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Etiqueta: América Latina

El desafío de América Latina frente a Trump: ¿Subordinación o soberanía en el nuevo orden multipolar?

Mauricio Ramírez Núñez

Mi tesis central radica en que las posturas agresivas y unilaterales de Trump hacia la región, lejos de ser exclusivamente negativas, podrían generar un punto de inflexión en el que los países latinoamericanos se vean obligados a tomar una postura más clara, soberana y unificada frente a Estados Unidos, a diferencia de la estrategia «soft» de los demócratas, que suele ser percibida como más sutil pero igualmente intervencionista. Esta es una tesis que países como Rusia la deben de tener muy clara en todo aspecto.

Durante el primer mandato de Trump, México vivió una transformación política significativa. Las posturas abiertamente xenófobas y agresivas de Trump hacia los mexicanos minaron el discurso tradicional de partidos como el PRI, que históricamente habían mantenido una relación servil con Estados Unidos. Esto abrió paso a un sentimiento nacionalista que favoreció el ascenso de Andrés Manuel López Obrador, cuya retórica de soberanía resonó con una población cansada de la corrupción de aquellos partidos, así como de la subordinación política y económica a Washington.

Aquí trazo un paralelismo interesante de considerar: lo que ocurrió en México podría replicarse en toda América Latina. La lógica detrás de esta afirmación es que las amenazas y actitudes confrontativas de Trump, como la idea de recuperar el Canal de Panamá o imponer sanciones unilaterales, podrían obligar a los gobiernos y las sociedades de la región a articular una respuesta más firme y cohesionada, anclada en la multipolaridad emergente liderada por actores como India, China y Rusia. Además de reactivar en la región la semilla para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas e ideológicas.

Sin duda Trump seguirá la doctrina Monroe que busca reafirmar el control estadounidense sobre la región mediante una estrategia directa y matonesca, a diferencia de la estrategia más «soft» de los demócratas, que se reviste de un lenguaje progresista y diplomático pero que, en esencia, busca los mismos objetivos hegemónicos. Este contraste pone de relieve una cuestión clave: ¿es preferible enfrentar una hegemonía explícita y directa o una que actúa tras bambalinas? Desde mi perspectiva, la primera opción, aunque más dura, podría ser un catalizador para una mayor autonomía o despertar regional.

En este contexto, queda en evidencia la decadencia de Estados Unidos — por su desesperación por recuperar influencia y recursos— lo cual representa una oportunidad única para América Latina de redefinir su papel en el sistema internacional, dejando de ser un «patio trasero» y posicionándose como una región estratégica dentro del nuevo orden multipolar. Creo que Rusia y China pueden tener una lectura algo similar de esto.

La pregunta central es, ¿Qué postura tomaremos?, es tanto un llamado a la acción como un desafío político. En un escenario de crisis y confrontación, América Latina podría optar por dos caminos: mantener la subordinación histórica a Estados Unidos o construir una respuesta soberana y colectiva que aproveche las dinámicas del sistema multipolar. Esto último implicaría fortalecer la integración regional, diversificar las relaciones exteriores y revalorizar los principios de autodeterminación y soberanía.

Tampoco podemos dejar de lado riesgos de esto. Aunque Trump pueda actuar como un catalizador de cambios, la posibilidad de enfrentar sanciones, desestabilización económica o conflictos internos podría complicar la consolidación de una postura unificada en la región. Además, la creciente influencia de actores como China y Rusia en la región plantea sus propios desafíos en términos de dependencia y negociación.

Es momento de pensar en lo que desde hace tiempo ya varios políticos y académicos han planteado sobre un No Alineamiento Activo que nos permita tener equidistancia estratégica, así como una postura independiente y soberana en la política internacional.

Defensoría revisan situación de los derechos de las personas afrodescendientes en América Latina y el Caribe

Costa Rica participa activamente con su liderazgo en el continente

El estado de situación de los derechos humanos de las personas afrodescendientes en América Latina forma parte de un proyecto de capacitación que participa la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica con entidades homólogas a través de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).

La intención no solo es que funcionarios/as de las Defensorías analicen los principales desafíos que enfrenta la población afrodescendiente de la región sino también que los participantes puedan reconocer los principales retos, problemas y afectaciones en cada país para un adecuado abordaje y protección.

El programa incluye el conocimiento del contexto histórico, económico y político de la población afrodescendientes con un enfoque de derechos humanos y su realidad actual, así como los instrumentos naciones e internacionales más relevantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el tema de la lucha por la tierra, territorios y recursos naturales y el estudio de casos puntuales en Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, México, entre otros.

Este esfuerzo de trabajo colaborativo entre la Defensoría de los Habitantes, la Asociación de Mujeres Afrocolombianas (AMUAFROC), la Articulación para el Decenio Afrodescendiente (ALDA) y RINDHCA, se propicia en el marco del proyecto de fortalecimiento de la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe en el diálogo de seguimiento y evaluación de la agenda del Decenio Internacional Afrodescendiente, liderado por AMUAFROC.

Para la Defensora de los Habitantes de Costa Rica, Angie Cruickshank, esta cooperación es fundamental para fortalecer las líneas de acción e incidencia de las instituciones nacionales de derechos humanos de la región en la protección y promoción de los derechos de la población afrodescendiente en América Latina y el Caribe.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

La interferencia desmedida de Washington enrarece el aire político en América Latina

Gilberto Lopes
San José, 11 agosto de 2024

Las expectativas eran enormes. Parecía que, ahora sí, la oposición venezolana, organizada alrededor de María Corina Machado, representaba una verdadera amenaza para el presidente Nicolás Maduro.

La oposición pensaba que su ventaja en las elecciones del pasado 28 de julio era tan grande que Maduro no podría falsificar los resultados, sobre todo frente a la Casa Blanca, que acompañaba de cerca el proceso y con quienes la oposición negociaba la eventual renovación de las sanciones económicas que desde hace más de una década se han venido aplicando al país, y la presión internacional, caso no se confirmase su triunfo.

Para los corresponsales del diario español El País en Bogotá y Caracas, Maduro llegaba a los comicios muy desgastado por la crisis económica. El diario mexicano La Jornada, en un editorial el día siguiente de las elecciones, se refería a esas sanciones de Washington a Venezuela. Pero lo hacía en un tono distinto. Le pedía a la oposición alinearse con los intereses nacionales para “exigir a Washington el levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo comercial y financiero” que, en su opinión, era “la principal causa de las carencias que padece la población”. Una de cuyas consecuencias es la migración forzosa de unos siete millones de venezolanos, que inundan países vecinos, en busca de mejores condiciones de vida.

“Ninguna medida gubernamental resolverá las dificultades que padecen millones de venezolanos mientras el imperialismo estadounidense impida a Caracas la obtención de divisas y la adquisición de todo tipo de bienes, incluidos alimentos y medicinas”, decía el editorial de La Jornada.

Una semana después de las elecciones, cuando ya Estados Unidos había reconocido el triunfo del opositor Edmundo González, Manuel Domingos Neto, ex-presidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa (ABED), Roberto Amaral, ex-ministro de Ciencia y Tecnologíay el exdiputado y expresidente del PT, José Genoino, recordaban el escenario de la disputa: “un país que ostenta la mayor reserva de petróleo del mundo, que se proyecta sobre el Atlántico y el Pacífico, y es la puerta de entrada a la amazonia”.

Arrogancia desmesurada

Atribuyéndose poderes de la junta electoral, el Secretario de Estado Blinken declaraba “concluida las elecciones en Venezuela y proclamó electo a Edmundo González”. Para los tres políticos brasileños, esa “arrogancia desmesurada” termina alertando a los latinoamericanos contra la “profesión de fe democrática de los candidatos a dueños del mundo”. Están hablando, naturalmente, de los Estados Unidos.

Washington ha sido actor principal del escenario político venezolano, un país al que ha impuesto las más variadas sanciones económicas. Los efectos devastadores de esas sanciones han sido objeto de diversos estudios, entre ellos el de Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research, y Jeffrey Sachs, director del Center for Sustainable Development de la Universidad de Columbia, publicado en mayo de 2019. (El estudio puede ser visto aquí:https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-04.pdf)

El estudio analiza algunos de los impactos más importantes de las sanciones económicas impuestas a Venezuela por el gobierno de los Estados Unidos, desde agosto de 2017 hasta 2019. Las sanciones ­–dicen Weisbrot y Sachs– “redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos, que huyeron del país como producto de la depresión económica y la hiperinflación”. Estas sanciones “han infligido daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40 mil muertes entre 2017 y 2018”, agregan.

En enero del 2019 Washington y sus aliados habían reconocido al opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela y renovaron las sanciones al país, adueñándose de recursos petroleros venezolanos en el exterior y del oro depositado en el Banco de Inglaterra.

Sanciones que han sido habituales en las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela en las tres últimas administraciones norteamericanas. Las primeras, impuestas por Barack Obama, recrudecieron bajo el gobierno de Trump, que impuso restricciones a las operaciones comerciales entre empresas y ciudadanos norteamericanos y el gobierno de Venezuela. En 2019 se suspendió la compra de petróleo, ampliando las sanciones a instituciones de terceros países que proporcionaran apoyo financiero a Venezuela.

Sometido a esas presiones, renovadas en el gobierno de Biden, la economía de Venezuela sigue enfrentando severas restricciones. Biden, que había cancelado algunas de esas sanciones, los renovó en vísperas de las elecciones. A partir del 31 de mayo todas las empresas extranjeras debían cesar sus operaciones de producción y exportación de petróleo y gas venezolano. Para hacer negocios con la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) debían solicitar al Tesoro norteamericano autorizaciones individuales, que son evaluadas caso por caso.

