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Etiqueta: democracia costarricense

Entre el paraíso perdido y la tierra prometida: San Farol, los evangelios políticos y la democracia que no terminamos de construir

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

I. El evangelio apócrifo de san farol

Y aconteció en aquellos días de septiembre que el pueblo de Costa Rica caminaba confundido entre banderas, vallas, cédulas de identidad, arroz con pollo y publicaciones de Facebook.

Muchos habían perdido la esperanza. Otros habían perdido la paciencia. Algunos habían perdido hasta las ganas de discutir. Y hubo quienes, después de leer los comentarios en las redes sociales, estuvieron a punto de perder también la fe en la especie humana.

Pero entonces ocurrió la revelación.

Tres figuras aparecieron en el horizonte político y hubo quienes dieron gracias porque finalmente alguien les había abierto los ojos.

Había nacido la Santísima Trinidad Jaguar: Rodrigo, el Padre Fundador; Pilar, portadora de la palabra; y Laura, depositaria del espíritu de la Nueva Costa Rica.

Y muchos creyeron. No porque fueran ignorantes. No porque no hubieran ido a la escuela. No porque carecieran de capacidad para pensar. Creyeron porque toda revelación necesita primero un mundo que parezca necesitar ser revelado. Y aquel mundo tenía nombre: los mismos de siempre.

Entonces aparecieron también los Cuatro Jinetes del Apocalipsis:

El primero cabalgaba bajo las siglas PLN.

El segundo llevaba sobre su caballo las del PUSC.

El tercero vestía de Frente Amplio.

Y el cuarto, recién incorporado a las escrituras, respondía al nombre de CAC.

Detrás avanzaban sindicatos, universidades públicas, periodistas, magistrados, burócratas, comunistas, progresistas, zurdos, intelectuales y todo aquel que por razones todavía no completamente esclarecidas hubiese incurrido en el pecado de hacer demasiadas preguntas.

Y vio el pueblo aquello.

Y algunos dijeron:

—¡Ahora sí entendemos!

Porque la primera bienaventuranza de toda revelación política es sencilla:

Bienaventurados aquellos a quienes les fueron abiertos los ojos, porque finalmente conocerán quién tuvo la culpa.

El libro de los mandamientos

Y fueron entregadas al pueblo unas nuevas tablas. Y en ellas podía leerse:

Primero: Amarás a la Nueva Costa Rica sobre todas las cosas.

Segundo: No tomarás el nombre del Gobierno en vano.

Tercero: Santificarás las fiestas patrias, siempre que las celebres de la manera debidamente autorizada.

Cuarto: Honrarás la valla y portarás tu cédula.

Quinto: No protestarás durante el cumpleaños de la Patria.

Sexto: No cuestionarás innecesariamente las medidas de seguridad, porque quien nada debe nada teme y quien pregunta demasiado algo estará tramando.

Séptimo: No codiciarás las instituciones ajenas.

Octavo: No levantarás falsos testimonios, salvo que hayan sido debidamente compartidos quinientas veces en Facebook.

Noveno: No confundirás libertad con hacer lo que te dé la gana.

Y décimo: Cuando ninguna argumentación resulte suficiente, recurrirás a la doctrina definitiva: Lero lero, calzón de cuero.

Palabra del Señor. Te alabamos, Jaguar.

Las bienaventuranzas de Plaza Mayor

Bienaventurados quienes llevaron la cédula, porque de ellos será la Plaza Mayor.

Bienaventurados quienes respetaron la valla, porque serán llamados ciudadanos ordenados.

Bienaventurados quienes no preguntaron demasiado, porque no retrasarán la fila.

Bienaventurados quienes comieron arroz con pollo, porque serán saciados.

Bienaventurados quienes descubrieron a los mismos de siempre, porque jamás volverán a necesitar explicaciones demasiado complicadas.

Bienaventurados quienes encontraron un enemigo para cada problema, porque suyo será el Reino de la Certeza.

Y bienaventurados, finalmente, quienes comprendieron el profundo significado filosófico del lero lero, porque habrán alcanzado un estado epistemológico al que ni Morin se atrevió jamás.

La pasión de San Farol

Llegó entonces el 14 de septiembre. Y un humilde farol salió de su casa. No sabía nada de neoliberalismo. No había leído a Montesquieu. Desconocía la separación de poderes. No tenía cuenta en X. Jamás había participado en una conferencia de prensa. Era simplemente una cajita de cartón con papel celofán y una luz adentro. Pobre inocente. No sabía lo que le esperaba.

Primera estación: San Farol es condenado a ser politizado

Apenas llegó a la celebración, alguien decidió que representaba el civismo.

Otro afirmó que representaba la resistencia.

Otro sostuvo que simbolizaba el orden.

Otro que simbolizaba la libertad.

San Farol quiso explicar que había sido construido la noche anterior por un niño con goma, cartulina y ayuda de la mamá. Nadie lo escuchó.

Segunda estación: San Farol carga con la democracia

Le colocaron sobre los hombros la institucionalidad costarricense completa.

Separación de poderes.

Libertad de expresión.

Derecho a manifestarse.

Seguridad ciudadana.

Identidad nacional.

Patriotismo.

Gobernabilidad.

Setenta y tantos años de Segunda República.

San Farol comenzó a doblarse.

Tercera estación: San Farol cae por primera vez

Inmediatamente alguien culpó al Gobierno.

Otro culpó al Frente Amplio.

Otro al PLN.

Otro a los sindicatos.

Otro a las universidades públicas.

Alguien preguntó si todo aquello no sería culpa de Carlos Alvarado.

La hipótesis no pudo descartarse inmediatamente.

Cuarta estación: San Farol encuentra a su madre, la Patria

La Patria lo miró desconcertada.

—Hijito, ¿cómo terminó una celebración escolar convertida en una disputa sobre el futuro de la civilización occidental?

San Farol tampoco sabía.

Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a San Farol

Un ciudadano se acercó para ayudarlo a cargar.

Fue inmediatamente identificado como sindicalista.

Sexta estación: La Verónica limpia el rostro de San Farol

Una mujer se aproximó con un pañuelo.

Antes de llegar le solicitaron la cédula.

Séptima estación: San Farol cae por segunda vez

Desde un extremo alguien gritó:

—¡Dictadura!

Desde el otro respondieron:

—¡Comunistas!

San Farol permaneció en el suelo preguntándose si alguien podría levantarlo antes de continuar con el debate.

Octava estación: San Farol consuela a las mujeres de Jerusalén

—No lloren por mí —les dijo—. Según Facebook, todo salió perfectamente.

Novena estación: San Farol cae por tercera vez

Y alguien proclamó:

—¡Esta caída demuestra hasta dónde son capaces de llegar los mismos de siempre!

Otro respondió:

—¡Esta caída demuestra el avance del autoritarismo!

San Farol comenzó a sospechar que su caída tenía una capacidad explicativa verdaderamente extraordinaria.

Décima estación: San Farol es despojado de sus vestiduras

Le quitaron el papel celofán rojo.

Parecía demasiado comunista.

Undécima estación: San Farol es clavado a la valla

Y allí quedó.

La pequeña fiesta que alguna vez pretendió reunir a la comunidad terminó simbólicamente clavada sobre aquello que la separaba.

Por primera vez nadie se rio.

Duodécima estación: San Farol muere

Antes de apagarse levantó débilmente su luz y murmuró:

—Padre, perdónalos, porque no saben qué interpretación de los acontecimientos están compartiendo en Facebook.

Y expiró.

Decimotercera estación: San Farol es bajado de la valla

Unos denunciaron represión.

Otros celebraron que el orden había prevalecido.

Ambos compartieron fotografías que demostraban inequívocamente sus respectivas interpretaciones.

Decimocuarta estación: San Farol es llevado al sepulcro

El gran pretor alcalde de Cartago, tomó cuidadosamente el cuerpo maltrecho. Lo envolvió en una bandera costarricense. Y antes de depositarlo en el sepulcro, lo ungió generosamente con crema de rosas, santo bálsamo nacional para faroleados, golpeados, escaldados y ciudadanos expuestos a dosis excesivas de realidad costarricense.

Y así estaba escrito:

Bienaventurados los faroleados, porque de ellos será el Reino del Santo Balsamo.

Y al tercer día…

San Farol resucitó.

Salió del sepulcro todavía pegajoso por la crema de rosas y descubrió horrorizado que durante su breve ausencia había sido declarado chavista, comunista, sindicalista, autoritario, demócrata, opositor, patriota, antipatriota y, según una publicación particularmente imaginativa, posiblemente funcionario de la Universidad de Costa Rica.

Entonces San Farol preguntó:

—Mae… ¿yo no era una cajita con una candela?

Nadie respondió.

Miró hacia un lado.

Allí estaban quienes anunciaban la llegada de la Nueva Costa Rica.

—¿Y qué tiene de nueva? —preguntó.

Silencio.

Miró hacia el otro.

Allí estaban quienes pedían recuperar la Costa Rica de nuestros abuelos: aquella de respeto, cortesía, instituciones fuertes, concordia y ríos por los que aparentemente alguna vez circularon leche y miel.

—¿Y todos vivían bien en aquel paraíso?

Silencio.

—¿No había desigualdad?

Silencio.

—¿No había exclusión?

Silencio.

—¿No hubo precarización ni concentración de riqueza?

