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Etiqueta: niñez

Don Nogui Acosta, la educación costarricense ya tiene su camino definido

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Mujeres por Costa Rica

El 18 de noviembre pasado, en un artículo publicado por el periódico La Nación, el ministro de Hacienda manifiesta que: “La educación que debemos discutir no es la que tenemos”. Afirma además, “…la discusión sobre educación se ha centrado en defender el presupuesto en vez de concentrar esfuerzos para atender aspectos de fondo relacionados con la formación idónea que le permita al estudiantado una preparación adecuada para el complejo mundo en el que vivimos”.

Nuestro grupo de trabajo en educación del Colectivo Mujeres por Costa Rica acepta el reto de responder a la preocupación de Don Nogui con respecto a nuestra educación y sobre todo aclarar lo que él indica de que “nos agarró tarde” para definir …. “¿Qué habilidades tienen que tener los chicos hoy cuando salen (del sistema educativo)”?

Como titular del Ministerio de Hacienda don Nogui, con la venia de la ministra de Educación, en los últimos años han sido los más interesados en disminuir los presupuestos a la educación pública, sin asumir las consecuencias ni contextualizar los recortes más allá de una perspectiva de un mal concebido ahorro. Tal vez, desde esa visión, efectivamente les “agarró tarde” para hacer cambios sustanciales en la educación.

Sin embargo, Costa Rica tiene un largo camino recorrido de más de 150 años de sustentar el desarrollo de su educación en políticas educativas muy bien fundamentadas. Estas han sido políticas de Estado, firmemente ancladas en principios constitucionales que nos han permitido insertarnos en la economía global, atender y aportar al desarrollo tecnológico, sin desatender nuestra preocupación por el desarrollo humano sostenible y cultural.

En la actualidad, nuestro país cuenta con un modelo educativo innovador que integra el desarrollo de habilidades en los aprendizajes y a la vez, contamos con nuevos programas de estudio que permiten la introducción de enfoques pedagógicos novedosos, desde el nivel de preescolar hasta finalizar la educación secundaria. Esto se debe a que, nuestra formación educativa actual se basa en la Política Educativa y en la Política Curricular (aprobadas en los años 2016 y 2017) así como en otras más específicas tales como la de Educación para el Desarrollo Sostenible, la de Promoción de Idiomas, Aprovechamiento de Tecnologías digitales en Educación (PATDE), Tecnologías de la Información, la política de Educación y Formación Técnica Profesional (que incluye habilidades y competencias para el trabajo), entre otras. Todas esas políticas fueron construidas y consensuadas con diversos grupos afines y fueron debidamente aprobadas, en los últimos años, por el Consejo Superior de Educación, según consta en las Actas correspondientes y de acceso público, en el sitio WEB del Consejo. Con esos parámetros, el camino está claramente señalado y respaldado oficialmente así que, si la preocupación es realmente mejorar la educación, lo más lógico (y rentable) es seguir construyendo e innovando por los canales que son los oficialmente vigentes, y muy adecuados por cierto.

Sobre la formación por habilidades, ya eso existe. Con fundamento en la Política Educativa y conforme se especifica en la Política Curricular (Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular), aprobadas en el 2015 y en el 2016, nuestra educación precisamente se basa en el desarrollo de trece habilidades agrupadas en cuatro dimensiones que hoy forman parte y se ejecutan en nuevos programas de estudio y que son:

  • las nuevas maneras de pensar(pensamiento crítico, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación),
  • las formas de vivir en el mundo(ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social, estilos de vida saludable, vida y carrera),
  • las formas de relacionarse con otros(colaboración y comunicación) y
  • las herramientas para integrarse al mundo(apropiación de tecnologías digitales y manejo de la información).

Cada habilidad está debidamente conceptualizada en la Política Curricular. Ésta contiene además indicadores claros para monitorear el desarrollo de las capacidades en el estudiantado, a lo largo de su formación y las habilidades se profundizan desde el nivel de preescolar hasta el último ciclo de secundaria. También existen perfiles bien definidos que son desarrollados a lo largo de los nuevos programas.

