El gobierno neoliberal de Rodrigo Chaves en Costa Rica ha arremetido violentamente contra la estructura del Estado Social de Derecho costarricense. Parte de sus ataques son el debilitamiento de ciertas instituciones claves y básicas de la cultura y vida democrática nacional. Ha reducido el presupuesto nacional del Ministerio de Cultura, ha afectado de manera parecida al Ministerio de Educación y mantiene un ataque sostenido contra los presupuestos de las universidades públicas.
A ello suma el congelamiento real de salarios y de pensiones, que están seriamente afectados desde hace tres años y su proyección es por un plazo igual, sin que se controle el aumento de precios en los artículos de mayor necesidad de las personas, sin que se congelen en paralelo los costos de los servicios públicos, provocando en la práctica que los salarios suban por escalera y los precios por ascensor, haciendo cada vez más costosa la vida.
La reducción de estos presupuestos, en parte, lo justifica diciendo que es para destinar más recursos a las fuerzas policiales y del Ministerio de Seguridad Pública del país, frente a una ola creciente de homicidios e inseguridad ciudadana. Lo que es verdaderamente peligroso es que el Presidente Chaves ha insinuado las posibilidades de gobernar por la fuerza, mostrando sus rasgos autoritarios e intimidatorios de gobernante, retratándose acompañado de oficiales policiales que parecieran más guardaespaldas de un jefe mafioso, por la forma y ostentación de su indumentaria y sus armas de combate. Costa Rica ha sido un país que enarbola su régimen democrático sobre la base de que no tiene Ejército, de que el país ha tenido históricamente más maestros que soldados, lo que ya no es prácticamente cierto. Los cuarteles tradicionales del Ejército han sido transformados en museos e instituciones culturales, pero el aparato de seguridad del Estado se ha fortalecido exponencialmente comparado con esos otros rubros culturales y educativos. Los cuerpos policiales que operan privadamente, en varios miles de policías, el Presidente ha insinuado la posibilidad de llamarlos a cooperar y colaborar en la lucha contra el crimen organizado que debe atender el Ministerio de Seguridad Pública. El Presidente mismo ha dicho que le habría gustado gobernar por decreto, con lenguaje engañoso de que defiende la democracia y que él no se convertiría nunca en un dictador.
Parte de esta táctica es el ataque constante al prestigio y al papel de la Corte Suprema de Justicia, como un poder independiente, que quizá él quisiera controlar, como lo hacen algunos gobernantes latinoamericanos. Ha planteado esto dentro del lamento de no poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente donde se estructuren estos poderes públicos como él quisiera.
En sus ataques institucionales enfrenta constantemente también al Poder Legislativo, especialmente a los diputados que le cuestionan y a los de la única fracción parlamentaria, de 6 de 57 diputados, que son francamente opositores, advirtiendo todos los días que no tiende puentes, que no escucha ni solicita opinión, ni desea acuerdos con quienes, como esos diputados lo critican, desconociendo totalmente la práctica de un régimen democrático y de una institución, como el Poder Legislativo, que en sus funciones, además de hacer leyes tiene la del control político sobre el Gobernante y sobre toda la institucionalidad político administrativa.
En sus ataques a diputados ha acudido al expediente del ataque personal, íntimo, que linda con aspectos que parecieran obtenidos por los aparatos de seguridad nacional, y de espionaje, del gobierno, policía adscrita a la Presidencia de la República, lo que evidencia violación elemental de derechos humanos y del derecho a la privacidad. Es la forma como ha venido minando poco a poco la seguridad pública ciudadana, y estableciendo un régimen de terror reverencial institucionalizado en sus mesas de prensa de todos los miércoles. Recientemente atacó a una destacada periodista, de mucha tradición nacional, seria, que en respuesta a sus ataques prepara una acusación al Presidente Chaves ante la Corte Suprema de Justicia. La periodista Vilma Ibarra ha recibido el apoyo del Colegio de Periodistas, de diputados, de una llamada de atención elegante que le hizo el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez al Presidente de la República, y de distintas personalidades nacionales.
El ataque feroz contra el Estado Social de Derecho lo conduce hacia la reforma de las jornadas laborales, de carácter constitucional, de 48 horas semanales en tiempos de ocho horas diarias. La jornada de ocho horas en Costa Rica se estableció en diciembre de 1920. Se llevó a la Constitución Política de 1871, mediante las Reformas aprobadas como Capítulo de Garantías Sociales, en 1943, año y misma fecha que se aprobó también el Código de Trabajo. En la Constitución Política de 1949, vigente en este momento, se mantuvo y amplió esa Reforma Social, que ha sido uno de los pilares de la estabilidad política y social del país. En lugar de jornadas de ocho horas diarias quiere establece jornadas de 12 horas diarias por 4 días a la semana, para el total de las 48 horas semanales establecidas en la Constitución Política. En la propuesta real del Presidente el régimen de las 12 horas viola una serie de derechos sociales, relacionados con pago de jornadas extras, con disminución de derechos de pago de cesantía, de salario escolar, de aguinaldos, y de futuras pensiones entre otros. Violando con ello Derechos Humanos, Convenios internacionales, rebajándose ante los países de la OCDE, a la que pertenece Costa Rida como uno de los países con jornadas de trabajo más altas, cuando en Europa, y en otras partes del mundo, la tendencia es ir hacia la jornada de 35 y 36 horas semanales, y menores de las ocho horas diarias.
Parte de esas reformas sociales vigentes, surgidas a principios de la década de 1940, fueron la creación de la Universidad de Costa Rica, que es uno de los blancos preferidos de tiro del Presidente Chaves, y la Caja Costarricense del Seguro Social, una institución emblemática del país, también pilar de la democracia política y social que se disfruta como parte de la estabilidad social y política que Costa Rica exhibe internacionalmente., que permite por sus alcances nacionales que los costarricenses tengan un alto nivel de expectativa de vida, superior a los 80 años, con algunas regiones, zonas azules las llaman, donde los ciudadanos pasan con regularidad los cien años.
Quedan recursos a la población costarricense frente a estas políticas laborales que se quieren imponer. Están los recursos de inconstitucionalidad que puede poner la misma Asamblea Legislativa, como consulta obligada que haga ante la Sala Constitucional de la República y la que pueden hacer un pequeño grupo de diputados. Si la ley se llegare a aprobar, igualmente cualquier ciudadano, uno solo, podría acudir ante la Sala Constitucional, demandando su inconstitucionalidad. Del mismo modo se puede llevar esta ley a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica, para que también se pronuncie. Y, como un instrumento más de lucha ciudadana en defensa del Estado Social de Derecho del país se puede convocar a un Referéndum Revocatorio de esta ley, de esta jornada que establece el trabajo esclavo al estilo del siglo XIX. En los próximos días se definen estos caminos a seguir.
