La Academia DNI CR, en su objetivo de promover la efectiva comunicación de los padres, educadores y profesionales hacia personas en la etapa de niñez y la adolescencia, presenta el curso presencial «Método CENVA” (Comunicación Empática y No Violenta): una propuesta de escucha activa, que se llevará a cabo el próximo 12 de octubre de 2024, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m., en las instalaciones de DNI CR en Moravia (de la entrada de la Biblioteca Municipal de Moravia, 50 Oeste, 100 Norte y 10 Este).
El costo del curso es de 15,000 colones por persona, e incluye certificado de participación y un pequeño refrigerio. Debido a la modalidad de este taller, el aforo es limitado a 25 personas, por lo que se recomienda a los interesados reservar su cupo a través del formulario disponible en línea.
Este curso, diseñado para fomentar habilidades de comunicación empática y no violenta, busca brindar a los participantes herramientas para mejorar las relaciones con las personas menores de edad, y la validación de sus intereses, mediante una escucha activa y comprensiva.
Para mayor información o realizar el proceso de inscripción, los interesados pueden llamar directamente a la academia al teléfono: 22369134.
La Sala IV ha rechazado los débiles argumentos brindados por el Ministerio de Hacienda, con el fin de justificar un nuevo recorte a los fondos destinados a los programas sociales en este 2024. Le ordenó “disponer lo necesario, para que, en el plazo de UN MES, contado a partir de la comunicación de esta resolución, se dé cabal cumplimiento a la obligación de girar al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), la totalidad de los recursos correspondientes a la transferencia del Gobierno Central” (Res. Nº 2024021400). Al respecto algunas lecciones que debemos mantener presentes.
La primera, el recorte a los recursos del FODESAF por poco más de ₡62 mil millones ejecutado por el Ministerio de Hacienda en este año, fue justificado por el ministro de Hacienda a.i. en unas cuantas líneas diciendo que “se han encontrado con la simple, dura e incontrovertible realidad de que los recursos económicos con los que actualmente se cuenta son insuficientes para satisfacer todas las demandas y obligaciones que la normativa legal exige.” Así de sencillo, sin brindar datos o mayores explicaciones a la Sala, a pesar de que, con esos recursos, sería posible reducir la pobreza extrema en varios puntos porcentuales (ver Cantú et al, 2024).
Es fácil “entender” el proceder de Hacienda porque ciertamente los datos no los favorecen. Recordemos que la partida presupuestaria que el Estado está obligado brindar al FODESAF fue establecida tomando como base un momento de crisis fiscal, 2019. En aquellos tiempos, la constante era déficit primarios continuados, normativa fiscal con desfase de 25 años, y las calificadoras veían al Estado costarricense como un pagador muy riesgoso. En 2024 el panorama ha cambiado radicalmente, tras varios años de implementación de una reforma fiscal y al empleo público, el Ministerio de Hacienda ha alardeado sendos superávits primarios, y coincide con el Fondo Monetario Internacional en proyectar este comportamiento en el corto plazo. Incluso este año Fitch Ratings y S&P Global Ratings han mejorado la calificación de la deuda Estatal costarricense. Por lo que la excusa de que Hacienda no cuenta con recursos contrasta con la realidad de los hechos.
En segundo lugar, la Sala considera que el incumplimiento de Hacienda no es cosa menor, decidió irrespetar normas legales superiores y especiales; afectando derechos fundamentales de la población más desvalida, como el derecho a la salud, la educación, la alimentación; aspiraciones de nuestra sociedad consagradas en la Constitución Política y convenios internacionales como son la igualdad real, la libertad y la eficiencia económica; y de plano atentar contra el Estado Social de Derecho establecido en la normativa costarricense.
