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¿Declaración de “guerra comercial” de Costa Rica contra China?

Escrito en 19/09/2023. Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León. PhD

El contexto previo.

La empresa de telecomunicaciones de origen chino Huawei, ha estado en el punto de mira de los Estados Unidos, desde los tiempos de Donald Trump en la Casa Blanca, acentuándose en los últimos meses, en el marco de la disputada campaña electoral estadounidense, con el fin de que los electores conservadores, no solo miren en Trump al hombre fuerte dispuesto a enfrentar la “invasión” china que, les han dicho, se está viviendo en el gran país del norte, sino también a un Biden enérgico y peleador.

Como parte de ese escenario político, Gobierno e instituciones militares estadounidenses han prohibido comprar productos a Huawei, independientemente de su gran calidad y precios más favorables, bajo el pretexto de que esa compañía privada china, podría “expiar” instituciones de seguridad estadounidenses, y obtener datos de los usuarios, a través de sus equipos. Sin embargo, y no se puede afirmar lo contrario, al no demostrarse ni un caso de “espionaje”, ha quedado cada día más evidente, que lo que movió a Trump, y ahora al presidente y precandidato presidencial Joe Biden, a imponer barreras comerciales contra Huawei, no es ni más ni menos, que un esfuerzo por favorecer a empresarios occidentales, especialmente, representantes de otras marcas de equipos, frente a los que la empresa china ha tenido relevante éxito, no solo en los Estados Unidos, sino también, y esto es lo que más les preocupa, ¡en más de 170 países! Resulta que Huawei, desde hace una década superó a Ericsson como el mayor fabricante de equipo de telecomunicaciones en el planeta, y a la gigantesca Apple, como el segundo fabricante de teléfonos inteligentes más grande del mundo, solo superado por Samsung Electronics. Para el año, pese a las barreras impuestas en EUA y algunas naciones europeas, pasó a la delantera en el número de teléfonos vendidos a nivel mundial, alcanzando ganancias anuales superiores a los US$92 mil millones, lo que convierte a Huawei, obviamente, en ¡un “enemigo” muy peligroso!, para las corporaciones competidoras que no han podido seguir sus pasos.

La tecnología 5G

Como un detalle relevante, para acercarse a comprender las acciones supuestamente contra el “espionaje” chino, se tiene el asunto de la tecnología 5G, de la que tanto se habla en estos días, como instrumento vital del desarrollo. Se reconoce que la 5G marca el camino para que, el desarrollo de las telecomunicaciones en un futuro cercano, salte de las “carreteras de dos carriles”, hacia las necesarias “autopistas de diez o más carriles”; para ponerlo gráficamente. Pues resulta, que la tecnología 5G desarrollada por Huawei es, simplemente, la líder en el mundo, y eso se traduce en miles de millones de dólares de un negocio, en que no pueden ganar, como quisieran, las corporaciones competidoras. Hay incluso funcionarios de la Casa Blanca, de los que no están muy seguros de los alegados beneficios de esa innegable “guerra comercial”, que han admitido que EUA difícilmente podría alcanzar el nivel de China en el desarrollo de 5G, sin la participación de Huawei, convirtiéndola en el enemigo con el que no les queda más que negociar para competir con posibilidades en esa carrera. Por eso, pese a las tensiones creadas, se siguen dando ciertas negociaciones comerciales, entre las dos potencias mundiales, al tiempo que se evidencia, por otro lado, la intención de Washington de crear dos bloques emulando la Guerra Fría, no entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos y sus aliados, sino entre China y los EUA, a los que se suman unos aliados tanto europeos como de la periferia, principalmente subdesarrollados, con una poco disimulada tendencia a la sumisión.

El modelo rumano

Como parte de tal estrategia, le están dando respiración asistida a dos convenios internacionales; la Declaración de Bucarest (2000) y el Convenio de Budapest (2001), nacidos ambos, ANTES del vertiginoso desarrollo de las telecomunicaciones que el planeta está viviendo. Sendos convenios que se refieren, más bien, a la necesidad de enfrentar la corrupción interna de variado tipo y, por ejemplo, los fraudes cibernéticos, cometidos por delincuentes internacionales y nacionales, capaces de “hackear” equipos y redes informáticas, como medio de obtener pagos para “dejar en paz” a los afectados, como los sufridos por instituciones costarricenses hace poco más de un año. Convenios que no tienen nada que ver, con las acusaciones de “espionaje” usadas por Trump y ahora por Biden, dentro de la “guerra comercial” que se desarrolla, y en la que algunos, irracionalmente, quisieran inmiscuir a nuestro diminuto y subdesarrollado país.

Por ejemplo, el Convenio de Budapest (firmado por solo 56 países, después de 22 años de acordado), lo que busca, en lo medular, es “proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet, mediante la elaboración de leyes adecuadas”, referido a infracciones sobre derechos de autor, fraude informático, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones a la seguridad en redes. Invocarlo ahora para obstaculizar el desarrollo y comercio internacional de cualquier empresa de telecomunicaciones, (Huawei o cualquier otra), no es razonable y su sustento legal es muy cuestionable, un poquito “jalado del pelo”. De hecho, la legislación costarricense sobre esas materias, se ha venido estructurando, con avances significativos, independientemente de lo que dice ese convenio internacional, aprobado en Costa Rica hace tan solo seis años, sin que, precisamente por intrascendente, se le pusiera especial atención.

Pero, como siempre, hay un pero, pues ahora dicho convenio se ha convertido para el gobierno de Costa Rica, en el misil tico de la guerra comercial contra China, o más bien, específicamente contra la empresa Huawei, copiando por lo que desde Rumanía se ha evidenciado, es ese enfrentamiento comercial, con tintes geopolíticos, que Bucarest aceptó como parte de una negociación.

Trasplante del modelo rumano a Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que se había publicado un decreto ejecutivo (Nº 44196-MSP-MICITT, del 31 de agosto en el Diario Oficial La Gaceta), donde se señala un viraje de 180º en el rumbo que ha venido tomando nuestro país, con respecto al intercambio comercial con China. Lo hizo a su regreso de un viaje a Washington, puntualizando que el gobierno de Costa Rica limitará ese comercio, anunciando la prohibición, todavía no justificada, que aplicará. “Mi ministro de Ciencia y Tecnología y yo el viernes firmamos un decreto gubernamental que básicamente exija que los países de los vendedores y proveedores potenciales deban haber adoptado los principios del acuerdo de Bucarest”. Y, como es usual cuando trata asuntos que no necesariamente comprende muy bien, agregó: “Ustedes saben lo que eso significa. No necesito entrar en detalles”.

Como era esperable, luego se pudo entender lo que contenía el significado de sus palabras, que es, ni más ni menos, que Costa Rica estaba siguiendo el “modelo rumano”, relacionado con el rumbo tomado por Rumanía, que, junto a Bulgaria, son, por cierto, los países más atrasados de la Unión Europea, muy diferentes a nuestro país, casi en cualquier elemento que se quiera comparar. Ambos incorporados a la Unión Europea y la OTAN, en virtud de su posición geográfica estratégica, frente a las que consideran son pretensiones territoriales expansionistas rusas (no chinas), especialmente ahora con la invasión a Ucrania. Países que, al no ser capaces de aportar nada significativo para los Estados europeos, con la aplicación del “modelo rumano”, al menos sirven para mitigar el avance comercial de China, favoreciendo así a empresas competidoras ajenas al gigante asiático. Por esa “colaboración”, se les retribuye con “alguito”; con apoyo económico por los “servicios prestados” por medio del modelo que le fuere dictado a los gobernantes rumanos.

