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Etiqueta: democracia costarricense

Democracia con dueño

Escrito en . Publicado en Análisis.

Manuel Delgado

Más de 71.000 millones de colones fue lo recaudado por los partidos políticos en la pasado contienda electoral. Eso es casi el doble de lo que el TSE tenía previsto como deuda política para este proceso.

Solo el partido oficialista colocó en bonos la suma de 3.481 millones de colones después de las elecciones, es decir, el 22% del total de la gigantesca suma gastaba por esa entidad política. Tres inversionistas, tres personas físicas, adquirieron bonos por 556 millones, un 64% de los colocados en febrero y marzo.

A este mismo partido 10 inversores le aportaron 2.000 millones de colones. De esos, cuatro aportaron 1.262 millones.

Otros montos de la campaña dejan mucho que pensar. Por ejemplo, de la veintena de partidos participantes, solo cinco se repartieron esas sumas gigantescas. Los demás, chitón y tragar pa’adentro.

En la elección presidencial cada sufragio les costó 5.527 colones. Fue una elección de y para los ricos.

Esos datos solos, así de fríos, son capaces de hacernos pensar acerca de la calidad democrática de nuestro sistema electoral y, en general, de nuestro sistema político. ¿Es nuestra democracia tan democrática como se obstinan en repetirnos?

Lo cierto es que la campaña electoral, los representantes electos y la democracia misma tienen dueños: son 292 financistas y 23 medios de comunicación (entre ellos Trivisión y Repretel, que aportaron al PSSO 131 y 126 millones, respectivamente), los cuales pusieron la mayor cantidad de dinero y además se repartirán 12.827 millones de la deuda política. Y esos financistas no son filántropos: ellos cobran unas tasas de redescuento altísimas, a veces de un 40%, es decir, que el partido les vende bonos por 100 pero estos solo reciben 60. Lo otro es ganancia neta del financista y a costa de su dinero y el mío, pues el estado es el que al final paga a través de la deuda política.

Los que no estamos en ese grupo de elegidos no tenemos ninguna posibilidad de elección y menos de hacer escuchar nuestra voz. Ellos son los que mandarán en los próximos cuatro años y no sabemos por cuántas décadas más.

“La ley se estira y se encoge según a quien se le aplica, esto pasa en todas partes, pero más en Costa Rica”, decía Aquileo Echeverría. Pues lo cierto es que nuestra santa democracia no ha sido ni tan santa ni tan democracia como nos la pintan. Así, con marca de gamonal, vendiéndose al que mejor paga, así ha andado esa señora desde que era joven.

En la primera mitad del siglo pasado el fraude era santo y señor. Los partidos tenían unos tipos sagrados que, al decir de la gente, “lo sabían hacer”, es decir, eran maestros en el fraude. Y no se crea que por eso los despreciaban. Al revés, eran muy respetados no porque hicieran buenos negocios, que también los hacían, ni porque desfalcaran al fisco, que también lo desfalcaban, sino simplemente “por lo sabían hacer” y por eso había que estar bien con ellos.

El fraude, además, tenía otros ropajes. Ricardo Jiménez Oreamuno fue obligado a dejar su cuarta y última postulación a punta de cruceta, es decir, a punta de garrote. Don Ricardo, el viejo liberal, se había aliado entonces con los comunistas y el presidente León Cortés mandaba a sus matones a deshacerle por la fuerza sus mitines. Don Ricardo, ya muy viejo, renunció y se fue para su casa y las elecciones las ganó cómodamente Calderón Guardia.

Así transcurrió el siguiente proceso electoral, en que resultó electo Teodoro Picado, y el siguiente, supuestamente ganado de Otilio Ulate. Para entonces el poder electoral lo manejaba la oposición.

Algunos políticos de alto ruedo habían llamado ya al cambio de la institución electoral y habían propuesto un tribunal electoral no dependiente ejecutivo, sino otro similar al que tenemos hoy en día, disimuladamente neutral. La propuesta vino de Fernando Soto Harrison, que fue fundador del partido de Calderón Guardia y ministro de calderonismo. Cuando su propuesta fue rechazada y arrolló sus bártulos y se fue tranquilo a vivir a Estadios Unidos. Él mismo fue el que, poco antes de morir, me contó muchas de las cosas que aquí he narrado.

Entonces el poder electoral siguió controlado por el ejecutivo, quien lo puso en manos de la oposición después de la huelga de brazos caídos. Ese tribunal permitió el fraude en favor de Ulate. Los resultados fueron anulados por la Asamblea Legislativa, quien llamó a nuevas elecciones. Entonces esa anulación sirvió de excusa para que Figueres se lanzara a la guerra civil. Prefirió la guerra fratricida a unas nuevas elecciones, y así pasó a la historia como el apóstol de nuestra democracia.

Luego vinieron 18 meses de gobierno de facto, luego un gobierno de Otilio Ulate que no eligió nadie, y más tarde el primer gobierno constitucional de José Figueres Ferrer, electo en una contienda en que los dos principales partidos de oposición, el calderonista y el comunista, estaban fuera de ley y sus líderes en el exilio.

Pasaron dos largas décadas de ilegalización y persecución de los partidos de izquierda. A costarricenses ilustres se les negaron los derechos políticos, entre ellos a Joaquín García Monge, a Enrique Obregón Valverde, a Víctor Manuel Arroyo y, por supuesto, a Manuel Mora Valverde y sus compañeros.

No fue sino hasta 1970 que el partido de los comunistas pudo participar en elecciones y lo hizo gracias a un truco parlamentario. Sucede que Vanguardia Popular había tratado de inscribir el Partido Acción Socialista (PASO). Como al partido lo ponían fuera de ley con cualquier excusa, entre ellas la de que su bandera se parecía a la de Tanzania, Vanguardia propuso la bandera de los cuatro colores: negro, azul, rojo y verde. Nosotros decíamos que era la bandera de los cinco colores: lo cuatro del trapo y el que se daba uno cuando la llevaba.

Pues bien, el TSE puso a este partido y a su horrible bandera fuera de ley. Pero resulta que la prohibición tenía que ser ratificada por la Asamblea Legislativa. Diputados amigos hicieron largas, llegó el día del receso parlamentario y entonces, con la asamblea en receso, la prohibición del TSE no se pudo aplicar. Un mes tuvo el partido para armar su campaña electoral, enero, y con esa corta campaña eligió dos diputados, a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz.

Años más tarde, en 1984, el TSE volvió a ilegalizar un partido que intentó inscribirse con el nombre de Partido Comunista Costarricense, pero esa es otra historia.

Ahora volvemos al presente con el panorama descrito al comienzo. Las delegaciones de la OEA y de la Unión Europea hicieron señalamientos serios sobre esta situación. Dijeron, por ejemplo, que había fuertes indicios de que la campaña había sido financiada con dinero más habido, posiblemente proveniente del narcotráfico. Nuestra financiación, dice la comisión de la UE, es “ampliamente considerada susceptible de ser utilizada para el blanqueo de capitales procedentes de fuentes ilícitas”.

Llamaron a establecer un sistema de financiamiento “que garantice recursos oportunos para todos los partidos políticos —nacionales, provinciales y cantonales— y reduzca la dependencia del financiamiento privado”.

Propusieron abrir espacios en los medios de comunicación para todos los partidos, grandes y pequeños. Ambos llaman a establecer límites a aportes privados.

Yo siempre he creído, y he propuesto muchas veces, que el Estado, que de todos modos es el que va a pagar los gastos, mantenga los millones correspondientes a la deuda política en líquido, y que los ofrezca a los partidos con tasas de redescuento muy bajas o con ninguna, con el fin de evitar que los partidos recurran al inversor privado. Sería un gran ahorro para todos, pero, claro, una enorme pérdida para los inversores.

La democracia costarricense es un sistema de poder de una clase, es un instrumento al servicio de la oligarquía nacional, íntimamente emparentada con el capital extranjero. Es un instrumento de opresión sobre las clases populares. Eso no va cambiar con reformas. Para que haya un verdadero giro de timón debe haber antes un cambio de timonel. Para que sea una democracia para todos, habrá que quebrar ese sistema de dominio de la oligarquía y sustituirlo por el sistema de dominio del pueblo trabajador. Denunciar esto es lo más útil y lo más importante.

No obstante, se pueden proponer reformas, como esas adelantadas por las comisiones de la OEA y la Unión Europea. ¿Habrá quien le ponga el cascabel al gato? Esa llamada alianza opositora, ¿se atreverá a tocar los grandes intereses que los financistas o les dará miedo quedarse sin ayuda de ellos en las próximas elecciones? Cada uno tiene el derecho a tener su opinión. Yo apuesto a que no se van a atrever a mover un dedo y que en cuatro años estaremos repitiendo lo mismo que hoy.

Primero de mayo en Costa Rica: Entre devoción y afanes autoritarios o salir del conformismo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Abelardo Morales Gamboa

El primero de mayo en Costa Rica expuso algo más que una jornada de conmemoración: reveló las tensiones entre poder político, discursos religiosos y capacidad de movilización social, en un momento que podría marcar un punto de inflexión para la democracia.

Puede ser que hoy día la relación con la política sea emocional más que racional. Esto puede manifestarse no solo en la acción, sino también en el análisis: uno mismo no escapa a ello. Sin embargo, el intento de reflexionar y opinar racionalmente —aunque sea eso, un intento— sigue teniendo valor.

Este primero de mayo se celebraron tres actos importantes. Por un lado, la misa en la Catedral Metropolitana, en la cual el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, se pronunció —como lo ha venido haciendo la Conferencia Episcopal— en defensa de los derechos de los trabajadores, así como de la seguridad social y el acceso a la salud.

Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, sin mayores sorpresas, el partido de gobierno capturó todos los puestos del directorio. Lo más significativo en ese recinto fue la formación de un bloque conjunto de los partidos de oposición para enfrentar al oficialismo, sumando un total de 26 diputados. Es un bloque con mucho potencial, si se cuenta con estrategia mas allá de la cantidad de votos.

En las calles, por su parte, se realizó la marcha en conmemoración del Día de los Trabajadores, con gran participación de organizaciones sindicales, sociales y universitarias.

