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“La educación en la construcción de una nueva ciudadanía”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Marjorie Hernández Delgado

Paulo Freire dijo que: “La educación no cambia el mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.

Cuando tratamos el tema de Educación, por lo general visualizamos masas no individuos, incluso la imagen que se nos viene a la mente es una escuela, universidad o libros, pero no pensamos que existe educación en cualquier ámbito en el que se desenvuelve la persona. Asumimos que lo que es bueno para todos, es bueno para cada individuo masificando el aprendizaje, es aquí donde omitimos las diferencias, potencialidades y necesidades individuales.

Es hasta el 21 de noviembre del 2016, que el Consejo Superior de Educación, según acuerdo #03-65-2016, decide que se elabore una nueva política educativa basada en estudios que consideren la participación de los diferentes actores del sistema educativo y que se ajuste a la nueva realidad nacional e internacional. Así nace en el 2017 esta innovadora política educativa denominada “La persona: centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad” la cual se comienza a implementar en el 2018.

Tomando en consideración tan visionario instrumento y todo el proceso de consulta e investigación que se realizó incluyendo el ámbito legal y político, podemos decir que es legítimo y veraz, pues promueve la construcción de una nueva ciudadanía basada en nuestra Carta Magna (artículos 9 y 11), en la cual se le confiere un grado participativo al ciudadano en las políticas públicas y lo convierte en eje transformador de esa nueva ciudadanía que se pretende. La participación ciudadana implica no solo el ejercicio de derechos sino también responsabilidades, no podemos pretender que el Estado nos resuelva todo, pero esto es precisamente lo que se ha inculcado siempre. Existe una errónea concepción de qué es el Estado, es necesario, por tanto, que se eduque desde la premisa de que la ciudadanía es uno de los elementos que conforman el Estado. De tal manera, y a la luz de la Constitución Política, el ciudadano es el soberano, entendiendo que soberano es el ser superior, es quien tiene el poder de decisión (Jean Jacques Rousseau,1762), por lo que todos los ciudadanos somos iguales, y cada individuo es soberano y súbdito a la vez. Siendo así que tenemos la responsabilidad y el derecho de participar en las políticas públicas y la rendición de cuentas.

El Licenciado Carlos Campos Rojas, sociólogo y creador de la Dinámica de los Triángulos, opina respecto a la capacidad transformadora del individuo y la educación como elemento forjador de una nueva ciudadanía: “…la sociedad tiene que reeducarse y la tarea del Ministerio de Educación es formar a la persona del futuro, pero la educación no la hace el Ministerio de Educación, la hago yo desde mi participación en la sociedad… la sociedad se educa a partir de ese yo que se descubre y empieza a entender lo que hay que hacer. La sociedad de consumo ha venido educándonos en el concepto del individualismo para romper la solidaridad… el individualista tiene que tener una concepción de poder de dominio sobre los otros…” Es en este punto donde se debe dar la verdadera transformación. Si como ciudadanos somos soberanos y tenemos derechos, pero también responsabilidades, si la constitución política nos otorga este sublime poder, entonces ¿por qué dejamos en manos de otros los destinos de nuestra nación? ¿por qué permitimos que pensamientos mezquinos e individualistas prevalezcan y destruyan los nobles ideales de igualdad, fraternidad y libertad?, y más aún, ¿por qué dejamos que unos cuántos se arroguen el poder que nos corresponde a cada uno y a todos a la vez?

Por otro lado, y también es una interrogante en el tema tratado, ¿Qué papel juega el docente en esta nueva política educativa? Precisamente el educador es un agente de cambio, y tiene toda la capacidad para realizar acciones que trasciendan en el espacio y el tiempo, tenemos sobrados ejemplos: Omar Dengo, Emma Gamboa, Carmen Lyra, Uladislao Gámez, Angela Acuña, Roberto Brenes Mesén, Centeno Güel, para mencionar algunos. Por tanto, el educador será siempre el facilitador por excelencia en la construcción de esta nueva ciudadanía, consciente de sus derechos y deberes como ciudadanos, lo cual fortalecerá nuestro Estado de Derecho y abrirá el portal a un futuro promisorio a las nuevas generaciones.

 

Imagen ilustrativa tomada de la página oficial de la UCR.

Enviado por la autora.

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Costa Rica ¿Un país de derechas?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE-UNED

Presidente Movimiento Diversidad

En las elecciones nacionales de 2014, el electorado costarricense tuvo una cierta oscilación a la izquierda del espectro político, tal cual se hizo manifiesto en la considerable votación que José María Villalta obtuvo y la asignación de nueve plazas legislativas al Frente Amplio (FA). Pero también el triunfo de Luis Guillermo Solís era parte de ese movimiento, con su discurso de cambio que, aunque tibio y omiso, mantenía viva la llamita de progresismo con la que el PAC quiso presentarse ante la ciudadanía, ya desde su nacimiento a inicios del nuevo siglo.

Y con certeza podemos decir que, en efecto, la gente votó por un cambio. Y cuando digo “cambio” no sugiero ninguna revolución. Sencillamente pienso que la gente tenía en mente cuestiones básicas: mejores salarios; empleo digno en cuantía suficiente; mejoría en los servicios públicos; avances en infraestructura vial; reducción de la desigualdad social; respuestas relativamente eficaces en materia de seguridad ciudadana; un “hasta aquí” contundente a la corrupción en toda la variopinta gama de sus manifestaciones.

Al cabo, el gobierno Solís Rivera se quedó muy corto. Las expectativas de cambio que alimentó jamás se realizaron y el “cementazo” terminó de pulverizar las últimas defensas detrás de las que intentaba parapetarse. Es igualmente innegable que la fracción legislativa del FA decepcionó. La gente sacó entonces el facturero. Con el FA fue implacable en su veredicto. Con el PAC no tanto, pero lo cierto es que, por largos meses, este partido rozó la insignificancia, hasta que, como caída del cielo, el 9 de enero de 2018 vino la resolución de la Corte IDH sobre matrimonio igualitario. No pudo ser más oportuna, sin que al decirlo yo esté creyendo que haya sido algo deliberado. Sencillamente las cosas ocurrieron de esa forma, y ello tuvo enormes consecuencias. Retórica aparte, cabe decir que ese 9 de enero fue histórico, y no solo porque abriese las puertas al matrimonio igualitario, sino sobre todo porque, de un solo golpe, cambió todo el escenario electoral, con repercusiones posteriores que, con seguridad, se prolongarán todavía por años.