Obviamente, ante esta situación, no es necesario diseñar nuevos programas de asignaturas por habilidades como don Nogui indica en sus declaraciones, pero sí es fundamental contar con presupuesto y fondos para capacitar y dar seguimiento a todo el personal docente y administrativo del país, en la aplicación e implementación de estas políticas y de los nuevos programas de estudio, y proveer también los ambientes y recursos adecuados para su implementación, así como de evaluaciones válidas y confiables. Sabemos que los cambios en educación son culturales, lentos y progresivos y requieren de financiamiento permanente. De ahí la preocupación de diversos grupos por la constante disminución del presupuesto asignado a educación.

La necesidad de apoyar la transformación curricular en proceso ha llegado también a las universidades. Fruto de un trabajo colaborativo liderado por el CONARE, varias instituciones universitarias formadoras de docentes, públicas y privadas, así como organizaciones afines, (más de diez en total), se logró establecer los marcos de cualificaciones que deben cumplir quienes siguen las diferentes carreras de educación, orientados a desarrollar las habilidades definidas en los nuevos programas que se ejecutan para la formación del estudiantado. Esos marcos de cualificaciones contienen los perfiles, criterios y otros referentes para la formación inicial de docentes, administrativos y orientadores y aseguran así una educación de mayor calidad, a tono con las políticas educativas vigentes que hoy los jerarcas del Ministerio de Educación están ignorando.

En Costa Rica tenemos claro el camino que debemos seguir para integrarnos a un mundo complejo y versátil pero, como bien sabemos, “sin cacao no hay chocolate”. Establecer una educación basada en el desarrollo de habilidades, que permitan el aprendizaje continuo (a lo largo de la vida), no es fácil. Es un cambio drástico que solo se puede lograr si se cuenta con presupuesto suficiente para apoyarlo y las condiciones necesarias para ejecutarlo. De ahí la preocupación expresada por diversos grupos por la disminución del presupuesto asignado para la educación pública.

Detener o postergar la ejecución de los cambios requeridos, cercenando el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación, tendrá costos muy elevados en nuestro desarrollo futuro como sociedad. Por ello, nuestro llamado es a que recapacitemos, dialoguemos y nos unamos como país, para evitar un mayor deterioro educativo, ya que eso solo conduce a incrementar la desigualdad y la pobreza y compromente además el futuro y bienestar de la juventud y la niñez de nuestra querida Costa Rica.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Alicia Eugenia Vargas Porras 1-0362-0899
Yolanda Rojas Rodríguez 9-0012-0762
Yamileth González García 2-0246-0555
Vera V. Sancho Mora 1-0411-1454
Susan Francis Salazar 1-0721-0975
María Paula Villarreal Galera 1-1533-0586
Ana Lupita Chaves Salas 1-0455-0585
Eiliana Montero Rojas 1-0591-0052
Tania E. Moreira Mora 1-0579-0876
Virginia Ramírez Cascante 1-0543-0030
Josefina Pujol Mesalles 9-0069-0096
Melania Monge Rodríguez 1-0537-0482
Sandra Cartín Herrera 2-0343-0634
Arabella Salaverry Pardo 9-0002-0602
Margarita Bolaños Arquín 1-0407-0764
Eugenia Solís Umaña 1-0443-0132
Elizabeth Fonseca Corrales 4-0097-0783
Nora Garita Bonilla 1-0382-0064

Defensoría: Recortes al presupuesto de la educación pública genera efectos irreversibles en niñez y personas jóvenes

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Presenta coadyuvancia ante el sistemático decrecimiento de la asignación presupuestaria hacia el sector educación respecto a la obligación constitucional.

“Cada colón que no se dirige a la educación y se incumple la obligación constitucional, provoca un deterioro irreversible en el sistema educativo público y afecta sensiblemente los derechos de la niñez y de las personas jóvenes”. Es por ello que la Defensoría de los Habitantes acudió a la Sala Constitucional a presentar una coadyuvancia a un recurso de amparo planteado ante la situación de recortes en el presupuesto destinados a la educación.

