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Sobre el asalto del PLUSC a la seguridad social en Costa Rica (I)

S

Primera Parte.

Rogelio Cedeño Castro

Sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA).

 

I

Fue mi recordado amigo y compañero de mil batallas, don Luis Alberto Jaén Martínez (1925-2011), quien tuvo la virtud de poner en el primer plano de nuestro horizonte sociopolítico la profunda y radical ilegitimidad de los gobernantes de nuestro país, evidenciada a través del cínico, criminal e irresponsable manejo de los fondos de la seguridad social destinados a la medicina curativa y a las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores costarricenses, de una manera tal que, en  cada caso, el régimen imperante actuó durante varias décadas, al margen de la constitución política(artículo 177) y de las disposiciones de la ley constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social(CCSS). Dicho de otra manera, es a partir del análisis de ese manejo fraudulento y delictivo de la seguridad social de Costa Rica, llevado a cabo por don Luis, como puede establecerse, de manera precisa y bien fundada, la ilegitimidad del régimen imperante en este país, al negarse sus jerarcas o agentes más visibles a garantizar siquiera la protección a la vida y a la salud de la mayor parte de la ciudadanía. No se trata de simples problemas técnicos, de fácil o difícil solución, sino de las actuaciones delictivas de una clase gobernante que se olvidó hace mucho rato de servir a la población, para pasar a servirse con cuchara grande, con los recursos aportados por los costarricenses. Tampoco se trata de problemitas de gobernabilidad, como acostumbra a hablarse en el lenguaje propio de una ciencia política light y de unos políticos, por lo general incultos y mediocres, aquí de lo que se trata es de problemas de legitimación que no pueden seguir siendo tomados a la ligera. La gran paradoja de hoy, en medio de esta campaña electoral, previa a las elecciones para escoger al nuevo Presidente de la República y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, es que mientras hasta hace poco solo la voz (solitaria) de Luis Alberto Jaén y de otros ciudadanos pugnaba por abrirse paso, para plantear los graves hechos que estaban ocurriendo con la Caja del Seguro Social, hoy casi todos los candidatos a la presidencia hablan de buscarle una solución al tema del seguro social en Costa Rica, sin darse cuenta que no es un problema sólo de la seguridad social sino de la imposibilidad del régimen, dada su naturaleza rapaz y  depredadora, de darle una solución justa y adecuada al conjunto de problemas que afectan a nuestra sociedad en este cambio de siglo.

 

II

Dentro de lo que fue una estrategia de largo plazo, difícilmente percibida por la  gran mayoría de la población, la que dio inicio en la segunda mitad de la década de los 1980, durante la primera administración de Óscar Arias Sánchez, fue que se produjo el saqueo sistemático de los fondos de la seguridad social y la toma de un conjunto de medidas, entre ellas los fraudes en la compra de equipos médicos, como sucedió en los casos de los préstamos español y finlandés, la negativa en otros casos a comprar equipos médicos y la contratación de servicios privados que conducirían, tarde o temprano, a la privatización de los servicios de salud en este pequeño país centroamericano, con graves consecuencias para la gran mayoría de sus habitantes. Las denuncias constantes de don Luis Alberto Jaén, a lo largo de muchos años, fueron respondidas con el más ominoso de los silencios que se pueda imaginar, en especial por parte de los integrantes de los distintos poderes del estado, los medios de comunicación y muchas instancias de la sociedad civil.

En su libro EL GRAN ASALTO DEL PLUSC AL SEGURO SOCIAL (San José Costa Rica 2011), un texto testimonial y esclarecedor elaborado a partir de sus experiencias de lucha, a lo largo de más de una década, que vino elaborando como el fruto maduro de su persistente, insobornable e incansable voluntad de combatir hasta la muerte a quienes procuran dejar en el mayor de los desamparos, a la mayor parte de nuestros compatriotas, don Luis Alberto Jaén, utiliza un lenguaje directo, fuerte y bastante alejado del que  acostumbran a emplear los cortesanos del régimen imperante, bautizado hace unos pocos años por el propio Óscar Arias Sánchez como una dictadura en democracia. De esta manera don Luis nos indica que: ”Este libro es el producto de un cuidadoso estudio y la comprobación de la existencia de UNA DOBLE REALIDAD DANTESCA, en relación con el funcionamiento y la aplicación de los seguros sociales en nuestro país, primero por la autoría y complicidad de todos los poderes del Estado en su ejecución y tolerancia, incluyendo en ellos al Tribunal Supremo de Elecciones, La prensa en todas sus formas y la Academia y segundo, por la indiferencia, el conformismo y cierta forma de complicidad de las organizaciones de la sociedad”(Jaén,2011,contraportada del libro).

