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Etiqueta: Ministerio de Educación Pública

Oportunidades para acompañar la educación del país hacia nuevas luces

El 4 de septiembre del 2024 se llevó a cabo un webinario organizado por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), Colypro, y el Movimiento Mauro Fernandez, que contó con la participación de varias personas del sector educativo, y se abordó la problemática de desigualdad y el rumbo que está tomando la educación, además, se hicieron recomendaciones para mejorar este factor clave del desarrollo.

Compartimos las respuestas a preguntas y comentarios que se hicieron, información que aporta un valioso análisis del panorama educativo por parte de las panelistas participantes: Karla Salguero Moya, Eleonora Badilla Saxe, Yalile Chan Jimenez, y Silvia Chacón Ramírez.

  1. ¿Qué pasa con el papel de las Juntas de Educación en este proceso?, ellos pueden apoyar y colaborar mucho para el éxito de estas iniciativas? 

Las Juntas Administrativas de Educación fueron creadas a finales del siglo XIX, para desempeñar un rol de vínculo entre la comunidad y los centros educativos, muy concretamente para dar un apoyo a las instituciones educativas, coordinando programas y gestionando bienes y servicios. Así lo hicieron durante mucho tiempo. Para el 2019 existían 4554 juntas educativas, muchas sin duda, sin embargo, en la actualidad, éstas han perdido su capacidad de ejecución, por diversas razones, algunas ya señaladas por la Contraloría General de la República: una gestión enmarcada en múltiples complejidades, las funciones han crecido y se han especializado, situación que escapa a las capacidades de las juntas; no se contextualizan las diferencias regionales, hay un gran volumen de recursos por manejar, hay debilidad en la fiscalización. En concreto la CGR, señala altos riesgos en la gobernanza y por eso recomienda la revisión del modelo de las juntas. Sabemos de esfuerzos realizados en este sentido desde hace varios años pero que no logran concretar esta urgente revisión. Si creemos que las Juntas de Educación y Administrativas juegan un rol muy importante, porque son las instancias más cercanas a los centros educativos que pueden dar solución necesidades en servicios y recursos, algo que no se puede lograr desde la centralidad del MEP. Pero si coincidimos con la Contraloría en que el modelo original ya no responde al contexto actual y por tanto hay que concretar su revisión de manera pronta. Si es importante agregar, que como toda instancia que gestiona recursos públicos, las Juntas deben regirse por la transparencia y la rendición de cuentas, ante las comunidades, familias, los concejos municipales. A su vez corresponde a estos actores, exigirle cuentas a la Juntas correspondientes. 

  1. ¿Qué rol juegan los Colegios de Profesionales y Sindicatos del sector educativo, para poder incidir en una reforma pronta y una gobernanza que dignifique el conocimiento y talento humano? 

Las organizaciones sindicales siempre han jugado un rol fundamental en la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. Ante la coyuntura que enfrenta la educación en este momento, que puede ser definido como la peor crisis de los últimos 80 años, hemos visto cómo estas organizaciones han tenido una voz sensata y fundamentada, pero firme al reclamar una mejor calidad de la educación nacional. Esa es una voz imprescindible en apoyo a los cambios de estrategia y rumbo que requiere el sistema educativo nacional. Por su parte, los Colegios Profesionales pueden continuar ofreciendo espacios seguros para el intercambio de ideas; análisis de propuestas y las reflexiones necesarias para la puesta en práctica de acciones conducentes al mejoramiento de la educación y al bienestar de la población nacional. Pero también es necesario, que, de manera conjunta, esas agrupaciones construyan agendas conjuntas, como en este momento dan muestra, para identificar los temas prioritarios y coadyuvar en una gobernanza que fortalezca la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines.

  1. ¿Qué independencia tiene el Consenso Superior de Educación (CSE) para realizar la gestión para la que fue creado dado que en este momento pareciera una dependencia del MEP?

Ampliando la respuesta que dimos durante el Webinario, manifestamos que el CSE tiene un mandato que deriva de la Constitución Política del país, lo cual debería darle de por sí, toda la independencia que requiere. Reiteramos que su conformación, vertical y endogámica, no le permite ser independiente por lo que se requiere una reforma constitucional que garantice que en su seno participen PARES (no representantes), provenientes de una amplia gama de ámbitos de la sociedad costarricense y planetaria, por cuanto la formación de las personas ciudadanas no es materia solo de un sector sino de una visión país. Además, esta reforma debe ser clara en establecer la independencia del CSE, pero también el carácter de transparencia y de rendición de cuentas oportunas, en su gestión.

  1. Se podría pensar en un enfoque de inversión y no de gasto. La regla fiscal aplica a los gastos, pero no a la inversión…

Totalmente de acuerdo. Y no solamente en relación con la regla fiscal. La educación es la mejor inversión de los países en pro del progreso y el bienestar. Y por ello es esencial colocarla como una Política de Estado, cuya inversión debe ser prioritaria, integral y visionaria a largo plazo.

  1. Y hay una brecha enorme dentro de los mismos centros del sistema público. GAM-costa o GAM-escuelas rurales por ejemplo.

