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Etiqueta: territorios indígenas

SALITRE

“Nuestra vida es insegura, aun en nuestra propia casa, aun en nuestro propio pueblo, de parte de estos terratenientes que día con día nos acosan, que nos pasan tirando balas. La policía no atiende a tiempo las llamadas por tiroteos en las montañas, que las hacen para amedrentarnos”.

En Salitre

la ignominia impunemente arrasa,

se pavonea,

tala y hace pedazos las mañanas,

las sonrisas, los árboles, las siembras,

la cotidianidad de un pueblo que no cede

ante siglos y siglo de abandono.

 

En Salitre

la muerte y sus secuaces,

el gobierno y sus frases desinfladas,

la retórica oscura,

las excusas…

 

En Salitre

la ira recorre los caminos,

el miedo tomar atajos,

la rabia hace buen rato que no encuentra razón de seguir ocultándose.

 

Gerardo Cascante V.

 

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Consejo Universitario UCR. Pronunciamiento sobre la muerte de Jerhy Rivera Rivera, dirigente indígena del territorio Térraba del Pueblo Brörán

El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:

1. La Ley Indígena, N° 6172, promulgada en 1977, regula la situación jurídica de los territorios indígenas, y establece en los artículos 3 y 5:

Artículo 3.- Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso. (…)

(…) Artículo 5.- En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de buena fe dentro de las reservas indígenas, el ITCO [Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), que luego pasó a llamarse Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Hoy, Instituto de Desarrollo Rural (INDER).] deberá reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones. Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en coordinación con la CONAI.

Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna.

(…)

2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la resolución N° 16/15, emitida el 30 de abril del 2015, dispone la medida cautelar N° 321-12 para el pueblo indígena de Teribe y Bribri de Salitre, tomando en cuenta que (…) los miembros del pueblo indígena Teribe y Bribri de Salitre (…) se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo.

3. El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en su artículo 3, establece que la Institución buscará la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo, con el propósito de contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común.

4. El respeto a la diversidad de etnias y culturas de la sociedad costarricense son parte de los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica, según lo plantea el artículo 4 del Estatuto Orgánico.

5. En las sesiones N°s 5867 y 6000, el Consejo Universitario se refirió a la situación de violencia que se vive en los territorios indígenas en torno a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como al papel que debe asumir el Estado costarricense para asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.

6. El jueves 21 de marzo de 2019, el Consejo Universitario, en la sesión N° 6265, artículo 7, se pronunció sobre el homicidio del líder indígena bribri Sergio Rojas Ortiz.

7. El 24 de febrero de 2020 muere el líder indígena Jerhy Rivera Rivera, defensor del río Térraba, de la Cultura Brörán y su territorio, durante un enfrentamiento por la recuperación de territorios indígenas, situación que pone de manifiesto, nuevamente, la necesidad de establecer medidas concretas, que resuelvan los conflictos referentes a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras en los territorios indígenas del país.

ACUERDA:

  1. Repudiar el homicidio de Jerhy Rivera Rivera, líder indígena Térraba del Pueblo Brörán, perpetrado el lunes 24 de febrero de 2020, en el marco de la inacción por parte del Gobierno de la República, así como por el incumplimiento de los principios institucionales que abogan por el respeto y la protección de los derechos humanos.
  2. Reiterar al Gobierno de la República su obligación de intervenir y asegurar la protección de los pueblos ante actos de violencia u hostigamiento, de manera tal que se garantice la vida de quienes forman parte de estos pueblos, el respeto de las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretenden salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.
  3. Darle la mayor difusión posible a este pronunciamiento.

ACUERDO FIRME.

Atentamente, Prof. Cat. Madeline Howard Mora, Directora

(Acuerdo firme de la sesión N.° 6355, artículo 6, del jueves 27 de febrero de 2020)

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

Programa Gestión Local, UNED sobre el asesinato del líder indígena Bröran Jerhy Rivera

Pronunciamiento

El Programa de Gestión Local repudia el asesinato del líder Bröran Jerhy Rivera, estudiante del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios del Pacífico Sur en el año 2010.

Jerhy Rivera se caracterizaba por su espíritu de lucha y compromiso con la causa ambiental y los derechos de los pueblos indígenas.