 

III

Entre las conclusiones más importantes que pueden extraerse del texto de este libro, están dos que constituyen todo un apartado que debería conducir hacia la reflexión y el estudio sistemático de estos temas de vital importancia para todos los habitantes del país: En primer lugar, la forma en que fue creado el Seguro Social en Costa Rica, a partir del 31 de octubre de 1941, durante la administración del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, poniendo a Costa Rica a la vanguardia en esa materia social tan importante diez años antes que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tomara decisiones similares en esa materia, a partir de 1952, dentro del Convenio 102, Relativo a la norma mínima de Seguridad Social. Es decir, que las administraciones de  los  presidentes Calderón y Picado tuvieron en mente la necesidad de  otorgarle recursos suficientes a esa naciente institucionalidad, habiéndolo hecho  en términos tales que  la dotaban de rentas y tributos que le dieran sustento a los regímenes de enfermedad y de invalidez, vejez y muerte (referido a las pensiones y jubilaciones), una previsión que por desgracia no fue respetada por muchos de los gobiernos posteriores, dando inicio a la malversación y el saqueo de esos recursos. Sólo por esas sabias y solidarias decisiones políticas ambos gobernantes merecen y continuarán mereciendo un lugar de respeto en la memoria de los costarricenses. Una vez creada la Caja, se dispuso al mismo tiempo el establecimiento de una cotización básica tripartita, destinada al financiamiento inicial de ambos regímenes, así en el reglamento aparecido en el diario La Gaceta del 7 de enero de 1942 se estableció que los patronos aportaban el 5.5%, el asegurado el 3.5% y el estado el 3.0%, lo que fue mejorado en 1947, durante la administración de Teodoro Picado al definir que tanto los patronos como los trabajadores  y el estado aportarían cada uno el 2.5%, dentro de la misma forma de cotización tripartita.

En segundo lugar, Luis Alberto Jaén hace notar que la destrucción de la institucionalidad de seguridad social en Costa Rica no empezó en la era neoliberal sino que se remonta al año de 1971,  todavía en los tiempos del estado benefactor y las políticas keynesianas, poco antes de que la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS) tuviera que abocarse a la universalización de los seguros sociales establecida en su Ley Constitutiva y que se produjo, a partir de 1975, cuando la institución debió asumir la totalidad de los hospitales, entre ellos algunos de los más importantes que hasta entonces eran administrados por la Junta de Protección Social de San José, entre ellos el Hospital San Juan de Dios. Fue así como durante la tercera administración de José Figueres Ferrer (1970-1974) la Junta Directiva de la Caja acordó rebajar los aportes del estado a una suma si se quiere insignificante, sobre todo teniendo en cuenta las crecientes responsabilidades que la Caja del Seguro Social habría de asumir durante esa década. En el capítulo 3 de este volumen que don Luis Alberto titula DE LA VANGUARDIA SOCIAL A LA VANGUARDIA CRIMINAL, el autor afirma lo siguiente: “Es casi seguro que el PLUSC (la fusión encubierta entre el Partido Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana) se vino incubando desde mucho tiempo atrás, pero podría ser que el momento en que se rompió la cáscara y emergió como ave de rapiña feroz, fuera en el año 1971, última administración de José Figures Ferrer, y con motivo del nuevo reglamento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja, promulgado por la Junta Directiva de la Institución, de la que notoriamente formaban parte el yerno de Figueres, Danilo Jiménez y el hijo del caudillo Calderón Guardia, el joven Rafael Ángel Calderón Fournier…En este nuevo reglamento, la cuota del Estado como tal, que venía siendo de 2.5% desde hacía 24 años, fue rebajada a solamente 0.25 por ciento sobre todos los salarios (ibid. p.p.18-19). Apenas un año después de la muerte de su padre, ocurrida en junio de 1970, Calderón Fournier junto con Danilo Jiménez Veiga,  calderonista  de los años cuarenta y  funcionario de la OIT, durante más de dos décadas, le daban ese golpe a la seguridad social del país, contrariando lo establecido por la constitución y la leyes de la república, de tal manera que la cuota estatal quedó reducida a un décimo de lo que había venido pagando (ibid. p19). Razón tenía don Luis Alberto Jaén al afirmar que el PLUSC estaba naciendo allí, dentro de lo que una estrecha alianza, de larga duración, entre los partidos Liberación Nacional y la Unificación Nacional, que a partir de 1982 pasó a ser la Unidad Social Cristiana, para ir socavando juntos las bases del Estado de Bienestar Social, aun antes del inicio de la era de los reaganomics estadounidenses y las despiadadas políticas neoliberales-neoconservadoras de la Dama de Hierro, allá en el Reino Unido.