¿Cómo celebrar elecciones libres bajo sanciones?

¿Se puede celebrar elecciones libres en estas condiciones? Como lo explicaba a sus estudiantes Madeleine Albright, Secretaria de Estado norteamericana durante el segundo gobierno Clinton (1997-2001) en su libro sobre el fascismo, el objetivo principal de la política exterior era convencer a otros países a que hagan lo que quieres que hagan. Para eso –agregó– disponemos de diversos recursos, desde una solicitud educada hasta enviar a los marines. El envío de marines se ha hecho inviable, como lo reconoció esta semana la general Laura Richardson, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Pero las sanciones nunca fueron más populares en Washington y en las Naciones Unidas, dijo la revista Foreign Policy, en una serie de artículos sobre el tema, que publicó en diciembre de 2021. Transformadas en un “garrote diplomático y económico vital para hacer entrar en razón a los gobiernos recalcitrantes”, Estados Unidos ha redoblado su apuesta, multiplicando el uso de las sanciones como arma política.En 2012 el congreso había aprobado el Magnitsky Act, para sancionar a quienes Washington considerara violador de los derechos humanos o corrupto. Cuatro años después extendió a todo el mundo los alcances de la ley, aprobando el Global Magnitsky Act. El objetivo de la ley –dicen los comentaristas en Foreign Policy– no era cambiar el comportamiento de los sancionados, sino desmantelar la red financiera que los sustenta. Naturalmente, la definición de los enemigos responde a los criterios políticos de Washington.El caso de Cuba es el ejemplo más antiguo y más dramático de los efectos de esas medidas. No quiere decir que el gobierno no cometa errores, pero su margen de maniobra es prácticamente nulo, dada la gravedad de las sanciones, impuestas hace más de 60 años y que hoy cuentan con la oposición prácticamente unánime de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin que Estados Unidos haya hecho nunca ningún caso de esas votaciones. No son parte de las reglas de su mundo.Sometidos a sanciones devastadoras, esa vida política se torna imposible en el “patio trasero” de los Estados Unidos, apoyada por los representantes locales de esos intereses. Todo intento de derribar las cercas del patio ha sido enfrentado con la gama de armas descritas por Albright.

¿Cuál es el resultado de esa política? Con otras características, esa política se repite en Venezuela, con los efectos descritos por Weisbrot y Sachs. Salvo que se gobierne alineado a los intereses de Washington, la intervención norteamericana, ejercida por el gobierno o por sus ONGs, desequilibra el escenario, inclina la balanza hacia determinado sector de la sociedad, haciendo imposible que el peso de cada uno se refleje libremente en los resultados electorales.

Vean la situación de Nicaragua. Vayamos a las elecciones de 1990. Yo estuve allá. Fue impuesta tras una guerra organizada y financiada por Washington que hizo imposible cualquier esfuerzo por administrar el país que, en medio del conflicto, no tenía posibilidad alguna de garantizar a sus ciudadanos ni la vida. Menos la perspectiva de un desarrollo económico y social. ¡Nada! La guerra lo consumía todo. Como si fuera poco, con la amenaza de que, ante un eventual triunfo sandinista, Washington continuaría promoviendo esa guerra.

En ese escenario se celebraron las elecciones. ¿Se podía celebrar así una elección libre? ¿Podían los nicaragüenses expresar libremente su voluntad?

Ganó la oposición, pero la vida política del país no pudo volver a un cauce “normal”, donde los diferentes puntos de vista se expresan en igualdad de condiciones. Se sucedieron los gobiernos apoyados por Washington: Violeta Chamorro, Bolaños, Alemán; el pacto aberrante Ortega-Alemán, mientras el sistema político se desdibujaba, hasta llegar a los extremos de hoy.

El intento de una “revolución de colores”, en abril del 2018, enfrentada con las armas por el gobierno, extrajo todo oxígeno de la burbuja política, donde hoy nada sobrevive. No hay vida en el escenario político de Nicaragua.

En enero del 2018, contratistas de la USAID presentaron el informe final de un proyecto quinquenal (de abril del 2013 a febrero 2018) de “Capacitación para la Defensa de la Sociedad Civil”. Entre los objetivos del proyecto estaba “el desarrollo de las capacidades de USAID/Nicaragua para que las organizaciones clave/objetivo, muchas de las cuales reciben apoyo a través de otras actividades de democracia y gobernabilidad financiadas por la USAID, puedan alcanzar mejor los objetivos del programa acordados mutuamente”. Pretendían también “mejorar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y de los individuos para coordinarse cada vez más y trabajar en red entre sí, con el sector privado y con los medios de comunicación, para promover la concienciación, la defensa y el activismo”, iniciativas que “llegaron directamente a más de 3.599 nicaragüenses”. (El informe puede ser visto aquí: https://chemonics.com/wp-content/uploads/2018/10/FinalReport.pdf)

¿No aprendemos nada de todas estas experiencias?

¿Es posible explicar estos escenarios sin la intervención de Washington? Es fácil imaginar los efectos que proyectos de esta naturaleza tienen en un pequeño y pobre país como Nicaragua y cómo afectan su desarrollo político. Y difícil imaginar que el intento de una “rebelión de colores”, en abril, no tenga relación alguna con estos proyectos. ¿Qué oxígeno puede haber para alimentar la vida en la burbuja política sometida a esos instrumentos? ¿Qué espacio deja para el desarrollo libre de la política nacional? Es el instrumento con el que se extrae todo oxígeno de esa burbuja política en los países latinoamericanos cuando fuerzas transformadoras, no alineadas con los intereses de Washington, aspiran a dirigir los destinos de una nación.

América Latina produce más de un tercio del litio mundial, cuenta con importantes yacimientos de cobalto, manganeso, níquel, tierras raras y otros minerales, recordaba en un artículo sobre las “grandes oportunidades en Latinoamérica”, Shannon K. O’Neil, vicepresidente de Estudios y Senior Fellow para Estudios Latinoamericanos del Council on Foreign Relations. En Venezuela están en juego enormes recursos petroleros y mineros. La disputa electoral se da, además, en el escenario de un gran reacomodo de los poderes mundiales.

“Si hay algo de cierto en la idea en que la geopolítica se está convirtiendo en una competición entre autoritarismo y democracia, América Latina se sitúa claramente del lado de Estados Unidos y Occidente. A pesar de la pobreza, la desigualdad, la violencia y el debilitamiento del Estado de derecho, hay más personas que eligen vivir bajo un gobierno democrático que en las sociedades europeas y norteamericanas”, agregó O’Neil.

De modo que el mismo lunes, menos de 24 horas de cerradas las urnas, el secretario de Estado, Antony Blinken, manifestó desde Tokio, donde se encontraba, “serias preocupaciones” por los resultados anunciados en Venezuela.

El presidente chileno, Gabriel Boric, estimó, por su parte, que los resultados publicados por la autoridad electoral venezolana “son difíciles de creer”. El caso del presidente chileno es particularmente llamativo. Su política exterior coincide con frecuencia, como en el caso de Venezuela, con la de los representantes de los gobiernos de una derecha históricamente responsable de las mayores violaciones de los derechos humanos en la región. Lo hace, naturalmente, en nombre de la defensa irrestricta de los derechos humanos.

El expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, hizo un llamado a un golpe de Estado. Lo puso en Facebook el mismo domingo, 28 de julio: –Señor ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino, como ciudadano de un país democrático lo exhorto, respetuosamente, apelando a su patriotismo, a que defienda la voluntad popular del pueblo venezolano expresada el día de hoy en las urnas.

¿Y cuál era esa voluntad? ¿Cómo lo sabía Oscar Arias? No lo sabía. Ni importaba. Como agregó en esa misma nota, el resultado debía reflejar “lo expresado por las diferentes encuestas tomadas a los electores después de emitir su voto. Un resultado diferente solo tiene un nombre: fraude electoral”.

Pero la oposición no presentó prueba alguna de ese fraude. Eran las encuestas que manejaba, como lo decía Machado, el lunes después de las elecciones: “A lo largo del día, con los conteos rápidos, fuimos monitoreando cómo iba la participación, hora a hora”. “Cuatro conteos rápidos, autónomos e independientes, dieron los mismos resultados de las encuestas”. Eso era todo.

¿Se imaginan un golpe militar en Venezuela? ¿Alguien piensa que sería muy distinto al de Chile, en 1973? ¿Una traición de los militares, como la de Pinochet, a la institucionalidad y a sus juramentos? ¿María Corina Machado y Edmundo González gobernando Venezuela? ¿Es falsa toda la historia que vincula a González, entonces diplomático venezolano en El Salvador, con algunos de los crímenes más cueles en los años de la guerra en aquel país?

El mundo en el que Arias sueña con un golpe, ¿es el mismo de 1973, cuando Pinochet derrocó a Allende, con el apoyo de Hayek, Friedman o Kissinger? ¿O el mundo con el que soñaba Albright?

La derecha liberal puede ser extrema, cuando hace falta. O democrática, cuando les es suficiente. Por ahora, está en pleno desarrollo el proceso electoral en Venezuela, que debe culminar con un peritaje y resultados definitivos, que el Tribunal Supremo de Justicia deberá divulgar.

Pero hace falta que América Latina pueda disfrutar de una vida política sin la interferencia desmedida de Washington, que enrarece el aire político de la región.

