He conocido varios en los últimos meses. Todos muchachos en sus veintes. En su mayoría estudiantes universitarios que dejaron atrás las aulas para venirse para Costa Rica. Y, vea usted, todos muchachos gais. Al menos los que he conocido.
Se les nota lo peligrosísimos que son: con sus rostros juveniles –a veces casi infantiles– y la afectividad que, espontánea y natural, les fluye por cada poro, como en cada palabra que pronuncian les estalla el amor por su patria y, a veces, la angustia por una madre o un padre que dejaron atrás. Se saben en peligro, y saben que volver a Nicaragua significaría cárcel o, quizá, su muerte.
Por norma les abrazo a cada vez que les veo y de inmediato les plantó un gran beso en el cachete (entre amigos gais eso es normal; ahí perdonen los señores hetero que de seguro dirán: “¡qué playada!”). De tan nervioso que me ponen, termino compartiendo con ellos, bien un café, o acaso una cerveza. Todo depende del lugar o la hora.
Les he ayudado en lo que me ha sido posible. En el Movimiento Diversidad Costa Rica les hemos ayudado en lo que nos ha sido posible.
Al cabo, yo la verdad quisiera que el mundo entero estuviese poblado de terroristas como ellos. Habría mucho más amor y solidaridad en el mundo. También mucha más paz.
El pasado 20 de febrero, Costa Rica expresó formalmente su profundo malestar por la forma con la que representantes designados por el autoproclamado «Presidente encargado de Venezuela» Juan Guaidó se introdujeron en la sede diplomática de Venezuela en San José durante la madrugada del día anterior, calificando las autoridades de Costa Rica de «inaceptable» su actuar.
Cabe precisar que la sede diplomática fue objeto de una «toma de posesión» en horas de la madrugada en ausencia de fuerzas policiales, lo cual plantea también algunas interrogantes sobre el nivel de seguridad con el que cuentan las legaciones diplomáticas en la capital costarricense durante las madrugadas.
El reconocimiento reciente hecho por Costa Rica paso a paso
Costa Rica reconoció a Juan Guaidó el mismo día de su proclamación en Caracas como «Presidente encargado de Venezuela«, el pasado 23 de enero del 2019 (véase nota de prensacon tweet del Presidente de Costa Rica incluido). El 13 de febrero del 2019, la delegada designada por Juan Guaidó en Costa Rica presentó sus cartas credenciales a las autoridades costarricenses (véase nota de CRHoy). Cabe recordar que en los primeros días del año 2019, el autodenominado «Grupo de Lima» del que forma parte Costa Rica anunció que no reconocería el segundo mandato del Presidente Nicolás Maduro a iniciarse el 10 de enero (véase nota nuestra sobre este comunicado del «Grupo de Lima«).
El pasado 15 de febrero, Costa Rica anunció que otorgaría un plazo de 60 días a los representantes diplomáticos de Venezuela designados por el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro para abandonar el territorio costarricense. Precisamente en su comunicado oficial sobre lo acontecido en la sede diplomática venezolana, Costa Rica «expresa su enérgico rechazo con la actuación de la señora representante diplomática María Faría, que ha irrespetado el plazo diplomático de 60 días dado por Costa Rica a los funcionarios del gobierno del señor Nicolás Maduro para abandonar el país«.
El texto integral del comunicado oficial de Costa Rica se reproduce al final de la presente nota.
Una situación al parecer inédita en el continente americano
Es de notar que la situación acaecida no tiene precedentes y que algunos Estados, que también han optado por reconocer a Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela, han procedido de otra manera: tal es el caso por ejemplo de Paraguay, al anunciar la ruptura de las relaciones diplomáticas con Venezuela desde el mismo 10 de enero (véase comunicado oficial de Paraguay), antes de reconocer a Juan Guaidó como Presidente de Venezuela. El «Presidente encargado de Venezuela» Juan Guaidó nombró oficialmente a sus nuevos representantes en Brasil, Guatemala y Paraguay casi un mes después, el pasado 5 de febrero (véase nota de prensa del medio paraguayo Ultimahora del 5/2/2019). Por su parte, en Perú, las cartas credenciales a las autoridades peruanas fueron presentadas por los delegados designados por Juan Guaidó tan solo el 21 de febrero del 2019 (véase comunicado oficial de Perú), habiendo manifestado estos delegados no requerir de una embajada en Lima (véase cable de la agencia EFE del 6/02/2019). De igual forma, el 21 de febrero fue la fecha escogida por Colombia para recibir las credenciales del nuevo representante venezolano (véase nota de prensa de El Espectador): no se sabe aun cuando ni cómo procederán estos nuevos delegados a tomar posesión de la sede diplomática venezolana en Bogotá, ni si optarán por la solución de sus colegas en Lima.
Las reglas del derecho internacional aplicables a las sedes diplomáticas
Las reglas aplicables que derivan del derecho internacional público en materia de seguridad de sedes diplomáticas por parte del Estado receptor y de nombramiento de representantes diplomáticos por parte del Estado acreditante, están reunidas en la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas (véase texto completo). La seguridad de los locales de la sede diplomática recae en el Estado receptor (Artículo 22), precisando la convención de 1961 que «Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión«.
Pese a haber sido invocadas por algunos analistas costarricenses, no se encuentra en esta convención disposición alguna referente a una situación tan peculiar en la que una misma sede diplomática es pretendida por dos autoridades desde su capital, con una (al parecer) más urgida que la otra por ocuparla.
