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Etiqueta: comunidades rurales

Comunidades de Guácimo alertan sobre expansión piñera que amenaza fuentes de agua y un importante corredor biológico

La Asociación Pro-Defensa de los Recursos Naturales del Caribe (APRENAC), ASADAS y habitantes de los distritos de Pocora, Mercedes y propiamente el de Guácimo expresan su profunda preocupación ante los planes de expansión del monocultivo de piña impulsados por la empresa Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte S.A. en terrenos ubicados entre las comunidades de Iroquois y Parismina.

Las comunidades más afectadas serían Mercedes, Iroquois, Parismina y Agrimaga, existiendo un importante riesgo de contaminación de las fuentes de agua administradas por la ASADA de esta última comunidad.

De acuerdo con información recibida por las organizaciones locales, la empresa estaría realizando preparativos para transformar el uso del suelo en una extensa área de terreno, que podría superar las 400 hectáreas en una primera etapa y alcanzar una superficie mucho mayor en el futuro. Esta situación genera alarma debido a la alta vulnerabilidad ambiental de la zona y a la presencia de importantes fuentes de agua que abastecen a numerosas comunidades.

Walter Mora, dirigente comunitario y defensor ambiental de la región, señaló que la expansión de la piña representa una amenaza directa para los recursos hídricos, la biodiversidad y la salud de las comunidades. «Nuestra preocupación es que este monocultivo, debido a las prácticas asociadas al uso intensivo de agroquímicos, afecte las aguas que abastecen a comunidades como Agrimaga, La Lucha, Iroquois, Mercedes y Parismina. También se vería amenazado el Corredor Biológico Río Parismina-Ruta del Pez Bobo, un espacio fundamental para la conservación de la biodiversidad y la recuperación de especies emblemáticas de la región», manifestó.

Mora advirtió además que la zona donde se pretende desarrollar la plantación posee un importante patrimonio arqueológico y colinda con áreas de alto valor ecológico y productivo. «No solamente estamos hablando de contaminación del agua. Estamos hablando de la posible afectación de ecosistemas, de corredores biológicos, de sitios arqueológicos y de actividades agrícolas y ganaderas que sostienen la economía local. Por eso hacemos un llamado a las comunidades y a todas las personas comprometidas con la defensa del ambiente para que se informen y participen en la protección de este territorio», afirmó.

Por su parte, Luis Humberto Rodríguez, presidente de la ASADA de Agrimaga, expresó la preocupación existente entre los habitantes por el riesgo de contaminación de las fuentes de agua que abastecen a varias comunidades. Según explicó, los pozos que suministran agua potable se encuentran en suelos altamente porosos y dependen de zonas de recarga ubicadas en las partes altas del territorio donde se proyecta el establecimiento del monocultivo.

«Como ASADA, nuestra principal preocupación es la protección del agua. Si se contaminan las zonas de recarga, tarde o temprano la contaminación llegará a nuestros pozos. No solo podría verse afectada Agrimaga, sino también otras comunidades que dependen de estos acuíferos. Todo lo que ocurra en la parte alta del territorio tiene consecuencias para quienes vivimos aguas abajo», indicó Rodríguez.

Asimismo, en el área existe un importante parche de bosque secundario ubicado entre la vía que comunica Parismina con Agrimaga. Este bosque constituye un refugio y habitad para la vida silvestre, cumple una función esencial como corredor biológico y contribuye a la regulación de las altas temperaturas que se han incrementado como consecuencia de la expansión de los monocultivos en la región.

Preocupa sobremanera que esta finca cuente con nacientes, atravesada por dos ríos y varios afluentes que podrían verse afectados por los pesticidas utilizados en este tipo de plantaciones. Las organizaciones señalan que, dadas las características de los suelos, el régimen de lluvias y la experiencia acumulada en el Caribe y otras zonas piñeras del país, existe un riesgo significativo de contaminación de los cuerpos de agua.