Efectivamente, no solamente hay brechas entre los sectores público y privado, sino también entre los públicos, situación que se evidencia dramáticamente en las distintas regiones. Algunas acciones podrían ayudar impactar positivamente estas brechas: 

  • Un cambio en la Gobernanza, que permitiría al menos tener claridad en el nudo gordiano que no deja avanzar los procesos. • Mayor transparencia en la información sobre la situación de los centros educativos. Sin información, la planificación y la toma de decisiones es difícil.
  • Una contratación por idoneidad que permita a docentes con excelente formación trabajar (en condiciones dignas, eso sí) en centros educativos de zonas rurales para garantizar el nivel educativo. 
  • Revisar la multiplicidad de modalidades en la oferta para primera infancia, primaria, secundaria para jóvenes y adultos que adicionalmente presentan una gran diversidad en la calidad de los servicios y condiciones de infraestructura.
  • Fundamental, abrir el debate en materia de cobertura, dado que el incremento en centros educativos y la disminución del presupuesto pone en condiciones de iniquidad a los centros educativos.

Foro: Brechas Sociales y Educación Pública en Costa Rica

El próximo 13 de agosto de 2024 a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el foro titulado «Brechas Sociales y Educación Pública en Costa Rica» en el Auditorio Clodomiro Picado, ubicado en el Campus Omar Dengo, Heredia. Este evento es organizado por la Universidad Nacional (UNA), en colaboración con el INEINA y la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Los participantes del foro son los siguientes:

Moderadora: M. Ed. Erika Vásquez Salazar – Decana del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la UNA.

Panelistas:

-M. Sc. Pablo Chaverri Chaves – Académico del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la UNA.

-M. Sc. Isabel Román Vega – Coordinadora del Programa Estado de la Educación.

-Ph. D. Eliana Montero Rojas – Profesora Jubilada de la Universidad de Costa Rica

-Mag. Alfredo Ortega Cordero – Jefe del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada del Ministerio de Educación Pública .

Transmisión:

El foro será transmitido en vivo a través de Facebook en la página de la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Este evento promete ser una plataforma importante para la discusión de las desigualdades sociales en el sistema educativo costarricense, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis desde diferentes perspectivas académicas y profesionales.

Conferencia estudiantil y recurso de amparo

El movimiento educativo, conformado por estudiantes de las cinco universidades públicas y de estudiantes de secundaria, se unen con el propósito de proteger la educación en Costa Rica, por lo que se presentó un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia y una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa contra el Ministerio de Educación Pública, en respuesta a las políticas actuales que se han tomado y que se considera no están protegiendo adecuadamente su derecho a recibir educación pública de calidad, digna y accesible. El recurso de amparo es el mecanismo legal que permite salvaguardar los derechos fundamentales.

Se subraya la importancia de la presencia del movimiento estudiantil en un momento crucial, además de la intención de aprovechar la conferencia de prensa para expresar las preocupaciones y demandas de los estudiantes ante el resto de la sociedad civil y los medios de comunicación, seguido de un plantón pacífico. Es por esta razón que se les convoca al resto de la población estudiantil a la manifestación, a las 10 a.m. en la Asamblea Legislativa. Se contó con transporte saliendo del Pretil.

Dicho recurso pretende que la Sala Constitucional condene al Estado por transgredir los derechos a la educación, a la igualdad y no discriminación, al desarrollo y el

principio de no retroactividad. El recurso se fundamenta en incumplimiento del 8%, el presunto conflicto de intereses de la ministra de educación, transgresión a derechos fundamentales. Además, las personas estudiantes le solicitan a la Sala Constitucional el restablecimiento del presupuesto de educación, la garantía presupuestaria para el 2025 y futuros años, la protección de los derechos del niño y personas universitarias, además de su obligación de cumplimiento constitucional.

Consulte la conferencia de prensa en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/live/NJk5zR1Ummc?si=7HKchZ-u-pUKGI8e

SURCOS comparte el documento del recurso presentado.

Estudiantes y activistas presentan recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública por la vulneración a derechos fundamentales

Estudiantes de las cinco universidades públicas:

Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Universidad Técnica Nacional, Instituto Tecnológico de Costa Rica así como representantes del Movimiento Estudiantil de Secundaria. La mañana de este lunes 29 de julio, se hicieron presentes en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para presentar un recurso de amparo contra el Estado costarricense específicamente contra el Ministerio de Educación. Dicho recurso pretende que la Sala Constitucional condene al Estado por transgredir los derechos a la educación, a la igualdad y no discriminación, al desarrollo y el principio de no retroactividad.

La estudiante de ciencias políticas de la Universidad de Costa Rica, Daniela Chaves Matamoros, con el apoyo de las cinco Federaciones Estudiantiles de las universidades públicas, el Movimiento de Estudiantes de Secundaria y con firmas de personas estudiantes de colegios humanísticos, secundaria y universidades, presentaron dicho recurso que expone las siguientes consideraciones: 

  1. Incumplimiento del 8%: El artículo 78 de la Constitución Política manifiesta que se debe asignar un 8% del Producto Interno Bruto a la educación. El presupuesto nacional 2024 presentado el año anterior, asignó únicamente un 5,2% respecto al PIB anual del año 2022. Dicho comportamiento ha sido la norma durante los últimos años y se prevé, según el oficio MH-DM-OF- 0388-2024, un recorte mayor al presupuesto asignado para educación, alejándonos cada vez más del 8% dictado por la Constitución.
  2. Presunto conflicto de intereses por parte de la ministra de educación: Se señala que la existencia relaciones consanguíneas en segundo grado con los señores Álvaro Castro Harrigan y Silvia Castro, propietarios y altos funcionarios de instituciones de educación superior privada podrían minar la confianza en la gestión del Ministerio de Educación Pública por parte de la señora Anna Müller.
  3. Transgresión a derechos fundamentales: Los recortes en el presupuesto asignado a educación pública y la falta de políticas públicas que disminuyan el impacto de la crisis educativa atentan contra el derecho a la educación consagrado en el artículo 78 de la Constitución Política, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, la crisis educativa actual y la labor ineficiente del Estado Costarricense atentan contra los derechos a la Igualdad y no Discriminación y al Desarrollo, manifestados en el artículo 33 de la Constitución Política, el artículo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, respectivamente.