Artículo publicado en la revista MEER.com el 23 de junio del 2023 y compartido con SURCOS por el autor.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical CCSS Trabajador Servicio de Cirugía Ambulatoria Hospital San Juan de Dios 21 de junio 2023
A diferencia de lo que hoy en día leemos en los medios de comunicación masiva, donde se teme la desaparición de la CCSS, en junio de 1943, hace 80 años se anunciaba en el periódico Trabajo en la página 2 de la edición de 19 de junio de 1943, la publicación de la creación de las garantías sociales en nuestra Constitución Política, donde se crea la CCSS, universidades públicas y el Código de Trabajo, todo en defensa de los derechos fundamentales de los costarricenses.
Estas instituciones creadas para ejecutar las acciones que garantizarán esos derechos fundamentales sobre cualquier decisión política, se separan de la gobernanza del Poder Ejecutivo y en la Carta Magna se consigna la autonomía, para evitar la intromisión de poderes y así evitar la concentración del poder, hoy asistimos peligrosamente a un fenómeno socio-político totalmente inverso y riesgoso.
Ese fue el Estado de Derecho que por teleología de la norma se consigna.
¿En qué momento nosotros los trabajadores de la CCSS y los ticos y ticas permitimos que se empezara a violentar este Estado de Derecho?
Mucho por la buena fe, no se cuestionaron leyes donde el Poder Ejecutivo empezó a nombrar la Presidencia Ejecutiva de la Caja y sin percatarnos de que eso violentaba la gobernanza, se dejó pasar.
Pero desde 2018, donde se han querido crear normas de menor rango al constitucional, para lograr concentrar el manejo de la CCSS y demás garantías sociales en el Poder Ejecutivo, se han ejecutado acciones, que hoy de facto dejaron en una absoluta nulidad de acciones a la Caja. Por ejemplo:
– El nombramiento de la presidencia ejecutiva por Consejo de Gobierno a propuesta del presidente de la República, la destitución de los miembros de la Junta Directiva, propios de la conformación tripartita de la misma.
– Donde algún miembro del sindicato es destituido y sustituido por el designado por el Poder Ejecutivo violentando toda norma legal y constitucional interna y otras de alcance internacional.
Todas estas acciones que dejan sin quorum estructural legal la Junta Directiva de la CCSS hoy en día tienen a esta institución en un vacío legal, pues al estar mal conformada la Junta Directiva, sus acuerdos están viciados de nulidad. Esa es hoy la realidad de la CCSS.
¿Qué acciones vienen a complementar esta catástrofe en la gobernanza de la CCSS?
El primer paso del golpe, separación del Presidente Ejecutivo, Don Alvaro Ramos Cháves.
El segundo paso se consumó mediante un acto autoritario y a nuestro gusto inmoral, el Señor presidente separa a los representantes electos por los sectores sociales (sindicalismo, cooperativismo y solidarismo).
Hecho a todas luces ilegal, pero que se está dirimiéndose en una Sala Constitucional que no parece entender que tiene en sus manos una gran parte de la restitución del Estado Social de Derecho y la institucionalidad patria.
El tercer paso se ha venido consumando, de 6 Gerencias han removido a 5 mediante argucias diversas y han colocado recurso humano interno, pero de un perfil medio o bajo en términos técnicos o profesionales, violentando presuntamente hasta donde entendemos procesos y requisitos.
Lo cual no importa, pues la tarea del control político total de la Caja impone colocar personas que solo muevan la cabeza, ya sea por unos meses de fama, por miedo o por muchas otras razones muy sencillas de entender.
El cuarto paso fue dirigido al control institucional de las direcciones del nivel central. Este proceso ha venido desarrollándose a un ritmo bastante paralelo al de las gerencias. De esas direcciones han removido con argumentos cuestionables igualmente a varios funcionarios.
Quedan en pie según nuestro recuento, solo seis directores del nivel central, veamos:
Licenciada Carolina González Gaitán, de la Dirección Actuarial (la que se presta al juego político de destrucción de la Caja), maquillando presuntamente informes para doña Marta Esquivel, ojo la gravedad.
Ingeniera Susan Peraza Solano, directora de Planificación Institucional, que aparentemente se ha prestado para todo el tema de suspensión de proyectos, inclusive que podrían estarle encargando trabajos fuera de su competencia y por otra parte, se estaría debilitando el sistema de planificación, según nos indican, ojo qué riesgo.
Licenciado Luis Rivera Cordero a cargo de la Dirección Financiero Contable (fungía antes en la dirección del SICERE). Esta dirección y su control político, es pieza clave en debate financiero actual dentro de la Caja. Las causas de por qué lo colocaron ahí son fáciles de asociar al contexto, pero está claro que el que estaba antes, licenciado Iván Guardia Rodríguez, no tenía la confianza política suficiente y además es uno de los 18 imputados, que ahora han sido prácticamente sobreseídos de los presuntos cargos de corrupción por la fiscalía.
Director de Presupuesto licenciado Sergio Gómez Rodríguez: En posible proceso de remoción o a vacaciones. A este funcionario no dudamos le tienen total desconfianza política, pues es uno de los que éticamente suscribió un documento altamente técnico que indicó que los números presentados por la Dirección Actuarial no correspondían a la realidad financiera de la Caja, se imaginarán el posible hostigamiento laboral contra este funcionario.
Director del FRAP (Fondo de Retiro Ahorro y Préstamo de la Caja, Licenciado Víctor Fernández Badilla. Sin duda al igual que otros funcionarios de este nivel, no dudamos mantiene un perfil bajo ya que hace meses se desarrolla en la Caja una política de presunto hostigamiento laboral.
Director de Pensiones licenciado Ubaldo Carrillo Cubillo, que nos parece mantiene un perfil similar en razón de lo que se deriva del contexto institucional, cuyos rasgos son de una posible pero abierta persecución política.
El paso quinto para profundizar el golpe de estado de facto en la Caja está dirigido a controlar la Gerencia General o Gerencia de Innovación, como le quieran llamar. Todo sin sustento técnico.
Parece que la Junta Directiva de la Caja de forma secreta (tiene la Junta Directiva de la Caja un acuerdo interno de confidencialidad), va a «nombrar» a don Juan Ignacio Monge Vargas (que renunció a su cargo de director de la Caja a partir del 30 de junio 2023), de forma «interina» en el cargo de Gerente General para evitar cualquier concurso público, lo cual parece ser a todas luces un acto inmoral y recurrible por sus posible invalidez e ilegalidad.