No hay que ser muy brillante, consideran los analistas, para percatarse que desde tiempos de la Administración Trump, se consideró a Europa del Este y, concretamente a Rumanía, como pieza clave en la estrategia para aislar al gigante Huawei, que Washington argumenta, es un peón de Pekín y una grave amenaza a la seguridad de las telecomunicaciones occidentales, especialmente las militares. Por ello, Rumanía fue de los primeros países en adherirse a la iniciativa estadounidense, ‘Clean Network’, creada para “evitar la apropiación de información sensible por parte de actores malignos” en la red, “incluido el Partido Comunista de China”, según dice el discurso.

Avanzó así el “modelo rumano”, que ahora nuestro presidente, espera trasplantar a Costa Rica, olvidando de camino, como lamentablemente está siendo usual, ciertos “detallitos” que Chaves, su canciller André y los silenciosos funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, parecen desconocer o, que tal vez, aunque perplejos, disimulan, pues su jerarca no fue siquiera invitado a firmar el decreto que tanto afecta su ámbito de acción.

Recordemos que cuando Rumanía rompió con China, su primer ministro, el conservador Florin Cîțu, del Partido Nacional Liberal, argumentó que lo hacía pues era receloso de compañías que eran subsidiadas en sus países de origen. Preámbulo a lo que sucedería en abril de este año, cuando el gobierno rumano impidió que Huawei pudiese participar en el desarrollo de la red 5G en ese país balcánico, materializando así lo establecido en el Memorando de Entendimiento firmado con los EUA en el 2019, que, con asesoría estadounidense, obliga a verificar si cada compañía “sujeta al control de un gobierno extranjero, tiene una estructura accionarial transparente y, además de tener un historial de comportamiento ético, está sometida a un régimen jurídico que requiere prácticas empresariales transparentes”. Aspectos que Washington considera, sobra decir, no cumplen ciertas corporaciones chinas, y que el gobierno rumano, a cambio de beneficios económicos y de seguridad militar, por lo señalado antes, acepta dócilmente como válidos. “Donde manda capitán no manda marinero”, dice el refrán popular.

Ciertos “detallitos”

Ahora bien, si lo que el presidente Chaves desea, es clonar las condiciones rumanas en Costa Rica, antes de proceder a poner en ejecución el decreto ejecutivo del 31 de agosto de este año, no puede desconocer que la China moderna es un Estado activo y respetuoso de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus normas convencionales, pues no podría ser de otra manera, si aspiraba a tener éxito en el inmenso mundo del comercio internacional con todas las naciones. Un ejemplo es el respeto a las patentes y otros derechos, donde solo sobre la tecnología 5G, Huawei cuenta con una decena de patentes, que la protegen de competencia desleal. Asimismo, China aplica las normas internacionales de calidad ISO (International Organization for Standarization) que varias de sus grandes empresas, como Huawei, se esmeran en cumplir por la seguridad de que sus productos en la industria, son de especial calidad, así como su gestión de servicios. Es claro pues, que el reconocimiento internacional e independiente, es para los chinos, un componente fundamental en el engranaje complejo del comercio internacional y la gestión de la seguridad de la información, entre otros.

El tratado de libre comercio entre Costa Rica y China

Aparte de que Huawei y otras grandes empresas chinas, son propiedad de estructuras privadas ajenas al gobierno y al Partido Comunista Chino, vemos como algunas compiten incluso entre ellas, por lo cual no es correcto vislumbrarlas como empresas pertenecientes a gobernantes chinos, como sucedía hace muchos años, cuando el gigante asiático apenas mostraba signos de modernización de su incipiente aparato industrial. Eso hay que tenerlo presente a la hora de ejecutar acciones obstaculizadoras de su accionar empresarial fuera de China, pues sus empresas también gozan de derechos.

Pero si ello no fuere suficiente para “pensarlo dos veces”, antes de meter a nuestro país en el enmarañado manglar que vislumbramos, Rodrigo Chaves ha de considerar que Costa Rica, tiene suscrito y ratificado formalmente y en vigencia, un tratado de libre comercio que, entre muchas cosas negociadas oportunamente por los expertos nacionales y chinos, tiene un capítulo que determina la prerrogativa de “Trato nacional y acceso a mercados para el comercio de mercancías”, cuyo objetivo fundamental es el de “Asegurar que a las mercancías importadas se les brinde un tratamiento no discriminatorio”. Tratado que implica, además, “promover el comercio recíproco a través del establecimiento de normas comerciales claras y mutuamente beneficiosas y la prevención de barreras comerciales y distorsiones a su comercio recíproco”, como hasta ahora se ha cumplido.

“Detallitos” semejantes, no mencionados en el decreto ejecutivo de Chaves, harían inviable aplicar el modelo rumano en nuestro país, pues existe, para información del presidente, además de las normas de la OMC, una Carta Magna llamada Constitución Política de la República de Costa Rica, resguardada incluso en su cumplimiento, por una Sala particular de la Corte Suprema de Justicia, que determina que los convenios internacionales tienen “autoridad superior a las leyes”, por lo que desde sus aprobación por la Asamblea Legislativa y entrada en vigencia, no pueden ser derogados por una ley ordinaria, y mucho menos, por un decreto ejecutivo que, por definición, no puede ser contrario a la ley o leyes, al que se refiere. Porque no creemos que el presidente no conociera algo jurídicamente tan básico, no entendemos los objetivos del decreto ejecutivo, que es obvio, no tiene posibilidad alguna de ponerse en práctica.

La dignidad nacional

Cuesta digerir ese compromiso adquirido aparentemente por nuestro presidente Chaves con el presidente Biden. Surgen dudas acerca de las consecuencias de un decreto ejecutivo contrario a la normativa legal nacional e internacional, que mueve a especular que se trata de algo “importado” desde el norte, meses atrás, ya que, en su parte medular, por sus errores, pareciere redactado por funcionarios que desconocen la normativa legal costarricense, y que además, no sienten, por no ser costarricenses, algo fundamental vinculado al concepto de Patria que nos mueve y nos conmueve; el sentimiento de DIGNIDAD NACIONAL. Ese sentimiento que desde nuestra independencia y, luego con la Campaña Nacional que dirigiera nuestro héroe Juan Rafael Mora, forma parte integral del ser costarricense, de un pueblo agradecido con los compatriotas que incluso ofrendaron sus vidas en defensa de ese valor patriótico. Ese decreto ejecutivo, dolorosamente, no honra su memoria, pues olvida que el carácter de nación libre NO nos fue regalado hace 202 años, y que posteriormente, hubo que luchar valientemente por él durante la gesta patriótica de la Campaña Nacional, más de 30 años después de la declaratoria de independencia del reino de España.