FIN

Pronunciamiento conjunto de organizaciones de la sociedad civil y el Movimiento de Valientes de Latinoamérica

#VenimosValientes Contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes en #CostaRica

Lunes 05 de agosto del 2024. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una crisis alarmante en toda América Latina. En Costa Rica, la situación es particularmente preocupante. Los casos de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes han incrementado significativamente y de forma constante en los últimos años. Según el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, pasamos de 6078 denuncias por delitos sexuales contra personas menores de edad en el 2020, a 6703 en el 2023. Los delitos incluyen seducción de personas menores de edad por medios electrónicos, relaciones sexuales con menores de edad y abuso sexual a menores de edad. Además, en el 2022, de un total de 2044 casos por delitos sexuales contra la niñez y adolescencia que lograron ser llevados a Tribunales, sólo el 47% de los casos alcanzaron una sentencia condenatoria. Esta realidad no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas sobrevivientes, sino que también tiene un impacto duradero en su salud física y mental.

Nos encontramos en un momento crucial en el que debemos actuar con firmeza y determinación para proteger a las niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual. La falta de políticas eficaces y la deficiente implementación de las existentes, han permitido que esta problemática continúe creciendo. Es nuestra responsabilidad colectiva como sociedad y como Estado garantizar el bienestar, dignidad y la seguridad en la niñez y adolescencia. 

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, con el apoyo del Movimiento de Valientes de Latinoamérica emitimos este pronunciamiento con las siguientes demandas, denuncias públicas y exigencias:

  1. Declaratoria de Interés Público y Nacional del 9 de Agosto:

– Exigimos que el 9 de agosto, Día de Solidaridad con las Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual Padecida en la Infancia y/o Adolescencia, sea declarado de interés público y nacional en Costa Rica. Este día debe servir para visibilizar la problemática, promover la reflexión y para impulsar acciones concretas que busquen erradicar la violencia sexual contra bebés, niñas, niños y adolescentes.

  1. Imprescriptibilidad de los Delitos de Violencia Sexual y Derecho al Tiempo:

– Las personas sobrevivientes deben tener el derecho de denunciar los delitos de violencia sexual en cualquier momento de sus vidas, sin que estos delitos prescriban. Dada la complejidad emocional y psicológica de la violencia sexual, muchas personas no pueden denunciar de inmediato. La imprescriptibilidad garantiza que el paso del tiempo no borre la posibilidad de obtener justicia.

  1. Prevención desde lo Local a lo Nacional:

– Hacemos un llamado urgente a los gobiernos locales para que emitan declaratorias que les posicionen como “Cantones libres de violencia sexual”, y que destinen recursos para crear espacios comunitarios de sensibilización y prevención, que involucren a infancias, adolescentes y sus familias.

  1. Acompañamiento Psicológico y Médico Integral:

– Consideramos que el Estado debe garantizar un abordaje integral de apoyo psicológico y médico a las personas sobrevivientes, asegurando un proceso de recuperación y reparación desde la empatía y el respeto. Para ello es urgente la articulación entre organizaciones públicas y de la sociedad civil para gestionar el acompañamiento integral necesario.

  1. Responsabilidad Institucional y Social:

– Denunciamos inacción y negligencias de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio Público, Ministerio de Educación Pública y el Patronato Nacional de la Infancia, en el cumplimiento de sus deberes de protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Denunciamos también la tendencia del actual gobierno de recortar y condicionar los presupuestos destinados a la protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños, mujeres y adolescentes. Exigimos medidas inmediatas para fortalecer la institucionalidad pública que debería velar por el desarrollo pleno y digno de los planes de vida de todas las personas por igual.

  1. Comunicación sensible, empática y transformadora:

– Exigimos a los medios de comunicación masivos un abordaje respetuoso y empático de la violencia sexual contra menores, tratándola como el problema estructural que es. Es fundamental que los medios denuncien la responsabilidad del Estado, la cultura patriarcal y de los agresores, en lugar de revictimizar a las personas sobrevivientes. 

Además, desde los principios del derecho humano a la comunicación, y cómo organizaciones de la sociedad civil consideramos necesaria la redistribución del espectro radioeléctrico para que resuenen las voces de las y los sobrevivientes y organizaciones aliadas en los medios de comunicación. Solo mediante la representatividad democrática en los medios, la sociedad civil tendrá la posibilidad de abordar el tema con responsabilidad ética, compromiso social, veracidad y sensibilidad, promoviendo una narrativa que apoye la justicia y la reparación, y no perpetúe el dolor y la vulnerabilidad de quienes han sufrido estas atrocidades.

  1. Atención prioritaria a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes indígenas:

– El 9 de agosto, además de conmemorar el Día de Solidaridad con las Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual en la Infancia y Adolescencia, es también el Día de los Pueblos Originarios. Por ello, hoy también exigimos un compromiso real y una atención prioritaria del Estado en la protección de los derechos de la niñez indígena. 

En Costa Rica, los pueblos originarios han sido históricamente violentados debido al racismo sistemático. En estos territorios se encuentran los niveles más altos de pobreza, desigualdad, violencia sexual, embarazo infantil y adolescente, y discriminación, siendo las niñas y juventudes indígenas las más afectadas por la violación de sus derechos.

Este año, el Gobierno de Costa Rica excluyó a la población indígena menor de edad de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036, lo que representa una flagrante violación de sus derechos y una discriminación que invisibiliza a las personas menores de edad en territorios indígenas, sus inquietudes y aspiraciones. Denunciamos que ésta omisión del gobierno incumple con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

  1. Lucha Contra la Complicidad Clerical y Patriarcal:

– Denunciamos la complicidad clerical y la reproducción del patriarcado en las instituciones religiosas como factores que perpetúan la violencia sexual. Requerimos acciones concretas para erradicar estas formas de complicidad y violencia estructural dentro de los espacios religiosos.

Hacemos un llamado urgente a la institucionalidad pública y a la sociedad civil para que se unan a éste movimiento de Valientes para erradicar la violencia sexual y construir un futuro seguro y digno para todas las niñas, niños y adolescentes.

¡Venimos Valientes! #VenimosValientes

FIRMAN:

Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil:

Nataly Segura Molina – Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA)

Daniela Salas Monge – Me Pasó en la UCR / FECOU

Génesis R. Cruz – Cofundadora del Movimiento de Valientes de Latinoamérica y Presidenta de Voces Nuestras

Lilliana León Zúñiga – Fundadora de la Asociación Voces Nuestras

Fresia Camacho Rojas – Fundadora de Asociación Voces Nuestras

Roger Chaves G – Voces Nuestras

Hana Figueroa – Asociación Niñas Sabias

Dahia – Maestra Certificada de Niñas Sabias

David Contreras Mora – Partido Frente Amplio

Efrain José – Bloquesocioculturalartisticocañero

Colectiva Feminista Las Guetas

Defensa de Niñas y Niños Internacional, Costa Rica.

Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade)

Colectiva Guanadefensoras

María Clareth Calderón Monge – Despacho Diputada Sofía Guillén

Paula Siles Iong – Detrás del Arcoiris

Jennifer Hernández Durán – Representante ante el consejo de Asociaciones estudiantiles de la carrera de Orientación en la UNA

Michelle Méndez – AsoDet

Erika Gutiérrez Solís – UNED

Tirza Mabeth Chinchilla Mora – Universidad Nacional de Costa Rica

Karen Marín Argüello – Alternativa (partido político estudiantil en la UCR)

Yariela Vanesa Jiménez Vargas – ASODET

Amanda Carvajal Umaña – Junta directiva de Trabajo Social

Leiver Julian Zambrano Guaca – Universidad de los Andes

Natalia Solís Rojas – Frente Nacional de Lucha

Olman Bolaños Vargas – DEI

Mariangel – Fundación Miguel Marin Valenciano

Chris Sanabria – Integra Partido Federativo UCR

Jona Leitón González – Integra

Ariana Solis Gonzalez – Partido Integra de la UCR

Artemisa Villalta Cortés – Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica

(FEUCR) Emma Leon – MePasóEnLaUNA

Cayshe Maroto Sánchez – Participo en el desarrollo, indígena Boruca 

Luana – Frente Feminista de la Juventud del Frente Amplio

Defensores/as de Derechos Humanos Independientes:

Heidy Valencia Espinoza

Graciela Mora Padilla

Andrea Cordero Vargas

Diana Calvo Monge

Milena Grillo

Josselyn Granados Villalobos

Daniela Brenes

Cristhiam Álvarez Rosales

Dalila Pérez Chavarría

Kristel Fabiola Valverde Jara

Mapeando para la resistencia: falsas soluciones a la crisis climáticas en América Latina y el Caribe

Programa Alternativas. Contaremos con el siguiente panel invitado para este conversatorio: Johana Molina (coordinadora del proyecto y parte del Colectivo VientoSur), Fresia Ramírez (comunicadora del Mapa de Falsas Soluciones a Crisis Climáticas, Chile), Camilo Baroja (diseñador del mapa y parte del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador).

Este conversatorio se realizará el 05 de julio de 2024 en vivo a las 18:00 horas (-6 UTC)

Será transmitido por el Facebook de Alternativas (Facebook Alternativas)  mediante una transmisión en vivo, además, el video quedará grabado en el YouTube de Alternativas (YouTube Alternativas) y también estará disponible en el Spotify.

Además, será retransmitido por las siguientes estaciones de radio: Radio Actual 107.1 FM (sábados a las 22:00 horas), Radio Guanacaste 106.1, Radio Soberanía y Radio Revolución. 

América Latina de cara al siglo XXI: entre la desesperanza y la descolonización consciente y organizada

Borrador para discusión. Envíe sus opiniones y sugerencias a misobrado@yahoo.com

Miguel Sobrado y Juan José Rojas

Introducción

La mayor parte de la extensión del continente americano y de su riqueza, incluida su población, se encuentra en Latinoamérica, pero esta parte de la región se ha convertido en el “patito feo”, por la falta de oportunidades para los excluidos y las malas condiciones imperantes.