Finalmente, las organizaciones comunitarias también alertan sobre los posibles impactos que el monocultivo de piña podría generar sobre la producción agrícola y ganadera de la zona, debido a la dispersión de agroquímicos y a los efectos acumulativos que históricamente han sido denunciados por comunidades vecinas a plantaciones piñeras en distintas regiones del país.

Predios para siembra de piña.

Información del Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Separar residuos orgánicos también protege el Monumento Natural Zona de Los Santos

Por Asociación Defensores del Monumento Natural Zona de Los Santos

La crisis de los rellenos sanitarios nos obliga a mirar el problema de los residuos desde los territorios. Durante años, muchas comunidades han vivido bajo la idea de que la basura desaparece cuando pasa el camión recolector. Pero nada desaparece, solo cambia de lugar.

En una zona rural, esa realidad se siente de manera distinta. Los residuos mal manejados pueden terminar en caminos, laderas, quebradas o ríos. También pueden aumentar la presión sobre sistemas de recolección y disposición final que ya muestran agotamiento. Por eso, reducir la basura mezclada no es una tarea menor, es una necesidad ambiental y comunitaria.

Desde la Asociación Defensores del Monumento Natural Zona de Los Santos trabajamos por la conservación del Monumento Natural Zona de Los Santos, un área silvestre protegida de 1.861 hectáreas ubicada en un territorio donde conviven bosques, nacientes, cafetales, suelos productivos y comunidades rurales. Cuidar esta área no significa mirar solo sus límites en un mapa. También significa revisar lo que ocurre alrededor, en las casas, en las fincas, en las calles y en la forma en que manejamos los residuos.

En los últimos años hemos impulsado procesos de educación ambiental casa por casa en León Cortés, con enfoque Basura Cero debido a la posible instalación de una planta de incineración en el Cerro Abejonal. El trabajo se ha concentrado en separación en origen, reducción de plásticos de un solo uso, compostaje doméstico y acompañamiento comunitario mediante mujeres promotoras ambientales.

Las promotoras visitan hogares, escuchan dudas y explican prácticas sencillas para separar residuos orgánicos. También ayudan a identificar si una familia puede compostar en casa o si necesita integrarse a una ruta de recolección de orgánicos. Este trabajo permite que la educación ambiental no se quede en afiches o campañas generales, sino que llegue a la realidad de cada hogar.

Los residuos orgánicos merecen atención especial pues representan aproximadamente el 50% de los residuos que llegan al relleno sanitario. Restos de comida, cáscaras, hojas, broza entre otros pueden convertirse en compost y volver al suelo como abono. Pero cuando se mezclan con otros residuos y se descomponen sin oxígeno, generan metano, un gas que contribuye al calentamiento global. Separar orgánicos desde la casa ayuda a reducir emisiones, aliviar la presión sobre rellenos sanitarios y aprovechar mejor materiales que todavía tienen valor.

En una zona rural, esta discusión también toca la agricultura. Si el suelo sostiene parte importante de la economía local, devolver materia orgánica a la tierra debería ser una práctica cada vez más común. No tiene sentido enterrar lo que puede fortalecer el suelo.

La crisis de los rellenos sanitarios no se resolverá solo construyendo más sitios donde llevar basura. También requiere reducir lo que enviamos, separar mejor y fortalecer soluciones locales. Proteger un área silvestre protegida como el Monumento Natural Zona de Los Santos empieza también por cambiar hábitos cotidianos en las comunidades que la rodean.

Lo orgánico no es basura. Es materia viva que puede volver al suelo si aprendemos a manejarla mejor.

Las máscaras engañosas de un país verde

Frank Ulloa Royo

Costa Rica se ufana de su imagen internacional: país verde, democrático, garante de derechos humanos. Pero esa máscara, pulida para las vitrinas del mundo, se agrieta como porcelana vieja. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, la contradicción se vuelve aún más hiriente: el país que fue cogestor del Acuerdo de Escazú lo rechaza, profundizando su desprecio por la memoria ambiental que alguna vez lo distinguió.