Alguien carraspeó.

—Hijo —respondió finalmente una voz solemne—, estamos hablando de democracia.

—Ah, bueno —contestó San Farol.

Se puso un poquito más de crema de rosas.

Y entonces formuló la pregunta que ninguna de las dos congregaciones esperaba:

—¿Y si los dos están contando solamente la parte de la historia que necesitan creer?

Hasta aquí podemos reír.

El problema comienza cuando descubrimos que detrás de los disparates de San Farol hay preguntas que no desaparecen cuando termina la parodia.

II. Después de la risa

¿Qué estamos viendo?

Una de las tentaciones más cómodas frente a una sociedad polarizada consiste en pensar que el problema está en los ojos del otro.

¿Cómo no se dan cuenta?

¿Cómo pueden interpretar de esa manera lo que para mí resulta evidente?

¿Qué realidad están mirando?

La pregunta es legítima hasta que aparece otra mucho más incómoda:

¿Y si hay algo que yo tampoco estoy viendo?

Reconocer esa posibilidad no significa caer en un relativismo donde todos tienen razón y nadie la tiene.

Todos miramos desde algún marco, pero eso no significa que todas las miradas sean igualmente verdaderas. Y tampoco significa que sean igualmente falsas.

Hay acontecimientos que pueden comprobarse. Hay decisiones que dejan documentos. Hay normas jurídicas. Hay presupuestos. Hay estadísticas. Hay discursos registrados. Hay resoluciones judiciales. Hay políticas públicas cuyos efectos pueden estudiarse. La realidad no desaparece porque nuestras interpretaciones sean parciales.

Por eso quizá el problema no sea encontrar a alguien capaz de mirar sin filtros. Ese ser humano probablemente no exista. El desafío consiste en construir procedimientos que permitan contrastar nuestras miradas con aquello que ocurrió, y especialmente con aquello que podría demostrar que estamos equivocados. Pero inmediatamente aparece otra pregunta. ¿Quién decide qué debemos preguntar?

El poder de formular la pregunta

Preguntar nunca es completamente inocente. Cuando alguien pregunta si Costa Rica se está convirtiendo en Venezuela, Nicaragua o El Salvador, la comparación puede ser legítima si identifica instituciones, procesos y mecanismos concretos. Pero puede resultar engañosa si las diferencias históricas, institucionales y sociales desaparecen y la analogía termina sustituyendo al análisis.

Costa Rica no es Venezuela.

Costa Rica no es Nicaragua.

Costa Rica no es El Salvador.

Eso no significa que la experiencia de esos países no pueda ofrecer categorías comparativas. Significa que encontrar una semejanza no demuestra una trayectoria inevitable.

Si queremos examinar tendencias autoritarias, la pregunta debería ser mucho más exigente: ¿qué comportamientos concretos muestran debilitamiento de controles?, ¿qué instituciones conservan autonomía?, ¿cuáles la pierden?, ¿qué ocurre con la libertad de expresión?, ¿con la independencia judicial?, ¿con la fiscalización?, ¿con el pluralismo?, ¿con el respeto a los límites constitucionales del poder?

Existen investigaciones costarricenses recientes que han identificado confrontación institucional, componentes antisistema, rasgos autoritarios y riesgos para el pluralismo en el discurso y ejercicio político de Rodrigo Chaves. También existen trabajos que interpretan ese fenómeno en relación con problemas estructurales anteriores de la democracia liberal costarricense.

Eso es muy diferente de anunciar que mañana despertaremos convertidos en Nicaragua.

El miedo tampoco debería convertirse en método.

Pero evitar el alarmismo tampoco puede significar cerrar los ojos frente a hechos verificables.

¿Y si el chavismo no fuera solamente causa?

Aquí aparece una posibilidad que resulta particularmente incómoda para quienes hemos concentrado nuestra atención en los riesgos que representan determinadas prácticas políticas recientes.

¿Y si el chavismo no fuera únicamente una causa de la crisis democrática?

¿Y si fuera también un síntoma?

¿Y si determinadas tendencias políticas hubieran encontrado terreno fértil porque existía previamente un malestar que la institucionalidad tradicional no supo comprender o resolver?

La democracia costarricense posee conquistas extraordinarias. Sería intelectualmente absurdo negarlas. Su estabilidad electoral, la abolición del ejército, la construcción del Estado social, la educación pública, la seguridad social y una extensa arquitectura institucional forman parte de una historia que merece ser defendida.

Pero ninguna historia merece convertirse en estampita.

Costa Rica también ha experimentado durante décadas transformaciones económicas, desigualdades persistentes, debilitamiento de vínculos partidarios y frustraciones respecto de la capacidad estatal para responder a las necesidades sociales.

El propio sistema de partidos cambió profundamente. El bipartidismo que durante décadas estructuró la competencia entre PLN y PUSC comenzó a deteriorarse antes de la aparición del chavismo. También existe abundante literatura sobre la adopción de políticas de liberalización y ajuste económico desde las últimas décadas del siglo XX.

Entonces la frase «los mismos de siempre» puede ser utilizada como instrumento populista, pero su eficacia política no puede explicarse únicamente diciendo que alguien engañó a la población.

Hay que preguntar por qué tanta gente estuvo dispuesta a escucharla.

La otra iglesia: el paraíso perdido

Aquí la crítica debe dirigirse también hacia nosotros.

Frente al discurso de la Nueva Costa Rica ha comenzado a aparecer otro relato: la añoranza por la Costa Rica que supuestamente perdimos: La democracia de nuestros abuelos.

El respeto.

La cortesía.

La moderación.

La convivencia.

Las instituciones respetadas.

Una sociedad donde las diferencias se resolvían conversando y donde, si exageramos apenas un poco la imagen, por las acequias corrían leche y miel. Pero ¿existió realmente esa Costa Rica?

Existió una Costa Rica con importantes logros democráticos y sociales. Eso es históricamente defendible.

Lo que resulta más difícil es convertirla en un paraíso perdido.

Porque aquella democracia convivió también con desigualdades, exclusiones, pobreza y conflictos distributivos. Y durante las últimas décadas la propia estructura partidaria que administró buena parte de esa institucionalidad atravesó transformaciones profundas.

Por eso defender la institucionalidad democrática no debería exigirnos idealizar el pasado. La nostalgia puede ser también una forma de ideología.

Dos paraísos

Y de pronto descubrimos que las dos grandes narrativas aparentemente enfrentadas realizan una operación sorprendentemente parecida.

Una coloca el paraíso adelante: la Nueva Costa Rica.

La otra lo coloca atrás: la Costa Rica que perdimos.

Una ofrece la Tierra Prometida.

La otra añora el Jardín del Edén.

Una dice: Antes de nosotros todo estaba podrido.

La otra responde: Antes de ustedes vivíamos en democracia.

Ambas afirmaciones pueden contener fragmentos de verdad.

Y precisamente por eso resultan poderosas.

El problema comienza cuando el fragmento pretende convertirse en totalidad.

¿Qué une entonces a quienes hoy se oponen?

También merece ser interrogada la coincidencia entre fuerzas políticas históricamente diferentes.

Frente Amplio, PLN, PUSC y CAC pueden coincidir en determinadas coyunturas parlamentarias o en la defensa de reglas institucionales sin que eso convierta sus programas políticos en equivalentes. Esto es perfectamente posible dentro de una democracia.

Una izquierda socialista y una derecha liberal pueden defender simultáneamente elecciones competitivas, separación de poderes o independencia judicial. Pero reconocerlo no cancela otra pregunta: ¿qué sucede con las contradicciones sociales y económicas que existen entre esos proyectos?

Si la defensa de la democracia termina reducida a la defensa de las instituciones existentes, podemos perder de vista las razones por las cuales una parte de la ciudadanía dejó de sentirse representada por quienes históricamente las administraron.

Y entonces aparece la pregunta que quizá deberíamos habernos hecho desde mucho antes.

¿Y si la crisis democrática costarricense no consistiera solamente en la aparición de tendencias autoritarias, sino también en la incapacidad histórica de la propia democracia para cumplir suficientemente algunas de sus promesas sociales?

Tal vez ahí esté el centro del problema. No se trata de justificar ninguna tendencia autoritaria mediante la desigualdad.

La desigualdad no vuelve innecesaria la separación de poderes.

La pobreza no vuelve prescindible la independencia judicial.

La exclusión no justifica deslegitimar controles constitucionales.

Pero tampoco podemos invertir el razonamiento.

La existencia de elecciones libres no elimina la desigualdad.

La división de poderes no alimenta a una familia.

La libertad de expresión no garantiza movilidad social.

Una institucionalidad democrática puede ser jurídicamente robusta y, simultáneamente, resultar materialmente insuficiente para sectores importantes de la población.

Costa Rica continúa enfrentando desafíos relevantes de desigualdad y pobreza pese a mejoras recientes. Y la transformación económica de las últimas décadas ha distribuido de manera desigual algunos de sus beneficios.

Entonces quizás deberíamos abandonar una dicotomía demasiado sencilla: democracia versus autoritarismo.

Porque podría haber simultáneamente erosión institucional, crisis de representación, desigualdad, desafección partidaria, concentración económica, frustración social y emergencia de liderazgos personalistas.

Ninguno de esos fenómenos necesita explicar por sí solo todos los demás. Pero tampoco deberían estudiarse como si no tuvieran relación.