Hoy en día, desde todos los países del subcontinente latinoamericano, salen caravanas intermitentes de miles de migrantes desesperanzados, con rumbo hacia Norteamérica. La desesperanza cunde en la región latinoamericana que parece haber perdido el sueño martiano de una América Latina protagónica en el mundo contemporáneo. Esto ocurre, después de siglos de gobiernos autoritarios y de décadas de sanciones impuestas por los Estados Unidos a las naciones de la región que no aceptan su hegemonía, a lo que se añade la violencia creciente del narcotráfico y la corrupción concomitante del clientelismo. La respuesta espontánea e inmediata ha sido la desesperanza traducida en migraciones masivas de millones de personas afectadas.

Dos factores preponderantes han condicionado este éxodo: la herencia de la servidumbre y la esclavitud, y las condiciones de tutelaje neocolonial, especialmente por parte de los Estados Unidos. En este documento, analizaremos la relevancia que han tenido y tienen estos factores en la configuración de los sistemas estatales y sociales, para proponer medidas que permitan mitigar e iniciar la transformación de los círculos viciosos prevalecientes, en nuevos procesos virtuosos que puedan modificar, en el mediano plazo, la situación regional.

El reto es ver la realidad latinoamericana, más allá de los estereotipos negativos y personalistas y de países individuales, para analizarla como un sistema específico, configurado por las condiciones históricas propias y las del entorno mundial. Bajo esta perspectiva, al identificar y comprender la naturaleza de estos sistemas, en lo que comparten y difieren, es factible proponer apalancamientos claves que permitan su transformación en modelos de desarrollo con bienestar social y en armonía con la naturaleza.

La herencia colonial

Nuestra institucionalidad tiene sus raíces en el sistema político centralista de los reinos y los virreinatos de los cuales dependían las decisiones políticas y económicas. En la época colonial, para todos los emprendimientos de conquista de nuevos territorios o explotaciones económicas, como las minas o las plantaciones agrícolas, se requería la autorización y subordinación, de sus promotores, a las disposiciones establecidas y a los monopolios reales.

La riqueza, dentro de este ordenamiento económico vertical, fue generada mayoritariamente por la mano de obra servil, a través de las encomiendas, a las que quedaron atadas las poblaciones indígenas y que se otorgaba por la autoridad real a los conquistadores. Posteriormente, a lo largo del extenso periodo colonial, se incorpora la esclavitud de los africanos, de forma masiva para el desarrollo de minas y haciendas.

Desde aquél entonces, el centralismo, como forma de gobierno, promueve las relaciones verticalistas e incuba un clima para la dependencia y corrupción, al mismo tiempo que desalienta la participación de las comunidades en sus propios asuntos.

Este ordenamiento colonial, gestionado de forma centralista y basado en la servidumbre y la esclavitud, es heredado por los criollos. Éstos sintiéndose discriminados por los privilegios de que gozan los peninsulares y que los mantienen alejados de la gestión local, proclaman la independencia a inicios del siglo XIX.

Los nuevos Estados, surgidos de las guerras de independencia contra las coronas española, portuguesa y francesa, mantuvieron la estructura centralista de poder y, si bien abolieron formalmente y, de forma progresiva, la esclavitud, reservaron para los criollos el control del poder, basado, al igual que en la época colonial, en el monopolio sobre grandes extensiones territoriales, expropiadas a las comunidades indígenas, dentro de un sistema de relaciones de dominación que ofrecía muy pocos canales de avance social, al mismo tiempo que mantenían los prejuicios étnicos y de clase, de forma abierta o subyacente (Sobrado y Rojas, 2006).

De tal forma que, aunque formalmente los indígenas, los afroamericanos, los mulatos y los mestizos, se convirtieron en ciudadanos, en los hechos, estaban desprovistos de medios de producción, de oportunidades efectivas de avance social y de derechos civiles y políticos. En estas condiciones, resultó prácticamente imposible que tales sectores sociales pudieran ejercitar sus destrezas empresariales, asociativas y cívicas. La emergencia de cualquier atisbo de capital social fue severamente bloqueada.

El caso de Haití resulta paradigmático al respecto, ya que habiendo sido el primer país que alcanzó su independencia, logrando establecer en 1804 la primera república del continente creada por esclavos, muy pronto devino en una nación pobre y atrasada. La no superación de los lastres de origen, sumada a la deuda astronómica que le impuso Francia, le han acarreado, hasta el día de hoy, una trágica e injusta historia.

Visto en retrospectiva, tanto la conquista como la colonización posterior, despojaron a los países latinoamericanos, tanto de la tierra y del fruto de su trabajo servil o esclavo en las haciendas y minas, como de su identidad étnico-cultural, negando la riqueza de sus tradiciones ancestrales y de gran parte de sus valores filosóficos y estéticos, los cuales fueron invisibilizados o borrados por la cultura dominante.

El tutelaje neocolonial

En 1820, cuando nacían las nuevas repúblicas, los Estados Unidos, la nueva potencia emergente en la región, proclamaba la doctrina Monroe, bajo la consigna: “América para los americanos”, que se transformó, de hecho, en América para los norteamericanos, empezando por la ocupación y anexión, en la década de 1840, de la mitad del territorio de México.

Esta expansión, es retenida temporalmente, por Inglaterra, la potencia dominante a escala internacional. En aquél entonces, cuando las tropas norteamericanas pretenden ocupar Centro América. La férrea oposición inglesa, los obliga a firmar el Tratado Clayton Bulwer, mediante el que ambos países se comprometen a no tomar colonias en la región.

Si bien formalmente los norteamericanos, en virtud del Tratado arriba mencionado, no pudieron ocupar con su ejército los territorios de Centro América, si crearon la figura del filibusterismo, como iniciativa privada destinada al mismo fin. Cabe destacar que esta estrategia fue aplicada inicialmente en Cuba, por parte del militar venezolano Narciso López, quién era partidario de la política anexionista de los Estados Unidos. Entre 1848 y 1851 organizó varios intentos de invasión a territorio cubano con grupos de voluntarios de varios estados del sureste de los Estados Unidos, que fracasaron estrepitosamente. En la última de ellas, ocurrida en Bahía Honda, Pinar del Río, fue capturado por las tropas españolas, siendo ejecutado a “garrote vil”, el 1 de septiembre de 1851, en la explanada de La Punta, en la ciudad de La Habana.

Pese a este fracaso momentáneo, la práctica del filibusterismo es trasladada a Centro América, siendo impulsada y financiada principalmente por los grupos de poder político y económico del sur racista, con la finalidad de ocupar primero Nicaragua y expandirse posteriormente a toda la región.

En este contexto, la decisión del gobierno de Costa Rica de formar un ejército profesional para enfrentar a los filibusteros gozó tanto del respaldo de Inglaterra, que le vendió los fusiles minie, los más avanzados de la época, como de Cornelius Vandervilt, dueño de la Compañía del Tránsito, cuyos buques habían sido expropiados por los filibusteros. De manera paralela, se logró la incorporación de los ejércitos de Centro América que se integraron a la guerra, consiguiendo derrotar a los filibusteros.

Pero, sin importar que los filibusteros hubiesen sido repelidos en el campo de batalla, los Estados Unidos continuaron interviniendo, diplomática y militarmente y, de manera creciente, en la región, a lo largo de los siglos XIX y XX, considerándola su patio trasero.

Así, a medida que crecía su importancia económica y militar, y con la finalidad de asegurar su hegemonía sobre el subcontinente latinoamericano, los Estados Unidos promueven intervenciones militares directas y golpes de Estado para imponer regímenes dictatoriales proclives a sus intereses. A lo largo del siglo XX llegaron a intervenir más de 20 veces. Dentro de estas intervenciones, se destacan: la ocupación de Nicaragua en los años veinte y los golpes de Estado en Guatemala en 1954 y en Chile en 1973, dadas las graves repercusiones provocadas por tales acontecimientos sobre la vida democrática de esos países. El primer gran rechazo, contra su política expansionista lo encuentran en Nicaragua con la guerrilla de Augusto César Sandino, un rebelde, que logró derrotarlos militarmente, aunque terminó siendo traicionado por la Guardia Nacional, formada por los norteamericanos antes de evacuar a su derrotado ejército.

De manera especial, durante la segunda mitad del siglo XX, florecen dictaduras violentas promovidas por los Estados Unidos, que crean un clima de malestar e insurrección en gran parte del continente, especialmente después del derrocamiento por la fuerza del gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala, que se manifiesta, entre otras formas, en la creación de la Legión Caribe, una alianza de opositores para derrocar a las dictaduras. Este ambiente socio-político y cultural, se ve reflejado, entre otras expresiones artísticas, en las obras literarias de Mario Vargas Llosa, como Tiempos recios, que versa sobre el derrocamiento del gobierno legítimo de Guatemala; La fiesta del chivo, que trata sobre los efectos de la dictadura de Trujillo, en República Dominicana, y la que probablemente fue la más popular en su época: Conversaciones en la Catedral, en la que aborda el pesimismo y la corrupción moral reinante en la sociedad peruana bajo la dictadura del general Manuel A. Odría.