Ahora bien, parece que luego de ese supuesto «nombramiento interino”, van a sacar a concurso la plaza de Gerente General, abrase visto tal falacia, pero sin duda el tiempo interino no será mera casualidad, pues los tiempos políticos para estas movidas están bien pensados.
Y para colocar la flor en el ojal, el paso sexto según ha trascendido de manera informal (estamos recabando documentación), aunque la opacidad institucional en estos temas descritos es de un manejo hiper secreto y centralizado, al mejor estilo de una dictadura. Pero todo indica que la Junta Directiva tomo un acuerdo e informó en una sesión virtual por zoom, que todas las plazas de directores médicos de todos los centros de salud saldrán a concurso y pondrán como uno de los requisitos esenciales para su asignación, la atención de las listas de espera y donde se va a obviar la normativa técnica.
Además, no se consideraría la capacidad instalada de cada centro de salud, exigiéndose a todos cumplir, a pesar de no tener especialistas, salas o las condiciones necesarias para su funcionamiento.
Según nuestras modestas indagatorias, se realizó un consejo extraordinario de directores el 21 de junio 2023, e informaron de la medida adoptada e indicaron desde el buró político central de la Caja, presidido por la General Marta Eugenia Esquivel, que por favor no lo tomaran como una amenaza. Y remarcaron como mencionamos que la medida de evaluación serán las listas de espera.
Esa es la intención de la Junta Directiva según parece.
El paso séptimo, que suena en los corrillos políticos, es que el presidente de la República pretende firmar un decreto para que en los concursos en propiedad de la CCSS se posibilite la participación de internos y externos, ojo con la gravedad de esta posible movida política.
Esta descripción de presuntos hechos unos en desarrollo, otros consumados, los aportamos a partir de humildes investigaciones y el esfuerzo aspira exclusivamente a que se tenga un acercamiento a lo que realmente está sucediendo en la Caja en lo estructural y estratégico.
Aspira igualmente a que los distintos liderazgos sindicales internos de la Caja y sus homólogos de los movimientos sociales avancen en la comprensión del riesgoso proceso en franco desarrollo, y de manera urgente, se tiendan los puentes políticos y se articule aún más la defensa de la Caja con los distintos espacios de lucha social y avancemos hacia una gigantesca movilización social que le abra los ojos al `presidente y a otras fuerzas políticas y le obligue a un viraje real que encarrile de forma efectiva el tren de la paz y la inclusión.
Hoy solo nos queda tener fe en el Poder Judicial y a la Contraloría General de la República que den curso a las acciones presentadas, así como en cumplimiento de sus deberes, para retomar el Estado de Derecho.
¡Unidos por la CCSS, unidos por la familia y por nuestras futuras generaciones!
La protesta es reacción popular para hacer frente a las acciones contra la educación. Pero, además, es acción para confrontar una práctica política de violencia, de autoritarismo. Práctica que tiende a profundizar el miedo, la actitud de docilidad mientras se destruye el tejido de convivencia social, política.
Debe ir acompañada por la construcción de una voluntad, de un proyecto popular. Integrar el corto plazo, con el largo plazo, lo táctico con lo estratégico. En particular, construir formas integradas de educación y comunicación permanentes desde lo local, desde cada institución. Dialógicas, solidarias.
No hacer protesta sería un error.
No construir educación y comunicación popular, sería una tragedia.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense
El estado de excepción y la violación sistemática de los derechos humanos ha sido una amenaza constante para la ciudadanía, incluso en las llamadas sociedades o países “democráticos” que suelen incubar en seno tendencias autoritarias, las que terminan haciéndolos emular a los regímenes totalitarios contra quienes dicen luchar en nombre de la democracia.
Uno de los casos menos conocidos, hoy condenado al rincón de un olvido todavía muy conveniente de la llamada “historia oficial” para algunas gentes es el de los ciudadanos costarricenses de origen alemán e italiano quienes fueron acusados, sin tener derecho a la defensa y al debido proceso, de ser partidarios de los regímenes fascistas de Alemania e Italia, encerrados en campos de concentración en Costa Rica (donde existió al menos uno, donde hoy se encuentran las instalaciones del mercado de mayoreo), a partir del 7 de diciembre de 1941 cuando adelantándose a la declaración de guerra a las llamadas potencias de eje que harían los EEUU y las potencias aliadas, en los días siguientes al ataque japonés a la basa naval estadounidense de Pearl Harbor, en las islas de Hawái, Costa Rica entró oficialmente en guerra con esos países y elaboró una lista negra con más seiscientos ciudadanos costarricenses que apareció publicada en el diario La Tribuna, sembrando el odio entre la ciudadanía, algo que con el paso de los años se les revertiría a los gobiernos de Rafael A. Calderón y Teodoro Picado, y a sus partidarios calderonistas de entonces, al ser derrotados en la guerra civil de 1948. Lo “negro”, en el peor de los sentidos, no fue la lista en sí misma, sino el hecho de que se privara de su libertad, de sus derechos políticos y de sus bienes a un importante grupo de costarricenses de origen europeo, a los que no había que comprarles ni venderles para llevarlos a la ruina, dentro de lo que constituye una monstruosidad política y jurídica.
Poco después, los vencedores de entonces, cayeron a partir de 1948, en la trampa de introducir el estado de excepción durante casi tres décadas, al establecer dentro del articulado de la Constitución de 1949, la prohibición de la formación de partidos políticos de izquierda, además del impedimento de su participación en los procesos electorales, dejando la decisión en manos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), creado en 1947 mediante una propuesta del diputado vanguardista-comunista Luis Carballo, pues hasta entonces todo el proceso se manejaba desde la Casa Presidencial y se acudía, con mucha frecuencia a los fraudes electorales.
El constituyente Rodrigo Facio Brenes y otros compañeros se negaron a votar esa medida punitiva contra la izquierda, al intervenir en los debates que condujeron a la elaboración de la Constitución Política de 1949, cuando dejó clara su oposición al párrafo segundo del artículo 98 (una propuesta muy reaccionaria de Fernando Volio Sancho), utilizada para sacar a casi toda la izquierda costarricense del juego político, durante casi tres decenios, porque su texto estaba introduciendo el estado de excepción permanente en un texto constitucional, como una norma pétrea antidemocrática, la que además le daba al Tribunal Supremo de Elecciones atribuciones indebidas sobre la naturaleza y la formación de los partidos políticos, las que han ido mucho más lejos del propósito inicial, llegando a deformar profundamente la naturaleza de los llamados “partidos políticos” en Costa Rica.