La precitada convención tampoco precisa cuáles son los plazos que deben los Estados reconocerles a los diplomáticos de un Estado que dejan sus funciones oficiales y que deben regresar a su capital.
Una «urgencia» que merece una explicación: breve tentativa
No se tiene mayor claridad sobre la inusual interpretación dada al plazo oficial otorgado por Costa Rica de 60 días por parte de los delegados de Juan Guaidó en Costa Rica, y no ha habido mayor precisión al respecto por parte de estos últimos en sus declaraciones públicas.
La urgencia con la que los representantes de Juan Guaidó quisieron asumir el control de la Embajada de Venezuela en Costa Rica posiblemente guarde alguna relación con el momento de extrema tensión que se vivió en esta tercera semana de febrero. En efecto, este insólito episodio entre Costa Rica y Venezuela se dio a pocas horas del 23 de febrero, fecha escogida por Juan Guaidó para anunciar a la comunidad internacional la entrada de la denominada «ayuda humanitaria» a Venezuela enviada desde Estados Unidos y Colombia, y considerada como una «farsa» por parte de las máximas autoridades venezolanas. China había advertido del riesgo de confrontación que supone esta «ayuda humanitaria» no solicitada, ni autorizada por el Presidente Nicolás Maduro (véase cable de prensa de RCN); al tiempo que la Unión Europea (UE) desplegó una intensa actividad diplomática en aras de acompañar a Venezuela en una salida negociada a la crisis institucional que se ha agudizado desde el mes de enero del 2019 (véase nuestra breve nota titulada «La declaración del Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela adoptada en Montevideo: una breve puesta en contexto«).
Este mismo 22 de febrero, el jefe de la diplomacia venezolana se reunió en Nueva York con el Secretario General de Naciones Unidas sobre la ayuda humanitaria que Naciones Unidas prevé canalizar y enviar a Venezuela, de conformidad con los principios aplicables en materia de ayuda humanitaria, incluyendo el consentimiento de las autoridades del Estado beneficiado por esta ayuda (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
Los Presidentes de Chile, Colombia y Paraguay viajaron personalmente a Cúcuta (ciudad fronteriza colombiana) para presenciar y apoyar la distribución de la denominada «ayuda humanitaria» proveniente de Estados Unidos y Chile a Venezuela este 23 de febrero: se trata de tres Jefes de Estado que posiblemente hayan aceptado lo que otros igualmente solicitados rechazaron. No se tiene claridad sobre la modalidad escogida y el papel que jugaron estos tres Jefes de Estado cuando mandos militares a cargo de las fuerzas de seguridad venezolanas se opusieron y bloquearon el acceso de la denominada «ayuda humanitaria» a territorio venezolano. El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció el cierre de la frontera de Venezuela con Brasil, desde cuyo territorio también se planeaba enviar «ayuda humanitaria» a Venezuela (véase nota de prensa de la BBC del 21/2/2019).
Más allá de algunas (falsas) expectativas creadas por algunos sectores políticos y gran cantidad de medios internacionales sobre lo que podría ocurrir este 23 de febrero en Venezuela, la iniciativa de enviar y de distribuir «ayuda humanitaria» desde el territorio de Brasil y de Colombia contra la voluntad de las autoridades que mantienen el control del territorio de Venezuela (y en particular de sus fronteras) plantea algunos desafíos a algunas reglas (muy básicas) del derecho internacional público: resulta a todas luces sorprendente ver a tres Jefes de Estado en ejercicio apoyarla personalmente in situ desde la ciudad de Cúcuta.
A modo de conclusión
No cabe duda que lo ocurrido en la sede diplomática venezolana en Costa Rica durante esta semana resulta desde todo punto de vista inédito en los anales de la diplomacia costarricense. Coïncidió con un asalto en Ecuador el mismo día a la sede consular de Venezuela (véase nota de prensa El Comercio del 20/2/2019). Fue también precedido por el «hackeo» de los sitios de varias embajadas de Venezuela en América Latina hace una semana (véase nota de prensa del Clarín del 7/02/2019).
Desde la perspectiva jurídica, es muy posible que este extraño episodio en Costa Rica lleve a otros Estados a precisar de manera más clara las condiciones de salida del equipo anterior de diplomáticos venezolanos y el momento del traspaso de la legación diplomática a sus nuevos ocupantes; así como el acceso a las llaves de la sede diplomática, a la sede como tal y sus diversas dependencias, a las cuentas bancarias, a las distintas claves en materia de comunicación y a otros datos por parte de los nuevos delegados venezolanos.
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Texto completo del comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, el pasado 20 de febrero del 2019
«Ministerio de Relaciones Exteriores deplora ingreso inaceptable de diplomáticos a sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica
San José, 20 de febrero de 2019. El Ministerio de Relaciones Exteriores deploró el inaceptable ingreso a la sede de la Embajada de Venezuela en Costa Rica, por parte de personal diplomático del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó.
Para el Gobierno de Costa Rica tal procedimiento es inaceptable pues lesiona elementales normas diplomáticas de respeto y confianza de las relaciones en la comunidad internacional, y sobre todo, del derecho internacional.
En este sentido, expresa su enérgico rechazo con la actuación de la señora representante diplomática María Faría, que ha irrespetado el plazo diplomático de 60 días dado por Costa Rica a los funcionarios del gobierno del señor Nicolás Maduro para abandonar el país.