Una preocupación importante de esta Defensoría es que, debido al decreciente presupuesto asignado al sector educación a lo largo de los años, ha evidenciado un deterioro en diversos aspectos clave de la educación. Este declive se refleja en los resultados de las pruebas PISA, donde las calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias son inferiores al promedio de la OCDE. En términos de infraestructura, 881 centros educativos cuentan con alguna orden sanitaria. Asimismo, se ha registrado una disminución del 30% en el número de personas beneficiadas por el programa Avancemos (transferencias directas del Programa de Equidad), así como una reducción del 1,5% en el número de estudiantes que reciben beneficios como transporte, alimentación y nutrición, becas postsecundarias y apoyo del programa de integración.

De un análisis realizado por la Defensoría de los Habitantes, a partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2023 del Instituto de Estadísticas y Censos, el número de personas de 5 a 18 años que no asisten a la educación formal aumentó de 46.554 en 2022 a 56.093 en 2023, lo que representa un incremento aproximado del 20%. El principal motivo de no asistencia es la falta de interés en el aprendizaje formal, con un aumento de 7.213 personas en 2022 a 11.875 en 2023, lo que equivale a un crecimiento del 63% en este grupo.  Además, las personas menores de edad estudiantes son una de las poblaciones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema, alcanzando aproximadamente un 37% en 2023 (12% en pobreza extrema y 25% en pobreza).

A manera ejemplificante sin que se agoten los supuestos de la afectación a la educación, uno de los programas más afectados ha sido el Programa de Equidad del MEP al experimentar una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con el 2022.

La Sala Constitucional desde hace más de una década ha advertido al Estado que los presupuestos asignados año con año a la educación pública han sido inconstitucionales por ser inferiores a lo que dispone el numeral 78 de la Constitución Política. Adicionalmente, con el recorte presupuestario a la Educación, el país incumple también lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sumado a ello, pone en evidencia en su coadyuvancia ante los Magistrados de la Sala IV que el informe presentado a ellos por Hacienda no demostró que dicha cartera haya realizado todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para movilizar y asignar presupuesto al sector educación indicado en la Constitución tal y como lo disponen las normas convencionales de derechos humanos económicos y sociales ratificados por el país como condición para que el Estado justifique medidas que pudieran generar regresividad en el goce de estos derechos.

De ahí que esta Defensoría le planteó a la Sala Constitucional resolver el recurso de amparo antes del 30 de noviembre del presente año, para que, por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa acaten dicha resolución previo a la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2025.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Academia DNI CR presenta curso de Comunicación Empática y No Violenta

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Academia DNI CR, en su objetivo de promover la efectiva comunicación de los padres, educadores y profesionales hacia personas en la etapa de niñez y la adolescencia, presenta el curso presencial «Método CENVA” (Comunicación Empática y No Violenta): una propuesta de escucha activa, que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre de 2024, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en las instalaciones de DNI CR en Moravia (de la entrada de la Biblioteca Municipal de Moravia, 50 Oeste, 100 Norte y 10 Este).

El costo del curso es de 15,000 colones por persona, e incluye certificado de participación y un pequeño refrigerio. Debido a la modalidad de este taller, el aforo es limitado a 25 personas, por lo que se recomienda a los interesados reservar su cupo a través del formulario disponible en línea. 

Este curso, diseñado para fomentar habilidades de comunicación empática y no violenta, busca brindar a los participantes herramientas para mejorar las relaciones con las personas menores de edad, y la validación de sus intereses, mediante una escucha activa y comprensiva. 

Para mayor información o realizar el proceso de inscripción, los interesados pueden llamar directamente a la academia al teléfono: 22369134. 

Formulario de inscripción: https://forms.gle/Hr9UFueq9rct46dH7 

La histórica sentencia contra Hacienda y a favor de la igualdad real, la libertad y la eficiencia económica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

La Sala IV ha rechazado los débiles argumentos brindados por el Ministerio de Hacienda, con el fin de justificar un nuevo recorte a los fondos destinados a los programas sociales en este 2024. Le ordenó “disponer lo necesario, para que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la comunicación de esta resolución, se dé cabal cumplimiento a la obligación de girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), la totalidad de los recursos correspondientes a la transferencia del Gobierno Central” (Res. Nº 2024021400). Al respecto algunas lecciones que debemos mantener presentes.