Las personas estudiantes, además, le solicitan a la Sala Constitucional lo siguiente:

  1. Restablecimiento del Presupuesto de Educación: Que se ordene el cumplimiento inmediato del mandato constitucional establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, además, que se disponga de la reasignación de los recursos necesarios para cumplir con el 8% y se garantice que todos los fondos asignados se utilicen para mejorar la calidad y el acceso a la educación en todos sus niveles.
  2. Garantía presupuestaria para el año 2025 y futuros años: Que se le ordene a los Ministerios de Hacienda y Educación Pública, al Consejo Nacional de Rectores y al Poder Ejecutivo que, en la negociación y elaboración del Presupuesto Nacional 2025 y años subsecuentes se asegure el cumplimiento del 8% del PIB y se establezcan mecanismos de supervisión y control que garanticen que el monto asignado no sea inferior al mandato constitucional.
  3. Obligación de cumplimiento constitucional: Que se le ordene a los entes mencionados anteriormente a obedecer lo estipulado en el artículo 78 de la Constitución Política, además, que la Sala Constitucional evalúe cuidadosamente la presunta existencia de un conflicto de intereses que pueda comprometer la integridad y objetividad de las políticas educativas y que estas se tomen prevaleciendo el interés público.
  4. Protección de los derechos del niño y de los estudiantes universitarios: Se disponga que las medidas adoptadas en relación a la asignación presupuestaria estén en conformidad con los derechos del niño y otros tratados internacionales ratificados por Costa Rica, además, se asegure que este presupuesto permita el desarrollo integral de los niños y jóvenes, garantizando el acceso en igualdad de oportunidades a una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Finalmente, se solicita que se proteja el derecho a la educación de los estudiantes universitarios y se asegure el financiamiento adecuado para la continuidad de programas de becas y apoyos necesarios para que el estudiantado pueda completar sus estudios.

Además; hacemos un llamado como federaciones a que esta negociación del FEES y presupuesto del MEP cumpla con lo que nuestra constitución indica, esto requiere hacer un repaso sobre los recortes que han sido monumentales durante los últimos años, a esto se suma un ministerio que se ha encargado de profundizar estas realidades. Es por eso que el voto de censura de la actual ministra nos recuerda su ilegitimidad y falta de capacidades para dirigir el ministerio y reiteramos que es necesaria su renuncia.

Esta acción espera marcar un precedente en la legislación costarricense, para que se garantice el respeto al mandato constitucional del 8% del PIB y la no transgresión a los derechos fundamentales, de igual forma es un llamado más ante la crisis educativa que atraviesa el país hoy, crisis que repercute en nuestra seguridad, economía, desarrollo, y movilidad social, ante esta realidad crítica hoy son miles de personas estudiantes niñez y adolescencia que han abandonado las aulas y se encuentran en un abandono estatal afectando derechos humanos básicos: educación, alimentación, vivienda y trabajos digno.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

FEUNA apoya a manifestación contra pruebas estandarizadas

La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) en apoyo a la comunidad estudiantil de secundaria se une al llamado de la “Manifestación en contras de las pruebas estandarizadas”, que se llevará a cabo este jueves 27 de julio de manera pacífica en San José, de la Fuente de Hispanidad hacia la Asamblea Legislativa; en Heredia, de la Universidad Nacional hacia la Regional de Heredia; y el viernes 28 de julio en Guápiles.

Pronunciamiento

Desde la comunidad estudiantil de colegios académicos, técnicos, diurnos y nocturnos de todo el país nos pronunciamos con preocupación sobre la crisis que atraviesa nuestro sistema educativo, expresamos públicamente nuestras inquietudes sobre la implementación de la nueva Prueba Nacional Estandarizada, la cual fue anunciada el 2 de febrero del 2023 mediante un decreto ejecutivo que modificó el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para crear esta prueba.

Estas pruebas son una evidencia más de la crisis que atraviesa nuestro actual sistema educativo ante las reducciones presupuestarias que se realizaron desde el actual gobierno y ante la falta de una “ruta” por parte de la ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro, quien es incapaz de mostrar acciones concretas que atiendan la realidad que atravesamos las personas estudiantes del país. El sistema educativo actual profundiza cada vez más las brechas de la desigualdad, nos encontramos recibiendo clases en centros educativos precarios, por lo que estas pruebas reproducen este sistema desigual, precarizador y discriminatorio.