Por tal motivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta que en las próximas horas entregará una nota diplomática a la señora representante diplomática, María Faría, en relación con lo sucedido.
Comunicación Institucional
(386 CR VEN embajada)
Miércoles 20 de febrero de 2019«.
**Foto de la Representante de la Unión Europea en materia de Política Exterior con el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica durante la cita en Montevideo convocada por el GCI. Foto extraída de nota de prensa de Informa-tico titulada «Más países apoyan salida pacífica, política y diplomática a la crisis venezolana».
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Los costarricenses debemos preguntarnos, hacia dónde queremos dirigir nuestras relaciones internacionales. Si no tenemos esta definición será inevitable que cualquier fuerza internacional la defina por nosotros. El mundo actual se está moviendo a velocidad luz, comparado a veinte años atrás, cuando el panorama cambiaba a menos que la velocidad del sonido.
Para nadie debe ser extraño que tengamos rencillas con los hermanos nicaragüenses, eso es histórico en nuestra familia centroamericana. Lo que no es tan común es tener riñas con hermanos que viven muy al sur de nuestro territorio. Y, si nos descuidamos nos van a endosar enemistades con otros países, incluso africanos y asiáticos, dependiendo a quién declaran enemigos en Washington, más aún si el nuevo posible enemigo tiene abundancia de riquezas. No se nos ocurre que se van a violentar nuestras relaciones diplomáticas con Haití, Nueva Guinea o Santa Lucía o la también empobrecida Honduras.
Con el pleito gratuito que ahora se tiene con el gobierno de Venezuela, para nadie con «cinco dedos de frente», como decían nuestros abuelos, es algo originado por nuestras relaciones históricas con esa nación. Desde que aprendimos a respetar la soberanía ajena, nuestra nación ha mantenido relaciones fluidas con todos los países del orbe mundial. Incluso, nos acomodamos de tal manera que llegamos a ser vistos con una cultura abierta hacia otras muchas culturas, muy diferentes en su desarrollo socio político y económico, hasta en sus marcos ideológicos. Desde luego, eso nos llevó a tener un mejor panorama de nuestro propio desarrollo.
Sin embargo, esto ha venido distorsionándose velozmente con las influencias del nuevo gobierno en Washington. Siempre hemos tenido la influencia de los gobiernos estadounidenses, pero los anteriores nos vieron como una sociedad importante en los manejos culturales y de nuestra política enmarcada en la «democracia occidental», por lo cual, había que cuidar de no alterar los caminos trazados por nuestro pueblo. Sabían que «una buena proporción de ticos pensamos como gringos».
Como bien sabemos, el actual gobierno de Donald Trump, no tiene ningún tipo de consideración para sociedades como la nuestra. Para él el mundo se divide en dos: los que le siguen sus mandatos y ocurrencias xenofóbicas, para llegar a construir el tercer imperio neofascista, acumular riquezas y, los que no le siguen. Así que obliga a cualquier nación a que se defina sí se une a sus ambiciones imperiales y se somete a sus dictados o se convierte en su enemigo. Para este ignorante e inculto comerciante de las mayores riquezas del mundo, solamente logra diferenciar que existe la relación con un príncipe heredero en Arabia Saudita, a quien trata como si fuese un demócrata, respetuoso de los derechos humanos, haciendo caso omiso de sus crímenes cotidianos y, a un gobernante en un país inmensamente rico en minerales, como Venezuela, que no obedece sus mandatos, por lo tanto hay que destruirlo.
Coloquemos el perfil de nuestro presidente Carlos Alvarado al lado del de Donald Trump. La calidad humana del nuestro, supera con creses al estadounidense. No obstante, el de Washington está definiendo nuestras políticas actualmente. A ese neo nazi que no elegimos.
Veamos alguna de las trampas a que nos podremos meter sin tener definida nuestra política exterior.
Oficialmente «hemos aceptado» al tal Guido como gobernante de Venezuela. Nombrado «Presidente encargado» seleccionado por Donald Trump. Consecuentemente, «hemos» dado 60 días a la misión diplomática del gobierno elegido democráticamente, para desalojar su embajada en Los Yoses, San José. Ese plazo seguramente vino de Washington, donde se ha cronometrado la toma de poder en Caracas. Nuestros gobernantes no saben si eso será así. No tenemos el expertís militar en producir golpes de estado, menos en el extranjero.
Pero el riesgo es, si no le resultan bien los cálculos y la masacre programada por el Pentágono, ¿adónde quedaremos los ticos? La vergüenza internacional que se nos viene.
Ahora resulta que el gobierno del vecino Nicaragua «tiene los días contados» por decisión de «la santa inquisición» del Pentágono. ¿Será que también nuestro presidente (no nosotros, la ciudadanía) va a verse obligado a romper relaciones con nuestros hermanos nicaragüenses?
Pareciera que nuestro gobierno no solamente improvisa, sino que solamente obedece. Nuestro nuevo Canciller tampoco nos impresiona. Pareciera estar esperando que Washington le dicte las pautas a seguir, como se las pudo haber dictado en el CIDH.
Así que estamos muy mal en nuestra política exterior, desde el comienzo del «gobierno de la unidad» con posible graves consecuencias para nuestro pueblo costarricense.
Nuestro gobierno debe saber diferenciar el tratar asuntos internos con los externos. Estos últimos son muy delicados, al grado que pueden afectar nuestro futuro como nación.