Pero debemos llamar la atención: este no fue un primero de mayo cualquiera. Estamos ante la posibilidad de un parteaguas. Una de las posibilidades es que se profundice una intentona política de concentración de poder, con una particularidad: asoma en el panorama una alianza entre una élite política que busca consolidarse y una secta vinculada al protestantismo neoconservador. Detrás de ello no solo hay intereses por concentrar poder y aprisionar instituciones.

Existe, además, una turbia red de intereses político-económico-religiosos que desafían las fronteras de los negocios legítimos, junto con mecanismos de encubrimiento e impunidad, incluso frente a supuestos delitos graves. No se trata solo de negocios turbios, sino también de violencia y agresión sexual.

Por eso, la marcha de este día podría servir como un proxy imperfecto de la resistencia social. Hay que decirlo sin candor: la fuerza todavía no es suficiente. Si bien se intenta mostrar músculo, faltó energía. La movilización no sumó mayores contingentes de trabajadores y grupos sociales a los vistos en años anteriores. No contamos con evidencia dura; es una percepción. Sin embargo, el desfile mostró entusiasmo, emoción y entrega; pero no se muestran cambios en la movilización.

Como siempre, destacaron organizaciones gremiales que consistentemente suman y crecen. Los maestros y profesores, no por casualidad, fueron la excepción que confirma la regla: seguimos siendo un país de maestros y no de soldados. Esa sigue siendo Costa Rica, pese a las traiciones del gobierno hacia los pensionados.

Pero otros sindicatos ni asomaron: grandes organizaciones que anteriormente destacaban por su combatividad. ¿Dónde están? ¿A qué responde su silencio? Se pudo observar una variedad de otras organizaciones sindicales con una representación que no superaba en mucho al número de integrantes de sus juntas directivas, entre ellas algunas de las universidades públicas, que hoy demandan apoyo popular para su lucha presupuestaria. Nuevamente, los jóvenes estudiantes universitarios no solo agregaron consignas sino combatividad.

Pero hay una paradoja: la homilía del arzobispo de San José advierte sobre un riesgo inminente, el deterioro de los derechos laborales. La reciente Carta Pastoral de la Iglesia Católica, pasó lista por importantes desafíos sociales.

Desde nuestra perspectiva, entre los primeros derechos amenazados estarán los beneficios otorgados por convenciones colectivas, de los que disfrutan muchos que hoy pasaron por alto su participación en la manifestación. Cada marcha es no solo una conmemoración, sino también un acto de presencia en el que se planta cara en defensa de nuestros derechos laborales y sociales.

El acuerdo entre fuerzas de oposición en el Congreso, mientras tanto, abre una perspectiva para el optimismo. Pero no es suficiente. Las contradicciones con la alianza en el poder no se reducen al Parlamento ni al Poder Ejecutivo; tampoco se agotan en los demás poderes del Estado. Se trata de una lucha social que desborda lo institucional y se proyecta en los territorios, en los sectores y en las comunidades.

Por eso, hoy no solo hizo falta mayor capacidad de movilización: queda en evidencia que seguimos ayunos de organización, de formación y de educación política, así como de niveles más altos de conciencia social. Este déficit obliga a algo más que a salir a la calle: exige transformar nuestras formas de organizarnos, de hacer política, de resistir y de construir alternativas. Al entusiasmo y la emoción debemos sumar mayor capacidad de reflexión y de acción.

Porque el desafío no es únicamente resistir, sino reconstruir. Y aunque hoy las fuerzas parezcan dispersas, en cada espacio donde se organiza la gente, donde se defiende un derecho o se teje comunidad, ya está germinando el país distinto que aún es posible construir.

Balance del Primero de Mayo

Escrito en . Publicado en Formación.

Vladimir de la Cruz

El Primero de Mayo, con fecha conmemorativa y festivo nacional se debe a la rendición de William Walker, el 1º de mayo de 1857. El presidente Juan Rafael Mora con ese motivo lo decretó para que a partir de 1858 se siguiera recordando y festejando esa fecha gloriosa. Desde entonces se celebra en Costa Rica, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor pasión, con mayor o menor conocimiento del origen histórico y glorioso de haber derrotado a los filibusteros estadounidenses, que actuaban con la intención de someter a las repúblicas independientes centroamericanas en estados asociados a los estados sureños de los Estados Unidos, y de someter a los pueblos de Centroamérica en pueblos esclavos de la Unión Americana, como muchas veces se exalta a los Estados Unidos.

La rendición de William Walker impidió en la realidad y en la práctica que pudiera someter al pueblo costarricense ni a la esclavitud ni permitió que Costa Rica perdiera su Independencia, su Libertad y su Soberanía.

La rendición de Walker no impidió que intentara volver a Centroamérica, con iguales afanes, en varias ocasione, hasta que en setiembre de 1860, fue capturado en Honduras y allí, donde todavía reposan sus restos, fue fusilado.

Se le atribuye a Walker decir que lo que no pudieron sus fusiles lo harían los dólares.

La historia económica de la región, de la que no escapa Costa Rica, ha demostrado justamente esa dependencia, haciendo que nuestros países, sean literalmente independientes pero sujetos a cadenas económicas con Estados Unidos, que le dan poder de doblegar a sectores gobernantes y dirigentes políticos, haciendo que algunos de ellos se comporten como vasallos, como siervos coloniales y como esclavos mentales, carentes de todo sentido patriótico, nacional y soberano y haciendo, por ese motivo, de nuestros países y regiones simplemente Repúblicas Alquiladas y en algunos casos por las directrices que les imponen a los gobernantes Protectorados políticos y económicos.

El 1º de Mayo de esta forma no se celebra, no se recuerda. Ni siquiera se menciona en los discursos oficiales que ese día se proclaman, se dicen urbe et orbi en estrados oficiales en el país.

Desde 1913 a esta fecha nacional, se le vinculó la internacional, relacionada con las luchas de los trabajadores en el siglo XIX por lograr la jornada de 8 horas de trabajo diario y de 48 semanales. Esta lucha había surgido en a segunda mitad del siglo XIX con fuerza gracias al desarrollo de los sindicatos y surgimiento de organizaciones obreras y partidos políticos obreros, que hicieron de las demandas de los trabajadores su banderas políticas de lucha por alcanzar el poder político para lograr darle un cause a los gobiernos a favor de las grandes mayorías y de las clases trabajadoras y populares. Los grupos reivindicativos y los partidos obreros, socialistas, comunistas, anarquistas, reformistas de distinto tipo, los partidos obreros social demócratas, como se llamaron muchos de estos partidos, junto a los movimientos socialcristianos, surgidos después de la Encíclica Rerum Novarum de 1891, fueron parte de este torrente masas populares y trabajadoras organizadas por un mundo mejor.

La lucha por las 8 horas se logró en 1886, en Chicago, Estados Unidos, resultado de un movimiento de lucha de varios años y de una lucha intensiva y extensa de huelgas, en Europa y Estados Unidos, especialmente desde 1880. Habiendo logrado la jornada en 1886 más del 80% de los trabajadores movilizados en 1886, se volvieron a preparar para el 1º de mayo de 1890. Para ese año los Congresos Obreros de París acordaron sumarse de nuevo a esa lucha internacional. El Congreso reunido en la Sala Petrelle, en París, acordó que a partir de ese 1º de Mayo, de 1890, todos los años, a escala internacional, se siguiera saliendo a las calles a luchar por la jornada de 8 horas diarias y por otras demandas salariales y de beneficios sociales. Así fue creciendo esta celebración y movilización universal de trabajadores en lucha.

Así empezó a celebrarse en Costa Rica desde el 1º de Mayo de 1913, organizada en aquel año por la primera Confederación General de Trabajadores, que existió en el país, fundada ese mismo año, en enero, por impulso del Centro de Estudios Sociales Germinal, que agrupaba a una serie de intelectuales contestatarios del sistema liberal existente, entre ellos Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, proclives a la exaltación del Trabajo como la fuente de la riqueza producida por las trabajadores.

El discurso de Joaquín García Monge aquel día vinculó ambas fechas, la de la rendición de Walker y la de la lucha de los trabajadores por su jornada de trabajo de 8 horas.

El 1º de Mayo surgió así, como un día de balance de luchas realizadas entre el 1 de mayo del año transcurrido y el 30 de abril del año siguiente, al mismo tiempo que ese día era para plantear una plataforma de luchas y metas por obtener en el año venidero. Así, el 1 de Mayo es un día de lucha, no de fiesta. Es un día de balance de las luchas realizadas y un día para conocer una plataforma de luchas para el año que inicia el 1º de mayo.

En Costa Rica no hemos sabido combinar estas dos fechas gloriosas. La rendición de Walker pasa muy desapercibida en los aspectos que hay que celebrarla. La del 1º de Mayo muchas veces se concentró atendiendo las denuncias de las luchas sociales del momento, sin una plataforma articulada de las luchas a realizar en el año venidero. Muchas veces terminó en la sesión oficial de cambio de Directorio Legislativo para entregar un pliego de peticiones a diputados que se acercaban a los sectores sociales en marcha, que se concentraban frente a la Asamblea Legislativa, especialmente después de 1970, donde los diputados no les ponían atención, porque lo más importante para ellos era, y sigue siendo, la elección de Directorio Legislativo.

La desarticulación y la división sindical, inducida en varias centrales sindicales impedía unificar esas luchas, debilitando así la organización obrera, sindical y popular, lo que no impidió grandes luchas y grandes huelgas, en este mismo período desde 1970, así como en el período de la postguerra civil, desde 1949 hasta 1970.

Contribuía en aquellos años que los partidos políticos tenían sindicatos dirigidos por ellos, por sus dirigentes obreros o sindicales. Ninguno de los partidos con diputados tiene actualmente sindicatos con dirigentes suyos y con sus banderas como identificación política.

El balance político del 1º de Mayo hoy debe concentrarse en el papel de los diputados electos, a partir de este año, en el balance político que hay que hacer del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, que muere el 8 de mayo. Es quizá el peor gobierno, que se ha dado en el período de la Segunda República, desde 1949 hasta hay, de los 20 que ha habido. Es el más regresivo, el más conservador, el más antidemocrático, el más proclive al autoritarismo, a la dictadura, a la tiranía, a la represión, a la disminución de beneficios sociales, a la reducción de los salarios, las pensiones y los ingresos de los trabajadores, el que más se ha preocupado por restablecer jornadas de 12 horas de trabajo diarias, sin pagos extraordinarios, con reducción real de salarios, el que más se ha preocupado y actuado en acabar con el Estado Social de Derecho y con el mismo Estado de Derecho, debilitando los poderes públicos, tratando de eliminar los controles administrativos estatales y judiciales constitucionales sobre el quehacer de las autoridades de gobierno, el que más se ha comprometido con las organizaciones narco criminales haciendo de Costa Rica la bodega de droga más importante de la región con proyección a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, como es bien conocido por los decomisos que se hacen en esas regiones de la droga despachada desde Costa Rica, y por la desarticulación y demolición administrativa que se hizo en este gobierno de los mecanismos de lucha contra este tipo de organizaciones.