Como bien sabemos, ello dio lugar al ascenso instantáneo de Fabricio Alvarado. Y en ello le cabe su mérito, si tal cosa puede decirse, ya que supo reaccionar primero, y al hacerlo lo hizo en los términos precisos que le permitieron llegar a la médula misma de la homofobia y la misoginia que circula en las profundidades de nuestra cultura. Todo el orden patriarcal que sustenta nuestra sociedad, y la jerarquía de privilegios que le es característica, se lo agradecieron: se sentían bajo amenaza, y de pronto encontraron su paladín y redentor. Las purulencias que luego salieron a la luz, evidenciaron que nuestra sociedad es mucho menos pacífica y tolerante, muchos más violenta y bastante menos educada, de lo que erróneamente creíamos. En los días siguientes circularon ríos de odio, cuya más “excelsa” expresión la aportó aquella señora que, apostada ante la entrada de una escuela (¡nada menos!) llamaba a darnos muerte a los homosexuales. También quedó claro que los miles de templos neopentecostales diseminados por el territorio de Costa Rica habían logrado gestar una fuerza política de peso considerable.

Pero esto generó una reacción de signo cambiado, que sacó de la dimensión de lo invisible a Carlos Alvarado y posibilitó su ascenso. Fue la respuesta de un progresismo político comprometido con los derechos humanos y la igualdad de género, que se sintió insultado y aterrorizado por el mensaje oscurantista e intolerante del otro Alvarado. Bajo la etiqueta “Coalición Costa Rica” respondió con una movilización ciudadana autoconvocada, un amplio contingente social, complejo y heterogéneo, que lo mismo operaba desde las redes virtuales que adquiría presencia territorial.

Candidatos conservadores y de perfil más tradicional como Desanti o JD Castro, que venían sacando provecho del río revuelto para liderar –aunque muy precariamente– las encuestas, terminaron en el balde de los desechos. Pasado el 4 de febrero, y con su característico instinto depredador, el establishment político de los partidos tradicionales se acomodó alrededor de uno u otro de los dos Alvarado.

El triunfo final de Carlos Alvarado el 1º de abril, recibió una contribución importante de aquella ciudadanía autoconvocada, pero posiblemente el mayor aporte vino de la población católica, todavía mayoritaria, aterrorizada por los ataques a algunos de los símbolos predilectos de su fe, por parte de gente cercana a Fabricio.

Luego el gobierno quedaría en manos de una fuerza política con mucho de peculiar, quizá inédita. El nuevo presidente quiso maquillarla retóricamente como un “gobierno de unidad nacional”. No hay tal: es básicamente una suerte de coalición, bajo liderazgo de un sector vinculado al PUSC, y con una presencia, más bien disimulada pero nada despreciable, del PLN. O sea, una especie de bipartidismo redivivo, cuyos zombis vuelven a circular por el escenario político nacional, disimulados tras una careta embadurnada con los colores del PAC. Podría decirse que para ganar la presidencia, el PAC optó por perder el gobierno, cosa que, a la larga, lo ha llevado a perder también la presidencia.

Al iniciar su gobierno, Alvarado enfrenta una situación fiscal difícil y en proceso de agravamiento. Opta por abrazar una estrategia de políticas en cuyo origen está el mismísimo Rodolfo Piza, su flamante ministro de la presidencia y líder del PUSC. Piza es, en rigor (me consta), el padre de esa criatura, la cual, favorecida por un clima benigno, fertilizó una especie de “consenso mínimo de élites”, incluyendo liderazgos del tradicional bipartidismo, el gran empresariado y los poderes mediáticos más influyentes. Ni remotamente cumple criterios mínimos para considerarla una respuesta que permita poner bajo control el déficit fiscal en un plazo razonable y frenar el crecimiento de la deuda. Parece que el factor decisivo fue ideológico: su núcleo fundamental gira alrededor de algunos de los más enfebrecidos prejuicios antiestatistas que el neoliberalismo ha diseminado por el mundo, convenientemente apuntalados por el odio contra el funcionariado público que la propaganda ha logrado sembrar exitosamente en sectores importantes de la sociedad costarricense. El caso es que si la regla fiscal garantiza un achicamiento relativo del aparato estatal y un inevitable debilitamiento de los sistemas de seguridad social, la parte de empleo público no pasa de ser un espléndido ramillete de enconadas ocurrencias que seguramente traerá muchos más problemas que soluciones.

Se puede discursear floridamente acerca de lo urgente de la situación y lo limitado de los márgenes de maniobra disponibles, y exaltar así la “valentía” del presidente Alvarado. Cierto que el sindicalismo se mostró en principio muy intransigente. Pero también es verdad que luego flexibilizó posiciones. Queda en pie que ni Alvarado ni su partido hicieron ni el más tibio intento por siquiera matizar esa propuesta fiscal, como tampoco hubo, pero ni una anémica muestra de liderazgo para intentar abrir el diálogo e incorporar otros sectores y otros enfoques e ideas. Se quemaron los puentes y se pusieron alambradas ¿cómo hablar entonces de gobierno de “unidad nacional”?

Hasta pornográfica resulta la forma como el PAC fue arrastrado por esta correntada: de forma unánime, sin el menor síntoma de resistencia ni el más débil atisbo de protesta. Se casaron con una propuesta de sesgo claramente neoliberal, y lo hicieron con indisimulado júbilo y placer. Los idearios de signo más o menos progresista –especie de edición revisada de la vieja socialdemocracia– con que el PAC intentaba ofrecerse como alternativa, han quedado reducidos a cenizas. El sentido común PAC hoy es, sin más dilación, un sentido común neoliberal. El movimiento es irreversible, incluso porque su credibilidad ha quedado en andrajos.

Debemos admitir que esto hace parte de una derechización generalizada del panorama político costarricense. No es, ni de lejos, una derecha homogénea. Ahí están el PLN y el PUSC, siempre pragmáticos y calculadores. Una derecha con ciertos rasgos fascistas que encuentra su mejor expresión en JD Castro. La conservadora al viejo estilo (tipo Republicano Calderonista) y esa nueva derecha neopentecostal con su mensaje religioso fundamentalista. Y el PAC, un espécimen cabal de lo que alguna gente llama “neoliberalismo progresista”.

La crisis económica que padecemos –una crisis larvada que avanza como andando en puntillas– se agravará en los años venideros. Podría haber algún colapso violento, o quizá no. Pero el deterioro continuará, y con ello el descrédito de la institucionalidad democrática, la desesperanza y la frustración. Son vientos tormentosos que nos pueden arrastrar a destinos insospechados. El PAC posiblemente quede reducido a la irrelevancia. Las apuestas grandes seguramente se harán entre los sobrevivientes del viejo bipartidismo y esas derechas religiosas o fascistoides.

La izquierda podría hacerse un espacio y ofrecer una alternativa civilizada, racional, ilustrada…y renovadora. Pero, para lograrlo, ella misma tendría que renovarse a sí misma a profundidad, quizá de forma radical.

 

Enviado por Luis Paulino Vargas.

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Asociación Americana de Juristas rechaza tesis de Grupo de Lima

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

SURCOS recibió de la Asociación Americana de Juristas la siguiente declaración en torno al llamado Grupo de Lima y su posición respecto al gobierno de Venezuela.