Esto es así porque el FODESAF es un patrimonio de recursos creado con el objetivo de dar sostenibilidad financiera a programas que financian transferencias para que la población en condición de pobreza extrema, niñez y adultos mayores puedan subsistir, y tengan acceso a servicios de salud; programas que se ha demostrado mejoran el desarrollo económico a largo plazo pues aumentan la matrícula estudiantil y la permanencia en el sistema educativo como comedores escolares y becas educativas; otros que mejoran la empleabilidad con tasas de éxito superiores al 90%, como el PRONAE; y los que cubren varios objetivos, brindan protección, aumentan la escolaridad de sus beneficiarios y dinamizan la economía, como los de vivienda social.
Tercera, ahora el Ministerio de Hacienda debe trasladar los recursos faltantes al FODESAF por la vía de un presupuesto extraordinario que debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y de allí trasladados a los distintos programas sociales. Suponiendo que tanto Hacienda como la Asamblea sean diligentes, se requerirá mucha agilidad, eficacia y consciencia por parte de los distintos programas para asegurar la ejecución de los recursos en lo que resta del año. Los programas de transferencias monetarias (RNC, Avancemos, Protección Familiar etc) y algunos de cuido (Conapdis, Conapam), pueden ejecutar fácilmente lo que se les traslade, pues además de tener una amplia población objetivo sin cubrir y beneficiarios precalificados a la espera de presupuesto, el tipo de beneficio o la forma de ejecutarlos (en conjunto con el sector privado) facilita su expansión. En los casos en que esto no suceda, que en la práctica son los menos, se debería apelar a la conciencia de los jerarcas de los programas con dificultad de ejecución para que renuncien a los recursos y puedan ser trasladados a aquellos con mayor probabilidad de ejecución. Esta dinámica se podría adelantar desde la gestión del presupuesto extraordinario en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Cuarta, el fallo de la Sala hace un recuento de las numerosas ocasiones en que Hacienda ha recortado recursos al FODESAF, al tiempo que la Sala le enmienda la plana ordenando su restitución. Con ello se les da la razón a los recurrentes, en el sentido de que es una práctica histórica y reiterada por parte del Ministerio de Hacienda, el incumplir la normativa nacional y convenios internacionales, recortando el financiamiento de los programas sociales a su discreción. Ante ello, uno esperaría que hubiese una advertencia más vehemente o mecanismos legales más efectivos para desincentivar este comportamiento tan perjudicial y entronizado en las autoridades encargadas del Presupuesto Nacional.
Quinta, en el fallo de la Sala se hace un recuento de la normativa que ha venido reduciendo los aportes del Estado al FODESAF, desde que se había definido como el 20% de lo recaudado por concepto del “impuesto de ventas”; hasta un monto mínimo absoluto de ₡256mil millones con la reforma fiscal de 2018. Lo cual es evidencia de un Estado poco comprometido con el cumplimiento de sus aspiraciones en materia de desarrollo social y económico. Esto además deja como fuente principal de recursos para el FODESAF el 5% que se recauda sobre las planillas, en momentos de alto desempleo estructural, y una fuerte presión empresarial por eliminar este tipo de contribuciones parafiscales.
En momentos en que el Ministerio de Hacienda ha reconocido que la reforma fiscal de 2018 ha tocado techo, cosa normal y esperable pues ya han pasado seis años (los países avanzados hacen reformas fiscales cada otro año), parece un momento oportuno para plantear una reforma fiscal progresiva, eficiente, que ponga a contribuir solidariamente a todos los sectores económicos de nuestro país, sobre todo a los más dinámicos, y de manera que se puedan cumplir las aspiraciones del Estado social de derecho costarricense.
*Exdirector Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf). Exdirector Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
El Día Internacional de los Niños de la Calle se celebra el 12 de abril de cada año como una manera de denunciar la situación de calle a la que se enfrentan millones de niños en todo el mundo y donde se vulneran sus derechos educativos, económicos, sociales y familiares.
Si es lamentables observar la indigencia de personas adultas es aún más lamentable el observar a niños y niñas en condición de calle.
Ante esa dolorosa situación es cuando surgen las preguntas: ¿qué ha pasado con el Patronato Nacional de la Infancia? ¿Se perdió el propósito o dejo de existir la educación gratuita y obligatoria? ¿Qué ha pasado en los hogares de esos niños y niñas?