La primera, el recorte a los recursos del FODESAF por poco más de ₡62 mil millones ejecutado por el Ministerio de Hacienda en este año, fue justificado por el ministro de Hacienda a.i. en unas cuantas líneas diciendo que “se han encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” Así de sencillo, sin brindar datos o mayores explicaciones a la Sala, a pesar de que, con esos recursos, sería posible reducir la pobreza extrema en varios puntos porcentuales (ver Cantú et al, 2024).

Es fácil “entender” el proceder de Hacienda porque ciertamente los datos no los favorecen. Recordemos que la partida presupuestaria que el Estado está obligado brindar al FODESAF fue establecida tomando como base un momento de crisis fiscal, 2019. En aquellos tiempos, la constante era déficit primarios continuados, normativa fiscal con desfase de 25 años, y las calificadoras veían al Estado costarricense como un pagador muy riesgoso. En 2024 el panorama ha cambiado radicalmente, tras varios años de implementación de una reforma fiscal y al empleo público, el Ministerio de Hacienda ha alardeado sendos superávits primarios, y coincide con el Fondo Monetario Internacional en proyectar este comportamiento en el corto plazo. Incluso este año Fitch Ratings y S&P Global Ratings han mejorado la calificación de la deuda Estatal costarricense. Por lo que la excusa de que Hacienda no cuenta con recursos contrasta con la realidad de los hechos.

En segundo lugar, la Sala considera que el incumplimiento de Hacienda no es cosa menor, decidió irrespetar normas legales superiores y especiales; afectando derechos fundamentales de la población más desvalida, como el derecho a la salud, la educación, la alimentación; aspiraciones de nuestra sociedad consagradas en la Constitución Política y convenios internacionales como son la igualdad real, la libertad y la eficiencia económica; y de plano atentar contra el Estado Social de Derecho establecido en la normativa costarricense.

Esto es así porque el FODESAF es un patrimonio de recursos creado con el objetivo de dar sostenibilidad financiera a programas que financian transferencias para que la población en condición de pobreza extrema, niñez y adultos mayores puedan subsistir, y tengan acceso a servicios de salud; programas que se ha demostrado mejoran el desarrollo económico a largo plazo pues aumentan la matrícula estudiantil y la permanencia en el sistema educativo como comedores escolares y becas educativas; otros que mejoran la empleabilidad con tasas de éxito superiores al 90%, como el PRONAE; y los que cubren varios objetivos, brindan protección, aumentan la escolaridad de sus beneficiarios y dinamizan la economía, como los de vivienda social.

Tercera, ahora el Ministerio de Hacienda debe trasladar los recursos faltantes al FODESAF por la vía de un presupuesto extraordinario que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y de allí trasladados a los distintos programas sociales. Suponiendo que tanto Hacienda como la Asamblea sean diligentes, se requerirá mucha agilidad, eficacia y consciencia por parte de los distintos programas para asegurar la ejecución de los recursos en lo que resta del año. Los programas de transferencias monetarias (RNC, Avancemos, Protección Familiar etc) y algunos de cuido (Conapdis, Conapam), pueden ejecutar fácilmente lo que se les traslade, pues además de tener una amplia población objetivo sin cubrir y beneficiarios precalificados a la espera de presupuesto, el tipo de beneficio o la forma de ejecutarlos (en conjunto con el sector privado) facilita su expansión. En los casos en que esto no suceda, que en la práctica son los menos, se debería apelar a la conciencia de los jerarcas de los programas con dificultad de ejecución para que renuncien a los recursos y puedan ser trasladados a aquellos con mayor probabilidad de ejecución. Esta dinámica se podría adelantar desde la gestión del presupuesto extraordinario en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Cuarta, el fallo de la Sala hace un recuento de las numerosas ocasiones en que Hacienda ha recortado recursos al FODESAF, al tiempo que la Sala le enmienda la plana ordenando su restitución. Con ello se les da la razón a los recurrentes, en el sentido de que es una práctica histórica y reiterada por parte del Ministerio de Hacienda, el incumplir la normativa nacional y convenios internacionales, recortando el financiamiento de los programas sociales a su discreción. Ante ello, uno esperaría que hubiese una advertencia más vehemente o mecanismos legales más efectivos para desincentivar este comportamiento tan perjudicial y entronizado en las autoridades encargadas del Presupuesto Nacional.

