La democracia no se defiende ni construye con insultos ni mentiras

Por JoseSo

José Solano-Saborío
Analista

En Costa Rica, la democracia no nació por accidente. Se forjó con luchas sociales, debates intensos y una vocación institucional que ha resistido golpes, crisis y tentaciones autoritarias. Por eso, resulta alarmante que desde la silla presidencial se lancen ataques sistemáticos contra pilares fundamentales del Estado Social de Derecho: la prensa independiente, los órganos de control, el Poder Judicial, y cualquier voz crítica que se atreva a disentir.

Rodrigo Chaves Robles, presidente en ejercicio, ha convertido el discurso público en un campo de batalla moral, donde solo existen “patriotas” y “defensores de corruptos”. Esta narrativa binaria, simplista y profundamente peligrosa, no es nueva. Es parte de una estrategia bien conocida en el repertorio de líderes neoconservadores y populistas autoritarios que, desde diferentes trincheras ideológicas, buscan erosionar la institucionalidad democrática para consolidar poder personal.

El método es casi calcado: desacreditar a los medios de comunicación que no se alinean con el relato oficial, sembrar sospechas sobre jueces, fiscales y contralores, y presentar cualquier forma de oposición como enemiga del pueblo. Lo hemos visto en figuras como Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador, y también en autócratas que se autodenominan de izquierda, como Daniel Ortega en Nicaragua, quien ha destruido sistemáticamente las libertades civiles bajo el disfraz de una revolución popular.

Chaves no ha llegado a esos extremos, pero el guion es inquietantemente familiar. Su estilo confrontativo, su desprecio por el diálogo institucional y su afán por dividir a la ciudadanía entre “los buenos” y “los malos” no son simples rasgos de personalidad: son herramientas políticas. Y como toda herramienta, tienen un propósito. En este caso, debilitar los contrapesos democráticos para gobernar sin rendir cuentas.

La prensa libre no es enemiga del pueblo. Es su aliada más incómoda. Su función no es aplaudir al poder, sino vigilarlo. Y cuando desde el Ejecutivo se promueve la idea de que los periodistas son parte de una conspiración corrupta, se está sembrando el terreno para la censura, la autocensura y el miedo. Lo mismo ocurre cuando se descalifica a jueces o diputados por ejercer su rol fiscalizador: se erosiona la confianza en el sistema, se promueve el caos, y se abre la puerta al autoritarismo.

El Gobierno destaca un superávit primario de 0,2 % del PIB y la reducción de la deuda al 55,9 % del PIB. Asimismo, presume un crecimiento económico de 4,3 % y una inflación general de 0,8 %. Sin embargo, estos logros conviven con un empeoramiento de la distribución del ingreso. El coeficiente de Gini subió a 45,8 en 2024, y la brecha alcanza 0,49 entre los países de la OCDE, lo que sitúa a Costa Rica como la segunda nación más desigual del organismo, solo por detrás de Sudáfrica. Esta desigualdad creciente socava el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables (trabajadores informales, hogares rurales y mujeres jefas de familia) y deja al margen el supuesto bienestar que sugieren esos indicadores macroeconómicos.

Por otro lado, la inseguridad se intensifica. En 2024 se registraron 880 homicidios, frente a 905 en 2023, y más de 200 asesinatos en los primeros meses de 2025, la mayoría vinculados a ajustes de cuentas del narcotráfico, según datos del OIJ. En lugar de reforzar la vigilancia en las costas, el Gobierno trasladó la Academia Naval de Guardacostas de Quepos a Pococí y cerró el puesto en Bahía Drake. Además, reasignó a la Policía de Control de Drogas de aeropuertos y fronteras a funciones investigativas, dejando esos espacios en manos de unidades sin la especialización necesaria. Estas decisiones crean nuevos corredores para el crimen organizado y multiplican los puntos ciegos en la persecución criminal.

Costa Rica no es inmune. Nuestra historia democrática es sólida, pero no indestructible. La polarización y decadencia moral que hoy vivimos tampoco es espontánea.