Presencia de China en Costa Rica

En su reprochable decreto ejecutivo, Chaves no toma en cuenta que la República Popular China es uno de los principales actores en el contexto económico internacional, donde Costa Rica, aunque pequeñita, aspira a ser protagonista. Y, asimismo, que además de ser el segundo socio comercial de Costa Rica, solo superado por los Estados Unidos, hemos tenido intercambio comercial desde principios de los años 90, dándose un crecimiento constante a partir de la incorporación de China a la OMC, que no sobra recordarlo, es un organismo con capacidad de sancionar a los Estados que incumplen sus normas acogidas voluntariamente. Y mucho menos, cuando se esgrimen acusaciones ridículas, indemostradas e indemostrables, de “espionaje” sobre nuestras instituciones del Estado y las personas.

Desde que en junio del 2007 se anunció el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, se sembró la semilla de un proceso significativo, de mayor vinculación económica y comercial entre ambas naciones. Al año siguiente, en noviembre del 2008, se inició la negociación del citado tratado de libre comercio entre ambos países, que se extendiera por seis rondas y concluyera con la firma del texto final en abril del 2010. Tratado que, al tener plena vigencia, ha de respetarse en su letra y espíritu, y que ha permitido que, para el año 2021, se alcanzara la cifra de US$3.246 millones en intercambio comercial. Con él, vemos como, en promedio, en la última década, el comercio con China creció a un ritmo anual de 9,1%, resultado del aumento del 20,8% en las exportaciones y del 8,4% en las importaciones. Y dato muy relevante, las exportaciones realizadas por empresas costarricenses en el 2021, ya superaban los US$308 millones, con buenas perspectivas de ir en aumento.

Asimismo, no está demás considerar que existe una “Comisión de Libre Comercio” establecida en el marco del citado TLC, que ha realizado seis reuniones desde la fecha de entrada en vigor, en las que se han discutido y acordado modificaciones respecto a reglas de origen, desgravación arancelaria y asuntos del tratado, sin que se hubiese conversado, siquiera (como es esperable) de la amenaza de “espionaje” que desde Washington nos están “sugiriendo”. En dichas reuniones bipartitas, se han abordado temas específicos de implementación y aplicación del certificado de origen, como corresponde formalmente, sin que se hubiesen presentado conflictos relevantes que resolver.

Sobre las señaladas exportaciones costarricenses por US$308 millones (2021), habría que preguntar a los empresarios exportadores de dispositivos médicos, carne y trozos de bovino, cítricos preparados o conservados, pieles y cueros, café, enchufes, circuitos integrados, y otros productos de una creciente y prometedora lista, si podrían encontrar otros destinos para sus exportaciones, en caso de que, a consecuencia del decreto ejecutivo de la “guerra comercial” que comentamos, China se desatendiera del tratado de libre comercio que sustenta ese intercambio comercial, como respuesta esperable del gobierno chino, a una barrera comercial ilegal e irrespetuosa, que se aplicaría a productos de sus nacionales.

Asimismo, habría que consultar a las empresas privadas y estatales, cuáles caminos tendría que seguir los que importan productos laminados de hierro o acero, centrales de comunicación, computadoras portátiles, teléfonos celulares, otros productos laminados planos, pantallas de televisión, automóviles y otros vehículos de transporte, llantas, juguetes, manufacturas de plástico y aparatos de radiodifusión, alimentos enlatados y congelados, etcétera, que los costarricenses importamos por un valor de US$2938 millones, si, ¡de un día para otro!, dejan de llegar a nuestros puertos y aeropuertos, productos que ya forman parte de la vida cotidiana de los habitantes de Costa Rica y de los proyectos de desarrollo. Ello, por la molestia de un gobierno chino que, con razón, se sentiría agredido, y que seguramente consideraría presentar demandas ante instancias de la Organización Mundial del Comercio, entre otros.

Y lo planteamos así, pues, aunque lo que el presidente quiere, para aparentemente cumplir con inconfesos compromisos, es borrar la marca Huawei del país, sería esperable una reacción no muy amistosa de China, y un conflicto internacional que pondría en juego la seriedad de Costa Rica, ante otros actores del comercio internacional.

Si Bucarest lo hizo, no significa que el “modelo rumano” también se pudiese activar en Costa Rica. Ni somos parte de la militar OTAN, ni tenemos a Rusia al frente, ni somos tan cándidos en pensar que, como pago, recibiríamos de los Estados Unidos y algunos países europeos, la “ayuda” financiera que pudiere mitigar el daño económico que fácilmente se vislumbra, y la sustitución adecuada de la tecnología de avanzada a la que estaríamos renunciando.

Lo que además está muy claro, es que Costa Rica está muy rezagada en tecnología 5G, según lo advirtió también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que, por definición, vela por el buen diseño de políticas gubernamentales, que nos ayude a salir del subdesarrollo. El decreto de Chaves marca un rumbo claramente hacia atrás.

Las cifras son más que preocupantes. Se estima que Costa Rica perdería US$1100 millones al 2024, como consecuencia de una parálisis en 5G. Sin embargo, frente a esa amenaza, la buena noticia es que empresas como Huawei y otras cuatro multinacionales, se han mostrado interesadas en concursar por brindar esos servicios en nuestro país, por lo cual, necesariamente, hemos de guardar prudente distancia entre la guerra comercial que ha iniciado los EUA frente a China. Pero, paradójicamente, aunque Chaves ha declarado que “Costa Rica no se va a meter en un pleito entre elefantes”, es precisamente lo que está haciendo, al alinearse con los EUA, para tratar de “golpear”, desde nuestro diminuto país, a la empresa líder a nivel planetario, en el campo de la información y la tecnología de las comunicaciones, en infraestructura y equipos inteligentes, que cuenta con más de 200.000 empleados y que opera en más de 170 países, donde sirve a más de tres mil millones de personas.

Por otro lado, el éxito de Estados Unidos por presionar a otros países a que rechacen realizar negocios con Huawei ha sido limitado hasta el momento, pues países como Alemania, España, Suiza, Canadá o Francia han descartado las advertencias norteamericanas, permitiendo el acceso al fabricante chino a desplegar las redes 5G en sus territorios. Y, aunque sus gobiernos presentan algunas divergentes acciones internas, comprenden lo que realmente se mueve alrededor de las presiones potentes surgidas desde Washington. Hay rumores de acciones en Europa contra Huawei, pero los números no mienten. Según un estudio de Copenhagen Economics, la gran empresa china “contribuyó con 12.300 millones de euros a la economía europea en 2021 y contribuyó con más de 140.000 empleos en la Unión Europea”. Así, la prudencia de Confucio, aunque occidentales, como que les manda tener cuidado.

Aunque es incomparable en magnitud lo que sucedería en Costa Rica en caso de que nuestro país se involucre imprudentemente en ese “pleito entre elefantes”, es reconocido que en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), formidable empresa estatal que extiende su radio de acción hacia la generación y distribución eléctrica, y las telecomunicaciones, el anuncio presidencial ha provocado desazón en varios departamentos. El ICE quiere darnos la mejor tecnología 5G, al mejor precio y el más eficiente respaldo, y para alcanzar ese objetivo, es claro que no puede actuar, pretendiendo que Huawei no existiera, y menos, si se hace a partir de pretextos como “amenazas a la seguridad nacional” y “espionaje”. Es cierto que el público en general desconoce los alcances e importancia de “eso que llaman 5G”, pero hace menos de 20 años, tampoco entendíamos “eso que llaman Internet”, cuando daba sus primeros pasos en la Universidad de Costa Rica. Hoy pocos dudan de su trascendencia y muchos gozamos de sus beneficios.