Es también el gobierno que más ha golpeado a las clases sociales medias, la que la ha puesto techo en posibilidades y oportunidades de movilidad social a todas las familias del millón de niños y adolescentes de poder estudiar en centros de educación pública sin posibilidad real de llegar a la Universidad pública. Es el gobierno que ha tratado hasta sus últimos días de enterrar y acabar con el sistema universitario público. Es el gobierno que más ha golpeado la realidad de los derechos humanos en el país, los derechos de igualdad de la mujer, el que más ha protegido a acosadores y agresores de mujeres, el que se ha negado a reconocer un mísero aumento de pensiones para personas, que por sus bajos ingresos seguramente encantados por shows de los miércoles votaron por la continuidad de sus políticas.

Si lo anterior es válido para una ligera mirada de lo que ha dejado el gobierno de Rodrigo Chaves, es también un pincelada de las tareas y luchas inmediatas que hay que emprender ante el nuevo gobierno de Laura Fernández.

Esta es la tarea política más importante que hay que emprender. El asalto democrático a la Asamblea Legislativa que logró con 31 diputados, lo envalentonó para anunciar que sigue el asalto a la Corte Suprema de Justicia por la elección o reelección que viene de un buen número de magistrados del Poder Judicial. Ya le metieron su primer zarpazo, saboteando la elección de los magistrados suplentes.

La lucha, en este sentido, por el Poder Judicial, va a constituir la lucha por la Democracia Costarricense, por la estabilidad política, por la defensa de las Garantías Individuales y los Derechos Sociales. Va a ser la lucha real y efectiva por mantener la Democrática Corte Suprema de Justicia que tenemos. Los Magistrados y Jueces del Poder Judicial están siendo gravemente amenazados, de muchas formas, incluso personales, para que especialmente aquellos que pueden reelegirse no lo hagan. El primer pulso se va a dar en esta lucha, justamente en la reelección o no de los magistrados que tienen derecho a reelegirse. Convencerlos de la reelección es una tarea moral, legal, patriótica, por la democracia. El segundo pulso se va a dar es en la postulación de los candidatos del autoritarismo institucional y político, que van a ser postulados por la canalla de los diputados de oficialismo. El tercer pulso que se va a dar es en la campaña tenebrosa y odiosa que se desatará contra los magistrados, que valientemente opten por la reelección tratando de desprestigiarlos al máximo posible, y contra quienes los apoyen, partidos o personas. El cuarto pulso que se va a dar es a nivel legislativo, en el intento de “comprar” diputados, como literalmente lo dijo el presidente Chaves, acompañándole Laura Fernández diciendo que “van por todo”, señalando también que sus diputados van la “línea que les trace el gobierno”.

Este balance político aún no se ha hecho. Tampoco hay a la vista un balance de lo social, de los sectores sociales organizados, de su situación en estos cuatro años transcurridos y de lo que se propone para el inicio del gobierno de Laura Fernández. Al menos está claro que le dará continuidad a todo lo anterior. Y en lo social inmediato van por la jornada esclavista de 12 horas y la liquidación de las universidades públicas. Estos dos objetivos por lo menos tienen la posibilidad de lucharse con mayor conciencia en las calles, con movilizaciones populares, de trabajadores, de pensionados, de estudiantes universitarios, y de secundaria, como se hizo en ALCOA, en 1970, en el COMBO, en el 2000 y en la lucha contra el TLC en el 2006 y 2007, y en cierta forma en la segunda ronda de las elecciones del 2018.

No hay que olvidar que la lucha de las universidades debe pelearse en alianza con los estudiantes de secundaria y primaria, con sus familias.

Hay que ganarse a los padres de familia enseñándoles y haciéndoles entender que en la defensa de las universidades está el futuro educativo de sus hijos, y el futuro de Costa Rica.

El delirio del presidente Chaves se lo quiere pasar a la presidenta Laura Fernández

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves ha venido delirando, al menos por ahora, pero sin tener más posibilidad de hacerlo, porque se le acaba el tiempo posible para ver, tan solo ver, materializada su razón perturbada, su locura, su desorientación y su pérdida de la realidad política, de su salida del surco democrático tradicional que está viviendo el país, para tratar de fundar la Tercera República de Costa Rica.

Tuvo algunos chispazos que lo acercaron a la posibilidad de diseñar su idea de Tercera República. Lo más cerca y englobante que hizo fue percibir que todos los que gobernaron antes que él, desde 1949 hasta su ascenso presidencial en el 2026, la totalidad de 17 presidentes, en sus 19 gobiernos, que han habido desde 1949, todos fueron dictadores y tiranos, que solo gobernaron para los ricos, los empresarios, los banqueros, agentes financieros, productores, importadores, exportadores y comerciantes, entre otros representantes de pequeños grupos que gravitaron y pervivieron con ellos.

Que todos ellos gobernaron contra el pueblo fue su afirmación, para distinguirse él como el que quería gobernar para el pueblo, pero que las estructuras políticas por ellos montadas, desarrolladas institucionalmente no le permitían hacerlo. De allí sus delirantes ataques a todo el andamiaje político, institucional y estructural del Gobierno y del Estado, de los Poderes del Estado, de los partidos políticos, de todos los políticos, y los medios de comunicación en general, especialmente de los que no controla o no somete a los designios de sus desmanes discursivos.

Figueres empezó a plantear su proyecto de Segunda República en función de una práctica política que estaba viviendo, de una década muy convulsa por la II Guerra Mundial, por los cambios enormes que se estaban dando no solo en el escenario internacional, sino también en el nacional.

En lo internacional el fascismo caracterizaba y dominaba el escenario. La lucha contra el fascismo era lo principal. El fascismo, representado por Alemania, Italia y Japón era expansivo en la práctica, avanzaba militarmente, ocupando y avasallando pueblos, naciones y países en procura de acabar con la Unión Soviética, en ese momento, el único gran país representativo del socialismo mundial. En la lucha internacional la lucha contra el fascismo era la lucha por la Democracia, por la Democracia en el sentido más amplio posible. El fascismo significaba dictadura, tiranía, opresión, despotismo, autoritarismo, ausencia de libertades y limitación de derechos ciudadanos, persecución, represión y muerte de ciudadanos y aniquilamiento total de pueblos, censura, cárcel, campos de concentración y exterminio étnico, racial.

La guerra que impulsaban los nazifascistas era de tierra quemada, era la estrategia de destruir toda la infraestructura que se encontraran, todos los recursos, los cultivos, las viviendas, los suministros y medios de subsistencia propios o del enemigo para evitar que este los aproveche, provocando una devastación total, a todos los seres humanos que se encontraran en su paso, que podía servir como medios de subsistencia propios o del considerado enemigo para evitar que fueran aprovechados. El fascismo provocaba la devastación total.

Ese escenario tenebroso internacional el presidente Chaves lo está viviendo, con Israel y el gobierno dirigido por Donald Trump, que está dispuesto a acabar con “una civilización” como lo ha afirmado, y de avanzar a golpe de guerras para imponer su hegemonismo político, económico y financiero, diseñando el mundo a su gusto geopolítico y geoestratégico, reeditando en un solo paquete las políticas de Estado norteamericano de las Doctrina Monroe, la Doctrina del Destino Manifiesto, la del Gran Garrote, la Doctrina Truman de la Guerra Fría, la del intervencionismo militar y de ocupación de países, de control de aduanas, de guerras de dominación, de control de regiones productivas de materias primas estratégicas para los procesos industriales y económica, de control de regiones de mano de obra baratas y control de regiones para la venta de sus productos, de manera cara, elaborados con esas materias primas y esas manos de obras baratas.

Estamos justamente reviviendo ese escenario mundial que dio origen al llamado imperialismo del siglo XX.

En el plano nacional Figueres en la década de 1940-1948 nunca, para proponer su Segunda República, enfrentó el desarrollo institucional del país, ni atacó a quienes habían sido los gobernantes de la República que estaba viviendo, la surgida en 1848. De manera especial mostró gran afecto, y exaltó y valoró, a los grandes presidentes anteriores a 1940, como fueron Cleto González Víquez, y muy especialmente para él, a Ricardo Jiménez Oreamuno y a León Cortés Castro.

Nacionalmente no estaba de acuerdo con los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944 y de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948. Con el de Calderón por haberlo expulsado del país, por haberse alineado en la lucha internacional antinazi y antifascista con la alianza democrática internacional encabezada por la Unión Soviética, Francia, Inglaterra y desde diciembre de 1941 también con Estados Unidos, que se sumó a esa lucha. También por haberse aliado a los comunistas y a la Iglesia Católica para aprobar en 1943 la Reforma Social y el Código de Trabajo. Figueres no estaba de acuerdo con el gobierno de Teodoro Picado por considerar que había surgido de un fraude electoral. Con ambos gobiernos por considerarlos corruptos y que habían traicionado los ideales y valores de la República Liberal que se había formado hasta ese entonces.

El presidente Chaves, de chivos expiatorios no enfrentó a sus dos gobiernos anteriores, los del partido Acción Ciudadana, el de Luis Guillermo Solís Rivera, 2014-2018 y el de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022, siendo éste el que lo trajo y lo incrustó a la vida política nacional, y lo pegó al gustoso respirador artificial de la Presidencia, de la cual no quiere separarse. De chivos expiatorios agarró al partido Liberación Nacional que de los 16 gobiernos que ha habido desde 1953 ha gobernado en 9 ocasiones y lo que representa la Unidad Social Cristiana lo ha hecho en 6 ocasiones. De sus presidentes se ha concentrado en atacar constantemente, de manera enfermiza, al Dr. Oscar Arias Sánchez y a Laura Chinchilla Miranda, como los causantes de todos los males del país.