Cuando la presidenta declara que la Agenda 2030 está superada y que estos temas son “una pérdida de tiempo”, cuando asegura que las mujeres y los niños “ya cuentan con todos sus derechos”, no solo niega la realidad: la reduce a un espejismo, un decorado de cartón que se desmorona con la primera lluvia.

Las cifras son contundentes y, al mismo tiempo, insuficientes. El INEC (2023) estimó que alrededor del 5 % de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizan algún tipo de actividad económica, unos 35 000 menores. Pero los sindicatos y maestros rurales advierten que la cifra oculta es mayor: 6–8 % en regiones agrícolas como Sarapiquí, Limón y Coto Brus, donde la migración nicaragüense y centroamericana es parte del tejido social.

Una maestra de Pocosol lo relataba con crudeza: cada tres o cuatro meses, las transnacionales o los subcontratistas despiden a los trabajadores de cosecha y las familias migran con sus hijos a otras regiones para recoger café o cortar caña de azúcar. Los niños abandonan la escuela —ni siquiera se llevan sus notas, como si la educación fuera un cuaderno olvidado en el barro— y se incorporan al trabajo. El ciclo se repite como una rueda oxidada que nunca se detiene. La inestabilidad laboral de los padres es el detonante del abandono escolar y de la incorporación temprana de los hijos al trabajo.

La deserción escolar en secundaria supera el 10 %, y en cantones rurales es aún mayor. Allí, la frontera entre estudio y trabajo se diluye: los niños que deberían estar en las aulas terminan cargando sacos de café más pesados que sus propios cuerpos, o cortando caña bajo un sol que parece castigarlos por haber nacido pobres. La estadística oficial apenas los roza, porque son invisibles: hijos de migrantes, sin registro, sin voz.

La contradicción es brutal: mientras la OIT y UNICEF insisten en que la erradicación del trabajo infantil es condición para el desarrollo humano, el discurso oficial lo minimiza, lo niega, lo oculta. Costa Rica firmó los Convenios 138 y 182 de la OIT, se comprometió con la Meta 8.7 de los ODS, y lanzó la Hoja de Ruta 2026–2030 para erradicar el trabajo infantil. Pero en la práctica, los compromisos internacionales se dejan de lado, y el país parece vivir de una imagen que poco a poco pierde sus máscaras, como un actor que ya ni siquiera se preocupa por fingir.

Al final, los niños migrantes agrícolas son tratados como marginales, como si fueran sombras que no merecen ser contadas. La retórica oficial se desentiende de ellos, mientras las cifras —ocultas, alarmantes— revelan que el trabajo infantil no es un residuo del pasado, sino una herida abierta en el presente.

Costa Rica abandona la hoja de ruta para ser un país libre de trabajo infantil, quizás se debate entre la apariencia y la realidad y mantengan algún maquillaje porque la más cara se le ha caído. Entre el discurso que presume derechos garantizados y la evidencia de miles de niños trabajando en plantaciones. Entre la firma de convenios internacionales y la negación política de la Agenda 2030. El país que se vende como ejemplo democrático carga con una deuda ética: reconocer y erradicar el trabajo infantil, especialmente en las comunidades migrantes que sostienen la agricultura, y recuperar el rumbo ambiental que hoy, en el Día del Ambiente, parece haber sido arrojado al basurero de la cultura de protección de los derechos humanos.

UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que permitiría minería de oro a cielo abierto en Crucitas

La Universidad de Costa Rica votó en la sesión N°6967, un acuerdo (CU-160-2025) frente al proyecto de ley denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Expediente n.º 24.717, actualmente en conocimiento de la Asamblea Legislativa.

Luego de un análisis integral solicitado por la Asamblea Legislativa la Universidad de Costa Rica por medio del Consejo Universitario concluye que la iniciativa presenta debilidades estructurales, riesgos ambientales, sociales, institucionales y jurídicos, y que no constituye una respuesta adecuada ni efectiva al problema de la minería ilegal en la zona de Crucitas.