La democracia de las buenas maneras

Aquí aparece una última incomodidad. Es posible añorar un tiempo en que los presidentes hablaban con mayor cortesía, los conflictos institucionales parecían menos estridentes y el lenguaje público resultaba menos agresivo.

Las formas importan.

La democracia necesita límites también en el lenguaje porque el adversario debe continuar siendo un ciudadano legítimo después de terminada la discusión.

Pero las buenas maneras no constituyen por sí solas justicia social.

Una sociedad puede ser extraordinariamente cortés mientras reproduce desigualdades.

Puede respetar escrupulosamente el protocolo mientras determinadas personas permanecen excluidas.

Puede hablar en voz baja mientras distribuye muy desigualmente oportunidades y recursos.

Por eso quizá no sea suficiente preguntarnos cómo recuperar las buenas formas. La pregunta debería ser: ¿qué había detrás de aquellas buenas formas? Y también: ¿qué existe detrás de las malas formas actuales?

¿Qué democracia estamos defendiendo?

Quizá esta sea finalmente la pregunta.

No qué partido.

No qué líder.

No qué bando.

Qué democracia.

Una democracia donde los límites al poder sean reales. Donde ninguna victoria electoral entregue un cheque en blanco. Donde jueces, prensa, universidades, órganos de control, organizaciones sociales y oposición puedan cumplir sus funciones sin convertirse automáticamente en enemigos del pueblo. Pero también una democracia que no considere cumplida su misión porque cada cuatro años celebramos elecciones.

Una democracia capaz de preguntarse por desigualdad, exclusión, educación, trabajo, movilidad social y distribución efectiva de oportunidades. Una democracia política y también social.

No necesitamos escoger entre derechos y justicia social. Precisamente el desafío consiste en evitar que cualquiera de ellos sea utilizado para sacrificar al otro.

No necesitamos bandos para conocer

Después de todo este recorrido podemos regresar al problema inicial.

¿Cómo saber quién está viendo correctamente la realidad?

Quizá la pregunta esté mal formulada. No necesitamos encontrar al observador puro. Necesitamos un método que permita discutir nuestras interpretaciones. Y para eso no necesitamos bandos.

Necesitamos contradicción.

El bando busca evidencias que confirmen aquello que ya cree.

La contradicción busca también aquello que podría demostrar que está equivocado.

Si pensamos que existe una deriva autoritaria, debemos estudiar seriamente las evidencias que respaldan esa hipótesis. Pero también debemos buscar aquello que la contradice.

Si pensamos que el chavismo representa simplemente manipulación, debemos examinar las críticas legítimas que formula contra el sistema anterior.

Si pensamos que la institucionalidad costarricense debe ser defendida, debemos preguntarnos qué problemas produjo, toleró o no consiguió resolver.

Y si alguien anuncia una Nueva Costa Rica, debemos preguntarle concretamente qué tiene de nueva.

Nadie posee la verdad completa.

Pero de ahí no se sigue que todas las afirmaciones sean asimismo verdaderas o igualmente falsas.

La verdad no desaparece porque tengamos perspectivas.

Lo que desaparece es nuestro derecho a declararnos sus propietarios.

Epílogo según San Farol

San Farol continúa sentado sobre la valla.

Mira hacia la derecha.

Alguien predica la llegada de la Nueva Costa Rica.

Mira hacia la izquierda.

Alguien recuerda emocionado la Costa Rica de nuestros abuelos.

San Farol escucha pacientemente.

Ya ha aprendido bastante sobre democracia para ser una cajita de cartón.

Finalmente pregunta:

—¿Y si en lugar de escoger entre un paraíso que nunca existió y una tierra prometida que todavía nadie ha visto, construimos una democracia que no necesite inventarse ninguno de los dos?

Nadie responde.

San Farol se encoge de hombros.

Se acomoda sobre la valla.

Saca del bolsillo el tarrito.

Se pone un poquito más de crema de rosas.

Y espera, porque al fin y al cabo si existe una “tierra prometida” oficialista y un “paraíso perdido” opositor, quizá el verdadero problema democrático esté precisamente en aquello que ambos relatos necesitan olvidar.

Carta Pastoral Profética IMWC – Que corra la justicia

“Que fluya el derecho como agua, y la justicia como arroyo inagotable”, Amós. 5:24, NVI.

A las iglesias cristianas, a otras expresiones de fe y al pueblo de Costa Rica

Ante la diatriba entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial costarricenses y ante la situación socioeconómica del país, la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense volvemos a hablar. No hablamos para defender a uno al otro, o a un partido ni para atacar a otro, hablamos porque amamos a Costa Rica y porque creemos que la vida, la dignidad, la libertad, la justicia y la verdad son valores que debemos defender entre todos y todas.

El texto bíblico nos recuerda que Dios escucha el clamor de quienes sufren y exige justicia para quienes son olvidados, por esto, como Iglesia, no podemos ser indiferentes ante el dolor de nuestro pueblo: “Ay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo” (Isaías. 5:20, NVI).

Gobernar es servir, ganar una elección no significa tener permiso para hacer cualquier cosa y ningún presidente/a, diputado, partido o grupo es dueño de Costa Rica. Costa Rica somos todos/as. Por esto pedimos a quienes gobiernan: ejerzan el poder con humildad, respeten la Constitución, las leyes y las instituciones, escuchen también a quienes piensan diferente. El poder necesita límites y vigilancia, porque todo poder humano puede equivocarse y puede abusar.

Las instituciones pueden equivocarse y deben rendir cuentas, pero cuando una institución falla, no debemos destruirla, debemos corregirla, investigarla y mejorarla dentro de la ley; hoy una institución puede proteger a unos y mañana proteger a otros. ¿Quién vigila al que tiene el poder? La respuesta debe ser clara, la ley, las instituciones democráticas y un pueblo consciente y participativo. Defender la democracia no significa defender privilegios, significa defender aquello que permite que nadie esté por encima de la ley.

Mirémonos también debemos nosotros mismos, como Iglesias. La Iglesia no fue llamada a ser brazo de ningún partido ni a convertir a un gobernante en un “ungido” de Dios, porque el Señor no pertenece a ningún partido y solo Jesús es el ungido y nos enseñó cómo ser humanos y humanas. Podemos votar diferente y seguir siendo hermanos, podemos pensar diferente y seguir amándonos. Ningún pastor/a debe controlar la conciencia política de sus miembros, ningún político debe ocupar el lugar que solamente pertenece a Cristo. La Iglesia debe ser libre para reconocer lo bueno y denunciar lo malo, venga de donde venga.

Los profetas bíblicos no preguntaban primero quién estaba en el poder, preguntaban, ¿Dónde está la justicia? Amós denunció a quienes se enriquecían mientras el pobre sufría; Isaías denunció la corrupción y la opresión; Miqueas recordó que Dios pide practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Por esto también nosotros preguntamos: ¿Hay justicia cuando gobiernan los nuestros? ¿Hay justicia cuando gobiernan los otros? ¿Denunciamos la corrupción, aunque la cometa alguien cercano? La verdadera voz profética no protege intereses, protege la vida y defiende la dignidad humana.

Por otro lado, no pongamos nuestra esperanza en un presidente/a, un partido, una figura pública o un líder religioso, ya que los gobiernos pasan, los partidos pasan, los presidentes/as pasan, en cambio, Dios permanece. Nuestra esperanza no está en los palacios ni en los partidos, nuestra esperanza está en Dios. Por esto podemos reconocer los aciertos de un gobierno y señalar sus errores, podemos apoyar una buena decisión sin convertir a nadie en ídolo.

A su vez, no podemos ignorar la violencia, el narcotráfico, el sicariato, el crimen organizado, la corrupción; nuestros barrios sufren y muchas familias viven con miedo, queremos seguridad, calles tranquilas, que nuestros hijos/as puedan vivir sin miedo y con esperanza, porque los adultos y adultas construimos juntos una sociedad justa.

La seguridad no puede construirse destruyendo la libertad, ni debilitando el Estado de derecho; necesitamos policías honestos, fiscales y jueces independientes, instituciones limpias y comunidades con oportunidades. El narcotráfico no solo busca armas y dinero, también busca comprar silencios, conciencias y poder, por esto debemos combatirlo con justicia, educación, prevención, oportunidades, inteligencia y honestidad pública. Es imprescindible saber que, detrás de cada cifra hay una persona. Hay familias que no llegan a fin de mes, trabajadores con salarios insuficientes, personas sin empleo, jóvenes sin oportunidades, personas esperando atención médica y comunidades que viven abandonadas.

La justicia no consiste solamente en buenos números económicos. La justicia significa que las personas puedan vivir con dignidad y desde la perspectiva del Evangelio, debemos preguntarnos: ¿Quién está quedando atrás?, ahí debemos mirar, debemos servir, encontrar también el rostro de Cristo. Como Iglesia, no podemos quedarnos solamente dentro de los templos, debemos estar en los barrios, en las comunidades, junto al trabajador/a, al migrante, al joven, a la persona enferma, a quien sufre adicciones, a quien está privado de libertad y a toda persona que ha perdido la esperanza.

No podemos pedirle a un joven que rechace el narcotráfico si no le ofrecemos oportunidades; necesitamos educación, empleo, deporte, arte, tecnología, salud integral y espacios seguros. Nuestros jóvenes no son el problema, son parte de la solución y de la esperanza de Costa Rica.