Imitando a Figueres, en sus ataques a Teodoro Picado, el presidente Chaves ha atacado al Tribunal Supremo de Elecciones. Si no ha podido hablar de fraude contra él, que le validó su triunfo electoral del 2022, intentó hacerlo en el pasado proceso electoral amenazando que el Tribunal Supremo de Elecciones, quería hacer un fraude contra él, su gobierno y lo que en las elecciones a él lo pudiera representar. Sin embargo, la funcional democracia costarricense validó el triunfo de su candidata Laura Fernández Delgado, y el pueblo costarricense, como en todos los procesos electorales anteriores aceptó el resultado expresado en urnas. Educación política, educación cívica, valores democráticos y tradición histórica electoral, asimilados durante la Segunda República se hicieron presentes el pasado primer domingo de febrero, validando un triunfo indiscutible en su resultado.

El presidente Chaves se ha alineado a las políticas internacionales, injerencistas, imperialistas, profascistas, autoritarias, guerreristas y también anticomunistas del presidente Trump.

Su anticomunismo, el de Chaves, totalmente enfermizo, sin entender ni conocer que el Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, como realmente se llama, no participa en elecciones, y que su secretario general, Humberto Vargas Carbonell la última vez que fue diputado fue en 1990, y que desde entones tampoco han electo diputados.

Que ha habido diputados de izquierda sí, y los hay, pero no son comunistas, miembros del partido comunista, ni proclaman luchar por el establecimiento del comunismo. Y, parece que el presidente Chaves tiene vista corta que no le permite apreciar que en todo el mundo solo hay cinco países que están siendo gobernados por un partido comunista, la República Popular China, Cuba, Laos, la República Popular Democrática de Corea y la República Socialista de Vietnam. En América Latina solo la República de Cuba se define como una república Socialista. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Granada, Haití, República Dominicana, Granada, Panamá y México, en la historia de los últimos 60 años han tenido en ocasiones gobiernos reformistas, de carácter Progresista no comunista. Los gobiernos progresistas que han tenido no han proclamado impulsar el socialismo ni el comunismo.

El presidente Trump actualmente está interesado en borrar en el continente todo vestigio de progresismo y de reformismo político, al estilo de lo que fue el macartismo en la década de 1950, en los Estados Unidos, y al estilo de lo que fue la instalación de dictaduras militares y de gobiernos dictatoriales en el continente en la segunda mitad del siglo pasado.

Acabar con China, con Rusia o con Irán, para Trump, hoy no es un problema de comunismo versus capitalismo. Es un problema económico, de control de la economía mundial, de control de las regiones productoras de materias primas estratégicas y de control de las rutas mundiales del comercio, así como de control del flujo de las monedas con que se paga todo esto, el dólar estadounidense u otras monedas internacionales.

El presidente Chaves ha procurado que la presidenta electa Laura Fernández abrace sus posturas políticas. La está alineando en lo que puede dar proyección de continuismo político y gubernativo. Si La presidenta se monta en ese patín se va a descalabrar. Ella debe gobernar con su pensamiento propio si quiere salir airosa en su futuro gobierno. No debe convertirse en la caja de resonancia de Chaves. Eso es lo peor que le puede ocurrir.

Tiene mujeres presidentas para compararse. En el continente americano tiene por lo menos cuatro referencias, Eva Perón, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Claudia Sheinbaum. Ojalá pudiera emular con la actual presidente de México.

Si la presidenta Laura Fernández Delgado se queda de furgón de cola del presidente, ministro, si llega a ponerlo, Rodrigo Chaves, si lo trata de imitar en sus malos modales, en su vulgaridad protocolaria y discursiva, si se faja por emular con él una añeja narrativa política, más que desvariar va a tener perturbada su razón para un buen gobierno. Si se mantiene en la línea de los despropósitos y disparates chavistas va a ser exhibicionista de una enfermedad o una pasión violenta, que reflejará la perturbación de sus facultades mentales en confusión aguda de la realidad nacional, alucinación de sus relaciones política, en narrativas ilógicas que la colocarán en una falsa consciencia del entorno.

Laura Fernández si se pone a imitar a Trump o a Chaves parecerá totalmente alucinante. Pero debe recordar y tener presente que ella es la presidenta, que Chaves será tan solo su ministro y que el presidente Trump de continuar el camino que lleva a las elecciones del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, en noviembre próximo, el Congreso y el Senado con el pueblo estadounidense movilizado como está, le tendrán sus días contados.

Si Laura Fernández quiere impulsar la Tercera República debe hacerlo con cabeza propia, no ajena; debe elaborar su propia narrativa. Debe analizar por qué la necesidad de una Tercera República y cuáles han de ser sus pilares. Debe abrir un gran debate nacional sobre la posibilidad de avanzar hacia una Nueva Costa Rica, definida en una Tercera República.

Si se quiere ir a una Tercera República que no sea ir a un período de agitación política, de creencias alteradas, de experimentación de alucinaciones, de trastornos delirantes crónicos, como patología psiquiátrica de presencia de ideas delirantes bien sistematizadas, con alucinaciones y alteraciones del lenguaje y el pensamiento, que lleven al deterioro de la personalidad nacional costarricense, y produzca no personas pensantes, sino fanáticos delirantes, excitados, frenéticos, locos, salvajes.

Que el delirio nacional por una Tercera República no se convierta en una demencia nacional a lo largo de los meses del próximo gobierno.

El Mandato 2026: entre la confianza prestada y la vigilancia democrática

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

A solo unos días de asumir: La conformación de la nueva Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 no es solo un reparto de curules; es un mensaje cifrado del electorado costarricense que los partidos deben aprender a leer antes de que se agote la tinta del periodo constitucional. El votante ha hablado y, en su sabiduría, ha diseñado un contrapeso que obliga a la madurez política.

Al PPSO: El espejismo de la omnipotencia

El oficialismo celebra un espaldarazo contundente con el 48% obtenido por Laura Fernández para la Presidencia. No obstante, el diablo está en los detalles: ese 43% en la papeleta legislativa —un quiebre de voto de 5 puntos— les otorga 31 diputados. Es una mayoría simple holgada, pero no los 38 votos necesarios para una reforma constitucional o el control total pretendido por el chavismo.

¿La lectura? El costarricense le otorgó el beneficio de la duda al PPSO, quitándole la excusa de la “falta de herramientas” que usaron durante el cuatrienio anterior para justificar la carencia de resultados en seguridad, educación y soberanía alimentaria. Sin embargo, el electorado le puso un freno de mano consciente: se les da el poder para ejecutar, pero no para desmantelar la Constitución. Se acabó el tiempo de la inercia; ahora les toca gobernar con sello propio.

PLN: El factor Ramos vs. El estigma partidario

El 34% presidencial y el 22% legislativo dejan claro que el resultado no es un perdón a la marca “Liberación”, sino un reconocimiento al liderazgo de Álvaro Ramos. El mensaje es lapidario: o el partido termina de soltar los apellidos tradicionales y se abraza definitivamente a la renovación, o el rechazo histórico terminará por sepultarlos. Deben legislar entendiendo que son una fuerza de contención gracias a sus figuras frescas, no a sus viejas estructuras.

Frente Amplio: La madurez de la oposición

El FA debe interpretar correctamente su rol. Costa Rica los valida como una oposición constante y congruente, pero no como opción de gobierno. El reto será moderar su purismo ideológico y ese sectarismo que les impide construir mayorías. Si logran transitar hacia un pragmatismo estratégico sin vender sus principios, podrán ser el eje de las alianzas amplias que el país demanda.

PCAC (PAC y ADN): Cicatrices y nuevas oportunidades

El regreso del PAC y la irrupción de ADN marcan un voto de “segunda oportunidad”. Para el PAC, la herida sigue abierta: su dualidad entre el progresismo social y el neoliberalismo económico, sumado a la traición a su postulado anticorrupción, les sigue cobrando factura. El electorado les permite volver, pero bajo una lupa de sospecha permanente.

PUSC: Crónica de una desaparición anunciada

Convertirse en una fracción “unipersonal” es el castigo natural al oportunismo. El PUSC perdió su identidad al mimetizarse con el oficialismo. Hoy están en cuidados intensivos: o recuperan su esencia socialcristiana, o la historia los archivará en el cajón de los partidos extintos.

El fin de los “partidos taxi” y el personalismo

Para el resto de los actores políticos que quedaron fuera, la lección es brutal pero necesaria: el multipartidismo atomizado y los partidos taxi ya no son opción. El electorado ha dejado de comprar aspiraciones individuales vestidas de proyectos políticos. La gente exige estructuras con peso real y resultados tangibles, rechazando la fragmentación que solo servía para alimentar egos o asegurar dietas.

Lecciones para el cuatrienio

El eescenario está listo, les toca ahora a los actores aprovecharlo. Al oficialismo le corresponde dejar de repartir culpas y empezar a entregar resultados; ya no hay bloqueos legislativos que valgan como excusa. A la oposición, le toca la responsabilidad de ser constructiva, pero, sobre todo, vigilante.

El mandato ciudadano es claro: Costa Rica quiere eficiencia, pero jamás a costa de la institucionalidad democrática ni del Estado Social de Derecho. Los próximos cuatro años determinarán si nuestra clase política entendió que el poder es una herramienta de servicio, no un cheque en blanco.

El Escudo de las Américas, la lucha contra las drogas y la entronización del militarismo en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Queda cada vez más claro el camino militarista, autoritario, despótico que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Preguntado el presidente por un periodista mexicano sobre su deseo de volver a ser presidente, contestó de manera directa que no tenía interés de ser presidente, pero sí tenía interés de ser Gobernante.

Tal vez parezca que no hay diferencia en los conceptos presidente y Gobernante, porque usualmente se usan como sinónimos de la persona que ejerce la presidencia del Poder Ejecutivo.

Un presidente es un funcionario público, que en la tradición política y democrática costarricense es electo por un período de cuatro años.

El presidente tiene la máxima autoridad del Estado y del gobierno nacional. En términos generales representa la unidad nacional. Es en cierta forma un símbolo nacional. Preside las sesiones o reuniones del Consejo de Gobierno, que se integra con todos los ministros del gobierno escogidos por el presidente, una función que es única y propia de él.

El presidente cumple las funciones constitucionales, legales, administrativas y políticas, que le están señaladas para el desarrollo de sus funciones y para la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo nacional. El presidente es el dirigente político nacional de mayor relevancia en el país.