La Asociación Americana de Juristas es una Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra.

DECLARACIÓN DE LA AAJ EN RECHAZO A LA DECLARACIÓN DEL LLAMADO “GRUPO DE LIMA”

Ya No Es Tiempo de Imperios, Ni Colonias. Es Tiempo de Pueblo y Dignidad.

La Asociación Americana de Juristas, que tiene entre sus objetivos la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo, la defensa de una paz efectiva basada en el principio de coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y económicos, y la defensa y promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, expresa su más firme rechazo a la reciente declaración del denominado “Grupo de Lima”, con la oposición de México, que promueve el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana de Venezuela.

Este grupo de gobiernos, surgió tras el fracaso de la tentativa impulsada por los Estados Unidos de activar en la OEA la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, argumentando una supuesta ruptura del orden constitucional del mencionado país. En esa línea injerencista, en abril del año pasado, rechazaron la convocatoria de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018, y la canciller peruana Cayetana Aljovín omitió la invitación al presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas de 2018, manifestando que no sería bienvenido.

En esta oportunidad, y bajo la clara conducción del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien a pesar de no integrar formalmente el “grupo”, participó en el mismo, luego de su visita a varios países de América Latina, requiriendo a sus gobiernos, aumentar la presión contra el presidente Nicolás Maduro; emiten una declaración que pretende desconocer la legitimidad de la elecciones realizadas bajo argumentos mendaces[1]; exhorta al Presidente Nicolás Maduro a no asumir el cargo para el cual lo ha elegido su pueblo, requiriéndole que transfiera provisoriamente el poder a la Asamblea Nacional, con total desconocimiento de lo resuelto por la Asamblea Constituyente y arrogándose la facultad de negar los resultados de dos actos electorales, con amplia participación popular y varios partidos políticos, y el orden dispuesto en la Constitución Nacional de la República Bolivariana.

Estos gobiernos incurren en ostensibles contradicciones, cuando se manifiestan preocupados por la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país atribuyéndola a la supuesta “ruptura del orden democrático y el estado de derecho”, pero en la lista de medidas que acuerdan, consignan:

  • Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela;
  • Impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima;
  • Elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos;
  • Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos a Venezuela en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte;
  • Evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.

Lo acordado refleja una profundización del bloqueo económico y aislamiento de la República Bolivariana de Venezuela, ya aplicado desde hace casi 60 años a Cuba, por la misma potencia imperial, con el objetivo de propiciar un golpe de estado y el derrocamiento del Presidente Maduro. Para ello, agudizan las dificultades económicas, mediante un bloqueo comercial y político, causando daños irreparables al pueblo que las sufre y creando una crisis migratoria.

La vergonzosa conducta de estos gobiernos constituye una grave amenaza a la paz de la región y una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, organización basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros, que establece: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. … arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

Además, el artículo 19 de la Carta de la OEA, determina que «Ningún Estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.»

Llamativamente hipócrita es el abordaje de la Declaración Lima respecto de la crisis de migrantes y humanitaria saludando su inclusión en el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM y ACNUR, teniendo en cuenta que sus integrantes han mantenido un vergonzoso silencio respecto de las crisis humanitarias sufridas por otros países de la región. Como ejemplos, nos referimos a la grave realidad haitiana; la caravana de migrantes hondureños; la situación de casi 15,000 mil niños y niñas migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, detenidos y bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos; y la crítica ´situación en Colombia después de la firma de los Acuerdos de Paz, que hasta hace poco registraba más de cinco millones de colombianos residiendo en Venezuela y varios millones en otros países. No se ha sabido de pedidos de intervenciones o medidas de bloqueo contra esos países, similares a las ahora propiciadas, revelando claramente que responden únicamente a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que, a través de sus funcionarios, se han manifestado claramente a favor de una intervención militar a la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Destacamos la posición del nuevo gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se manifestó en contra de las amenazas, reconociendo la legitimidad del gobierno del Presidente Maduro, fundamentado en la defensa de los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de no intervención. López Obrador solicitó al Grupo de Lima velar por la vocación multilateralista y la creencia en que el diálogo y el entendimiento entre los venezolanos será la única vía posible para solucionar los problemas que atraviesa el país. En términos similares se ha expresado el Papa Francisco.

Por todo lo expuesto, la AAJ llama a las organizaciones de juristas, como también a los movimientos y organizaciones sociales, culturales y profesionales, y a las fuerzas políticas progresistas a repudiar las amenazas golpistas del gobierno de los Estados Unidos y los entes en el llamado “Grupo de Lima”, a reclamar a sus respectivos gobiernos que respeten las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas de no intervención en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.

[1] Afirman: “por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”, cuando en realidad compitieron diversas listas y candidaturas, tuvo una amplia participación popular que alcanzó un porcentaje igual al de las elecciones estadounidenses, y contó con la presencia de más de doscientos acompañantes nacionales e internacionales. La misma ha sido objeto de las auditorias correspondientes, y no ha recibido impugnaciones internas.

A 11 de enero de 2019

Vanessa Ramos, Presidenta AAJ Continental

Luis Carlos Moro, Secretario General

Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

Enviado a SURCOS por Carlos Meneses Reyes. Foto con fines ilustrativos tomada de http://aajramaargentina.blogspot.com

Lo bueno de la OEA

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

César Olivares

 

La OEA tiene una cosa buena y es su puerta de salida. Es, ha sido y será la misma criatura imperial de Estados Unidos, con sede en Washington para facilidad y descaro.

Estados Unidos manda en la comisión interamericana de derechos humanos sin haber ratificado su tratado. Manda sin haberse adherido. Muy sinceros ellos: es su instrumento para someter a los demás, no para su propio sometimiento. A esa comisión no le creo casi nada.

Estados Unidos no reconoce tampoco la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La OEA es para que Estados Unidos mande sin adquirir ninguna obligación. Es un instrumento imperial.

La única oportunidad aparente para hacer algún cambio en ese organismo fue un fracaso rotundo y se convirtió exactamente en lo contrario.

No fue un intento vano. Hugo Chávez quiso plasmar el sueño de Bolívar y de los grandes próceres de América Latina en la creación de CELAC, que efectivamente se creó por acuerdo muy amplio en 2010. Una CELAC con todos los de América Latina y el Caribe y sin Estados Unidos y Canadá implicaba en aquellos días mucha flexibilidad y evitar confrontaciones con la OEA. El primer presidente de CELAC, recordemos, fue Sebastián Piñera en representación de Chile. El entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa, gran promotor de CELAC, habló de un deslinde de funciones: CELAC para la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, la OEA para las relaciones de Estados Unidos y Canadá con los países de CELAC.