Como cristianos/as también debemos revisar nuestras palabras. No podemos hablar del amor de Cristo y pasar la semana insultando al que piensa diferente, predicar la verdad y compartir mentiras en las redes, hablar de reconciliación y alegrarnos cuando al otro le va mal. La mentira no se convierte en verdad porque la comparta un cristiano; el odio tampoco se vuelve santo porque lleve un versículo bíblico. Que el testimonio cristiano también esté presente en las redes sociales, en nuestras casas y en nuestras iglesias, que nuestras palabras den vida y no muerte. No tengamos miedo, no vendamos nuestras conciencias, nuestros púlpitos, no cambiemos la verdad por favores del poder o la justicia por votos.

Si el Gobierno hace bien, reconozcámoslo, si se equivoca, digámoslo. Si la oposición hace bien, reconócelo y dilo. Si un empresario actúa con justicia, reconócelo, pero si explota al trabajador, denúncialo. Si una institución protege al pueblo, defiéndela, si alguien abusa del poder, señálalo. Esto es ser una Iglesia libre, profética, esto es poder decir, “Así dice el Señor”.

Pueblo de Costa Rica, no entregues tu conciencia a un político, a un partido, a un pastor/a, a un medio de comunicación ni a un influencer; más bien, piensa, pregunta, investiga, escucha, medita y ora. Podemos estar en desacuerdo sin convertirnos en enemigos. El verdadero enemigo es todo aquello que destruye la vida, la verdad, la justicia, la dignidad y la esperanza.

¡Cuidemos Costa Rica! Costa Rica no es perfecta, pero tenemos una historia y unas libertades que debemos cuidar: no tenemos ejército, tenemos elecciones periódicas, instituciones, libertad de expresión, libertad religiosa y la posibilidad de protestar, participar y exigir cuentas; no destruyamos todo porque estamos enojados con quienes hoy ocupan una institución. Las personas pasan y las instituciones permanecen. Entonces, defendamos la democracia, la libertad, la justicia, la dignidad humana.

¡Que corra la Justicia!: que el Gobierno y el Estado, gobiernen con humildad; que la Asamblea legisle pensando en el bien común, que la justicia sea independiente, que las instituciones rindan cuentas, que los medios busquen la verdad, que los empresarios actúen con responsabilidad, que los trabajadores/as sean respetados, que los pobres sean escuchados, que nuestros jóvenes tengan oportunidades, que la corrupción sea investigada, que los criminales sean juzgados, que nadie esté por encima de la ley, y que ningún poder humano ocupe el lugar que solamente pertenece a Dios.

No hablamos porque hayamos perdido la esperanza, hablamos porque todavía tenemos esperanza. Esperanza en Dios, en nuestro pueblo, en nuestros jóvenes, en quienes trabajan honradamente, en quienes todavía quieren dialogar. La paz no nace del silencio, nace de la justicia. La democracia no se cuida sola, hay que defenderla. La libertad no se conserva sola, hay que ejercerla responsablemente. La justicia no llega sola, hay que construirla juntos y juntas.

Como Iglesia Metodista Wesleyana queremos ser una Iglesia que no se venda, que no manipule, que no odie y que no tenga miedo. Una Iglesia que escuche al pueblo, que acompañe al que sufre, que defienda al débil, que denuncie la injusticia, que reconozca el bien, que anuncie esperanza. Una Iglesia que, cuando haya miedo, diga, no tengan miedo, cuando haya división, busquemos la reconciliación, cuando haya pobreza, no están solos, y cuando haya injusticia, QUE CORRA LA JUSTICIA. Nuestra esperanza está en Dios.

Por esto, como Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, afirmamos: no nos callaremos ante la injusticia, no odiaremos al que piensa diferente, no venderemos nuestra conciencia, no pondremos a ningún político en el lugar de Cristo, no olvidaremos a los pobres y a quienes sufren, y no dejaremos de buscar la justicia.

Que fluya el derecho como agua, y la justicia como arroyo inagotable”. Amós. 5:24, NVI.

Costa Rica, agosto de 2026

¿Quién dijo que la defensa de las instituciones es acrítica?

Jorge Mora Alfaro

En algunas ocasiones, los pensamientos de diversas tonalidades, expuestos con la intención de aclarar el proceso que vive actualmente la sociedad costarricense, pueden resultar ajenos a los requerimientos de una coyuntura extraordinaria y no percibir lo esencial del momento histórico que vive el país.

Hoy el llamado es a defender la democracia, sus instituciones y normas más representativas. Lo que tenemos enfrente no es una simple «reforma del Estado», sino un intento de destrucción de las bases del sistema democrático.

¿Tiene deficiencias y anacronismos nuestra democracia?

¡Claro que sí!

¿La han socavado las políticas de austeridad?

¡También!

¿Se ha aprobado legislación que limita el funcionamiento de las instituciones, debilita la organización, la movilización y la protesta social y deteriora los ingresos del funcionariado público?

¡Sin duda!

El deterioro de los servicios de salud y educación, la reducción del presupuesto de las universidades públicas, el recorte del financiamiento de los programas sociales y el abandono del apoyo a los productores nacionales se han profundizado en los últimos cuatro años. Pero, este proceso tiene su origen desde hace varias décadas, con la instauración de un modelo que ha relegado el bienestar de la población.

En el momento actual, lo primero es la unidad de quienes entienden el peligro de perder la democracia. Esta, con sus defectos, sigue siendo preferible a cualquier forma de autoritarismo.

El reto hoy es arrebatarle la narrativa engañosa a quienes ocupan la conducción del Gobierno y, en forma mayoritaria, del Poder Legislativo. Estos han venido venciendo en la batalla cultural, al instalar su discurso entre sectores con mayores necesidades o con sentimiento de abandono por parte del Estado.

Los “hijos predilectos” del régimen son otros. En el discurso entronizado por el continuismo, los culpables varían según el momento y las circunstancias: hoy ese papel le es asignado al Poder Judicial, a sus jerarcas en particular y, como en otros momentos de nuestra historia, a los «comunistas».

¿Cómo olvidar la consigna cargada de odio: si es calderonista o comunista, “no le hable, no le compre, no le venda»? Originada en la Costa Rica polarizada de 1948 y multiplicada en su uso durante la posguerra.

El uso actual de expresiones similares, refleja, a pesar del discurso de cambio, la intención de regresar a un pasado ya superado por la sociedad costarricense.

Sin embargo, la preeminencia de la narrativa oficial, paso a paso, ha comenzado a modificarse. Los demócratas, con distintas visiones y diversos pensamientos, han comprendido la necesidad de sacar la política del lodazal donde la han colocado quienes, por esa vía, pretenden alcanzar el control total del sistema institucional.

Han entendido el grave peligro en el cual se encuentra nuestra democracia.

Una buena parte de las personas a quienes las opciones electorales no les satisfacen —aproximadamente un tercio del padrón electoral— ha comenzado a abandonar la apatía y a reincorporarse a la vida social y política.

En esta coyuntura, se impone la unidad de liberales, conservadores, personas con pensamientos ubicados a la derecha del espectro político, las distintas variantes del progresismo, cristianos, organizaciones sociales, funcionarios públicos, estudiantes y otros sectores de la ciudadanía.

La tarea es ardua.

El «plantón» del 6 de agosto expresa un cambio en la narrativa predominante en el país y la disposición de la sociedad civil a organizarse y movilizarse en defensa de sus instituciones y de la democracia, para evitar el avance hacia el autoritarismo.

No se trata de defender el pasado, sino de construir una nueva democracia

Roberto Salom E.

Costa Rica vive una coyuntura política que obliga a quienes defendemos la democracia a precisar qué es exactamente lo que estamos defendiendo y, sobre todo, para qué queremos defenderla.

No tengo dudas sobre la gravedad de la amenaza que representa el autoritarismo. Tampoco tengo dudas sobre la necesidad de que los sectores democráticos sean capaces de articular una respuesta común frente a cualquier intento de concentrar el poder, debilitar los contrapesos institucionales o someter las instituciones de la República a la voluntad de un liderazgo político.

Pero precisamente por eso considero necesario hacer una distinción fundamental:

La contradicción principal no es con los sectores sociales que apoyan al chavismo. La contradicción principal es con el proyecto autoritario que amenaza nuestra institucionalidad democrática.

No son la misma cosa.

El malestar social tiene razones

Quienes han dado su apoyo al chavismo forman parte de la sociedad costarricense. No son un cuerpo extraño ni pueden ser considerados, por definición, enemigos de la democracia.

Muchos expresan un malestar real frente a una institucionalidad que durante años ha sido incapaz de responder a problemas que afectan a amplios sectores de la población.

La desigualdad, la pérdida de oportunidades, el deterioro de condiciones de vida, la distancia entre instituciones y ciudadanía, y la frustración frente a los partidos tradicionales no surgieron de la nada.

Son problemas acumulados durante décadas.

Y los sectores políticos que han gobernado el país tienen responsabilidades ineludibles en esa situación.

Pero aquí es necesario introducir una precisión: las instituciones no son responsables por sí mismas de su funcionamiento histórico. Las instituciones son, en buena medida, como el edificio; quienes las conducen, las orientan y toman las decisiones dentro de ellas son los actores que ejercen el poder.

