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Etiqueta: Estado de la Nación

¿Qué ha pasado con los bienes naturales? Principales hallazgos del Informe Estado de la Nación 2024

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

A partir de la publicación del Informe Estado de la Nación 2024, compartimos los principales hallazgos del capítulo 4 de Armonía con la Naturaleza. ¿Qué tendencias podemos encontrar? ¿Qué desafíos representa el contexto actual?

El informe nos presenta un escenario de mayor cercamiento a los bienes naturales, el dato más destacado lo podemos ver en la reducción de la cobertura arbórea del país, dónde sólo en el 2023 se redujo un 82% de la cobertura en bosque natural.

También, el escenario de agotamiento de agua, dónde los escenarios de estrés y déficit hídrico empiezan a ser la norma. Además, destaca la reducción del área de cultivo de granos básicos, lo cual repercute de forma directa sobre la soberanía alimentaria del país, pero también, en el deterioro de las condiciones de las personas campesinas, agricultoras y trabajadoras del campo.

Esperamos que esta infografía motive la lectura del informe y el debate público de estos temas que atraviesan nuestra sociedad.

Privatización del sistema eléctrico nacional sería un error en materia de cambio climático

Comunicado de FECON

  • Organizaciones y expertos en cambio climático ven con preocupación avance en la Asamblea Legislativa del proyecto n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”. Representantes de organizaciones ambientales de todo el país se dan cita para debatir en torno a las oportunidades y desafíos que tiene el país en materia de cambio climático y de transición justa. El Programa Estado de la Nación y la Federación Ecologista han organizado un evento este 15 de octubre, con el fin de analizar en conjunto el camino que debe de seguir Costa Rica en materia de energía y cambio climático para lograr una transición justa hacia modelos energéticos más sostenibles.

Una serie de expertos y representantes de comunidades dan contenido al encuentro denominado “Diálogo multisectorial: transición energía justa en Costa Rica”.

Entre los obstáculos y preocupaciones más importantes para logar la justicia energética y la transición justa se encuentra el proyecto de ley n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” impulsado por el Ejecutivo. Osvaldo Durán integrante de la FECON señaló que: “vemos con entera preocupación el curso del proyecto en la Asamblea legislativa y el adverso contexto nacional en favor de la privatización del servicio público de electricidad y el desmantelamiento del ICE. Dialogamos sobre la alianza entre los sindicatos del ICE, diputados y diputadas del Frente Amplio y nuestras organizaciones sociales, con la urgencia de reforzar la organización, movilización y capacidad de propuesta política y técnica para la defensa de la electricidad pública, los ríos y los ecosistemas, ante las propuestas de privatización y desnacionalización.”

El proyecto de ley n°23414 propone debilitar la institucionalidad pública en la administración de la energía eléctrica a nivel nacional, dando paso a un nuevo proceso de privatización, donde empresas privadas, que ya participan de la generación de electricidad, tengan más poder y control sobre la energía de este país. Lo cual hace que el sistema eléctrico pase de ser uno basado en los principios de solidaridad, universalidad y de funcionamiento al costo, para pasar a ser un sistema basado en la especulación, el mercado, el lucro. La energía en Costa Rica dejaría de ser un bien del que goza la gran mayoría de la población, a ser un recurso acaparado por unos cuantos. «A nivel global, la mayoría de los países entienden el tema energético con una cuestión de seguridad nacional, y de un tiempo para acá, un tema de seguridad climática. Es claro que los sistemas públicos de producción y distribución de electricidad públicos son más eficientes y resilientes ante los embates del cambio climático. Sacarlo de la esfera pública es impensable en otras geografías, pero en Costa Rica esta propuesta está movida por el afán de enriquecimiento a costa de la seguridad energética nacional.

Enlace al panel.

Requerimientos para avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación educativa robusto y de calidad

El 5 de septiembre, el Estado de la Nación organizó el tercer foro de su serie, titulado “Requerimientos para avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación educativo robusto y de calidad”. Este espacio, que contó con la participación de personas expertas del ámbito educativo y social, tuvo como objetivo central promover diálogos informados sobre la creación de un sistema de evaluación educativa que permita mejorar la calidad de la educación en Costa Rica. La apertura del foro estuvo a cargo de Isabel Román Vega, Coordinadora del Informe Estado de la Educación, quien enfatizó la relevancia de estos encuentros para impulsar mejoras concretas en el sistema educativo.

Este foro forma parte de una serie que inició en abril de este año, con un primer encuentro centrado en el análisis del estado de la macroevaluación en Costa Rica, basado en el más reciente Informe del Estado de la Educación. Posteriormente, en junio, se realizó un segundo foro que abordó buenas prácticas y lecciones aprendidas a nivel nacional e internacional en materia de evaluación educativa. La continuidad de estos eventos subraya la importancia de mantener un diálogo constante y bien informado entre los actores involucrados.

