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Etiqueta: violencia estatal

México: A 10 años de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, nos siguen faltando 43 

Las Américas, 27 de septiembre de 2024. Ha transcurrido una década desde la detención y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, un centro de formación de docentes ubicado en Ayotzinapa, Tixla, estado de Guerrero, México. A lo largo de estos 10 años no ha habido justicia y los avances han sido posibles por la lucha inclaudicable de los padres y madres.

La investigación de la desaparición de estos jóvenes, un gravísimo caso de violencia estatal en México, en un primer momento fue dolosamente desviada para encubrir a los responsables. A pesar de las solicitudes de los padres y madres, de sus representantes y de las autoridades fiscales, no ha sido posible el acceso pleno a información militar indispensable para esclarecer los hechos y determinar el paradero de los jóvenes. Al respecto, en agosto de 2023 el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa fue claro en señalar que el ejército mexicano contó con información sobre la detención y desaparición de los estudiantes y a pesar de esto, decidió no actuar. Los expertos señalaron también la persistencia de mentiras y engaños para encubrir a los responsables y tergiversar la verdad de lo sucedido.

En este aniversario CEJIL se une a las voces que reconocen el inmenso coraje y valentía de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos que no han cesado en su búsqueda de justicia y en su clamor por recuperar a sus hijos. Con ellas y ellos, nuestra solidaridad.

De igual manera, expresemos nuestro reconocimiento a las organizaciones que acompañan a las familias en esta lucha: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Serapaz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Estas organizaciones han sufrido acoso e intentos de desprestigio por su labor de defensa de los derechos humanos.

La desaparición forzada es un crimen que no cesa hasta en tanto no aparezcan las personas o se esclarezca su paradero. Pero, sobre todo, es una herida que no se cierra, una espera que no termina, un dolor que no encuentra alivio. Por eso, en este 10 aniversario, retomamos las demandas de familiares y organizaciones:

A las autoridades encargadas de impartir justicia, exigimos el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la identificación, juicio y en su caso sanción, de todos los responsables, tanto en la esfera civil como militar. En este proceso es indispensable asegurar investigaciones independientes y rigurosas.

A las autoridades militares, demandamos la entrega de todos los archivos en su poder relacionados con este caso, pues está claro que tienen información que puede agilizar las investigaciones.

Y a quienes asumen el nuevo gobierno, le solicitamos vehemente que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de las familias y las organizaciones que las representan, especialmente garantizar la independencia de las investigaciones para que la verdad prevalezca en este caso. Es indispensable en el proceso que se reconozca y respete la legitimidad de la defensa de los Derechos Humanos y cesen los ataques a las organizaciones.

Finalmente, reiteramos la exigencia de que se determine el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. Les faltan a sus familias, le faltan a México, nos faltan a toda la humanidad.

Pronunciamiento: No matarás

Ante la cruel violencia estatal y la criminalización de la protesta social por parte del gobierno de Dina Boluarte, el CEP alza su voz de protesta. Rechazamos el “(auto) golpe de Estado”, promovido por civiles, militares y justificado por la derecha y la ultraderecha peruana en el Legislativo; todo al amparo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la injerencia de voceros del gobierno norteamericano.

Denunciamos el intento de los medios de comunicación de invisibilizar asesinados, heridos, golpeados, injuriados, subestimados, perseguidos, secuestrados y desaparecidos por parte del Grupo Terna, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. Su accionar cobarde y premeditado ya genera víctimas fatales, especialmente, contra menores, además de jóvenes y adultos. La sangre de alrededor de 28 asesinados clama por justicia: 9 en Ayacucho, 6 en Apurímac, 3 en Cusco, 3 en Junín, 3 en La Libertad, 3 en Ucayali y 1 en Arequipa. El estado de emergencia nacional no justifica tales asesinatos, se trata sí de violentos atentados contra la vida y defensa de los derechos del pueblo presente en comunidades, territorios y departamentos del Perú, a quien vilmente se le calumnia y acusa de terrorista.

La legítima protesta popular hace eco del quinto mandamiento: “No matarás” (Éxodo 20:13). Por el gran mandamiento de “Amor a Dios” y “Amor al prójimo” (Mateo 22:34-40), la Iglesia está llamada a asumir la misión encomendada, alzar su voz profética, demostrar su solidaridad y optar por los más empobrecidos en cumplimiento con las exigencias bíblicas y los nuevos retos históricos (Zacarías 7:10; Santiago 1:27; Mateo 5:3-11). Ante tal demanda del Evangelio, observamos con preocupación los pusilánimes comunicados de iglesias cristianas y, peor aún, la disposición de sus líderes a colaborar con este régimen autoritario. Por la memoria de las víctimas de ayer y hoy, el CEP rechaza, denuncia y confronta la dictadura cívico-militar instalada desde el 7 de diciembre de 2022 bajo la usurpación de Dina Boluarte. Se evidencia así el apoyo irrestricto de la oligarquía, la burguesía y las élites de la sociedad peruana, como soporte a los intereses en juego de las transnacionales mineras, las políticas neoliberales y los condicionamientos geopolíticos regionales.

En las calles, las consignas de un pueblo en marcha reafirman contundentemente su propuesta: ¡Renuncia Dina! ¡Libertad de Castillo! ¡Cierre del Congreso! ¡Asamblea Constituyente! ¡Nuevas Elecciones! Pasadas las fiestas de fin de año, miles de voces ya retumban convocando espontáneamente a organizaciones populares, fuerzas progresistas, sectores de izquierda, organismos de derechos humanos, cristianos e iglesias comprometidas, y otros colectivos, para establecer alianzas y conformar un frente político de lucha y transformación social que consideramos indispensable y estratégico.

Al terminar el año 2022 e iniciar el 2023, deseamos que la fe, la esperanza y el amor acompañen a hombres y mujeres que apuestan por la defensa de la vida y afirmación de la dignidad en contraposición al individualismo, el egoísmo, el racismo, la prepotencia, la indiferencia y el ninguneo social. Contra el terruqueo. ¡Por una Patria Libre y Soberana!

Colectivo Ecuménico por el Perú – CEP

“Que fluya como agua el derecho y la justicia como río inagotable” (Amós 5:24)