Por eso, cuando hablamos de las deficiencias del Estado y de las instituciones, no deberíamos atribuirlas indistintamente a los funcionarios públicos ni a la burocracia. El problema fundamental está en quiénes han conducido políticamente el Estado, cuáles han sido sus prioridades y qué intereses han orientado sus decisiones.

Durante décadas, distintas élites gobernantes han dirigido las instituciones de la República sin emprender las transformaciones necesarias para hacer del Estado un instrumento más eficaz de igualdad, solidaridad, justicia social y ampliación de derechos.

Esto no significa desconocer los avances de la institucionalidad costarricense ni negar el valor de sus conquistas democráticas. Significa reconocer que una institución puede ser formalmente democrática y, al mismo tiempo, funcionar de manera insuficiente frente a las necesidades de la sociedad.

Por eso sería un error pensar que para enfrentar al chavismo basta con denunciarlo. También hay que comprender las condiciones que hicieron posible su crecimiento y asumir la responsabilidad histórica de quienes, teniendo durante años la conducción del Estado, no supieron o no quisieron transformarlo en la dirección que la sociedad demandaba.

Pero comprender no es justificar.

Reconocer el malestar social no implica aceptar un proyecto político que pretende instrumentalizarlo para debilitar la democracia.

Defender la democracia no es defender el statu quo

Defender la institucionalidad democrática frente al autoritarismo no puede convertirse en una defensa acrítica de la institucionalidad existente.

Nuestra democracia tiene fortalezas que debemos preservar. Pero también tiene déficits que debemos reconocer y corregir.

Y aquí debemos evitar una confusión: defender las instituciones no significa defender necesariamente la manera en que han sido conducidas por las élites gobernantes que han tenido su control político.

Las instituciones son patrimonio de la sociedad, no propiedad de quienes circunstancialmente las gobiernan.

Una democracia madura debe ser capaz de defender sus instituciones frente a quienes quieren destruirlas y, al mismo tiempo, transformarlas cuando han dejado de responder adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.

Algunas instituciones pueden tener grietas y requerir reparaciones. Otras pueden necesitar transformaciones más profundas. Pero esa tarea no consiste simplemente en cambiar estructuras administrativas. Implica preguntarnos quién conduce el Estado, para qué lo conduce y al servicio de qué proyecto de sociedad lo hace.

No se puede exigir a la ciudadanía que defienda instituciones que percibe como distantes o ineficaces, mientras se bloquea cualquier discusión sobre su transformación.

La democracia no es solo elecciones periódicas

Es también participación, representación, derechos, igualdad de oportunidades, justicia social, transparencia y capacidad de respuesta del Estado.

Cuando esas dimensiones se debilitan, la democracia pierde legitimidad.

Y cuando pierde legitimidad, el autoritarismo avanza.

Por eso, defensa y transformación no son opuestos.

No hay defensa posible de la democracia sin su transformación.

La unidad democrática es necesaria, pero no suficiente

La convergencia de los sectores democráticos frente al chavismo es un hecho político relevante.

La articulación entre partidos y sectores sociales muestra una preocupación que trasciende lo partidario.

Esa unidad es necesaria.

Frente a una deriva autoritaria, las fuerzas democráticas deben encontrar puntos de coincidencia y construir una respuesta común.

Pero hay un riesgo evidente.

Una unidad basada solo en el rechazo al adversario puede ser útil para ganar una elección, pero insuficiente para gobernar y, sobre todo, para transformar el país.

La pregunta decisiva es otra:

¿Qué país queremos construir juntos?

Y esa pregunta obliga a ir más allá de la defensa abstracta de las instituciones. Obliga a preguntarnos qué transformaciones necesitan esas instituciones y qué fuerzas sociales y políticas estarán dispuestas a llevarlas adelante.

Porque no basta con cambiar a quienes ocupan temporalmente los cargos de gobierno si se mantienen intactas las relaciones de poder, las prioridades y las formas de conducción del Estado que han producido buena parte del malestar que hoy alimenta la reacción social.

Si la respuesta es simplemente volver al pasado, habremos entendido muy poco de lo que está ocurriendo.

No se trata de volver atrás

El chavismo no surgió en el vacío.

Surgió en una sociedad marcada por frustraciones acumuladas, desigualdades persistentes y una creciente desconexión entre ciudadanía e instituciones.

Por eso no basta con derrotarlo electoralmente.

Tampoco basta con restaurar el orden anterior.

El desafío es mayor: construir algo mejor.

Necesitamos una nueva democracia

Una democracia que preserve libertades y Estado de derecho, pero que sea más participativa.

Una democracia con contrapesos institucionales, pero también con mayor capacidad de respuesta social.

Una democracia que no se limite a derechos formales, sino que enfrente las desigualdades estructurales.

Una democracia que transforme las instituciones cuando estas ya no respondan adecuadamente a las necesidades de la sociedad.

Una democracia capaz de impedir que el Estado sea utilizado por élites gobernantes —sean las tradicionales o las que hoy pretenden sustituirlas— como instrumento de concentración del poder.

Una democracia que recupere la confianza ciudadana.

En síntesis: una democracia que combine libertad política con justicia social y que haga del Estado un instrumento efectivo para construir una sociedad más igualitaria, solidaria y equitativa.

No convertir al ciudadano en enemigo

Existe una tentación peligrosa en toda polarización: convertir al adversario político en enemigo social.

Eso sería un error histórico.

Si queremos una alternativa democrática duradera, debemos ser capaces de hablar también con quienes hoy apoyan al chavismo.

No para aceptar el autoritarismo.

No para renunciar a nuestras convicciones.

Sino para demostrar que existe una alternativa democrática y transformadora.

Que no es necesario elegir entre abandono social y autoritarismo.

Que se pueden exigir cambios profundos sin renunciar a las libertades.

Que se puede demandar justicia social sin destruir la institucionalidad.

Que se puede cuestionar a las élites gobernantes sin entregar el poder a un liderazgo sin controles.

Y que transformar las instituciones no significa destruirlas, del mismo modo que defenderlas no significa conservarlas intactas.

Esa es una tarea central del campo democrático.

La verdadera disputa

La política costarricense no se reduce a chavismo contra antichavismo.

La verdadera disputa es entre autoritarismo y democracia.

Pero tampoco se reduce a defender la democracia existente.

La verdadera alternativa es entre un proyecto de concentración del poder y un proyecto democrático capaz de transformar el país.

Y esa transformación supone algo más que sustituir a unos gobernantes por otros.

Supone modificar las formas en que se ejerce el poder, las prioridades con que se conduce el Estado y la relación entre las instituciones y la ciudadanía.

Las instituciones son el edificio; la política y las élites gobernantes determinan, en buena medida, cómo se habita, para quién funciona y hacia dónde se orienta.

Por eso, el problema no es simplemente si debemos conservar o destruir las instituciones.

El verdadero desafío es democratizarlas, fortalecerlas y ponerlas al servicio de una sociedad más justa.

Si la democracia se limita a defender lo existente, no podrá convocar a quienes están insatisfechos con lo existente.

La democracia debe volver a ser una promesa de futuro.

De mayor participación.

De mayor igualdad.

De mejores instituciones.

De mayor justicia social.

De más ciudadanía y menos concentración del poder.

Una decisión histórica

Costa Rica no está solo ante una elección.

Está ante una decisión histórica.

O la democracia se limita a resistir, o se atreve a renovarse.

O se convierte en defensa del pasado, o en construcción del futuro.

O se limita a proteger las instituciones tal como han sido conducidas hasta ahora, o asume el desafío de transformarlas para que respondan mejor a las necesidades de la sociedad.

La unidad democrática no puede ser solo un muro de contención.

Debe ser un punto de partida.

Porque lo que está en juego no es únicamente quién gobierna hoy, sino quién conducirá el Estado, con qué proyecto y para construir qué tipo de sociedad.

Y esa es la verdadera responsabilidad de este momento:

defender la democracia no para conservarla intacta, sino para hacerla más profunda, más justa y más fuerte de lo que ha sido hasta ahora.

Agosto de 2026.

 

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El día después

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Imagine despertar en Santiago de Chile el 12 de setiembre de 1973. Ahora imagine hacerlo en Buenos Aires o en cualquier lugar de Argentina el 25 de marzo de 1976. Haga el ejercicio de estar en Tegucigalpa el 29 de junio de 2009.

En los tres casos el elemento común es que el día anterior hubo una ruptura del orden institucional y constitucional y los mandatarios de los tres países fueron depuestos.

Hubo un golpe de estado. Real. Consumado.

Lo que siguió a continuación fue una escalada de violencia en la que la tortura, las desapariciones, las violaciones y los asesinatos estuvieron a la orden. Las persecuciones en contra de los adversarios a los nuevos regímenes instalados se multiplicaron.

En los tres países hubo ciertamente golpes de estado de facto, porque fueron consumados con graves resultados para la ciudadanía y el tejido social en dichas sociedades.

Ahora haga el ejercicio de pensarse en cualquier lugar de Costa Rica el día después que irresponsablemente la presidenta de la República denominara como “golpe de estado” la decisión de la Sala IV para nombrar en prórroga a 12 magistrados suplentes para el Poder Judicial.