La falta oportuna de acción por parte de las autoridades Estatales, hoy nos dejan una víctima más del conflicto de tierras en el cantón de Buenos Aires.

Denunciarnos públicamente la corresponsabilidad que han tenido los medios de comunicación en agravar el conflicto de tierras en Buenos Aires; en especial los recientes reportajes de la televisora Teletica titulados «Continúa la lucha entre finqueros y grupos indígenas en Salitre», los cuales carentes de la información oportuna y veraz, fomentaron discursos de: odio, racismo y violencia.

Evidenciamos la violación al derecho de respuesta por parte de la cadena Teletica. El sábado 15 de febrero 2020 el Consejo Ditsö lrira AjKönuk Wakpa de Salitre entregó un oficio formal a la televisora con un manifiesto sobre la información inexacta trasmitida en los reportajes. No obstante, Teletica omitió la información e incluso alegó la falta de una persona encargada para recibir el oficio. Este derecho lo ampara el artículo 69 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Exigimos que se implementen los mecanismos que el Estado costarricense tiene para salvaguardar la integridad y los derechos de los pueblos indígenas, así como las medidas cautelares dictaminadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2015.

Las acciones de toma de tierra son legítimas, pertinentes y urgentes para la salvaguarda de los Pueblo Originarios. Se amparan en La ley Indígena N 6172 de 1977, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.

Demandamos una correcta rendición de cuentas a las comunidades indígenas por parte del INDER y el Ministerio de Justicia y Paz sobre los avances del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI) que inició desde el año 2015. Así como, acciones inmediatas a corto plazo que permitan generar avances en el tema de la tenencia de tierra.

¡No más impunidad! Exigimos al Ministerio de Justicia y Paz que entregue a los pueblos originarios un informe detallado sobre los avances de la investigación del asesinato del líder indígena cabécar Sergio Rojas. Así como, las acciones a seguir para la investigación del asesinato del líder indígena Bröran Jerhy Rivera Rivera.

Hacemos un llamado a las instituciones, el movimiento social y las fuerzas vivas de las comunidades para generar procesos de sensibilización e información en miras de evitar la reproducción de discursos racistas, xenofóbicos y violentos que validen nuevas acciones de agresión entre personas no-indígenas e indígenas.

El equipo de Programa de Gestión Local se solidariza con la familia Rivera y el pueblo Bröran.

Conferencia de presa UCR luego de agresión a Jerhy Rrivera, 2013

Fotografía: Ricardo Araya Rojas.

Enviado por Rafael López Alfaro.

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ALTO AL ATROPELLO DE DERECHOS HUMANOS

Los pueblos indígenas en Costa Rica continúan en guerra

Este lunes 24 de febrero asesinaron al compañero de lucha RECUPERANTE INDÍGENA BRÓRA JHERY RIVERA del territorio Térraba.

Consideramos inaceptable, inhumano e irresponsable que en nuestro presente, los pueblos indígenas sufran esta serie de atropellos, pues, precisamente queremos recalcar que no es la primera vez que esto sucede.

En este sentido, queremos en primera instancia hacer un llamado a la comunidad universitaria a unirse en la exigencia de que se cumplan los derechos, convenios y acuerdos firmados por el bienestar y vida digna para los pueblos indígenas.

Segundo, les instamos a no caer en la desinformación, a generar no solo hoy en el contexto de una noticia tan grave, sino que en cada momento de nuestra vida académica, espacios de diálogo, investigación e información de nuestros hermanos y hermanas indígenas para que busquemos ese cambio en el pensamiento colectivo; debemos revisarnos y reconocer que los pueblos indígenas son comunidades vivas en el país, y que son pilar fundamental de nuestra historia, cultura y vida.

Asociación de Estudiantes de la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica

 

Imagen ilustrativa.

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A propósito del asesinato reciente de un líder indígena en Costa Rica: algunos apuntes

Nicolas Boeglin (*)

El 24 de febrero del 2020, en Costa Rica, Jerhy Rivera Rivera, un líder indígena de la zona de Térraba, fue asesinado con cinco disparos: véase nota de prensa del medio digital Delfino.cr y esta nota publicada en el Semanario Universidad. La noticia fue inmediatamente referida en varios medios internacionales: véase, a modo de ejemplo, está muy completa nota publicada en The Guardian en el Reino Unido.