Quinta, en el fallo de la Sala se hace un recuento de la normativa que ha venido reduciendo los aportes del Estado al FODESAF, desde que se había definido como el 20% de lo recaudado por concepto del “impuesto de ventas”; hasta un monto mínimo absoluto de ₡256mil millones con la reforma fiscal de 2018. Lo cual es evidencia de un Estado poco comprometido con el cumplimiento de sus aspiraciones en materia de desarrollo social y económico. Esto además deja como fuente principal de recursos para el FODESAF el 5% que se recauda sobre las planillas, en momentos de alto desempleo estructural, y una fuerte presión empresarial por eliminar este tipo de contribuciones parafiscales.

En momentos en que el Ministerio de Hacienda ha reconocido que la reforma fiscal de 2018 ha tocado techo, cosa normal y esperable pues ya han pasado seis años (los países avanzados hacen reformas fiscales cada otro año), parece un momento oportuno para plantear una reforma fiscal progresiva, eficiente, que ponga a contribuir solidariamente a todos los sectores económicos de nuestro país, sobre todo a los más dinámicos, y de manera que se puedan cumplir las aspiraciones del Estado social de derecho costarricense.

*Exdirector Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf). Exdirector Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Día Internacional de los Niños de la Calle

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El Día Internacional de los Niños de la Calle se celebra el 12 de abril de cada año como una manera de denunciar la situación de calle a la que se enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares.

Si es lamentables observar la indigencia de personas adultas es aún más lamentable el observar a niños y niñas en condición de calle.

Ante esa dolorosa situación es cuando surgen las preguntas: ¿qué ha pasado con el Patronato Nacional de la Infancia? ¿Se perdió el propósito o dejo de existir la educación gratuita y obligatoria? ¿Qué ha pasado en los hogares de esos niños y niñas?

En la sociedad actual debe prevalecer el derecho a la igualdad para todos los niños y niñas en todo el mundo, sin embargo, la realidad es otra. Cientos de niños tienen que vivir desprotegidos. Son las personas más vulnerables que tienen que transitar diariamente la dura situación de la calle y todos los riesgos que esto implica para su bienestar, físico, psicológico y espiritual.

Se promulgó un código de la niñez y adolescencia y para muchos eso fue suficiente, sin embargo, quienes deben de aplicarlo no lo hacen y la realidad es que una ley o un código o todo el sistema jurídico es insignificante si no hay acciones concretas que demuestren la voluntad de ayudar a la niñez a que abandonen esa condición de calle.

Que importante que haya becas para que los niños y niñas puedan estudiar, puedan acudir a lecciones de arte, de deportes, de música. Becas que abran puertas y oportunidades.

Hoy como sociedad somos corresponsables de lo que les suceda a estos niños y niñas que ahora son a quienes los narcotraficantes utilizan para su desgraciado comercio e incluso para el sicariato.

Dios quiera que las autoridades a cualquier nivel se preocupen y tomen acción para ayudar a niños y niñas a salir de la calle y encuentren el lugar seguro para su desarrollo y si fuese posible que ese lugar sea su propio hogar.

Ana Teresa León: “A nadie le importa la niñez de Costa Rica”

Escrito en . Publicado en Derechos.

“Nuestro país enfrenta una realidad preocupante que demanda la atención inmediata de toda la sociedad. Los problemas que afectan a la niñez y a la juventud se agravan día a día, reflejando un deterioro social que no puede ser ignorado. La inversión social disminuye, la violencia aumenta y la desigualdad se profundiza, manifestando un panorama alarmante que requiere acción urgente”. La advertencia la hizo Ana Teresa León, académica jubilada de la UNA, durante el foro Exclusión social de niñas, niños y jóvenes, violencia e inseguridad en Costa Rica, que se desarrolló el pasado 19 de marzo en el auditorio Clodomiro Picado Twight.

En los últimos tiempos, agregó la experta, se ha hecho evidente la existencia de una serie de exclusiones que han impactado de manera directa a la población infantil y adolescente en Costa Rica. En su criterio, lo más preocupante es que cada uno de estos factores contribuye a disminuir las capacidades tanto de individuos como de comunidades enteras para alcanzar su pleno potencial. La falta de acceso a la educación, la limitada atención a la salud materno-infantil y la escasez de recursos destinados a programas de desarrollo integral, son solo algunas de las áreas que requieren una atención urgente.

