El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED, realizó este 21 de junio un homenaje a Mariana Delgado Morales, mujer, indígena y defensora de la vida.
Su lucha por la defensa y promoción de la cultura y derechos de los pueblos indígenas, la ubica en espacio destacado de la memoria histórica de las comunidades originarias de Costa Rica.
El próximo miércoles 10 de mayo del 2023, a las 9:00 a.m, se realizará la videotransmisión: «La ley del empleo público y sus impactos más allá del salario global para la UNED”. Se contará con la participación de los panelistas:
Dr. Mauricio Castro. Especialista en derecho laboral UCR
Dr. Luis Paulino Vargas Solís. Economista e investigador del CICDE UNED
Se le podrá dar seguimiento a la transmisión por medio de la página de Facebook del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED).
Murió el papa Benedicto XVI y también el “Rey” Pelé. Permítanme decirles que también falleció Mariana, de apellidos Delgado Morales. Ella no fue una superestrella del fútbol, ni la jefa de una poderosa organización de alcances mundiales como lo es la Iglesia Católica. Mucho más importante que eso, ella fue una mujer indígena bribri, del territorio de Salitre, que luchó por los derechos de su pueblo y, en especial, por el derecho a disponer de sus tierras, esas mismas tierras que le han sido usurpadas bajo la mirada cómplice del Estado costarricense. Pero, en especial, Mariana fue mi amiga personal, mi compañera en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED y uno de los más bellos, dulces y nobles seres humanos que he conocido en mi vida.
No preciso exactamente cuándo, pero presumo que ella entró a trabajar con nosotros hace unos 6 o 7 años. Tiempo antes, por ahí, creo, de 2012, y con el total apoyo de nuestro rector, don Luis Guillermo Carpio, habíamos logrado algo que nunca nadie había hecho en ninguna universidad pública (y posiblemente en ninguna otra institución pública): crear una categoría laboral especial, que permitiría contratar a personas indígenas carentes de títulos académicos, pero portadoras de un rico conocimiento de las tradiciones y de la cultura indígena, el cual resultaba de invaluable importancia para el trabajo de investigación que realizábamos desde el CICDE.
La cuestión es que, empezando aproximadamente en 2011, un equipo nuestro, liderado entonces por doña Xinia María Zúñiga Muñoz, había empezado a desarrollar una línea de investigación que se alejaba del énfasis tradicional en las expresiones culturales de los pueblos indígenas, para mirarlos y visibilizarlos en su faceta como actores sociopolíticos autónomos, beligerantes en la reivindicación de sus derechos y actuantes en el escenario político nacional e internacional.
Mariana se incorporó a ese equipo. Yo, que fui director del CICDE desde el 1° de septiembre de 2010 hasta finales de mayo de 2022, tuve el honor de ser quien, atendiendo la recomendación de doña Xinia, decidió su incorporación a nuestro equipo, a la par de otro gran luchador y líder indígena, mi amigo Pablo Sibar Sibar, indígena brörán del territorio de Térraba.
De hablar suave y pausado, doña Mariana tenía un aura de timidez y ternura que escondía un espíritu indómito y luchador. A lo largo del tiempo la vi crecer y empoderarse, y sin perder jamás esa forma siempre tersa y dulce de hablar y de comportarse, presencié como se levantaba con firmeza y coraje para reivindicar los derechos de su pueblo, en general, y los de las mujeres indígenas en particular.
Muchas veces me contó de la zozobra cotidiana de su comunidad y de su familia, bajo el acoso permanente de los finqueros blancos, con sus sucias tretas intimidatorias y sus amenazas reiteradas. Imposible olvidar cuando, con ojos aguados por el doloroso recuerdo, me contó la forma como uno de sus hijos fue brutalmente apaleado por los matones a sueldo de los finqueros.
Descansa en paz, querida amiga, la luz del amor que regalabas a cada paso que dabas, y tu ejemplo de lucha y perseverancia, te mantendrán viva por siempre, en la memoria de tu pueblo y en el corazón de quienes te conocimos.