 

Información enviada a SURCOS por “el autor.

Ahorro

Dr. Eliseo Valverde Monge

 

Cuando yo tenía cinco años, papá me dijo: “te voy a regalar un colón” y puso una cajita en mi mano llena de moneditas de cinco céntimos. ¡Qué felicidad! Luego preguntó: y ahora, qué harás con tanto dinero, yo contesté que compraría melcochas de menta. Entonces, me aconsejó comprar una por día y que guardara lo que iba sobrando, así tendría para muchas melcochas más. Al finalizar la escuela primaria a los doce años, conseguí trabajo y ganaba 25 colones por semana. El primer pago lo lleve a papá quien preguntó: “¿qué vas a hacer con tanto?”, contesté que compraría una bicicleta. Sí, dijo, me parece bien, pero te aconsejo una libreta de ahorros con el banco donde guardarás una parte de los pagos semanales hasta completar el valor de ella. Así lo hice. Al finalizar diciembre, me regalé la bicicleta. Aprendí que ahorrar es importante. Ahora mi consejo es que si uno gana cinco colones, debe gastar cuatro y ahorrar uno, no gastar seis, pues es esta y no otra, la única forma de vivir con los propios medios sin solicitar dinero prestado, como viven muchas personas y, hasta el Gobierno que no se queda atrás. Para endeudarse, lo único que vale la pena es para comprar casa propia, claro, siempre respetando el alcance de sus ingresos. Si las personas aceptaran los buenos consejos, seguiríamos toda la vida siendo felices y hasta el Gobierno podría dejar de hacer tortas. Endeudarse mientras la fiesta sigue al paso de cumbia, la verdad, es una tontería que está pasando la factura. Hay quienes quieren vivir al día irresponsablemente, sin siquiera tener un nicho adonde enterrarse, pero sí, todos con carro y detrás de las “bandas roqueras” que vienen al país a hacer escándalos y a llevarse los ahorros.

La juventud, incluyendo algunos viejos, se pasa días y horas a la intemperie esperando ver a estos conjuntos de latas y trompetas. Luego, drogados, embrutecen hasta caer enfermos en los hospitales. Los padres también son responsables por ser permisivos y no ser más estrictos con los hijos a quienes también les permiten los bacanales de guaro y drogas en las fiestas del colegio. El país está colapsando entre los malos gobiernos, el desorden y la desorganización social. Con la irresponsabilidad fiscal y nosotros con el enorme despilfarro, terminaremos todos pagando los platos rotos. Todo lo que está sucediendo en el país es preocupante. La brecha social se cerrará cada vez más y no habrá dinero en el futuro ni para construir infraestructura que tanto necesitamos, con carreteras destrozadas, puentes en mal estado, escuelas y colegios deteriorados, cárceles hacinadas, etc. ¿A cuánto ascenderán las deudas netas del Gobierno y del sector público en este país?, estoy seguro que por ahora, no se sabe ni cuánto significa en el PIB. Se nos está acabando el dinero, no sabemos cómo lo perdemos, porque lo estamos tirando sin saber en qué se gasta. El país organizado, pujante que heredamos, ha comenzado a desvanecerse. Sin buenos consejos y con malos ejemplos, en medio de tanta apatía, nos iremos en el despeñadero junto con los irresponsables que aún siguen aplaudiendo y alabando a los Gobiernos desastrosos de los últimos años. Les pregunto: ¿dónde están los beneficios y la justificación de la deuda de los últimos años? Probablemente vamos a tener que ir a buscarlos. Por ahora, el dinero al mejor estilo de “fuman-chú”, se ha ido sin saber por dónde…

 

Enviado a SURCOS por el autor. 