El evento se dividió en tres partes bien estructuradas:

Parte 1: Presentaciones Iniciales

La primera parte del foro estuvo dedicada a dos presentaciones clave. En la primera, se recordó a los asistentes los principales hallazgos sobre el estado de la macroevaluación en Costa Rica, destacando la necesidad de un sistema de evaluación que no solo mida aprendizajes, sino que utilice los resultados para mejorar la educación. Isabel Román señaló cuatro mensajes cruciales del informe, entre ellos, la falta de un sistema de macroevaluación efectivo y el retroceso significativo en los instrumentos de medición durante la última década, lo que ha deteriorado los aprendizajes de los estudiantes. Además, subrayó que Costa Rica aún está lejos de adoptar las mejores prácticas internacionales en evaluación educativa, lo que limita el uso eficiente de recursos y la toma de decisiones informadas en política educativa.

En la segunda presentación, Marvin Carvajal, abogado constitucionalista, abordó las posibilidades legales para la creación de un ente evaluador autónomo en Costa Rica. Carvajal expuso que la ley ofrece dos opciones: la creación de un ente descentralizado o una desconcentración administrativa dentro de una entidad pública existente. Sin embargo, su objetivo no fue dictar una conclusión, sino abrir el debate sobre cuál debería ser la naturaleza jurídica de este órgano, destacando la importancia de que cuente con la máxima independencia y robustez técnica para cumplir sus funciones.

Parte 2: Conversatorio

La segunda parte del foro consistió en un conversatorio moderado por Jorge Vargas Cuyel, Director del Estado de la Nación. En este panel participaron figuras clave como la diputada Kattia Rivera, Andrés Fernández del Consejo para la Competitividad, Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), y Yolanda Rojas, exdecana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y miembro del Consejo Superior de Educación durante ocho años. Aunque también se había invitado a Álvaro Artavia, Director de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación, su ausencia fue notoria debido a compromisos de agenda.

El conversatorio se centró en la creación de una agencia nacional de evaluación educativa y los pasos necesarios para lograr un sistema de macroevaluación de alta calidad en el país. Doña Yolanda Rojas propuso la creación de un órgano dependiente del Consejo Superior de Educación, mientras que Gilda Montero destacó la necesidad de una agencia de evaluación externa, independiente del Ministerio de Educación y con autonomía presupuestaria. Andrés Fernández coincidió en que es fundamental trascender la estructura actual y crear un ente evaluador con mayor independencia.

Los panelistas también discutieron el papel que debería desempeñar el Ministerio de Educación en este nuevo escenario. Yolanda Rojas señaló que el Ministerio debe continuar evaluando su propia gestión, pero que un ente evaluador nacional independiente debería encargarse de las macroevaluaciones. Gilda Montero resaltó la importancia de que el sistema de evaluación incorpore tanto la microevaluación realizada en las aulas como la macroevaluación a nivel nacional, subrayando que ambos procesos están interrelacionados y deben reforzarse mutuamente.

Otro tema relevante que se abordó fue la falta de comunicación efectiva de los resultados de las evaluaciones a los centros educativos, lo que, según los panelistas, limita el impacto positivo que estas evaluaciones podrían tener en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje.

Parte 3: Espacio de Preguntas

En la tercera y última parte del foro, se abrió un espacio de preguntas del público, donde se plantearon cuestiones como la relación entre el sistema de evaluación y la certificación de estudiantes, y la necesidad de mejorar la manera en que se comunica y difunden los resultados de la macroevaluación. Gilda Montero, por ejemplo, criticó que actualmente en el sistema educativo costarricense, la única prueba que realmente certifica a los estudiantes es la del bachillerato, a pesar de que han acumulado evaluaciones a lo largo de más de una década de estudio.

También se discutieron posibles reformas al Consejo Superior de Educación, con Kattia Rivera expresando su optimismo sobre un proyecto de ley que ya ha avanzado en la Comisión Especial de Educación. Asimismo, los panelistas compartieron sus propuestas sobre las medidas que consideraban más urgentes para mejorar el sistema de evaluación en Costa Rica de cara al 2026.

El foro concluyó con una reflexión sobre la importancia de continuar trabajando en la creación de un sistema de evaluación educativa que no solo sea robusto y de calidad, sino que también sea capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes del país y garantizar una educación equitativa para todos los estudiantes.

Este foro ofrece una mirada profunda y detallada sobre los desafíos y oportunidades en la creación de un sistema nacional de evaluación educativa en Costa Rica. Si bien este resumen capta los puntos más destacados del evento, se recomienda ver el video completo para obtener una comprensión más amplia y detallada de las discusiones.
Requerimientos para avanzar en la creación de un sistema nacional de evaluación educativo robusto y de calidad

La mayor desigualdad, retroceso en equidad y un país partido, los hallazgos del informe 2022 del Estado de la Nación y lo peor los hemos “normalizado”

German Masís Morales

Nuevamente, el informe 2022 del Estado de la Nación, nos alerta sobre hallazgos que de alguna manera hemos conocido en informes anteriores, mediante estadísticas de pobreza y empleo del INEC o en estudios de entidades de investigación de las Universidades, pero que los medios de prensa han vuelto a destacar en esta ocasión.