Verbigracia de la poesía exquisita del escritor español Antonio Machado Ruiz “El que espera desespera, dice la voz popular. ¡Qué verdad tan verdadera! La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés”. Los habitantes de la Región Sur; Península de Nicoya, empezamos a hacer nuestra, esta poética profecía de tan ilustre escritor.
Esta Región la integran los distritos de Lepanto, Paquera, Cóbano, Isla Chira junto con el Golfo de Nicoya y sus islas. Próximamente cumpliremos ciento cuatro años de inseguridad jurídica, debido al decreto N° 20 del 18 de Octubre de 1915, de la administración González Flores. Con él se otorgó al cantón central de Puntarenas, la administración temporal de la Región, siendo un territorio del cantón de Nicoya de la provincia de Guanacaste, que desde 1824 se anexó a Costa Rica, como parte del Partido de Nicoya. Con el tiempo, este decreto adquirió ribetes de una división territorial administrativa espuria, hoy impugnada haciéndola una Región irredenta y olvidada.
En Julio del 2012, se presenta un contencioso administrativo contra ese decreto, bajo el expediente 12-003638-1027-CA por parte del exdiputado Mario Arredondo Calderón y de la Municipalidad de Nicoya, por el alcalde en su momento, Marco Antonio Jiménez Muñoz. En la querella, solicitan la anulación del decreto y la devolución de la Región a Nicoya, como estaba antes del decreto, enfatizando que la división territorial administrativa en Costa Rica, de siempre, ha tenido reserva legal y por tanto, requiere la creación de una ley.
Ya empezamos a desesperarnos de esta espera. Estamos viviendo en pobreza, con los índices de desarrollo humano entre los más bajos del país y legalmente certificados por el Estado, como zona de rezago social, con la ley 9036. Oh incongruencia más pura e insensatez superlativa, pero sobre todo, falta de sentido común, opacado por la codicia sin medida, oculta en las faldas de la ignorancia y la falta de acción reivindicativa por parte del Estado y sus poderes.
La lógica funcional del Poder Judicial se espera que sea, resolver los recursos que se le plantean dentro de un lapso de tiempo que pueda ser comprensible y tolerable. Estos largos periodos latentes para plantear resoluciones, no ayudan al desarrollo y se convierten en el cadalso, donde se ajusticia el desarrollo comunitario, tan cacareado cada cuatro años. ¿Qué pasaría? si dejáramos siete años sin salario al personal del tribunal en mención, recientemente hemos visto su reacción ante un amago de reducción salarial. No hay sonrojo dejando a las comunidades sin desarrollo por siete años, miles de personas hemos esperado en vano, una resolución de este Tribunal Contencioso.
Como habitantes de la Región estamos haciendo lo propio por nuestro desarrollo, sin embargo, empezamos a dudar que nuestra expectativa de vida, concuerde con los plazos de resolución que tiene el Poder Judicial para resolver, en nuestro caso, la inseguridad jurídica, a la cual, el mismo Estado nos ha llevado. Nos preocupa una resolución que ya ha consumido el 27% de nuestro tiempo útil a la sociedad sin provecho alguno, esto es una oposición frontal a nuestros derechos y una bofetada al desarrollo. El Poder Judicial debe hacer un esfuerzo supremo para integrarse al escenario común y salirse del escenario particular, en que se encuentra.
Hace doscientos veinte años con la Revolución Francesa, nacieron Los derechos del hombre y del ciudadano, hace 70 años en el artículo 41 de la Constitución Política de Costa Rica, se consagró el principio de justicia pronta y cumplida. Hace siete años estamos esperando que se cumplan estos postulados y se respeten nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Solicitamos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se pronuncie sobre el expediente 12-003638-1027-CA y nos permita desarrollarnos. Nos cansamos de esperar.
A continuación les compartimos la propuesta realizada por el ciudadano SHIRANI JOSSUE ROJAS CASTRILLO, con respecto al proceso de elaboración del “Reglamento del Título I de la Ley No. 9635 del 3 de diciembre de 2018, denominado “Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado” (IVA).
Ingrese en el siguiente enlace para leer la propuesta:
Violencia desde el puño y letra del ex mandatario cuando firmó la conveniencia nacional para el proyecto Crucitas y la derogación de la moratoria a la minería. El poder le permitió a Arias beneficiar los intereses de la empresa minera Infinito Gold, y recibir una donación de $250 000 para la Fundación Arias para la paz.
Y es que la paz vive en el silencio de las víctimas que callan los abusos sexuales en el propio seno familiar, y es que el 25% de nuestras niñas son depredadas, y solo un 20% de las víctimas se atreven a denunciar. La sociedad normaliza el abuso en los cuerpos de las mujeres, y de la misma forma es “natural” el “desarrollo” a costas de la ecología con leyes que permiten la destrucción de los ecosistemas. Las instituciones del estado son incapaces de resguardar las condiciones mínimas para la vida y el medio ambiente. Mientras tanto el país es promocionado como un destino verde y país del pura vida, con estadísticas de 40 femicidios al año.
La desfachatez del ex presidente al poner las manos sobre los senos de una periodista tiene un elemento en común con el abuso de poder para favorecer la minería a cielo abierto: en ninguno de los casos hay consentimiento! El patriarca se cree dueño de los cuerpos de las mujeres y piensa que el país es una finca de la que puede disponer.