En menos de un año, dos asesinatos de líderes indígenas en Costa Rica

La ubicación geográfica de la muerte de Jerhy Rivera coincide con la región en la que fue asesinado el año pasado otro líder indígena costarricense, Sergio Rojas, el 18 de marzo del 2019. En ambos casos, estos líderes indígenas habían sido objeto de amenazas de muerte, las cuales eran de conocimiento público, en particular de las autoridades costarricenses: en el 2013, el mismo Jerhy Rivera fue entrevistado con respecto a las amenazas recibidas (véase nota con audio de Voces Nuestras).

Habíamos tenido la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos hechos a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR).

Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas hechos en marzo del 2019 buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5, cuya lectura completa recomendamos).

El hecho que, a diferencia de Jerhy Rivera, el líder indígena Sergio Rojas fuese objeto de medidas cautelares ordenadas en el 2015 al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para resguardar su vida y su integridad física, evidencia la total inoperancia estatal: remitimos a nuestra breve nota publicada en mayo del 2015 en el sitio jurídico de DerechoalDia sobre el alcance de estas medidas ordenadas el 30 de abril del 2015 a Costa Rica por este órgano interamericano.

Identificar responsables de asesinatos de líderes comunitarios: ¿una tarea imposible para el Estado costarricense?

Es de notar que a la fecha, las autoridades costarricenses no han logrado aún identificar a los autores materiales del asesinato de Sergio Rojas, ultimado con 15 disparos, y se tiene serias reservas sobre las posibilidades que tengan de identificar en el futuro a los autores intelectuales de este vil acto.

Esta incapacidad estatal no es para nada nueva y forma parte de una larga serie de episodios sumamente violentos contra poblaciones indígenas que se mantienen impunes: por ejemplo, la quema de varios ranchos ocupados por mujeres indígenas en julio del 2014, justo mientras la selección nacional de fútbol de Costa Rica jugaba contra Países Bajos en el Mundial en Brasil, persiste sin ningún responsable identificado y/o sancionado por parte de las autoridades policiales costarricenses.

La muerte de Jerhy Rivera viene ahora a interpelar nuevamente a las autoridades sobre su accionar con respecto al clima de violencia y de impunidad campante que persiste en la zona de Térraba, y que mantiene profundamente indignadas a las comunidades indígenas (así como a muchas organizaciones sociales costarricenses), cuyos legítimos reclamos siguen sin obtener una respuesta por parte del Estado costarricense.

Cabe precisar que unos pocos días antes del 24, la prensa internacional refirió – la nacional, mucho menos – a otro hecho de violencia en Salitre cometido en contra de otro líder indígena, Mainor Ortíz Delgado, herido con disparos (véase nota de The Guardian, en su edición del 17/02/2020): no se tiene claro si las autoridades costarricenses a cargo de esta zona geográfica del país percibieron que este hecho podría constituir una primera alerta, conllevando acciones inmediatas de su parte para contener el clima de violencia en la región de Salitre.

En declaraciones públicas, la representante de Naciones Unidas en Costa Rica no dudó en señalar (véase nota de prensa de Informa-tico) el vacío existente en Costa Rica con relación a quienes defienden a las comunidades indígenas:

«Las autoridades del país deben garantizar la protección de las defensoras y los defensores indígenas de derechos humanos«.

Foto extraída de nota de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019

A modo de conclusión

El marco legal costarricense a la fecha no tiene previsto ningún mecanismo de sanción contra la incitación al odio en contra de un determinado grupo. Un vacío legal señalado en diversos informes de entidades internacionales al examinar la situación de los derechos humanos en Costa Rica, y que puede explicar la facilidad con la que un determinado sector puede emprenderla públicamente contra una población en situación de vulnerabilidad (migrantes, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, población sexualmente diversa por ejemplo) y azuzar los ánimos sin verse frenado en lo más mínimo.

El ordenamiento jurídico costarricense tampoco prevé protección especial alguna para proteger a líderes sociales que son objeto de ataques, intimidaciones o bien de amenazas de muerte. La total incapacidad del aparato represivo costarricense para identificar a los autores intelectuales de la muerte del joven Jairo Mora Sandoval, biólogo asesinado en la playa de Moín en el 2013 (el cual contabilizaba los nidos de tortuga en esta precisa playa del Caribe costarricense con su grupo de voluntarios), demuestra cuán urgente resulta encontrar figuras legales y herramientas específicas para lograr identificar a los responsables de este tipo de asesinatos.