Hay algo que guardo en mi corazón y que jamás podré olvidar: el cariño que doña Mariana me profesaba y los abrazos que me regaló. Cuántas veces me dijo: “don Luis, lo admiro mucho por sus luchas”. Yo la admiraba muchísimo más a ella por las suyas. Y las veces que me agradeció estar en el equipo del CICDE, cuando, en realidad, el agradecimiento estaba de sobra, porque sus merecimientos eran infinitamente más grandes y, en todo caso, de haber algún merito, éste correspondía a la UNED, no a mí.
La objeción de conciencia usualmente es entendida como el derecho que asiste a una persona de sustraerse a cumplir con el deber estipulado por una norma jurídica que resulte incompatible con sus más íntimas convicciones éticas, religiosas, o culturales. Se trata de una extensión, o aplicación específica, de derechos humanos como las libertades de conciencia y religión, y persigue proteger a las personas de situaciones que puedan dañar de forma irreparable su identidad moral y su dignidad humana. En este sentido, se convierte en un principio especialmente útil para tutelar y fomentar la diversidad de posicionamientos ético-axiológicos que caracteriza a las sociedades modernas, y en una salvaguarda individual ante los abusos que pueden llegar a cometer, en nombre de la ley, las mayorías (morales, culturales, poblacionales, legislativas, etc.) en un país y momento dados.
Si bien los usos del principio varían de país en país, según las legislaciones nacionales, suele entenderse que este reviste un carácter individual, no institucional ni colectivo, y que su práctica es de tipo excepcional, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que su invocación no debe convertirse en una práctica de uso generalizado ni mucho menos en una vía para impugnar la legitimidad de las normas objetadas o para impulsar cambios en ellas. La persona objetara puede invocar motivos de conciencia para evadir el cumplimiento de una ley, pero no debe tomar dicha prerrogativa como una excusa para emprender una lucha política en contra de la norma legal o del sistema en el que ésta se sustenta.
Por lo expuesto hasta aquí es que resulta tan llamativo el uso que los sectores conservadores de toda América Latina le están dando a la objeción de conciencia. Esta ha empezado a ser utilizada no ya como un derecho individual, excepcional y pasivo, sino más bien como una estrategia activa y coordinada para contrarrestar la eficacia de las leyes que han ampliado los derechos sexuales y reproductivos de la ciudanía (educación sexual humanista; matrimonio igualitario, despenalización del aborto) y para socavar la legitimidad de las decisiones legislativas y judiciales que permitieron su incorporación a los ordenamientos jurídicos en primera instancia. Allí en donde no tuvieron el peso político suficiente para evitar la sanción de ese tipo de leyes, los sectores conservadores, que siempre han procurado presentarse como los legítimos representantes del sentir mayoritario de las poblaciones, han corrido a refugiarse en derechos históricamente habilitados para la protección de minorías.
En Costa Rica tal estrategia se puso en marcha de forma paralela al reconocimiento del matrimonio igualitario y se ha concretado ya a través de un artículo de ley que les permite a las personas funcionarias públicas alegar motivos de conciencia para no recibir programas de capacitación en materias relacionadas con la igualdad de género y los Derechos Humanos, y de un fallo de la Sala Constitucional que avaló el uso de la objeción de conciencia para servidores judiciales que atienden gestiones asociadas al reconocimiento jurídico de las uniones (de hecho o matrimoniales) entre personas del mismo sexo. Asimismo, se tramitan tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que pretenden hacer de este principio un recurso de uso corriente para todas las personas habitantes del país.
El peligro que entraña la politización de la objeción de conciencia reside, precisamente, en la posibilidad de que ésta se utilice no como un escudo de protección ante leyes lesivas de las propias convicciones, sino como un arma para obstaculizar el acceso a derechos ya incluidos en el ordenamiento jurídico-institucional. Entendido y practicado de esa forma, el principio quedaría vaciado de su condición de derecho y pasaría a ser un instrumento al servicio de la discriminación. Es importante que como sociedad podemos vislumbrar y debatir esta posibilidad, y que el Estado, y las instancias operadoras de justicia, tomen las previsiones para evitar que un derecho se utilice para lacerar otros tantos.
Hace siete años, en el programa Umbrales, de la Universidad Estatal a Distancia, Jorge Luis Hernánez, investigador del Centro de Investigación de Cultura y Desarrollo (CICDE), comentaba acerca del comportamiento de las organizaciones campesinas y los pequeños productores del país.