Este jueves 27 de julio estamos convocando a una manifestación que tendrá lugar en diferentes puntos del país, nuestros motivos para movilizarnos son:

  1. Cambios abruptos en la metodología de aplicación: en un lapso de menos de seis meses hemos experimentado un cambio en la metodología de aplicación de las pruebas. La planificación inicial sugiere una única prueba que abarcara todas las materias básicas, pero recientemente se anunció que se realizará una prueba individual de cada materia. Esto demuestra la falta de claridad por parte del Ministerio de Educación sobre la aplicación de las pruebas.
  2. Información insuficiente y poco clara: no ha existido información precisa, clara y completa tanto para nosotras las personas estudiantes como para el personal docente, sobre la aplicación de las pruebas y los cambios realizados; esto ha generado vacíos para la preparación de las pruebas en los diferentes planes de estudio.
  3. No se consideran casos especiales: las pruebas y la falta de una metodología clara no involucra estudiantes con situaciones particulares y especiales, lo cual les ha afectado su rendimiento académico y su acceso a la educación superior.
  4. Retraso en la entrega de los resultados individuales: en abril realizamos un simulacro de las pruebas y, hasta la fecha actual no se ha generado ningún resultado sobre las mismas, esto impide tener un resultado claro sobre las pruebas, identificar las áreas de mejora y preparación para las pruebas oficiales.
  5. Implementación sin criterio profesional ni fundamento: estas pruebas carecen de fundamentos técnicos, pedagógicos y académicos, se han llevado a cabo sin proporcionar herramientas constructivas para el proceso educativo, sobre este punto se han manifestado la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y Sindicatos de Educación como el SEC.
  6. Centros Educativos sin recursos: existen centros educativos en los que la falta de recursos debido a los recortes al presupuesto del MEP, es un impedimento para estas pruebas ya que no hay material tecnológico suficiente para cubrir a la cantidad de estudiantes como tampoco capacidad para imprimir los exámenes, siendo el presupuesto del 2023 un 5,4% alejándose cada vez más del 8% constitucional. Esto se agrava con la última modificación del segundo presupuesto extraordinario en el que se trasladaron 1300 millones de educación a seguridad.
  7. Consideramos que estas pruebas dejarán por fuera a gran cantidad de la población de poder acceder a la educación superior estatal, ya que generan desigualdades, ejercen presiones académicas, presentan sesgos culturales y lingüísticos, y limitan el enfoque educativo. Es fundamental que el sistema educativo busque alternativas más inclusivas y equitativas que respeten la diversidad de los estudiantes y promuevan un desarrollo integral de sus habilidades y conocimientos.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Gobierno confiscatorio

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Aplico el término “confiscatorio” en este caso a la actitud voraz del gobierno de Rodrigo Chaves con relación al manejo de los recursos públicos. Sé bien que el término está referido al abuso con respecto a los tributos, pero lo aplico por asimilación al comportamiento de la administración primero frente al propio Ministerio de Educación Pública, segundo en relación con el Ministerio de Cultura y en tercer lugar con respecto al presupuesto de las universidades públicas.

De hecho, en el Diccionario General de sinónimos y antónimos de la lengua española el término confiscar es sinónimo de embargar, decomisar, incautar, requisar y usurpar. Éste último a su vez es sinónimo de detener, arrebatar, extorsionar, expoliar, apropiarse, incautar y confiscar. Esto es lo que viene haciendo el gobierno con el presupuesto público: primero intentó ser confiscatorio del presupuesto del Ministerio de Educación en una suma muy significativa para trasladar esos recursos al Ministerio de Seguridad Pública, con el pretexto de asignarlos diz que para combatir la delincuencia. Solo debido a que en la Asamblea Legislativa no le aprobaron la modificación presupuestaria, esto no lo pudo concretar. Pero después sí le arrebató también nada menos que 4.000 millones de colones a Cultura, y ahora mediante artilugios se pretende confundir a la opinión pública, para confiscar, incautar, apropiarse o usurpar (es lo mismo), un 1% adicional del FEES (presupuesto de las universidades públicas), que el Poder Ejecutivo se había comprometido a otorgarles.

Lo cierto del caso, es que el principio no confiscatorio [de los tributos] se encuentra regulado en el artículo 167 denominado “Principios generales tributarios” de “La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”; un intento por parte del legislador, nos dice en su tesis de grado Ana María Carrillo Goyenaga, por incorporar los principios constitucionales tributarios al ordenamiento jurídico. (Cfr. Carrillo G. Ana María. “El Principio Constitucional de no Confiscación. Aplicación en el Ordenamiento Jurídico Tributario.” Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, CR, 2014). Reza el artículo citado de la siguiente manera:

“Artículo 167.- Principios generales tributarios

Por medio de la tributación, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite de manera significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados en la Constitución Política (…) (Cfr. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 167.)”

Por semejantes razones, tenemos el derecho a considerar el principio no confiscatorio que rige en el derecho tributario, como válido para proteger a las instituciones ministeriales o a las autónomas que, son tuteladas en el ámbito del derecho público ante un Estado que, se viene comportando como un ente hipercentralista, angurriento, avaricioso y codicioso con respecto a la gestión de los recursos públicos. Si es válido tutelar el patrimonio de una empresa privada, ante una eventual voracidad confiscatoria de parte del Estado, es por lo menos igualmente valedero proteger a los entes de derecho público, como en efecto está estipulado en la propia Constitución de la República.