En la sociedad actual debe prevalecer el derecho a la igualdad para todos los niños y niñas en todo el mundo, sin embargo, la realidad es otra. Cientos de niños tienen que vivir desprotegidos. Son las personas más vulnerables que tienen que transitar diariamente la dura situación de la calle y todos los riesgos que esto implica para su bienestar, físico, psicológico y espiritual.
Se promulgó un código de la niñez y adolescencia y para muchos eso fue suficiente, sin embargo, quienes deben de aplicarlo no lo hacen y la realidad es que una ley o un código o todo el sistema jurídico es insignificante si no hay acciones concretas que demuestren la voluntad de ayudar a la niñez a que abandonen esa condición de calle.
Que importante que haya becas para que los niños y niñas puedan estudiar, puedan acudir a lecciones de arte, de deportes, de música. Becas que abran puertas y oportunidades.
Hoy como sociedad somos corresponsables de lo que les suceda a estos niños y niñas que ahora son a quienes los narcotraficantes utilizan para su desgraciado comercio e incluso para el sicariato.
Dios quiera que las autoridades a cualquier nivel se preocupen y tomen acción para ayudar a niños y niñas a salir de la calle y encuentren el lugar seguro para su desarrollo y si fuese posible que ese lugar sea su propio hogar.
“Nuestro país enfrenta una realidad preocupante que demanda la atención inmediata de toda la sociedad. Los problemas que afectan a la niñez y a la juventud se agravan día a día, reflejando un deterioro social que no puede ser ignorado. La inversión social disminuye, la violencia aumenta y la desigualdad se profundiza, manifestando un panorama alarmante que requiere acción urgente”. La advertencia la hizo Ana Teresa León, académica jubilada de la UNA, durante el foro Exclusión social de niñas, niños y jóvenes, violencia e inseguridad en Costa Rica, que se desarrolló el pasado 19 de marzo en el auditorio Clodomiro Picado Twight.
En los últimos tiempos, agregó la experta, se ha hecho evidente la existencia de una serie de exclusiones que han impactado de manera directa a la población infantil y adolescente en Costa Rica. En su criterio, lo más preocupante es que cada uno de estos factores contribuye a disminuir las capacidades tanto de individuos como de comunidades enteras para alcanzar su pleno potencial. La falta de acceso a la educación, la limitada atención a la salud materno-infantil y la escasez de recursos destinados a programas de desarrollo integral, son solo algunas de las áreas que requieren una atención urgente.
Para León, lo más grave es que la niñez de nuestro país es ignorada por muchos, lo cual constituye hay una violación de derechos por parte del Estado costarricense. “Cuando se dice no pueden ir al a la escuela porque no se les dan las becas, ¿qué estamos haciendo? estamos reduciendo ese potencial que tiene la persona; en realidad es una violación de derechos en todo el sentido de la palabra. Si el estado no ayuda—y es su responsabilidad—está violando los derechos, en este caso, de las personas menores de edad”
Otro aspecto crítico sobre el que León considera que se demanda atención inmediata es el estado de la red de cuido, la cual ha sufrido un estancamiento en su expansión y calidad, pese a ser una inversión crucial en la primera infancia, en el desarrollo humano.
De igual forma, indicó que se requiere una acción decidida sobre la falta de atención y prevención de situaciones de negligencia, maltrato o abuso, pues estas experiencias traumáticas no solo afectan el bienestar emocional y físico de los niños y adolescentes, sino que también tienen consecuencias a largo plazo, cuando ocasiona desórdenes mentales, problemas de salud, desventajas económicas y una disminución de oportunidades en la vida adulta.
León manifestó que en Costa Rica no se invierte en la educación familiar. “Esto le consta a los que hacen esfuerzos a nivel de las ONGs y de grupos, pero el estado por sí mismo no asume esa responsabilidad y ¿quién educa a las familias?, nadie en realidad. Es una responsabilidad en teoría del Patronato Nacional de la Infancia en sus fines, pero la rebaja del presupuesto del Patronato también afecta a ese servicio”.