Sobre la tecnología 5G, se pueden resumir sus aspectos positivos, acotando que permite mayor capacidad de transmisión de datos, velocidad en navegación e incluso la posibilidad de ayudar a reducir la brecha digital en Costa Rica, donde un millón de compatriotas en pobreza no tienen acceso a Internet. Además, 5G mejora la respuesta en tiempo real y es crucial para el funcionamiento de telemedicina y realidad virtual, permitiendo la interconexión de una mayor cantidad de dispositivos conectados simultáneamente, lo cual es fundamental para aplicaciones de la “Internet de las cosas” (IoT). Y aunque parezca de fábula, nos abre las puertas a la implementación de ciudades inteligentes, a lo que se suma un área muy importante, como es el impulso de distintas industrias con mejor sustento tecnológico, y el fomento de nuevos procesos en agricultura, manufactura, turismo y educación, entre otros. Por eso, repetimos, son como autopistas de 10 carriles o más, que vendrán a sustituir carreteras de lastre, si queremos aspirar los costarricenses a una calidad de vida mejor, por un desarrollo de la mano con el progreso, si de verdad queremos avanzar hacia el desarrollo.

Las contradicciones

Y es aquí donde precisamente nos llueven las interrogantes, pues cuesta entender cómo, por un lado, desde el gobierno, se habla de implementar la tecnología 5G para el año entrante, mientras por otro se le ponen amarras al ICE para cumplir con esa tarea propia de su campo de acción; tarea fundamental para su permanencia en el tiempo. Al anunciar a las empresas que están respondiendo a las licitaciones, desde el ICE nos dicen que “estas empresas serán responsables del desarrollo e implementación de la suite de servicios empresariales 5G, como un habilitador de desarrollo para empresas e instituciones, con necesidades de comunicación específicas que garanticen soluciones de alta velocidad, disponibles y seguras”, al tiempo que se cita como interesadas a competir bajo similares condiciones, a Consorcio Datasys Group Vinet (representante de Nokia), así como a Sonda CR-CL, Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica y One Way Technologies (representantes de Huawei).

Sin duda alguna, el ICE se vislumbra como el más afectado por las consecuencias del decreto ejecutivo, pues, inevitablemente, sus proyectos de desarrollo más recientes están vinculados con la marca Huawei, por lo señalado antes. La estructuración de las redes privadas para 5G, así como su operación eficiente, es parte de esa realidad tecnológica. No se puede desconocer, como parece lo hace nuestro presidente, que, durante el presente año, un 38% de las licitaciones procesadas por el ICE, se han dirigido hacia Huawei, y decenas de miles de millones de colones ha invertido nuestra empresa estatal en productos de dicha empresa china, siempre en busca de mejores condiciones para el Instituto y los costarricenses.

Si los enemigos del ICE quisieran debilitar a la empresa del Estado, frente a las corporaciones multimillonarias protegidas por otros tratados de libre comercio, diferentes al de Costa Rica con China, el ICE simplemente caería de rodillas ante los que quieren privatizarlo, venderlo o comprarlo. Más allá del doble discurso, que por un lado dicen querer fortalecerlo, se presentan situaciones como las que se derivarían del desdichado decreto ejecutivo que, de ponerse en vigencia, sería como el verdugo medieval muy dispuesto a cortar la cabeza del ente estatal, ante el imperdonable silencio de su junta directiva y su presidente ejecutivo.

No puede Costa Rica, no debemos permitirlo, involucrarse en ese conflicto de Estados Unidos contra Huawei, caracterizado por elementos comerciales, políticos, electorales e ideológicos, donde nuestro pequeño país solo lleva las de perder. Mientras el gran Brasil del presidente Lula, por ejemplo, más bien se acerca amistosamente a China, con muy buenas ideas, para el desarrollo de gigantescos proyectos beneficiosos para sus habitantes, aquí, desde nuestra pequeñez, le lanzamos un guante inamistoso al grandioso país asiático. Gesto que inevitablemente vemos vinculado, con la suspensión de la visita del presidente Chaves a China, “por cuestiones de agenda”, dijo Casa Presidencial.

Sabemos que ya se están dando reacciones de parte de diversos sectores nacionales, justamente preocupados con los sucesos comentados. Reacciones que esperamos puedan, uniendo fuerzas, detener cuanto antes el daño que se vislumbra para la nación. Las consecuencias negativas, en sus diversas aristas, si se deja profundizar, sería irreparable y muy costoso para el pueblo costarricense.

19/9/2023

A 50 años del magnicidio chileno. Testimonio

Escrito en 10/09/2023. Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Residíamos en calle Mac Iver, por la cual, a gran velocidad e igual estruendo, corrían, tanques, tanquetas, camiones con soldados del ejército y carabineros del «general rastrero» Mendoza. Llamado así por el presidente Salvador Allende, por sumarse al magnicidio ejecutado por el general Augusto Pinochet, cuanto superiores a él, en el cuerpo policial, se habían negado a sumar las imprescindibles fuerzas policiales al golpe de Estado.

Volaban a muy baja altura los cazabombarderos británicos Hawcker Hunter, cargados con armas para atacar, por orden del general Gustavo Leigh, el Palacio de La Moneda, la residencia del presidente Allende en la localidad de Tomás Moro, las antenas de transmisión de las radios Corporación y Portales, y otros sitios presuntamente “peligrosos” para la “seguridad del Estado”.

Pasaron los meses, y eventualmente, el almirante de la fuerza naval, Toribio Merino, quien en meteórica «carrera académica» del más alto nivel, fuere designado para nombrar a los «rectores militares» de las universidades, escogió al general Ruiz Danyau como jerarca de la avasallada Universidad de Chile. ¡Un militar entrenado para matar, y además imbécil, pasó a ser rector de la más importante casa de educación superior de Chile!, para evitar que desde allí se divulgaran pensamientos antidemocráticos, decían. General que un año después del golpe, fuese condecorado por el dictador español Francisco Franco, con quien tenía muchas cosas en común, principalmente en cuanto a habilidades intelectuales.

Ese martes 11 de setiembre, día lleno de brutalidad, por orden de la espuria junta militar presidida por Augusto Pinochet (recordado como ladrón y «asesino vitalicio»), las Fuerzas Armadas y Carabineros se movilizaban en busca del supremo objetivo: asesinar al Presidente de la República, doctor Salvador Allende. ¡Ese era su trofeo! Presidente constitucional quien había sido electo y asumido el cargo presidencial, tres años antes, y quien contaba con un apoyo popular creciente, que, paradójicamente lo hacía más peligroso para la aristocracia civil y militar, acostumbrada al disfrute de injustos privilegios, que no estaban dispuestos a perder con un gobierno de Unidad Popular. Conspiradores que iniciaron sus acciones aún antes de que el Dr. Allende asumiera su cargo ejecutivo, en cuyo camino asesinaron en una de las calles de Santiago al general René Schneider, quien entonces, como comandante en jefe del Ejército, se había manifestado dispuesto a defender la voluntad popular expresada en las urnas electorales, y a hacer respetar el orden constitucional, aún antes de que se realizara la elección de Allende, frente al representante de la ultraderecha, el expresidente Jorge Alessandri, quien luego fuese nombrado por los golpistas militares, miembro del llamado Consejo de Estado, como premio a su complicidad.