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica UCR

Enviado por el autor.

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Otro defensor de los derechos indígenas es asesinado en Costa Rica menos de un año

UNIVERSIDAD NACIONAL

Programa Pueblos Indígenas

Proyecto Tierra Encantada

Repudiamos: la violencia organizada y criminal que asesinó a Jhery Rivera líder indígena Brörán hecho ocurrido la noche del día 24 de febrero del 2020 en San Antonio territorio Térraba. Violencia de carácter no ocasional sino que viene ocurriendo repetidamente. Así, el 18 de marzo del 2019 fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, Bribri de Salitre del clan Uniwak, miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, asesinato que continúa impune; el 10 de febrero en Río Azul, territorio Bribri de Salitre, hirieron en una pierna a Mainor Ortiz Delgado del Clan Tubölwak; en la tarde del 23 de febrero del 2020 se reportó y avisó como alerta temprana la movilización de dos grupos de hombres armados vinculados a finqueros que reclaman posesión en el territorio Térraba. Este último evento culminó con el asesinato de Jhery y con el apedreamiento de otras personas recuperantes de tierra en ese territorio.

Repudiamos otros eventos generadores de violencia como el racismo y la discriminación inducido en reportajes televisivos sesgados donde se presenta a los indígenas como usurpadores de tierras. Además, las Asociaciones de Desarrollo (ADIs) se comportan como agencias del Estado, no luchan por tierra y desamparan a las personas recuperadoras de tierra.

Repudiamos la inefectividad de las políticas públicas del Estado costarricense que no logra sanear los territorios de usurpadores. El resultado es de incredulidad, desconfianza y la convicción de que el Estado no ha cumplido y no cumple con garantizar el derecho a la tierra. Es sabido que dentro de los territorios existen usurpadores y poseedores de buena fe y cada uno tiene un trato diferenciado según el derecho. La inacción del Estado empuja a familias enteras a acciones de recuperación de sus tierras ancestrales usurpadas por finqueros y esto es un detonante del conflicto.

Exigimos el respeto a la ley indígena 6172 de Costa Rica y al derecho nacional e internacional. “Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos” (Artículo 13, Convenio 169). También recordamos que: “Los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan” (Art. 3, Ley 6172).

Exigimos que el Estado/Gobierno de Costa Rica implemente las Medidas Cautelares, establecidas por la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) el 30 de abril del 2015 (MC 321 – 12 – 2015) a favor de los Territorios de Salitre y Térraba para garantizar la vida y protección integral para las personas miembros de ambos Pueblos.

Reafirmamos nuestra esperanza en los valores humanitarios como la justicia, el respeto, el diálogo y el reconocimiento de la diversidad cultural que nos constituye como país.

Heredia, 25 de febrero del 2020

 

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Centro de Investigaciones Antropológicas. PRONUNCIAMIENTO

La noche del 18 de marzo del 2019, es asesinado brutalmente el dirigente del pueblo bribri Sergio Rojas Ortiz, en el Territorio Indígena de Salitre. Sus asesinos no han sido detenidos.

A menos de un año, la noche del lunes 24 de febrero es asesinado brutalmente el dirigente del pueblo brörán, Jehry Rivera Rivera, en el Territorio Indígena de Térraba.

Ambas personas lideraban las acciones de recuperación de las tierras que les han sido arrebatadas durante décadas a las comunidades indígenas.

Además, dirigentes hombres y mujeres indígenas, personas recuperadoras de tierras, son hostigadas permanentemente, heridas de bala, marcadas con fierros candentes, amenazadas directa y públicamente, agredidas e insultadas, incluso niños y niñas, por finqueros no indígenas que usurpan su territorio y actúan casi con total impunidad. Todo esto a vista y paciencia de las autoridades gubernamentales.

¿Cuántos muertos más espera el estado costarricense para cumplir con las leyes que garantizan a las comunidades indígenas sus territorios desde hace más de 60 años y para detener la violencia y el racismo que siguen imperando contra los pueblos indígenas?