En el espacio, Hernández habló sobre lo que significa la seguridad alimentaria en Costa Rica, en el contexto de un acceso deficiente a productos alimenticios y las necesidades de la población. Guiar y orientar a las comunidades para dar un criterio acerca de la inseguridad que se vive, es una tarea que requiere del análisis de los actores que participan en este tema, comentaba en la entrevista.
Según el autor, la situación empeora conforme avanza el cambio climático, cuestión que implica el desarrollo oportuno de alternativas que busquen otras formas de revolución verde, como las agriculturas locales.
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED) junto a la Red Renta Básica Universal de Costa Rica le invita a la conferencia: “Renta Básica Universal: la nueva frontera de los derechos humanos”.
Participan Sergi Raventós, director de la Oficina del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal en Cataluña y Daniel Raventós, presidente de la Red Renta Básica en España, economista y profesor titular de la Universidad de Barcelona.
Además, estarán acompañados por José Rafael Quesada, representante de la Red por la Renta Básica Universal de Costa Rica, quien introduce el contexto social y político de la iniciativa por la Renta Básica Universal en nuestro país y Andrey Badilla Solano, investigador del CICDE. Así como Eva Carazo Vargas, investigadora del CICDE, quien será la conductora de la mesa.
La conferencia está dirigida al público en general y pretende compartir lecciones y experiencias sobre la Renta Básica Universal en España y su posible implementación en el país.
Andrey Badilla, en su investigación sobre intervenciones no farmacológicas, relacionó las medidas tomadas a nivel mundial para prevenir la enfermedad con lo dispuesto en Costa Rica, además de exponer otras problemáticas referentes a la pandemia.
Ante la pandemia del COVID-19 se han tomado multitud de medidas que han cambiado el día a día de la población y, en ese sentido, las intervenciones no farmacológicas (NPI, por sus siglas en inglés) son tan importantes como las propias medidas de vacunación o atención médica. Por ello, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) decidió enfocarse en el análisis de las NPIs tanto a nivel mundial como en Costa Rica.
Andrey Badilla, máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y licenciado en ciencias políticas, fue el encargado de la investigación Sindemia: revisión social de las intervenciones no farmacológicas usadas en la contención de la crisis del COVID-19, que tiene como objetivo reflexionar sobre las NPIs que se han aplicado en el país.
Las intervenciones no farmacológicas aluden a toda medida, aparte de las de vacunación o medicina, que toman las personas y las comunidades para prevenir el contagio de una enfermedad o para preparar a la población al respecto. En situaciones donde un virus es nuevo, como ahora con el COVID-19, las NPIs se vuelven imprescindibles para mantener controlada la enfermedad y dar tiempo a producir los tratamientos médicos necesarios.
La investigación tardó alrededor de medio año, durante el cual Badilla analizó múltiples bases de datos a nivel mundial para verificar la efectividad de distintas NPIs, las cuales relacionó después con lo dispuesto en Costa Rica por las autoridades de salud.
El análisis encontró que, en el caso del COVID-19, las medidas más efectivas son las dirigidas a reducir las congregaciones y que, entre menor sea el límite de personas, mayor es la efectividad. Sin embargo, no se puede obviar que esas intervenciones están acompañadas por una serie de costos sociales y económicos de vital importancia, por lo que detrás de esas medidas se encuentran agendas políticas que aspiran a contener las consecuencias negativas de las NPIs.
En el caso de Costa Rica, Badilla dividió las NPIs en varias secciones según el problema y la población a la que afectan, de las que destacó las siguientes: asistencia financiera y alimentaria para personas del quintil uno, y medidas económicas que protejan a las personas trabajadoras y a las Pymes.
Sobre lo primero, Badilla mencionó: “Sobre las medidas de asistencia, para que estas cumplan con su efecto compensatorio no solo debe dirigirse hacia las personas en mayor condición de vulnerabilidad, sino en acompañar a la población todo el periodo de la crisis. Las medidas de corto plazo no solo no alivian la situación del quintil uno, sino que las revictimiza debido a la presión para generar ingresos y satisfacer necesidades básicas”.