Titulares como que Costa Rica tuvo en 2021 la mayor desigualdad en los últimos 35 años, Desigualdad llega a su peor nivel desde 1987, Costa Rica se nos está partiendo y Miles de hogares condenados a salir y regresar a la pobreza, revelan los hallazgos recientes del informe, ante lo que nos preguntamos que ha hecho y que está haciendo el Estado y la sociedad costarricense, para revertir esa condición de desigualdad que es ya una característica que incluso nos distingue a nivel internacional.

Reconocer que el país profundizó los rezagos sociales y económicos en la última década, que hay una parte de la población que goza de mucho bienestar, mientras un grupo cada vez numeroso está excluido de servicios esenciales, como educación, trabajo y empleo de calidad, que la alta inestabilidad de ingresos y empleos temporales es la causa de la entrada y la salida de miles de hogares de la pobreza y que la región Brunca fue nuevamente la más pobre, son hallazgos que ya no nos sorprenden, por reiterados, pero que debiera llamarnos a una profunda reflexión sobre las múltiples desigualdades, de ingreso, de riqueza, de patrimonio, de oportunidades, de género, étnicas, de capacidades, de acceso a la educación, a la salud, a la tecnología y territoriales, que existen y que reproducimos permanentemente.

En varias ocasiones, hemos analizado y presentado en estas páginas, en concordancia con el Estado de la Nación, aportes sobre la pobreza en el 2021: la zona rural y las regiones Brunca, huetar Caribe y Norte con las peores condiciones, el índice de desarrollo humano cantonal: la realidad de las desigualdades regionales, las zonas costeras, fronterizas y rurales, nuevamente las de menor desarrollo humano, impulsar el desarrollo de las regiones periféricas o continuar con el Gamcentrismo, el reto impostergable, los programas gubernamentales de desarrollo regional, esfuerzos parciales y limitados frente a las persistentes desigualdades, en los que se hace referencia a todas esas fuentes de desigualdad.

La pobreza por ingresos insuficientes se mantuvo en un 23% y la pobreza extrema en 6.4% y representa casi 400 mil hogares(399.439) y 1,329.757 personas que están en pobreza total y 110.831 hogares y 393.385 en pobreza extrema, mientras que cerca de un 10% de los hogares se encuentran constantemente en riesgo de caer en pobreza o son muy vulnerables, especialmente en las regiones periféricas, Brunca, Huetar Caribe y Norte y Pacífico Central, en las que la pobreza supera el 30% de la población, no obstante ya escuchamos todos esos datos sin inmutarnos.

Porque la desigualdad y la pobreza, también se observa en el paisaje, sólo tenemos que mirar las diferencias en el acceso a la vivienda, a la educación, a la salud y a la tecnología, los grandes condominios y residenciales de alto costo, frente al crecimiento de barrios marginales, en las ciudades y las costas, los grandes centros comerciales, los colegios y hospitales de alto costo y la infraestructura de educación y salud pública deteriorándose, es decir es “un país partido”, pero lo hemos “normalizado”, probablemente debido a que hay “ganadores y perdedores”, como dice el Presidente.

Diez tesis para incrementar la inversión en investigación científica y tecnológica endógena en Costa Rica

Grupo ‘Desarrollo Científico y Tecnológico Endógeno’ del Foro Confluencia Solidaria

Introducción:

La capacidad de un país para generar desarrollo científico y tecnológico endógeno es un elemento esencial en la procura de la construcción de una convivencia marcada por la prosperidad y la equidad. Costa Rica, a lo largo de su historia, ha hecho esfuerzos importantes para promover la investigación y el desarrollo y para aplicar estos conocimientos en el mejoramiento de la calidad de vida. No obstante, y pese a la existencia de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI), la investigación científico-tecnológica del país adolece de una serie de deficiencias que impiden su aporte a un desarrollo inclusivo, próspero y con equidad.

El Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, elaborado por el Programa Estado de la Nación, ha mostrado claramente algunas de estas deficiencias, entre las cuales destacan: (1) Muy baja inversión en investigación y desarrollo (según datos de RICYT, esta inversión en Costa Rica para el año 2018 fue de 0,39% del PIB, en tanto para América Latina y el Caribe fue, en promedio, de 0,58%; los países de la OCDE, en promedio, invirtieron en 2019 un monto correspondiente al 2,47% del PIB en este rubro). (2) Una masa crítica de recurso humano en investigación insuficiente y frágil, sin redundancia en la mayoría de las áreas, con brechas de género y alta endogamia. (3) Una producción académica modesta en el contexto internacional. (4) El número de solicitudes de patentes efectuadas por personas residentes en el país es bajo. (5) Se da un escaso encadenamiento entre el sector de investigación y las necesidades de los sectores sociales y económicos. (6) La mayoría de los escasos fondos de inversión se enfocan en la investigación aplicada en detrimento de la ciencia básica.  (7) Hay una limitada integración entre los diversos componentes del sistema CTI.

Es necesario que se genere un consenso a nivel nacional en el sentido de dar a la ciencia y la tecnología nacionales el papel que les corresponde como palancas esenciales del desarrollo. Esto demanda una visión-país y un compromiso sostenido de diversos sectores, incluyendo una fuerte voluntad política e institucional. Esto también requiere una visión de CTI que sea integral, es decir que fomente el crecimiento en todos los componentes del sistema, incluyendo las ciencias básicas, las ciencias sociales, el desarrollo tecnológico, la innovación y el fomento de vínculos diversos con los sectores sociales y productivos.

