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Etiqueta: ciudadanía

El Perú totalitario

Juan Huaylupo Alcázar[1]

En nuestra América vivimos una democracia aparente, se nos ha hecho creer que votar individualmente es democracia, no obstante, la democracia hace referencia a la colectividad, no al individuo, es social, que es diferente a la suma de individuos, como se asume en la estadística. Asimismo, emitir el voto es un acto mecánico, mientras que la democracia es un acto político que hace referencia a las decisiones y acciones sobre la gestión de una colectividad en relación con las problemáticas, necesidades y anhelos ciudadanos. Aspectos que no se relacionan ni se infieren de una cuantificación electoral.

Tampoco es democrática la actuación de un personaje, por el simple hecho de haber sido electo, la democracia trasciende el acto electoral, que de ninguna manera faculta al electo o electos, a la realización de acciones contrarias o ajenas de las necesidades, y demandas ciudadanas. La democracia no es una carta blanca a los electos, para quienes actúan a espaldas de la ciudadanía, esos son autócratas o tiranos, nunca demócratas. Así, hemos elegido a dictadores y ratificados electoralmente a asesinos en el poder, así como se ha aislado y difuminado la actuación articulada de la ciudadanía, ante la traición, corrupción, fraudes y electos delincuentes. Esta democracia de papel nunca cerró el camino al totalitarismo, por el contrario, ha sido el camino seguido por los tiranos Pinochet, Videla, Fujimori, Ortega, Bukele, Boluarte, entre otros, para asesinar las voces disidentes al poder.

Esto es, la democracia no es la expresión ideal de la igualdad política de los ciudadanos, pues reconoce explícitamente la desigualdad y la inequidad existente, que no es afectada, sino conservada y perpetuada en su nombre, sin alterar las bases constitutivas del sistema político. La democracia desde su origen ateniense, en el siglo VI a.c., ha sido un modo de segregación social, cuya significación etimológica “el poder del pueblo” expresaba la exclusión a los esclavos, además de ser paradójicamente concebida en un universo de esclavitud. Los propietarios en la actualidad no requieren representarse a sí mismos, como en el pasado, porque están representados por todo el poder estatal. Esto es, la democracia no supone consenso, libertad ni paz, por el contrario, implica un permanente enfrentamiento en contextos que otorgan facultades y libertades a unos contra otros. Se crea democracia en la lucha por el respeto y conquista de derechos, ella nunca ha sido una concesión ni regalo al pueblo.

Asimismo, no puede calificarse como democracia el cumplimiento de la normatividad jurídica, pues las leyes son aprobadas, según las negociaciones e intereses partidarios, clientelares o individuales por los legisladores en el Congreso peruano. Esto es, la creación de las leyes, no responden ni obedecen a las preocupaciones ni necesidades ciudadanas ni del interés nacional. Luego, no podrán ser democráticas, son leyes indignas, como quienes las aprueban. Solo la ignorancia sobre la creación de leyes, pueden creer o engañar que la normatividad jurídica es igualitaria, justa y necesaria. La democracia no se rige por patrones jurídicos creados para propósitos ajenos al interés general de la sociedad, la subordinación jurídica e instrumental, es la cosificación de la democracia por y para el poder. La democracia no es una mercancía enlatada, es siempre peculiar en las condiciones y situaciones que se conquista. La sociedad es la impronta social de toda democracia.

En el Perú no es posible, ni por asomo, denominarse democracia, es totalitario el régimen político peruano, o el poder absoluto del Estado o de algún poder estatal, sobre la ciudadanía o, dicho de otro modo, es el régimen que liquida todo derecho social alcanzado contra quienes deben depender y servir, al pueblo, el soberano.