En la Costa Rica de la Segunda República, 1948-2026, el presidente puede reelegirse dejando pasar ocho años después de que ha ejercido ese alto cargo político.

El actual presidente desearía poder reelegirse indefinidamente, o al menos dejando pasar un plazo de cuatro años. Es decir, aspira volver a ser presidente en el 2030, para lo cual tendría que modificarse la Constitución Política, para poder reelegirse a los cuatro años de haber dejado la presidencia, y no a los ocho años. Esto lo intentará en el gobierno de Laura Fernández, que inicia el 8 de mayo, con la nueva Asamblea Legislativa, que le da una mayoría holgada de 31 diputados, que le facilita, con las alianzas y acuerdos legislativos adecuados, las posibilidades de reformar la Constitución Política en este sentido.

Un Gobernante es quien manda con su autoridad. Manda quien ordena, quien delega, quien dispone y dirige de conformidad a su real entender y saber. Manda quien considera súbditos a los receptores de sus órdenes. Manda quien impone con su autoridad su voluntad. Manda quien domina y quien es obedecido, quien impone sus normas, órdenes, directrices, indicaciones obligando a la sumisión y disciplina de acatamiento de lo dictado, como sucedió cuando la Ministra de Ciencia y Tecnología, frente al Presidente, manifestó que respetaba un fallo judicial, y el presidente la interrumpió e increpó de inmediato, en vivo, a todo color, frente a las cámaras de televisión, diciéndole que él no respetaba a la Corte, ni los fallos judiciales, aunque tuviera que acatarlos. Además, le dijo a la ministra que ella tenía que proceder igual que él…y la ministra quedó ni chus ni mus, sin decir palabra o, ni oste ni moste, es decir callada en todo…popularmente, calladita más bonita, mejor en silencio que dar una opinión que nadie le pidió.

Al gobernante se le considera el líder o la máxima autoridad o cabeza de un Estado, que de manera soberana ejerce las funciones de representación del Estado y del Gobierno. El gobernante es el jefe, es quien gobierna de manera tiránica, con poder absoluto. Esto fue lo que quiso decir el presidente Rodrigo Chaves al periodista mexicano. Que le interesaba gobernar con poder absoluto, no sometido a límites y controles establecidos por la Constitución Política o por las Leyes nacionales que controlan y limitan el ejercicio administrativo del gobierno y de las acciones públicas. La presidenta Laura Fernández también se ha quejado de que tiene que acatar lo que la legislación nacional le permite hacer, enfatizando que ese es el problema para gobernar, señalando que quisiera gobernar sin esas limitaciones.

Es claro que la próxima presidenta, Laura Fernández, quien asumirá el 8 de mayo la Jefatura del Poder Ejecutivo, está totalmente identificada, por lo menos hasta ahora, con los deseos y aspiraciones del Presidente Rodrigo Chaves, y que procurará impulsar las reformas de ley para facilitar la reelección de Chaves en el 2030, lo que podría alterarse si la reforma constitucional llegare a aprobarse, facilitando la reelección consecutiva, donde la misma Laura podría verse ella misma en la posibilidad de reelegirse en el 2030.

Por ahora este tema es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale. Son arenas movedizas las que se están tratando de caminar.

El gobierno autoritario, despótico, tiránico, requiere, necesita un aparato de seguridad militar fuerte, tenebroso, temible, como decía Maquiavelo, “mejor temido que amado”. Por ello el actual gobierno ha venido en estos cuatro años preparando toda la estructura institucional es esa dirección. Ha impuesto, desde su tribuna de los miércoles, el terror reverencial del presidente. Ha hecho cambios importantes en los mandos de la Seguridad Pública, fortaleciendo las lealtades hacia el presidente Rodrigo Chaves, ha creado unidades policial militares, que solo le reportan a él.

El ministro de Seguridad y su viceministro más importante han desarrollado unidades militares especiales en este sentido, como los cuerpos de la SS y SA que tenía Hitler, en este caso para la investigación y control ciudadano. Fortalecen la actuación militarista de la policía, lo que se observa en el trato público que tiene ese cuerpo institucional al abordar huelgas o protestas, al actuar contra ciudadanos, y al desarrollar prácticas de maltratos y quizá torturas que se dan con detenidos, como se han hecho públicos algunos sucesos de este tipo, que pareciera que son para ir acostumbrando a la población a ese tipo de detenciones y actuaciones.

Igualmente, han debilitado las instancias militares y policiales existentes en el país encargadas de la persecución del narco tráfico y sus redes organizativas, aunque tengan un discurso de fortalecimiento y de persecución del narco tráfico. Han debilitado los controles administrativos del Estado encargados de vigilar el tráfico de drogas, su negocio y sus actividades comerciales en general. Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de receptación y movimiento de drogas del Caribe. De aquí se envían constantemente, sin importantes controles nacionales, las drogas a los principales puertos de Europa, de Medio Oriente, sin descuidar otras regiones o países receptores de estos envíos. En Europa, y esos países, constantemente las policías especializadas en esas aduanas de esos países capturan, y dan testimonio de los envíos que les llegan de Costa Rica.

No casualmente al Estado costarricense se le considera un narco estado. Esto significa que las instituciones públicas legítimas, el gobierno, la policía o la Fuerza Pública, en sus diversos componentes, el sistema judicial están influidos, y en algunas situaciones contralados por narco organizaciones, lo que permite actuar a sus actores con bastante impunidad, convirtiéndose de esta manera el Estado, en su órgano más importante, el Gobierno, en facilitador del narcotráfico, como sucede en el país con el narco comercio y narco tráfico internacional y nacional.

El narco estado también se da cuando el tráfico de drogas influye para determinar funciones del propio estado, para alimentar los mecanismos de alta corrupción en la administración pública y la violencia en la vida ciudadana, el control de regiones urbanas y rurales por parte de pandillas, grupos o clanes narco delincuentes y grupos criminales, que imponen controles de coerción y de violencia sobre las personas, cobros de peajes en calles de barrios, la violencia generada por préstamos gota a gota que amenaza la seguridad ciudadana.

El narco estado se manifiesta en la flexibilidad o facilidad para el lavado de dinero y la inversión de dineros movidos por la narco actividad en áreas importantes de las de la vida económica nacional, así como en el tráfico de armas. En algunos países el narco estado produce la inestabilidad política, lo que todavía no se da en Costa Rica.

Costa Rica se ha convertido en el país que, en términos absolutos de gasto al consumidor, es el de mayor nivel de consumo de los hogares de toda Centroamérica, que fue de $56 millones en el año 2024 y que ronda los $60 millones de dólares en el año 2025.

Estados Unidos se lleva el récord mundial de país consumidor, de uso y abuso de drogas, de mayor mortalidad por estas drogas. Es el país con el mayor tráfico de cocaína y marihuana o cannabis, así como de la sustancia sintética conocida como fentanilo o metanfetaminas.

Las drogas sintéticas son hoy más baratas, más potentes, con mayor efecto devastador. En Estados Unidos muchos Estados de la Unión América permiten el cultivo de la marihuana, además de que se ha establecido una autorización para su uso personal recreativo. En Costa Rica hace tiempo se dispuso ese uso y la cantidad de droga que puede portar un ciudadano si es para su uso personal, como es el caso de la marihuana, que no cae del cielo como si fuera maná.

El narcotráfico ha sido utilizado por países, como Estados Unidos para financiar grupos armados organizados, por sus agencias policiales y militares, como la CIA o la DEA, de acuerdo a sus intereses geopolíticos o estratégicos, para desestabilizar, ofrecer resistencia y lucha militar a Estados y Gobiernos legítimamente constituidos, que Estados Unidos rechaza especialmente por su definición política o ideológica o por sus vínculos internacionales.

Actualmente así actúa y presiona contra aquellos países de América Latina que tienen relaciones políticas fuertes o comerciales con Rusia, China, Irán y Cuba, dentro de su perspectiva hegemónica de control mundial que impulsa el presidente Donald Trump. En Costa Rica el actual gobierno y el presidente se han comportado como felpudos de estas políticas y decisiones que le han sido impuestas por Estados Unidos de manera directa, clara y pública, especialmente en lo que corresponde a las relaciones con la República Popular China.

En la década de 1980 fue pública, notoria y escandalosa la actividad en este sentido, en aquellos años, con el llamado escándalo Irán Contras, con el cual Estados Unidos suministraba droga a los grupos contra revolucionarios de Nicaragua y en Centroamérica para que la comercializaran, y con ello, financiaran sus actividades contra el gobierno sandinista de aquellos años.

En 1985 Embajador estadounidense se reunió, por separado, con los candidatos presidenciales más importantes del momento, Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón para negociar el mantenimiento de las bases militares que tenían funcionando de hecho en la región fronteriza con Nicaragua, asociadas a las luchas contra revolucionarias y del tráfico de drogas. Oscar Arias fue contundente. Le manifestó que si él ganaba las elecciones de febrero de 1986, como resultó ganador, el 8 de mayo esas bases debían estar fuera de Costa Rica, como también sucedió. El presidente Arias, hay que reconocérselo se le plantó a Ronald Reagan con altivez, decoro y dignidad nacional. No casualmente pudo impulsar su plan y negociaciones para poner fin a las guerras en Centroamérica, que merecidamente, como el mismo Fidel Castro se lo reconoció, por ello le dieron el Premio Nobel.

La lucha contra las drogas, hoy, le ha permitido a Estados Unidos elaborar una narrativa contra gobiernos que no son de su simpatía, en una perspectiva de replanteamiento de su vieja Doctrina Monroe, de 1823, puesta en el escenario actual como un control total de los países que se identifiquen o identifican con la política exterior de los Estados Unidos. Esa narrativa es la de calificar a los grupos narcotraficantes y narco productores como organizaciones terroristas, y como tal objeto de lucha del Ejército de los Estados Unidos, dándose la libertad de actuar unilateralmente. Contra gobiernos, presidentes y gobernantes que así también los califique y actuar contra ellos, como hizo contra el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, desatando una acción militar, una pequeña guerra, contra ese país y secuestrando al presidente Maduro, pocos días después de estar haciendo prácticas de tiro al blanco, con misiles, y ajusticiamientos y ejecuciones contra pescadores, sin que hubiera podido demostrar públicamente que en sus lanchas traficaban drogas. Sencillamente los eliminaban, no los detenían para capturarles la droga e imponer, de esa manera, el terror de sus actuaciones.