En cuanto a proteger trabajadores y Pymes, las principales cuestiones están en el apartado digital y financiero. Si el país elige NPIs que restringen congregaciones y movilidad, es fundamental que haya una política nacional de teletrabajo apropiada, así como plataformas digitales de compra y venta o mayor ciberseguridad, sin olvidar que las Pymes generan un porcentaje significativo de empleos para la recuperación económica.
Otros resultados
Aparte de la situación nacional, el análisis mostró una serie de problemáticas globales que propician pandemias como la actual. Por una parte, los efectos del cambio climático y la pérdida de hábitats naturales estimulan los casos de zoonosis -enfermedades de especies específicas que se transmiten a otras especies-, mientras las desigualdades médicas y sociales a nivel mundial estimulan una ‘sociedad del riesgo’ donde constantemente hay que resolver daños causados por la misma sociedad.
“El sistema clínico costarricense, cada vez más, tiene que estar gestionando los riesgos que produce por sí mismo. Un ejemplo de eso son las pandemias, porque son un problema que se manifiesta en todo, y el tiempo que debemos invertir en esto es cada vez más frecuente. Es como un círculo vicioso donde se necesitan medidas de seguridad política para poder combatirlo”, comentó Badilla.
Finalmente, otro punto a considerar es que el sector público domina el financiamiento de las vacunas a pesar de que las farmacéuticas son empresas privadas. Lo anterior repercute en que los Estados con mayor capital económico acaparen la gran mayoría de las vacunas en tanto que los países en condiciones de pobreza se ven apartados.
“Si no se cuenta con un acceso equitativo al mercado de las vacunas, lo que tenemos son focos de transmisión de la enfermedad en ciertas partes del mundo. Bajo las condiciones actuales de turismo o comercio, difícilmente los países más desarrollados, a pesar de tener las vacunas, podrán evitar el resurgimiento de brotes. Entonces, a la larga, podría significar un problema de reinfección”, concluyó Badilla.
Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís.
En el marco de la celebración de los 200 años de independencia de Centroamérica, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) ha preparado el ciclo de tertulias sobre el Bicentenario.
Desde una mirada centroamericana, este ciclo abarcará distintas temáticas: salud, cuido, situación fiscal, efectos de la pandemia del COVID-19, seguridad social, crisis ambiental, seguridad alimentaria, migraciones, entre otras. Las actividades darán inicio el próximo lunes 19 de julio, a las 9 a.m., con el conversatorio titulada: Movilidades y desplazamiento dentro y desde Centroamérica.
En esta primera tertulia se contará con la participación de cuatro panelistas: Lizbeth Gramajo Bauer, de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala; Jaime Rivas Castillo, de la Universidad Don Bosco de El Salvador; Yolanda González Cerdeira, del equipo de reflexión, investigación y comunicación de Honduras; y Enrique Sáenz Navarrete, investigador independiente de Nicaragua. En representación del CICDE estará el investigador Gustavo Gatica López.
En las últimas cuatro décadas, las migraciones y la movilidad se han convertido en un rasgo estructural y estructurante de la Centroamérica contemporánea. Sus causas son diversas y muchas de ellas se traslapan, dando lugar a importantes impactos sociales, económicos, políticos y culturales, a nivel familiar, local, nacional y regional. Evidencian la ausencia de condiciones una vida digna, empleo formal, seguridad ante situaciones que puedan poner en riesgo el patrimonio, la integridad o la vida de las personas. También expresan las limitaciones que tienen las instituciones públicas y privadas para promover un sólido sentido de pertenencia, entre quienes migran.
En el contexto de la celebración del bicentenario de la independencia de Centroamérica, desde el CICDE queremos contribuir a los debates sobre las migraciones en nuestros países. En esta ocasión nos interesa dialogar con personas expertas de la región acerca de dos interrogantes ¿cuáles han sido los aciertos y cuáles las principales limitaciones en las respuestas gubernamentales para atender el tema migratorio en la región? Y ¿qué acciones son fundamentales y estratégicas para atender los desafíos actuales y futuros de la migración en la región?
Todas las actividades se realizan en colaboración con el Programa de Videoconferencias, y serán transmitidas vía Facebook Live de nuestro centro.