El totalitarismo es el fin de la separación y autonomía de los poderes del Estado para ser monopolizado por una exclusiva instancia que controla y determina el funcionamiento del quehacer estatal. El totalitarismo es la despótica privatización del poder estatal y de la institucionalidad contra lo que es común a todos. Es la regresión salvaje del poder, que representa única y exclusivamente las ambiciones personales, de sus cómplices y asesinos, con capacidad de cometer atrocidades inimaginables contra la sociedad que creen ser dueños y amos. Ello, no solo muestra la calaña de gente, sin principios ni dignidad, también muestra cómo algunos sectores son arrastrados en las viles prácticas totalitarias y de otros que se han coludido delincuencialmente con el monopolio en el ejercicio de la represión y violencia, legal e ilegal, contra la sociedad. El totalitarismo compromete radicalmente nuestro presente y condena el futuro de los peruanos con la complicidad de sus propias víctimas. Así, la institucionalidad pública que habiendo sido una política estatal para garantizar la función pública básica y necesaria para la ciudadanía, está siendo liquidada por el totalitarismo estatal, para convertir a sus entes en incapaces de una actuación social y pública

El totalitarismo en el Perú, como toda tiranía, no ha requerido de la aceptación social, se ha liberado de toda supeditación para imponer el poder político absoluto sobre la ciudadanía y la nación. Tales facultades están dadas por la manipulación corrupta de los legisladores en el Congreso, por la red tejida por magistrados y fiscales comprometidos que ilegal, complaciente y tardíamente revelan los compromisos propios y ajenos contra la voluntad y derechos ciudadanos y nacionales, así como es evidente, el cómplice amparo de las fuerzas armadas que presurosas, al mandato de un poder que irrespeta todo derecho, asesina las justas demandas en defensa de los derechos ciudadanos y la soberanía nacional.

Creer que la gran mayoría de pobres y trabajadores con derecho a votar compensa la desigualdad social y política, es una ilusión, porque de manera sistemática y desde siempre y no precisamente por procesos electorales, se ha dividido a los subalternos con diversidad salarial, prebendas, despidos y corrupción a dirigentes y sindicalistas, así como con las opciones organizativas y alternativas partidarias divergentes, la promoción de la indiferencia, entre otras, han posibilitado la división política de los pobres y trabajadores. No obstante, la democracia latinoamericana posee un equilibrio catastrófico, porque la explotación e irrespeto a los derechos laborales y ciudadanos persisten, así como, por las ambiciones y disputas entre propietarios y grupos de interés por el poder y sus privilegios, como por aquellos que buscan ser los nuevos sátrapas.

[1] Catedrático pensionado. Universidad de Costa Rica.

Alternativas: Personas expertas aportan su visión sobre temas claves del país

En este programa de Alternativas se reunieron a diversos actores sociales, académicos y ciudadanos comprometidos para conversar sobre la realidad de Costa Rica y proponer soluciones a los problemas más urgentes que enfrenta el país. Está organizado por el colectivo «Reflexión, Acción y Alternativas», que ha estado activo desde el 2020. Este grupo busca crear un espacio de diálogo y reflexión crítica que permita plantear propuestas que ayuden a construir una Costa Rica más inclusiva y democrática.

En el programa participan destacados miembros de la sociedad civil, cada uno con un perfil y experiencia distintos. Algunos de los panelistas mencionados incluyen a educadores, exfuncionarios del sistema judicial, activistas sociales y académicos, quienes aportan sus conocimientos y vivencias sobre temas de interés nacional. En esta ocasión el programa trato tema como:

  1. Educación: Hay una preocupación generalizada sobre el estado de la educación pública en Costa Rica, los recortes presupuestarios y la falta de claridad en las políticas educativas actuales. Los panelistas coinciden en que la educación es fundamental para el desarrollo social y económico, por lo que insisten en la necesidad de invertir adecuadamente y mejorar la calidad del sistema educativo.
  2. Seguridad y violencia: La violencia y el narcotráfico se reconocen como problemas graves que afectan la estabilidad social. Los panelistas exploran cómo estas problemáticas impactan a diferentes sectores de la sociedad y consideran urgente encontrar soluciones desde un enfoque integral.
  3. Desigualdad y pobreza: Se menciona la necesidad de diseñar políticas públicas que aborden esta problemática y que permitan a todos los ciudadanos acceder a una vida digna. Los panelistas consideran que es fundamental que el Estado asuma un papel activo en la reducción de la pobreza y en la creación de oportunidades para los sectores más vulnerables.
  4. Protección ambiental: Reconociendo la riqueza natural de Costa Rica, los panelistas subrayan la importancia de conservar el medio ambiente y de implementar políticas sostenibles. Esto incluye garantizar el acceso al agua, proteger los recursos naturales y fomentar el desarrollo de energías limpias.
  5. Democracia e institucionalidad: Los panelistas ven con preocupación la erosión de las instituciones democráticas y la creciente polarización social. Consideran que es necesario reforzar la transparencia y la rendición de cuentas para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
  6. Participación ciudadana: Insisten en que no basta con votar cada cuatro años, sino que se necesita una ciudadanía comprometida que participe activamente en la toma de decisiones. En este sentido, el programa busca motivar a los ciudadanos a involucrarse y a expresar sus opiniones en los distintos espacios de diálogo que ofrece la sociedad.

Para visualizar más profundamente el programa entrar al siguiente enlace: https://fb.watch/vLwxf_Tm2S/ 

Evolución histórica y el impacto social de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en Costa Rica

De Martín Rodríguez Espinoza

El video adjunto al final de este texto, trata sobre la evolución histórica y el impacto social de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en Costa Rica, desde su fundación en 1941 hasta el presente. Al mismo tiempo, se destaca cómo la creación de la CCSS marcó un cambio significativo en el acceso a los servicios de salud, especialmente para las personas menos favorecidas, ya que antes de su existencia, solo los ricos podían acceder a atención médica a través de médicos privados.

También, se menciona cómo la Caja impulsó el desarrollo del sistema de salud en el país, lo que redujo la mortalidad infantil, mejoró la atención a los ancianos, y permitió realizar procedimientos médicos complejos. Este sistema de salud solidario se financia a través de contribuciones de trabajadores, empleadores y el Estado, con un enfoque en que quienes ganan más aporten más. La infraestructura de salud pública -con hospitales, clínicas y centros de atención primaria- ha sido fundamental para el desarrollo del país, mejorando las condiciones de vida y permitiendo que los costarricenses trabajen y estudien en un entorno saludable.

Por otra parte, se expresa preocupación por los intentos actuales de privatizar partes del sistema de salud pública y el deterioro de la Caja, situación que el autor relaciona con decisiones tomadas desde la década de 1980. Según el expositor, el Estado y algunos sectores empresariales no están cumpliendo con sus aportes a la CCSS, mientras se incrementan los servicios tercerizados al sector privado, a costos elevados para la institución. Este endeudamiento, que supera los 4000 millones de colones, podría ser usado para resolver los problemas financieros de la CCSS y mejorar su eficiencia y calidad en la atención.

Finalmente, en el video se hace un llamado a los ciudadanos costarricenses a defender la CCSS para asegurar su continuidad en el futuro. Para más información se invita a observar el video en el siguiente enlace:

Somos el Movimiento PATRIA PRIMERO

Comunicado 1-2024

Como movimiento nacemos de las preocupaciones del pueblo crítico y en resistencia, ante el ataque de personas ajenas a la idiosincrasia costarricense, que buscan destruir nuestro modelo de desarrollo democrático y sostenible. El país nos convoca a la acción.

A nuestro movimiento y a nuestra comunidad patriótica:

Nos une la preocupación común por los graves problemas que afronta el país, su identidad y la expresión de la democracia que ha sido y está siendo manchada y ultrajada, esto requiere un llamado inmediato a la acción de la sociedad y la organización cívica y sectorial.

Todos los aspectos de la gestión estatal están siendo vulnerados y necesitan la atención especial de toda la ciudadanía.

Si bien nuestro Poder Judicial y algunas instituciones de nuestro sistema democrático están en deuda con la ciudadanía, el camino a seguir es la limpieza, modernización y fortalecimiento y no su destrucción, como plantean algunos irresponsables desde la presidencia de la República y más; no podemos mejorar nuestro sistema dinamitándolo porque después no podremos construir nada sobre las ruinas y eso solo le dejará el espacio libre a una dictadura y la pérdida de nuestros derechos constitucionales.