El proceso de análisis incorporó criterios de diversas instancias universitarias, entre ellas el Programa Kioscos Socioambientales, la Escuela Centroamericana de Geología, el Departamento de Salud Ambiental de la Escuela de Tecnologías en Salud y el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental.

Desde el Programa Kioscos Socioambientales se advierte que el proyecto de ley parte de una base profundamente problemática. En su criterio institucional se señala de forma expresa que existe una “ausencia de diagnóstico serio y contextual”, ya que “el proyecto ignora los antecedentes históricos de minería metálica en Costa Rica, como los casos de Crucitas, Bellavista y Beta Vargas, todos marcados por impactos negativos y fracasos institucionales”. Además, se indica que “no se analiza por qué han fallado sistemáticamente los proyectos mineros en el país, ni se ofrece una evaluación realista de la minería ilegal actual”.

Kioscos Socioambientales también alerta sobre la desproporción territorial que introduce la iniciativa, al señalar que “el proyecto propone abrir más de 849 km² a la exploración y explotación minera, cuando los estudios oficiales indican que el área afectada por minería ilegal representa menos del 1 % del distrito”, lo cual “sugiere que el objetivo no es la remediación ambiental, sino la legalización de una expansión minera a gran escala bajo un régimen de excepción”.

Asimismo, el programa advierte que la propuesta legislativa no enfrenta las causas estructurales de la minería ilegal y, por el contrario, podría agravarlas. En ese sentido, se señala que “legalizar la minería sin una estrategia de seguridad efectiva podría legitimar estructuras delictivas y aumentar la violencia en territorios fronterizos”, en un contexto donde “existen vínculos documentados entre minería ilegal, narcotráfico y crimen organizado”.

Por su parte, la Escuela Centroamericana de Geología realizó observaciones técnicas de fondo al proyecto, señalando que legislar de manera parcial una actividad compleja como la minería constituye un error reiterado. En su análisis se afirma que “legislar parcialmente para una actividad compleja como la minería no es razonable”, y que resulta necesario un abordaje integral del Código de Minería para todo el territorio nacional.

La Escuela también cuestiona el uso del concepto de minería sostenible en el proyecto, indicando que “es extraña esa mezcla conceptual que se contrapone”, ya que la minería implica necesariamente el agotamiento del recurso, y que los posibles beneficios económicos no pueden justificar la ausencia de una regulación robusta y coherente.

En relación con el mecanismo de concesión, la Escuela de Geología es enfática al señalar que “solo tomar el royalty como base de puja no es aceptable”, y que “se debería evaluar la totalidad del proyecto minero propuesto”, incorporando aspectos como la gestión de residuos, los impactos ambientales, las medidas de cierre técnico, la relación con las comunidades y la remediación de los daños existentes.

En ese mismo sentido, se advierte que una lógica puramente económica resulta insuficiente, ya que “el proceso debe valorar también los componentes ambientales y sociales dentro de un estudio de factibilidad integral”. Se señala además que “la experiencia internacional demuestra que es posible diseñar concursos más equilibrados”.

La Escuela también critica que el artículo 9 obligue a entregar toda la información de exploración a la Dirección de Geología y Minas para incluirla en futuras subastas, lo cual refleja un desconocimiento de cómo funciona la industria minera, dado que la exploración constituye una inversión estratégica que no debería ser de acceso público inmediato.

De forma contundente, la Escuela concluye que “el proyecto de ley es otro esfuerzo más que presenta propuestas similares a otros anteriores para regular la minería en Crucitas”, y que no contribuye a frenar la minería ilegal, sino que “incita a la minería ilegal, similar a la existente en la actualidad en Crucitas”.

A estas observaciones se suman los señalamientos del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, que advierte que la propuesta “no constituye una estrategia efectiva para mitigar los efectos de la minería ilegal” y que “se requiere una reforma sustantiva que priorice la sostenibilidad, la protección ambiental y la salud pública”, en lugar de limitarse a la legalización de la minería a cielo abierto sin controles adecuados. Además, se advierte “la ausencia de un estudio socioeconómico que respalde técnicamente la declaratoria propuesta en el proyecto de ley”.