Uno de los elementos centrales de cualquier estrategia de desarrollo de la ciencia y la tecnología se centra en la asignación creciente de recursos que permitan el fortalecimiento de una comunidad de investigación y desarrollo robusta y consolidada, en estrecha relación con las necesidades de la sociedad.  El colectivo formado por las personas que integran el eje de desarrollo científico y tecnológico endógeno del Foro Confluencia Solidaria (confluenciasolidaria.org) ha desarrollado, a lo largo de un año, un proceso de consultas y reflexión sobre el tema del financiamiento de la investigación en ciencia y tecnología. El presente texto recoge las principales ideas que han surgido de este proceso. Esta propuesta se presenta en el formato de tesis específicas sobre puntos concretos.

  • (1) Enmarcar la agenda de ciencia y tecnología endógenas dentro de una agenda estratégica de largo plazo hacia el aumento de la capacidad productiva nacional y la construcción de resiliencia. 

La mayoría de los países del Sur Global, o países en vías de desarrollo, se caracterizan por un esquema comercial en el que se importan productos esenciales (alimentos, energía y tecnologías cruciales) y de alto valor añadido, mientras que se exportan productos no esenciales y de bajo valor añadido (típicamente materias primas).  Este esquema de comercio coloca a los países del Sur Global en una posición de alta vulnerabilidad ante posibles shocks en los mercados internacionales y ante el tipo de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar.  El tener que importar bienes esenciales para el bienestar de la población, como granos básicos, energía y tecnologías claves, hace que estos países sean muy poco resilientes.

En este sentido, aunque Costa Rica se encuentra en una posición menos desfavorable que otros países en vías de desarrollo, en general sigue los mismos patrones: importamos una cantidad considerable de granos básicos, todos los combustibles y gran cantidad de tecnologías esenciales.  Además, una gran parte de nuestras exportaciones de bienes y servicios son no esenciales y se caracterizan por tener un bajo valor añadido, con algunas notables excepciones.

La clave para escapar de esta posición de vulnerabilidad se debe centrar en un esfuerzo concertado de largo plazo hacia el aumento de la capacidad productiva nacional para con ello lograr producir localmente una cantidad cada vez mayor de bienes y servicios esenciales para el consumo nacional y, al mismo tiempo, incrementar el valor añadido de nuestras exportaciones.  El papel de la ciencia y la tecnología endógenas en este esfuerzo nacional por aumentar la resiliencia es absolutamente crucial.  Con un fuerte soporte de ciencia básica, la agenda de investigación científica y tecnológica en el país debe estar, en buena medida, enmarcada dentro de una agenda de aumento de la capacidad productiva nacional, en un sentido muy amplio.  Así, la selección de las grandes líneas de investigación debe responder no solo a las capacidades actuales del país, sino también a las áreas estratégicas que se necesitan fortalecer para lograr una resiliencia sostenible.

  • (2) Garantizar financiamiento para la investigación científica, además del desarrollo tecnológico y la innovación

Muchos de los planes de desarrollo del sistema CTI de Costa Rica confieren un énfasis desmedido al financiamiento de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, en apoyo del sector económico-productivo. Si bien este es un componente muy importante del sistema, es necesario mantener una visión integral de la CTI, lo cual implica considerar el financiamiento de la investigación científica como tal, más allá de sus aplicaciones inmediatas. No es factible construir una plataforma eficaz de innovación si no se cuenta con una base científica endógena sólida, que genere ideas novedosas en todos los campos.  La reciente transformación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación generó una honda preocupación en la comunidad científica debido al énfasis excesivo que el proyecto de ley de su creación confiere al desarrollo tecnológico y la innovación y a la escasa atención que le brinda a la investigación científica. Existe un riesgo real de que el grueso del financiamiento que canalice la Promotora se dirija a actividades de innovación y que la ciencia como tal quede desfinanciada.

Se propone garantizar, mediante una reforma a la ley de creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y mediante procedimientos claramente definidos al interior de esta institución, que un porcentaje mínimo de un 20% de su presupuesto del Fondo de Incentivos (Ley N° 7169) se destine a financiar proyectos de investigación científica, idealmente de carácter inter-disciplinario, orientados a atender grandes desafíos nacionales, en el marco de una agenda científica nacional, en estrecha coordinación con la Academia Nacional de Ciencias. Estos deberían ser fondos concursables, mediante procedimientos rigurosos de evaluación que garanticen la idoneidad de las propuestas que se aprueben y el seguimiento de estas. Así mismo, el financiamiento de la investigación científica debe aspirar no solo al apoyo de proyectos, sino también al fortalecimiento de la comunidad científica mediante la creación de oportunidades de dedicación para que más personas puedan optar por trabajos en el ámbito de la investigación, como forma de combatir el crónico problema de fragilidad y escasa masa crítica de nuestra comunidad de investigación. El fortalecimiento de los grupos existentes y la creación de nuevos centros e institutos de investigación en temas estratégicos para el país es otra necesidad para la cual se requiere contar con financiamiento creciente y consistente.