Somos una agrupación pluralista, sin filiación partidista, que busca unificar lo mejor del pensamiento que históricamente hizo de Costa Rica una gran nación, y nos alimentamos de las múltiples capacidades de nuestros miembros para generar líneas temáticas propositivas para una política pública constructiva, justa, ética, sostenible y visionaria.

¿De Quién es la Tierra?

Catalina Obregón

“¡Es del Mi-na-e!” reitera, alzando la voz desde su podio doña Pilar Cisneros. “¡No es de los santaneños!”. Como si pronunciarlo es voz alta le otorgara un significado distinto. Como si con esa afirmación pudiera borrar generaciones enteras de vida compartida, de historia común, de arraigo al paisaje donde hemos vivido por tanto tiempo.

Se olvida la diputada que el territorio sí importa. Ese lugar donde nacimos o al que inmigramos por elección es nuestro hogar; amarlo y defenderlo es, además, algo instintivo. Es un llamado biológico a proteger y hacer respetar nuestro espacio vital.

Como ciudadanos podemos defenderlo con acciones concretas, promoviendo políticas y leyes. Somos los habitantes los llamado a resguardar el patrimonio territorial. Pero hay otros habitantes que también dependen de este espacio: aquellos que necesitan el corredor biológico para sobrevivir, aquellos que no distinguen entre divisiones ni cercas porque entienden que la tierra es suya para moverse, vivir y habitarla sin restricciones. Ellos necesitan nuestra ayuda.

Son muchos. Veintitrés especies de anfibios, cincuenta y ocho especies de reptiles, ciento treinta especies de aves y dieciséis especies de mamíferos, además de la riqueza ecológica de los ecosistemas que los albergan.

Santa Ana decidió hace mucho tiempo su destino, cuando luchamos para evitar que se instalara un basureo en nuestro cantón. También cuando defendimos estos terrenos de aquellos que pretendían construir el proyecto gol. Ya elegimos que nuestra verdadera riqueza es despertar con el sonido de las chicharras y los yigüirros, que nos encanta ver a los coyotes bajar los cerros por las quebradas y a los mapaches asomarse a nuestras ventanas. Nos emociona que ahora, en el barrio, nos visitan perezosos y tucanes.

La decisión sobre el destino de estas 53 hectáreas en el corazón de nuestra ciudad es tan importante hoy como lo fue, en su momento, rechazar el basurero. Tenemos la oportunidad de decir sí a un parque donde, además de preservar la naturaleza, tal vez podamos recuperar valores como la filantropía de un ciudadano que vio en su tierra un tesoro más grande que el monetario, como el respeto a los muertos y el deber moral de cumplir su voluntad. Como lo es la protección de la vida que hoy convive con nosotros.

Hay causas por las que vale la pena unirse. El Parque Natural Urbano Lorne Ross nos brinda de nuevo la posibilidad de decidir cómo queremos vivir y con quién compartir nuestro territorio. Nos lo agradecerán nuestros hijos y nietos, pero también lo agradecerá la rana de ojos dorados, que ha encontrado en nuestros “charrales” una pequeña isla donde evadir, al menos por ahora, su extinción.

Por si aún tenían dudas, esta tierra es de ella, porque un hombre y su esposa, decidieron hace cuarenta y ocho años, dejarle en herencia la finca de sus ancestros.

UNDECA convoca a la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Educación Pública

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ha lanzado un llamado urgente a todos los costarricenses a participar en la Gran Marcha Nacional bajo el lema «Somos Gente de Salud», en defensa y apoyo a la educación pública. Esta manifestación, programada para el miércoles 28 de agosto de 2024, a las 9:00 AM, partirá del Parque de la Merced y culminará en la Plaza de la Democracia, con la intención de alzar la voz contra las políticas neoliberales que están afectando gravemente los pilares fundamentales del país: la salud y la educación pública.