Rodrigo Facio dijo al respecto que: “…, en el propio seno de la Comisión Redactora, yo me pronuncié, y así consta en las actas respectivas, contra que fuese el Tribunal Supremo de Elecciones el llamado a declarar la descalificación de partidos inconstitucionales porque dije, y ahora lo repito, así lo que lograríamos sería poner en entredicho la imparcialidad de un organismo llamado exclusivamente a fallar, dentro del campo jurídico, el aspecto aritmético de los votos emitidos por los partidos, al ponerlo a fallar sobre cuestiones de fondo, como son los programas, la ideología o los medios de acción de esos partidos (Óscar Castro Vega RODRIGO FACIO EN LA CONSTITUYENTE DE 1949 Editorial UNED San José Costa Rica 2003, página 216).
Dentro de su razonamiento general sobre el tema Facio Brenes indicaba lo siguiente: “¿… será una norma de prohibición general, tal cual la ofrece la moción del compañero licenciado Volio Sancho? Yo creo francamente que no, por varias razones. Porque una fórmula así de amplia ofrece posibilidades de abuso, para perseguir injustamente, por motivos políticos del momento, a este o al otro partido. Porque de lo que se trata es adelantarse a un peligro concreto: el del comunismo (hay en cambio una cierta benevolencia hacia el ala fascista de los vencedores del conflicto armado, quienes dieron lugar a la Asamblea Constituyente, sin dejar de perseguir a los vencidos calderonistas y “comunistas”), y para hacerlo se acude a una fórmula indeterminada que puede ir mucho más allá de la reacción contra el comunismo” (Óscar Castro, Op.Cit, página 213).
Esto último se hizo evidente durante las décadas siguientes cuando se proscribieron numerosos partidos políticos de izquierda, conformados no solamente por seguidores de Vanguardia Popular, sino también de otras corrientes de ese lado del espectro político: De esta manera, fueron privados de sus derechos políticos ciudadanos como el escritor y pedagogo Joaquín García Monge, además de editor del Repertorio Americano, el novelista Fabián Dobles Rodríguez de filiación vanguardista pero que también había sido inicialmente miembro del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, como asimismo a muchos dirigentes políticos que provenían de la llamada “izquierda liberacionista”, dando lugar a verdaderas cacerías de brujas entre gentes que parecían tener cercanías ideológicas importantes entre sí, lo que se hizo más evidente con el paso del tiempo.
Ya el mismo Rodrigo Facio, durante la discusión de ese abominable texto de Volio Sancho, habló acerca de la persecución y proscripción sufrida por el APRA en el Perú durante la dictadura de Manuel Odría (1948-1956), cuando Víctor Raúl Haya de la Torre debió asilarse en la Embajada de Colombia en Lima, pasando varios años en ella sin recibir el salvoconducto para salir del país. Todo esto ocurrió también en un país llamado Costa Rica, donde los políticos del establecimiento tienen la fea costumbre de ofrecer benemeritazgos a granel a las gentes que habían perseguido toda una vida, privándolas incluso del ejercicio de la ciudadanía, durante buena parte de sus vidas.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical SIFUPCR
Siguen las señales de autoritarismo en CCSS, AyA, Banca para el desarrollo, Pani y otras instituciones.
Este es el estilo » heavy» para sostener de forma goebbelezca la popularidad.
Esas acciones de corte autoritario serán el común denominador de la » política» del segundo año del Gobierno Chaves Robles.
Y aunque ciertamente se enfrenta a ciertos grupos corporativos de distinto tipo, lo cierto es que la estructura de distribución del poder de la Constitución de 1949 y su enfoque acoplado al Estado Social de Derecho que enmarca principios elementales del derecho ( aunque burgués , derecho al fin de cuentas, es un contrapeso nada menor), provocará que acciones autoritario-mediáticas, como las supra descritas, se tornen lentas en sus resultados, pero como mecanismo de manejo mediático – populista resultan buenas para un vulgo acostumbrado a no profundizar y esto alimenta un fácil manejo de aliados y aliados en los dis que medios informativos y es terreno de buen cultivo para distorsionar realidades desde las redes sociales con los famosos troles.
Conclusiones:
1- Más evidencia de un conflicto interburgués que aspira a colocar nuevas figuras en los círculos de poder políticos para controlar los negocios en disputa controlados por otras banderas político-electorales, cuya ruta ideológica es similar a la de Chaves Robles ya que se inclinaron hace tiempo por el Dios mercado y abandonaron el Dios pueblo.
2- Profundización de la ruta del autoritarismo populista, para «ganar’ en las encuestas de opinión y mantener cortinas de humo engañosas que cambian en poco o en nada los problemas estructurales de la sociedad, que son en definitiva los que generan la descomposición social y dentro de esta el fenómeno de la inseguridad.
3- Más circo y menos efectos e impactos reales en la gente.
Pues dar la imagen de » cambiar estructuras» o mejor dicho personas, resulta fácil, pero solo se trata de poner nuevos actores para controlar negocios, lo cual no variará la ruta de la inflación, la pobreza, la pobreza extrema, el desempleo, el trabajo precario o esclavo ( proyecto de jornadas extendidas, que no es más que un aumento de la plusvalía absoluta a favor de un solo sector), y la concentración de la riqueza, que son la argamasa necesaria para el trabajo de quienes sueñan y aspiran una verdadera justicia y trabajan por un nuevo pacto social nacional.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente sindical, sector salud -Costa Rica
La ruta escogida por Chaves Robles para su segundo año es autoritaria- persecutoria -intimidatoria, los despidos en Zapote, en Ministerio de Cultura o el manejo abiertamente machista con la Presidenta del PANI (estilo distinto al manejo con los hombres), ante la prensa y otras actitudes visibles, reflejan actos y prácticas típicamente fascistas.
Igualmente se está revelando un mecanismo de una alta dosis de concentración de poder en los ministros y ministras para manejar los presupuestos públicos a su antojo, lo cual deviene en una práctica posiblemente dictatorial, que no dudamos es peligrosa para el conjunto de la sociedad costarricense que no se percata del fenómeno riesgoso por el cual atraviesa el país.
Aspira también Don Rodrigo Chaves Robles, a mantener un perfil mediático y de redes populista con una narrativa de barrio que le ayude a sostener su popularidad, aunque en lo estructural no cambie nada, solo la fachada confrontativa para sacar unos y poner otros en los cargos donde se jugará el partido para la disputa, nacimiento o continuación de todas o de algunas nuevas oligarquías y burguesías nacionales o foráneas.