¿Qué hay detrás de la demanda de la Reserva Indígena Kekoldi?

Cristina Zeledón L.

 

La reserva indígena Bribri-Cocles fue creada por Decreto Ejecutivo Nº 7267 en 1977.  Posteriormente en 1985 por Decreto Nº 16568 se estableció como reserva independiente el área correspondiente al sector ubicado en Cocles.

Sin embargo la delimitación de esta área no fue la más apropiada ya que los responsables de llevar a cabo esa tarea  establecieron los límites desde un avión, lo que no les permitió darse cuenta que  muchas familias afro-descendiente se habían establecido en esa franja desde principios del siglo XX y en cambio, como está demostrado, los indígenas nunca habitaron la zona costera.

Evidentemente este error ocasionó durante muchos años serios problemas a los habitantes originales y altos costos al Estado,  hasta que en  1992 se logró un arreglo amistoso entre las partes, el cual consistió en excluir de la zona problemática los terrenos que ya tenían dueño, compensando con un área similar a los indígenas en los terrenos boscosos al oeste  y al sur de la Reserva.

En esa oportunidad y conforme al artículo de la Ley Indígena  Nº7316, se consultó a la Comunidad local, la cual manifestó su acuerdo al proyecto de reforma de límites.

Acuerdo que se concreta formalmente en el decreto Nº 25296, con fecha del 24 de junio de 1996  que establece esta modificación, así como atendiendo la solicitud de los indígenas, se modifica el nombre de Reserva Cocles por  Reserva Kekoldi.

Sin embargo y a pesar de que lo que en ese momento fue un arreglo inteligente, amistoso y justo, hace algunos meses se inició un proceso que  actualmente se está discutiendo en los Tribunales de Justicia.

La demanda que pretenden los interesados  consiste en   anular los efectos de ese arreglo de 1996, acusando al Estado de usurpar tierras que supuestamente les pertenecen a los indígenas,  argumentando  entre otras cosas, que es la forma de asegurarles acceso al mar, pese a que éste es un derecho de todas las personas independientemente de donde vivan.

Una pretensión además muy temeraria, ya que la misma acarrearía grandísimos costos al Estado, es decir a todos nosotros, por   indemnizaciones a los actuales ocupantes de esos terrenos,  sin que por otra parte les represente  a los indígenas mayores beneficios, ya  que como se señaló, el decreto de 1996, contemplaba mantener la misma área original y además, por la Ley Indígena, están inhibidos de negociar con esas tierras.

Pero esa amenaza a los pobladores de la zona costera de Puerto Viejo es parte de un gran complot donde se mueven intereses muy sospechosos.

¿A qué me refiero?

Hace más o menos 2 años la Contraloría General de la República emitió un pronunciamiento alegando que por carecer las “zonas protegidas” de una legislación específica, éstas estaban sometidas a la ley de Parques Nacionales. Esto   supone que todas las personas que viven en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, están ilegalmente ocupando esos terrenos.  En base a eso la CGR ordena al MINAE    declarar nulo cualquier derecho adquirido y por lo tanto  proceder al desalojo  de los ocupantes.

Además y también  por orden de la CGR, la Municipalidad de Talamanca está procediendo a citar a juicio a algunos pobladores (21 por el momento) que supuestamente están en condición de precaristas, en Puerto Viejo y Manzanillo, ocupando terrenos del Patrimonio Natural del Estado (50 m. inalienables y 200 m. de ZMT), sin tomar en consideración –y procurar una alternativa adecuada- que fueron precisamente los abuelos de esas familias con sus propias manos y cáscaras de coco y troncos de madera, quienes convirtieron en tierra firme lo que eran suampos plagados de lagartos

Es evidente que si se expulsa a los actuales habitantes de la Reserva, se cancelan los derechos de los ocupantes del Refugio y se destruyen las edificaciones en Puerto Viejo y Manzanillo,  no es precisamente para favorecer a los indígenas.  Tampoco  se trata de proteger un ambiente que actualmente está muy bien cuidado por sus habitantes.  Entonces ¿qué hay detrás de estas amenazas)

  • ¿Será que  esta zona se quiere destinar a un mega-proyecto turístico tipo Papagayo?
  • ¿Será que los chinos que adquirieron el derecho a modernizar RECOPE y ampliar la ruta 32, tendrán en mente revivir la exploración y explotación petrolera evitando el enfrentamiento con los pobladores que hasta el momento se han opuesto exitosamente a dicha actividad?
  • ¿Serán los interesados en construir una enorme marina?
  • ¿Serán las empresas farmacéuticas de apoderarse de la zona con mayor diversidad biológica del país?
  • ¿Serán los interesados en la explotación minera?
  • ¿Serán los tentáculos del Plan Puebla Panamá?