Laura Fernández, directora del área de niñez, adolescencia y juventud de la Defensoría de los Habitantes, confirmó esta situación con datos muy concluyentes: el 38% de los menores de edad viven en condiciones de pobreza, con un 13.5% en pobreza extrema. Estas estadísticas se elevan en áreas periféricas, fronterizas y costeras, lo que también evidencia la urgencia de abordar la situación.
Además, hay una reducción preocupante en el presupuesto destinado a la educación, dado que se ha reducido a un mínimo histórico del 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este recorte presupuestario ha impactado gravemente programas esenciales como Avancemos, que afecta a 113,000 personas desde diciembre del año pasado.
Por otro lado, la inseguridad y la violencia continúan cobrando un alto precio en las comunidades y en la población infantil. El año 2023 marcó un récord con 907 homicidios, que refleja la falta de oportunidades que empujan a las personas menores de edad hacia la delincuencia y el peligro. Las cifras de femicidios y suicidios, especialmente entre jóvenes de 15 a 19 años, son igualmente alarmantes, lo que también evidencia una profunda crisis social que exige una acción urgente y coordinada, concluyó Fernández.
Paniamor, por medio de su director ejecutivo, Óscar Valdez, destacó la importancia de un enfoque de vulnerabilidad, protección y riesgo, y llamó a la acción desde la política social para crear oportunidades y romper con la exclusión. La participación ciudadana y un enfoque en la equidad y la justicia son fundamentales para una política social efectiva, dijo.
Las voces expertas coincidieron en que es hora de replantear nuestras prioridades como sociedad y que la inversión en la infancia y adolescencia afianza el futuro de nuestro país, por lo que exigieron acciones concretas y efectivas para garantizar un entorno seguro y lleno de oportunidades para cada niño y niña en Costa Rica.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Todos sabemos que usted, como vicealcalde por ocho años de Araya, ha sido «su mano derecha», su escudero, su «cubre tortas», pero también su cómplice. Por eso nos dirigimos a USTED en esta oportunidad.
Usted sabe que, por decenas de años, el Hospicio de Huérfanos cumplió una magnífica labor, en pro de la niñez más necesitada. Por eso, para fortalecer su tarea, la Asamblea Legislativa aprobó como fuente necesaria de financiamiento, que el 50% de las ganancias de los festejos populares de San José, les fueran transferidos a ese Hospicio regentado por monjitas. Pero, un día el diablo se le metió a Johnny Araya y al resto de la «banda municipal», y en un acuerdo insólito, además de inhumano, acordaron vergonzosamente «interpretar», que las corridas de toros de Zapote, «NO formaban parte de las festejos populares». Así, con ese maldito acuerdo, ¡con el cual USTED estuvo de acuerdo!, determinaron que los dineros que antes pasaban al Hospicio se quedaran para gastos municipales.
¡Quebraron el Hospicio! producto de esa maldad!, y así, cientos de niños que hubiesen sido acogidos y educados bajo su alero, pasaron a ser niños con hambre, sin abrigo, sin educación, niños de la calle.
Ante ello, los tribunales de justicia acogieron una demanda promovida por el caballista Rodolfo Camacho, por la cual, fueron condenadas las autoridades municipales a saldar una deuda de alrededor de ¢5000 millones, acumulada a través de los años en que se la escamotearon a los niños huérfanos de San José. Sin embargo, con viles maniobras, matizadas de gran maldad, Johnny Araya, usted Mario Vargas y otros compinches de ambos, han obstaculizado el cumplimiento de la resolución judicial, que estando en firme, y sin más recursos legales posibles, ustedes, guiados por Johnny, se han negado a cumplir. Así que, don Mario, le preguntamos públicamente: ¿Estaría dispuesto a presentar la moción en su concejo municipal, que permita saldar esa deuda? Ello, por supuesto, ¿ANTES del próximo 4 de febrero?