Las comunidades que se enfrentan a luchas ambientales denuncian la ausencia de espacios de participación ciudadana y se enfrentan a un calvario burocrático, observando cómo las empresas consiguen uno a uno los permisos a pesar de la oposición comunitaria (como está sucediendo con la hidroeléctrica San Rafael)
Violencia con la vida, los negocios multimillonarios del premio nobel acaparan las aguas del río Tempisque, y pretenden obtener más con el proyecto Agua para Guanacaste, que nos costará 425 millones de dólares de deuda a beneficio del agro negocio. El gobierno actual, siguiendo la misma dinámica está impulsando reactivar la pesca de arrastre, eliminar la moratoria contra la minería, facilitar los trámites para proyectos (sin necesidad de viabilidad ambiental), permitir la entrada de residuos tóxicos, desregularizar la entrada de pesticidas, todas estas leyes regresivas y violentas.
Analizando la acusación de de violencia sexual contra Arias cabe reconocer que la denunciante es hija de políticos, doctora, directora de una ONG y contaba con herramientas que le permitieron reaccionar al abuso. Me pregunto si todas tenemos acceso a estrategias para defendernos de la violencia sistemática contra nuestros cuerpos e integridad, y si todas las comunidades poseen herramientas y capacidades organizativas para defender los recursos naturales ante la expansión piñera, o la construcción de hidroeléctricas.
El sistema seguirá normalizando las conductas depredadoras, poniendo la responsabilidad en las víctimas, qué ropa vestían, a qué hora caminaban en la calle, y ¿por qué no se defendieron y tardaron tantos años en denunciar?
Y ¿por qué se oponen al progreso? – le preguntan a una comunidad en pie de lucha para defender un río-
(*) Raquel Bolaños es artista plástica e integrante del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica
El 7 de febrero pasado, el denominado «Grupo de Contacto Internacional (GCI)» adoptó una primera declaración sobre Venezuela. Pocamente divulgado en medios de prensa internacional, su contenido evidencia un nuevo esfuerzo diplomático, promovido esta vez por la Unión Europea (UE), en aras de encontrar alguna salida al impasse en el que pareciera mantenerse la profunda crisis política en Venezuela. El tono de esta declaración conjunta difiere sensiblemente del de otros comunicados conjuntos o resoluciones sobre Venezuela leídos en los últimos meses.
El Grupo de Contacto Internacional (GCI): breves apuntes
Se trata de una iniciativa desplegada por la diplomacia europea a la que se han sumado Bolivia, Costa Rica, Ecuador y México en América Latina, en aras de encontrar algun mecanismo de acompañamiento en Venezuela que permita una salida negociada a la crisis que ahí se vive: como bien es sabido, el mes de enero del 2019 ha visto agudizarse significativamente la crisis política que azota a Venezuela desde varios años, al haber iniciado formalmente su segundo mandato por 6 años el Presidente Nicolás Maduro (10 de enero) y al haberse proclamado «Presidente encargado de Venezuela» Juan Guaidó, actual Presidente de la Asamblea Nacional, el pasado 23 de enero.
Foto de la Representante de la Unión Europea en materia de Política Exterior con el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica durante la cita en Montevideo convocada por el GCI. Foto extraída de nota de prensa de Informa-tico titulada «Más países apoyan salida pacífica, política y diplomática a la crisis venezolana».
Desde el punto de vista diplomático, puede resultar extremadamente aventurado intentar mediar en una crisis en la que algunos se han inclinado por reconocer como legítima a una u otra autoridad venezolana. Este nuevo esfuerzo busca encaminar un proceso pese a este delicado escollo, incorporando, además de la UE, a varios Estados de América Latina que mantienen incólumes sus vínculos oficiales con las autoridades lideradas por el Presidente Nicolás Maduro, o que han optado recientemente por replantear su posición con relación a Venezuela (caso de México).
Nótese que el «Mecanismo de Montevideo sobre Venezuela» (véase comunicado oficial de México sobre esta propuesta en 4 etapas) inicialmente ideado por México, Uruguay y varios Estados caribeños también coincidió pocas horas antes de la reunión del GCI en la capital uruguaya: véase nota de El Pais (Uruguay) sobre esta iniciativa que dio lugar a una conferencia de prensa de los cancilleres de México y Uruguay el pasado 6 de febrero. Se trata de un mecanismo que posiblemente mantenga vigencia, en particular si el proceso iniciado por el GCI encuentra algún tipo de dificultad y se debe afianzar. Solicitada con relación a este otro esfuerzo impulsado por México y Uruguay durante una conferencia de prensa, la vocera de la UE expresó con respecto al Mecanismo de Montevideo que:
«They are not incompatible with each other. On the contrary, we have discussed ways in which the two can converge towards the aim of having a peaceful, democratic outcome of this crisis, but the composition, the objective and the life of the two initiatives is different. Uruguay is the link – Montevideo is the physical link – to these two initiatives that remain distinct«
(véase texto completo de sus declaraciones a la prensa con fecha del mismo 7 de febrero del 2019).
