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Niñas y niños de Guararí exponen sus obras en la UNA

La creatividad de niñas y niños del programa socioeducativo Tierra Fértil, ubicado en Guararí de Heredia, llegará a la Universidad Nacional (UNA) con la exposición “El Arte de Tierra Fértil”, que se inaugurará el jueves 12 de marzo a las 4 p. m. en la Biblioteca Joaquín García Monge.

La muestra reúne 80 obras elaboradas durante 2025 por 80 niñas y niños entre los 7 y 13 años, quienes participaron en el taller de arte del programa. Las piezas fueron realizadas con la técnica del temple al huevo, un método de pintura de origen antiguo que utiliza pigmentos naturales mezclados con yema de huevo.

El proceso de creación fue parte del aprendizaje del taller. Las niñas y los niños prepararon sus propios materiales: maceraron pigmentos naturales, separaron la albúmina del huevo y mezclaron la yema con agua hasta obtener la pintura. Todo el trabajo se desarrolló con el acompañamiento de voluntariado y de la profesora del taller.

Tierra Fértil es un programa socioeducativo impulsado por los Misioneros del Espíritu Santo, que trabaja con población infantil y juvenil de Guararí mediante talleres formativos en áreas como arte, literatura, motricidad, habilidades para la vida y reforzamiento académico. En el caso de adolescentes, también se ofrecen espacios de aprendizaje en robótica, inglés conversacional y herramientas informáticas.

La iniciativa busca fortalecer capacidades personales y sociales en niñas, niños y jóvenes, a partir de actividades educativas y comunitarias. En 2019, el programa recibió un reconocimiento de la Defensoría de los Habitantes por su aporte al mejoramiento de la calidad de vida.

La exposición estará abierta al público durante un mes a partir del 12 de marzo. La inauguración oficial será a las 4 p.m. de ese día.

Dios No Bendice las Bombas

Mg. José A. Amesty Rivera

En los últimos días se produjo una escena que ha generado un fuerte debate en el mundo religioso y político. Mientras algunos líderes evangélicos en Estados Unidos se reunían en la Oficina Oval para orar por el presidente Donald Trump y bendecir una guerra contra Irán, desde el Vaticano el papa León XIV respondió con una frase que retumbó como un trueno moral: “La guerra no es santa; solo la paz es santa porque es querida por Dios”.

No fue una frase diplomática ni vaga, fue una advertencia clara, ningún gobierno puede usar el nombre de Dios para justificar bombardeos, invasiones o guerras.

Para muchos creyentes de América Latina, especialmente desde la teología latinoamericana, estas palabras recuerdan algo fundamental, Dios nunca está del lado de los imperios, sino del lado de los pueblos que sufren.

No es la primera vez que la religión, se utiliza para bendecir proyectos de poder, para justificar la guerra. A lo largo de la historia, imperios y gobiernos han intentado presentar sus guerras como “misiones divinas”.

En la actualidad, algunos sectores del fundamentalismo religioso en Estados Unidos, hablan incluso de guerras que formarían parte de un supuesto “plan bíblico” o del “fin de los tiempos”. Bajo ese discurso, conflictos políticos y económicos se presentan como voluntad de Dios.

Asi, el presidente Donald Trump había sido «ungido por Jesús para encender la señal de fuego en Irán, provocar el Armagedón y marcar su regreso a la Tierra”.

Pero la realidad suele ser mucho más terrenal, por ejemplo, el economista y pensador crítico Samir Amin, explicaba que el imperialismo moderno no solo utiliza ejércitos, sino también ideas, discursos y religiones para justificar su poder.

En palabras sencillas, cuando el poder imperial necesita una guerra, muchas veces busca también un discurso moral o religioso que la legitime. Por eso la escena de pastores y pastoras orando para bendecir bombardeos no es solo un acto religioso; también es un acto político.

Pero el mensaje de Jesús de Palestina es otro; frente a esa lógica, el papa León XIV recordó algo muy simple pero muy profundo, Jesús nunca bendijo la guerra.

En el Evangelio, Jesús dice: “Bienaventurados los que trabajan por la paz”. No dice “bienaventurados los que ganan guerras”, dice los que construyen paz.

El teólogo brasileño Leonardo Boff, uno de los grandes pensadores de la teología latinoamericana, lo explica con claridad: “La paz no es solo que no haya guerra; la paz existe cuando hay justicia”.

Esto significa que cuando hay pobreza, explotación o dominación, la paz verdadera todavía no ha llegado.