Tanto en el anterior cuatrienio, como en este, se incurrió en el grave error de cercenar a las universidades públicas parte de sus presupuestos, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 85 constitucional. Específicamente en la parte que textualmente dice (después de haber dejado clara la existencia del fondo especial para el financiamiento de la “Educación Superior Estatal), que: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Constitución de la República. Artículo 85). Pero como lo he advertido supra, no ha ocurrido así. Por eso mismo, hoy sería menester, ante las violaciones que se han perpetrado contra la Constitución, que tales prescripciones fuesen subrayadas, escritas en mayúscula, o en letras doradas. Al respecto, ya la Sala Constitucional dictó sentencia favorable a las universidades públicas (al menos en un caso), ante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ellas por haberles rebajado la Asamblea Legislativa, la suma de 10.000 millones de colones. Están pendientes de resolución otras acciones de inconstitucionalidad presentadas por las universidades públicas hacen más de tres años. (Cfr. Sentencia de Fondo, número 2022017987, del 03/08/2022 a las 12:20:00)

Ahora el punto es otro, como lo aclara un pronunciamiento reciente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La Comisión de Enlace, que integran los rectores y ministros de Estado correspondientes, durante las negociaciones del FEES 2023 señalaron, como se expresa en el comunicado de CONARE aludido lo siguiente: (lo transmito textualmente): “la Comisión de Enlace…se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año [además del 1% otorgado a la base]…en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.” El Poder Ejecutivo, manifestó en varias ocasiones, la mejora en la situación fiscal del país, por lo que no habría razón alguna, para negarle a las universidades públicas ese aumento adicional del 1%, que compensaría, cuando menos en una mínima parte, lo que se les ha arrebatado a las instituciones públicas de educación superior.

Además, con ello se cumpliría con el convenio vigente, es decir el del año en curso del 2023. Se sabe por declaraciones de las autoridades de gobierno, pregonadas hasta por el mismo presidente Chaves, y señaladas por los rectores en su comunicado, que dicha mejora en la situación fiscal y económica del país en este año es debida a que, se produjo una colocación de “eurobonos” por la suma de $1.500 millones de dólares. A la vez, se le ha hecho ver a la opinión pública que, hubo un aumento en la recaudación tributaria del orden de 3,9% del PIB; asimismo se nos ha informado de una reducción del déficit fiscal en menos de 0.5% y finalmente, la reducción de la razón de la deuda con respecto al PIB fue de un 58,4%. Por lo tanto, solamente un claro menosprecio de carácter ideológico de parte del gobierno a las universidades públicas explicaría que no se reconociera el aumento negociado, pues de lo que se trata es de compensar a instituciones que cumplen con tanto fervor su misión civilizadora. Lo anterior lo expreso, aunque haya errores de por medio; ya que no existe una sola institución sin mácula en ninguna parte. Por otro lado, todos los errores son perfectamente subsanables y, es bien reconocido que las bondades a lo largo de una historia de casi 80 años, cuando se fundó la Universidad de Costa Rica precisamente en la década de los años cuarenta han contribuido de una manera decisiva con el desarrollo económico y social y han ayudado también a forjar la cultura democrática e institucional de la Costa Rica actual.

La realidad es que este gobierno no se ha atrevido a esgrimir como argumento para negar tal aumento, el que las universidades no lo merezcan. Lo que dijo el ministro de Hacienda don Nogui Acosta, es que quien ha complicado el aumento son los diputados, lo que fue claramente desmentido por la mayoría de los líderes de las fracciones parlamentarias, tanto en la comisión de asuntos hacendarios, como en el control político en el plenario legislativo, como consta en las actas respectivas.

Por último, conviene difundir que el comunicado de CONARE, puntualizó con exactitud adónde irían los recursos provenientes de ese 1%, se trata de cubrir necesidades perentorias que Costa Rica siempre ha valorado altamente, como son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para atender la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación y la extensión o acción social en la atención de las necesidades específicas de las comunidades y los grandes problemas nacionales.

Tal es el compromiso de honor de las autoridades universitarias mencionadas. A ver si ante todos estos argumentos cede la voracidad centralista del gobierno y se modifica en algo su actitud confiscatoria y usurpadora del erario que pertenece a los costarricenses.

Educación y mercado: ¿Ministerio de Educación como empresa?

Observatorio de Bienes Comunes

A través de las intervenciones de los funcionarios del gobierno de Costa Rica, se confirma cada vez más la afirmación de comprender la formulación y gestión de la política pública como una función de la administración empresarial, esto conlleva importantes cambios en la concepción de lo público y los alcances o límites de lo privado.

Entre estas dimensiones, encontramos la dimensión educativa, esta se caracteriza como ese proceso de formación que puede promover conocimientos, habilidades y formación ciudadana, pero también, puede posicionarse como un proceso de selección, capacitación y promoción de capacidades-habilidades para un mercado laboral dominado por intereses particulares.

En este punto nos encontramos, el gobierno de Costa Rica, ha posicionado la educación como un proceso de formación de capital humano, que pertenece a un tramo de algo mayor llamado mercado. Por esta razón les invitamos a reflexionar sobre las implicaciones de este enfoque de política pública.

Comunidad Educativa del Colegio Humanístico sin salario desde finales de 2022

Comunicado oficial

Nosotros, quienes formamos parte de la Comunidad Educativa del Colegio Humanístico Costarricense, Campus Omar Dengo, conformado por estudiantes, personal docente y administrativo comunicamos, para el conocimiento público, con gran preocupación, que desde finales del año 2022, no hemos recibido los dineros correspondientes a los salarios de los últimos meses.