El Proyecto Conflictos Territoriales e Interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica. Aportes interdisciplinarios para su resolución, UCREA, y el Centro de Investigaciones Antropológicas, CIAN-UCR denuncian ante la opinión pública mundial este nuevo asesinato político, despreciable en cualquier contexto, en especial, en un país que presume de ser uno de los más felices del mundo y de tener una larga tradición pacifista, civilista y democrática, la cual no es accesible para los grupos indígenas. Exigimos al Estado costarricense que:

• Garantice a los pueblos indígenas la vida, la integridad física y cultural y la propiedad de sus territorios y proteja a las personas indígenas recuperadoras de sus tierras.

• Proceda de inmediato a utilizar la Base de Datos del pueblo brörán por todas las instancias del estado y todas las representaciones de este pueblo.

• Realice urgentemente los desalojos que según las disposiciones legales están por ejecutarse en el Territorio de Salitre y que por la negligencia estatal ha esperado años en efectuarse.

• Ejecute con seriedad y celeridad lo establecido en la Ley 6172 de 1977 y en las disposiciones jurídicas internacionales, cumpliendo con un programa de devolución de las tierras indígenas con una real y permanente comunicación con las comunidades. Se realice así, las expropiaciones correspondientes y se ponga fin al robo de tierras.

• Reconozca como interlocutoras legítimas a las organizaciones que representan verdaderamente a sus comunidades y no a aquellas que, en complicidad con los usurpadores, defienden intereses espurios y otorgan o reconocen «certificados de indigenidad», como ha sucedido con el Plan de Recuperación de Tierras del INDER.

• Esclarezca con prontitud los asesinatos políticos y aplique la justicia. Nuestra solidaridad con la familia de Jehry Rivera Rivera y con los pueblos originarios de Costa Rica que luchan por sus derechos.

Compartido con SURCOS por Mariano Sáenz.

De Buenos Aires de Puntarenas a la Amazonia: el parecido no es mera coincidencia

De Buenos Aires de Puntarenas a la Amazonia: el parecido no es mera coincidencia. Criterios de la Exhortación del Papa Francisco

Fray Jorge Arturo Chaves Ortiz

Al asesinato de Sergio Rojas Ortiz se une, casi un año después, un nuevo crimen que ha quitado la vida a Jhery Rivera. Ambos líderes indígenas, ambos luchadores por los derechos de sus pueblos sobre tierras que les pertenecen. Coincidentemente, apenas han pasado poco más de veinte días desde que el Papa Francisco publicara su Exhortación Apostólica “Querida Amazonia”, dirigida “Al Pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad”. La ha escrito, dice el Papa, con la esperanza de que “toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo, que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonia se empeñen en su aplicación, y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad.” Desde el corazón amazónico, y a partir de la experiencia de los pueblos originarios que pueblan esa región, quiere que, en otros países como el nuestro, examinemos si existen situaciones similares a las que él denuncia en su Documento y tratemos de resolverlas aplicando los criterios de análisis y de acción que nos aporta. Veamos inicialmente algunas de sus visiones y de estos criterios.

Participa, en primer lugar, del sueño es de una Amazonia que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un “buen vivir”. Pero está claro que para lograrlo “hace falta un grito profético y una ardua tarea por los más pobres”.  En un planteamiento que nos hace pensar en el orgullo costarricense por la protección del ambiente, precisa el concepto diciendo, “un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres»”. ¿Y cuál es el primer obstáculo para lograr esa justicia? Sin rodeos lo afirma Francisco, “Injusticia y crimen. Los intereses colonizadores que expandieron y expanden —legal e ilegalmente— la extracción de madera y la minería, y que han ido expulsando y acorralando a los pueblos indígenas, ribereños y afrodescendientes, provocan un clamor que grita al cielo” (n.9). Vale la pena notar que, para él, los intereses colonizadores, aún vigentes, también se expanden por vías legales. ¿No hay mucho de esto manifestado en la situación que padecen en Cabagra y en Salitre?