Declaraciones previas a la del GCI
Esta primera declaración conjunta del GCI fue precedida por otra declaración del denominado «Grupo de Lima«, adoptada el 4 de febrero en Ottawa (véase nota nuestra al respecto). Como bien se sabe, este grupo reúne desde el 2017 a Estados del hemisferio americano partidarios de mantener un tono confrontativo con el Presidente venezolano Nicolás Maduro: entre sus más entusiastas integrantes figuran Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. En la reunión de Ottawa, los integrantes del «Grupo de Lima» consideraron útil (y oportuno) integrar en sus futuras reuniones a las autoridades venezolanas que consideran legítimas, al acordar que:
«2. Acogen con gran satisfacción la solicitud del Presidente Encargado Juan Guaidó de incorporar al legítimo gobierno de Venezuela al Grupo de Lima y le dan la bienvenida«.
(punto 2 de la Declaración de Ottawa adoptada el 4 de febrero por los siguientes Estados miembros del «Grupo de Lima«: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú).
Es preciso recordar que el 26 de enero, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una larga sesión sabatina sobre Venezuela, por más de 4 horas y media, en la que se pudo apreciar cuán dividida se mantiene la comunidad internacional sobre la crisis institucional que se vive en Venezuela. La inusual duración de esta sesión se debió al hecho que, además de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, 21 Estados del hemisferio quisieron participar para dar a conocer su parecer: véase al respecto breve nota nuestra publicada en el sitio especializado de DIPúblico.
En América Latina como tal, las divisiones también son evidentes y la región ha quedado desdibujada como pocas veces en su historia reciente. Cabe precisar que, desde diciembre del 2018, México ya no suscribe las declaraciones del «Grupo de Lima» y se puede considerar que ya no es parte del mismo: se trata de una importante baja, al tratarse de uno de sus principales impulsores desde su creación en el 2017, a raíz precisamente de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Cancún en la que la diplomacia de Venezuela logró evitar la adopción de una resolución en su contra por parte de este órgano interamericano (obligando a México a retirar la resolución en la tarde del 21 de junio: véase breve nota nuestra sobre este epidosio pocamente analizado). El hecho que los dos integrantes del Caribe anglófono (Guyana y Santa Lucía) que integran el «Grupo de Lima» no suscribieran la declaración de Ottawa del pasado 4 de febrero también puede reflejar algún tipo de divergencias en el seno de este grupo.
En el marco interamericano, cabe señalar la adopción de una resolución por parte del Consejo Permanente de la OEA sobre Venezuela el pasado 10 de enero del 2019, con 19 votos a favor (de 34 votos) y la abstención de El Salvador, México y Uruguay: véase breve nota nuestra al respecto, que reproduce el texto de dicha resolución y el detalle del voto obtenido.
La declaración del GCI como tal
El texto de la declaración final adoptada por el GCI en Montevideo el pasado 7 de febrero no contó con el apoyo de Bolivia… ni de México. Su contenido se reproduce a continuación tal como difundido por la diplomacia española (véase enlace oficial) se lee como sigue:
07/02/2019
«Conscientes de la severidad de la crisis actual en Venezuela y de su impacto en la región y profundamente preocupados por la difícil situación de su pueblo, el Grupo de Contacto Internacional (GCI) sobre Venezuela mantuvo su primera reunión en Montevideo el día 7 de febrero de 2019.
El GCI apunta a forjar un abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana.
Para que Venezuela pueda superar la presente crisis, es crucial restaurar la plena democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional.
El GCI destaca que las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los venezolanos deben ser respetadas. Deplora los muertos y heridos causados por el excesivo uso de la fuerza y subraya que el uso de la violencia no es nunca una solución.
En su primera reunión, el Grupo analizó la situación del país y discutió sobre cómo podría ayudar para encontrar un camino pacífico que pueda conducir a la celebración de nuevas elecciones presidenciales con todas las condiciones y garantías necesarias en conformidad con la Constitución, como fuera establecido en los términos de referencia del GCI.
El GCI también reconoce la crisis humanitaria que se continúa profundizando día tras día, afectando a millones de venezolanos. El Grupo expresó su compromiso de desplegar más asistencia en áreas de necesidad y coordinar su entrega en conjunto con el Representante Especial de la ACNUR/OIM, Sr. Eduardo Stein.
Para dicho fin, el GCI, a través de sus co-presidentes de esta reunión, procederán con los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes así como con los socios regionales e internacionales con el objetivo de: I) establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble, en el menor tiempo posible, II) permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria.
A efectos de implementar ambas metas, el Grupo enviará una misión técnica al país.
El GCI convocará nuevamente una reunión a nivel ministerial a comienzos del mes de marzo para analizar el desarrollo.
La declaración ha sido acordada por los siguientes miembros del Grupo Internacional de Contacto: Uruguay, Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Suecia, Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido«.
Tal y como se puede apreciar, el tono de esta declaración difiere sensiblemente del que usualmente se aprecia en las del autodenominado «Grupo de Lima» desde mediados del 2017, priorizando el GCI entre sus objetivos el establecimiento de garantías para un futuro «proceso electoral creíble» en Venezuela. La ausencia de toda mención explícita al carácter legítimo o ilegítimo de las autoridades en Venezuela es otro aspecto a tomar en cuenta: posiblemente explique la ausencia de reacción formal por parte del aparato diplomático venezolano (mediante algún comunicado de prensa) a esta declaración del GCI. Una primera forma de señal que pasó desapercibida para muchos y que, en nuestra opinión, merece mención.
Nótese que el único Estado que participa en el «Grupo de Lima» y a la vez en el GCI es Costa Rica.