Todo eso estaba bien, había que intentarlo. Pero el imperio no duerme. El avance de la derecha en varios países ha puesto a la CELAC en ralentí y ha puesto al monstruo de la OEA a vomitar fuego.

Un episodio para no olvidar jamás contribuyó a la situación actual y fue la ingenuidad con que los gobiernos progresistas actuaron en la última elección del secretario general de la OEA. La ingenuidad no fue promover la candidatura de quien luego se convirtió en un vulgar traidor, fue creer que Estados Unidos se había resignado a una derrota en la OEA, en su OEA. Eso, sepámoslo bien sabido, no ocurrirá jamás. Estados Unidos sabía muy bien cuál sería el resultado.

Los gobiernos progresistas dejaron pasar una gran oportunidad para abandonar la OEA de manera conjunta, cuando era evidente que la OEA no tomaría el rumbo de concordia propuesto por Rafael Correa sino que se aferraba más y más a su papel de instrumento imperial.

Venezuela decidió tarde su salida, pero la decidió al fin. Y otros, ¿qué esperan? ¿Qué hace allí Bolivia, por ejemplo? ¿Y qué hace Nicaragua?

Más que estar sorteando amenazas, la opción clara es la puerta de salida.

No estoy entre los que defienden el gobierno de Ortega-Murillo, su corrupción desbocada y su represión, su bailoteo entre la entrega a la oligarquía y al FMI y su falso discurso revolucionario. Quiero para Nicaragua justicia, paz, decencia en el gobierno y soberanía, que sus conflictos sean resueltos sin injerencia externa.

Ni Estados Unidos, ni Costa Rica, ni la OEA, ni nadie tiene derecho a imponerle nada a Nicaragua.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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Después de Crucitas, ¿Volver A La Minería?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal, abogado

 

Desde que se imputó a Oscar Arias por el caso Crucitas se ha desatado una campaña para demostrar que el daño ambiental que ocasionan los coligalleros es peor que el que hubiera hecho la empresa canadiense. La fracción parlamentaria del Liberación Nacional, un día sí y otro también, destacan el abandono del lugar e incluso pretenden una modificación a la legislación para permitir la minería de cielo abierto. También se han prestado a esta campaña La Nación y algunos “académicos” universitarios, que dicen: “Es urgente que Costa Rica retorne a un modelo sostenible, derogando la ley 8904 (que declara al país libre de minería metálica a cielo abierto) (…) reemplazándola por una nueva ley, con una estructura altamente técnica que permita desarrollar una industria mineral responsable…”. Hay que reconocer que el Ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, se enfrenta con decisión a estos intentos. Ha denunciado que detrás de todo esta campaña y de la investigación de los “académicos”, hay un manejo político, que es -agregamos nosotros- con el fin de entregar nuestras riquezas a las compañías mineras internacionales las cuales producen un gran daño ambiental. El ministro pregunta, ¿quién financió estos estudios y con qué fin? Lo cierto es que se trata de poderosas mineras, con grandes influencias políticas y demasiado dinero. Liberación Nacional ya se apuntó a un cambio en la legislación, que de rebote ayude al expresidente Arias. Esperemos que el Gobierno no ceda a las presiones de retomar la minería, aunque se revista de formas “responsables”.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Crucitas Costa Rica anuncia que tribunal del CIADI pospondrá su decisión sobre jurisdicción

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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A propósito de la nueva declaración del «Grupo de Lima» contra las actuales autoridades de Venezuela

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

 

De cara a la toma de posesión del actual Presidente Nicolás Maduro en Venezuela por un nuevo mandato para el período 2019-2025, a celebrarse el 10 de enero del 2019, el «Grupo de Lima» adoptó una nueva declaración suscrita por 13 Estados.

El denominado «Grupo de Lima»: algunos apuntes

Cabe recordar que este grupo de una docena de Estados se conformó en Lima en el mes de agosto del 2017 y ha venido acordando y difundiendo una serie de declaraciones desde entonces sobre la situación imperante en Venezuela. Su creación guarda relación con varios Estados determinados en mantener un tono confrontativo con Venezuela y que intentaron obtener una condena durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en México en junio del 2017, sin lograrlo (véase breve nota nuestra al respeto); posteriormente estos Estados se expresaron colectivamente mediante una declaración conjunta del 26 de julio del 2017 que también suscribió Estados Unidos (véase nota nuestra sobre esta declaración en la que Uruguay aparece entre corchetes, según la versión circulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en aquel momento, mientras que no aparece del todo en la versión circulada por la diplomacia colombiana).

La declaración en breve y la reacción venezolana

Más allá de la premura de algunos a la hora de difundir un texto de esta naturaleza, en esta declaración de enero el 2019 se lee, entre otros puntos, que los Estados suscriptores del texto … «no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019» y que … «instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas» (véase versión completa de la declaración oficial adoptada en Lima el pasado 4 de enero del 2019, y publicada por el sitio del Itamaraty en Brasil, reproducida al final de esta nota como Documento 1).

Como previsible, esta declaración fue inmediatamente rechazada por las autoridades de Venezuela en un comunicado de prensa del mismo día 4 de enero, calificándola de «extravagante» (véase texto completo del comunicado titulado «Venezuela rechaza declaración del autodenominado Grupo de Lima» reproducido al final de esta nota como Documento 2). Nótese que los autores de la declaración conjunta consideraron útil (y oportuno) hacer también mención de un incidente marítimo entre Guyana y Venezuela acaecido el 22 de diciembre del 2018, y que constituye un nuevo episodio en la larga disputa que ambos Estados mantienen desde 1962 sobre la región de Esequibo (y las áreas marítimas adyacentes): en marzo del 2018, de manera sorpresiva, Guyana optó por presentar una demanda contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota al respecto).

Cabe precisar que esta declaración conjunta constituye un nuevo llamado hecho a las autoridades venezolanas por parte del denominado «Grupo de Lima«, en el que, por vez primera, México deja de aparecer como miembro de este grupo de Estados. Por parte de Centroamérica, participan Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, mientras que por parte del Caribe anglófono únicamente participa como firmante de la declaración Santa Lucía.

El acuerdo en el seno del «Grupo de Lima»: breves apuntes

El llamado «Grupo de Lima» no necesariamente recoge las firmas de todos sus integrantes: como en toda colectividad, el acuerdo unánime no siempre se logra. En febrero del 2018, sí logró reunir 14 firmas (véase texto de la declaración). En setiembre del 2018, al condenar el uso de la fuerza militar contra Venezuela que se desprendió de declaraciones a la prensa del actual Secretario General de la OEA, solamente reunió 10 firmas (véase breve nota nuestra al respecto). En agosto del 2017, al crearse el «Grupo de Lima«, de 17 delegaciones participantes, fueron 12 las que aceptaron suscribir una declaración sobre Venezuela (véase nota nuestra al respecto).