  • (3) Avanzar por el camino de reformas tributarias de carácter progresivo, que permitan generar recursos frescos para ciencia y tecnología

Es necesario generar un consenso, a niveles social y político en el país, para transitar hacia políticas tributarias progresivas que generen recursos frescos para promover equidad y bienestar a través de programas públicos estratégicos, entre los cuales se encuentra una política científico-tecnológica fortalecida de cara a las necesidades del país. La OCDE ha señalado esta necesidad en el caso de Costa Rica y otras tendencias internacionales apuntan también en esta dirección. El país debe alinearse con estas tendencias. Se requiere generar tributos a aspectos como: (a) Patrimonio (riqueza), (b) salarios y pensiones de lujo, (c) rentas y ganancias de capital, y (d) herencias, por citar algunos ejemplos. Parte de esos recursos se deben destinar a financiar una política nacional estratégica en ciencia y tecnología. Se debe hacer énfasis en que los nuevos tributos que se generan para apoyar actividades de investigación y desarrollo deben ser de carácter progresivo, evitando por ejemplo que se centren en un incremento del IVA y otros impuestos al consumo de carácter regresivo.

  • (4) Fomentar los encadenamientos de las empresas transnacionales de zonas francas con la comunidad de investigación científica-tecnológica del país

Las empresas de zonas francas gozan de importantes beneficios tributarios, además de que el país les ofrece profesionales y técnicos de alto nivel. Pese a sus aportes a la economía nacional, este sector del universo industrial ha quedado debiendo en cuanto a establecer encadenamientos de largo aliento con la comunidad científico-tecnológica nacional. Es tiempo de colocar este tema en el tapete de las discusiones políticas. Por su naturaleza y por sus posibilidades, las empresas de zonas francas deben contribuir de manera más consistente con el desarrollo científico-tecnológico endógeno de Costa Rica. Se propone que el país genere mecanismos diversos que fomenten dicho encadenamiento, los cuales podrían orientarse a destinar parte del ‘impuesto mínimo global’ que se establecerá en el futuro a apoyar acciones de desarrollo científico-tecnológico endógeno, además de generar políticas proactivas de acercamiento y confluencia entre estas empresas y el sector de ciencia y tecnología del país. Para esto se requiere voluntad política de alto nivel, así como compromiso de este sector empresarial y del sector de ciencia y tecnología. Es necesario diseñar políticas nacionales que fomenten estos encadenamientos, y que las mismas estén centradas en el fortalecimiento de la base científico-tecnológica endógena, en el marco de una estrategia nacional de largo aliento, al tiempo que satisfacen necesidades de estas empresas.

  • (5) Destinar un porcentaje del presupuesto de ciertas entidades autónomas al financiamiento de investigación científico-tecnológica

El universo de entidades autónomas de Costa Rica constituye un ámbito con enorme potencial para el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo. Estas instituciones tienen grandes necesidades en la incorporación de conocimiento a sus actividades y líneas de desarrollo, para garantizar una mayor eficiencia y mejores servicios a la población a la que sirven. Aunque algunas de ellas cuentan con departamentos y laboratorios de investigación y desarrollo, estas instituciones podrían aprovechar mucho mejor el enorme potencial de investigación que existe en el universo de los grupos de investigación ubicados en las universidades públicas y otros sectores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. De hecho, la Ley 7169 de Promoción del desarrollo científico y tecnológico, en el capítulo de Racionalización de los Recursos, incluye varios artículos que facultan a las instituciones de la administración pública que ejecuten acciones en materia de ciencia y tecnología a destinar un porcentaje de su presupuesto ordinario anual a la promoción, el incentivo, la protección y el desarrollo de proyectos de investigación en ciencia y tecnología.

Se propone que se efectúen las modificaciones legales pertinentes de manera que las instituciones autónomas destinen un porcentaje de su presupuesto a financiar actividades de investigación y desarrollo. Este financiamiento se canalizaría vía programas específicos, adaptados a las necesidades de dichas instituciones, y coordinados por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Estos entes gestionarían todo el proceso de diseño de concursos, evaluación de propuestas, seguimiento de contratos y evaluación de resultados. De esta manera se desarrollaría una dinámica de mutuo beneficio, mediante el cual las instituciones apoyarían el desarrollo científico-tecnológico nacional y, a la vez, recibirían insumos de conocimiento adecuados a sus necesidades para desarrollar su trabajo.

  • (6) Asegurar un adecuado financiamiento de las universidades públicas para que estas consoliden sus actividades de investigación

Las universidades públicas constituyen el principal reservorio de investigación científico-tecnológica del país, gracias a un colectivo académico diverso en muchas ramas del conocimiento. Existe el riesgo de que, en medio de las dificultades fiscales del país, se limiten los presupuestos asignados a estas instituciones de educación superior, lo cual tendría un efecto lesivo a la ciencia y la tecnología del país. Es necesario que los sectores políticos comprendan la importancia de mantener un adecuado financiamiento del sistema de universidades públicas y que, en estas instituciones, se asigne un presupuesto creciente a la investigación, manteniendo el equilibrio entre ciencias básicas, ciencias sociales, tecnologías y humanidades. También es necesario que estas instituciones consoliden sus sistemas de apoyo y evaluación a las labores de investigación que garanticen excelencia y pertinencia en la generación de conocimiento.