Mientras caían las bombas desde los aviones de guerra, paradójicamente adquiridos para defender supuestamente las fronteras chilenas, el estridente y criminal ruido de las descargas de ametralladoras y cañones, era multiplicado por el el eco del pavimento de las calles y edificios del centro de Santiago, ocupadas por los milicos y algunos trabajadores que corrían hacia sus hogares, bajo las balas de soldados que jugaban al tiro al blanco. El salvajismo bestial estaba desatado.

La noche antes, del lunes 10 de setiembre, mientras la vida parecía transcurrir con normalidad, compartíamos una cena en la comuna de Las Condes, con los participantes de un curso internacional que ese mismo día había concluido en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, adscrita al Hospital José Joaquín Aguirre, en Santiago. Lo que no sabíamos, era que cobardemente, bajo las sombras, a todo lo largo de la geografía chilena, los militares golpistas habían empezado a ejecutar un criminal Golpe de Estado, forjado por «expertos» de Chile, la CIA, la Casa Blanca y El Pentágono, pues era un pésimo ejemplo continental, que un presidente socialista hubiese sido electo en elecciones libres. ¡Eso había que acabarlo de raíz! ¡No se podía permitir! Y por ello, conceptos como derechos humanos y democracia, pasaron a constituirse en obstáculos para los fines de la casta militar que tanto disfrutaba de las regalías que sus pares de la aristocracia política, principalmente, usaban como moneda de pago por sus indecentes servicios.

Sobre lo sucedido después, se ha escrito y seguirá documentándose mucho. El “golpe militar”, repudiado por los demócratas del mundo, fue cínicamente negado como tal, por Pinochet y sus secuaces. «Se trató de un pronunciamiento militar ejecutado para defender la democracia y los derechos del pueblo chileno», reclamaron, mientras prohibían incluso, la mención de la palabra «golpe», porque a un “héroe” no se le puede calificar de golpista…

Igualmente se indignaban cuando se preguntaba por los miles de asesinados que se fueron sumando a las cifras que se levantaban en algunas morgues de Arica a Magallanes, pues para el asesino vitalicio (así lo escuchamos), “esos cadáveres que ustedes ven en el cauce del río Mapocho, con las caras destrozadas por tiros de gracia, son de delincuentes comunes que se están matando entre ellos”, se burlaba con sarcasmo en las conferencias de prensa, donde pseudoperiodistas eran usados, para hacer las preguntas que les dictaban minutos antes, los encargados de la propaganda de la dictadura.

Ciudad Gobierno, ejemplo de incompetencia e improvisación

Escrito en 09/09/2023. Publicado en Educación.

Freddy Pacheco León

Extraña que, como parte importante de lo que hace la administración Chaves, alrededor del millonario, pero mal estructurado proyecto de «ciudad gobierno», se obvie lo de la manzana perteneciente al Liceo de Costa Rica.

Al reafirmarse judicialmente, que los 10 mil metros cuadrados de terreno al sur del edificio oeste, son propiedad del centenario Liceo, se suscribió un contrato de arrendamiento con las autoridades del MOPT, que, por desdicha, el ministro Luis Amador ordenó incumplir, o sea, no pagar el alquiler pactado, afectando sensiblemente el buen funcionamiento del prestigioso Liceo.

Pues bien, mediante una maniobra de los jerarcas del MEP, MOPT y VIVIENDA, ejecutada con la complicidad de una espuria junta administrativa, órgano con solo FUNCIONES ASESORAS, se cometió falta grave. Cual si la Ley promovida por el expresidente Daniel Oduber, mediante la cual se reconoce como del LCR la cuadra que hoy ocupan los talleres del MOPT, fuere letra muerta, la tal junta administrativa (procesada por supuestos actos de corrupción), le «cedió» al gobierno de Chaves, lo que no podían regalar.

Serán los tribunales de justicia los que, sin duda alguna, anularán el «convenio de cesión», pero mientras tanto, el gobierno NO puede, no debe, hacerse «gato bravo» con el bien que pertenece al Liceo.

Podría pagar una indemnización por expropiación (si se llegase a aprobar el préstamo de US$450 millones en la Asamblea Legislativa), o determinar otro mecanismo justo de traspaso, pero no cometer el delito que hoy no les da pena exhibir ante la opinión pública.

Malacostumbrados

Escrito en 29/08/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Tan acostumbrados estamos a pagar el altísimo «impuesto único de los combustibles» (varios impuestos que fueron reunidos cuando el consumo de diésel y gasolina era muy limitado), que, hasta hace poco tiempo, los ciudadanos «con llantas», no conocían de su existencia.

Aun cuando se fue poniendo en evidencia, las protestas por el alto costo de los combustibles se canalizaban (algunos todavía siguen en esa trinchera) contra Recope, cual si el ente estatal fuera responsable de dos cosas: el precio internacional, y el impuesto que recauda, aunque este no le favorece ni en un colón.

De lo que la mayoría no se ha percatado, es de que ese impuesto, que ronda el 40% del precio del litro de gasolina, es, ni más ni menos, que un gravamen que, de no pagarse, le impide al automovilista circular por Costa Rica.

No te dan un marchamo, pero eso es indiferente; si no pagás, te quedás varado, sin posibilidades de ejercer un derecho incuestionable. Por ello, cuando se discute sobre el costo del «marchamo», que es sin duda muy alto, también debería tenerse presente, el otro «impuesto al ruedo» que se paga en las gasolineras.

Por otro lado, y no es asunto menor, al haber aumentado la recaudación fiscal, sobre la disminución en el costo del marchamo, nos dicen algunos economistas, una rebaja en el costo del marchamo, se cubre varias veces con otros ingresos que ya se están recibiendo, por lo que el tal «hueco» que supuestamente se crearía, no es real.

Algo que hasta un «economista agrícola» en Zapote, debería entender, si se lo explicaran, aunque, por otro lado, economistas permeados por dogmas monetaristas, ubicados contiguo al Teatro Nacional, y reconocidos socios de la misma escuela, dejan de lado aspectos como son, por ejemplo, las consecuencias positivas para la economía del país, el favorecer un mayor circulante que, quizá, le daría cierto remezón a la economía familiar.

Venenos en Zona de Los Santos con falsos «gasificadores»

Escrito en 23/08/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Si nos rigen reglamentos que no prohíben la emisión de DIOXINAS Y FURANOS provenientes de plásticos incinerados a temperaturas menores a 800°C, altamente contaminantes con químicos de carácter orgánicos persistentes que provocan cáncer, patologías inmunológicas y endocrinas, diabetes y malformaciones congénitas, las comunidades amenazadas, como en la formidable zona de Los Santos, constitucionalmente SÍ pueden hacerlo. El ambiente sano es un derecho constitucional, efectivo, que no se queda en el papel, y que hay que hacer cumplir, aún en contra del Ministerio de Ambiente.

Ha de recordarse que el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) reúne a más de 150 países en su lucha global contra la contaminación de DIOXINAS Y FURANOS. Por eso, los incineradores convencionales aeróbicos, que actúan como ¡fábricas tóxicas! a partir del muy usado PVC presente en la basura, están prohibidos en países celosos de la salud de sus habitantes, y Costa Rica no debe ser la excepción, como lo habría de plantear el Ministerio de Salud, y todos los proveedores de agua potable.