En medio de este contexto adverso y desolador, emerge con fuerza, la revolución encabezada por la guerrilla cubana en 1959, como símbolo de la resistencia y de la dignidad latinoamericanas. Inspirada en el pensamiento de José Martí y dentro del marco de un mundo de potencias bipolar, se inclina hacia el socialismo y establece una alianza con el bloque soviético que le permite sobrevivir. De esta manera, el surgimiento de la revolución cubana obliga a los Estados Unidos a revalorar parcialmente su relación con América Latina, poniendo en marcha una estrategia de contención, basada en dos componentes. Por una parte, ofreciendo “la zanahoria” de La Alianza para el Progreso, en 1961, con la cual busca reorientar el desarrollo económico de los países latinoamericanos y, por otra, con “el garrote”, promoviendo el bloqueo a Cuba y fortaleciendo las dictaduras anticomunistas en toda la región, entre las que se destacan por su crueldad las de Argentina, Brasil y Chile. De igual modo, se involucra militarmente en la guerra contra las guerrillas en Centro América, en los años 70s y 80s. Guerra con la que, una vez más, pretendió ocupar Centro América, pero que, tras largos años de muerte y destrucción, se vio obligado a negociar el Plan de Paz, promovido por los presidentes de la región con el respaldo de los demócratas norteamericanos y de los social-demócratas europeos.

El bloqueo a Cuba tuvo, desde sus inicios, dos propósitos: el de afectar a la población civil que mayoritariamente apoyaba a la revolución, para que cambiara de opinión y, establecer un precedente de cara a toda la región, para desalentar a los demás países para que se abstuvieran de tomar medidas autónomas adversas a sus intereses. La aplicación del bloqueo se hizo y se sostuvo a contrapelo del derecho internacional y de la voluntad de la casi totalidad de los miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas que, reiteradamente han exigido su levantamiento.

Aunque el objetivo de crear una opinión interna adversa al gobierno cubano, que condujera a su derrocamiento, no fue alcanzado y aún con el hecho de que desapareciera, desde 1991, la Unión Soviética y con ella el peligro de una amenaza estratégica, el bloqueo se mantiene hasta el día de hoy y se ha agudizado con sanciones adicionales, derivadas de la declaración de Cuba como país “promotor del terrorismo”, la cual se produjo con la intención de satisfacer intereses locales y mantener la disuasión de comportamientos “inamistosos” de los otros países del continente. Estas sanciones que se han extendido a Venezuela y Nicaragua han contribuido significativamente a desatar las grandes migraciones hacia el norte.

La aparición del narco tráfico, su impacto en los Estados y en el equilibrio regional

Con la aparición del negocio del narco tráfico, en gran escala, impulsado inicialmente por Pablo Escobar, cambian los ejes del poder centralizado en una pequeña elite nacional, a la que ya no es preciso pedirle permiso para hacer negocios. Su poder actual como transnacional es tan grande que se permite retar el poder de los Estados y minarlos progresivamente, aprovechando las redes de corrupción institucionales y penetrando los poderes locales, especialmente en las zonas deprimidas. En poco tiempo, se han apoderado de Estados completos, así como de numerosos municipios y regiones en las que su palabra es la ley del fusil. En los Estados Unidos y Europa se encuentra su principal mercado, en donde han desarrollado, dada la pasividad de sus autoridades, densas redes de apoyo con las que las desafían permanentemente.

Por todo ello, el narco debe ser visto como una enorme y poderosa empresa descentralizada, que se está constituyendo progresivamente en una opción de poder, reclutando y dando oportunidades a las grandes masas de excluidos de los mecanismos tradicionales de generación de ingresos y de avance social. Una opción de poder creciente en el contexto de desigualdad y exclusión social prevalecientes y que tiende a imponer un orden económico y social despótico y autoritario. Una especie de neo feudalismo en pleno siglo XXI. Un enemigo muy peligroso que sólo puede ser enfrentado con organización desde las bases territoriales, fortaleciendo la inteligencia policial y actuando sobre las causas generadoras de la exclusión social y la impunidad.

La emergencia de nuevas condiciones y tendencias en el mundo y América Latina

En la segunda década del siglo XXI, asistimos al ascenso vertiginoso de nuevas potencias económicas como China, India, Sur África, Rusia y Brasil, fenómeno que está cambiando el panorama de poder mundial unipolar prevaleciente desde la desintegración de la Unión Soviética en la última década del siglo XX.

El peso creciente de China y las repercusiones de su éxito económico y social han aglutinado a estas potencias, cuya participación en la economía mundial se acercará en el 2030 al 40%, constituyéndose en un nuevo eje de poder que rechaza el ordenamiento unilateral y al margen del derecho internacional que, en forma de sanciones, imponen los Estados Unidos a quienes no comulgan con sus intereses. La actual coyuntura internacional es, por tanto, favorable al cambio pues ya no existe una hegemonía donde impere solo “la ley del garrote” a través de sanciones y golpes de Estado, sino que florece un mundo multipolar que genera alternativas y posibilidades de nuevas alianzas.

Dentro de este contexto, Brasil y México, entre otros, han venido jugando un papel relevante en la ampliación de los derechos soberanos del conjunto de las naciones de América Latina y han implementado políticas significativas en la perspectiva de recuperar y fortalecer su soberanía económica y política; sin embargo, tales medidas siguen siendo débiles e incompletas por carecer de una base social de apoyo que respalde los cambios, así como de inclusión social a través de la educación y otros mecanismos de promoción y organización social.

Simultáneamente, al interior del continente, se está produciendo un reacomodo de fuerzas, en cuyo marco, la social democracia y el socialismo clientelista han venido perdiendo respaldo por las prácticas corruptas que los acompañan, al tiempo que crece el populismo de derecha, aderezado, en varios casos, con tintes preocupantes de carácter neofascista que van más allá de la simple retórica discursiva.

El peso de la corrupción endémica

El centralismo, en condiciones de falta de oportunidades y de participación de las grandes mayorías de excluidos, origina la corrupción clientelista, esto es, el manejo de personas y organizaciones por prebendas, a cambio de llevar o mantener en el poder a los oligarcas de la clase política. Los dirigentes de estas organizaciones, a su vez, en cuanto tienen acceso al poder, se reparten la mejor tajada (Trocello, 2008). Esta práctica no es un atributo exclusivo de la derecha sino también de una parte importante de los movimientos que claman por la sociedad del bienestar.

Teniendo como prioridad el interés propio, al llegar al poder manejan la hacienda pública con ese criterio, provocando un desajuste financiero que termina afectando, en primer lugar, a quienes deberían ser los beneficiados del bienestar, provocando desesperanza e indignación. Sólo así puede explicarse que la mayoría de los argentinos escogieran a un presidente esquizofrénico y delirante como Javier Milei.

En el campo de las privatizaciones, la derecha ha exhibido un gran oportunismo y corrupción, al hacer negocios comprando por una bicoca empresas públicas para venderlas después con grandes ganancias (Piketty, 2019). Lamentablemente ese oportunismo no ha sido solo de la derecha sino también de la llamada izquierda, tal como se ha podido constatar con las expropiaciones de las grandes empresas y haciendas adjudicadas, no a los trabajadores organizados como correspondería, sino a los dirigentes políticos como sucedió en Nicaragua.

Hacia el futuro inmediato: aprovechar los cambios externos para ejercer soberanía y consumar las transformaciones internas que hacen falta

Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, el tutelaje estatal o patriarcal, junto con la exclusión masiva de los sectores populares de las dinámicas económicas y políticas, limitan el desarrollo de las personas y también de países y continentes enteros, dando lugar a la configuración de escenarios de decadencia institucional avanzada (Fukuyama, 2016). En contraste, el capital social y la cultura cívicas indispensables para impulsar el desarrollo económico y social sólo pueden emerger en condiciones de autonomía y libertad asociativa, por lo que el empoderamiento ciudadano aparece como una condición si ne qua non de cualquier intento de transformación efectiva de la realidad que nos afecta.

Por otra parte, si se sabe aprovechar, la nueva coyuntura internacional abre espacios para que los países latinoamericanos ejerzan su soberanía de forma cada vez más plena. Ciertamente, los Estados Unidos no renunciarán fácilmente a su hegemonía regional, pero factores ideológicos e intereses creados la van a limitar, entre ellos, la garantía de su propia seguridad y la necesidad de acceso a los recursos vitales del continente. Todas estas circunstancias, aunadas a la lucha de resistencia de los pueblos y a una hábil negociación con las potencias económicas en ascenso, los obligarán a ir modificando su actitud hacia Latinoamérica.

A su vez, el cada vez más grave estado de salud del planeta, que exhibe alarmantes condiciones de deterioro en temas cruciales como desaparición de biodiversidad, cambios de uso de suelos, pérdida de riqueza y vitalidad de las fuentes de agua dulce, y cambio climático, así como los desastres naturales asociados al mismo, incidirá en la revalorización de las prácticas productivas y los valores ancestrales de los pueblos originarios del continente que, no hace mucho tiempo, permitían la regeneración de los suelos, bosques y climas (Ribeiro, 2015). Toda esta herencia cultural, al igual que las prácticas avanzadas de permacultura, elevarán el valor de la innovación agroecológica regional y su importancia para el mundo.

Pero, en lo inmediato, América Latina enfrenta el grave problema derivado del poder creciente del narco tráfico, así como el de la añeja corrupción clientelista y el peligro de las privatizaciones oligárquicas como las que se dieron con los programas neoliberales o las que tuvieron lugar en la Rusia post soviética. Además, bajo este contexto, las condiciones de exclusión se consolidan, al mantenerse inalteradas las relaciones de discriminación étnica y de clase que, a su vez, definen las limitadas oportunidades de acceso a la educación y a los círculos de influencia y poder para millones de personas.

En estas condiciones, la tarea histórica de transformar el actual estado de cosas solo puede ser realizada por un pueblo organizado que active su poder de incidencia en el ámbito económico y cívico. A tales efectos, lo que se requiere es una amplia movilización social que actúe como fuerza motriz de la transformación social y política. Pero dicha organización y movilización social no se podrá lograr si antes no se echan abajo las barreras que mantienen en la postración a la gran mayoría de la población.