  • (7) Fortalecer, de manera bien concebida y ordenada, las actividades de investigación contratada, venta de bienes y prestación de servicios por parte de los grupos de investigación

 

Los colectivos de investigación del país, sobre todo aquellos ubicados en las universidades públicas, desarrollan una amplia labor de vínculo con necesidades de los sectores externos en el desarrollo de investigación, prestación de servicios y venta de bienes. Los grupos consolidados en determinadas líneas de trabajo tienen la posibilidad de ofrecer este tipo de servicios académicos en el ámbito internacional también. Estas líneas de acción ofrecen oportunidades importantes para apalancar el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo en la comunidad científico-tecnológica. Para ello las universidades cuentan con normativas específicas y con departamentos, oficinas y fundaciones que coadyuvan en su desarrollo. En este sentido, la ley 7169 establece que “las instituciones de educación superior universitaria estatal quedan habilitadas y autorizadas para la venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. Para mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios, dichas instituciones también quedan habilitadas y autorizadas para crear fundaciones y empresas auxiliares.”

Es necesario fortalecer estas actividades, al tiempo que se garantice que las mismas realmente contribuyan al fortalecimiento de los grupos de investigación y consoliden su aporte a la sociedad. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • a- Se requiere definir claramente de antemano las características de los productos a contratar y considerar aspectos como propiedad intelectual y restricciones en el uso de los productos para investigación. Tales aspectos deben ser reflejados muy claramente en los términos de referencia y los contratos que se generen.
  • b- Estas actividades deben surgir del desarrollo académico de los grupos, aprovechando nichos de oportunidad en áreas de fortaleza académica. Deben ser de un contenido científico-tecnológico alto y no se trata simplemente ofrecer servicios repetitivos por el hecho de que estos permitan obtener fondos. La idea es no competir con lo que ofrece el sector externo / privado, sino ofrecer servicios de alto contenido en conocimiento.
  • c- Se debe hacer un análisis estricto y riguroso de costos y de determinación de precios de los servicios.
  • d. Estas actividades deben mantener un equilibrio con las actividades de generación de nuevo conocimiento mediante la investigación en las unidades académicas. Es decir, la prestación de este tipo de servicios no debe distraer a los grupos de investigación de su función central de generación de nuevo conocimiento.
  • e. Los montos que se perciban producto de investigación contratada, venta de bienes o prestación remunerada de servicios deben servir para financiar actividades esenciales de investigación en la unidad académica correspondiente y en la universidad.
  • f. Pese a la conveniencia de que exista una normativa clara y transparente que regule este tipo de actividades, la excesiva tramitología y burocratización, lo cual demanda una cantidad creciente de tiempo por parte de las personas investigadoras, constituye un lastre que se debe resolver. Es necesario que las universidades generen esquemas más eficientes de gestión de estos proyectos, y ofrezcan apoyo administrativo sustantivo a las personas investigadoras, para que estas puedan concentrar su esfuerzo en la actividad científico-tecnológica creadora.
  • (8) Desarrollar una estrategia de cooperación científica internacional ambiciosa que permita acceder a fondos para investigación

El país desarrolla esfuerzos importantes en la procura de fondos internacionales para investigación. Es necesario fortalecer esa línea de trabajo, mediante la mejora en la coordinación de las instancias públicas e institucionales relacionadas con cooperación internacional, incluyendo los ministerios, las universidades y las instituciones autónomas, de manera que se despliegue una estrategia bien concebida de detección de oportunidades de financiamiento de investigación y desarrollo de fuentes internacionales.

Es necesario apoyar de manera efectiva a los grupos de investigación que logran establecer cooperación internacional con colegas, grupos e instituciones, para desarrollar plataformas que faciliten, y no entraben burocráticamente, estas relaciones.  Se requiere procurar que Costa Rica se integre a programas globales como Horizonte Europa, bilaterales como Dimensions of Biodiversity (National Science Foundation, EE. UU.) y otros semejantes, mediante emisión de deuda para cubrir nuestro compromiso financiero con el programa y permitiendo que los presupuestos se conciban y ejecuten como inversiones. Es urgente desarrollar una estrategia nacional de ‘diplomacia científica’ que incluya este aspecto de obtención de recursos para investigación y desarrollo y establecimiento de alianzas estratégicas con grupos internacionales. En dicha estrategia deben involucrarse diversos sectores de manera coordinada. En este ámbito de acción, el fortalecimiento de la relación con la diáspora científica costarricense ocupa un papel clave.

En este tema se debe considerar la procura de préstamos externos para apoyo de desarrollo científico-tecnológico, en el contexto de una estrategia país clara en este tema y cuidando el precepto de asegurar el desarrollo integral de todos los componentes del sistema CTI. Este tipo de préstamos contribuye a consolidar las plataformas de equipo científico-tecnológico, la formación, inserción y retención de recurso humano calificado en ciencia y tecnología, y el financiamiento de proyectos de carácter interdisciplinario que aborden temas de gran complejidad y relevancia para el país, entre otras posibilidades.