Para León, lo más grave es que la niñez de nuestro país es ignorada por muchos, lo cual constituye hay una violación de derechos por parte del Estado costarricense. “Cuando se dice no pueden ir al a la escuela porque no se les dan las becas, ¿qué estamos haciendo? estamos reduciendo ese potencial que tiene la persona; en realidad es una violación de derechos en todo el sentido de la palabra. Si el estado no ayuda—y es su responsabilidad—está violando los derechos, en este caso, de las personas menores de edad”

Otro aspecto crítico sobre el que León considera que se demanda atención inmediata es el estado de la red de cuido, la cual ha sufrido un estancamiento en su expansión y calidad, pese a ser una inversión crucial en la primera infancia, en el desarrollo humano.

De igual forma, indicó que se requiere una acción decidida sobre la falta de atención y prevención de situaciones de negligencia, maltrato o abuso, pues estas experiencias traumáticas no solo afectan el bienestar emocional y físico de los niños y adolescentes, sino que también tienen consecuencias a largo plazo, cuando ocasiona desórdenes mentales, problemas de salud, desventajas económicas y una disminución de oportunidades en la vida adulta.

León manifestó que en Costa Rica no se invierte en la educación familiar. “Esto le consta a los que hacen esfuerzos a nivel de las ONGs y de grupos, pero el estado por sí mismo no asume esa responsabilidad y ¿quién educa a las familias?, nadie en realidad. Es una responsabilidad en teoría del Patronato Nacional de la Infancia en sus fines, pero la rebaja del presupuesto del Patronato también afecta a ese servicio”.

Laura Fernández, directora del área de niñez, adolescencia y juventud de la Defensoría de los Habitantes, confirmó esta situación con datos muy concluyentes: el 38% de los menores de edad viven en condiciones de pobreza, con un 13.5% en pobreza extrema. Estas estadísticas se elevan en áreas periféricas, fronterizas y costeras, lo que también evidencia la urgencia de abordar la situación.

Además, hay una reducción preocupante en el presupuesto destinado a la educación, dado que se ha reducido a un mínimo histórico del 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este recorte presupuestario ha impactado gravemente programas esenciales como Avancemos, que afecta a 113,000 personas desde diciembre del año pasado.

Por otro lado, la inseguridad y la violencia continúan cobrando un alto precio en las comunidades y en la población infantil. El año 2023 marcó un récord con 907 homicidios, que refleja la falta de oportunidades que empujan a las personas menores de edad hacia la delincuencia y el peligro. Las cifras de femicidios y suicidios, especialmente entre jóvenes de 15 a 19 años, son igualmente alarmantes, lo que también evidencia una profunda crisis social que exige una acción urgente y coordinada, concluyó Fernández.

Paniamor, por medio de su director ejecutivo, Óscar Valdez, destacó la importancia de un enfoque de vulnerabilidad, protección y riesgo, y llamó a la acción desde la política social para crear oportunidades y romper con la exclusión. La participación ciudadana y un enfoque en la equidad y la justicia son fundamentales para una política social efectiva, dijo.

Las voces expertas coincidieron en que es hora de replantear nuestras prioridades como sociedad y que la inversión en la infancia y adolescencia afianza el futuro de nuestro país, por lo que exigieron acciones concretas y efectivas para garantizar un entorno seguro y lleno de oportunidades para cada niño y niña en Costa Rica.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¡Es con usted!, Mario Vargas, candidato a alcalde de Johnny Araya

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Todos sabemos que usted, como vicealcalde por ocho años de Araya, ha sido «su mano derecha», su escudero, su «cubre tortas», pero también su cómplice. Por eso nos dirigimos a USTED en esta oportunidad.

Usted sabe que, por decenas de años, el Hospicio de Huérfanos cumplió una magnífica labor, en pro de la niñez más necesitada. Por eso, para fortalecer su tarea, la Asamblea Legislativa aprobó como fuente necesaria de financiamiento, que el 50% de las ganancias de los festejos populares de San José, les fueran transferidos a ese Hospicio regentado por monjitas. Pero, un día el diablo se le metió a Johnny Araya y al resto de la «banda municipal», y en un acuerdo insólito, además de inhumano, acordaron vergonzosamente «interpretar», que las corridas de toros de Zapote, «NO formaban parte de las festejos populares». Así, con ese maldito acuerdo, ¡con el cual USTED estuvo de acuerdo!, determinaron que los dineros que antes pasaban al Hospicio se quedaran para gastos municipales.