Contexto de la Marcha

Costa Rica se encuentra en un momento crítico en el que las políticas gubernamentales han puesto en peligro el bienestar de la población y la estabilidad de instituciones esenciales. Entre los problemas más destacados se encuentra una deuda de 4 billones de colones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que ha generado una crisis en la prestación de servicios de salud. Además, se han realizado recortes millonarios a programas sociales y a la educación pública, afectando de manera directa a la población más vulnerable.

Estas medidas han sido calificadas como una agresión directa al modelo de bienestar social que ha caracterizado a Costa Rica, y que ha permitido a la nación destacarse por su acceso universal a la salud y la educación. La educación pública, en particular, es vista como un pilar crucial para el desarrollo y la equidad en el país. Sin embargo, las decisiones recientes de recortar presupuestos y desviar fondos han puesto en riesgo la calidad y la accesibilidad de este servicio esencial.

Llamado a la Acción

UNDECA, junto con diversas organizaciones sindicales y trabajadores de la CCSS, hacen un llamado urgente a la unidad y movilización masiva de la población. La marcha busca no solo visibilizar el descontento y la preocupación ante las políticas actuales, sino también ejercer presión para que el gobierno tome medidas concretas en defensa de la educación y la salud pública. Se subraya la importancia de estos sectores como pilares fundamentales de la sociedad costarricense, necesarios para garantizar un futuro justo y equitativo para todos.

El lema «¡Ya Basta!» refleja el cansancio y la indignación acumulada por años de recortes y decisiones que han debilitado el estado de bienestar. Los organizadores enfatizan que es el momento de alzar la voz y exigir un cambio en la dirección del país, priorizando la inversión en educación y salud como motores del desarrollo y bienestar nacional.

Detalles de la manifestación

  • Fecha: miércoles, 28 de agosto de 2024
  • Hora: 9:00 AM
  • Lugar de inicio: Parque de la Merced
  • Destino: Plaza de la Democracia

Se invita a toda la ciudadanía, organizaciones sociales, sindicatos y personas comprometidas con la defensa de la educación y la salud pública a unirse a esta marcha, en un acto de solidaridad y resistencia ante las políticas que ponen en riesgo el bienestar de los costarricenses.

La democracia del crustáceo y el síndrome Shakira

Manuel Hernández

El Estado Social y Democrático, más allá del Estado Liberal de Derecho, no solo consagra las libertades civiles, sino que, además, reconoce las libertades democráticas y garantiza la realización de los Derechos Fundamentales, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Aquel modelo de Estado asegura el ejercicio de esos derechos, interviniendo el tejido social y económico, mediante la ejecución de políticas y acciones públicas, con la finalidad de alcanzar la libertad y la igualdad real de las personas, y resolver los conflictos sociales, desde la perspectiva de la solidaridad y la justicia social.

La legitimidad del Estado Democrático se radica en el cumplimiento de esos intereses y valores superiores.

Un Estado que no cumple esas expectativas pierde legitimidad democrática.

La educación, sin duda, constituye un derecho fundamental de cualquier ordenamiento democrático.

Nuestra Constitución Política no se limitó a declarar la gratuidad y obligatoriedad de la educación, costeada por el Estado.

Con el propósito que ese cometido no se convirtiera en una mera declaración poética, la misma Constitución instrumentó un dispositivo tendiente a darle sostenibilidad presupuestaria a la educación pública, a merced de las sucesivas reformas de su artículo 78.

En un primer momento, a finales del siglo pasado (1997), se enmendó esa norma constitucional, asignándose a la educación pública un presupuesto mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El legislador constituyente no se conformó con ese porcentaje, y varios años después, en 2011, con el objetivo de fortalecer la educación, volvió a reformar la norma constitucional, incrementando en dos puntos porcentuales la asignación presupuestaria, llevándola a un mínimo del 8% del PIB.

Desafortunadamente, la trascendental reforma ha sido impunemente violentada, año tras año, en virtud de que el legislador presupuestario nunca le ha fijado a la educación ni siquiera el porcentaje mínimo que ordena el precepto constitucional.

Por contrario, principalmente, en los últimos cuatro años, la asignación presupuestaria decrece cada vez más, llegándose a fijar una partida muy por debajo, ya no de la última reforma constitucional, sino del 6% de PIB.