No solo fueron irresponsables y temerarias estas aseveraciones, que además se realizaron en un acto teatral y simbólico de muy pobre escenario, con parte de la fracción oficialista detrás suyo sin ninguna participación activa más que asentir mecánicamente a su discurso.

Es que, de un plomazo, la mandataria igualó sin reparo y consideración los graves hechos ocurridos en otros contextos latinoamericanos, a una estrategia espuria y manifiesta del Ejecutivo por controlar el Poder Judicial costarricense.

Visto entonces el error técnico, político y ético cometido, habría que señalar algunas acciones que podrían definirse en el campo de los autoritarismos y que provienen justamente de ese mismo poder ejecutivo que denunció ese supuesto golpe de estado en contra de la Asamblea Legislativa.

Entre algunas de ellas, destaca la preocupante prohibición de estimular el pensamiento crítico en las aulas del sistema educativo costarricense, lo cual nos parece de sumo cuidado y debe alertarnos sobre los límites que este gobierno quiere imponer.

Ciertamente es una hora compleja para la democracia costarricense. Como modelo perfectible que es, debe ser protegida de acciones como las impulsadas por el propio gobierno de Costa Rica.

A cuidarla estamos llamados.

La mentira política

Álvaro Vega Sánchez
Sociólogo

Toda mentira es nociva, pero la mentira política es la más nociva de todas. Sus efectos los padece todo un pueblo. Si la verdadera política está al servicio del bien común y la construcción de una ciudadanía digna y participativa, la mentira política es el espíritu de la antipolítica. Es el medio por excelencia utilizado por el liderazgo populista para manipular a las masas, favorecer intereses particulares espurios y perpetuarse en el poder. Junto con el miedo, es el medio más efectivo para manipular, domesticar y someter a un pueblo. Por consiguiente, es el instrumento más utilizado por el poder dictatorial.

Cuando un pueblo aplaude las mentiras de los demagogos populistas está siendo conducido como oveja al matadero. Lamentable y dolorosamente, un porcentaje significativo de nuestro pueblo costarricense se ha convertido en víctima de la mentira política por parte de una nueva clase política en ascenso que ha sabido, con estridencia y maledicencia, convertir sus mentiras en aparentes verdades que se ofrecen como promesa de salvación.

La mentira política ha venido in crescendo. Entre las grandes mentiras de ayer tenemos: la oferta de modernizar el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) privatizándolo; la promesa de convertirnos en el primer país desarrollado de América Latina si firmábamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; la solución definitiva del problema del déficit fiscal con el Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y las de hoy, por solo mencionar algunas: la tan anunciada quiebra de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); los reiterados señalamientos que ponían en duda la imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en la campaña pasada; aducir que las universidades públicas y el Poder Judicial cuenta con recursos suficientes para operar eficientemente; manifestar que el país ha blindado sus fronteras marítimas y terrestres, vía scanner, para contener el tráfico de drogas; decir que los sicarios por narcotráfico se matan entre ellos mismos y que no hay víctimas colaterales; calificar como chiripa el operativo que logró capturar a uno de los narcotraficantes más buscados del país, alias “Diablo”; ofrecer, en la reciente campaña política, entregar los ahorros del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a sus legítimos dueños.

Sí, la tan mencionada consigna del régimen nazi fascista de Adolfo Hitler, “miente, miente que algo queda”, está siendo retomada por una clase política cínica y sin escrúpulos, para dar un golpe de Estado, a la tica, rompiendo el pacto social que heredamos de nuestros más preclaros estadistas, quienes contribuyeron a forjar una patria digna, soberana, democrática y con justicia y paz social.

La defensa de nuestra dignidad nacional, nuestra soberanía republicana, nuestra democracia participativa, nuestra paz y justicia social, exige hoy más que nunca de una ciudadanía patriótica despierta y movilizada para hacer valer sus derechos. Debemos impulsar la lucha no violenta contra la mentira política, ¡ya!

Algunos para purificarse han de bañarse en el Jordán

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Uno de los pasajes más infames en la historia política del país ocurrió cuando un grupo de diputados de la fracción oficialista de entonces, hace algunos años, dio cabida a una conducta absolutamente reprochable, sectaria, subjetiva y mezquina que puso en peligro la vida democrática del país al cometerse una gran injusticia contra dos costarricenses. Pasaje que debiera ser parte de los programas de educación cívica y estudios sociales en nuestros colegios. Era el año 1955 y los hechos políticos del 48 todavía estaban latentes en el ámbito nacional. Conflicto que había dividido a la familia costarricense y había causado muerte y dolor; y los diputados de la época, miembros de una Asamblea Legislativa de 45 diputados en ese entonces, 30 de ellos -o sea dos terceras partes- todos de la bancada oficialista fueron capaces de actuar de la forma más vil y pérfida. La crispación, polarización e intolerancia que atravesaba la sociedad costarricense, constituían el caldo de cultivo ideal para ejercer violencia política contra aquellos que pensaban diferente a quienes ejercían el poder. Movidos por una nefasta mezcla de odio e ignorancia y una fe ciega en sus ideas y creencias, ese grupo mayoritario de diputados oficialista acusó de traición a la patria a dos de los diputados de oposición, habiendo sido elegidos constitucionalmente y en forma democrática, al igual que esos 30 que constituían la mayoría. Con matonismo y espíritu revanchista actuaron quienes se consideraban victoriosos. El 1 de febrero de 1955, Mario Echandi Jiménez -quien posteriormente llegó a ocupar la silla presidencial para el período 1958-1962 y otro diputado de la república, fueron expulsado y despojados de su investidura constitucional, que el pueblo y parte del electorado había depositado en ellos. Ese mismo día una turba desaforada, sedienta de sangre y fanática, atacó a don Mario quien vio peligrar su vida. Dos días después su oficina y otros bienes fueron apedreados y quemados por quienes le adversaban. Dicha crisis política se agudizó cuando la oposición ante la falta de garantías se retiró durante ocho meses del recinto parlamentario. Costa Rica peligrosamente vivía en forma muy cercana la posibilidad de que el orden constitucional fuera toro y nuevamente la concordia y la paz naufragaran ante la insensatez e ignorancia de algunos. Ocho meses después se generó legislación suficiente que sabiamente apuntaba a sanar las heridas del conflicto armado y el país retomaba su inveterada senda democrática, al concluirse que don Mario Echandi y don Guillermo nada tuvieron que ver con la invasión a Costa Rica promovida desde Nicaragua por un grupo de insurrectos.

La historia es sabia y maestra

Hoy nuevamente el primer poder de la república vuelve a ser causa de preocupación y sonrojo para la gran mayoría del pueblo costarricense, decente y trabajador. Un nutrido grupo de diputados, once para ser exacto y TODOS miembros de un sólo partido, el oficialista, poseen causas penales abiertas, con lo cual, aunque aún no hay condenas, queda entredicho el deber de probidad que debe caracterizar y ennoblecer a quienes pertenezcan a los supremos poderes de la república, más aún los electos vía sufragio popular. Estas personas concentran 46 causas penales. NUNCA en la casi bicentenaria historia republicana del país, habíamos estado ante tan embarazoso panorama.

Todos recordamos en los años ochenta, el caso de un diputado con enredos pocos decorosos. Más recientemente el caso de dos o tres personas, cuyas blandengues asambleas nacionales de los partidos políticos que les postuló, no hizo la tarea y poco les importó el tipo de cuestionamientos que recaía sobre ellos. Pero… hoy son 11 de 57. ¡11 de una fracción de 31, o sea el 35% de un sólo partido político, con serios cuestionamientos! Flaco favor se le hace a la democracia.

Algunos de ellos vociferan y han montado en cólera contra el poder judicial, desgalillados y despotricando contra todo aquello que huele a control, transparencia y constitucionalidad. Más aún, son parte de un sinuoso ardid para bloquear y obstruir la elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional, tal y como el país entero ha sido testigo en tres meses de pobre y gris gestión, de esta primera legislatura.

Tampoco resulta honroso ni hay nada en qué ufanarse sobre el actuar de este grupo mayoritario de diputados, de este bloque más movido por la animadversión que por el amor a la patria, a construir y a proponer. Penosamente la mayoría de ellos muestra importantes carencias en su capacidad de estudio y de lectura, peor aun cuando algunos de ellos han convertido sus despachos en madrigueras para abrigar anónimamente youtubers y blogueros de oficio desconocido.

Esta estratagema para evitar que se escojan 9 de 18 posibles magistrado suplentes resulta todas luces perniciosa. Esta trama suicida conduce a una peligrosa paralización de uno de los principales órganos del Estado. No hemos escuchado razones para no votar. No ha habido cuestionamientos de falta de idoneidad o falta de moral de alguno de los integrantes de esa lista. Nada, esos nombres que son manoseados impúdicamente por estos señores y esas señoras ya fueron filtrados por la comisión parlamentaria de nombramientos en la legislatura anterior. Nadie ha señalado que sean sinvergüenzas o tontos para no elegirlos. Simplemente no se desea que sean ellos. ¿Quiénes deben elegir y escoger? Los diputados de la república tal y como reza la Constitución Política. Pero la desvergüenza llega a tal nivel que muchos de esos que se resisten a elegir y seleccionar, arrastran tras de sí esas oscuras denuncias de carácter penal. Y a ninguno de los once le escuchado ni le leído que esté dispuesto a renunciar a su inmunidad para que pueda ser investigado.