Finalmente, la Escuela de Salud Ambiental señala que “La minería es una de las actividades laborales con mayor impacto en la salud de las personas trabajadoras, sus familias y las comunidades. Estos efectos pueden ser de carácter físico, biológico y químico, y en muchos casos se manifiestan a largo plazo, lo que dificulta su comprensión clínica y epidemiológica. Si bien Costa Rica cuenta con un marco normativo e institucional en materia de salud ambiental, persiste una brecha significativa entre la normativa existente y su aplicación práctica”.

Acuerdo final

Con base en el análisis institucional realizado, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica acuerda:“ Comunicar a la Asamblea Legislativa, por medio de la Comisión Especial de la Provincia de Alajuela, que la Universidad de Costa Rica recomienda no aprobar el proyecto denominado Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, Provincia de Alajuela y Reforma parcial al Código de Minería, Ley n.° 6797 del 4 de octubre de 1982, Expediente n.º 24.717, por las observaciones señaladas en el considerando 5.”

Asimismo, la Universidad de Costa Rica manifiesta que “queda en la mejor disposición de colaborar con el criterio de personas expertas para aportar en este proyecto de ley”.

Ver acuerdo: https://www.youtube.com/live/osFQLvTDv2M?t=7275s

Texto del acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1t803LuX2fJ267ZedjoAMJyKhCnU3HYR5/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Comunidades y organizaciones exigen medidas ante intoxicación por agrovenenos en escuela de San Isidro de Heredia

El Colectivo Agroecológico Zurquí (CAZ) y diversas organizaciones y personas de la sociedad civil manifestaron su profunda preocupación por la reciente intoxicación de 17 estudiantes de la Escuela Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, ocurrida el pasado 24 de septiembre, tras la aplicación de un herbicida en una tomatera ubicada detrás del centro educativo.

En un comunicado urgente, el CAZ expresó su solidaridad con la comunidad afectada y calificó la situación como “indignante e inaceptable”. La agrupación hizo un llamado a apoyar la producción agroecológica basada en prácticas sustentables y libres de agrovenenos, al tiempo que exigió la declaratoria de San Isidro y otros cantones heredianos como zonas libres de agroquímicos en áreas públicas, ecológicas o de riesgo para la salud humana.

“La salud de nuestra niñez no se negocia. ¡Exigimos una infancia libre de venenos!”, enfatizó el Colectivo en su pronunciamiento.

Por su parte, en el pronunciamiento público conjunto, suscrito el 26 de septiembre de 2025, las organizaciones firmantes denunciaron que este hecho revela una problemática estructural: el uso indiscriminado e irresponsable de agroquímicos altamente tóxicos en zonas residenciales, escolares y comunitarias, sin la debida supervisión ni fiscalización estatal.

El documento exige una investigación inmediata y transparente por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares. Asimismo, plantea la necesidad de establecer zonas de resguardo alrededor de centros educativos y áreas de recarga acuífera donde se prohíba la fumigación con agroquímicos peligrosos, además de fortalecer la educación ambiental y la promoción de la agricultura orgánica y agroecológica.

Las organizaciones subrayan que “la vida, la salud y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés económico” y llaman a los medios de comunicación, instituciones públicas y comunidades a actuar con urgencia ante una situación que, señalan, no es un hecho aislado sino reflejo de un modelo productivo que requiere transformación profunda.

Entre las firmas que respaldan el pronunciamiento se encuentran:

  • Colectivo Agroecológico Zurquí
  • Organización Regenerativa Matzu Insigne
  • Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara
  • Finca Agroecológica La Amelia
  • Huerto del Colibrí
  • Red de Agroecología de Costa Rica
  • Finca Agroecológica La Plántula
  • Grupo de Vecinos Preocupados por los Agroquímicos de San Isidro
  • Puentes Comunes

Ambos comunicados concluyen con un mensaje común: la defensa de la salud, la niñez y el ambiente frente al uso de sustancias químicas que amenazan la vida y la integridad de las comunidades rurales.