Es preciso aclarar que un incinerador NO es lo mismo que un gasificador; que la diferencia no es solo de nombre. El incinerador puede producir combustión incompleta, si se alimenta con materiales densos o de difícil combustión, por lo que, inevitablemente, produce gases de combustión contaminantes, muy tóxicos, letales, para la salud humana.

Para que un GASIFICADOR pudiese ser llamado como tal, ha de funcionar en ¡AUSENCIA TOTAL DE OXÍGENO! De cumplir ese requisito fundamental, y muy costoso de lograr, su combustión podría ser completa, hasta liberar CO2 y H2O como productos finales. E incluso, puede adaptarse para producir gas de síntesis (CO y H2) que se utiliza en el conocido proceso de Fisher-Tropsh para producir combustibles sintéticos. Mientras que LOS INCINERADORES, aunque, como en Tarrazú y otros lugares, los presenten engañosamente como «GASIFICADORES», funcionan a temperaturas y calor medios, por lo que, sólo se pueden utilizar turbinas de vapor para generar la electricidad, mientras liberan otros gases nocivos. LOS GASIFICADORES sí generan alto calor y temperatura por lo que, pueden utilizarse turbinas de gas (más eficientes) y turbinas de vapor para la generación de energía eléctrica, aumentando considerablemente la eficiencia.

Pues bien, hasta hoy, en Costa Rica ninguna empresa pública o privada ha mostrado la capacidad de proponer proyectos de destrucción de la basura EN AUSENCIA DE OXÍGENO. Y así, aunque hay quienes, en el ámbito de organizaciones municipales, con alcaldes promotores, están hablando de “gasificadores”, ha quedado en evidencia que se trata de tecnologías altamente contaminantes para la salud humana, pues esos incineradores funcionarían en presencia de oxígeno, y por tanto, serían productores de los altamente tóxicos DIOXINAS Y FURANOS, además de metales pesados.

Sobre esta vital diferencia ha de alertarse a los habitantes que ya se han percatado de la amenaza de construir en sus comunidades, quemadores de basura altamente contaminantes, con el cuento de que se trata de «GASIFICADORES». Además del agua superficial y de su subsuelo, lo que se contaminaría más sensiblemente, e inevitablemente, es el aire que respirarían, incluso a kilómetros de distancia de la planta incineradora. Plantas que, además, requerirán de un botadero gigantesco de basura, proveniente quién sabe de dónde, que les provea el combustible… para el macabro negocio.

Cabe recordar que hace unos años, el alcalde Araya, de San José, convenció a un grupo de sus colegas reunidos en una federación, de propiciar la construcción de INCINERADORES de basura en varios cantones. Así lo propuso también en su programa electoral de gobierno, cuando fue candidato presidencial. O sea, la idea no es nueva ni inocente. Ya fue rechazada por algunas municipalidades, que en principio se interesaron.

Sea en Dota o en otras comunidades, es el pueblo, los hijos del cantón, y todos los costarricenses que valoran vivir en un ambiente sano, los que tenemos la palabra y las armas cívicas capaces de luchar por la salud de sus seres queridos. La responsabilidad es compartida.

Son dos los impuestos a la circulación

Escrito en 21/08/2023. Publicado en Sin categoría.

Freddy Pacheco León

El impuesto al marchamo o derecho de circulación ha de verse unido al otro derecho de circulación, que se paga bajo el nombre de «impuesto único a los combustibles», ¡más elevado que el del mismo marchamo!, con la gran diferencia que lo cancelamos cada vez que echamos gasolina.

Ambos, desproporcionados, conforman quizá el cobro por un derecho a movilizarse en nuestros vehículos, de los más altos en el mundo. El del «marchamo» se paga según el valor del vehículo, mientras el segundo es cobrado sin valoración particular alguna.

Nuevo o viejo el auto, el impuesto se cancela por igual, encareciendo el valor de la gasolina y el diésel, como un 40%, por cada litro comprado, para poder circular por nuestras fabulosas autopistas.

Ahora bien, si Chaves piensa que el impuesto-marchamo, no es desproporcionado ni injusto, pues tiene razón en oponerse a su rebaja, pues los pagadores no urgirían de esa rebaja. Pero si no es así, habrá de reconocer, que es un despropósito, en infinidad de casos, gastar el aguinaldo en el pago de un impuesto insostenible.

El proyecto del 4/3, un confite amargo

Escrito en 18/08/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

“Bueno, es que las cosas cambian con el tiempo y ahora tenemos que adaptarnos a la modernidad”, piensan los que actúan sin hablar, sin razonar, sin sentido histórico, los que se creen nuevos “próceres” en el mundillo político. Y como así son las cosas, no importa para ellos las luchas obreras, con mártires incluidos, que sucedieron desde hace más de 100 años tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. Son los que ahora ceden mansamente a las intenciones de los que aspiran a ganar más, aunque no necesariamente sea para pagar al día sus impuestos y cargas sociales, pues… eso puede esperar por una mejor situación económica, alegan.

En nuestro pequeño país, ha de recordarse con admiración al Obispo Bernardo Augusto Thiel quien, pese a la airada protesta del presidente José Joaquín Rodríguez, emitió en 1893 con entusiasmo y valentía la Carta Pastoral “Justo Salario”, derivada de la encíclica del Papa León XIII de 1891 Rerum Novarum. Extraordinario esfuerzo del segundo obispo de Costa Rica por sembrar la semilla de la Doctrina Social de la Iglesia católica en Costa Rica, cuyas flores ahora algunos quieren cortar de raíz.

Ha de destacarse que pocos años antes, el Congreso Obrero Socialista, reunido en París, declaró a partir de 1890 la celebración cada Primero de Mayo, como un Día Internacional de Lucha por la Jornada de 8 horas. Y se siguió avanzando. En vista de las malas condiciones laborales que imperaban en Costa Rica, surge a partir de 1905 la primera Federación de Trabajadores, y a partir de 1913 la pionera Confederación General de Trabajadores, que se extendió hasta 1923, cuando apoyó al notable político Jorge Volio en su esfuerzo visionario por desarrollar e impulsar las ideas reivindicativas de su Partido Reformista.

Dicha Confederación (la CGT) fue impulsada por el Centro de Estudios Sociales Germinal, en que sobresalían los maestros Omar Dengo, Joaquín García Monge, José María Zeledón, Carmen Lyra y otros destacados caudillos culturales de esos años como el mártir Rogelio Fernández Güell, alrededor de la tarea de luchar por la jornada de trabajo de 8 horas, y otras reivindicaciones.

Entre 1918 y 1919 en que se desarrolló la sangrienta dictadura de Federico Tinoco, cuando la inmensa pobreza y los reclamos por mejores condiciones humanas, eran reprimidos por el ejército con torturas y asesinatos, era inevitable que fuera creciendo entre la población la necesidad de organizarse para luchar por mejores condiciones de vida.

Así, en enero de 1920, los trabajadores ebanistas y carpinteros, especialmente del sector público, iniciaron la lucha por obtener la jornada de trabajo de 8 horas diarias, incluyendo al sector privado.