El corazón de la economía recae en la fuerza impulsora más valiosa y poderosa, la niñez; sin embargo, en Costa Rica una sombra amenaza su potencial futuro económico, la desnutrición infantil que genera efectos perjudiciales en la salud y desarrollo cognitivo en la población, convirtiéndose en un obstáculo para el progreso económico y social del país, ya que las cifras esconden una dolorosa y urgente necesidad de abordar el desafío económico y humanitario.
La desnutrición infantil en Costa Rica tiene implicaciones significativas para el bienestar de la niñez, tal es el caso en el retraso en el crecimiento, en el cual se observa un aumento en la prevalencia de una estatura baja para la edad de los niños menores de 5 años, ya que según el Banco Mundial para el 2008, el 5,6% de los niños costarricenses presentaba este problema, pero para el 2018 la cifra había aumentado en un 60%, siendo un 9% de la población infantil afectada, lo que demuestra una situación preocupante, ya que informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2017), UNICEF (2016) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021) demuestran que los niveles de crecimiento inferiores están generalmente asociados a niveles de desnutrición infantil, que ordinariamente están vinculados a consecuencias de largo plazo en el nivel educativo y el funcionamiento intelectual, limitando las oportunidades de empleo y capacidad para contribuir al desarrollo económico del país.
En cuanto a la desnutrición aguda, caracterizada por el bajo peso infantil para la edad y el crecimiento, se evidencia un aumento en la prevalencia, ya que en el 2008, el 0,9% de los niños menores de 5 años presenta bajo peso para su edad, sin embargo, para el 2018, la cifra había aumentado al 2,9%, lo que lo traduce en uno de los niveles más altos de desnutrición aguda en el país, solo superado por el 3,8% del año 1996, despojando de un desarrollo cognitivo y físico integral a los infantes costarricenses.
Asimismo, el nivel de inseguridad nutricional en Costa Rica afecta a una gran proporción de hogares con niños de menores de 5 años, ya que según el Ministerio de Salud para el 2020, el 22% de los hogares se veía obligado a reducir la calidad y/o cantidad de alimentos por razones económicos, afectando negativamente la capacidad de aprender y prosperar en entornos educativos del infante. Sin embargo, es posible que los niveles de nutrición hayan empeorado debido a la pandemia del COVID-19, ya que una de las principales fuentes de alimentación nutritiva de los infantes costarricenses recae en comedores infantiles, y el cierre por pandemia pudo disminuir los niveles de nutrición, ya que, como indican Lizano-Vega, M., Madrigal, N., & Cerna-Solís, I. (2021) la totalidad de hogares encuestados demostraron alguna inseguridad nutricional.
Estas cifras destacan desigualdades socioeconómicas significativas, que posibilitan un impacto negativo en el desarrollo humano y crecimiento de Costa Rica, ya que la desnutrición aguda y crónica pueden llegar a limitar el capital humano del país, impactando la productividad y desempeño económico del capital humano a largo plazo, así como el aumento de costos en atención médica, educativa, entre otros problemas sociales para abordar la malnutrición.
Enfrentar la desnutrición infantil y el retraso en crecimiento en Costa Rica es una necesidad para forjar el futuro, ya que datos sobre la prevalencia de estos problemas (posiblemente aún más agravados por la pandemia COVID 19) obligan a reflexionar sobre las desigualdades socioeconómicas y costos humanos que acarrea, haciendo imperativo la necesidad de implementar políticas y programas que aborden el futuro de Costa Rica; su niñez.
*Estudiante de laMaestría en Economía del Desarrollo con énfasis en Competitividad Empresarial, Escuela de Economía, UNA.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Luego de un riguroso proceso de evaluación, la vacuna anti-COVID-19 Abdala suma otro logro en su objetivo de salvar vidas en Cuba y en otras naciones.
Según un tuit de BioCubaFarma, el fármaco, obra del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), recibió la aprobación de la Autoridad Reguladora mexicana Cofepris, para ser utilizado en edades pediátricas a partir de los cinco años.
