La campaña contra Cuba no trata realmente sobre drones, trata sobre soberanía, sobre control geopolítico, sobre el miedo de Washington a cualquier experiencia que desafíe su dominio histórico sobre América Latina.

Por esto, frente a las mentiras mediáticas, frente a las operaciones psicológicas y frente a la manipulación imperial, la tarea sigue siendo la misma, defender la verdad de nuestros pueblos, ejercer pensamiento crítico y mantener viva la solidaridad latinoamericana.

Porque cuando el imperialismo fabrica enemigos, normalmente está preparando agresiones, y porque Cuba, con todos sus ataques y dificultades, sigue siendo una trinchera simbólica de dignidad para Nuestra América.

Cuando el misterio reemplaza a la evidencia

Jaime E. García González
Dr. sc. agr., Prof. catedrático jubilado UCR y UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)

biodiversidadcr@gmail.com

Las desapariciones de científicos alimentan teorías inquietantes, pero también revelan cómo el secretismo y la desinformación moldean la percepción pública.

La reciente desaparición de Ingrid Coleen Lane, neurocientífica y bioingeniera vinculada a investigaciones relacionadas con seguridad nuclear en Estados Unidos, volvió a encender en redes sociales y medios alternativos una vieja narrativa: la supuesta existencia de una cadena de científicos desaparecidos o asesinados en circunstancias misteriosas. Junto a su nombre reaparecieron casos como los de Anthony Chávez, Melissa Casias, Carl Grillmair, Michael David Hicks, Nuno Loureiro y William Neil McCasland, todos asociados de una u otra forma con proyectos científicos estratégicos.

Ingrid Coleen Lane

El tema ha sido ampliamente difundido por medios como Actualidad RT, que presentan estos hechos como una sucesión inquietante de episodios conectados. Sin embargo, análisis posteriores y recopilaciones periodísticas, como la publicada en Wikipedia sobre la teoría de los científicos desaparecidos, advierten que hasta ahora no existe evidencia sólida que demuestre una conspiración organizada detrás de estos acontecimientos.

Y precisamente allí aparece el aspecto más interesante del fenómeno: no solo importa lo que ocurrió, sino cómo las sociedades contemporáneas interpretan aquello que no logran explicar completamente.

Vivimos en una época marcada por la desconfianza institucional. Cuando un científico relacionado con programas nucleares desaparece sin dejar rastro, o cuando un investigador aeroespacial fallece en circunstancias poco claras, el vacío informativo rápidamente se llena de sospechas. La opacidad estatal, la cultura del secreto en áreas de defensa y la dificultad para acceder a información verificable crean el terreno ideal para que prosperen narrativas conspirativas.

No es un fenómeno nuevo. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética construyeron gigantescos aparatos científicos estrechamente ligados a intereses militares y geopolíticos. Desde el Proyecto Manhattan hasta la carrera espacial, el conocimiento científico pasó a convertirse en un recurso estratégico. Y donde existe poder estratégico, inevitablemente surgen secretismo, vigilancia y desinformación.

Sin embargo, convertir automáticamente toda desaparición en prueba de una conspiración puede ser tan problemático como negar cualquier interrogante legítima. Varias de las muertes y desapariciones mencionadas tienen explicaciones parciales, antecedentes personales complejos o investigaciones todavía abiertas. Otras simplemente fueron amplificadas en internet mediante asociaciones especulativas construidas sobre coincidencias profesionales.

Eso no significa que las preguntas deban descartarse. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de ofrecer información transparente y verificable, especialmente cuando los hechos involucran sectores sensibles vinculados a defensa, energía nuclear o investigación estratégica. El silencio prolongado y las respuestas ambiguas solo alimentan la incertidumbre social.

Pero el verdadero desafío contemporáneo parece ser otro: aprender a movernos entre dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, la ingenuidad que acepta sin cuestionar toda versión oficial. Por otro, la tendencia a interpretar cualquier vacío de información como prueba automática de conspiraciones globales.

Las redes sociales y ciertos medios digitales han convertido el misterio en un producto altamente rentable. La lógica algorítmica premia el impacto emocional, no necesariamente la evidencia. Así, historias complejas terminan reducidas a relatos simples de “científicos eliminados” o “secretos ocultos”, aunque la realidad sea mucho más ambigua.

Quizás la lección más importante de estos casos no sea demostrar la existencia de una conspiración internacional, sino evidenciar la profunda crisis de confianza que atraviesan las sociedades modernas. Cuando las instituciones pierden credibilidad, incluso las coincidencias comienzan a parecer sospechosas.

Y en tiempos donde la información circula más rápido que la verificación, el misterio suele expandirse mucho más velozmente que la verdad.