Pero de cara a la gente en su vida cotidiana todo seguirá igual, los hogares continuarán endeudando su futuro, se reduce aún más el tiempo para pensar y reflexionar ante la pretensión de avanzar hacia trabajos esclavos y precarios (jornadas 4×3), se avizora una reducción del acceso a la cultura y en definitiva se conduce a la gente a vivir en una burbuja de consumo que tarde o temprano explotara en razón de políticas regresivas y premeditadas que generarán el colapso de lo que queda de las garantías sociales del Estado Social de Derecho.
Proceso supra mencionado, que pareciera contar con la venia de la gran mayoría de las bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, queda claro entonces que la ola de inseguridad no se detendrá de forma efectiva , pues es está un resultado de la descomposición social en desarrollo, lo cual nos inclina a trabajar en la recomposición de fuerzas para generar un contrapeso social organizado que obligue a un NUEVO PACTO SOCIAL que vaya en la dirección opuesta a la que ha demostrado hasta hoy un rotundo fracaso.
Al cumplirse este 14 de agosto próximo 67 años de su desaparición física, el mundo de los trabajadores recuerda las verdades vigentes del Bertolt Brecht: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchas muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: Esos son los imprescindibles”.
Quiénes durante 200 años creyeron que la riqueza originaria en nuestro país fue distinta a la violenta expoliación causada cuando la propiedad comunitaria pasó a manos privadas de los europeos, el siglo XXI los pone contra la pared.
Lo cierto es que, las oligarquías latinoamericanas, siempre apostaron al control político por encima de lo económico, pues controlando el primero, justificaban la administración y la apropiación de los recursos producidos por sus pueblos.
Los diversos estudios científicos demuestran que el control político durante la colonización europea en nuestro continente produjo al menos 55.8 millones de muertos; unas veces exterminados por problemas políticos, y otras por epidemias en sólo 100 años, lo que equivale aproximadamente el 90% de la población nativa.
De las 119 estimaciones de población analizadas por el grupo encabezado por Alexander Kock indican que antes de 1492 vivían en el llamado Nuevo Continente cerca de 60.5 millones de personas, con una utilización agrícola y forestal de 1,04 hectáreas por persona (Periódico La Vanguardia 01/02/2019).
En el caso costarricense, este reforzamiento del control político viene desde los pueblos originarios sobrevivientes, moldeó hasta nuestros días el llamado sistema “democrático liberal”, experimentando crisis como la de los siglos XIX y mitad del XX, con cruentos golpes de estado y hasta una guerra civil incluida. De esta manera, la gran crisis experimentada por la administración del expresidente Rodrigo Carazo (1978-1982), después de echar una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), vino a ratificar desde entonces que nuestra oligarquía nunca otorgó derecho alguno a los trabajadores; éstos se los ganaron, rehusándose a terminar como siervos. Es el punto tensional que viven los costarricenses más allá de que ubiquemos como principales problemas los salarios de hambre, las extenuantes jornadas de 12 horas, la mesa de negocios que tiene en crisis todos los niveles de la educación, las filas de espera en la Caja del Seguro Social, la posible exploración petrolera y hasta las pobres tortugas de carey; éstas últimas amenazadas en un proyecto de ley presentado y retirado por INCOPESCA.
En Costa Rica esta élite desde hace décadas atrás no corre ningún riesgo en ceder un ápice político a las mayorías. Los trabajadores y trabajadoras financian las carreteras, las escuelas, la justicia, la seguridad ciudadana, pero aquella clase social es la encargada de administrar los impuestos pagados por todos los costarricenses. Ella vende empresas de todos los votantes, da en concesión, puertos, aeropuertos, autopistas, espectro electromagnético y dice cómo deben de gastarse; así como quienes tienen la prioridad.
Así vemos cómo de cara a las próximas elecciones municipales, en la Asamblea Legislativa se promueve una “pensión universal”, que posiblemente, según algunos entendidos en la materia, terminará por desfinanciar otros regímenes de jubilaciones, pero ganarán con los votos necesarios para consolidar aún más el poder político. Es obvio que una compensación universal inferior a 180.000.00 colones mensuales (aproximadamente $300; un dólar igual a 600 colones) es alejada de toda realidad económica, tomando en cuenta, por un lado, la manipulación de toda clase de precios, y por el otro, a la ley de oferta y la demanda, en rubros tan importantes como los alquileres de casa, transporte remunerado de personas, alimentos, medicinas, combustibles, entre otros.
Lo anterior tiene como marco la tradición histórica de la Asamblea Legislativa de hacer leyes sin parar, para exonerar de impuestos a compañías agrícolas, importadoras, exportadoras, farmacéuticas, bancarias, minería, industrias, entre otras, beneficiando, además, como es “vox populi” a evasores, decretando además amnistías tributarias; bajo la premisa de “crear empleo” y el “mejoramiento” de millones de desesperados votantes.
Cuando el presidente Luis Alberto Monge (1982-1986), con el concurso del Partido Liberación Nacional (PLN) y la llamada oposición Social Cristiana (PUSC), empezaron a desmontar el sistema agrícola nacional con el llamado Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAEI) las cartas marcadas para los asalariados, las amas de casa, los maestros, estudiantes, pequeños y medianos productores, y movimiento popular en general, se barajaron irremediablemente.
Con este “ilustre”, hoy benemérito de la patria, empezaron los famosos programas PAEs impulsados por la élite nacional, atrincherada en la que en algún momento nuestros críticos dieron en llamar el PLUSC. Fue, cuando, supuestamente, habría “producción” para que hubiera paz, porque sin ella no hay comida, “justicia social”, porque la ausencia de esta lleva a la intranquilidad; democracia, porque así hay garantía de libertad; mientras sin valores éticos y culturales no hay confianza en el pueblo. Con este “maravilloso” programa el “campesino de palmares” y “líder” sindical de los “sindicatos blancos”, llegó a la presidencia de la república; advirtiendo que su plan sería para los próximo 30 años (ver programa “Volvamos a la Tierra”, página 8).
Traer la crisis actual evadiendo responsabilidades políticas concretas, sobre cómo han ido desmontando el Estado Social del Derecho, mandaron al carajo la soberanía alimentaria, pusieron los cuerpos policiales en guerra contra el “narco”, mientras los grandes consumidores mundiales de estupefacientes siguen sin controlar su clientela, es la misma politiquería usada para que veamos la inseguridad ciudadana como un fenómeno reciente y focalizado, y no creado por una casta de burócratas al servicio del neoliberalismo. Las escuelas están cayéndose a pedazos como si fuera por generación espontánea, el sicariato juvenil es una cosa como si hubiera surgido en los dos o tres años y no consecuencia del desvío de fondos a otro lado, desfinanciando así el quehacer social del Estado.