Este entuerto de naturaleza política caracterizado por la vanidad no es una crisis política, sino violencia política ejercida contra un grupo de honorables ciudadanos y ciudadanas costarricenses, que permitieron que su nombre fuera sometido al escrutinio público para aspirar a un puesto en la magistratura. Y siguen siendo honorables ciudadanos y ciudadanas hasta que alguien demuestre lo contrario y ello no ha ocurrido

Saludo con agrado el aporte patriótico de don Manrique Jiménez para ofrecer una salida democrática ante semejante desaguisado y despropósito. Lo hace sustentado en: el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública, artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 14 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, artículo 1, 3 y 220 del Código Procesal Contencioso administrativo, artículo 3 del Código Procesal Civil, artículos 60 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De manera que, con carácter supletorio, magistrados suplentes de las otras salas, puedan cubrir esas funciones hasta que sean electos los suplentes de dicha sala.

Señores diputados, debe haber continuidad del estado democrático; ustedes -31 diputados- no están por encima de la ley. Ninguna omisión o inacción legislativa puede ni debe truncar, impedir o destruir la vigencia del estado democrático.

¿Se equivoca este grupo de diputados? Claro que sí. Hoy constituyen una mancha oscura en la historia patria. Y a pesar de ello, algunos incautos y confundidos, siguen viendo al necrófilo proyecto político que representan, como lo mejor que le pudo haber ocurrido al país. Esa insensatez y rasgos de fascismo que afloran, nos tienen cada vez más cerca de una democracia que languidece.

La democracia debe seguir siendo el vehículo ideal para la búsqueda de la felicidad de los individuos. Creo fervientemente que la democracia es la forma de estado y de gobierno donde se protegen los derechos humanos y la libertad. El gobierno y su fracción debe entender que el gobierno es parte del Estado, no lo puede absorber ni tampoco confundirse como el mismo; ya tenemos ejemplos muy cercanos en la región. En las dictaduras sucede lo contrario, el gobierno se confunde con el Estado. En un régimen republicano los órganos de control y fiscalización, que en un fin superior representan al ciudadano, no estorban; son necesarios.

Veremos si esta actuación de este grupo de diputados -31- servirá como ejemplo de lo que no debe hacer un poder legislativo y ser estudiado como tal en una lección de cívica en secundaria, o más bien ser objeto de mordaza, y sea el mutismo el que se imponga.

Esta democracia se defiende con uñas y dientes. En mi caso con ideas, reflexión y palabras.

20-VII-26

La patología del poder en Costa Rica

Juan Huaylupoi

En la actualidad la política costarricense se ha degradado transgrediendo radicalmente su pasado. El presente y su devenir no reproduce procesos ni significaciones del pasado, sin embargo, toda sociedad conserva el sello indeleble de su historia, cultura, socialización, conservada a través peculiares patrones sociales y políticos que fueron respetados y reproducidos, como una subjetividad colectiva, que no necesitó instrucción ni coacción para su reproducción. Nuestra democracia estaba consolidada y nutrida por esa idiosincrasia que permitió conservar sus modos de vida colectiva, históricamente construidas, a la vez que creaba barreras contra un orden ajeno y la instauración de estructuras perversas de poderes clasistas, corruptos o delincuenciales.

En ese pasado fue la sociedad civil unitaria y solidaria quien creó una democracia que modelaba el quehacer estatal o sociedad política. La heterogeneidad social no fue obstáculo en la reproducción de su democracia y paz social, donde ninguna clase, movimiento social o posición político-partidaria poseía la capacidad para apropiarse del aparato estatal para autocráticamente usurpar el poder o enriquecerse ilegal e ilegítimamente. Nuestra sociedad civil demostró ser la protagonista que creaba y viabilizaba la democracia, no fue del Estado, dado que era dependiente y ejecutor de la voluntad, decisiones y acciones de la ciudadanía para el bien común.

Nuestra memoria histórica ha otorgado al poder estatal un mérito que nunca fue suyo, los testigos directos o indirectos de la historia escrita, se identificaron con el rol visible del Estado por lo que se le asignó ser el gestor de los logros sociales alcanzados, pioneros en el ámbito latinoamericano. Sin embargo, no fue un constructo estatal, fueron conquistas logradas por nuestras familias y la ciudadanía. La educación formal nos impuso a gobernantes y algunos dirigentes como gestores individualistas de nuestro pasado, sin el debido reconocimiento del papel jugado por la sociedad civil en dichos procesos. Por ello y como retribución histórica, nuestro pueblo es leal y obediente con quienes representan ese poder, que a pesar de los años transcurridos, aun se resiste a protestar contra los abusos e inequidades de los autócratas que nos gobiernan y que incluso los amparan electoralmente. El discurso del amo parasita nuestra sociedad civil, la cual no se reconoce como protagonista de nuestro pasado, ni la historia escrita rectifica de verla como sumisa y dominada por el poder estatal.

La construcción de lo público, de las políticas públicas es una creación de la sociedad civil que el liberalismo, de ayer y hoy, le ha arrebatado y privatizado desde el poder estatal y de los intereses de los propietarios globales. De manera similar, las elecciones que fueron el instrumento sancionatorio de la ciudadanía costarricense contra los partidos y autócratas que violentaron el interés común, hoy también ha sido trastocado con demagogia y discursos de odio de los autócratas del actual gobierno, que buscan lograr sus ambiciones privadas, dividiendo y enfrentando a nuestra ciudadanía, que ya no escucha, no comparte ni les interesa las ideas, pensamientos ni propuestas de los otros.

La insatisfacción y el desencanto ciudadano causado por el liberalismo de anteriores gobiernos, ha sido capitalizado por los radicales liberales que nos gobiernan, que dueños de un partido y de la mercantización de los medios, están capturando y destruyendo la institucionalidad pública, no para adecuarlas a las necesidades existentes, sino para privatizarlas, como ya se hace en Argentina, Ecuador, Perú y Chile entre otros espacios latinoamericanos como un proyecto estratégico global más allá de nuestras fronteras.

Las dictaduras electorales son el resultado de escisiones ciudadanas, como lo hicieron sus predecesoras fascistas, cuyos discursos de odio fueron preludios de violencia social, muertes civiles y guerras. El fascismo no construye, toda oposición real o ficticia es destruida, como ya lo enuncia la estupidez gubernamental, para que el miedo, aislamiento y el silencio les permita el ejercicio totalitario del poder.

El fascismo no terminó con la II GM, tampoco se refugió, para aparecer simultáneamente en muchos países, ni surgen por generación espontánea, las condiciones y posiciones radicales autoritarias y contradictorias existentes en la globalidad contemporánea, crean fascistas que actúan y se preparan para desaparecer a los otros, hasta que la invocación a Tanatus logre su clímax, la liquidación de cualquier identidad, sean migrantes, ricos, ignorantes, pobres, intelectuales, indígenas, pueblos o la humanidad. La patología fascista no tiene límite, asesinan suicidándose.

El fascismo contemporáneo no es un invento ni una fantasía fatalista, es la evidente consecuencia del fin del diálogo y la concertación, para imperar los gritos, el odio, las calumnias y las amenazas. La demagogia y el discurso agresivo que los caracteriza no es original, imitan a patológicos personajes como Adolf Hitler. Augusto Pinochet y Donald Trump.

El discurso de odio ya actúa destruyendo los resquicios del Estado Social de Costa Rica, como provocación hacia la violencia salvaje contra todos los que se oponen, observan, reflexionan, de los indiferentes e ignorantes. La reconstitución de la condición política de la sociedad civil hacia el bien común es una alternativa de nuestras sociedades y de la humanidad contra el horizonte trágico del poder fascista imperante.

i Docente universitario pensionado. Catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

La damnatio memoriae: analogía sobre la descalificación del pasado como estrategia populista

Maximiliano López López*

Destruir una estatua, eliminar un nombre de algún monumento o incluso prohibir que este se pronuncie, no borra su historia ni oculta su legado. Sin embargo, esta fue una práctica relativamente común en el Egipto antiguo y se volvió más notoria durante el Imperio Romano. La damnatio memoriae (condena de la memoria) fue una estrategia usada por el poder para tratar de “borrar” de su pasado, a figuras consideradas indignas por sus actos o por ser declaradas enemigas del Estado. Intentos semejantes se pueden advertir en la sociedad contemporánea con la destrucción de monumentos en naciones de la antigua URSS, en China o Irak, por mencionar ejemplos.

En analogía con aquella realidad clásica, los ensayos contemporáneos de damnatio memoriae no son menos ineficaces, pero pueden causar cierto efecto si se utilizan como estrategia política. En este sentido es claro que toda sociedad construye instituciones, pero también memorias sobre su pasado y muchas veces son estas representaciones las que actúan como fuente de legitimidad. Por ello, cuando un proyecto político busca establecer su concepción de mundo, generalmente se disputa el pasado. Y es justo esa disputa por la memoria y la posibilidad de reescribirla, lo que sustenta la analogía que se propone con la damnatio memoriae.

El poder hoy no ataca los monumentos, pero se enfoca en sus actores; hoy no prohíbe el uso de nombres, pero intenta descalificarlos; tampoco va en contra de la historia, pero impulsa su narrativa para reescribir la memoria histórica sobre el pasado y crear la sensación de un cambio que le dé legitimidad. Se trata entonces de colocar la memoria histórica al servicio del poder y por ello la “condena de la memoria” se vuelve simbólica y material al mismo tiempo. Una estrategia expone el pasado como responsable de la situación actual y otra promueve la transformación de las condiciones que presuntamente configuraron ese pasado.