Declarados en huelga nacional, la primera en la historia de Costa Rica culminó con éxito el 3 de febrero imponiendo el reconocimiento de la jornada de 8 horas y un aumento salarial del 20%.

En el Diario de Costa Rica de la época se lee que “se fueron sumando a la huelga, los carpinteros, mecánicos y pintores del ferrocarril al Pacífico, los obreros de los talleres de Obras Públicas, los trabajadores de la Fábrica Nacional de Licores y de otras dependencias de gobierno. Así como los empleados del mercado, las costureras, las pureras, los zapateros, los empleados del tranvía, los de la planta eléctrica de Los Anonos, panaderos, pintores, tipógrafos, los empleados de la cervecería Traube, los saloneros, los cocheros de San José, los marineros del golfo de Nicoya, trabajadores de Puntarenas y Limón”. La escasa población adulta (medio millón era la población total) había dicho ¡basta! y se hizo sentir.

Para entonces gobernaba en forma provisional de maestro, abogado y político Francisco Aguilar Barquero, quien gobernó entre el fin de la dictadura de los Tinoco en setiembre de 1919 y el 8 de mayo de 1920, cuando asumió la Presidencia el líder anti-tinoquista Julio Acosta García. En diciembre de ese mismo año, el Congreso emitió la ley número 100 en que estableció que ocho horas eran el límite para la jornada diaria de trabajo.

En el ámbito internacional cabe destacar la realización de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) convocada en Washington por el Gobierno de los Estados Unidos de América el 29 de octubre de 1919, en que se estipula que “En todas las empresas industriales públicas o privadas, o en sus dependencias, cualquiera que sea su naturaleza, con excepción de aquellas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, la duración del trabajo del personal no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana, salvo las excepciones previstas…”

Sin embargo, la lucha habría de continuar pues el incumplimiento de gobernantes durante las siguientes dos décadas era evidente. Hasta 1943 en Costa Rica, gracias a la sapiencia de beneméritos de la Patria como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el líder comunista Manuel Mora Valverde y el obispo Monseñor Víctor Manuel Sanabria, finalmente se incorpora en la legislación costarricense las normas que habrían de regir las relaciones laborales en el país, en un Código de Trabajo redactado de acuerdo con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Código que mantiene su vigencia y que establece en su artículo 136 que “La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis horas en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana”.

Ahora bien, envalentonados en medio de su ignorancia, unos políticos redactaron el proyecto de ley que pretende borrar más de un siglo de justas reivindicaciones que, para ellos, ahora no tienen razón de ser.

Al ignorar que las largas jornadas de trabajo provocaron al menos 745.000 muertes por cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares en 2016 (un aumento del 29 por ciento desde el año 2000) según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para satisfacer a los que no quieren pagar sobresueldos por el trabajo en horas extras, buscan engañar a los trabajadores privados y públicos ofreciéndoles “tres días de esparcimiento por semana”, si se negocian trabajar jornadas de 12 horas diarias. ¡Usted trabaja cuatro días y disfruta tres días en su casa o recreándose!, es lo que se lee en la cobertura del confite que se les ofrece. Eso sí, sin puntualizar que en esos tres días libres se podrían incluir los sábados y domingos que de por sí… muchos no trabajan. De esa manera, los proponentes ofrecen crear decenas de miles de nuevos empleos, cuyos trabajadores cubrirían jornadas parciales pagadas con salarios ordinarios… que antes se pagaban como horas extraordinarias a los empleados que así eran requeridos por sus patrones.

Las consecuencias las conoce cada trabajador, pues para muchos de ellos, las horas extra son fuente de ingresos requeridos para medio atender gastos que con sus salarios ordinarios no es posible satisfacer, y que con ese famoso 4/3 se desvanecen. O sea, contando al menos dos horas de traslado hacia y desde sus trabajos, estarían fuera de sus hogares unas 14 horas, por lo que saldrían al amanecer y regresarían al caer la noche. Solo unas pocas semanas después de ese trajín, seguramente esa jornada laboral bestial se reflejaría en la salud de los trabajadores, tal y como lo expresa la estadística anotada hecha pública por la OMS y la OIT.

Pero si ello afecta la vida familiar en general, para el caso de las madres trabajadoras, ¡muchas de ellas jefas de hogar!, la situación es mucho más angustiante. No solo les impide el ingresito extra conque algunas veces cuentan para salir adelante, sino que les provoca problemas muy difíciles de resolver en su casa, con sus hijos, con sus padres y abuelos adultos mayores, con otras personas del núcleo familiar. Para trabajos que inician labores a las 7 de la mañana, por ejemplo, ya a las 6 deberían estar viajando hacia donde trabajan, para luego estar de regreso, exhaustas, a eso de las 8 de la noche, si tienen suerte en el traslado. Así ya no podrían prestarle atención de sus hijos escolares, ni en las mañanas ni en las noches; y si tienen bebés en una guardería, los horarios de éstas no corresponderían con el de sus horas laborales. Como previsible consecuencia, algunas no podrían seguir trabajando, por lo que la pobreza inevitablemente se profundizaría.

Habrá infinidad de otras situaciones posibles que podrían presentarse, pero no hay que cavilar mucho para percatarse de lo que sucedería.

En fin, abogamos porque las personas laicas y religiosas, políticas y civiles, hombres y mujeres, alcen sus voces calificadas y hagan sentir a los gobernantes que ese proyecto de ley nefasto debería archivarse de inmediato, luego de la consulta a la Sala Constitucional, que esperamos no avale esa barbaridad. Sobran las razones para rechazarlo y es prudente aprender de la historia para no cometer errores que podrían alterar la ya de por sí frágil paz social que se vive en el país de la“pura vida”.

¿Qué pasa en la administración de RECOPE?

Escrito en 09/08/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

En contraste a la excelente calificación que usualmente le ha venido reconociendo Fitch Ratings, a la empresa más grande y robusta del istmo centroamericano, La Nación revela datos financieros de gran relevancia, que necesariamente han de ser atendidos responsablemente.

Leemos que Recope «cerró los primeros seis meses de este año con pérdidas por ¢13.219 millones, según lo revelan sus estados financieros. El balance contable contrasta con el desempeño del primer semestre de 2022, cuando obtuvo ganancias de ¢39.330 millones».

Y ante esa verdad certificada, preocupa que nuestro RECOPE, con su excelente servicio al Estado costarricense, abasteciéndonos de los mejores combustibles, hasta los rincones más alejados del país, ¡a precio de costo!, pudiese estar tomando un rumbo administrativo errado, que eventualmente erosionará su fortaleza como entidad estatal que nos aporta, junto al ICE, la energía que requiere Costa Rica, funcionando ambas instituciones sin fines de lucro.

“Por ello, es responsabilidad de Recope valorar si esa estructura de costos, reconocida en el margen de operación del 2019, es consistente y se ajusta a su realidad operativa actual. En caso de que lo considere necesario, puede presentar ante la Autoridad una solicitud de ajuste ordinario para su actualización”, afirmó Mora Quirós, intendente de Energía de la ARESEP.

Ante esa advertencia, Juan Manuel Quesada, quien fuese funcionario de la Autoridad Reguladora y hoy presidente de Recope, prometió el 30 de junio de 2022 que NO tramitaría ajuste ordinario ese año. Lo dijo en el Congreso de Energía y Ambiente, que organizó en aquel momento la Cámara de Industrias de Costa Rica», informa La Nación.