¡Quebraron el Hospicio! producto de esa maldad!, y así, cientos de niños que hubiesen sido acogidos y educados bajo su alero, pasaron a ser niños con hambre, sin abrigo, sin educación, niños de la calle.

Ante ello, los tribunales de justicia acogieron una demanda promovida por el caballista Rodolfo Camacho, por la cual, fueron condenadas las autoridades municipales a saldar una deuda de alrededor de ¢5000 millones, acumulada a través de los años en que se la escamotearon a los niños huérfanos de San José. Sin embargo, con viles maniobras, matizadas de gran maldad, Johnny Araya, usted Mario Vargas y otros compinches de ambos, han obstaculizado el cumplimiento de la resolución judicial, que estando en firme, y sin más recursos legales posibles, ustedes, guiados por Johnny, se han negado a cumplir. Así que, don Mario, le preguntamos públicamente: ¿Estaría dispuesto a presentar la moción en su concejo municipal, que permita saldar esa deuda? Ello, por supuesto, ¿ANTES del próximo 4 de febrero?

Trazando el futuro: desnutrición y retraso en el crecimiento infantil en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Dereck Marín Bonilla*

El corazón de la economía recae en la fuerza impulsora más valiosa y poderosa, la niñez; sin embargo, en Costa Rica una sombra amenaza su potencial futuro económico, la desnutrición infantil que genera efectos perjudiciales en la salud y desarrollo cognitivo en la población, convirtiéndose en un obstáculo para el progreso económico y social del país, ya que las cifras esconden una dolorosa y urgente necesidad de abordar el desafío económico y humanitario.

La desnutrición infantil en Costa Rica tiene implicaciones significativas para el bienestar de la niñez, tal es el caso en el retraso en el crecimiento, en el cual se observa un aumento en la prevalencia de una estatura baja para la edad de los niños menores de 5 años, ya que según el Banco Mundial para el 2008, el 5,6% de los niños costarricenses presentaba este problema, pero para el 2018 la cifra había aumentado en un 60%, siendo un 9% de la población infantil afectada, lo que demuestra una situación preocupante, ya que informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2017), UNICEF (2016) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021) demuestran que los niveles de crecimiento inferiores están generalmente asociados a niveles de desnutrición infantil, que ordinariamente están vinculados a consecuencias de largo plazo en el nivel educativo y el funcionamiento intelectual, limitando las oportunidades de empleo y capacidad para contribuir al desarrollo económico del país.

En cuanto a la desnutrición aguda, caracterizada por el bajo peso infantil para la edad y el crecimiento, se evidencia un aumento en la prevalencia, ya que en el 2008, el 0,9% de los niños menores de 5 años presenta bajo peso para su edad, sin embargo, para el 2018, la cifra había aumentado al 2,9%, lo que lo traduce en uno de los niveles más altos de desnutrición aguda en el país, solo superado por el 3,8% del año 1996, despojando de un desarrollo cognitivo y físico integral a los infantes costarricenses.

Asimismo, el nivel de inseguridad nutricional en Costa Rica afecta a una gran proporción de hogares con niños de menores de 5 años, ya que según el Ministerio de Salud para el 2020, el 22% de los hogares se veía obligado a reducir la calidad y/o cantidad de alimentos por razones económicos, afectando negativamente la capacidad de aprender y prosperar en entornos educativos del infante. Sin embargo, es posible que los niveles de nutrición hayan empeorado debido a la pandemia del COVID-19, ya que una de las principales fuentes de alimentación nutritiva de los infantes costarricenses recae en comedores infantiles, y el cierre por pandemia pudo disminuir los niveles de nutrición, ya que, como indican Lizano-Vega, M., Madrigal, N., & Cerna-Solís, I. (2021) la totalidad de hogares encuestados demostraron alguna inseguridad nutricional.