Ahora bien, es necesario aclarar que no toda crítica del pasado puede ser comparada con una damnatio memoriae como se propone en esta analogía, pues la crítica histórica, sesuda, fundamentada y propositiva es lo que ha permitido a la democracia crecer como forma de gobierno y florecer como forma de vida. Además, es claro que toda fuerza política necesita hilvanar un relato que justifique su presente y lo proyecte hacia el futuro, pues así opera el poder. En este ejercicio, la estrategia actual ha sido la de confrontar a un pueblo “puro” con unas élites corruptas y esta confrontación ha sido estratégica para sentar la diferenciación entre la difusa categoría de “pueblo” con la de “ticos con corona”.

En el caso costarricense se observa que la estrategia simbólica se enfoca en las élites que abusaron del poder para beneficio propio, aprovechándose de lo que el discurso del poder ha llamado la “dictadura” perfecta de la democracia. Es claro que tal mensaje no alude solo a las élites como fuente del poder hegemónico en determinado contexto, sino que cuestiona el modelo de sociedad que se construyó bajo un liderazgo de “canallas, corruptos y comunistas”. La otra estrategia que se visualiza es más elaborada y compleja. Esta propone que eliminar privilegios, modernizar al país y cambiar las instituciones “capturadas” por las élites corruptas, necesita, irónicamente, del control del poder como lo hicieron las élites que critican. La paradoja de esta propuesta es que la responsabilidad del cambio no es del gobierno de turno, sino de la población que debe aportar la legitimidad para hacerlo. En el caso costarricense, esta paradoja quedó claramente retratada en la búsqueda de los 38 diputados como requisito para lograr el cambio.

Este proceso de damnatio memoriaea la tica” claramente no va contra los vestigios del pasado. La analogía de este proceso reside en un plano simbólico que pone en entredicho algunos aspectos de ese pasado. Por ejemplo, la democracia costarricense que otrora hacía sentir orgullo de esta tierra es cada vez más cuestionada por un porcentaje creciente del “pueblo”. Ver con beneplácito la existencia de mandatos de corte autoritario, aceptar la concentración del poder o incluso respaldar la erosión de las instituciones que han protegido los derechos de los costarricenses, es un síntoma de la manera en que la memoria histórica del costarricense empieza a “disputarse”. En ese juego de “resignificación” de la memoria, el Estado de Bienestar pasa a ser directamente responsable de tener ticos con corona, mientras que al Estado Social de Derecho es co-culpable de la impunidad y corrupción actuales. De esta forma, la estrategia se ocupa en replantear la imagen de villanos y héroes, así como de consignar responsabilidades sobre el pasado en un intento por reescribir la memoria.

Al “pueblo” se le convence de que la capacidad de sobreponerse a ese pasado supone el camino para una transformación social que se ha postergado por años, al tiempo que se expulsa del escenario político a los responsables de los males descritos. Aquí entra el viejo bipartidismo y todas sus ramificaciones, pero especialmente el “fantasma” del comunismo que dejó de ser un discurso de campañas políticas y ahora es presentado como una amenaza real, parlamentaria, peligrosa y opuesta a ese cambio anhelado por el “pueblo”. Este giro es fundamental, pues el enemigo se materializa, ya no es solo parte de la memoria.

Estamos por tanto ante una estrategia que tiene como objetivo cuestionar la memoria que desde mediados del siglo XX se ha construido sobre la Costa Rica que conocemos hoy. Para ello se vale de un discurso de ruptura y cambio que intenta hacer de la memoria histórica, un recurso al servicio del poder. Lamentablemente, el éxito de esta tendencia se alimenta de los reclamos, válidos, de muchos sectores que por años no recibieron la atención debida. Entretanto, el movimiento actual se presenta como el que escucha, mientras construye sus propias élites, incrementa el control del poder y trabaja en desmotar lo que queda de ese pasado con el fin de asumir el rol hegemónico.

De esta manera, aunque las sociedades no olvidan todo, la “condena de la memoria” se convierte en una herramienta de quienes buscan convencer a la sociedad sobre lo que debe o merece ser recordado. Ahí reside el peligro para la memoria histórica, la cual, una vez debilitada, erosiona la cohesión social, afecta la identidad colectiva y vuelve a la sociedad vulnerable ante la manipulación.

* Profesor e investigador de la Escuela de Historia, Universidad Nacional.

Humanismo y justicia: notas del subsuelo costarricense

Frank Ulloa Royo

La división de poderes no es un artificio jurídico: es la memoria viva de un país que quiso evitar la concentración del poder en una sola mano. Desde la Constitución de 1949, Costa Rica aprendió que la democracia se sostiene en el equilibrio, en la vigilancia mutua de los poderes, en la certeza de que ningún gobernante puede ser juez y verdugo al mismo tiempo.

Hoy, sin embargo, la brújula política parece extraviada. La presidenta envía proyectos de ley que permiten al poder matar con presunción de inocencia, todo en nombre de la lucha contra el narcotráfico. ¿Es esa la patria que aprendimos a amar? ¿Una patria con cuchillos en la mano, con cárceles más grandes y con la justicia convertida en rehén del miedo?

Defender la independencia del Poder Judicial no significa encubrir la corrupción ni negar la lentitud de la justicia laboral, que tantas veces ha dejado a los trabajadores esperando años por una sentencia. Significa reconocer esas falencias y exigir su corrección, pero sin entregar la justicia al capricho del poder político. Porque la justicia lenta se reforma; la justicia sometida se destruye.

La Sala Constitucional, que tantas veces ha protegido derechos laborales y sindicales, también está bajo amenaza de ser tomada por otros poderes. Si la Sala deja de ser independiente, ¿quién defenderá al trabajador despedido injustamente, a la mujer discriminada, al ciudadano frente al abuso del Estado?

Jorge Debravo escribió: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Ese verso, nacido de la poesía, hoy se convierte en consigna política. No queremos una patria que se parezca a la experiencia salvadoreña de Bukele, inflada por sectores de derecha, pero cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU por sus violaciones a la independencia judicial. Queremos una patria que se parezca a la dignidad, a la memoria, a la justicia que se construye sin miedo.

La independencia judicial es más que un principio constitucional: es la garantía de que la democracia no se convierte en republiqueta punitiva. Defenderla es defender la vida, la libertad y la esperanza. Y como Debravo, repetimos: no queremos guerras ni cuchillos en la mano de la patria. Queremos justicia libre, digna y humana.

El subsuelo de Dostoievski es hoy nuestro espejo. Alienación y resentimiento marcan la vida pública: diputados que rechazan a los 18 candidatos a magistrados suplentes enviados por la Corte, mientras ninguno de ellos se defiende en el buen sentido. El pensamiento camina de puntillas, como si pensar fuera ofender. Esa tolerancia se acerca más a la cobardía que a la virtud, y la democracia se hunde en un silencio que recuerda al hombre del subsuelo, incapaz de hablar sin contradicciones, atrapado en su propio resentimiento. Como escribió Dostoievski: “Soy un hombre enfermo… soy un hombre malo.” Esa confesión es hoy la voz de una institucionalidad que se niega a defenderse, como si la enfermedad y el silencio fueran su destino.

Dostoievski cuestionaba el racionalismo que pretendía reducir la vida humana a fórmulas matemáticas. En Costa Rica, la división de poderes nació como respuesta histórica a la concentración del poder, pero hoy se ve debilitada por proyectos que legitiman la violencia en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”. La presidenta envía leyes que permiten matar con presunción de inocencia: un racionalismo perverso que convierte la justicia en cálculo punitivo. Defender la independencia judicial no es alcahuetear la corrupción, sino impedir que la lógica del poder sustituya la ética de la justicia. El hombre del subsuelo lo anticipaba: “¿Qué importa la razón cuando lo que se quiere es la voluntad?” Esa voluntad, sin ética, es la que amenaza con destruir la república.

En Los demonios, Dostoievski mostró cómo las ideologías extremas podían arrastrar a la juventud hacia la violencia. Hoy, los nuevos señores feudales no son revolucionarios, sino corporaciones tecnológicas y élites económicas que manipulan la inteligencia artificial y la economía global. La inteligencia se limita a los intereses de unos pocos, y los derechos humanos se vuelven negociables. En Davos, un yerno de Trump propone construir campos de golf sobre el cementerio de Gaza y recibe aplausos: la banalidad del poder que celebra la destrucción como desarrollo. En Costa Rica, se manipulan nombramientos de magistrados para destruir la institucionalidad y avanzar hacia un Estado autoritario, ahora con voz femenina para no asustar, mientras una mano oscura da sombra a la presidenta.

El subsuelo de Dostoievski es también el subsuelo de nuestra democracia: alienación, resentimiento, racionalismo sin ética y poder autoritario disfrazado de modernidad. La independencia judicial es la última defensa contra el regreso a los pleitos a machete, contra la republiqueta punitiva, contra la patria con cuchillos en la mano. Como Jorge Debravo, repetimos: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Queremos una patria que piense sin miedo, que juzgue con dignidad y que no se arrodille ante los nuevos demonios globales.