En este sentido los Estados Unidos impulsa alianzas estratégicas y tácticas de actuación en el plano internacional, como la Junta de la Paz, o en el continente, como lo ha hecho el pasado 4 y 5 de febrero, el presidente Donald Trump con las reuniones, de esos días, en Miami, de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con este propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

Curiosamente a esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, no invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que ellos solos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes en ese organismo que ha creado, donde el gobierna y manda, y los ministros y presidentes de esas pequeñas naciones obedecen. La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente Trump ha creado círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. Pero, Cuba no es Venezuela, ni La Habana es Caracas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump. Y, Costa Rica representada en esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios que esas guerras produzcan.

Desde hace muchos años los Estados Unidos ha firmado pactos y tratados, incluso con Costa Rida, para el patrullaje marítimo de ambas costas, para el control de drogas. El control marítimo de Costa Rida se hace con el de Centroamérica. En la práctica no ha servido casi para nada en ese propósito.

La reunión de los militarotes en Miami, entre ellos el flamante ministro de Seguridad de Costa Rica, con Trump, fue solo la pantalla. Por la Declaración firmada por todos esos representantes militares, pareciera que la reunión fue pura lámpara. Las firmas no se recogieron en la sesión final, sino que hicieron en días separados, como si ya estuvieran cocinadas. Así, unas son firmadas el 4-3 (suponemos el 4 de marzo), otras el 3-4 (podría ser 3 de abril).

Pero, la que destaca más es la del ministro de Seguridad de Costa Rica, que con mucha seguridad estampó su firma el “4-6-26” (queda claro que es el 4 de junio del 2026, no podría interpretarse que es el 6 de abril del 2026, ni podría ser pieza testimonial de que los días 4 y 5 de marzo estaba atendido por Trump, en Mar a Lago y no en Doral, ¿o es lo mismo?

En la interpretación extrema de ambas fechas no calza con la realización de la reunión de Miami los días 4 y 5 de marzo. ¿Dónde estaba volando Mario Zamora? ¿Estaba en su sano juicio, proyectado, volado, extasiado en el 6 de junio, como si Laura Fernández lo hubiese nombrado ministro y en esa fecha hubiera rubricado ese documentazo para “Promover la Paz a través de la Fortaleza, para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos” y “unirnos a una coalición para combatir el narco terrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”?

Como el emblemático ministro de Seguridad firmó el 6 de junio, es claro que esa firma no tiene ningún valor real, formal, institucional. Si acaso tendrá valor sentimental. Oficial ninguna. No tiene validez. No puede comprometernos como país. Sería horroroso que le alteren la fecha, para hacerla calzar con la reunión del 4 y 5 de marzo, o que lo lleven a pasear de nuevo a Doral, Mar a Lago o al Pentágono para que refirme el documento o le ponga un “otro sí”.

Está claro, por lo demás, que Costa Rica por su disposición constitucional, Artículo 12, abolió el ejército no puede participar activamente en organismos militares, constituidos por ejércitos para por la “Fuerza” “promover la Paz”.

De la Declaración firmada por esos militares pareciera que enterraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene la Fuerza Interamericana de Paz, que es el organismo político militar de la Organización de Estados Americanos, que usó 42000 soldados estadounidenses y 25 guardias civiles de Costa Rica en la invasión de República Dominicana en 1965, que no se puso del lado de Argentina en la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando los Estados Unidos se prestó de aliado con Inglaterra para la ocupación inglesa de esas islas, ni hizo nada contra Estados Unidos cuando invadió la pequeña isla de Granada en el Caribe sur, en 1983

La Declaración del Escudo de las Américas, como también se le llama a esa coalición militar, también deja sin efecto al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que ya es un organismo bastante inoperante, del que Costa Rica es miembro observador.

Lo que no se puede tirar por la borda el flamante ministro, de Inseguridad Nacional, es la Sentencia de la Sala IV del 2004 cuando obligó al presidente Abel Pacheco a retirar la firma que había puesto de apoyo y solidaridad con Estados Unidos para la guerra que desarrolló en Irak. Fue clara la Sala IV al manifestar que Costa Rica por haber abolido el ejército de manera permanente no podemos participar en organismos ni coaliciones de carácter militar, que participen en guerras.

Para ello, Trump ha desarrollado un nuevo concepto de hacer guerras justificadas por razones políticas y geopolíticas guardando sus intereses. Ha modificado su lucha contra el narcotráfico bajo la perspectiva de la lucha contra las organizaciones narcoterroristas como las llama, y las coloca en la órbita de la lucha militar, de los ejércitos sin fronteras. La lucha contra las drogas para él es una tarea del ejército. En ninguna parte del mundo esa es una tarea militar, del ejército de los países. Esa es una tarea encomendada a cuerpos policiales altamente especializados.

La incorporación de Costa Rica en la Coalición militar de Trump, en la perspectiva de hacer guerras por doquier, con el impulso que trata de darle a su nueva Organización Mundial, sustitutiva de la ONU, nos lleva a la militarización del país, a la ocupación militar de Costa Rica, a la posibilidad de entregar el territorio nacional para construir emplazamientos militares y bases militares que no contribuirán en nada al desarrollo económico, social, político y democrático del país. Solo facilitará el desarrollo de tendencias militaristas en el país, la posibilidad de desarrollar de nuevo el ejército y de disminuir más los gastos públicos en educación, salud, vivienda, cultura, ciencia y tecnología.

La “firmita” del ministro Zamora es un compromiso de muerte para el país, para la democracia nacional y para la paz social que se ha construido y vivido en Costa Rica, prácticamente desde el siglo XIX, desde 1869 cuando empezó a fortalecerse más la educación y la salud pública.

La firmita del ministro Zamora, de ahora o de junio, es el camino al autoritarismo, al militarismo y al gorilismo rampante en el país.

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

¿Tercera República o puro voluntarismo político?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Lo que está haciendo Laura Fernández es convertir un concepto histórico sólido, en algo banal y hueco de contenido.

En el debate político reciente ha comenzado a circular con insistencia la idea de que Costa Rica estaría transitando desde la Segunda República nacida en 1949, después de una cruenta guerra civil y acto seguido, una pacificadora Constituyente, en una supuesta “Tercera República”. La noción ha sido invocada tanto por analistas cercanos al poder como por figuras del actual oficialismo. Sin embargo, lejos de constituir una idea que exprese con rigor científico algo serio, dicho planteamiento revela un marcado sesgo voluntarista, carente de sustento sociológico, politológico e histórico. Conviene, por tanto, someter esta tesis a un examen crítico.

Voluntarismo político y ausencia de condiciones estructurales

Las transiciones republicanas NO se producen por la mera voluntad de un liderazgo, ni solamente por la retórica, el discurso de un gobierno, por más que éste haya surgido genuinamente de elecciones legítimas. Históricamente, el paso de una república a otra supone la concurrencia de condiciones estructurales, es decir la emergencia de un bloque social articulado, o sea fuerzas políticas y sociales orgánicas, una ideología relativamente coherente y, casi siempre, un momento constituyente explícito que redefine las reglas del juego. Nada de ello se verifica hoy en Costa Rica.

Ni el Partido del Pueblo Soberano (PPSO), que acaba de ganar las elecciones, con Laura Fernández a la cabeza, ni el vehículo electoral que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, un partido “taxi” llamado Partido Popular Social Democrático (PPSD), hoy en otras manos, constituyen partidos políticos en sentido estricto. Se trata de instrumentos electorales coyunturales, o sea momentáneos, carentes de organización territorial, de cuadros estables, de cultura partidaria y ayunos además de un verdadero proyecto histórico. Pretender que desde estas plataformas se geste una Nueva República equivale a confundir contingencia electoral con transformación estructural del régimen político.

El antisistema costarricense: protesta sin proyecto

El apoyo social al actual gobierno proviene, en gran medida, de sectores heterogéneos que comparten una experiencia común de desprotección real o percibida de los beneficios acarreados por el Estado social de derecho. A ello se suma una cultura política fragmentaria, con bajo apego institucional, que ha sido representada eficazmente por figuras todavía “no políticas” en su mayoría, quiénes hacen gala de un lenguaje confrontativo, vulgar y emocionalmente cargado.

Esta reacción antisistema en Costa Rica no constituye un sujeto histórico con vocación fundacional. No expresa una voluntad constituyente, ni articula un proyecto republicano alternativo. Es más bien, una reacción social cargada de resentimiento, justificado o no, episódica y desarticulada, que busca llevar adelante un castigo simbólico y significativo contra sus oponentes, así como un desahogo discursivo antes que una reconfiguración consciente del orden político.

Hay en esta “reacción social y política” una intención de erosionar la institucionalidad y de establecer límites reales al poder que se deriva de La Constitución

Debe reconocerse que existe una intención deliberada por parte del presidente Rodrigo Chaves y de figuras como Laura Fernández de erosionar la legitimidad simbólica de instituciones claves del Estado costarricense. Instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General y el Organismo de Investigación Judicial, han sido objeto de ataques reiterados que, en la mayoría de los casos, carecen de fundamento técnico o jurídico sólido. Además, con frecuencia inusual, las principales figuras del oficialismo arremeten contra todos aquellos medios de prensa que se han opuesto al autoritarismo y la arbitrariedad propios del gobierno vigente.

Sin embargo, intención no equivale a capacidad efectiva. Estas instituciones conservan altos niveles de legitimidad social, autonomía funcional y autoridad normativa. No se ha producido su captura, ni el desacato sistemático a sus resoluciones. Lo que observamos es una estrategia de desprestigio discursivo; por fortuna no se ha dado todavía un proceso exitoso de demolición institucional, o dicho de manera simple de destrucción de la “Casa común”, el Estado Social de Derecho. Aunque, este lenguaje vulgar y procaz sí le ha servido al presente “populismo autoritario”, para captar vasto apoyo social de parte de sectores descreídos de la democracia y que, en una gran parte se volvieron antisistema.