Empezar a erradicar la exclusión, solo es posible con la puesta en marcha de una serie de medidas estratégicas de mediano y largo plazo, entre las que destacan: la promoción educativa y la alfabetización organizacional y empresarial, ambas realizadas en forma masiva y como procesos participativos de largo aliento. A continuación, abundaremos en algunos de los elementos definitorios de tales acciones.

Como es sabido, la educación es un derecho fundamental establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada, desde 1948, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el año 2015, este organismo internacional estableció una nueva agenda mundial para el año 2030, en la que se enlistan 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). De forma enfática, los ODS cuatro y cinco aspiran a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos.

Sin embargo, hacia el año 2019, América Latina y el Caribe aún se encontraban lejos de alcanzar las metas educativas establecidas en los ODS. Peor aún, la pandemia mundial por covid-19, desatada a partir de 2020, afectó los sistemas educativos, forzándolos al cierre de actividades presenciales y a la implementación apresurada de formas alternativas de educación a distancia, que no lograron retener a toda la población estudiantil. Todo ello derivó en la interrupción abrupta de su proceso educativo, afectando su aprendizaje y progresión escolar (CEPAL, 2024).

En un intento por tratar de revertir esta situación, el informe de seguimiento de la educación en el mundo para 2022 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomienda a los gobiernos, las organizaciones bilaterales y multilaterales, la sociedad civil, el sector privado, los académicos, las comunidades, las escuelas, los estudiantes, las familias y los tutores a trabajar de manera conjunta en la implementación de las siguientes acciones: fomentar el acceso igualitario a la educación y prevenir el abandono escolar; lograr que el aprendizaje sea transformador, seguro e inclusivo para todos los educandos; desarrollar sistemas educativos equitativos, inclusivos y transformadores de género, y promover enfoques integrados, coordinados y que abarquen todo el sistema.

No obstante, de acuerdo con información estadística, dada a conocer recientemente por la CEPAL (2022), en relación con 14 países de América Latina, se observa que un 41.4% de la fuerza de trabajo de 15 años y más, no completó la enseñanza secundaria. Entre los factores de riesgo para desertar de la escuela se encuentran: la condición de pobreza, étnica, racial y de discapacidad, debido a que estas condiciones son objeto de discriminación en contextos académicos adversos.

Pero, además, la falta de acceso al sistema educativo genera un círculo vicioso de pobreza y marginación, ya que cuando el estudiante proviene de un hogar donde los padres no finalizaron el nivel primario de educación, se eleva, de forma considerable, la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema. En efecto, entre la población de esos hogares, la incidencia de ambos tipos de pobreza llega al 46.8%. En cambio, los estudiantes que provienen de hogares donde los padres tienen educación terciaria completa, la incidencia de la pobreza fue del 9.0% (CEPAL, 2022).

En virtud de lo anterior, lo que se requiere urgentemente es el establecimiento de un sistema educativo inclusivo, gratuito y universal, que ponga freno a la deserción estudiantil y que cuente con amplia cobertura y participación de todos los grupos étnicos y clases sociales. Así, en el marco de un sistema educativo abierto, plural y diverso será posible impartir una educación que eduque para la vida de forma integral, con el propósito de desarrollar en las personas sus capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar individual y colectivo. Una educación que desarrolle el pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad y que, además, permita que los conocimientos y aprendizajes adquiridos en las aulas se vinculen con el sector productivo y la investigación científica.

Lo antes dicho en relación con el papel de la educación es particularmente válido para la población infantil y juvenil de América Latina, el futuro de nuestras naciones; pero, aún quedaría pendiente de erradicar la exclusión a la que ha sido sometida la población adulta, la que actualmente constituye la mayor parte de la población económicamente activa del continente y que exhibe bajos niveles de escolaridad y, por ende, una enorme vulnerabilidad económica y social.

Para promover la reinserción de los bastos contingentes de población que han sido excluidos de los circuitos económicos y que hoy constituyen el grueso del flujo migratorio latinoamericano, se podrían poner en marcha procesos masivos de capacitación organizacional y técnica en los lugares de origen de esa población.

Dicho en otras palabras, lo que en esta materia se requiere, es impulsar un amplio y consistente proceso de capacitación organizacional a nivel local y comunitario, abierto a toda la población residente en esos lugares, es decir, desde los niños hasta los ancianos, pasando por los jóvenes, las mujeres jefas de hogar y los padres de familia en el que a partir de diagnósticos comunitarios participativos se identifiquen, por una parte, los peligros existentes para la seguridad comunitaria y, por otra, el potencial económico y las oportunidades de negocio existentes en las comunidades rurales y urbanas. En un segundo momento, con base en tales diagnósticos, se podrían montar diversos procesos de capacitación técnica, empresarial y asociativa que permitan avanzar en la elaboración de proyectos productivos específicos.

Evidentemente, todo este esfuerzo de capacitación organizacional deberá ejecutarse siguiendo los principios epistemológicos y los procedimientos técnicos, recuperados y sistematizados en metodologías de capacitación de masas, entre las que destacan la educación popular de Paulo Freire y la del Laboratorio Organizacional (LO), creada y desarrollada por el sociólogo brasileño Clodomir Santos de Morais y que ya ha sido aplicada con éxito, en diferentes países de cuatro continentes (Carmen y Sobrado, 2000). Esta última, además de presentar resultados destacados en diversas formas de organización popular, genera poder real, elevando la conciencia y las posibilidades de incidencia y participación de las comunidades en la vida económica y política. El éxito del LO se fundamenta en su enfoque basado en la autonomía efectiva de los grupos y no en el tutelaje clientelista de los asistencialistas. En este sentido, cabe destacar que la autonomía del sujeto es exigida por la naturaleza del proceso mismo de capacitación que demanda, para ser efectivo, de la relación sin interferencias con el objeto, en este caso la organización social, en cuyo manejo los participantes buscan habilitarse. Todo este planteamiento metodológico está alineado, de forma congruente, con los principios de la educación para adultos o andragogía y la teoría de la actividad objetivada de Lev Vigotski.

El método de Clodomir añade, además, el concepto de estructuras ideológicas o inercias de comportamiento, derivadas de la práctica laboral previa de los participantes, las cuales deben ser superadas, a través de las nuevas prácticas organizativas, que se generan en los Laboratorios Organizacionales (Santos de Morais, 1989). De esta suerte, los participantes tienen la oportunidad de conocer no sólo las formas tradicionales de producción como la artesanía, la manufactura, la industria, y la post industria, sino también las formas emergentes que incluyen la agroecología y la Inteligencia Artificial. Estas últimas, como es sabido, están adquiriendo cada vez mayor relevancia en la configuración de empresas y en la mimetización del ser humano con la naturaleza, generando nuevas formas de artesanía rural y urbana que ayudan a la regeneración de la naturaleza y constituyen un fuerte estimuló para incentivar el arraigo de la población en sus lugares de origen.

Razones por las que la capacitación en organización debe darse en condiciones de autonomía

La capacitación, entendida como habilitación para desempeñar una actividad determinada, requiere de una adecuada instrucción sobre el objeto con el cual se quiere capacitar, es decir, de una práctica directa con dicho objeto. No obstante, en un primer momento de instrucción, la persona o el grupo entran en relación con un instructor o con un manual, lo que les permite informarse sobre la naturaleza del objeto en cuyo manejo desean capacitarse. Esto es un paso necesario, pero no suficiente. Para habilitarse realmente en el manejo del objeto deben practicar con él, pues sólo de este modo obtendrán el conocimiento necesario sobre su operación y funcionamiento y podrán desarrollar habilidades y destrezas en su manejo.

Tal como puede observarse en los procesos de capacitación para el manejo de vehículos. La primera fase de instrucción la realiza el sujeto que se quiere capacitar con un instructor. Se establece así una relación entre dos sujetos. En la segunda fase, cuando el sujeto se monta al vehículo, el instructor pasa a un segundo plano y solo se mantiene para evitar alguna emergencia, mientras que el sujeto entra en relación directa con el vehículo. Al accionar sobre éste y arrancar su motor, el sujeto recibe información del objeto, relativa a su fuerza y dinámica y sobre cómo se articulan en la práctica los diversos componentes del sistema. En este proceso va reconociendo sus calidades operativas y desarrollando destrezas para lograr algún día conducir vehículos automotores en el mundo real donde transitan personas y otros vehículos. El instructor debe respetar la autonomía del sujeto para que el proceso de conocimiento y desarrollo de destrezas pueda fluir sin alteraciones, limitándose a intervenir solo en caso de emergencia. Un instructor que limite la autonomía del sujeto o pretenda dirigir cada paso en el manejo del vehículo, rompe el clima necesario para que el proceso de capacitación se produzca, impidiéndolo o alargándolo innecesariamente.

La capacitación en organización fuente de poder

Así como la capacitación en el manejo de un vehículo requiere de autonomía, la capacitación en organización de los grupos y empresas sociales demanda, además de los procesos básicos de instrucción, de una efectiva autonomía en su funcionamiento. Esto es un requisito para que quienes se están capacitando perciban el movimiento de las partes, adquieran conocimientos y desarrollen destrezas sobre el sistema en operación.

Si bien en la vida cotidiana se reconoce la importancia de la autonomía en los procesos de capacitación técnica, esto no opera en la práctica de la misma manera en la capacitación en organización. Ello a pesar de ser exactamente los mismos principios cognitivos los que rigen el aprendizaje y la capacitación de los individuos y los grupos. Diversas razones, ya sean de tipo ideológico o de posición social, como el temor respecto de las repercusiones económicas y políticas de los procesos de capacitación de masas, el prestigio personal e institucional o un interés de control político, interfieren y alteran el proceso de capacitación. En el fondo lo que sucede es que no se sabe capacitar, ni se confía en las capacidades de los sujetos que son miembros de la organización. La intervención indebida en estos casos impide que se produzca el proceso de habilitación para el desempeño organizacional y que se genere, a contrapelo de los procesos de conocimiento, una especie de sujeto pasivo y dependiente.