Para combatir supuestamente la inseguridad ciudadana, promovida por el Estado mismo, al dejar en manos privadas tan delicada función Constitucional, hay quienes proponen un “estado de excepción” que no es otro que el mecanismo de control autoritario de todos los ciudadanos; como colofón de una sostenida campaña del miedo por radio, televisión y prensa escrita. Si bien los asaltos, ejecuciones, desapariciones, violaciones; etc etc, son parte de nuestro vivir, recientemente un amplio reportaje del Periódico El País de España dio cuenta de la marcada descomposición social en todo América Latina, como consecuencia de las políticas económicas a que han estado sometidos estos países del “Nuevo Continente”.
Lo que sí asusta es como estos medios de comunicación encausan sus informaciones tendientes a dividir la sociedad entre “buenos” y “malos”, similar a las prácticas realizadas por Hitler y Mussolini, en Alemania e Italia, respectivamente, cuando deseaban un fin asignado a sus hordas.
Según el periódico CRHoy, el Estado de excepción equivale a una suspensión de derechos y garantías individuales en casos de “evidente necesidad pública”. Esta posibilidad se encuentra contenida en los artículos 121 inciso 7, así como el 140 inciso 4 de la Constitución Política surgida tras la guerra civil de 1948 (Ver CRHoy.com 05/05/2023)
La realidad, a veces ingrata y fría es que, hasta ahora ningún Estado ganó una “guerra” contra el narcotráfico sin eliminación del consumo de las drogas. En el caso costarricense no solamente hemos fijado cuantiosos recursos en esta “guerra”, sino que seguimos poniendo los muertos y haciendo lo mismo que hicieron otros estados, para obtener los mismos resultados.
Por el contrario, las cifras trascendidas en los últimos días, al tenor de la “inseguridad ciudadana”, el número de parapoliciales dobla la cantidad de elementos de la Fuerza Pública. Johan Vargas, presidente de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines, puso recientemente a las órdenes del Gobierno unos 30.000 oficiales privados que “están dispuestos a trabajar en conjunto para combatir la delincuencia” (Teletica.com 04/05/2023).
Una reciente y brillante publicación coordinada por el Dr. Carlos Tiffeer Sotomayor, nos da cuenta sobre el deterioro el Estado Social de Derecho, ya que, hay consenso dentro del contexto actual de la globalización hegemónica (neoliberal de la presencia de la que Costa Rica como país de la periferia del sistema mundo no se escapa) del marcado discurso anti estatista, según el cual se requieren poderes absolutos en el Estado para que este desaparezca. Obviamente el Estado no desaparece. Lo que desaparece – poco a poco – es el Estado Social de Derecho y los Derechos Fundamentales (al menos los económicos, sociales y culturales) para reaparecer en su lugar el Estado Penal de la mano de los nuevos discursos (Dr. Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, página 17; “Un Derecho fundado en la Dignidad Humana”; obra coordinada por el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, Primera Edición; Editorial Jurídica Continental, 2023).
Así, la versión neoliberal privilegia las funciones de los jueces y las instituciones en general que están dirigidas a mejorar el funcionamiento del mercado (op.cit, página 18).
Movimiento Popular Fragmentado
Independientemente que algunos sectores del movimiento popular añoren el viejo Estado Social de Derecho y centren su lucha en la mayoría de los casos en reinvindaciones cortoplacistas y sin articulación alguna entre sí, tal Estado de bienestar difícilmente volverá, si no hay un replanteamiento de la lucha en forma unida, más allá de la saturación de consignas individualistas valederas a corto plazo, como se visualizó durante el desfile del pasado 1 de mayo, sin que subyaciera una estrategia como movimiento agrícola y campesina ahogada por falta de una reforma agraria. O en el caso del movimiento sindical cuya consigna mayoritariamente no es la amplitud de los derechos políticos de las grandes masas de asalariadas, si no demandas muy concretas como aumento salarial, que las élites una y otra vez los han escamoteado con aumentos de precios inmediatamente, sin que la causa, que es el dogma neoliberal, sea tocada.
Así, caímos sin darnos cuenta en las llamadas “desigualdades evolutivas de las especies” – tesis refrescadas por algunos antropólogos y psicólogos estadounidenses- son explicadas como parte normal del discurrir social y cultural de una sociedad, y como esta “ciencia” borra de un plumazo, como hizo el funcionalismo de Webber cualquier tufo de lucha de clases, es más cómodo explicar la inseguridad ciudadana, el desempleo, la educación mercantilizada, el déficit fiscal, la preocupación de la señora de Purral por el costo de vida etc, fragmentando la realidad social. Los robos, los asaltos, la inseguridad ciudadana etc., aparecen desvinculados del congelamiento de salarios, del desempleo, de la falta de vivienda, etc. Así es muy fácil ser legislador, periodista, político, analista jurídico, sociólogo, economista, etc.
La realidad es, que como en años anteriores, no advertimos al pueblo costarricense que con el gobierno Liberacionista de Laura Chinchilla y cierre de los 8 años del Partido Acción Ciudadana, se cerraban las diversas etapas de los gobiernos corporativos o paralelos, determinantes para el “progreso” conceptualizado desde el punto de vista de nuestras élites (ver https://semanariouniversidad.com/etiqueta/horizonte-positivo/). De este modo pareciera que el gobierno del Presidente Rodrigo Chaves (2022-2026) abre la tercera etapa caracterizada por el ingreso directo de las grandes corporaciones interesadas en materias primas como gas, petróleo, agua, pesca, tecnología, etc. Su mandato deja la sensación hasta ahora de medir todo por algo tan elemental aprendido desde la escuela primaria: Sumar y restar.
Esto explica la ruptura reciente con la Fundación Omar Dengo que durante décadas estuvieron financiando los costarricenses y a la hora de restar beneficios concretos a la educación nacional no tuvo números positivos a los ojos del gobierno. Por el contrario, dicha organización reclama actualmente a los costarricenses un giro de 168 millones de colones para inventariar los insumos que pasaron al Ministerio de Educación Pública, según se informó oficialmente. Dicha fundación, alega que para entregar los bienes a la cartera de Educación necesita pagar a las personas encargadas de inventariar los objetos que tuvo bajo administración.