A finales de setiembre del 2018, se dio a conocer otra iniciativa que posiblemente se gestó desde el «Grupo de Lima«, pero que no logró reunir más que a 6 Estados. Se trata de la remisión de una solicitud formal a la Corte Penal Internacional (CPI) para iniciar una investigación sobre Venezuela (véase documento presentado oficialmente a la CPI). Esta gestión contó con el «respaldo total» del Secretario General de la OEA (véase comunicado de prensa). Sobre los alcances jurídicos de esta inédita iniciativa, remitimos nuestros estimables lectores a la nota titulada «Understanding the State Party Referral of the Situation in Venezuela» publicada por el jurista Nicholas E. Ortiz en el sitio de EJIL-Talk.

Es probable que la falta de acuerdo sobre la suspensión de las relaciones diplomáticas con Venezuela haya inclinado a las delegaciones reunidas en enero del 2019 en Lima a adoptar la siguiente formulación que se lee en la declaración conjunta, en la que los Estados firmantes acuerdan: «A. Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses«.

De igual forma, el anuncio de sanciones fue formulado de tal manera que tampoco se tiene mayor claridad sobre el tipo de sanciones económicas y financieras que tomarán los firmantes del texto, al leerse que acordadon «B. Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos«.

El régimen de sanciones establecido en realidad es inexistente, y es una pluralidad de posibles sanciones las que se limita a enunciar la declaración. Desde el punto de vista jurídico, será de interés conocer el detalle de las que se materialicen, sea de forma colectiva (o bien de forma individual), y analizar la respuesta que Venezuela adopte, en virtud de un principio básico en derecho internacional público: el principio de reciprocidad. Perú anunció recientemente que impedirá el ingreso a su territorio de 93 personas que ostentan algun cargo oficial de importancia en Venezuela (véase nota de prensa de ElComercio).

La eficacia de un régimen de sanciones contra un Estado, o contra quienes ejercen funciones oficiales en este Estado, es un tema sobre el que se ha discutido desde hace muchos años, sin llegar a conclusiones muy certeras. Con relación a Venezuela, al iniciar este 2019, la prensa española informó sobre la venta de repuestos a carros y tanques de combate de Venezuela por parte de España, pese a sanciones emitidas en el 2017 por parte de la Unión Europea (UE) en materia de comercio de armas con Venezuela (véase nota de ElPais titulada «España moderniza los tanques de Venezuela pese al embargo de la UE«).

La ex jefa de la diplomacia venezolana y el Secretario General de la OEA, abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017.

 

La OEA y sus instrumentos de cara a… la salida de Venezuela de la OEA

En varias partes del texto de la declaración adoptada en estos primeros días del mes de enero del 2019 en la capital peruana, se hace referencia expresa a la OEA. Si se toma en consideración que la OEA cuenta oficialmente con 35 integrantes, el hecho de reunir 10, 12, 13 o 14 firmas evidencia la dificultad para los Estados miembros de esta organización regional en aras de lograr un consenso sobre la situación en Venezuela y sobre las medidas a adoptar.

Pese a esta dificultad, es de notar que en abril del 2019, Venezuela dejará de ser formalmente Estado Miembro de la OEA: ello al surtir efectos jurídicos la denuncia formal del tratado constitutivo de esta organización regional por parte de Venezuela, materializada en abril del 2017 (véase texto completo de la carta del 27 de abril del 2017). Cabe recordar que Venezuela había denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos el 10 de setiembre del 2012, provocando muy pocas reacciones oficiales por parte de los Estados miembros de la OEA (véase breve nota nuestra al respecto).

A modo de conclusión

No cabe duda que esta nueva declaración conjunta exhibe (nuevamente) la división existente en América Latina (y en el hemisferio americano) con relación a la situación imperante en Venezuela. Será de sumo interés analizar las medidas tomadas individualmente por cada uno de los Estados suscriptores de la declaración contra Venezuela y compararlas entre ellas, en aras de evidenciar posibles divisiones dentro del mismo «Grupo de Lima«.

 

Documento 1:

«Declaración del Grupo de Lima adopata el 4 de enero del 2019

Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, frente al inicio el 10 de enero de 2019 del ilegítimo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro (2019-2025) en Venezuela, expresan lo siguiente:

  1. Reiteran que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. En consecuencia, no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019.
  2. Ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela.
  3. Instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.
  4. Subrayan la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de derecho en ese país.
  5. Reafirman su inequívoca y firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país.
  6. Manifiestan su convicción de que la solución a la crisis política en Venezuela corresponde a los venezolanos y, por lo tanto, reiteran su permanente determinación para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas.
  7. Expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
  8. Hacen un llamado a todos los países miembros de la OEA a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.
  9. Condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región. Hacen un llamado al régimen de Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que desistan de acciones que violen los derechos soberanos de sus vecinos. En ese sentido, manifiestan su profunda preocupación por la interceptación realizada el día 22 de diciembre de 2018 de una nave de investigación sísmica, por parte de la marina venezolana dentro de la zona económica exclusiva de la República Cooperativa de Guyana.
  10. Reiteran su profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro, la que sólo podrá resolverse mediante el pleno restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos humanos. Igualmente, renuevan su compromiso, en la medida de sus posibilidades, de continuar brindando asistencia a los migrantes procedentes de Venezuela, así como de promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional en respuesta a esta crisis. En este sentido, saludan la inclusión por primera vez de la crisis de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela en el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM y ACNUR.
  11. Expresan su preocupación por el impacto causado en la economía y en la seguridad de países de la región por la crisis política en Venezuela.
  12. Exhortan al régimen venezolano a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales.
  13. Acuerdan las siguientes medidas:

A. Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses.

B. Según lo permitan sus legislaciones internas, impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima; elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos.

C. Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.

D. Suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.

E. Intensificar contactos con países no miembros del Grupo de Lima a fin de mantenerlos informados de las acciones del Grupo, de la gravedad de la situación en Venezuela y de la necesidad de trabajar unidos para el restablecimiento de la democracia en dicho país.

F. En relación con la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y el Perú a la Corte Penal Internacional para que se investigue la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, instar a otros países a apoyarla y a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional a avanzar con celeridad en los procedimientos correspondientes.

G. Urgir a otros miembros de la comunidad internacional a que adopten medidas semejantes a las acordadas por el Grupo de Lima contra el régimen de Nicolás Maduro en pro del restablecimiento de la democracia«.

 

Documento 2:

Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 4 de enero del 2019

Venezuela rechaza declaración del autodenominado Grupo de Lima

La República Bolivariana de Venezuela expresa su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano que, tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado a alentar un Golpe de Estado en Venezuela, en un hecho sin parangón en la historia de la región, al intentar desconocer tanto el Gobierno democráticamente electo, como a las instituciones legítimamente constituidas, llegando al extremo de pretender modificar los límites territoriales del país, atribuyendo territorio indiscutidamente venezolano a una nación vecina, interviniendo en una controversia territorial de exclusivo alcance bilateral.