La noticia llega justo cuando el CIGB celebra su aniversario 37, con sus trabajadores llenos de orgullo «por la confianza y responsabilidad que Fidel y la máxima dirección del país depositaron en cada uno de nosotros; conscientes de que el futuro nos depara nuevos retos en la construcción de una Cuba mejor», afirmaron desde la cuenta en Twitter de la institución.
«Ustedes son orgullo de nuestra ciencia. Con sus productos se han salvado muchas vidas en Cuba y en otras partes del mundo», les dijo, en la misma red social, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz.
Expresamos nuestro repudio a la represión que se está desplegando, por orden del Gobernador Gerardo Morales, contra el pueblo jujeño, en el marco de su legítimo derecho a la protesta social en contra de la reforma a puertas cerradas de su constitución provincial. La misma fue recientemente aprobada sin seguir los lineamientos que la constitución hasta entonces vigente prevé y sin permitir la participación social en el recinto.
Referentes sociales denuncian que el texto constitucional aprobado dispone el cercenamiento de la división de poderes, una reforma electoral que contribuye a la concentración de poder en manos del poder ejecutivo y la afectación de derechos básicos a la población que apuntan a diezmar la capacidad de protesta de los movimientos sociales.
La reforma también avanza con modelos extractivistas que afectan los territorios ancestrales de los pueblos originarios y sus modos de vida, así como su derecho a la consulta previa e informada, y creando vías expeditas para disponer desalojos, en abierta contradicción con la prohibición de desalojos de los territorios ancestrales, previstos en la ley 26.061.
Esto se ha conjugado con la huelga docente que fue ampliamente apoyada por el pueblo jujeño, en masivas movilizaciones y marchas de antorchas, en las que participan niños, niñas y adolescentes, en ejercicio legítimo de sus derechos políticos.
Exigimos el cese de la represión al pueblo jujeño y la plena vigencia del estado de derecho en la provincia, en particular, que se garantice la integridad de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de su derecho a la protesta social.
Exigimos la inmediata libertad de detenidas y detenidos en el marco de las jornadas de movilización y la puesta a disposición inmediata de la información necesaria para conocer el paradero de las personas que por el momento se encuentran desaparecidas.
Convocamos a las organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos a mantenernos en estado de alerta.
Exigimos al estado nacional que adopte las medidas que en el ámbito de su competencia para garantizar la plena vigencia del estado de derecho en la provincia.
Mesa de Articulación de Niñez
Hermanas y hermanos de Buen Vivir Mendoza y Buen Vivir Jujuy de Argentina, así como Buen Vivir Costa Rica, suscribimos estas demandas y nos solidarizamos con el pueblo de Jujuy, Argentina. Édison Valverde Araya
Nuestras aulas están siendo inundadas de frustración, desánimo, sufrimiento.
Políticas gubernamentales golpean becas, transporte estudiantil, infraestructura, financiamiento, con una tendencia a abandonar la educación del pueblo.
La marcha del 23 de junio es un acto valiente. Indudablemente que habrá temor, pero no es una marcha por los educadores. Será una acción de coraje por el bienestar de la niñez, de la juventud y sus familias.
Es una marcha que deberá iniciar su movimiento desde cada escuela, colegio, hogar, como una marea creciendo, imbatible, por la vida, por el derecho a la educación.
Tiempo de dignidad, tiempo de lucha, tiempo de unidad.
Las noticias suelen relatarse siguiendo un orden cronológico inverso: desde el final hacia el principio, esto es, desde lo más reciente de los hechos hacia sus antecedentes y su contexto. Pero esta vez quizás deberíamos iniciar así: “El 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a América con tres naves; tras este ‘descubrimiento’ se desató la invasión europea, y con ella el genocidio más grande en la historia de la humanidad”. Pero, tal vez lo hagamos en otra oportunidad, porque ahora urge informar sobre las durísimas condiciones de supervivencia del pueblo Yanomami en los estados de Roraima y Amazonia, Brasil.