En síntesis, capacitar a un grupo humano para una actividad autónoma, no es lo mismo que entrenar para el ejército o para el desempeño en una fábrica, en donde las órdenes y la planificación se definen en instancias superiores. Para gestar una organización capaz de autogestionarse, tales como las diversas formas de cooperativas y organizaciones de economía social y solidaria, creadas para la producción o para resolver servicios comunales básicos, debe partirse del carácter gregario de la especie humana y la complejidad de intereses personales y grupales intervinientes. Se trata de poner en marcha un proceso de capacitación con autonomía que articule orgánicamente los intereses individuales o de grupos, alrededor del propósito común que los integra como organización, lo que, en modo alguno, se podría lograr con la visión estrechamente individualista.

En virtud de lo antes dicho, el objetivo final de la capacitación organizacional propuesta es que los excluidos se vuelvan protagonistas de su propio proceso de desarrollo a través del poder de la auto organización y a partir de los recursos disponibles en sus comunidades. De este modo, la participación organizada de los pobladores, de cualquier comunidad carente, en la atención de sus necesidades inmediatas de abasto y alimentación, vivienda, salud, educación y seguridad pública, entre otras, ira dando paso a un proceso creciente de empoderamiento ciudadano de sectores antaño pasivos y excluidos, quiénes mediante el logro de objetivos colectivos o el cumplimiento de metas sociales, avanzará paulatinamente en la recuperación de su propia identidad y autoestima. Ello es así porque la gente no se transforma solo con discursos o lecturas, sino a través de la actividad concreta y organizada que se traduce en resultados de beneficio común.

Impulsar el cambio sincrónico desde arriba y desde abajo

La separación histórica y estructural entre Estado y Sociedad es otra de las herencias nefastas de la época colonial, al grado que los propios gobiernos de izquierda cuando conquistan el poder político suelen aplicar una estrategia de transformación anclada o limitada en el quehacer del Estado, haciendo a un lado o dejando en segundo plano la participación ciudadana y el control que permite la organización popular informada. El resultado de ello, han sido un conjunto de avances significativos, sobre todo, en materia de distribución social de la riqueza y de combate a la corrupción gubernamental, pero que por sí solos son insuficientes para lograr trascender el neoliberalismo, amén de que son poco sostenibles a largo plazo.

Con base en la experiencia reciente de algunos gobiernos progresistas, es imperativo realizar un esfuerzo especial por tratar de armonizar los ritmos del proceso de cambio desde el Estado, con los procesos de organización y participación social desde la sociedad civil. La firma de un pacto político u acuerdo social incluyente puede constituirse en un buen punto de partida para que Estado y sociedad se reconcilien y empiecen trabajar juntos en la implementación de un proyecto común.

En pocas palabras, lo que se propone es avanzar en la reforma profunda del Estado hasta poner en pie un fuerte y vigoroso Estado Social de Bienestar, fundamentado en la descentralización y participación popular y que no tenga miedo a fortalecer la autonomía de los diferentes sujetos sociales. Para ello, será necesario alentar todas las formas de la democracia directa, modificar sustancialmente el estilo unipersonal y centralista de gobierno y desconcentrar el ejercicio del poder. La legitimidad política del Estado se debe utilizar para promover una amplia y constante movilización social que permita llevar a cabo los cambios estructurales que se requieren.

Construir organización autónoma es sembrar la verdadera democracia

Dado el peso excesivo del clientelismo en nuestros sistemas políticos, estamos bastante acostumbrados a tratar como organizaciones a estructuras jurídicas formadas en oficinas por seudo dirigentes que aportan listas de clientes que los declaran como sus representantes en diversos tipos de emprendimientos. Clientes que tienen un beneficio, a menudo poco tangible, pero que no dirigen ni definen en la práctica las políticas de estas “organizaciones”, que terminan convirtiéndose en furgones de cola de los partidos políticos. Estos partidos promueven formalmente el “Estado de Bienestar”, pero cuando llegan al poder no gobiernan para el pueblo, sino para la elite gobernante, incluyendo a los “dirigentes populares” que los sostienen y desatan una cascada de corrupción que desmoraliza a la población.

Esta aclaración es imprescindible para comprender resultados electorales como los de Argentina, donde las grandes masas de marginados, cansadas de engaños, votaron por “un salto de la sartén al fuego”, eligiendo a un anarco capitalista. Pero, ahora, nuevamente son excluidas porque no tienen poder para manifestar su fuerza frente a un Estado mediatizado por el clientelismo y una clase política que sólo los utilizó para legitimar su acceso al poder por una vía pacífica y electoral.

Así, en un continente en el que más de la mitad de la población trabajadora tiene menos que bachillerato y en un momento histórico que se caracteriza por el avance imparable de la tecnología, el desarrollo de programas de capacitación masiva en auto organización resulta estratégico e impostergable para construir ciudadanía con bienestar y evitar los riesgos de la violencia.

Por eso, hoy es imperativo darle el poder de la organización e intervención en los asuntos públicos a las grandes masas de excluidos y pobres de las repúblicas latinoamericanas, carentes de mecanismos de poder; masas que, conociendo los resultados y retomando las mejores prácticas de las organizaciones autónomas en el campo comunal, cooperativo y de la salud, (ver Trilogía Latinoamericana en www.prismalat.com) se puedan empoderar, a través de la organización autónoma, para construir una nueva institucionalidad cada vez más descentralizada, participativa, democrática y eficiente.

Epilogo

Esta propuesta puede parecer, a primera vista poco estimulante por su complejidad y de muy largo plazo, dada la urgencia de las transformaciones que requiere nuestro continente, así como las amenazas existentes y la velocidad de los cambios planetarios; pero, si se valora adecuadamente, posee un poder acumulativo que viabiliza la transformación básica del sistema en el mediano plazo.

Lo más importante para iniciar el proceso de metamorfosis aquí descrito, es aceptar que, en cierto modo, “estamos esrotados” como dijo un campesino apaleado después de un desalojo, y que, por ende, necesitamos impulsar un cambio de paradigma o de imaginario social que pase de la derrota estructural, debida a la “cultura de la corrupción” a una visión histórica y realista del origen de las debilidades del sistema, acompañada de una propuesta operativa de transformación y autotransformación progresiva que vaya desde la exclusión social hoy imperante hasta la conquista del umbral de ciudadanía para todas y todos. Realizado este cambio de visión y emprendido el ajuste en las políticas económicas, sociales y de seguridad pública, en las que se retomen las mejores prácticas alcanzadas hasta el momento enriqueciéndolas en las nuevas y diversas realidades, los resultados serán contagiosos y se diseminarán como un reguero de pólvora por todo el continente, alcanzando velocidades inusitadas y una gran variedad de resultados e innovaciones propias de un continente tan rico y diverso como es el nuestro.

Pero tampoco hay que pasar por alto que las transformaciones que requiere el continente, a pesar de los cambios favorables en la coyuntura mundial, no se van a poner en marcha sólo con discursos en las plazas o sermones; es preciso tratar a la organización autónoma como fuente de poder popular que reafirme la identidad latinoamericana. De este modo, mediante la organización autónoma y la movilización ciudadana se sentarían las bases del cambio y se desataría una dinámica de transformación en cuyo marco los efectos concretos de la actividad autónoma organizada serán los que, por una parte, darán poder y confianza en sus posibilidades a los excluidos y, por otra, romperán los estereotipos sobre la incapacidad étnica o de clase. De igual modo, el concepto de organización, tan debilitado por el clientelismo, retomará su significado e impulso prestigiando con sus resultados las iniciativas locales y creando condiciones para que se produzca un sincretismo entre los valores ancestrales y lo mejor de la cultura humanista y democrática de nuestros tiempos.

En suma, es crucial aceptar que el desarrollo sólo se logra potenciando las capacidades cívicas y empresariales de la gente a través de la organización autónoma. Este es el camino para crear ciudadanía y democracia, el otro es el del terror y la violencia del Estado o del narco tráfico. Apostados en la segunda década del siglo XXI, necesitamos, urgentemente, tomar decisiones firmes antes de que sea demasiado tarde.

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20 videos de sustentación

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Uno de cada tres homicidios en el mundo ocurrirían en América Latina

  • Conversatorio Geopolítica y crimen organizado a cargo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.

La arremetida del crimen organizado en la región latinoamericana cobraría la vida de miles de personas, producto de la ampliación de las zonas de influencia de los carteles de la droga, la tecnificación de las operaciones de estos grupos y el aprovechamiento de la ubicación geográfica para acceder a diversos mercados.

Estas fueron las conclusiones más relevantes del conversatorio Geopolítica del crimen organizado, a cargo del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

La magnitud es tal que Galo Cruz, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, indicó, con base en estadísticas del Banco Mundial, que uno de cada tres crímenes que se cometerían en el mundo ocurrirían en América Latina. Esto, a pesar de que la región concentra apenas el 9% de la población mundial.

La conjunción de varios factores explicaría este panorama sombrío. Uno de ellos tiene relación con el hecho de que grupos de delincuencia organizada, vinculados con la producción y comercialización de drogas en el mundo, desarrollan sus operaciones en este lado del planeta.

Mientras que Colombia, Perú y Venezuela encabezan la lista de países productores de la hoja de coca, Centroamérica se ha convertido en una plataforma para el tráfico de estupefacientes. Por su parte, México vive un empoderamiento de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, cuyos tentáculos se han expandido a naciones como Ecuador, que años atrás gozaba de altos niveles de seguridad.