Sobre el particular, la República Bolivariana de Venezuela tiene a bien informar que el próximo 10 de enero, el Presidente Nicolás Maduro Moros tomará posesión legítima y constitucional de la Presidencia de la República para el período comprendido entre los años 2019 y 2025, en perfecta sintonía en tiempo y en forma con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual no requiere la venia de ningún gobierno extranjero.

El mundo ha sido testigo de cómo el pasado 20 de mayo de 2018, en Venezuela se celebraron elecciones presidenciales, con una amplia participación popular contando con la concurrencia de diversos candidatos en representación de un número aún superior de partidos políticos, resultando vencedora la candidatura de Nicolás Maduro Moros, con una margen superior al 67% de los votos válidamente emitidos.

Este proceso electoral contó con la presencia de más de doscientos acompañantes nacionales e internacionales, y durante su desarrollo fue objeto de dieciséis auditorías públicas que han dado fe de la justeza de sus resultados, sin que consten en las instituciones venezolanas impugnaciones de ninguna naturaleza por parte de los participantes que no resultaron favorecidos por el voto popular. Consecuentemente, la inmensa mayoría de los países del mundo han expresado su reconocimiento a esta elección y su felicitación al Presidente Maduro.

Se trató, ni más ni menos, de un proceso electoral que contó con idénticas garantías y condiciones que aquellas elecciones parlamentarias de las cuales derivó la actual Asamblea Nacional, incluso dirigidas por las mismas autoridades del Poder Electoral, en razón de lo cual, las autoridades surgidas de ambos comicios cuentan con idéntica legitimidad.

Más allá de esta declaración, del auto determinado Grupo de Lima que ha escrito una vergonzosa página en la historia de las relaciones internacionales de la región, la República Bolivariana de Venezuela sabrá responder, a la luz del principio de la reciprocidad, a las acciones que individualmente decida tomar cada país, en la proporción correspondiente y en el terreno que cada uno escoja.

Conviene recordar que a lo largo de su gloriosa historia como nación, ningún país o coalición de países ha logrado, ni logrará, intimidar al heroico Pueblo venezolano, heredero de la más grande estirpe libertaria del continente americano.

Caracas, 4 de enero de 2019

 

(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

La clase trabajadora de cara a grandes tensiones sociales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

ANEP-PATRIA JUSTA

Comunicado de Prensa

 

  • Sindicatos enfrentan el ataque más grave de los últimos tiempos

  • Concentración de la riqueza y la desigualdad seguirán acentuándose

  • Desafío gigante para los sectores patrióticos: unirse

 

Al iniciarse el año 2019, el deterioro del poder de compra de los salarios públicos y privados, habrá de llevar más angustia y congoja a las familias de la clase trabajadora costarricense.

Particularmente, la ruta de la reducción salarial en el empleo público ya comenzó con la entrada en vigencia de la ley del combo fiscal, No. 9635.

Para agravar la situación sociolaboral y social en el sector Público, es de esperar cero reajuste por costo de vida para el primer semestre del 2019; o, en el “mejor” de los casos una fijación unilateral, por decreto, pues el Gobierno PLUSC-PAC eliminó la comisión salarial del sector Publicó.

Por otra parte, hay mucha incertidumbre acerca de si se respetará el pago del Salario Escolar, considerando que la opción de su eliminación está en la agenda neoliberal del equipo económico del confrontativo Gobierno Alvarado-Piza.

Para la clase trabajadora asalariada del sector Privado con empleo formal, el grave problema del salario mínimo, en un país tan caro para vivir como el nuestro, sigue acentuándose, precarizando más el empleo privado.

A ambos sectores obreros les golpeará más el debilitamiento salarial, con la rebaja del 0.50 que implicará el aumento de la cuota obrera para el régimen de pensiones de la CCSS; la reducción del 60 al 55 por ciento del salario a recibir como pensión; y que la más baja quede en un 40 por ciento del salario mínimo. La condena al pueblo obrero es contundente: pensionarse es empobrecerse… ¡aún más!

En la Asamblea Legislativa, por su parte, nada bueno le espera al pueblo trabajador organizado en sindicatos: proyectos de ley como el de la liquidación-disolución de los sindicatos; darle un “golpe de Estado” a las actuales dirigencias para que no puedan reelegirse; y, anular en la práctica el derecho de huelga generalizando (entre otros factores), la categorización de “servicios esenciales”; son clara señal de que se le ha declarado la guerra al movimiento popular, en general, pues los sindicatos son su parte más organizada.

El cierre de instituciones públicas, el relanzamiento neoliberal de privatizaciones “sustanciales” y reglas para el empleo público que no tocarán a las “burocracias doradas”; expresan potenciales fuentes de confrontación social crudas y dolorosas.

El más grande segmento de la población, las clases medias y los sectores pauperizados y excluidos; seguirán sufriendo la agresión económica de llevar la máxima responsabilidad tributaria del país; pues no muestra Alvarado y su equipo férrea disposición política para confrontar la espantosa magnitud del robo de impuestos que está minando a la Democracia misma; situación revelada en este 2018 como nunca antes había ocurrido, gracias a la lucha popular.

Por si ello no fuese ya lo suficientemente grave, Alvarado y su grupo PLUSC-PAC, pretenden endeudarnos como país por 6 mil millones de dólares más; llevando el endeudamiento público a niveles de impacto económico-negativo indescriptibles

La pretensión de Alvarado-Piza y su grupo de tomar los dineros de los fondos de pensiones para compra de los bonos “basura” (ya casi) de la deuda pública, debe ser bien calibrada por la sociedad trabajadora que corre el riesgo de quedarse sin esas pensiones complementarias. Estoy hay que detenerlo.

La urgencia nacional de una AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA, es más que imprescindible y debe ser un reto para los sectores populares y patrióticos.

La crucial circunstancia de la unión sindical, social, popular y cívica, es más que indiscutible

Las vías para el diálogo social y político, de amplia y real base, con negociación efectiva, se abrirán mediante la movilización popular que supere las anteriores, incluida la de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal

En la ANEP y en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, formulamos un sincero y vehemente llamado en tal sentido: la unidad popular para enfrentar la más reciente ofensiva neoliberal contra el pueblo trabajador.

 

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Coordinador

Colectivo Sindical

PATRIA JUSTA

 

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2019 PERSPECTIVAS

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Algunas perspectivas para este año

Oscar Madrigal, abogado

 

1-. La política económica. Resulta evidente que el llamado ajuste económico continuará por la misma senda neoliberal. La agenda parlamentaria pública es atacar a los trabajadores con las leyes de empleo público y vaciar de contenido el derecho fundamental a la huelga. Son propuestas dirigidas contra el Estado Social cerrando y fusionando instituciones públicas y la apertura energética que pide a gritos la UCAEP y La Nación. Para el grupo que dirige el Ejecutivo no existe otra política económica posible, más que la neoliberal.