Elecciones, legitimidad y continuidad republicana

Un dato empírico fundamental debilita de manera decisiva la tesis de la transición republicana hacia la invocada “Tercera República”: la plena vigencia y legitimidad del sistema electoral. También se puede afirmar que, aunque se evidencia una intención de destrucción por la parte gubernamental, de Chaves o de la presidenta electa Laura Fernández y algunos de sus diputados, en lo medular, el Estado Social de Derecho que, ciertamente amerita reformas democráticas, se mantiene erguido. Las elecciones continúan siendo reconocidas como el mecanismo central de designación de autoridades, el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene prestigio transversal y los resultados de las recientes elecciones no han sido cuestionados de forma significativa.

Más aún, tras siete procesos consecutivos de aumento del abstencionismo, el último ciclo electoral registró una reducción de este abstencionismo cercana a diez puntos porcentuales. Este hecho resulta incompatible con cualquier diagnóstico serio de colapso republicano. Ninguna república se extingue mientras su mecanismo electoral conserve legitimidad social efectiva.

La “Tercera República” como ideología prestada

La insistencia en hablar de una “Tercera República” parece cumplir una función distinta: dotar de densidad, sustento o contenido ideológico a un poder que, en este momento carece de todo ello. Ciertos analistas han ofrecido al oficialismo un relato grandilocuente que pretende sustituir la ausencia de proyecto por una narrativa refundacional superflua que no refleja la realidad; por lo pronto no hay nada nuevo bajo este cielo blanco, azul y rojo.

Las intervenciones públicas de Laura Fernández son ilustrativas. La invocación solemne a la “Tercera República” estuvo carente de contenido. En efecto, la presidenta electa se mostró incapaz de caracterizarla histórica o sociológicamente, su posterior intento de explicación derivó en un concepto extremadamente banal. Palabras sueltas, desprovistas de coherencia, no constituyen una categoría histórica ni un horizonte político reconocible.

Conclusión

Costa Rica no está transitando hacia una Tercera República. Lo que presenciamos es un intento discursivo de deslegitimación del orden de la Segunda República, impulsado por un liderazgo personalista que, de momento carece de base orgánica, y también de proyecto histórico robusto; tal liderazgo busca reemplazar la solidez que aún muestran la mayoría de las instituciones por apelaciones emocionales, confrontativas y arbitrarias.

Confundir este intento con una transición republicana real no solo es analíticamente infundado e incorrecto: es políticamente riesgoso, pues trivializa los verdaderos procesos de ruptura histórica y subestima la resiliencia, la fuerza y resistencia —aún notables— de la institucionalidad costarricense.

Así pues, la Segunda República no enfrenta su acta de defunción como lo quisiera el oficialismo y sus ideólogos, algunos de los cuales se mueven tras bambalinas. Enfrenta, más bien, una fase de tensión, desgaste y disputa simbólica, que exige análisis riguroso y responsabilidad intelectual, no voluntarismo ideológico.

Costa Rica: la fuerza del sufragio responsable

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por: Dr. Efraín Cavallini Acuña
Comunicador
Integrante Alianza Ciudadana por el Despertar Democrático

La Constitución Política constituye la norma más importante de un Estado, ya que regula aspectos tan importantes como los derechos fundamentales de los que gozan los habitantes del país, el sistema de gobierno que lo regirá, las competencias de cada uno de los poderes que conforman el Estado, entre otros.

Cabe mencionar que, si bien nuestra Constitución Política tiene poco más de setenta años, lo cierto es que su texto refleja una serie de valores y principios, y es fruto de las luchas que han dado nuestros antepasados durante más doscientos años de vida independiente para perfeccionar nuestra democracia, y que hoy nos definen como una democracia plena, según los indicadores internacionales. Entre estos logros, podemos citar la creación de instituciones tan esenciales para la democracia como el Tribunal Supremo de Elecciones, la abolición del ejército, la creación de la Sala Constitucional, así como el sufragio universal que permitió el voto de la mujer que es un símbolo que nos identifica a nivel mundial.

El poder del voto popular en los procesos de elección en nuestro país son una herencia importante en los valores esenciales de la Democracia Costarricense. Aunque el sufragio, se ha transformado y tuvo importantes reformas desde su creación, que coinciden, precisamente con la construcción del Estado Republicano, ha funcionado en el largo plazo, como un mecanismo de legalidad, de participación y de representación, es decir es el ejercicio ciudadano más generalizado hasta inicios del Siglo XXI.

El salto político que dio Costa Rica en el Siglo XIX , al desarrollar el concepto del sufragio primero indirecto, público y restringido, al sufragio directo universal y secreto, conllevó un largo proceso histórico, donde precisamente, confluyeron, las demandas, las necesidades, los intereses de distintos grupos sociales y económicos para el ejercicio pleno de la responsabilidad ciudadana de primer orden, quizás al tenerlo, como acto de absoluta voluntad, no estemos conscientes del valor y de la fuerza que implica ejércelo como herramienta y voz de cada uno de los ciudadanos

Estas cualidades, garantizaron que, el sufragio, directo, libre, universal, secreto y la capacidad jurídica de los ciudadanos para elegir, se convirtiera en un mecanismo de participación popular, aceptada y generalizada, durante estos dos siglos de vida independiente.

El voto lleva implícito una acción política poderosa, un criterio imperioso, una demanda firme, una voz potente, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

No se trata de votar únicamente por alguna filiación, no se trata de votar porque tengo intereses privativos y mezquinos, no se trata de votar solo con el corazón, no se trata de tematizar y polarizar las opiniones. Tampoco de despreciar el sufragio, anulándolo, no se trata de ejercer el voto protesta y no acudir a las urnas. Se requiere que las personas se informen sobre los temas de fondo, sobre los grandes retos y sobre la agenda que debemos resolver y afrontar todos y cada uno de los costarricenses.

EL sufragio cualidad de nuestra democracia se encuentra descrito en la Constitución Política de Costa Rica, en su Título VIII Derechos y Deberes Políticos, Capítulo I, Los Ciudadanos, por ello, en este proceso electoral que vive nuestro país en el 2026, considero pertinente compartir y reforzar los artículos sobre el Sufragio descrito en nuestra Constitución Política.

Artículo 93.

“El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil”.

El sufragio o derecho al voto, constituye una de las expresiones máximas de la vida en democracia, en el tanto permite a las personas ciudadanas participar en la toma de decisiones de relevancia para el país, como es, por ejemplo, la elección de las personas que ocuparán puestos públicos de importancia, u otros temas de relevancia por medio de la consulta popular o referéndum. Ahora bien, cabe mencionar que el ejercicio del voto no constituye únicamente un derecho, sino también un deber, por lo que existe la obligación de participar en todos los procesos electorales y no únicamente en las elecciones nacionales.

Es pertinente aclarar que el hecho de alcanzar la mayoría de edad no otorga automáticamente el derecho a ejercer el voto, pues para ello es necesaria la inscripción de la persona ante el Registro Civil antes de una determinada fecha fijada por el Tribunal Supremo de Elecciones, así como contar con una cédula de identidad vigente.

Artículo 94.

“El ciudadano costarricense por naturalización no podrá sufragar sino después de doce meses de haber obtenido la carta respectiva”.

La nacionalidad costarricense puede obtenerse por nacimiento o por naturalización, siendo en este último caso el de personas extranjeras que por su propia voluntad deciden convertirse en costarricenses. Ahora bien, una vez que la persona cumple con los requisitos para obtener la nacionalidad costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones le otorga un documento denominado “carta de naturalización”, luego de lo cual se procede a su inscripción en el Registro Civil. Tras obtener este documento, y si la persona cuenta con la mayoría de edad, podrá ejercer su derecho al voto, siempre y cuando haya transcurrido ya

el plazo de doce meses que establece la Constitución.

Artículo 95

“La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios:

1.- Autonomía de la función electoral;

2.- Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio;

3.- Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas;

4.- Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho;

5.- Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado dispuesto por la ley para tal efecto;

6.- Garantías de representación para las minorías;

7.- Garantías de pluralismo político;

8.- Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos, según los principios democráticos y sin discriminación por género”.

Este artículo establece una serie de principios que deben cumplir los procesos electorales, con el fin de que éstas respondan a los principios democráticos que deben regir a este tipo de procesos. En ese sentido, un medio para garantizar la transparencia en las elecciones, se dispone la obligación de que el Estado provea a los electores de cédulas con fotografías, con el fin de evitar que personas se hagan pasar por otras para ejercer en su nombre el voto. Por otra parte, al garantizar la autonomía de la función electoral, se elimina la posibilidad de que las personas que se encuentran ejerciendo el poder al momento de las elecciones, puedan adoptar medidas tendientes a influir en el proceso electoral a su favor, por medio de acciones fraudulentas.

Asimismo, se dispone la obligación de garantizar el pluralismo político como un medio para que todos los pensamientos políticos o ideológicos puedan participar en los procesos electorales, siempre y cuando estos no promulguen ideas que resulten contrarias a los principios que rigen el país (por ejemplo, un partido que promueva ideas racistas). Además, se busca que los procesos garanticen la participación en puestos políticos de en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, al prohibir la discriminación por motivos de género.

La fuerza del sufragio, no se compara con ninguna otra, dentro de una sociedad democrática. El voto lleva implícito una acción política poderosa, una voz potente, un criterio imperioso, una demanda firme, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

Como ciudadanos apelamos a la tesitura, a la recuperación de los mejores valores, que como sociedad democrática hemos construido, actuar conforme a nuestra vocación del ser costarricense, no como discurso vacío, si no como producto histórico, reconocidos como colectivo de vocación civilista, democrática, dialogante y pacifista. Se trata de recomponer la cohesión social, y que en esta elección salga lo mejor de nosotros.

Con la convicción de que el disenso y las diferencias son parte fundamental en toda democracia, hacemos un respetuoso llamado a los diversos sectores del país para intensificar el diálogo nacional en busca de acuerdos que nos permitan seguir construyendo una sociedad sustentada en valores, de respeto a la libertad de opinión, de tolerancia activa, de crítica constructiva y, en general, la sociabilidad humana donde la Ciudadanía es la Democracia.

Instamos a la ciudadanía costarricense a ejercer este sagrado derecho del sufragio y poder afirmar que la democracia formal, el sistema electoral y la alternabilidad en el poder, son garantía de nuestro Estado de Derecho.

Referencia Bibliográfica:

Una Constitución Política para todas y todos. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica. Escuela de Planificación y Promoción Social-Universidad Nacional, Costa Rica. Tribunal de Honor y Ética Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica-COLPER. Progreso Editorial 2022. San José-Costa Rica

Un Nerón moderno en Minneapolis vs. «La Isla que somos»

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jiddu Rojas Jiménez

Empecemos por el final, y en tierras lejanas.