El espejismo bukelista: la trampa del régimen de excepción en Costa Rica

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) | Entre Verdades y Opiniones

Hay verdades incómodas que, si no se dicen a tiempo, terminan costando libertades. Recientemente, un informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES) —analizado a profundidad por los colegas de Doble Check— puso sobre la mesa la realidad detrás del famoso «modelo Bukele» en El Salvador: crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias sin pruebas, torturas y miles de personas encarceladas injustamente. Ante esto, la respuesta del gobierno salvadoreño ha sido un manual de desinformación pura. Pero lo que debería quitarnos el sueño no es solo lo que pasa en El Salvador, sino cómo ese mismo libreto autoritario nos lo están queriendo empaquetar y vender aquí, en Costa Rica.

La falsa promesa de lo «temporal»

El oficialismo chavista no oculta sus intenciones. Hemos escuchado las declaraciones públicas y reiteradas de la presidenta electa, Laura Fernández, apuntando hacia un «modelo bukelista». Su propuesta es clara: solicitar a la Asamblea Legislativa la autorización para establecer un régimen de excepción «solo en casos necesarios», «de manera temporal» y en «zonas específicas».

Hagamos memoria y no caigamos en la trampa. Así exactamente le vendieron la idea al pueblo salvadoreño: como una medida de emergencia que duraría apenas 30 días. Este pasado 27 de marzo de 2026, esa medida «temporal» cumplió cuatro años ininterrumpidos de anular derechos constitucionales. El guion populista es predecible: te prometen ceder tus libertades por un ratito, pero una vez que prueban el poder absoluto, no lo devuelven.

El arma perfecta contra el opositor

El peligro más grande de un estado de excepción no radica en cómo trata a los criminales, sino en cómo se utiliza contra quienes resultan incómodos para el poder. En El Salvador, este régimen ha servido en bandeja de plata la excusa para perseguir sistemáticamente a opositores, periodistas, juristas y críticos.

Si creen que en Costa Rica estamos blindados contra eso, basta con ver los indicios que el chavismo ya ha dejado en nuestro propio Estado de Derecho. Hemos presenciado cómo se intenta usar el aparato estatal para intimidar, desde la burda «cama» que le intentaron hacer a Randall Zúñiga, director del OIJ, hasta los ataques desproporcionados contra comunicadores como la adulta mayor Stella Chinchilla. Peor aún, hemos cruzado líneas rojas dolorosas, como la instrumentalización de una institución como el PANI en contra de la hija del candidato opositor Álvaro Ramos.

Si este oficialismo es capaz de usar las instituciones para acosar y golpear a sus críticos bajo las reglas de una democracia normal, ¿se imaginan lo que harían con un régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales?

Maras y carteles: realidades que no se mezclan

Más allá del peligro político, en el caso de Costa Rica un Estado de Excepción sencillamente NO se justifica. Quieren meter en un mismo saco realidades criminales que operan de forma totalmente distinta.

Las «maras» en El Salvador eran pandillas enfocadas en el control territorial de barrios, la extorsión directa y la violencia callejera focalizada. El monstruo que enfrentamos en Costa Rica es la penetración de carteles trasnacionales de la droga: crimen organizado de alta logística, redes complejas de lavado de dinero y manejo de rutas internacionales. Suspender los derechos de los ciudadanos de a pie en «zonas específicas» no va a desmantelar los capitales del narcotráfico. Lo único que logra una medida de este tipo aquí es debilitar nuestra histórica institucionalidad democrática, dándole un cheque en blanco a un gobierno intolerante a la crítica.

Un llamado a la defensa institucional

La historia nos exige estar a la altura del momento. Hago un llamado directo y urgente al Poder Judicial: ustedes son el último bastión de la legalidad en este país; no permitan que se atropelle nuestra Constitución. A la oposición en la Asamblea Legislativa: no cedan ni un milímetro ante el chantaje del populismo punitivo.

Y finalmente, a la prensa independiente y a la ciudadanía: es nuestro deber, hoy más que nunca, construir una narrativa propia, fuerte y basada en datos. No podemos permitir que la maquinaria de manipulación del oficialismo imponga su desinformación.

La democracia y las garantías ciudadanas cuestan generaciones construirlas, pero se pueden perder en la firma de un solo decreto «temporal».

Conciudadanos: No sacrifiquemos nuestra libertad por el espejismo de una falsa seguridad.

Un millón de voces: el mandato imperativo

JoseSo (José Solano-Saborío)

Pasada la “goma” electoral del 1ero de febrero, y con la cabeza fría que otorga el silencio de las urnas, es momento de analizar no solo lo que pasó, sino lo que inevitablemente viene.