Estas cifras destacan desigualdades socioeconómicas significativas, que posibilitan un impacto negativo en el desarrollo humano y crecimiento de Costa Rica, ya que la desnutrición aguda y crónica pueden llegar a limitar el capital humano del país, impactando la productividad y desempeño económico del capital humano a largo plazo, así como el aumento de costos en atención médica, educativa, entre otros problemas sociales para abordar la malnutrición.

Enfrentar la desnutrición infantil y el retraso en crecimiento en Costa Rica es una necesidad para forjar el futuro, ya que datos sobre la prevalencia de estos problemas (posiblemente aún más agravados por la pandemia COVID 19) obligan a reflexionar sobre las desigualdades socioeconómicas y costos humanos que acarrea, haciendo imperativo la necesidad de implementar políticas y programas que aborden el futuro de Costa Rica; su niñez.

*Estudiante de la Maestría en Economía del Desarrollo con énfasis en Competitividad Empresarial, Escuela de Economía, UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen ilustrativa.

Abdala inmunizará a niños mexicanos a partir de cinco años

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Imagen de Razones de Cuba.

Luego de un riguroso proceso de evaluación, la vacuna anti-COVID-19 Abdala suma otro logro en su objetivo de salvar vidas en Cuba y en otras naciones.

Según un tuit de BioCubaFarma, el fármaco, obra del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), recibió la aprobación de la Autoridad Reguladora mexicana Cofepris, para ser utilizado en edades pediátricas a partir de los cinco años.

La noticia llega justo cuando el CIGB celebra su aniversario 37, con sus trabajadores llenos de orgullo «por la confianza y responsabilidad que Fidel y la máxima dirección del país depositaron en cada uno de nosotros; conscientes de que el futuro nos depara nuevos retos en la construcción de una Cuba mejor», afirmaron desde la cuenta en Twitter de la institución.

«Ustedes son orgullo de nuestra ciencia. Con sus productos se han salvado muchas vidas en Cuba y en otras partes del mundo», les dijo, en la misma red social, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

Alto a la represión en Jujuy, Argentina

Escrito en . Publicado en Derechos.

Mesa de Articulación de Niñez

Expresamos nuestro repudio a la represión que se está desplegando, por orden del Gobernador Gerardo Morales, contra el pueblo jujeño, en el marco de su legítimo derecho a la protesta social en contra de la reforma a puertas cerradas de su constitución provincial. La misma fue recientemente aprobada sin seguir los lineamientos que la constitución hasta entonces vigente prevé y sin permitir la participación social en el recinto.

Referentes sociales denuncian que el texto constitucional aprobado dispone el cercenamiento de la división de poderes, una reforma electoral que contribuye a la concentración de poder en manos del poder ejecutivo y la afectación de derechos básicos a la población que apuntan a diezmar la capacidad de protesta de los movimientos sociales.

La reforma también avanza con modelos extractivistas que afectan los territorios ancestrales de los pueblos originarios y sus modos de vida, así como su derecho a la consulta previa e informada, y creando vías expeditas para disponer desalojos, en abierta contradicción con la prohibición de desalojos de los territorios ancestrales, previstos en la ley 26.061. 

Esto se ha conjugado con la huelga docente que fue ampliamente apoyada por el pueblo jujeño, en masivas movilizaciones y marchas de antorchas, en las que participan niños, niñas y adolescentes, en ejercicio legítimo de sus derechos políticos.

  • Exigimos el cese de la represión al pueblo jujeño y la plena vigencia del estado de derecho en la provincia, en particular, que se garantice la integridad de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su derecho a la protesta social.
  • Exigimos la inmediata libertad de detenidas y detenidos en el marco de las jornadas de movilización y la puesta a disposición inmediata de la información necesaria para conocer el paradero de las personas que por el momento se encuentran desaparecidas.
  • Convocamos a las organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos a mantenernos en estado de alerta.
  • Exigimos al estado nacional que adopte las medidas que en el ámbito de su competencia para garantizar la plena vigencia del estado de derecho en la provincia.

Mesa de Articulación de Niñez

Hermanas y hermanos de Buen Vivir Mendoza y Buen Vivir Jujuy de Argentina, así como Buen Vivir Costa Rica, suscribimos estas demandas y nos solidarizamos con el pueblo de Jujuy, Argentina.
Édison Valverde Araya