En América Latina sabemos bien lo que significa la guerra, la intervención extranjera y la violencia política. Nuestro continente ha vivido golpes de Estado, dictaduras, conflictos armados y saqueo de recursos naturales, entre muchos otros.

Por eso muchos cristianos/as latinoamericanos aprendimos, que la fe no puede ser neutral frente al sufrimiento del pueblo.

A su vez, el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado mientras celebraba misa en 1980, lo dijo con una valentía que todavía conmueve: “En nombre de Dios y de este pueblo sufriente les suplico: ¡cese la represión!”.

Romero entendió algo muy importante, si la Iglesia no defiende a las víctimas, termina defendiendo a los poderosos.

Muchos analistas también recuerdan que detrás de muchos conflictos internacionales, guerras, hay intereses económicos: petróleo, recursos naturales, control de rutas estratégicas o dominio geopolítico.

Por ejemplo, el escritor uruguayo Eduardo Galeano, lo resumió con una frase que sigue siendo actual: “Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza, para alimentar la prosperidad de otros”.

Aunque Galeano hablaba de América Latina, la misma lógica aparece en muchas regiones del mundo. Las guerras muchas veces no se explican por la religión ni por la democracia, sino por la hegemonía de los recursos y el poder.

Reiteramos y no olvidemos que, nuestra teología de y en América Latina, nuestra fe, está del lado del pueblo. Desde los años 60 y 70 surgió en América Latina una corriente cristiana muy importante, la teología latinoamericana. Su idea central es sencilla pero poderosa, Dios tiene una opción preferencial por los pobres.

El teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, uno de sus fundadores, lo explicó así: “No se puede hablar de Dios sin hablar del sufrimiento de los pobres”.

Esto significa que la fe cristiana, no puede quedarse solo en rezos o rituales; también debe preocuparse por la justicia social, la dignidad humana y la paz.

Desde esta perspectiva, bendecir una guerra es una contradicción profunda con el mensaje del Evangelio.

Las palabras del papa León XIV, abren una reflexión importante para millones de cristianos/as en el mundo.

La pregunta es simple pero decisiva: ¿La religión servirá para justificar guerras o para defender la vida?

A lo largo de la historia han existido ambas posturas. Algunos líderes religiosos se alinearon con imperios y gobiernos. Otros, en cambio, caminamos junto a los pobres y denunciamos la injusticia.

El filósofo latinoamericano Enrique Dussel dice que la verdadera ética comienza escuchando el clamor de las víctimas.

Y cuando escuchamos a las víctimas de las guerras (niños muertos, familias desplazadas, ciudades destruidas) queda claro que ninguna bomba puede ser bendecida en nombre de Dios.

Para concluir, hacemos un llamado a la paz; cuando el papa repite que “la guerra no es santa”, no está diciendo solo una frase religiosa. Está recordando algo profundamente humano, la vida vale más que cualquier interés político o económico.

En un mundo lleno de conflictos, armas nucleares y tensiones internacionales, esa voz que llama a la paz puede parecer pequeña.

Pero como decía Eduardo Galeano: “La utopía sirve para caminar”. Y tal vez esa sea la tarea de los creyentes hoy, caminar del lado de la vida, de la justicia y de la paz.

Porque si Dios está en algún lugar de la historia, probablemente no esté en los palacios donde se deciden las guerras, sino entre los pueblos que luchan por sobrevivir y por vivir en paz.

Y una aclaración pertinente, está demostrado y lo sabemos todos y todas a carta cabal que, no todos los evangelicos/as en América Latina, Norteamérica y otros continentes son iguales. Hay Iglesias como La Unión Evangélica Pentecostal Venezolana UEPV y la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, por solo mencionar dos que conozco, que son proféticas, teniendo una posición acorde a nuestra teología latinoamericana, y siendo consecuentes con el mensaje de Jesucristo de Palestina.

SIUNED alerta sobre recortes presupuestarios que amenazan a la universidad pública

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) advirtió sobre los riesgos que enfrentan las universidades públicas ante políticas de recorte presupuestario que, según señala la organización, debilitan el financiamiento estatal y ponen en riesgo el cumplimiento de su misión social.

En un documento difundido por el sindicato, se señala que la universidad pública costarricense ha sido históricamente un pilar fundamental para el desarrollo del país, tanto por su aporte al conocimiento como por su papel en la democratización del acceso a la educación superior. Desde esta perspectiva, el sindicato sostiene que las medidas de reducción presupuestaria amenazan directamente ese modelo.