Carlos Amorín
El pasado viernes 20 de enero la plataforma digital Sumaúma, con sede en Altamira, Pará, publicó un artículo cuyo título fue “Diario de guerra. No estamos pudiendo contar los cuerpos1” , ilustrado con desoladoras fotografías de niños y niñas Yanomami desnutridos y enfermos. Las periodistas Ana Maria Machado, Talita Bedinelli y Eliane Brum iniciaron su texto así: “La criatura Yanomami ya había vivido 1.095 días, pero pesaba lo mismo que un bebé recién nacido. Con 3 años apenas alcanzaba los 3,6 kilos”.
Una imagen puede más que mil palabras
Las fotografías son de una crudeza extrema, y evocan testimonios gráficos de hambrunas en otras latitudes, o de los campos de concentración nazis. Este horror generó repercusiones primero a nivel local, y rápidamente las imágenes se viralizaron a nivel global.
Esa misma tarde el presidente Lula anunció que estaría viajando al día siguiente a Boa Vista, capital del estado de Roraima, y el Ministerio de Salud Pública declaró el “estado de emergencia sanitaria” en todo el territorio Yanomami.
Lula llegó a esa ciudad acompañado por diversas autoridades gubernamentales, especialmente por Sonia Guajajara2, ministra de Pueblos Indígenas, y la presidenta de la Fundación de los Pueblos Indígenas, Joênia Wapichana3, ambas recientemente designadas en sus funciones por el nuevo presidente.
En el precario centro de salud local especializado en la atención a los Yanonami, Lula declaró a la prensa que “Más que una crisis humanitaria, lo que vi en Roraima fue un genocidio: un crimen premeditado contra los Yanomami, cometido por un gobierno insensible al sufrimiento«.
Cuando más es más
Las cifras oficiales del MSP establecen 99 infantes de entre 1 y 4 años fallecidos en 2022 como consecuencia de desnutrición, neumonía, diarrea, malaria, contaminación con mercurio provocada por la minería ilegal y otras enfermedades evitables.
No obstante, datos obtenidos por la plataforma Sumaúma mediante la Ley de Acceso a la Información, registran la muerte de 570 niños y niñas Yanomami por esas mismas razones en los últimos cuatro años, periodo en el cual Jair Bolsonaro ocupó la Presidencia.
El Ministerio de Justicia, por su parte, informó que se inició una investigación a cargo de la Policía Federal por posible delito de “genocidio”, al constatarse graves omisiones por parte de funcionarios públicos responsables de la asistencia sanitaria y humanitaria a los Yanomami, así como posible corrupción a gran escala implicando desvío y reventa de medicamentos y alimentos destinados a los indígenas.
“Ordené ayer la apertura de una investigación policial para averiguar si hubo genocidio. Consideramos que hay indicios muy fuertes de negativa a la asistencia nutricional y de salud de esas poblaciones indígenas. Hubo intención», dijo el ministro de Justicia Flavio Dino.
La investigación abarcaría no solo posibles delitos de jerarcas de Salud regionales y nacionales, sino también crímenes de contaminación ambiental y desvío de fondos.
El “otro” ejército de Bolsonaro
Asimismo, Lula da Silva advirtió que se perseguirá a los “garimpeiros4” ilegales que, según estimaciones, serían unos 20 mil en los estados de Roraima y Amazonas, más de dos tercios del total de Yanomami habitando en la región. También anunció “medidas enérgicas” contra la deforestación que se multiplicó enormemente con la protección de Bolsonaro.
El informe “Yanomami Under Attack”, publicado en abril de 2022 por Hutukara Associação Yanomami y Associação Wanasseduume Ye’kwana, con asistencia técnica del Instituto Socioambiental (ISA), hace un balance de la extracción ilegal de oro y otros minerales en esa región.
Se sabe que el problema de la minería ilegal no es nuevo en la Tierra Indígena Yanomami (TIY). Sin embargo, su escala e intensidad crecieron de manera impresionante en los últimos cinco años. Datos de MapBiomas indican que a partir de 2016 la curva de destrucción minera tomó una trayectoria ascendente y, desde entonces, ha ido acumulando tasas cada vez mayores. En los cálculos de la plataforma, de 2016 a 2020 la minería en TIY creció nada menos que un 3.350%, señala el texto.