2-. El giro social. Algunas gentes progresistas piensan que una vez aprobado el paquete de impuestos, el Gobierno procurará resolver los problemas sociales. Nada avizora eso. Los costos sociales del ajuste los pagarán los sectores medios y pobres, con una reducción a largo plazo de los salarios y de apoyo a los grupos más pobres.

La pobreza aumentará este año.

3-. El PAC como partido no muestra ningún interés en influir sobre el Gobierno y mucho menos enfrentar a los sectores del PUSC que actualmente lo dirige. Ese Partido ha perdido toda iniciativa.

4-. Ante esta realidad política, los fundamentalistas neo pentecostales, ganarán las municipalidades de todos los cantones de Limón, Zona Norte de Alajuela, Puntarenas y Guanacaste, con algunas excepciones. Quedará para el resto de partidos repartirse algunos cantones del Valle Central.

5-. Al movimiento popular, en primer lugar al sindical, solo le queda la movilización, la manifestación y la lucha. El peor error que pueden cometer los sindicatos es desmovilizarse, aunque haya una improbable negociación social.

6-. La situación internacional está caracterizada por un realineamiento de los gobiernos hacia posiciones de derecha, intervencionistas en aquellos países que les resultan adversarios. La política en América Latina de Trump es cada vez más agresiva. Nuestro Gobierno no parece tener las agallas ni la voluntad para mantener una política internacional independiente.

A esto debe unirse que avanzamos hacia una recesión económica mundial que, desde luego, afectará al país.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de elsoldeoccidente.com

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

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Costa Rica es una democracia disfrazada de legalidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

  • Estudio describe el mecanismo por el cual se logra una ‘‘concertación’’ de voluntades entre los tres poderes de la República

Manuel Antonio Solís Avendaño, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR). Solís señaló que su texto es producto de la institucionalidad que representa la Universidad, desde la cual es posible contar con el espacio y soltura de la academia y producir investigación de este tipo, la cual puede ser base para lograr transformaciones necesarias. «Después puede ser difícil», advirtió el académico (foto: Anel Kenjekeeva).

“Todo sistema autocrático empieza por controlar a sus jueces”, señaló el exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez al resumir lo descrito en el libro Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos), del investigador Manuel Antonio Solís, presentado el pasado 8 de agosto de 2018, en la Facultad de Derecho.

El documento de 500 páginas evidencia un sistema por el cual, desde hace décadas en Costa Rica, se logran concertar voluntades, a favor de partidos políticos específicos o de intereses personales concretos, entre los distintos poderes de la República.

El engranaje se revela a partir del estudio de los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por los diputados de la Asamblea Legislativa. Tales designaciones se realizan con procedimientos que cambian de forma constante y que se acomodan a los candidatos de preferencia.

El autor de la investigación, liderada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (IIS-UCR), señaló que los procesos para elegir a los magistrados son “perfectamente legales” e, incluso, calificados de procesos democráticos, pero advierte que también son procesos completamente incomprensibles para la ciudadanía.

¿Por qué se terminó eligiendo a quien no participó del proceso de elección?, ¿por qué el de mayor puntaje no queda electo?, ¿por qué los candidatos hacen lobby político para ser elegidos y qué negocian con los diputados en esos espacios?

Solís explicó que contrario a los procesos de elección popular, como las votaciones que se realizan para decidir quiénes ostentarán el poder ejecutivo y el legislativo (de las cuales todos nos sentimos de alguna manera orgullosos), las designaciones de los magistrados de la República reflejan un caudillismo y opacidad.

Portada del libro: Costa Rica: La democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos) (foto: Anel Kenjekeeva).

Además, el investigador advierte que de esa misma manera se eligen en Costa Rica al defensor o defensora de los habitantes y al contralor o contralora general de la República. Estos casos también quedaron documentados en la publicación.

Información reveladora en el momento preciso

El libro de Solís sale a la luz pública justo en un momento en que hay ocho nombramientos de magistrados pendientes, designaciones que serán resueltas por los actuales miembros de la Asamblea Legislativa. Este es un hecho relevante, señaló el exmagistrado Arroyo, pues quienes sean electos van a aplicar la Ley en Costa Rica, seguramente por los próximos 20 años.

El exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez denunció que el nuevo procedimiento de nombramientos que usará la actual Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa da un 40% del total del proceso selectivo a la entrevista. Arroyo consideró que este era un porcentaje muy amplio de uso subjetivo, el cual se ha utilizado en otras ocasiones para desvalorizar los criterios objetivos de la selección (foto: Anel Kenjekeeva).

En esta oportunidad, la Asamblea realizará las designaciones con, otra vez, un nuevo procedimiento, el cual le ha dado a una entrevista subjetiva el valor de 40%.

Tampoco este nuevo procedimiento cumple con los estándares internacionales que se siguen para proteger la independencia de los tres Poderes de la República.

El estudio, igualmente, logra profundizar en toda la institucionalidad costarricense; en particular, trabaja los límites de la llamada división de poderes y la reivindicación fundamental de la tradición liberal republicana desde el siglo XVIII.

La abogada y politóloga Sara Barrios Rodríguez cometó que la ciudadanía debe enterarse de quiénes son y cómo piensan los que se encargan de la aplicación de la justicia en el país; además, debe controlar y opinar sobre ello (foto: Anel Kenjekeeva).

Tres explicaciones

Manuel Antonio Solís, autor del libro e investigador del IIS-UCR, reconoce que toda esta construcción de vínculos entre los distintos poderes tiene su génesis en la lucha bipartidista entre el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, en los años 80 y 90.

De igual modo, advierte que este mecanismo es hijo de la apertura económica y de la Reforma del Estado que se promovió en los 90, en la cual hubo acuerdos entre las fuerzas del bipartidismo. Al respecto, en la presentación del libro se comentó que los nombramientos realizados en ese momento por la Asamblea Legislativa fueron casi de “uno para ti y otro para mí”.

Audiencia del 8 de agosto de 2018, en el miniauditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, durante la presentación del libro: “Costa Rica: la democracia de las razones débiles (y los pasajes ocultos)” (foto: Anel Kenjekeeva).

La reforma en los 90 al reglamento de nombramientos buscó profesionalizar de alguna manera este proceso y ser una respuesta al claro malestar dentro del Poder Judicial sobre estas designaciones. También, la misma apertura económica del país obligó a cambios solicitados por los organismos internacionales.

Sin embargo, en Costa Rica aún no hay una reforma clara en este sentido. Al respecto, los comentaristas de la investigación, la Dra. Sara Barrios y el exmagistrado Arroyo, aseguraron que solo una profunda transformación de la política dominante puede solventar estas repudiables relaciones entre los poderes de la República.