Para el próximo período 2025, se estima que la asignación será todavía más deficitaria, marcando ya un punto de inflexión inasumible.

Este insufrible retroceso de los recursos destinados a la educación pública tiene gravísimas consecuencias en el desarrollo económico, social y humano del país, afectando intensamente la condición de los sectores más vulnerables.

Por desventura, ese retroceso no solo erosiona dicho derecho fundamental, sino que también han corrido la misma suerte, otros derechos fundamentales y libertades democráticas, entre ellos la huelga y la negociación colectiva.

El Estado Social y Democrático se viene trasmutando en la democracia del cangrejo, cuyo proceso regresivo aceleró obscenamente la Regla Fiscal, manifiestamente contraria a la Constitución.

Pero, la democracia del crustáceo ha tenido de compañera de viaje, de la mano, sin la cual no hubiera sido posible que involucionara hasta ese punto de retroceso, la pasividad y hasta la indiferencia de la ciudadanía, como si la bronca no fuera con nosotros, contra nosotros, cuya ciudadanía está siendo disciplinada por un bellaco, “outsider” y esmirriado jaguar.

Una ciudadanía, desde el punto de vista político, que sufre el síndrome Shakira: ciega, sorda y muda.

Antón Chéjov respondiendo un cuestionamiento acerca de la “sociedad fallida”, manifestó que la democracia no se adecua a una sociedad de ignorantes, en la que la mayoría ignorante decide su porvenir.

¿Será qué nos convertimos en una “sociedad fallida?”

La pregunta que me formulo, y quiero compartir con ustedes, es la siguiente: ¿Estaremos aun a tiempo de recuperar la democracia?

Y hasta aquí llego, porque como se lamenta la canción de Shakira: “Se me acaba el argumento y la metodología.”

Amenazas peligrosas

Rodrigo Cabezas Moya

Rodrigo Cabezas Moya.

El presidente de la República, de nuevo incita a la ciudadanía a reaccionar si la Sala Constitucional no aprueba su proyecto estrella, la Ley Jaguar. Usa epítetos los cuales no acostumbramos a escuchar a quien debería ser guía para la armonía del país.

En el pasado, sectores de la ciudadanía han hecho protestas contra el presidente por no estar de acuerdo en un tema. Esta vez, es el presidente el que llama a protestar, lo cual podría generar violencia.

Si a eso unimos otras recientes noticias, verdaderamente nos alarmamos.

Desde siempre la policía de Casa Presidencial recibía el entrenamiento de otros policías y generalmente rotaban en sus puestos. Ahora nos enteramos de que aparentemente son una élite que entrena en una propiedad privada y en tácticas más propias de un ejército que de una policía.

La Asamblea Legislativa debería investigar esos temas y también saber si el entrenamiento de nuevos policías es acorde al que recibe una policía civil y si su salario es el mismo de otros policías.

Más vale un rollo de papel higiénico que el principio de la supremacía de la Constitución Política

  • A propósito de los derechos fundamentales de la educación y salud

Manuel Hernández

La Constitución Política es la ley suprema, a la que está sometido en su conjunto el ordenamiento jurídico.

Ferdinand Lassalle la define, en esencia, como “la suma de los factores reales de poder que rigen en un país”.

Nuestra longeva Constitución, promulgada en 1949, próxima a cumplir 75 años, que ya uno no sabe si celebrar o conmemorar, tuvo importantes reformas que aspiraron mejorar el Estado Social y Democrático.

Respondiendo a esa orientación ideológica, tendiente a fortalecer los servicios públicos, que constituyen la infraestructura de la democracia, destacan dos reformas constitucionales: las enmiendas del artículo 78 y del artículo 177.

  • La reforma constitucional del artículo 78: la asignación de un piso presupuestario a la educación pública.

El artículo 78 constitucional ha tenido un sustancial y progresivo desarrollo normativo, que pasó por la declaratoria de la obligatoriedad de la educación preescolar, educación general básica y diversificada, gratuita y costeada por el Estado, hasta culminar, más recientemente, con la creación de un recurso presupuestario destinado a la educación pública.