Además, Éric Bogantes, regulador general, reiteró que «la ley de ARESEP tiene los mecanismos suficientes para garantizar los ingresos necesarios a los prestadores y así preservar su equilibrio económico. Para esto, los prestadores del servicio público deben presentar su estudio ordinario de tarifas».

Ante lo anotado, surge la gran duda del por qué, la jerarquía de RECOPE está propiciando la actual situación, cuando su deber es, el de fortalecer a esa gran institución estatal, que como ha sido evidente, algunos políticos-empresarios quieren vender, alquilar o subastar, para lucrar con ese importante sector de energía, fundamental para el progreso de Costa Rica.

¿Anexión o incorporación?

Escrito en 21/07/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Freddy Pacheco León

Que en lugar de ANEXIÓN deberíamos hablar de INCORPORACIÓN del Partido de Nicoya, porque la unidad no se dio por la fuerza, nos dicen con buen fundamento. Y quizá sobran razones para que sea así, pues en la llamada “Acta de la anexión”, hemos corroborado que ni siquiera aparece la palabra “anexión”. Pero hay una realidad que tampoco debemos de desdeñar; la realidad derivada de la tradición, de la costumbre, la que naciera quién sabe cuántos años atrás: la de celebrar la ANEXIÓN del Partido de Nicoya.

Así, llámese como se llame correctamente, lo que interesa, lo que importa, lo trascendental, es el resultado de esa libre decisión tomada el 25 de julio de 1824, como culminación de un proceso iniciado tres años antes, cuando se diera la independencia de España, para Costa Rica, Nicoya y demás países centroamericanos.

Fue tan natural ese abrazo, que al suscribirse el acta oficial donde se proclama la unión de Nicoya a Costa Rica, algunos nicoyanos lo habrían visto como un acto casi innecesario, después de tanto tiempo de participar conjuntamente, como un mismo pueblo, ante órganos de la realeza española. Sin embargo, para entonces, y demostrado unas cuatro décadas después, ese acuerdo público y voluntario, plasmado “en un papel”, fue adquiriendo mayor relevancia.

Algunas autoridades nicaragüenses se sentían despojados de algo que, decían, les pertenecía, y así soñaban con que Liberia, Santa Cruz y Nicoya, formaran parte del territorio de Nicaragua. Por tanto, si no se hubiera dado el acto formal en que se abrazan fraternalmente ambos pueblos, quizá, con el paso de los años, hoy no celebraríamos dicha unión. Por eso, hoy también hemos de felicitar y agradecer a los guanacastecos, por el buen tino y prudencia que demostraron, ese 25 de julio de hace casi dos siglos.

Aunque todavía hoy, de vez en cuando, algunos gobernantes nicas «levantan su espada patriótica», para luchar por la «recuperación» de Guanacaste, el acta histórica es y seguirá siendo determinante, a favor de nuestra Patria. Como lo fue, el 15 de abril de 1858, al suscribirse el “Tratado de límites Cañas – Jerez”, donde, gracias a una muy bien realizada negociación, auspiciada brillantemente por nuestro héroe don Juan Rafael Mora, los representantes nicaragüenses reconocieron, por primera vez y contundentemente, que todo el territorio guanacasteco era parte integral de Costa Rica.

Han pasado 199 años y, día con día, el pueblo costarricense tiene el deber patriótico de reafirmar, con sus actos, la trascendencia de la «anexión», las consecuencias positivas que ha tenido la misma, para este maravilloso pueblo, para esta formidable Patria.

Es inimaginable el destino que, probablemente, habrían tenido los guanacastecos y costarricenses, en el hipotético caso de que los hermanos del entonces Partido de Nicoya, hubiesen querido mantenerse como un ente autónomo e independiente. Por ello, hemos de agradecer a Dios el haberlos iluminado para tomar la decisión que tomaron, al librarse y librarnos, de la pesadilla en que ambos pueblos nos habríamos sumido.

Una «Costa Rica sin el Partido de Nicoya», la que existía anterior a ese 25 de julio de 1824, pudo haber sido algo posible, pues como recordamos, no fue sino hasta el 15 de abril de 1858, que los representantes de la vecina Nicaragua, implícitamente, reconocieron como válida el acta que evidencia la unión de Guanacaste a su hermana mayor.

Quizá valdría la pena hacer una pausa, y reflexionar sobre lo que habría sido para los ticos, el vivir en un país sin Guanacaste como parte integral de nuestra nacionalidad, sin sus llanuras, sin su biodiversidad, sin sus litorales, sin sus montañas, sin sus paisajes, y muy especialmente, sin su gente, sin su cultura, sin su calor humano. Por ello, “en noches de luna llena…”, y en todas las noches y días en la pampa guanacasteca, se respira un aire especial de beneplácito por la decisión trascendente, tomada por los habitantes del entonces independiente partido de Nicoya. Ni pensar lo que seríamos sin ese queridísimo territorio, en el que resalta el mundialmente famoso ramillete esplendoroso de playas, las extensas sabanas, los bosques con árboles de refulgentes flores multicolores, y más importante todavía, los compatriotas ejemplares que nos brindan su inteligencia, laboriosidad y cultura folklórica única que caracteriza a toda la nación. Celebremos pues, la llamada «anexión» con que se conoce la incorporación voluntaria del Partido de Nicoya a SU PATRIA natural. (Pintura de Miguel Allan).

La nueva casa de Anthony Contreras

Escrito en 17/07/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Un poquito de información sobre el equipo de Anthony Contreras. Es el RIGA F. C., mejor equipo de Letonia, país de 64.500 km2, con un litoral de 500 km al mar Báltico, con límite marítimo frente a Suecia.

Letonia tiene menos de dos millones de habitantes (un 26% de origen ruso), y Riga, su capital, tiene un centro histórico Patrimonio Mundial, declarado por la Unesco, unos 700. 000 habitantes.

Su economía se basa en los servicios (68%) y un 24% en la industria, principalmente. Por su belleza, su turismo se acerca a los dos millones de visitantes anuales.

Obtuvo su independencia en 1991, con el fin de la era soviética. Su sistema de Gobierno es parlamentario. Riga, la capital de Letonia, «Capital Europea de la Cultura», se ubica en el mar Báltico, con varios museos y salas de conciertos. La ciudad antigua, exclusivamente peatonal, tiene muchas tiendas y restaurantes y cuenta con la ajetreada Plaza Livu, con vistosos bares y clubes nocturnos.

Un Consejo de Ministros del partido Socialdemócrata, conforman la rama ejecutiva, cuyas sesiones son públicas.

Sobre el equipo de Contreras, hay asuntos de mucho interés. Aunque el hockey sobre hielo y el baloncesto son los deportes más populares de los letones, la comunidad rusófila es la más interesada por el fútbol.

Nuestro compatriota estará encontrando una gran competencia en el Riga F. C., principalmente en los jugadores extranjeros. Hoy juegan en su equipo tres brasileños, dos peruanos, tres croatas, tres congoleses, dos ucranianos, tres serbios, un checo, un español, un portugués, complementados por once letones.

Bonito reto tiene Anthony Contreras, que estamos seguros sabrá enfrentar dando el máximo esfuerzo.

17 de julio del 2023