  • (9) Desarrollar un programa de reformas legales que faciliten el desarrollo de la ciencia y la tecnología

Existen una serie de regulaciones en la normativa vigente que limitan de manera importante el desarrollo de la ciencia y la tecnología, incluyendo su financiamiento. Es necesario efectuar un análisis minucioso de estas trabas y ‘cuellos de botella’, por parte de las autoridades en ciencia y tecnología y de la comunidad académica, para promover modificaciones a la normativa. A partir de este análisis deberían surgir propuestas y proyectos de ley dirigidos a modificar estas trabas y facilitar las actividades de investigación y desarrollo. A manera de ejemplo, se requiere impulsar la reforma del artículo 93 de la Ley 7169 para que indique que presupuestariamente las labores de investigación se consideren como inversiones y no como una actividad ordinaria, de manera que se permitan los presupuestos plurianuales para desarrollar proyectos ambiciosos de largo aliento. Como esta, hay muchas otras instancias de tipo normativo cuya modificación y ajuste apoyaría de manera significativa el trabajo en ciencia y tecnología.

  • (10) Generar mecanismos para que el sector privado invierta más en actividades de investigación y desarrollo

Una de las principales deficiencias en ciencia y tecnología de Costa Rica es el escaso financiamiento para actividades de investigación y desarrollo por parte del sector privado. La inversión en investigación y desarrollo en Costa Rica gira predominantemente alrededor del sector público. Esto marca un contraste enorme con países con mayor nivel de desarrollo en este ámbito. Es necesario que el porcentaje de inversión en este rubro correspondiente al sector privado se incremente significativamente. Ello demanda cambios importantes en la cultura de este sector en cuanto a comprender la relevancia de estas actividades, así como modificaciones en normas y leyes que favorezcan dicha inversión. También es necesario afinar y mejorar los mecanismos de interfase entre el sector privado y la comunidad generadora de conocimiento en ciencia y tecnología mediante la investigación. Es necesario fortalecer y ampliar los programas de banca para el desarrollo, así como generar nuevas líneas de crédito para actividades de investigación y desarrollo.

A manera de conclusión

Pese a que Costa Rica ha efectuado ingentes esfuerzos a lo largo de su historia para desarrollar su capacidad endógena en ciencia y tecnología, existen enormes deficiencias y rezagos para lograr que estas actividades se conviertan en verdaderas propulsoras de procesos de desarrollo centrados en la procura de la equidad y la prosperidad, no solo para ciertos sectores sino para toda la población del país. Ello demanda una estrategia nacional integral de desarrollo de la ciencia y la tecnología, que incluya los diversos componentes de un sistema que es sumamente complejo y que debe incorporar la generación de conocimiento a través de la ciencia básica y las ciencias sociales, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de ese conocimiento a amplios sectores de la sociedad. Ello exige un esfuerzo concertado nacional con amplia participación ciudadana y con clara voluntad política. Entre las muchas tareas pendientes para lograr este objetivo como país, un elemento central es incrementar significativamente el financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo mediante esquemas renovados y creativos que involucren a sectores diversos en el marco de una estrategia nacional con visión de futuro. El Foro Confluencia Solidaria llama a efectuar procesos de discusión, análisis y toma de decisiones para que la investigación científica y tecnológica de Costa Rica cuente con el financiamiento adecuado, en el marco de una estrategia nacional de largo aliento, de manera que esta faceta de la vida nacional cumpla un rol protagónico en la construcción de una convivencia marcada por la equidad y la prosperidad colectivas.

Octavo Informe del Estado de la Educación

El próximo miércoles 01 de septiembre a las 6:00 p.m. el Consejo Nacional de Rectores y su Programa Estado de la Nación presentarán el Octavo Informe del Estado de la Educación. Este será transmitido por Canal 13 y en las redes sociales del Estado de la Nación.

Programa Alternativas: “Informe Estado de la Nación 2020: comentarios y consultas”

El próximo viernes 29 de enero a las 6:00 pm el Programa radial Alternativas discutirá acerca de “Informe Estado de la Nación 2020: comentarios y consultas” con los siguientes invitados:

– Héctor Ferlini-Salazar, director de SURCOS Digital.
– Rosberly Rojas, economista e investigadora de la UNED.
– Alejandra Paniagua Bonilla, trabajadora social, docente e investigadora UCR.
– Jessica Barquero, trabajadora social.
– Leonardo Merino, investigador del Programa Estado de la Nación.