A modo de conclusión
Esta primera declaración del GCI permite canalizar los esfuerzos internacionales en aras de intentar mediar en la crisis venezolana, y abrir un espacio para la diplomacia, el cual pareciera haberse cerrado en el marco de la OEA: una organización regional a la que Venezuela dejará oficialmente de ser Estado Miembro en abril del 2019 (al materializarse la denuncia de la Carta de la OEA presentada formalmente por Venezuela en abril del 2017). Cabe destacar que, a diferencia de su homólogo en la OEA, el Secretario General de Naciones Unidas mantiene de igual forma, pero de manera separada al GCI, su disposición ofreciendo sus buenos oficios para lograr resolver la crisis que se vive en Venezuela (véase comunicado oficial del 4 de febrero del 2019).
En el marco subregional, la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM) también se expresó en términos similares desde Nueva York (véase declaracion oficial del 31 de enero del 2019).
Con relación a la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC), desde que inició este 2019 no se ha pronunciado sobre la crisis en Venezuela. Bolivia asumió la Presidencia Pro Tempore de esta entidad a mediados del mes de enero.
Por su parte, el Estado del Vaticano, cuyo delegado asistió a la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, también está intensificando sus esfuerzos diplomáticos en aras de lograr una salida negociada en Venezuela.
Tal y como se puede observar, son varios los intentos diplomáticos desplegados y es muy posible que la UE deba aceptar coordinar sus esfuerzos con el de otras entidades regionales para lograr sus objetivos en Venezuela.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Cuando el presidente de México, Andrés López Obrador, se encontró con el de España, Pedro Sánchez, el miércoles 30 de enero, quien, en una conferencia de prensa, le recordó a su homólogo, que en 1838/39, cuando Francia invadió este país mientras Benito Juárez fuera presidente de México, expresó que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, expresión que quedó grabada en todo México desde entonces. Por tal razón, México apuesta por el diálogo entre las partes en el conflicto de Venezuela.
Este domingo 3 del presente se reunieron de emergencia los miembros del “Grupo de Lima”, que lo integran los 14 países de nuestro continente, liderados por Donald Trump, a través de Luis Leonardo Almagro, el secretario general de la OEA. La reunión fue para afinar su estrategia contra el gobierno de Venezuela. Uno de los puntos que sobresalieron fue una donación canadiense de US$53 millones en ayuda humanitaria, la cual se junta a los US$20 millones donados por Donald Trump.
Lo que se perfila no es un cambio real de estrategia del Norte de América (Canadá y EUA), pero un cambio de mano de naipes. Dado que el Grupo de Lima, desde su fundación en agosto de 2017, suscribió un quinto acuerdo en su declaración de constitución en el cual reza “Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza”. Siendo que en las últimas dos semanas se han confirmado las aseveraciones de Washington de intervenir militarmente a Venezuela, como “opción que se mantiene sobre la mesa”, a sabiendas que una intervención militar a Venezuela, tendría mayores consecuencias para toda la región, que lo que pudo ser la invasión a Panamá, en 1989/90. Además, los gobiernos de la región saben que EUA trata de involucrar a la mayor parte de militares de los países Latinoamericanos en este conflicto, aun cuando los militares estadounidenses dirijan esta guerra, se corre un gran riesgo político por los actuales gobernantes de obtener el rechazo de sus pueblos.
Honduras tiene una experiencia ganada cuando facilitó su territorio y bases militares en la década de los ochentas para asaltar a El Salvador durante su guerra civil, dejando no menos de setenta mil salvadoreños asesinados, es algo que los ex guerrilleros y veteranos, ahora en el nuevo gobierno no han de olvidar.
Así es que ante tales condiciones el gobierno de EUA acepta irse por el camino trazado desde antes de las expresiones sanguinarias de la Casa Blanca. Primero, aplicar la receta ya experimentada con la Nicaragua Sandinista en los ochentas: ahogar económicamente, logística y psicológicamente a la población venezolana, hasta que cambie su preferencia por el actual gobierno hacia el gobernante nombrado por Trump. Esto debe ir acompañado de asistencialismo a quienes se están muriendo de hambre y busquen la manera de salvarse antes de morir ahogados. Con 73 millones de dólares se podrá, no solamente atender las demandas de los hambrientos y desesperados que deja el boicot y las sanciones internacionales, pero financiar a aquellos militantes y militares que quieran vender su conciencia. La última declaración de este grupo de gobernantes sometidos a los dictados de Trump, es que el Ejército venezolano acepte cambiar su preferencia de Maduro hacia el Juan ese, del cual no logro recordar su apellido. Saben los del Grupo que es allí donde estaría el quiebre político. Aun cuando eso produzca violencia, la pueden justificar de alguna manera. ¡Qué dicha que aún no tengamos un ejército en Costa Rica! Aunque si los del Pentágono se propusieran, pudiera haber un golpe de estado militar allí también, pues saben inventar presidentes de la nada, no sería raro que inventen un ejército. ¿Será por eso que Carlos Alvarado apoya al Grupo de Lima? El miedo, a veces, es un arma infalible que hace cambiar y temblar a valientes.