En esta materia específica, la norma constitucional ha tenido dos enmiendas de extraordinaria relevancia.

La primera reforma se promulgó en el año 1997, en virtud de la cual se le asignó a la educación pública un presupuesto mínimo del 6% del producto interno bruto (PIB).

La reforma se justificó en la necesidad de garantizar a la educación una asignación presupuestaria mínima, en razón que, durante la década del 80, las sumas que se destinaron en el Presupuesto de la República registraron una considerable disminución.

Se fijó el parámetro del 6% anual de PIB, mínimo, porque se pretendió recuperar el nivel de inversión pública que se destinó a la educación en la década del 60 y 70, que luego a raíz de la crisis económica de la década siguiente, la asignación presupuestaria sufrió una seria caída.

14 años después, en 2011, se modificó otra vez esa norma, aumentándose en dos puntos porcentuales del PIB el presupuesto mínimo de la educación pública, llevándose al 8%.

El objetivo de esa última reforma constitucional fue incrementar la inversión pública, para fortalecer el sistema educativo, de cara a las exigencias del futuro y realizar una reforma educativa “que tenga como centro del proceso a la persona humana, porque invertir en educación es invertir en desarrollo humano” (exposición de motivos del proyecto).

Cualquier país de nuestro continente se desearía una norma constitucional de este calado, pero, desafortunadamente la reforma nunca ha sido cumplida.

Por contrario, el porcentaje del PIB que se destina a la educación pública es cada vez menor, cuyo presupuesto viene en franca y estrepitosa caída.

El tijeretazo que se le ha metido al presupuesto de educación, en cada período, es cada vez más grande: en 2022, se le asignó un 5,9%, en el 2023, un 5,4% y el actual (2024) un 5.2% de PIB.

Además, tiene que considerarse que dentro de esas partidas quedó incluido el presupuesto del INA y otros programas sociales, que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N°9635, determinó que forman parte del presupuesto constitucional asignado a la educación.

Sin duda, un artilugio legislativo para reducir el porcentaje constitucional efectivamente asignado a la educación pública; es decir, un fraude de ley, manifiestamente contrario a la Constitución.

El hundimiento del presupuesto de la educación está llegando a extremos insostenibles, no obstante, las altisonantes declaraciones de algunas diputadas, principalmente del PLN, que a todo galillo manifestaron que cualquier asignación presupuestaria inferior a la fijada constitucionalmente, tenía que pasar por encima de sus propios cadáveres.

Al fin de cuentas, terminaron constipadas e indigestas por sus propias palabras, pero que por lo menos quedan como testimonio de su falta de coherencia política y desapego a los ilustres socialdemócratas que impulsaron aquellas reformas democráticas; que, por cierto, se echan de menos entre tantos diputados Chicago boys y Chicago girls, discípulos espirituales de Friedman y Hayek, que colonizaron el pensamiento del PLN.

No sorprende para nada, que, a merced de esa lógica fiscalista, la asignación del presupuesto educativo del próximo período (2025), se estime tan solo en el anémico porcentaje de 4,7% del PIB, que tendrá gravísimas implicaciones en los programas más sensibles del MEP, infraestructura, transporte estudiantil, comedores escolares, entre otros, en detrimento de los sectores más vulnerables de la población.

Los draconianos recortes reflejan que la educación pública está siendo sistemáticamente desfinanciada, a tal punto que las asignaciones presupuestarias de los últimos años, están muy por debajo de la primera y abandonada reforma constitucional, en el orden del 6%, y ni qué decir del 8%, actualmente vigente, por lo menos en el texto constitucional, pero, en la realidad, materialmente “derogado”.

Un retroceso de 27 años, que no es poca cosa, es un período excesivamente desproporcionado, que explica el apagón de la educación pública costarricense.

No es por otro motivo que el monto que se está invirtiendo por cada estudiante, está muy por debajo del promedio de OCDE.

¡Año tras año, se violenta obscena e impunemente el mandato constitucional y nada pasa!