Asimismo, hubo grupos políticos y económicos que reaccionaron con ira, por el cierre reciente de CINDE. Sin embargo, siguiendo la máxima de restar y sumar los fondos públicos girados a ese ente privado durante 40 años y el número de empleos creados, así como las exoneraciones dadas a las firmas empleadoras, cada empleo pareciera ser demasiado elevado como inversión hecha.
Entre los personajes políticos allegados o cercanos al PLUSC que han pasado por CINDE está José Rossi, Anabelle González, Gabriela Llobeth, Dialá Jiménez Figueres, Fernando Ocampo, entre otros.
Agresión pareja
En estos últimos 40 años (5 gobiernos del Partido Liberación Nacional y 5 de la llamada oposición, incluyendo 2 del PAC), las poderosas élites nacionales no cesaron un solo día en su golpeteo contra las mayorías costarricenses. Todo el proceso de globalización en que nos metieron ha sido pagado por la gente más humilde que se traduce por grandes filas para una cita de especialistas en la Caja Costarricense del Seguro Social, una intervención quirúrgica o simplemente para ser atendidos en un Ebais. La Educación Pública y Obligatoria que dice la Constitución Política defendida por estos grupos dejó de ser derecho y hoy es uno de los negocios más lucrativos; la Educación Pública Superior está sometida actualmente a fuertes presiones provenientes de grandes cadenas de Universidades Privadas, a las que no les interesa ningún tipo de humanismo, y miden todo por las leyes del mercado.
Por el contrario, la falta de dignidad nacional y apego a los intereses de las grandes metrópolis se ve con tanta “normalidad”, que recientemente trascendió que funcionarios del Banco Mundial revisan datos financieros al más alto nivel dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social; mientras una misión del FMI se siente gobierno electo para venir a advertirnos que a la regla fiscal no debe introducírsele más reformas. Ocupando ello, destacados titulares en la prensa comercial. (La Nación, 29/04/2023).
A decir verdad, en el horizonte no hay visos de un replanteamiento político de la situación que afecta a millones de costarricenses, frente a la aparición de un nuevo orden multipolar. En el discurso del Presidente Rodrigo Chaves, el 2 de mayo en la Asamblea Legislativa, no hay una sola alusión de fondo que haga pensar un eventual abandono por parte del actual gobierno del viejo orden mundial unipolar, para aprovechar el surgimiento de nuevos bloques económicos y políticos, con otra visión de dominio y control absoluto sobre los países que en algún momento fueron colonia de Europa y hoy diplomáticamente están bajo las reglas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ocasión del día internacional del trabajador tres reconocidos economistas plantearon lo que ellos consideraban los problemas más grandes en Costa Rica. Uno dijo que era la defensa de un salario decente y un trabajo digno. El otro cree que los sindicatos tienen que hacer un esfuerzo muy grande para convertirse como en voceros de una población muy marginada; y el otro enumeró que el problema más grave de Costa Rica es la pésima distribución de la riqueza generada en esta nación. (Ver https://www.youtube.com/watch?v=iooehH-UcHA, “Expertos plantean cuáles son elementos económicos que debe contener la agenda de los sindicatos”).
El presidente del Congreso y líder del PLN Rodrigo Arias Sánchez en cálido encuentro con el Presidente de la República Rodrigo Chaves Robles (Foto Fabián Hernández, tomado del Semanario Universidad 10/08/2022).
Así el dilema de la izquierda democrática y amplios sectores preocupados por el rumbo de esta Nación de poco más de 5 millones de habitantes se debate entre jugar con las cartas marcadas de antemano por las élites tradicionales, o una solución, según ella, electoral y burocrática. La experiencia sufrida en otras naciones bajo esas premisas es que el problema no es ganar el poder, si no para qué y para quiénes se obtiene el poder.
Este enfoque de jugar bajo condiciones adversas dejó en México millones de millones de pobres esclavizados en 37 años de dominio “conservador”; en Uruguay sirvió la mesa al actual gobierno reaccionario de Lacalle; en El Salvador indirectamente ayudó al ascenso al poder de Bukele; y en Chile recientemente los grupos fascistas pro Pinochet preparan una Constitución Política a su medida.
En un reciente artículo del analista nacional Oscar Barrantes Rodríguez, trajo a acotación el dilema político anteriormente apuntado y que tantos dolores de cabeza causa actualmente a millones de ticos con esta misión miope de olvidar “los juegos” de poderes y los “dueños” del poder.
“Se debe salir del agujero electoral y superar el electorerismo enfermizo y cargado de vicios pequeños burgueses, de burocracia, y reformismo cándido, fatuo e inútil; porque ni hace diferencias del discurso con las franquicias electorales oligárquicas y terminan haciéndole el juego a la dictadura electoraria, lo cual coloca a las izquierdas, el movimiento electoral y las agrupaciones partidarias de las fuerzas humildes, núcleos revolucionarios como furgón de cola de la burguesía imperante y de la tiranía imperial – globalista de occidente…”. (sic. “Lucha política revolucionaria o izquierda a la moda” 12/05/2023).
Desde esta perspectiva, pareciera entonces que la llamada “izquierda democrática” habría renunciado a las ricas tradiciones de organización de movilización y beligerancia popular y campesina, comunal, indígena, de las zonas costeras, de los barrios, a la creatividad juvenil, etc que en años pasados inspiraron luchas gravadas en la historia patria como la lucha contra la explotación de bauxita en 1970 contra la Transnacional Aluminum Company of America conocida como ALCOA, que encabezaron estudiantes, obreros, campesinos, profesionales, intelectuales, entre otros así como la lucha a favor del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), cuando una camarilla intentó desmantelarlo de un cuajo en el 2000 y la oposición abierta contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC) (2007); en este último caso los sectores más humildes, sean productores, agricultores o jóvenes en general siguen soportando los efectos al día de hoy.
Lo anterior pareciera reafirmar que un empoderamiento de los sectores populares costarricenses, así como mecanismos propios de una democracia con mayor participación ciudadana, no está en la agenda de las élites ganadoras en el presente proceso de globalización hegemónica del gran capital.
Lo que pareciera fuera de discusión es que por encima del atolladero económico en que estamos, el problema político está en el centro del debate. Esto no es nuevo. Lo observó quien el próximo 14 de agosto cumple 67 años de su desaparición física, enseñándonos que la política no puede sustraerse de los efectos nefastos que sufren los pueblos.