Dicho informe muestra que en 2018, el área total afectada por los garimpos ilegales era de 1.200 hectáreas. Relevamientos efectuados en diciembre de 2021 comprobaban que esa superficie había crecido a 3.272 hectáreas.
La voz de las víctimas
Para las asociaciones indígenas, el estado de salud crítico que muestran las imágenes compartidas en los últimos días con niños, adultos y ancianos desnutridos, es consecuencia de la combinación de tres factores desencadenados por el garimpo: aumento de los casos de paludismo, falta de acceso a alimentos o agua potable y reducción de los servicios sanitarios.
Según el informe “Yanomami Under Attack”, en el centro de de salud Yanomami de Arathau, cerca del río Parima, “en 2020 se prestaron 11.200 servicios de atención sanitaria, pero en 2021 el número se redujo a 2.800.
Como consecuencia −continúa el informe−, varios pacientes con enfermedades tratables vieron empeorar su estado, y algunos incluso murieron. Es el caso de un chamán de 50 años que murió en la comunidad Macuxi Yano en octubre por no poder recibir atención médica. Y también la situación de dos niños de la casa Xaruna que murieron de malaria en octubre, y un tercer niño de la misma comunidad víctima de malaria y neumonía, en noviembre”.
La plataforma Sumaúma, a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI), obtuvo otros datos alarmantes: “Los casos de malaria, enfermedad que se propaga en el territorio con los mineros, pasaron de 2.928 en 2014 a 20.394 en 2021; 46 niños menores de 5 años habían perdido la vida solo en los 5 primeros meses de 2022 por lo que las estadísticas denominan ‘causas evitables’ (falta de tratamiento médico y prevención) y el 52,7% de los niños yanomami menores de 5 años estaban desnutridos”.
La información obtenida por Sumaúma también mostró que desde julio de 2020, los centros de salud que operan dentro del territorio yanomami fueron cerrados 13 veces debido a las acciones de los mineros, dejando a los indígenas sin atención médica.
“La falta de asistencia a los pueblos indígenas es la forma más eficaz de matar sin dejar huellas”, concluye Sumaúma.
Como dijimos al inicio, deberíamos comenzar este desarrollo informativo empezando en 1492, pero eso ya lo han hecho otras personas y, algunas, de manera excelente.
No obstante, es necesario debatir hasta qué punto las sociedades no originarias de nuestra querida América han adquirido conciencia de las razones profundas por las cuales las (ahora) minorías étnicas continúan siendo diezmadas por doquier mediante el genocidio5 y el etnocidio6.
Algunos realizaron esta advertencia hace ya muchos años, como por ejemplo la célebre cantante Elis Regina, que en su versión de la mundialmente famosa Aquarela do Brasil contrapone un coro representando un canto indígena como fondo de la idílica imagen que presenta la canción7.
La Rel UITA se compromete a seguir muy de cerca esta situación, y a aportar la mayor información al respecto.
Imagen: Allan McDonald
Foto: Samaúra.com
(Con información de: Sumaúma.com, AFP, France24.com, EFE, Larepublica.co, BBC.com, Nwesletter.ihu, Federico.Tatter Substack, www.ihu.unisinos.br y fuentes propias)Nota del Editor: Agradecemos la valiosa colaboración de Jair Krischke en la elaboración de este informe.
Notas:
1 – https://sumauma.com/nao-estamos-conseguindo-contar-os-corpos/ 2 – Originaria de las Tierras Indígenas Arariboia. El término Guajajara hace referencia a su pueblo nativo. 3 – Oriunda del estado de Roraima. El término Wapichana hace referencia a su pueblo nativo. 4 – Mineros, principalmente de oro, en los ríos selváticos que constituyen verdaderas mafias de las florestas. 5- Eliminación física de un pueblo. 6 – Eliminación del “alma” de un pueblo, su arte, su cultura, su lengua, creencias, instituciones, etc. 7 – https://www.youtube.com/watch?v=rvxmF4KS9O4