En el corazón de nuestras comunidades construimos un futuro más fuerte – Contribución al debate electoral 2026

Carlos Hernández – Cokomal / Redess
carloscokomalp.p@gmail.com

En nuestras comunidades rurales, donde cada historia se teje con esfuerzo y cada día se siembra esperanza, la unión nos hace fuertes. No es solo una frase bonita, es lo que vivimos a diario. Es con el vecino que compartimos semillas criollas, el esfuerzo de todos para levantar el centro comunal, o el acuerdo que logramos en la asamblea bajo el techo del salón comunal.

La sostenibilidad de nuestro territorio no es una teoría complicada que solo entienden los expertos. Nace de estos lazos vivos. Las asociaciones, los colectivos de mujeres, los grupos de productores y las redes de comercio justo nos han enseñado algo clave: cuando trabajamos juntos de verdad, nuestras comunidades crecen con dignidad y un propósito claro. No se trata solo de producir, sino de cuidar nuestra tierra, preservar lo nuestro y decidir entre todos qué camino queremos seguir.

Estas experiencias nos demuestran que, al unirnos, fortalecemos la confianza, identificamos lo que nos hace falta y encontramos soluciones que se ajustan a nuestra realidad. El diálogo entre generaciones, el rescate de los saberes de nuestros antepasados y el apoyo técnico que respeta nuestra forma de vida han sido fundamentales para avanzar hacia prácticas que cuidan tanto la tierra como a quienes la habitan.

Además, esta unión solidaria ha sido nuestro gran respaldo en los momentos difíciles, como la pandemia o los desastres naturales. En esos momentos, nuestras redes de apoyo se activaron para llevar alimentos, organizar ferias locales y proteger a los más vulnerables. Es ahí, en la acción real, donde vemos el verdadero poder de nuestra comunidad.

Por eso, ahora que se acercan los debates electorales y la participación ciudadana, nos interesa mucho que las propuestas políticas incluyan un compromiso claro con el fortalecimiento de nuestro tejido social. Invitamos a quienes aspiran a representarnos a escuchar con atención estas historias, a incorporarlas en sus planes de gobierno y a sumarse a la tarea de construir territorios más justos, solidarios y sostenibles. Porque en cada comunidad organizada hay soluciones que ya están funcionando, y en cada voto consciente, hay una exigencia de dignidad y respeto para quienes día a día cuidan, cultivan y transforman nuestra realidad.

Imagen ilustrativa de acción comunitaria.

Los Santos, un sendero…

En medio del paisaje cafetalero de la zona de Los Santos, un nuevo audiovisual producido por Prisma Latinoamérica propone mirar más allá del grano de café. El documental titulado Los Santos: un sendero experimentado para el desarrollo nacional pone en primer plano la historia de comunidades que no han esperado soluciones desde los gobiernos de turno, sino que han construido el cambio desde sus propios territorios, con esfuerzo, organización y dignidad.

A través de testimonios y reflexiones desde la base comunitaria, el video destaca cómo, en un contexto nacional marcado por la incertidumbre, Los Santos ha tejido redes de colaboración, abierto mercados alternativos y fortalecido su vida comunal, a pesar de políticas públicas que a menudo excluyen e invisibilizan a las regiones rurales.

Más allá de una historia sobre café, este trabajo habla de resistencia, innovación, autonomía y justicia. Es una invitación a repensar el modelo de país desde lo local, a descentralizar las decisiones sobre salud, educación, seguridad y ambiente, y a reconocer que el desarrollo puede nacer desde los territorios.

Le invitamos a ver el cortometraje completo y a sumarse a la reflexión sobre cómo fortalecer nuestro país desde nuestras comunidades.

Guatemala: energías renovables que cambian vidas en las comunidades rurales

En su episodio más reciente, la radiorevista AgroEnlace presenta el Proyecto “Energía Rural”, impulsado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con apoyo del programa ARAUCLIMA de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y cómo su implementación ha transformado la vida de familias en condiciones de alta vulnerabilidad mediante el uso de tecnologías renovables y eficientes, adaptadas a las necesidades locales.