Empecemos por lo incómodo, breve y directo: el triunfo del oficialismo no se explica únicamente por gestión o carisma. Sería ingenuo ignorar el elefante en la habitación. La victoria de Laura Fernández y la continuidad del proyecto “chavista” se cimentaron, en gran medida, sobre una sofisticada maquinaria de desinformación y manipulación mediática. La estrategia de la posverdad, esa donde —recordando la advertencia de Pilar Cisneros— “a veces es necesario mentir”, fue ejecutada con precisión quirúrgica. El electorado fue bombardeado con realidades paralelas que terminaron por definir el voto. Ganaron, sí, pero el costo democrático de esa victoria basada en la distorsión es una factura que apenas empezamos a deber.

Sin embargo, el escenario en Cuesta de Moras cuenta otra historia.

La nueva Asamblea Legislativa se configura con una realidad aritmética que no puede ser ignorada: 26 diputados.

Este bloque, conformado por cuatro partidos de oposición (incluyendo la sobrevivencia del PLN gracias al arrastre personal de Álvaro Ramos y el crecimiento del Frente Amplio), no es un accidente estadístico. Representan a alrededor de un millón de costarricenses.

Hagamos una pausa en esa cifra. Un millón de personas que, a pesar de la fragmentación y los egos de las dirigencias que impidieron una coalición a tiempo, salieron a votar con un mensaje claro.

Esos 26 diputados deben entender que sus curules no son cheques en blanco para el “negociado” político. No están ahí para canjear votos por puestos en el Directorio, ni para suavizar el tono a cambio de embajadas o beneficios personales.

El mandato de ese millón de ciudadanos es inequívoco: fueron electos para ser un muro de contención. Su trabajo es ser una OPOSICIÓN férrea ante la deriva autocrática que el oficialismo ha demostrado y que, empoderado por el triunfo, intentará profundizar.

La ciudadanía, que en la última semana dio cátedra de unidad espontánea ante el peligro, les está exigiendo lo mismo. El mensaje de las calles fue claro: depongan las actitudes sectarias. Guarden las banderas partidarias en la gaveta y saquen la bandera de Costa Rica.

Si estos 26 legisladores se pierden en rencillas internas, dogmáticas o, peor, se venden al mejor postor oficialista, no solo traicionarán a sus partidos; traicionarán a ese millón de votantes que, en medio de la desinformación, les confió la última línea de defensa de nuestra institucionalidad.

Señores diputados: la unidad que no lograron en campaña, están obligados a forjarla en el plenario. No hay margen de error, pero menos a la traición.

Invitación a ver:

Se acabaron las excusas. El análisis completo en el video
https://www.facebook.com/share/v/17qoCE6ojK/

¿Qué dejaron las elecciones del pasado domingo 1ero de febrero?
https://www.facebook.com/share/v/184KnuKKLE/

Candidaturas y ciudadanía firman Acuerdo Nacional contra la desinformación y los discursos de odio en el marco electoral

Antes de las elecciones generales de febrero de 2026, un grupo amplio de organizaciones académicas, sociales, medios de comunicación y colectivos ciudadanos impulsó el Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, una iniciativa orientada a fortalecer un debate público informado, respetuoso y transparente durante el proceso electoral. Esta plataforma, articulada a través del sitio Ojo con la Desinformación, busca contrarrestar la proliferación de noticias falsas y la polarización que puede debilitar la legitimidad y calidad de la deliberación democrática en tiempos electorales.

El acuerdo, surgido del trabajo colaborativo entre múltiples actores —incluyendo entidades como la Asociación Centro Ciudadano de Estudios para una Sociedad Abierta (ACCESA), el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM), la Escuela de Ciencias Políticas (ECP-UCR), el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP-UCR), el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI-UCR), así como colectivos como Jóvenes por Costa Rica, Mujeres por Costa Rica y Voces Nuestras— plantea principios básicos para combatir la desinformación e impulsar una cultura de paz en el contexto electoral.

Entre los compromisos asumidos por los firmantes destacan:

  • el respeto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como autoridad electoral y garante del proceso democrático;

  • la verificación responsable de la información antes de compartirla;

  • la corrección oportuna de errores informativos;

  • y el rechazo a toda forma de discurso de odio y retórica violenta, incluidas aquellas generadas o amplificadas mediante herramientas tecnológicas o perfiles no verificados .

El Acuerdo también incorpora el compromiso de promover una participación política consciente, libre de manipulaciones informativas y basada en hechos verificados. Para asegurar el cumplimiento, se conformó un Equipo Ciudadano de Seguimiento —integrado por organizaciones como Voces Nuestras, Mujeres por Costa Rica, IDdeco CR, Punto y Aparte y CICOM-UCR— que emitirá informes públicos, impulsará buenas prácticas informativas y fomentará la educación cívica en torno a la verificación de datos y el respeto en el discurso público.

Esta iniciativa representa un esfuerzo colectivo para enfrentar las preocupaciones expresadas por la ciudadanía y diversas instituciones sobre el impacto de la desinformación y la polarización en la calidad del debate electoral, y reafirma que defender la verdad es defender la democracia.