Citando testimonios de indígenas víctimas de dicha expansión, Francisco menciona como responsables de las prácticas injustas a diversos actores económicos, —entre ellos, madereros, ganaderos y otros … que implementan un modelo ajeno en nuestros territorios. Y concluye el párrafo haciendo suya una frase lapidaria de otro dirigente indígena, “Somos una región de territorios robados”. Buscando las raíces de ese comportamiento neocolonizador, comparte un pensamiento del Papa anterior, Benedicto XVI, quien ya había señalado que muchos dramas vividos por los pueblos originarios, “estuvieron relacionados con una falsa ‘mística amazónica’. Notoriamente desde las últimas décadas del siglo pasado, la Amazonia se presentó como un enorme vacío que debe ocuparse, como una riqueza en bruto que debe desarrollarse, como una inmensidad salvaje que debe ser domesticada. Todo esto con una mirada que no reconoce los derechos de los pueblos originarios o sencillamente los ignora como si no existieran o como si esas tierras que ellos habitan no les pertenecieran.”  Es decir, neocolonizadores que penetran en los territorios de los pueblos originarios, como si se tratara de tierras sin dueño, y falsificando ¡la realidad al presentar a los moradores indígenas como si éstos fueran los invasores de sus propias tierras!

Y, ¿qué decir de las autoridades y gobiernos locales? Trágicamente denuncia que “también poderes locales, con la excusa del desarrollo, participaron de alianzas con el objetivo de arrasar la selva —con las formas de vida que alberga— de manera impune y sin límites. Los pueblos originarios muchas veces han visto con impotencia la destrucción de ese entorno natural que les permitía alimentarse, curarse, sobrevivir y conservar un estilo de vida y una cultura que les daba identidad y sentido. La disparidad de poder es enorme, los débiles no tienen recursos para defenderse, mientras el ganador sigue llevándoselo todo,” …

Uno podría esperar que, ante esa situación de frecuente desamparo, la Iglesia podría desempeñar un papel claro y valiente. Francisco reconoce que muchos misioneros han llegado a esos territorios “con el Evangelio, dejando sus países y aceptando una vida austera y desafiante cerca de los más desprotegidos”. Pero, al mismo tiempo, afirma, “no podemos negar que el trigo se mezcló con la cizaña y que no siempre los misioneros estuvieron del lado de los oprimidos, me avergüenzo y una vez más pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios…”

Por todo esto, Francisco nos insiste que “Es necesario indignarse, como se indignaba Moisés (cf. Ex 11,8), como se indignaba Jesús (cf. Mc 3,5), como Dios se indigna ante la injusticia (cf. Am 2,4-8; 5,7-12; Sal 106,40). No es sano que nos habituemos al mal, no nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social…”   Y para evitarlo ve el importante papel de los propios indígenas: “A los miembros de los pueblos originarios, les doy gracias y les digo nuevamente que «ustedes con su vida son un grito a la conciencia […]. Ustedes son memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa común».

No termina ni se reduce a estos principios la Exhortación Apostólica del Papa, de la que tendremos que seguir extrayendo párrafos claves. Pero iniciando con estos aquí incluidos se puede confiar en que las “personas de buena voluntad” en Costa Rica, creyentes y no creyentes, no nos crucemos de brazos y nos esforcemos, animados por Francisco, por crear una actitud generalizada de construcción de una comunidad fraterna, que destierre de una vez por todas la violencia y exclusión que padecen los pueblos originarios de nuestro país.

 

Compartido con SURCOS por Jorge Arturo Chaves Ortiz.

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La UCR repudia homicidio de líder indígena Térraba

Pronunciamiento del Consejo Universitario

Sesión N.° 6355 / 27 de febrero de 2020. La Universidad de Costa Rica (UCR) repudió el homicidio del líder indígena Térraba del Pueblo Brörán, Jerhy Rivera Rivera, el cual fue perpetrado este lunes 24 de febrero durante un enfrentamiento por la recuperación de territorios indígenas.

La indignación de esta casa de estudios superiores se puso de manifiesto mediante un pronunciamiento aprobado por el Consejo Universitario, en sesión N.° 6355, en el que se reconoce que este asesinato se da en el marco de la inacción por parte del Gobierno de la República, así como de los principios institucionales que abogan por el respeto y la protección de los derechos humanos.

En el documento, la UCR le reitera al Gobierno su obligación de intervenir y asegurar la protección de los pueblos ante actos de violencia u hostigamiento, de manera tal que se garantice la vida de quienes son parte de estos, y el respeto de las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretenden salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.