Puede sintonizar el programa en Radio 16, 1590am o por medio del Facebook de Radio 16

IIS-UCR Costa Rica: Cronología de la Protesta Social

  • Octubre 2016

 

Desde el año 2003, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo conjunto con el programa Estado de la Nación inició con un proceso de discusión, diseño y elaboración de insumos para el seguimiento y análisis de la protesta social, en el cual se incluían la construcción de una base de datos de noticias sobre acciones colectivas, un manual de codificación de categorías sobre las distintas acciones colectivas, y ponencias para el capítulo sobre “Fortalecimiento de la Democracia” de los informes del programa. Posteriormente, en el año 2008, se constituyó, en el IIS, en colaboración con el OSAL-CLACSO1, el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Costa Rica, bajo la cual se prepararon las cronologías del conflicto social y los informes de coyuntura, como un insumo tanto para el seguimiento como para el análisis de la protesta social en Costa Rica. Desde finales de 2012, el IIS continuó con la producción de las cronologías mensuales, como una línea institucional en miras de propiciar el estudio de los conflictos sociales en el territorio costarricense. En esta dirección, las cronologías del conflicto social se producen usando como fuentes de registro de acciones colectivas, distintos medios de comunicación de prensa escrita. Por medio de resúmenes de las distintas expresiones de la protesta social, estas pretenden contribuir en el análisis, reflexión y debate entre círculos académicos, organizaciones sociales y políticas y movimientos sociales en general.

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Tabla Resumen de la Protesta Social

Se incluye como insumo para el seguimiento y análisis de la protesta social en el país, un conjunto de tablas resumen sobre el comportamiento de las acciones colectivas cada mes. Se registra información resumida sobre los principales tipos de acción colectiva, actores colectivos y demandas registradas por los medios de comunicación consultados. Para la construcción de las categorías hemos tomado como punto de partida el manual de codificación elaborado en el IIS-UCR para la clasificación de las acciones colectivas. De esta manera, se presenta un panorama general, en números, de la protesta social costarricense mes a mes, como material complementario de la cronología de la protesta social.

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En los siguientes enlaces podrá encontrar:

  • Infograma de setiembre 2016
  • Cronología setiembre 2016

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*Imagen con fines ilustrativos.

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IIS-UCR Costa Rica: Cronología de la Protesta Social

Setiembre 2016

 

Desde el año 2003, el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) en un trabajo conjunto con el programa Estado de la Nación inició con un proceso de discusión, diseño y elaboración de insumos para el seguimiento y análisis de la protesta social, en el cual se incluían la construcción de una base de datos de noticias sobre acciones colectivas, un manual de codificación de categorías sobre las distintas acciones colectivas, y ponencias para el capítulo sobre “Fortalecimiento de la Democracia” de los informes del programa. Posteriormente, en el año 2008, se constituyó, en el IIS, en colaboración con el OSAL-CLACSO1, el Comité de Seguimiento y Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura de Costa Rica, bajo la cual se prepararon las cronologías del conflicto social y los informes de coyuntura, como un insumo tanto para el seguimiento como para el análisis de la protesta social en Costa Rica. Desde finales de 2012, el IIS continuó con la producción de las cronologías mensuales, como una línea institucional en miras de propiciar el estudio de los conflictos sociales en el territorio costarricense. En esta dirección, las cronologías del conflicto social se producen usando como fuentes de registro de acciones colectivas, distintos medios de comunicación de prensa escrita. Por medio de resúmenes de las distintas expresiones de la protesta social, estas pretenden contribuir en el análisis, reflexión y debate entre círculos académicos, organizaciones sociales y políticas y movimientos sociales en general.

iis-ucr-mapa-cantonal-setiembre-2016

Tabla Resumen de la Protesta Social

Se incluye como insumo para el seguimiento y análisis de la protesta social en el país, un conjunto de tablas resumen sobre el comportamiento de las acciones colectivas cada mes. Se registra información resumida sobre los principales tipos de acción colectiva, actores colectivos y demandas registradas por los medios de comunicación consultados. Para la construcción de las categorías se han tomado como punto de partida el manual de codificación elaborado en el IIS-UCR para la clasificación de las acciones colectivas. De esta manera, se presenta un panorama general, en números, de la protesta social costarricense mes a mes, como material complementario de la cronología de la protesta social.

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En los siguientes enlaces podrá encontrar:

  • Infograma de setiembre 2016
  • Cronología setiembre 2016

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*Imagen con fines ilustrativos.

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La ciudadanía que construye territorios seguros recibe a delegados del Estado

El pasado viernes 27 de marzo ya muchos delegados de los cantones de Pococí y Sarapiquí de las Comunidades donde la Ciudadanía Construye Territorios Seguros, llegaron al Salón Parroquial de Guápiles para esperar a los delegados de las instituciones del Estado e iniciar la XI Actividad de Gala de Rendición de Cuentas y Medición de Impacto.

Junto a ellos el Equipo Técnico integrado por el Programa Estado de la Nación, la Defensoría de los Habitantes, la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica y Asoproseco, prepararon la metodología que garantizaría el éxito del evento.

Por su parte la juventud del cantón fue la que los recibió y los acreditó, reflejando la calidad humana y símbolo de la esperanza de cambio de los niveles de violencia y vulnerabilidad a los que han sido sometidos nuestros cantones.

El éxito del evento, dependió de la actitud de los participantes en procura de fortalecer lo que establece la Constitución Política en la construcción de la República participativa que establece el Art. 11 y de fortalecer el papel de la ciudadanía como El Soberano que es.

 

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