 

Enviado a SURCOS por la autora. 

La APM Terminals en Moín y lo socio-económico

Prohibido pescar camarón

*Freddy Pacheco León.

 

Mientras por un lado, los jerarcas del Instituto Costarricense de Turismo y Japdeva muestran regocijo público ante la nueva temporada de llegada de cruceros a puerto Limón, que presagia un aumento sustancial y por, ende, mayores beneficios para sus habitantes, el mismo señor gerente del ICT expresa cierta indignación por la OMISIÓN que presenta EL PROYECTO de construir la “Nueva Terminal de Contenedores” de Moín, conocida como APM Terminals Moín, S. A.

Según criterio del señor gerente general del ICT, don Juan Carlos Borbón Marks (folios 489-490 del expediente Nº 17968-2012-Setena) es preocupante que en el sector en que se construiría dicho proyecto, “han operado históricamente empresas turísticas locales que hacen uso del espacio desde el puerto fluvial Moín”. Y llama la atención, específicamente, en relación con el planteado “DESVÍO del Río Moín” que afectará “el destino turístico Tortuguero”, con (dice textualmente) “una serie de atractivos turísticos que motivan el desplazamiento de movimiento estacional de visitantes cruceristas – turistas nacionales e internacionales”.

Y para que no haya duda del impacto negativo que tendría ese supuesto “desvío del río Moín”, solicita “que el análisis de la variable turística para el Estudio de Impacto Ambiental –EsIA- considere la existencia de varios pequeños atracaderos, muelles o similares a partir de donde inician los tours por los canales que dependen del nivel navegable del río y su paisaje aledaño”.

Pero no solo el ICT está preocupado por los aspectos socio-económicos de este proyecto. El director de urbanismo del INVU, don Leonel Rosales Maroto, también comunica a la Setena un criterio de su instituto que difícilmente se puede obviar. Dice el señor director que otra opción planteada por el proyectista es la de no desviar el río Moín, sino más bien utilizarlo para DEPOSITAR EN ÉL los efluentes de la planta de tratamiento y las aguas pluviales, pero eso sí, proponiendo dragar los “sedimentos que deposite el río sobre el área del proyecto”, con el agravante de que NO se presenten propuestas de acciones “para evitar la erosión de la cuenca y la eutroficación de las aguas que estarían mayormente estancadas en el estero de la boca…”.

E igualmente atendible, en la misma nota del INVU se destaca que el Índice de Fragilidad Ambiental –IFA- señala que la terminal de contenedores “se realizará en dos áreas ambientalmente frágiles: la zona marítimo terrestre y el mar abierto”, por lo que es fundamental “que la acumulación de cambios de usos de suelo provocados por la operación de la Terminal sean previstos por una READECUACIÓN de lo planteado por el PLAN REGULADOR de Limón”. Ello en vista de que dicho proyecto “obvia cualquier regulación urbana existente”, pese a que el área de influencia directa, según los aspectos socioeconómicos, “comprende la totalidad del distrito de Limón, incluyendo la CIUDAD de Limón y los barrios periféricos”, vislumbrándose los IMPACTOS DIRECTOS “que incluyen la contaminación por el ruido de motores, la iluminación no deseada, contaminación del aire por hidrocarburos volátiles y desechos de aceites, y similares”.

En sus observaciones finales, el INVU llama la atención en cuanto a la NECESIDAD, todavía no satisfecha, de modificar el Plan Regulador de Limón, ya que se estima necesario considerar “EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO” sobre la ciudad de Limón, para lo cual se “requiere tomar previsiones urbanas en la zona marítimo terrestre afectada, prever los cambios de la zona portuaria y la inclusión de nuevos desarrollos económicos…”.  Por ejemplo, que pudieren sustituir los beneficios derivados de la llegada de cruceros turísticos (agregamos) que en estos días los entes gubernamentales destacan como de vital importancia para Limón.