Planteó el problema político por encima del económico. Y escribió:
“El peor analfabeto / es el analfabeto político /. No oye, no habla / Ni participa en los acontecimientos políticos. / No sabe que el costo de la vida,/ El precio del pan,/ del pescado,/ de la harina,/ del alquiler,/ de los zapatos/ o las medicinas/ dependen de las decisiones políticas/ el analfabeto político,/ es tan burro,/ que se enorgullece,/ e hincha el pecho diciendo,/ que odia la política./ No sabe, el imbécil, que,/ de su ignorancia política,/ Nace la prostituta,/ el menor abandonado,/ y el peor de todos los bandidos,/ que es el político trapacero,/ granuja, corrupto y servil/ de las empresas nacionales y multinacionales; (Bertolt Brecht, el Analfabeto Político).
En estas primeras dos décadas del siglo XXI la política ha estado caracterizada por la formación de líderes, presidentes o dirigentes autoritarios, o sea de hombres fuertes. (Por cierto, todos hombres).
Desde el año 2000 empezaron a surgir dirigentes o presidentes que políticamente no son considerados como dictadores o tiranos, sino que ocupan la dirección del Gobierno asumiendo posiciones autoritarias, es decir, ejerciendo el poder casi sin limitaciones y, consecuentemente, derribando oposiciones institucionales, tanto legales como físicas.
Así desde el inicio del siglo encontramos los gobiernos de Putin en Rusia, en China desde 2012 con Xi, en Europa en Hungría, Polonia, Checa, Turquía, en Asia en Filipinas antes con Dutarte y ahora con el hijo del dictador Marcos, en la India con Modi, Japón con Abe, en África en Etiopía, en Oriente Medio el nuevo reinado de Arabia Saudí o la presidencia de Netanyahu en Israel, en América Latina con Bolsonaro, en Centroamérica con Bukele, proceso este que tuvo su cenit con Donald Trump en USA. Las principales potencias mundiales están gobernadas por presidentes autoritarios, tales como Rusia, China, India, Japón, mientras en EE. UU. la influencia de Trump y el Partido Republicano son determinantes en la política estadounidense.
Parece ser la característica del mundo actual. Es una era donde el autoritarismo gubernamental es el elemento dominante.
Costa Rica no escapa a esta realidad.
Las características principales, aunque no únicas, de estos líderes son: (las resumo del libro “La era de los líderes autoritarios” de Gideon Rachman).
Muestran desprecio por las normas democráticas y están dispuestos a erosionarlas. Desprecio por el liberalismo y la adopción de nuevos métodos de gobierno.
“Hay cuatro características comunes al estilo del hombre fuerte: la creación de un culto a la personalidad; el desprecio por el Estado de derecho; la afirmación de que representan al pueblo real contra las elites (también conocida como populismo); y una política impulsada por el miedo y el nacionalismo”, se lee en el libro citado.
Ellos piden que se les considere indispensables, que solo ellos pueden resolver y salvar al país. Además, consideran que las instituciones y la ley se interponen en su camino para resolver los problemas y en este sentido la independencia del poder judicial ha sido su primer objetivo. Pero también se muestran incómodos e impacientes con cualquier institución que quiera mostrarse independiente. Los medios de comunicación son un blanco habitual de ataque.
Los líderes fuertes desprecian la institucionalidad, pero “aman al pueblo”; su estilo de argumentación política es el llamado “simplismo”, sea que existen soluciones sencillas para problemas complejos pero que se ven frustradas por fuerzas perversas.
Las bases políticas de estos líderes son en casi todos los casos las zonas fuera de las grandes ciudades.
Ariel Goldstein investigador argentino señala: “Esto se ha producido porque en el marco de la crisis del régimen democrático, de los partidos políticos tradicionales y de las elites gobernantes, las propuestas de derecha radical anti statu quo se vuelven atractivas como estrategia capaz de lograr desempeños electorales exitosos. Hay una demanda anti statu quo del electorado…”.
Está claro que el presidente Rodrigo Chaves se enmarca o quiere enmarcarse en esta nueva era. Más adelante volveremos en concreto sobre su gobierno. Por ahora solo queremos dejar esbozadas algunas características de esta nueva era política.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
El politólogo ecuatoriano César Ulloa Tapia elabora una detallada radiografía sobre el perfil de los populismos en América Latina.
Señala, entre otros rasgos, la fabricación de una continua polarización en sus discursos y un permanente ataque a las instituciones y algunas libertades, como por ejemplo la de prensa. Según el científico social, se estructura sobre una buena base de apoyo y legitimidad popular, que le permite funcionar con un margen amplio, pese a que sus decisiones parecieran ilógicas y sin ningún sustento técnico, político o analítico.
Ulloa Tapia compartió algunas de estas apreciaciones en la conferencia inaugural del I Ciclo lectivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional hace algunas semanas.
En ellas profundizó en ciertos contextos de la región latinoamericana, pero fue inevitable no pensar en que algunas de estas características ya se encuentran instaladas en la sociedad costarricense.
Los peligros para la democracia son muchos, en tanto los populismos devienen en formas verticales del ejercicio del poder.
La creencia, muy difundida, de que a la ingobernabilidad se la combate con mano dura, un comandante en jefe, alguien que deje caer su puño sobre las irregularidades, tiene en Costa Rica un considerable caldo de cultivo.
Un reciente estudio de opinión presentado por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional respaldó con sus resultados esa percepción. Señala la persistencia hacia actitudes autoritarias por parte de la población costarricense consultada, ubicada porcentualmente arriba del 60%.
En Costa Rica, esta idea ha venido sedimentándose a lo largo del tiempo y señala la distancia entre la confianza al sistema democrático y su capacidad para responder a las demandas sociales, respuesta que entonces se traslada a la consolidación de una figura autoritaria en sus prácticas y sus discursos. Alguien que pueda corregir el rumbo de las cosas a mano dura.
La performance de una persona con estas características señala un comportamiento plenipotenciario, que no admite cuestionamientos y aparece como garante de una pasivo agresividad que no importa mostrar en público. De hecho, la amenaza solapada y la imposición aparecen como conductas normalizadas que no admiten contrarios o cuestionamientos.
Por razones de espacio en esta columna dejaré por aquí el análisis, que muy pronto estaré retomando, trazando un diálogo más extenso con el excelente análisis propuesto por Ulloa Tapia en su disertación.
Para usar cierto lenguaje coloquial, tan llevado y traído en los últimos días, dejaremos pendiente esta discusión para su ampliación en posteriores reflexiones.
Este miércoles 5 de mayo tendremos el programa: “Miércoles de Girasol: Seguridad ciudadana y discursos autoritarios” con la participación de Hazel Villalobos de FUNPADEM.
El programa será conducido por las estudiantes Valentina Albini, Alisson Hernández y María Fernanda Monge.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