La Facultad de Ciencias Sociales demanda al Gobierno respuesta tras asesinato de indígena brörán

Esta no es la primera vez que la Universidad alza la voz en relación con la violencia que se vive en los territorios indígenas de nuestro país en torno a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras, así como al papel que debe asumir el Estado costarricense para asegurar el cumplimiento de los instrumentos internacionales, la legislación nacional y los derechos humanos.

Con el pronunciamiento aprobado este jueves, la Institución reafirma su compromiso con el respeto a la diversidad de etnias y culturas de la sociedad costarricense como principios orientadores del quehacer institucional.

Esta es la segunda vez, en menos de un año, que en Costa Rica se asesina a un indígena por defender sus tierras. En la imagen, Jerhy Rivera, líder Térraba. (Foto: culturacr.net)

 

Alejandra Amador Salazar

Periodista, Consejo Universitario

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Comunicado de prensa del pueblo Brörán de Térraba y el pueblo Bribri de Salitre

“¿El Estado no puede protegernos o no quiere protegernos?”

26 de febrero de 2020, de los Territorios Indígenas de Térraba y Salitre, Costa Rica. El Gobierno de Costa Rica no nos ha protegido y no está protegiéndonos. Ningún otro ciudadano en Costa Rica sufre este tipo de violencia sin control. El Gobierno sólo permite que esto suceda a sus pueblos indígenas. Como todas las administraciones antes que él, la administración de Carlos Alvarado Quesada nos ha abandonado. Sergio Rojas fue asesinado y las autoridades no han encontrado a su asesino. Mainor Ortíz Delgado fue baleado por tercera vez la semana pasada por los ocupantes ilegales, y el día siguiente su atacante fue liberado por las autoridades. Anoche usurpadores de tierras indígenas y sus aliados intentaron matar a Yehry Rivera Rivera por segunda vez, pero esta finalmente lo consiguieron.

No sabemos qué es peor, que las autoridades no pueden protegernos o que no quieren protegernos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Gobierno en 2015 y nuevamente en 2016 que tome medidas especiales para protegernos de la violencia y las amenazas que sufrimos por parte de los ocupantes ilegales en nuestro territorio.

El Presidente dice que está cumpliendo con estas medidas. A lo que respondemos enfáticamente: ¿En qué mundo está viviendo el Presidente? Si se han producido dos asesinatos de líderes de pueblos indígenas y otro líder fue hospitalizado por una herida de bala, si hay cada vez más incidentes de violencia en nuestros territorios con una impunidad total, y el Gobierno no ha desalojado ni siquiera a un solo ocupante ilegal hostil de nuestros territorios, ¿cómo puede ser esta inacción considerada por nuestro Presidente como protección? No estamos más seguros que cuando la Comisión emitió sus medidas por primera vez. El Presidente lo sabe. El actual viceministro a cargo de las Medidas Cautelares (y los cuatro ministros que lo precedieron) lo saben. El mundo lo sabe.

En su último pronunciamiento público, el Presidente priorizó deslegitimar nuestra lucha, iniciando su discurso con una llamada a nosotros pidiéndonos que terminemos de luchar por nuestros derechos (detener las recuperaciones pacíficas de las tierras ocupadas ilegalmente). El Presidente quiere que dejemos de hacer el trabajo que el Gobierno está legalmente obligado a hacer, pero durante décadas ha optado por no hacerlo. Señor Presidente, usted debió priorizar en su pronunciamiento el reproche a quienes nos atacaron dentro de nuestro territorio. Debería haberles dicho firmemente que su gobierno no toleraría tal violencia y castigaría a los responsables en la mayor medida de la ley.

En su lugar, el Presidente no mencionó que el Estado desestima muchas de nuestras quejas y que siempre se deja a nuestros atacantes impunes. El Presidente debería haber mencionado que, hasta la fecha, el Estado de Costa Rica no ha encarcelado ni uno solo de nuestros atacantes. Atacantes que nos han matado, disparado, amenazado de muerte con machetes, garrotes, pistolas y piedras; que han quemado nuestras casas, nos han rociado con pesticidas, o nos han obligado a huir de nuestras casas. La inacción del Estado posibilita y legitima esta violencia.