Para terminar, he aquí algunos aspectos de este proyecto de casi US$1.000 MILLONES, que, cabe aclarar, YA CUENTA con la aprobación y aval contralor de un contrato de concesión, ¡PREVIO a la aprobación de una eventual viabilidad ambiental de parte de la Setena! Contrato que por cierto, incluye la opción de DESVIAR el río Moín, que es parte de uno de los 10 humedales costarricenses (humedal Cariari) con protección del Convenio internacional sobre Humedales RAMSAR, según decreto ejecutivo Nº 23253-Mirenem, emitido al final de la administración Calderón Fournier.

Pues bien, dicho proyecto contempla un área de relleno en el mar de 78,6 hectáreas (un poco MÁS GRANDE que La Sabana metropolitana) con rompeolas de siete metros sobre el nivel del mar y donde será necesario hacer un gigantesco trabajo de minería, como lo es dragar varios miles de millones de toneladas de sedimentos, que se lanzarían al mar donde las corrientes llevan un sentido hacia el sur.

Es, por tanto, un proyecto que por su magnitud demanda especial cuidado, por lo cual aplaudimos la decisión de la Setena de acordar que se discuta y dialogue sobre él en una audiencia pública que, aclaramos, no solo es de importancia local sino NACIONAL, en vista de sus repercusiones.

*Especialista en Estudios de Impacto Ambiental

 

Enviado a SURCOS por el autor. 

Muerte a la corrupción

Luis Alberto Salas Sarkís

 

Solo así se puede derrotar este flagelo. No hay otra forma. No se puede acudir al Poder Judicial a denunciarla, porque casi toda la fiscalía no es menos honesta que el peor de los corruptos, los Magistrados de la Corte Plena están contaminados por esta pudrición casi en su totalidad y muchos de ellos le pertenecen en cuerpo y alma a los poderes Ejecutivo y Legislativo. La Defensoría de los Habitantes desestima lo que afecte a los partidos políticos, especialmente los que ostentan el poder, porque también son parte de todo ese aparato corrupto que está destruyendo nuestra Patria. La Contraloría, Procuraduría y demás órganos de fiscalización del Estado, también son parte de este desastre por su silencio inmoral ante la corrupción. Todos son responsables, cómplices, encubridores y le dan un nuevo significado a la palabra hipocresía. ¿Con qué cara el Tribunal Supremo de Elecciones llama a votar en febrero del 2014 después de los fraudes electorales que han permitido descaradamente, empezando por el referéndum del TLC? Los políticos, diputados, alcaldes, ministros, presidentes ejecutivos y demás jerarquías del estado cometen actos de corrupción o callan sobre los que cometen sus compañeros de partido o clase política y quién denuncia o hace algo contra ellos?

Los que se atreven a denunciar la corrupción son perseguidos, sancionados y acabados visiblemente por el Sistema político corrupto montado desde hace décadas. Este sistema tiene secuestrado a los medios de comunicación y a los pocos funcionarios honestos de los poderes del Estado, quienes ante el temor de perder sus trabajos, prefieren cerrar sus ojos y ser parte de esta descomposición social.

¿Cómo no estar harto de tanta malversación y robo, si lo que se llevan se tiene que contar en miles de millones de colones? ¿Cómo no pensar en desaparecer de raíz la corrupción radicalmente si no tenemos a dónde acudir legalmente para acabar con ella? ¿Quiénes se creen esos corruptos robándose nuestro dinero amparados en la impunidad que les da el Poder Judicial?

Niños y ancianos se mueren de hambre mientras los corruptos se llevan el dinero que les pudo haber dado un pedazo de pan. Niños inocentes están muriendo en los pasillos de los hospitales porque los corruptos se roban el dinero de la Seguridad Social. Y Todavía quieren que cerremos los ojos y no hagamos nada contra tanta depravación. Los corruptos llaman “cínicos” a los que los denuncian y el poder judicial hace listas de los denunciantes para que los persigan y utilizan la justicia para callarlos y borrarlos del sistema. La Patria se cae a pedazos mientras los políticos corruptos la saquean sin escrúpulos y ni la más mínima decencia.