Esta situación ya ha afectado el presupuesto del colegio y, hasta el momento, no hay movimientos visibles para los siguientes meses, asunto que afecta a toda la comunidad educativa, más cuando somos conscientes de que detrás de un código presupuestario, existen seres humanos con responsabilidades y necesidades básicas como la alimentación y la salud, afectada por la zozobra y la pasividad con que se realizan las gestiones más allá del rango de alcance de nuestras unidades administrativas.

Lo anterior, afecta al funcionamiento del colegio, y a una institución comprometida con la excelencia educativa, desde hace veinticinco años, porque este balance incluye el depósito correspondiente a los presupuestos y provoca que, con el paso del tiempo, sean cada vez más necesarios los recortes en la gestión de pago a los proveedores, la planilla salarial, obligaciones patronales, las becas estudiantiles, la ejecución de los diferentes programas, proyectos y actividades institucionales, el mantenimiento nuestras instalaciones, los equipos, los materiales y los suministros.

Hasta el momento, no se han recibido las respuestas oficiales pertinentes, de las autoridades del Ministerio de Educación Pública ni del Ministerio de Hacienda; a pesar de que la Junta Administrativa del Colegio Humanístico Costarricense, junto con la Dirección Ejecutiva actual, han venido gestionando los procesos en tiempo y forma.

Por consiguiente, exigimos resolver a la brevedad la situación, pues por esta razón se violenta el interés superior de la persona menor de edad, nuestros derechos laborales y repercute en la estabilidad de nuestras familias.

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¿Ideología de género?

Carta abierta del Movimiento Diversidad Abelardo Araya a los candidatos presidenciales Figueres Olsen y Chaves Robles

(18 de marzo de 2022)

Lamentamos y rechazamos con indignación las declaraciones de los dos señores candidatos, cuando hacen suyo el falaz concepto de “ideología de género”, para, sobre esa base, comprometerse a intervenciones en el Ministerio de Educación, y a la realización de cambios diversos, no precisados, en los programas educativos, para, presuntamente, eliminar esa tal “ideología”. Es llamativo que ninguno de los dos candidatos haya explicado qué significado atribuyen a ese concepto, pero, en cambio, si se muestran deseosos de “suprimirlo”. Reconocemos que el señor Figueres Olsen, ha intentado rectificar su posición, pero advertimos que sus ambigüedades y contradicciones siembran muchas dudas, y hacen necesario mantener una actitud de alerta y vigilancia permanentes. Al momento de escribir esta nota, desconocemos si el señor Chaves Robles ha brindado alguna aclaración en relación con sus afirmaciones, las cuales fueron de tono muy fuerte.

En relación con todo este penoso asunto, manifestamos lo siguiente:

  • Es educar en materia de derechos humanos. De lo que se trata es de promover una educación que promueva una comprensión clara y una cabal aplicación de los derechos humanos, reivindicando, en particular, que la mayor riqueza del género humano es su diversidad y heterogeneidad. Lo cual atiende no solo a las diversidades sexuales y de género -que es evidentemente lo que perturba a los representantes religiosos- sino también, e igual de importantes, a cuestiones tales como la fe religiosa, el color de la piel, la etnia, la condición socioeconómica, la tradición cultural, las situaciones de discapacidad, rasgos físicos particulares, etc. La educación en derechos humanos, es una educación para el cultivo del respeto y la paz, es aprender a convivir reconociendo la dignidad de cada ser humano, inclusive en relación con aquello que, de alguna forma, marca una diferencia respecto del grupo mayoritario o de la cultura hegemónica.
  • Es educar, asimismo, para una sexualidad basada en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. La sexualidad humana envuelve múltiples facetas: afectivas, espirituales, emocionales, médicas, biológicas y anatómicas. También sociológicas y culturales. La educación sexual debe integrar, en forma balanceada, todos esos aspectos. Pero también es obligatorio reconocer que, por muchas razones que transcienden la institución educativa, las personas jóvenes inician su vida sexual a edades cada vez más tempranas. Por lo tanto, es sobre todo necesario educar para el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.
  • ¿Es tan difícil entenderlo? Decepciona e indigna que, en vez de entrar en consideraciones de fondo, en relación con asuntos tan fundamentales, los candidatos se dejen arrastrar por un concepto falaz, un distractor que impide trabajar en lo realmente importante, y el cual pone en riesgo la observancia de los derechos humanos, y la vigencia de una educación sexual seria e integral, que, inspirada en los mismos principios de los derechos humanos, reivindique la dignidad fundamental inherente a toda persona humana.
  • La discriminación y la violencia contra las poblaciones LGBTIQ+ siguen vivas y continúan causando mucho daño y sufrimiento. Al asumir acríticamente el concepto de “ideología de género”, los candidatos, por ignorancia o de forma deliberada, se pliegan a una agenda que niega los derechos humanos de esta población, y que, por ello mismo, perpetúa y consolida las múltiples formas de violencia y discriminación que la siguen afectando:
  1. Sigue habiendo violencia y discriminación en el ámbito laboral.
  2. Las hay también en los espacios educativos.
  3. Se vive esa violencia incluso, y con mucha más frecuencia de la que mucha gente imagina, en la propia familia.
  4. También en las calles y en los espacios públicos.
  5. Se siguen enfrentando limitadas oportunidades educativas y laborales, lo cual es especialmente grave en el caso de las personas trans.
  6. La libre vivencia del amor y la afectividad, así como de la identidad de género asumida, siguen enfrentando intolerancia y rechazo.
  • Y resta mucho más por trabajar. Los anteriores son asuntos mencionados y discutidos con cierta frecuencia. Hay algunos otros que muy raramente reciben atención, pero que son igual de importantes:
  1. Se carece de políticas públicas para la prevención del VIH, el cual causa devastación entre la población gay y trans (como también entre hombres que tiene prácticas homosexuales más o menos ocasionales, con grave riesgo para su esposa o compañera).
  2. Se ha lanzado un manto de invisibilidad y silencio sobre la situación de las personas LGBTIQ que son adultas mayores, y que enfrentan una vejez amenazada por la soledad y el abandono, y por renovadas formas de discriminación.
  3. Los crímenes de odio, que hoy, como a lo largo de décadas, se siguen presentando con más o menos regularidad, y permanecen invisibilizados, cubiertos por un manto de negación y ocultamiento.
  4. No se presta atención a las situaciones, especialmente desventajosa, de quienes viven en zonas rurales, alejadas de los centros urbanos.
  5. Tampoco se le da importancia a la situación de quienes se desenvuelven en ámbitos laborales (como la construcción o las plantaciones agroindustriales), donde se viven ambientes especialmente violentos y tóxicos.
  6. Las oportunidades para la participación en el mundo de la política son casi nulas.
  7. En otros ámbitos, como el deportivo, continúan vigentes la violencia y la exclusión.
  • Nuestra lucha es por TODOS los derechos humanos, no solo los de las poblaciones LGBTIQ+. Y al decir esto, debemos llamar la atención sobre los retrocesos que en los últimos años se vienen manifestando en diversos ámbitos:
  1. La violencia sistemática contra los pueblos indígenas, el despojo de que son víctimas y la inacción del Estado, en general, y, en particular, de la policía y el Poder Judicial, lo que alienta la impunidad.
  2. Los limitados derechos conquistados por las mujeres, se ven empañados por grandes déficits -en el mundo laboral, empresarial y político, por ejemplo- y todavía más en virtud de la persistente violencia que, en la multiplicidad de sus manifestaciones, lástima su dignidad y les roba la tranquilidad a que tienen derecho, y cuya expresión más dramática y extrema, se da en la terrible recurrencia de los femicidios.
  3. Hay violencia contra los derechos humanos en legislaciones de reciente aprobación:
  • La regla fiscal, incorporada en la Ley N° 9.635 (Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), violenta múltiples derechos humanos de la población costarricense.
  • La Ley N° 10.159 (Ley Marco del Empleo Público), hace violencia directa sobre derechos laborales fundamentales, que han sido reconocidos como derechos humanos en el pleno sentido del concepto, según deja claramente sentada la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
  • La ley N° 9808 (Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos), claramente atenta contra el derecho ciudadano a protestar y expresar su disgusto y malestar.
  • Somos una organización comprometida con la democracia y el Estado de derecho. Por eso denunciamos con mucha preocupación, la forma como la citada Ley Marco del Empleo Público, violenta tanto el principio democrático fundamental de la división de poderes, como las autonomías constitucionalmente definidas. Con verdadera alarma observamos cómo se reescribe la Constitución y se debilitan los pilares fundamentales de la democracia y el Estado de derecho.

Estos son los temas que deberían preocupar a los candidatos presidenciales, en vez de dejarse llevar por la retórica falaz de la tal “ideología de género”. Es su responsabilidad clarificar su posición sobre estos asuntos, en forma seria, fundamentada y transparente. Les solicitamos, de forma respetuosa y muy encarecida, que así lo hagan. Es lo que corresponde, por un imperativo de respeto hacia la ciudadanía costarricense.

Por el Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Luis Paulino Vargas Solís                                              Erika Susana León Rey  

Cédula 2-0327-0373                                                          Cédula 108710011            

 

Víctor Hugo Monge Aguilar

Cédula 1 0432 0270

 

Compartido por Luis Paulino Vargas.

Exigimos al MEP respeto a la población estudiantil y al magisterio nacional

13 de noviembre, 2021.
San José, Costa Rica

Para:
Despacho de ministra y viceministra
y Auditoría de Servicios del MEP
Defensoría de los Habitantes
Cc. UNICEF-CIDH

El día viernes 12 de noviembre las personas estudiantes de quinto grado de la Educación General Básica de Costa Rica fueron expuestas por primera vez a la última prueba de las evaluaciones denominadas FARO, en las asignaturas de español, ciencias y matemática. La última prueba se hace llamar Factores Asociados y pretende evaluar las condiciones en las cuáles viven y estudian dicha población estudiantil. Sin embargo, a criterio de personal docente y administrativo, madres y padres de familia esta última prueba excedió por mucho los límites físicos, psicológicos y emocionales de aproximadamente 70000 niñas y niños con edades entre 10 y 11 años.

Se afirma lo anterior, dado que dicha prueba dio inicio a las 9 am y estaba programada para ser realizada en un lapso de 3 horas, sin poder hacer recesos y con la instrucción de que era obligatorio completar la totalidad. Además, debían permanecer en el aula con el cubrebocas durante todo este lapso y solamente podían salir a tomar agua o al servicio sanitario; incluso, un porcentaje significativo la desarrollaron en aulas que no cuentan con las condiciones idóneas bio-sanitarias. Cabe mencionar que, en las pruebas anteriores de asignaturas básicas, a las 3 horas tenía que ser retirada por la persona docente, sin excepción alguna.