El Presidente anunció que el Gobierno había aumentado las operaciones de seguridad en Térraba y esto hizo posible detener el asesino de Yehry Rivera. Señor Presidente, una adecuada y verdadera seguridad no corresponde a arrestar a un asesino, sino precisamente en prevenir dicho asesinato en primer lugar. Además, se debe aclarar, que desde que las Medidas Cautelares fueron emitidas en 2015, y a pesar de las recientes negociaciones con el Gobierno, el estado nunca ha aumentado la presencia policial en Térraba. Asimismo, a pesar de las «alertas tempranas» emitidas hace dos noches sobre los grupos armados que se estaban reuniendo y preparando para atacar y hacer daño en Térraba, el Gobierno no realizó ningún para proporcionar la seguridad adecuada.

Es cierto también que el Presidente omitió mencionar cómo un oficial de la Fuerza Pública permaneció de pie mientras el cuerpo de Yehry yacía muriendo en el camino, presenciando cómo sus atacantes lo seguían pisando, gritando “hijo de puta”, arrojando piedras y blandiendo sus garrotes. Hay video de esto. El presidente no mencionó que la noche anterior, dos patrullas policiales permitieron que un grupo armado de más de 100 personas retirara por la fuerza a indígenas Brörán de sus tierras tituladas. Los oficiales que presenciaron esto no tomaron medidas para detener o arrestar a nadie. ¿Esta es la protección policial que nos ofrece el Presidente?

El Presidente dijo que su gobierno ejecutó 8 órdenes de desalojo en Salitre. Esto es categóricamente falso. Durante más de 5 años, los Bribri han pedido al Gobierno que haga esto. En junio de 2019, el Gobierno únicamente otorgó la posesión formal a la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de dos fincas que ya habían sido recuperados previamente por personas indígenas –es decir, no desalojaron físicamente a nadie. Las otras órdenes de desalojo siguen sin ser ejecutadas, los usurpadores siguen instigando violencia contra los Bribri, y hasta la fecha, el Estado nunca ha desalojado a nadie de Salitre. En Térraba, ningún desalojo ha sido ejecutado y su territorio está habitado en un 80% por ocupantes ilegales.

El Presidente además se pronunció sobre el Plan Nacional para recuperación de los territorios indígenas. El Presidente omitió mencionar que este plan está atrasado por más de dos años y que no es un “plan de saneamiento”, sino otro estudio más sobre los territorios de Salitre y Brörán. En este sentido, hasta la fecha, el Gobierno no ha respondido a nuestras solicitudes, para que nos logren explicar cómo van a convertir los resultados de estos estudios en órdenes de desalojos ejecutables. Todo esto demuestra que no es una cuestión de fondos, sino de voluntad política.

El Pronunciamiento del Presidente hoy día nos dejó más preocupados porque él piensa que una lista de actividades y presuntos acuerdos es lo mismo que ofrecer soluciones con resultados materiales. Las actividades no significan nada si no resultan en nuestra protección y el cumplimiento de la ley. Los presuntos acuerdos no significan nada si no hay implementación del Estado y la restauración de paz en nuestros territorios. Su obligación Señor Presidente al tutelar derechos humanos es de resultados no de medios.

Condenamos y repudiamos el asesinato de nuestro hermano líder comunitario Yehry Rivera, la tercera tentativa de homicidio de nuestro hermano Mainor Ortíz Delgado, el asesinato de nuestro compañero Sergio Rojas y el fracaso del Estado de sancionar a todos los responsables. Exigimos acciones inmediatas para sanear nuestros territorios y poner fin a la impunidad que nos trae más inseguridad.

Con urgencia solicitamos que la comunidad internacional y todos los ciudadanos de Costa Rica que cree en la dignidad humana, la no discriminación y en el Estado de derecho, para exigir que el Gobierno proteja a sus defensores y defensoras de los derechos humanos. Hoy las víctimas somos nosotros, pero mañana puede ser otro grupo de defensores en otros temas.

Para más información, llamar a:

Lesner Figueroa Lazaro, Co-Coordinador del Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre del Territorio Indígena de Salitre, tel: 506 8505 2287

Manuel Villanueva, Co-Coordinador del Concejo de Mayores Brörán del Territorio Indígena de Térraba; tel: +506 6103 3088

 

Enviado por Alberto Gutiérrez.

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