Entones ¿cómo no decir “muerte a la corrupción” si esta perversión está asesinando a nuestros niños inocentes? Los está matando de hambre y sin atención médica. ¿Cómo dejar que esto siga sucediendo sin cumplir con nuestro deber de luchar contra la injusticia?

¡MUERTE A LA CORRUPCIÓN!

 

Enviado a SURCOS por el autor. 

Las lecciones del 8-N

José Solano

 

El 8 de noviembre de 2012 marcó un retroceso en la mal llamada “democracia costarricense”. Lo ocurrido aquel jueves fue como regresar a los represivos años del Combo del ICE, por citar el fenómeno más reciente en la memoria del movimiento social. Aquel 8 de noviembre la barbarie se hizo presente para atacar a mansalva a familias del sector occidental del Valle Central, que vinieron a San José, al edificio de la Caja, a protestar por mejores condiciones para sus clínicas y EBAIS.

Lo sucedido aquel 8 de noviembre de 2012 es el inicio de las profecías advenedizas sobre el rompimiento de la afamada paz costarricense. La seguridad social es ese finísimo hilo que teje el contrato que el poder impuso hace ya muchas décadas. La Caja Costarricense del Seguro Social es la diferencia entre la estabilidad política y la no deseada confrontación del sector pudiente de este país contra los mares de ciudadanos que verían perdido su acceso a la salud.

El 8 de noviembre de 2012 es la alerta amarilla sobre lo que se avecina. El interés de las corporaciones médicas privadas avanza como marea incontenible sobre las costas de amas de casa, de trabajadores, de niños y ancianos que dependen de este sistema de salud que, poco a poco, se desmorona conforme el agua lo inunda. Es la cobardía neoliberal la que se empecina en contra de los más débiles, a punta de garrote, a punta de detenciones ilegítimas e ilegales, a punta de filas en los hospitales, de citas dentro de dos años y deudas incontables del sector acaudalado de este país.

El 8 de noviembre de 2012 dejó una profunda enseñanza. El movimiento social debe encumbrarse a los más altos niveles de lucha para defender la Seguridad Social. Las migajas de esta serán devoradas por las mismas aves de rapiña que ya se carcomen la institución. Nada, absolutamente nada quedará sobre piedra mientras la sociedad se cruza de brazos, contemplando, por no decir jeteando embrutecida, los partidos de futbol, el reggaetón de Otto o la falacia de la democracia electoral.

El 8 de noviembre de 2012 le está diciendo al movimiento social que el país peligra, que la salud se desborda como cántaros hacia las cloacas de la corrupción y el saqueo multimillonario. El 8 de noviembre es el grito de aquellos que luchan silenciados y que piden el acercamiento de partidos, de sindicatos, de organizaciones, de profesionales e intelectuales, de estudiantes.

El 8 de noviembre de 2012 es la consecuencia del pasivismo, del miedo al comunismo y al anarquismo, de la huelga de tres a cinco. Esta fecha ya perfora las entrañas del movimiento social, que no se prepara, que sigue apaciguado como rebaño en las montañas. Lo que se viene está presente como una visión necesaria para la sociedad civil, la que espera las fiestas de fin de año y el bonito regalo navideño.

Frente a este futuro incierto, ¿cómo prepararnos? La tarea que se muestra en el futuro cercano es monumental, pero jamás imposible. Los puntos fundamentales por trabajar son: la seguridad a lo interno del movimiento mediante brigadas que se articulen estratégicamente a lo largo de las jornadas de lucha, la continuidad del proceso de resistencia, la consolidación de las victorias y la motivación constante tras ellas, el análisis de los fracasos, la concertación de métodos sin excluir los escenarios posibles, la inclusión de todas las posiciones y todas las agendas, la comunicación por los medios alternativos y populares, la coordinación regional y sectorial de lucha.

El 8 de noviembre de 2012 no se olvida, es el inicio de la confrontación social en defensa de la Caja. El neoliberalismo está entrando en su fase de desesperación depredadora, es el capitalismo en su máxima expresión. La represión violenta de aquel fatídico día es el principio del miedo que estremece al poder opresor, apátrida y servil del capital privado nacional y transnacional. Es la hora de salir a la calle, he ahí el único lugar para defender lo poco que le queda a este país que se sirve entre la miseria y la opulencia, entre la violencia de Estado y la manipulación mediática. Es hora de despertar.

 

Enviado a SURCOS por el autor.