Nadie duda en las razones por las cuales los gobiernos de Guatemala, Honduras y Panamá están en este Grupo. Después de la vapuleada que recetara la ex canciller venezolana, Delcy Rodríguez, a la canciller de Honduras en una Asamblea de la OEA, el 20 de junio de 2017, sobre las diferencias sustanciales de las condiciones de ambos países, solamente nos resta decir que, en Honduras hay un suicidio por día y, si Venezuela tiene un 6% de su población viviendo en otros países, Honduras tiene un 11%, lo que en ambos países aumenta con caravanas de emigrantes. La diferencia es que a Honduras le ocurre esto aún con la protección y colaboración política, económica y logística de la UE, Canadá y EUA, mientras que, a Venezuela, se le sanciona y boicotea diariamente por no ceder a los caprichos del imperio estadounidense, sin tomar en consideración los millones de dólares que se paga a los principales medios internacionales para perjudicar la imagen del gobierno venezolano. Así que la mejor fórmula para arruinar una sociedad hasta su destrucción total, no está en Venezuela, pero sí está en Honduras, colocando en la cabeza del gobierno de Venezuela a alguien como Juan Orlando Hernández. Así no habrá que sancionarle ni boicotearle sus propuestas de desarrollo. No se requeriría formar Grupos de políticos incondicionales, ni hacer mayores, ni menores, esfuerzos para que entregue sus riquezas naturales a las corporaciones internacionales, siempre y cuando compartan con él las ganancias. Será por esto que han convertido a un joven venezolano, violento, soberbio, improvisado, cínico y falso, en auto nombrado presidente interino Juan Gauidó (al fin recordé su apellido). Este hombre esta dispuesto a llamar a las tropas gringas o, de donde sea, para que le aseguren “su poder” en Venezuela, aunque solamente sea para tramitar la entrega formal de las riquezas nacionales.
Lo que habrá que saber ahora es, hasta donde les va a aguantar Donald Trump, sin cambiarles de nuevo esa “humanitaria” y política agenda. Sabemos de lo errático que es su personalidad, dentro de un marco muy similar al de un mafioso neonazi y xenofóbico. Además de los minerales e hidrocarburos, Trump quiere liberalizar todo lo nacionalizado por el gobierno de Venezuela y, este proceso “pacífico” del Grupo de Lima le puede causar muchas frustraciones ante las presiones de las grandes corporaciones. De todas manera ya el imperio gringo dejó claro públicamente qué es lo que buscan en Venezuela, para qué entonces esperar más, solamente para complacer a esos gobernantes “tontos del grupo de Lima”.
En la Conferencia en Montevideo, del jueves 07 de febrero de 2019, ya se aprobaron los mecanismos del diálogo. El proceso aprobado es el de 1) Diálogo Inmediato; 2) Negociación; 3) Compromisos; y 4) Implementación. Pese a las exigencias de ocho países de Europa Occidental, a excepción de Italia y Grecia[1], por lo cual la UE, sin un consenso no puede expresar su opinión unánime; y, del grupo de Lima, en la Conferencia de Montevideo la balanza estuvo en favor de la Paz y no intervención.
Uruguay y México parecen haber tirado una “tabla de salvación” para quitar del medio ambiente una probable guerra, no solamente contra el pueblo venezolano, pero contra el pueblo de nuestro continente. Es evidente que la opinión generalizada de nuestra juventud, incluyendo a buena parte de la oposición venezolana, es contra una intervención militar directa o indirecta contra Venezuela. América Latina no favorece la guerra, en Venezuela ni en cualquier territorio del continente. Ha sido de harto sabido la motivación económica del gobierno estadounidense y de sus corporaciones internacionales fabricantes de armas y petroleras, así que ningún pueblo quiere que, por tener recursos naturales codiciados por los gringos, van a masacrar a nuestro pueblo, tal como lo han hecho en medio oriente.
Ahora, cómo podrían explicar los profesores a sus alumnos el concepto de Democracia, cuando los 14 gobiernos, incluyendo a Honduras, Guatemala y Costa Rica, han definido como presidente de Venezuela a alguien salido de la manga de camisa de Donald Trump, que de repente se para frente a un grupo de conciudadanos para declararse presidente interino. Eso sí va a ser difícil para el magisterio de educación media y no digamos la superior.
Esperamos que la mediación de México y Uruguay tenga los éxitos deseados para la paz de nuestro continente. Nuestros pueblos no podrían ser indiferentes ante este posible nuevo genocidio estadounidense.
Enviado por el autor.
[1] «Grecia no lo hizo porque todavía creemos que el grupo de discusión que se reunirá en los próximos días en Montevideo, brindará una solución positiva y pacífica a los problemas que enfrenta Venezuela».
Imagen ilustrativa tomada de https://www.3museos.com
El 02 de febrero, Chalecos Amarillos volvió a recuperar las principales ciudades de Francia, protestando contra la represión brutal que las fuerzas de seguridad han desplegado en los últimos 3 meses, contra las actividades de gilets jaunes
Además, salieron a protestar contra la ley que se aprobó la semana pasada, que penaliza las manifestaciones dentro del marco de la ley antiterrorista.
No somos “casseur” gritaban los manifestantes, que una vez más fueron reprimidos con armas convencionales de guerra, que ya son 11 personas fallecidas desde que empezó la protesta.
El sábado 02 de febrero, la represión salvaje, no fue la excepción, pero la fuerza de los amarillos es incontenible.
El pasado martes 05 de febrero se llevó a cabo la huelga general en Francia, apoyada por los sindicatos; que por fin se desmarcaron del gobierno y que, en definitiva, las circunstancias los obligaron a comprender que no le podían seguir dando la espalda al pueblo, que está luchando y jugándose el pellejo en las calles por una nueva República.