En el caso colombiano, la producción de coca alcanza las 1.738 toneladas métricas en un área sembrada de 230 mil hectáreas, mientras que en Perú, la cifra representa las 869 toneladas métricas, en un área de 95.008 hectáreas, de acuerdo con cifras aportadas por el académico Cruz, según reportes de la fundación Insight Crime.

Detrás de este fenómeno influyen las decisiones políticas que se adoptan por parte de los países productores. En Colombia, por ejemplo, el actual gobierno redujo hasta 10 veces la cantidad de terrenos donde se han erradicado los cultivos, en comparación con la anterior administración de Juan Manuel Santos.

También existe permisividad en esta lucha, al punto de que en la región del Amazonas se esté llevando a cabo una “narcodeforestación”, según manifestó José Luis Castillo, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, con impacto no solo a nivel de seguridad, sino también ambiental.

Mientras que del lado de la oferta se extienden las operaciones, del lado de la demanda, la situación tiende a agravarse en países de Europa y en Estados Unidos, donde el consumo de drogas sintéticas, como el fentanilo, generaron hasta 100 mil muertes en el 2023. “Es apocalíptico lo que estamos viviendo con el tema de las drogas y su consumo”, agregó el docente Galo Cruz.

Al tratar de asegurase los mercados potenciales para la venta de estupefacientes, se producen choques entre las diferentes organizaciones, lo que desencadena en venganzas, ajustes de cuentas y fallecimientos de víctimas colaterales. Costa Rica no escapa a esta realidad y los datos así lo muestran: el año anterior, tres personas perdieron la vida cada 24 horas, producto de hechos violentos.

Geografía y empoderamiento

Justo cuando en el país se llevó a cabo, la semana anterior, el evento Inmersos en el Cambio, relacionado con la protección de mares y océanos, durante el conversatorio se dio a conocer que hasta un 80% del tráfico de drogas en América Latina se realiza vía marítima. El restante 20% aprovecha las vías terrestres.

“La posición geoestratégica de la región le es favorable al crimen organizado. De ahí nace un nuevo concepto: el geocrimen, que hace referencia a la incidencia criminal aprovechando la geografía en que nos ubicamos, y donde tenemos conexiones portuarias con otros continentes”, explicó José Luis Castillo.

Solo de Ecuador se exportaron 300 toneladas de cocaína en el 2024, con destino a Europa, aprovechando la cercanía con países productores y con la instalación de organizaciones que han adquirido un empoderamiento y una escala empresarial. “Estas organizaciones se han sofisticado a grados impresionantes; son estructuradas estables y con jerarquías definidas. Podemos llamarlas de ‘alta intensidad’ porque tienen la capacidad de desestabilizar a Estados y es ahí donde se debe actuar con prontitud”, agregó Cruz.

Ese nivel de empoderamiento genera que mafias como el cártel de Sinaloa reclute miembros de su grupo para que viajen a China, donde realizan pasantías para aprender a elaborar fentanilo. En octubre del año anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho empresas chinas de facilitar la producción y comercialización de este opioide.

Para el experto, casos como el ecuatoriano representan una situación donde a las autoridades se les escapó de las manos el control de la seguridad. Esto vino acompañado de la falta de atención de las alertas que organismos de inteligencia venían advirtiendo sobre el avance del crimen organizado y la ambigüedad en la implementación de políticas preventivas.

Rediseñar el futuro

El aumento de la violencia y la penetración de la delincuencia organizada suponen un reto de abordaje para los países. Los expertos señalaron algunas estrategias que podrían implementarse, entre ellas, una mayor cooperación en inteligencia entre los países de la región, que permita afrontar de manera conjunta este flagelo. Asimismo, un esfuerzo para recuperar los espacios geográficos marítimos y cerrar los canales de influencia que aprovechan estos grupos delictivos.

El uso de las nuevas tecnologías debe acompañar esta estrategia, sostuvieron Cruz y Castillo. Por ejemplo, llamaron la atención que en el ciberespacio se ha abierto un nuevo frente de batalla, porque ahí se almacena información que, en manos de las autoridades, pueden contribuir a la lucha frontal contra el narcotráfico. Descentralizar la labor de los gobiernos locales, reimponer el control del Estado y promover el eje social por medio de programas de recuperación desde las comunidades, son otras de las medidas que propusieron. 

El conversatorio completo puede consultarlo desde la página del Idespo-UNA en Facebook: https://www.facebook.com/572888505/videos/465605525846526/

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Conflictos socioambientales en América Latina – clase abierta

El día miércoles 6 de junio de 2024 se llevará a cabo un foro abierto en el marco del curso “Ambiente y ecosistemas culturales desde América Latina” de la Maestría en Estudios Latinoamericanos IDELA-UNA, en celebración del Día Mundial del Ambiente.

Contará con invitadas especiales como Weny Bagama, delegada del Congreso General Ngäbe-Bugle y lideresa del Movimiento 10 de abril (Panamá); Clara Junger, de Solidaridad y Educación (FASE)- Oilwatch de Brasil y Maria Elena Foronda de la Fundación Natura de la Perú, Ex – senadora del Congreso. Modera: Mauricio Alvarez M, docente IDELA. 

La actividad se realizará a las 17:00 horas (CRC) en transmisión en vivo por la plataforma Facebook.

Costa Rica es sede internacional para abordar la prevención de la tortura

Esta semana, 10 países de América Latina realizaron sesiones de trabajo

Costa Rica se convirtió, esta semana, en la sede internacional para el abordaje integral sobre los avances y desafíos de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, en la cual participan miembros de 10 países de América Latina.

En los últimos años, los países de la región han intensificado el uso de la respuesta penal para hacer frente a problemas sociales complejos, lo cual ha traído como consecuencia un uso excesivo de la fuerza y otras situaciones en materia de detención, así como el surgimiento de acontecimientos de violencia intracarcelaria, hasta la adopción de políticas de seguridad para el manejo de los movimientos migratorios, hechos que han elevado los riesgos para la existencia de casos de tortura y malos tratos.

Esteban Vargas, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Costa Rica, con sede en la Defensoría de los Habitantes, dijo que este es un espacio muy provechoso para armonizar procesos relacionados con inspecciones, registros y otros instrumentos, para que en América Latina, los países tengan las recomendaciones necesarias que les permitan prevenir este tipo de hechos de tortura.

Aparte de Costa Rica, los países que tienen una representación en esta sesión de trabajo internacional son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. Este evento es organizado y auspiciado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), una Organización No Gubernamental con sede Suiza, líder en la implementación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura.

Debemos recordar que recientemente el Tribunal Constitucional de Costa Rica resolvió un habeas corpus presentado por una persona detenida en la provincia de Guanacaste, y en la cual el órgano jurisdiccional logró acreditar que hubo tortura, a raíz de las acciones de oficiales de la Fuerza Pública.

El delito de tortura en Costa Rica está tipificado en el artículo 381 bis del Código Penal, y debe entenderse como: un acto intencional de producir a una persona dolor y sufrimiento, físico o mental, con el fin de obtener de ella (o de terceros) información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Ana Lorena Cartín y su importancia en Radio Noticias del Continente

Ana Lorena Cartín, mujer costarricense, química de profesión, pero con una visión política de la vida llevó a cabo proyectos “desde abajo” -como solía mencionar-, falleció el jueves 21 de marzo de 2024. El Grupo de Trabajo de CLACSO “Violencias en Centroamérica” lamenta profundamente su fallecimiento.

Su labor como directora de Radio Noticias del Continente (RNC), fue fundamental para las luchas de los pueblos de Nuestra América, en particular en el Cono Sur, y en Centroamérica. RNC contó con la presencia de estudiantes costarricenses y exiliados del Cono Sur, principalmente de Argentina.

Su principal misión fue romper el cerco mediático que cubría a los gobiernos dictatoriales de Argentina, Chile, Uruguay y también los de Centroamérica, región del continente que se encontraba en una férrea lucha. En Nicaragua, en 1979 justo triunfaba la revolución sandinista, en El Salvador, el FMLN continuaba su lucha contra la junta militar y en Guatemala las distintas organizaciones guerrilleras hacían lo propio. A esas luchas se sumó RNC, evidenciando las violaciones a derechos humanos y llegó a transmitir la última homilía de Monseñor Romero, la cual, fue escuchada en varias partes del continente. Como recordaba hace poco, “nosotros lo transmitimos todo”.

A sus 31 años, Ana Lorena dirigió RNC, se enfrentó a la injerencia de la dictadura argentina en Costa Rica que solicitó información de ella para lograr el cierre de la radio. Tres años después de su apertura y ante el intento de concluir las transmisiones y cuatro ataques con armas y bombas, la red de solidaridad con la radio vino de países como México, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Ecuador y también de la a Federación Latinoamericana de Periodistas protestó ante el presidente de Costa Rica. En 1981, Ana comentó lo siguiente:

“En esta encrucijada para la libertad de prensa en Costa Rica y en nuestro castigado continente latinoamericano reitero mi señalamiento sobre la arbitrariedad que implicaría cerrar un medio de información, con el pretexto que sea, y dejar impunes a los terroristas que llevaron a cabo ataques armados contra RNC, a los infiltrado en los cuerpos de seguridad estatales que atentaron contra la seguridad de la empresa y de sus trabajadores, a los cómplices de las dictaduras que con lujo de recursos se dedicaron a insultar a la emisora y a lo que es mucho peor, a engañar al pueblo de Costa Rica con una concertada serie de tergiversaciones”.

Nos unimos a sus seres queridos en esta profunda pérdida y desde el Grupo de Trabajo de CLACSO “Violencias en Centroamérica”, la recordamos como una mujer solidaria con las luchas de América Latina.