Desarrollado entre 2022 y 2024 en Guatemala, Costa Rica, Bolivia y Colombia, el proyecto ejecutó 32 iniciativas demostrativas en eficiencia energética y energías limpias, específicamente energía solar, en conjunto con organizaciones de base comunal. En Guatemala, particularmente, se ejecutó con el acompañamiento de ASORECH y ASEDECHI, organizaciones comunitarias con amplia trayectoria.

Las tecnologías instaladas fueron aplicadas a múltiples usos: secado de granos, procesamiento de productos con molinos eléctricos, abastecimiento de agua con bombas de energía solar, riego con goteo, iluminación domiciliar, estufas eficientes y sistemas conectados a la red eléctrica. Todo esto con la participación de asociaciones mixtas, organizaciones de mujeres, cooperativas agrícolas, comités de agua y Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER) de las zonas de Chiquimula y Quezaltepeque.

El impacto del proyecto se evidencia en los testimonios de quienes han incorporado estas soluciones en su vida cotidiana:

  • Franklin Michos, productor de la cooperativa CASVACHI en Chiquimula, explicó cómo el bombeo solar, sin requerir el uso de bombas de combustible, permitió producir forraje y ensilar maíz, incluso en la época más seca, aumentando el rendimiento agrícola de la cooperativa de 10 a 30 toneladas por manzana y generando un ahorro mensual de casi mil quetzales, equivalentes a 65.700 colones.

  • Francisca Cruz, agricultora del CADER de Chiramay, relató cómo la instalación de un pozo artesanal impulsado por una bomba sumergible potenciada con energía solar les permite obtener agua de forma más sencilla, para regar las hortalizas y contar con agua para otras necesidades cotidianas. “Ya no jalamos el agua de lejos… ahora tenemos un buen cambio para poder nosotros estar felices con todo el beneficio que tenemos del proyecto”, afirmó.

  • Walter Nehemías Julián Méndez, gerente de la Cooperativa Agrícola Integral Cafetales R.L., detalló cómo la instalación de 5 paneles solares conectados a la red eléctrica de la cooperativa les permitió estabilizar el servicio eléctrico de su planta empacadora y reducir costos en más de 800 quetzales mensuales, equivalentes a 52.500 colones.

  • René Agustín, tesorero del Comité de Preconstrucción, Operación y Mantenimiento de Agua Potable en Ipala, explicó que los paneles solares solucionaron los problemas de voltaje que dejaban las bombas sin funcionar, garantizando ahora un abastecimiento constante y un ahorro económico considerable.

  • En el caso de la Asociación de Mujeres Olopenses (AMO), compuesta por más de 370 socias, la instalación de sistemas de iluminación solar en hogares de mujeres que nunca habían tenido electricidad representó un cambio radical. “Ya no íbamos a estar en lo oscuro”, relataron Mirna Leyva y Olga Romero, destacando también el valor de las capacitaciones en mantenimiento que acompañaron la instalación.

El IICA destacó que este tipo de experiencias demuestran que las comunidades rurales pueden ser protagonistas en la innovación agrícola y energética, para enfrentar en mejores condiciones la variabilidad climática. Por esta razón, actualmente la institución gestiona nuevos fondos con actores cooperantes para ampliar el alcance del proyecto y beneficiar a más personas en zonas aún no cubiertas.

Si desea escuchar el programa completo, puede visitar el siguiente enlace: https://n9.cl/78qlt. Asimismo, si gusta leer la versión escrita del episodio, puede acceder al siguiente enlace: https://n9.cl/56c3g

Fotos: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Mujeres costeras y rurales de Costa Rica se reúnen para defender sus derechos y territorios

«Con la Fuerza del Mar y la Tierra»

Ante la creciente escalada de violencia hacia las mujeres y la urgencia de fortalecer su liderazgo en las comunidades rurales y costeras del país, se realizará el Encuentro de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica, bajo el lema «Con la Fuerza del Mar y la Tierra», este 17 de mayo de 2025 en el Estadio Nacional.