📌 Puede visitar la página de Ojo con la Desinformación para ampliar la información, ver las candidaturas firmantes, acceder al documento completo y conocer cómo apoyar el Acuerdo Nacional:

https://ojoconladesinformacion.org/2026/01/28/comunicado/

El voto es un acto de conciencia

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

A una semana de las elecciones, el panorama es claro: no todos quieren ciudadanos libres. Muchos prefieren súbditos emocionales, que reaccionen antes de pensar. Y sí, en muchos casos, la campaña política se nos ha reducido a un espectáculo estéril, lleno de miedos, prejuicios y evasión de los problemas reales: desigualdad, violencia, corrupción, educación, salud y justicia social.

Hay candidatos que ponen, con honestidad, de sí lo mejor, pero eso no exime al elector de su responsabilidad. La democracia depende de la conciencia activa de cada ciudadano: escuchar, discernir y decidir desde la razón y los principios. La libertad se ejerce, y ejercerla exige valentía para no dejarse arrastrar por consignas ni emociones manipuladas. Cada atajo que evita la reflexión ciudadana, cada temor sembrado, debilita los cimientos de nuestra vida colectiva.

Lo digo con sano orgullo: en este proceso, la Iglesia católica ha actuado con la coherencia que exigen la Constitución y su propia misión. Hemos evitado el partidismo, respetado los límites legales y, sobre todo, honrado una convicción más exigente: la fe no sustituye la conciencia; la interpela. No decirle a nadie por quién votar no es cálculo político; es una apuesta radical por la libertad responsable. Formar conciencias es más incómodo que dirigir votos, pero infinitamente más honesto.

El contraste duele. Otros han elegido el camino corto: agitar emociones primarias y convertir la contienda electoral en una “guerra moral absoluta”. Usar la fe como escudo o como arma no eleva la democracia; la empobrece y la condiciona.

Peor aún es reducir el discernimiento ético a etiquetas partidarias. El Evangelio no divide al mundo entre progresistas y conservadores; lo divide entre quienes sirven auténticamente a la verdad y quienes la manipulan. Encerrar la fe en una categoría política es asfixiarla. Cuando el mensaje cristiano se acomoda a una agenda, deja de incomodar a la conciencia para empezar a servir al poder. Todo lo que confirma prejuicios y legitima trincheras no es fe; es una caricatura espiritual que tranquiliza, pero no transforma.

El Evangelio no tiene partido, pero toma posición: defiende la dignidad humana, la justicia y la verdad. Usarlo para imponer miedos es traicionarlo; silenciarlo para no incomodar, también.

El voto no puede ser un desahogo ni un castigo emocional. Es un acto moral. Exige memoria para no repetir errores, información para no creer mentiras y honestidad intelectual para resistir el bombardeo de la desinformación.

Al entrar en la urna, los intermediarios desaparecen. No entran las consignas, ni los símbolos manipulados, ni las amenazas del algoritmo. Usted queda a solas con su conciencia, ese lugar sagrado donde nadie puede decidir por usted.

Allí, en el silencio, surge la verdad más incómoda: cada voto compromete. Escuche a su conciencia; ignorarla es la peor traición.

La urna es un espejo. Que refleje su libertad, no el eco de los intereses ajenos.

Pronunciamiento de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica en el marco de las próximas elecciones

El desarrollo de la ciencia constituye un elemento fundamental en las sociedades modernas que aporta en la generación de conocimiento sobre la realidad natural y social, contribuyendo al bienestar, la prosperidad y la equidad. Costa Rica, a lo largo de su historia, ha logrado avances importantes en ciencia, lo cual ha impactado en múltiples aspectos de la vida nacional.

La ciencia no sólo contribuye al desarrollo económico y social, sino que, además, forma parte integral de la cultura. La ciencia alimenta los valores democráticos y le hace frente a la intolerancia, los dogmatismos y las fake news (noticias falsas). De ahí a importancia de que en nuestro país la investigación científica reciba el apoyo político y económico que requiere.

Desafortunadamente, existen tendencias a nivel internacional, con cajas de resonancia en nuestro propio país, que tienden a debilitar a la ciencia, cercenando el apoyo gubernamental a la misma, cuestionando a las instituciones que la desarrollan y generando entornos culturales antagónicos a la práctica y los valores de la ciencia. En particular, los ataques de determinados sectores políticos a las universidades públicas son preocupantes, pues estas instituciones son precisamente el nicho principal de generación de investigación científica del país.

En vísperas de las elecciones nacionales, la Academia Nacional de Ciencias hace un llamado vehemente a la ciudadanía y a los partidos políticos para que valoren la importancia de la ciencia en la vida del país y, en consecuencia, tomen decisiones que conlleven un apoyo decidido a la promoción de la ciencia en todas sus manifestaciones. La ciencia nacional debe ser fortalecida, nunca debilitada.