Escuchamos conmovidos a un Congresista Norteamericano Demócrata, describiendo la guantera del carro llena de juguetes infantiles de los tres huérfanos, hijos de la joven Madre ciudadana norteamericana, de 37 años, brutalmente asesinada por un perturbado oficial del temido ICE y fanático del movimiento MAGA de Trump. Ella era viuda de un soldado norteamericano.

Hemos escuchado en sus videos, a la bella Renee Nicole Good, QEPD., hablando español con dulce acento norteamericano, y expresándose en toda su humanidad y con amable calidez, confesando su solidaridad para con la Comunidad Latina.

Hemos visto a una ciudad, Minneapolis, junto a Chicago y New York y otras ciudades, levantarse en justa ira frente al vil asesinato de esta bella, –bella por dentro y por fuera–, nueva madre mártir norteamericana. Su ejemplo se televisó internacionalmente. Estoy seguro que muchos hemos llorado de rabia, de indignación, de dolor, de compasión, viendo este cruel asesinato. Las apologías del crimen de los personajes de la Administración Trump son aún más lamentables. La tipa encargada de Seguridad del Gabinete, Kristi Noem, vestida casi como vedette barata tipo «Cowgirl», Vaquerita, despotrica, y la tilda de un caso de «terrorismo doméstico”, etcétera.

En una variante orwelliana, hablan de que ella trató de atropellar (lástima que no lo hizo) al exsoldado MAGA contratado por el ICE. Trump mismo habla de una supuesta defensa propia del soldado ICE. El vicepresidente Vance lo secunda, etc. Crean un mundo paralelo como el de las «fake news». Lo que usted ve en los videos, es otra cosa. Es lo que es… No estamos locos. Sencillamente Trump sigue mintiendo. ¿Cómo llegó EEUU a esto?

Pareciera que EEUU es una poderosa superpotencia, pero muy enferma y en una profunda y sistémica crisis…

Recordemos ahora, el contexto global y nacional de Estados Unidos y como esto nos atañe inevitablemente como la Isla que ya no somos: Volvamos a nuestra insularidad de montañas.

El Gobierno Trump en pleno nuevo escándalo de pedofilia de Epstein, y en búsqueda de distracciones domésticas, vuelve a ver hacia su «Patio Trasero» y resucita a la Doctrina Monroe en una peligrosa versión imperialista.

Dentro de esta nueva variante de la lógica imperial, sobre América Latina y el resto del Mundo, la Embajada Norteamericana local apostó, y posiblemente tratará de imponernos en Costa Rica, al continuismo autoritario de nuestro Gobierno «Ja-Guaro».

Digámoslo claro. Rodrigo Chaves es una versión de bolsillo local y cipaya de Trump; claro, con los límites todavía, de la institucionalidad democrática costarricense.

No sin la ayuda del otro déspota tropical de Bukele, y de su pequeña tiranía, en el país hermano centroamericano. Todo mientras el Gobierno costarricense, firma un TLC con el Israel de Netanyahu, acusado internacionalmente de Crímenes de Lesa Humanidad y de Crímenes de Guerra, por el actual Genocidio en Gaza financiado también por Trump.

Mientras tanto Trump y el pequeño, «Liittle» Marco Rubio, imponen una suerte de Protectorado Neocolonial, sobre todo el Gran Caribe, ahora so pretexto de ser los «paladines de la Libertad» y combatir al Narcotráfico. (A pesar de haber indultado recientemente al expresidente Narco de Honduras JOH condenado a 45 años en EEUU.)

El escenario bélico es el Mar Caribe, que deviene en una especie de «Mare Nostrum» al estilo de la Antigua Roma Imperial, pero con un Emperador en franca decadencia política y moral. Digamos que estamos frente a un moderno Nerón romano, sólo que armado de letales armas nucleares y de última tecnología.

Para EEUU., con Republicanos o Demócratas con matices, en realidad tanto la disputa económica con China Popular, así como la rivalidad geoestratégica militar con Rusia, implica la necesidad de una inyección de nuevos recursos y rutas comerciales. Nada nuevo. Lo nuevo es la intensidad de la violencia, en el cómo reclamar el monopolio sobre los mismos.

En este nuevo capítulo del histórico Intervencionismo Norteamericano, se trata ahora de la apropiación ilegal del petróleo, de las tierras raras, y de los recursos naturales de Venezuela y del Caribe. Colombia, México, Cuba y Nicaragua, y el resto de Centroamérica, son amenazados públicamente.

El discurso del nuevo Nerón no respeta viejos aliados, ni grandes ni mucho menos pequeños, Canadá, Dinamarca, Groenlandia, la Unión Europea, Costa Rica…

Volvamos a Costa Rica, nuestra «Isla» montañosa en la pluma irónica de Isaac Felipe Azofeifa, ahora polarizada, y enfrentando una nueva Elección Presidencial. Por un lado, la versión criolla de trumpismo, el oficialismo de Rodrigo Chaves, y por otro lado, una oposición variopinta y dispersa, que apela al rescate abstracto de la democracia.

Pero aquí nace el dilema político y ahora geopolítico, de nuestra «casta» política.

Pues sorprende, como los políticos digamos de vocación democrática de Costa Rica, –justo cuando tenemos que unirnos frente a la amenaza del continuismo autoritario local–, primero se distraen sectariamente, y no concretan la posible unidad para una necesaria segunda ronda.

Y segundo lugar, –en otro sorprendente y craso error geopolítico–, tenemos que los y las candidatos y candidatas (con la honorable excepción del Frente Amplio que posiblemente tendrá que pagar un precio electoral), corren a rendirle pleitesía neocolonial, al matonismo internacional e ilegal de Trump. Justo cuando Nerón quiere incendiar la zona (incluida Costa Rica) y rediseñarla a su antojo, o peor aún, al antojo de las necesidades de un moderno imperio en franca decadencia.

Entendemos que las elecciones nacionales son por definición, un disfrazado «campo heteronómico» de fuerzas, donde las condiciones para la autonomía de la voluntad Racional e Informada de Kant brillan por su ausencia. Es un tema estructural e incluso colectivo. Adiós Kant.

Pero atención. Los fines vienen contenidos en los medios, parodiando a Kant. Y eso tiene consecuencias prácticas. No se trata como decía McLuhan de que los medios son los fines. No tampoco, esto no es comunicación solamente. Es que, si se escoge una ruta política, un determinado camino, este en consecuencia sólo llevará a determinados resultados y variables.

Así es nuestra opinión que esta actitud cipaya de varios políticos democráticos costarricenses es reprochable, no sólo moralmente, sino políticamente, y en términos prácticos.

¿Pero primero preguntémonos por qué actuar de forma tan timorata y servil? Quizá por evidente cálculo, acaso por un razonable temor, acaso por prudencia romana digamos, o acaso por «malicia indígena», o por lo que sea. Pero lejos de ser pragmático, esto es suicida no sólo para la Democracia costarricense, sino para la misma existencia de la República, y lo que reste de nuestra Soberanía. ¿O ellos no entenderán que la Administración Trump huele el temor de la presa cazada y no perdona? Demostrar demasiada debilidad tampoco ayuda necesariamente. Al contrario.

Tampoco creamos que estas aventuras imperiales de Trump en el Caribe nos son ajenas. Jamás. Razonemos. Costa Rica no es evidentemente una isla, aunque algunos la imaginen o desean así, y aunque su maravillosa Biodiversidad conecte estratégicamente dos Océanos, Atlántico y Pacífico. Si lo fuese, sería peor el control externo. Así, aunque lo deseemos, no estamos aislados, y menos después de la Globalización.

Aprovechamos para recordar y citar al genial Ensayo del Isaac Felipe Azofeifa (1909-1997): «La isla que somos». Y como la ontología de la actual Geopolítica, nos devora y regurgita a su antojo. Hay cierta ingenuidad colectiva consensuada en el imaginarse como una Isla. Nerón y Rubio llegaron al Camelot centroamericano, como elefantes en una cristalería… Y están apenas rompiendo lo mínimo, apenas se asoman. Es un periodo electoral bastante «sui generis.»

Irónicamente será el Gobierno Trump el que posiblemente financiará y dibujará la estrategia local del miedo, para entronizar electoralmente a un nuevo régimen de vocación Autoritaria, y cuyo referente político es precisamente el régimen de Bukele. No hay que asustarse, Hitler también ganó Elecciones al principio.

Del Ja-Guaro y su Candidata Títere locales, no esperamos nada. O nada decente. Pero acaso, será los políticos costarricenses de Oposición, no se instruyen más y no estudian Geopolítica. Será que están en lo pequeño, distraídos por el discurso Tecnocrático. Acaso ven el árbol, sin la complejidad del bosque. Mejor escuchar, observar y razonar más…

Acaso más bien, no se han dado cuenta de que hubo una mutación en las reglas de la gran geopolítica global: Las «viejas formas» de perdieron. Pero como dice el sabio refrán: «en política, la forma es el fondo». Efectivamente así es. O como proclamó el Embajador Norteamericano en la deslucida ONU: […] «Quitémonos las máscaras…»

Siendo así, está muy claro que hacen muy mal los Candidatos costarricenses de vocación Democrática y de Oposición, en apoyar y avalar sin más y en coro, la agresión militar ilegal de Trump en Venezuela.

Esto último en mi modesta opinión, implica sinceramente, o un total desconocimiento de la Geopolítica o una vocación de sumisión qué avergonzaría a nuestros héroes de la Campaña Nacional de 1856-1857 contra los Filibusteros Norteamericanos esclavistas. Ojalá y puedan recapacitar, la Patria se los agradecería.

Advertencia final:

No se vale saltar hipócritamente, mecánicamente, al epíteto de acusar al Suscrito de apologeta del régimen de Maduro y Diosdado, sólo por estar en contra de una invasión ilegal imperialista a un país latinoamericano hermano. La aclaración no sobra, en el entendido de que a Trump y Rubio y su Gabinete, nunca le han interesado ni los Derechos Humanos, ni la Democracia, ni la Libertad de ningún Pueblo. Veremos hasta dónde llega Trump y su vocación de moderno Nerón adentro de EEUU.y fuera de su país.

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