  • La reforma del artículo 177: la universalización de la seguridad social

El sistema de seguridad social se completó con la enmienda del tercer párrafo del artículo 177 constitucional, promulgada en 1961, que consagró la universalización del sistema de protección social.

Más allá de los alcances del artículo 73 de la Constitución, que estableció los seguros sociales, en favor de las personas trabajadoras, cuya administración y gobierno se le atribuyó a la Caja Costarricense de Seguro Social, la modificación del artículo 177 viene a consolidar la universalización del sistema de seguridad social, extendiéndose la protección a todas las personas del país.

Con la finalidad que la universalización no se volviera ilusoria, la reforma ordenó que se tenían que asignar rentas fijas y suficientes a favor de la entidad aseguradora, que cubrieran las necesidades actuales y futuras, y además, que cualquier déficit lo asumiera el presupuesto de la República.

Desdichadamente esa otra reforma constitucional ha sido perpetuamente burlada, resultando que la deuda del Estado con la seguridad social crece exponencialmente, la cual ha llegado a un nivel financiero astronómico, en detrimento de un servicio esencial de la comunidad.

¡Un año sí, y el siguiente también, se vulnera de manera obscena e impune esta otra reforma constitucional y tampoco nada pasa!

Es importante advertir que el reformador constituyente no se limitó líricamente a enmendar esas normas, sino que, con el propósito, por un lado, de fortalecer la educación y, por otro lado, de hacer efectiva y sostenible la universalización del sistema público de seguridad social, determinó una protección reforzada, estableciendo los dispositivos presupuestarios necesarios para alcanzar esos superiores cometidos.

No obstante, esos mecanismos han sido groseramente quebrantados por los distintos gobiernos y el legislador presupuestario, a sabiendas, muy conscientemente, que están pasándole por encima a la Constitución, al mejor estilo de la vieja fórmula de la razón cínica que relata Sloterdijk: “Sé lo que estoy haciendo, y sin embargo lo hago”, traducida a la versión del país más pura vida: porta’mí el futuro de la educación y la salud del pueblo.

Esa infracción consciente, desvergonzada y permanente de la Constitución, responde a las políticas neoliberales, acuñadas por las autoridades políticas, gubernamentales y legislativas, que pretenden desmantelar, usufructuar y privatizar los servicios públicos.

Tiene toda la razón Noam Chomsky: “Se trata de una conocida técnica de privatización que consiste en desfinanciar lo que alguien pretende privatizar. Al igual que cuando Margaret Thatcher quiso privatizar los ferrocarriles, lo primero que procuró fue quitarle los fondos, de forma que dejaron de funcionar apropiadamente y el pueblo reaccionó reclamando un cambio. Acto seguido se dice: está bien, privaticen esos servicios. Si luego funcionan peor, no hay problema: el gobierno saldrá a rescatarlos. Esta es la técnica estándar de la privatización”.

Cualquier parecido con lo que está pasando con la educación y la atención de la salud de nuestro país, no es pura casualidad o coincidencia: esa es precisamente la “técnica” política que vienen irrefrenablemente implementando, sin ninguna resistencia, con más intensidad en los últimos años, despreciando la supremacía de la Constitución Política, totalmente devaluada, que la han llevado a valer menos que un rollo de papel higiénico, de una sola capa.

Importada a nuestra sórdida realidad, amerita traer a colación aquella pregunta que se hacen Levitsky y Ziblatt: “Realmente es tan fácil borrar del mapa las instituciones democráticas? “

Así es, en realidad, no han tenido que despeinarse, ni sonrojarse mucho, para derrumbar las grandes, pero fallidas, reformas constitucionales.

El derecho a la educación y la salud, derechos universales e inalienables, tutelados en aquellas clausulas constitucionales y, además, en múltiples instrumentos internacionales de Derechos Humanos, no pueden seguir siendo letra muerta y enterrada.

El desafío que tiene la ciudadanía, el Soberano, es hacer efectivo el cumplimiento de esos preceptos constitucionales, si aún nos queda tiempo de rescatar la democracia.