El llamado es a despertar una ciudadanía vigilante, que desde mucho sectores cuestione a los diputados sobre quiénes serán nuestros magistrados. En momentos de una gran discusión nacional sobre temas polémicos, es necesario saber qué piensa un futuro magistrado sobre el aborto o sobre el matrimonio igualitario. La abogada y politóloga Sara Barrios recordó que ningún sujeto (solo por el hecho de serlo) es objetivo y, ante esa realidad, la ciudadanía debe conocer a quienes le juzgan.

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información

 

Fuente original: https://www.ucr.ac.cr

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

2018 en perspectiva: El debate fiscal y los muertos que siguen vivos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Paulino Vargas Solís (*)

 

Lo fiscal acaparó el debate económico en Costa Rica durante el año 2018. El gobierno, las élites políticas dominantes y los poderes mediáticos y empresariales, se afanaron por imponer un discurso único. No lo lograron, pero sí lograron aprobar una propuesta fiscal que, de tan parcial e insuficiente, resulta sumamente peligrosa.

El interés se centró, de forma prácticamente exclusiva, en la faceta contable, o sea, en las sumas y restas: incrementar ingresos fiscales y reducir gastos a fin de atenuar los faltantes presupuestarios del gobierno. Fueron ignoradas las facetas macroeconómica y social, lo cual hace improbable –o al menos mucho más costoso– resolver la parte estrictamente contable. El resultado es una propuesta fiscal que hace equilibrios en la cuerda floja, sin ningún fundamento firme en el cual apoyarse

Cuando hago referencia a la macroeconomía, hablo básicamente de un crecimiento económico que no tan solo sea suficientemente vigoroso, sino que, en especial, genere muchos empleos de calidad y distribuya ingresos con arreglo a criterios de equidad aceptables. Esto aliviaría la problemática social de la pobreza y la desigualdad, pero asimismo es clave desde el punto de vista fiscal, por sus implicaciones para los ingresos tributarios y la deuda pública, como enseguida lo explicaré.

Ignorar tales asuntos, o prestarles tan solo una atención marginal, tiene muy negativas implicaciones.

Primero, porque los ingresos del gobierno guardan una relación positiva y directa con el crecimiento de la economía y la generación de empleos. Aquellos ingresos se expanden más fuertemente cuando también la economía y el empleo lo hacen.

Segundo, los gastos del gobierno o bien aumentan de forma independiente respecto del crecimiento económico y el empleo, o bien, y a la inversa de lo que ocurre con los ingresos, crecen más cuando la economía crece menos, porque la falta de empleo agrava la pobreza, e incrementa las demandas y necesidades que la política social debe atender. Por lo tanto, cuando la economía crece poco, el crecimiento de los gastos se magnifica, no solo en forma absoluta, sino sobre todo en forma relativa al tamaño mismo de la economía.

O sea: un bajo crecimiento económico con extendidos problemas del empleo, debilita los ingresos fiscales y agranda el efecto derivado de los gastos, agudizando en consecuencia el déficit, el cual impulsa hacia arriba la deuda pública.

Pero nótese que una economía que crece lento frente a una deuda que crece mucho más rápido, conduce inevitablemente a que también se incremente el porcentaje que la deuda representa respecto del valor de la producción nacional (medida por el PIB: Producto Interno Bruto). Y es eso justamente lo que pone en marcha la bomba de la deuda: esta camina hacia su estallido en una crisis conforme su crecimiento como porcentaje del PIB no se frena y, con el tiempo, va alcanzando alturas más y más amenazantes.

Nada de esto fue tenido en cuenta en el “plan fiscal” que se nos impuso. Agréguele las severas insuficiencias inherentes al propio plan, y sus muy negativas consecuencias en el mediano y largo plazo para el Estado social costarricense. Omitiré aquí referirme a este último aspecto, que ya he discutido en otros escritos previos.

El carácter insuficiente del plan es un asunto obvio: teniendo en cuenta tanto la ley aprobada, como las diversas medidas de restricción del gasto que el gobierno ha anunciado, para 2019 tendríamos un déficit de magnitud similar al de 2018 (alrededor del 7% como proporción del PIB). La deuda en consecuencia seguirá creciendo.

Debo reconocer que las calificadoras de riesgo internacionales han examinado esto con una dosis de objetividad por completo ausente en el gobierno y las élites en Costa Rica. De ahí que hayan degradado nuestra calificación. Esto último inevitablemente dificultará y encarecerá el endeudamiento externo al que el gobierno desea recurrir, por magnitud muy significativa (unos $ 7.000 millones, alrededor de 12-13% del PIB). Se buscaba así aprovechar tasas de interés más bajas a nivel internacional, para aliviar un poco los cada vez más hinchados pagos por intereses y lograr un ligero respiro en el manejo del déficit. Tal era simplemente un poco sutil intento –de dudoso éxito– por trasladar el problema a futuros gobiernos. Nada de lo cual parece haber impresionado mayormente a las calificadoras de riesgo.

Lo único cierto es que la grave limitación del “plan fiscal”, combinada con las deprimentes previsiones de crecimiento y generación de empleos que el propio gobierno formula, tan solo garantizan una cosa: que el círculo vicioso “déficit-deuda” continuará su acción corrosiva. La relación o porcentaje “deuda/PIB” seguirá al alza, rumbo al estallido, tarde o temprano, de la crisis.

En principio, esto es solo un asunto matemático. Subyace, sin embargo, una debilidad económica fundamental, sistemáticamente desatendida. Súmele otro factor agravante: el crecimiento económico tan mediocre que oficialmente se nos anuncia, podría sin embargo ser excesivamente optimista, dada las implicaciones recesivas sobre la economía que derivan del mismo plan fiscal, y la ausencia de políticas de reactivación serias. El panorama, por lo tanto, podría ser incluso peor de lo que estoy anticipando.

Cualquier otra conclusión es mero fruto de la fantasía. No hay forma posible que este plan tenga sobre la inversión empresarial privada, el efecto mágico que con tan afiebrada imaginación le atribuye la ministra Rocío Aguilar, ni hay forma realista posible para que se dé la evolución suave, fluida y sin sobresaltos que con tan delirante optimismo, nos ha presentado el Banco Central. Sencillamente no existen los milagros.

Subsiste todavía la pregunta de si se nos estará ocultando información sobre medidas mucho más fuertes que se piensa aplicar posteriormente. Por ejemplo: IVA del 16%, cerrar instituciones, realizar despidos, privatizar empresas públicas. Si ése fuese el camino elegido –solo el gobierno puede decírnoslo– ello, lejos de desactivar la crisis, la profundizará.

En resumen: aquí no hay ningún muerto. El problema fiscal y el riesgo de crisis siguen muy vivos.

 

(*)Director CICDE-UNED, Presidente Movimiento Diversidad.

 

Enviado por el autor.

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