Esta iniciativa, autogestionada y convocada por diversas colectivas de mujeres feministas de las costas y zonas rurales, reunirá a 70 lideresas y representantes de comunidades de todo el territorio nacional. Entre las organizaciones convocantes se encuentran Unidas Talamanca, el Foro de Mujeres Puntarenenses, la Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres (ACOPROM), el Movimiento Feminista Santa Teresa (MFST) y Sámara Empoderada. Además, el encuentro cuenta con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Geografía, el programa Diálogos y Saberes, el programa Kioscos Sociambientales, el Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El evento tiene como propósito principal construir una agenda nacional que visibilice las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales y costeras, particularmente en un contexto de violencia creciente y de desatención institucional. En Costa Rica, 68 mujeres por día fueron víctimas de delitos sexuales en 2023, un incremento del 76% respecto al año anterior. No obstante, solo un 15% de las denuncias resultaron en acusaciones formales, evidenciando graves fallos en el sistema de justicia. Esta situación se agrava en zonas costeras como Santa Teresa, Puerto Viejo o Cóbano, donde muchas comunidades carecen de fiscalías especializadas y servicios de atención inmediata a víctimas (El País, 2024).

Las zonas rurales y costeras enfrentan altos índices de violencia intrafamiliar y sexual, muchas veces sin acceso oportuno a centros de atención ni a redes de apoyo institucional. En la mayoría de estas comunidades no existen juzgados especializados ni servicios constantes del INAMU, lo que dificulta la denuncia y una atención efectiva. A esta violencia directa se suma la exclusión social en servicios como educación y salud, así como mayores niveles de desempleo, pobreza y bajo desarrollo humano.

En 2023, las autoridades registraron un promedio mensual de 9.388 incidentes de violencia contra mujeres, sumando un total de 112.000 casos en el año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (Monumental, 2024).

Las mujeres costeras enfrentan también dobles exclusiones: de género y territoriales. La falta de acceso seguro a la tierra y a servicios básicos como salud y educación afecta de manera particular a mujeres afrodescendientes, indígenas y migrantes. Además, una gran parte de ellas trabaja en la economía informal, en actividades como el turismo, la pesca artesanal o la venta ambulante, sin acceso a seguridad social ni protección laboral (Cano, 2023).

Las políticas públicas suelen centrarse en el desarrollo turístico o la conservación ambiental, dejando de lado la inclusión y necesidades de las mujeres locales, que han sostenido sus comunidades en contextos de abandono estatal. Aunque existen programas del INAMU, IMAS o INA, muchos no llegan con pertinencia cultural ni territorial, es usual que en muchas comunidades se tenga poca o nula información sobre la existencia de estas instituciones, lo que profundiza las brechas estructurales.

Frente a este panorama, las mujeres rurales y costeras han impulsado respuestas organizativas desde sus comunidades. Colectivos como el Movimiento Feminista de Santa Teresa o Unidas Talamanca han logrado condenas históricas en casos de violencia sexual y han promovido procesos de formación, incidencia y organización territorial. Iniciativas como el programa Trayectos de ONU Mujeres también han reforzado el liderazgo y empoderamiento de mujeres y personas LGBTIQ+ en tránsito en zonas vulnerables (El País, 2024b).

Durante el encuentro, se llevarán a cabo mesas temáticas, ponencias y dinámicas participativas que fomentarán el intercambio de experiencias, la construcción de soluciones colectivas y la definición de compromisos de acción. Este será un espacio fundamental para promover alianzas, potenciar la incidencia política y reconocer el papel vital que desempeñan las mujeres rurales y costeras en el desarrollo sostenible, la conservación ambiental y la preservación cultural del país.

Con la fuerza del mar y la tierra, las mujeres costeras y rurales de Costa Rica avanzan juntas hacia la transformación de sus territorios, tejiendo redes de resistencia, solidaridad y esperanza.