Reafirmamos que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha atropellado los derechos de las niñas y de los niños al someterles a cuestionarios de FARO exhaustivos que, aunque han sido diseñados para 3 horas, exceden dicho lapso entre 1 y 2 horas más, debido a su complejidad y extensión desmedida, incoherente totalmente con las condiciones y necesidades de la población infantil. También, nos preocupa que la vivencia en los centros educativos se da en un clima de tensión e incertidumbre ya que todas las personas involucradas fueron expuestas a un requerimiento más allá de los lineamientos y protocolos que el MEP ha establecido durante la pandemia.

Esta evaluación denominada Factores Asociados se divide en 4 folletos: 1. Tronco común (36 ítems y debían completar 190 respuestas) con el fin de evaluar el trabajo docente en pandemia, uso de la tecnología, conexión a clases en Teams, además de un censo socioeconómico con cuestionamientos sobre su familia y calidad de vida; 2. Español (26 ítems y 183 respuestas); 3. Matemática (16 ítems con 106 respuestas); 4. Ciencias (15 ítems con 142 respuestas). Los folletos de materias específicas refieren al desempeño del docente de cada materia.

Consideramos inconcebible que desde el propio MEP se diseñen herramientas que contienen preguntas hasta con 30 posibles respuestas; situación que condiciona al personal docente a leer una por una a fin de disminuir el cansancio y la tensión estudiantil en tanto tenían que dar 621 respuestas al contar algunos ítems con opción de respuestas múltiples.

Este cuestionario paradójicamente se presentan con la supuesta intención de identificar factores sociales y educativos que podrían afectar el desempeño y resultados estudiantiles en las pruebas FARO; no obstante, ante su extensión y alto grado de complejidad, el personal docente y familiares de las personas menores de edad confirman que muchas tuvieron serias complicaciones por agotamiento, estrés y ansiedad: vómitos, temblores en las manos, taquicardia, frustración, angustia y cansancio extremo. A lo anterior se suma que era la última prueba consecutiva de cuatro, donde el malestar y la angustia de las familias aumentaba al ver que sus niñas y niños no salían del centro educativo a la hora programada (12 mediodía).

Una directora manifiesta al Semanario Universidad que esta situación es de “injusticia” pues en el centro educativo que administra las y los menores de edad salieron cerca de la 1 p.m., negándoles el MEP el derecho a descanso o recesos. Las personas estudiantes afirman tener dolor de manos ya que rellenar cada círculo en la hoja de respuesta debe hacerse con firmeza para que quede constancia de la misma.

Instamos a la articulación de los diferentes sectores interdisciplinarios y comunidades educativas para indagar sobre las motivaciones estructurales de donde se derivan las pruebas FARO y su conexión con iniciativas similares en otros países de la región, en un escenario de constantes atropellos a las comunidades educativas, incluyendo al magisterio nacional, agudizados a raíz de la pandemia COVID19.

Es lamentable que, pese al impacto inhumano en la población estudiantil, la viceministra de educación plantea que supuestamente “A nivel internacional, este tipo de factores se analizan precisamente para explicar cómo es que los estudiantes alcanzan ciertas calificaciones”, y reitera que los cuestionarios se seguirán aplicando (próxima programación para décimo año el 8 y el 13 de diciembre del año en curso) siendo indiferente ante la situación antes expuesta.

La población estudiantil que será expuesta a este tipo de cuestionarios es de 170000 estudiantes de quinto y décimo año en total según datos del Semanario Universidad. Dichas pruebas tienen un costo monetario para el MEP de 2560 millones de colones. Es importante recalcar que durante los dos últimos años 2020 y 2021 las fechas y los niveles educativos asignados inicialmente han sufrieron cambios, provocando a nivel estudiantil un clima de incertidumbre y ansiedad; en especial, en quinto y sexto grado, y décimo y undécimo año. Así, estas pruebas constituyen en sí mismas un factor determinante durante la pandemia que incrementa la ansiedad, estrés y depresión estudiantil.

Es preocupante el manejo de la información que el MEP ha mantenido en torno a las pruebas FARO, además de inestable, ambiguo y confuso en cuanto a la precisión de lineamientos administrativos y de las habilidades a evaluar y de los contenidos en que las personas estudiantes necesitan prepararse más.

Respaldamos el proceder de directoras, directores y docentes conscientes y sensibles a la niñez quienes, como garantes de la seguridad integral de las personas estudiantes, sintieron la necesidad ética de tomar decisiones protegiendo la integridad física y emocional del estudiantado ante un proceso claramente inhumano, insensible y antipedagógico. De igual manera, madres y padres de familia se sumaron a la actitud respetuosa y humana de muchos centros educativos agradeciendo su identificación con el alumnado ante la crisis y agotamiento extremo que ocasionó esta directriz impuesta desde las autoridades educativas.

Afirmamos que independientemente de que los cuestionarios tengan o no un carácter evaluativo, causaron en la comunidad estudiantil un conjunto de efectos que reflejan una clara violación a los Derechos Humanos de las y los niños por parte de las autoridades del MEP.

Exigimos al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica:
NO MÁS ATROPELLOS A LA DIGNIDAD E INTEGRIDAD
DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS ESTUDIANTES Y MAGISTERIO NACIONAL
Comunidades educativas de Costa Rica

Firmas responsables:
Ana Lorena Dávila Cubero

Trabajadora social
María Trejos Montero
Maestra jubilada

comunidadeseducativascr@gmail.com