El pronunciamiento plantea que las universidades públicas no solo forman profesionales, sino que también desarrollan investigación científica, extensión universitaria y múltiples proyectos que benefician a comunidades de todo el país. Por ello, el debilitamiento del financiamiento público tendría impactos directos en la capacidad de estas instituciones para cumplir con esas funciones.

SIUNED advierte que los recortes no deben analizarse únicamente como decisiones administrativas o fiscales, sino como medidas que afectan el acceso a la educación superior, especialmente para sectores sociales que históricamente han encontrado en las universidades públicas una vía de movilidad social.

El sindicato también destaca que la educación superior pública constituye una inversión estratégica para el país. En su criterio, reducir los recursos destinados a este sector compromete la posibilidad de fortalecer el conocimiento, la innovación y la formación de profesionales en áreas clave para el desarrollo nacional.

Asimismo, el pronunciamiento señala que la universidad pública cumple un papel central en la construcción de pensamiento crítico, la promoción de la cultura y el debate democrático. Desde esta perspectiva, las políticas de austeridad aplicadas a la educación superior podrían debilitar una de las instituciones fundamentales para la vida democrática del país.

Ante esta situación, SIUNED hace un llamado a la sociedad costarricense a reflexionar sobre la importancia de defender la universidad pública como bien común. El sindicato plantea que garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para preservar su aporte al desarrollo social, científico y cultural de Costa Rica.

El documento concluye que la defensa de la universidad pública no es únicamente una demanda del sector universitario, sino una responsabilidad colectiva orientada a asegurar que la educación superior continúe siendo un derecho accesible y un motor de desarrollo para el país.

70 organizaciones rechazan reforma que abriría la privatización de la Zona Marítimo Terrestre

Pronunciamiento advierte que el proyecto de ley (Expediente N.º 22.553) debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras.
• Organizaciones alertan que el trámite se acelera en la Asamblea Legislativa y solicitan una reunión con el presidente y las jefaturas de fracción.

Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, al considerar que representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Las organizaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.

En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

Las organizaciones recordaron que anteriormente más de 70 organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.

El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.

Según las organizaciones firmantes, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales.

Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.

El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.

Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.

Diversos estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado que los manglares son uno de los ecosistemas que mayor pérdida de cobertura han sufrido en las últimas décadas, principalmente debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.

Centralización y debilitamiento del control público

Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero.

Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.

Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.

Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Ante estos riesgos, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.

Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.

Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Ante esta situación, han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.

Ver pronunciamiento completo con organizaciones y personas firmantes: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform?usp=preview

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Informe internacional concluye que política de seguridad en El Salvador reúne elementos de crímenes de lesa humanidad

Un amplio informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES), concluye que las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad implementada en ese país reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser consideradas crímenes de lesa humanidad.

El estudio examina el impacto del régimen de excepción y otras medidas adoptadas en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño en los últimos años, y sostiene que diversas prácticas documentadas —incluidas detenciones arbitrarias masivas, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y persecución política— forman parte de una política estatal que cumple los criterios establecidos por el derecho internacional para esta categoría de crímenes.

El informe plantea que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una política sostenida que se desarrolló en un contexto de debilitamiento institucional y concentración del poder político.


Qué es GIPES y quiénes elaboran el informe

El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES) está integrado por especialistas internacionales en derecho internacional, derechos humanos, justicia penal internacional y análisis político.

El grupo desarrolla investigaciones independientes con el objetivo de analizar la compatibilidad de las políticas estatales con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional, así como aportar elementos para la rendición de cuentas frente a violaciones graves.

El informe publicado en 2026 constituye uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre las consecuencias institucionales, jurídicas y humanitarias de la política de seguridad aplicada en El Salvador durante los últimos años.


Un análisis del debilitamiento del Estado de derecho

El documento señala que las violaciones masivas a los derechos humanos no surgen de manera espontánea, sino que requieren de un contexto institucional que las permita.

Según el informe, en El Salvador se habría configurado un entorno caracterizado por:

  • debilitamiento de los contrapesos institucionales,

  • concentración del poder político,

  • debilitamiento de los controles judiciales y legislativos,

  • uso prolongado de medidas excepcionales.

En ese contexto, el régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022 se habría convertido en el instrumento central de la política de seguridad, con la suspensión prolongada de diversas garantías constitucionales.

El informe sostiene que este marco institucional permitió consolidar una estrategia de seguridad basada en detenciones masivas y amplias facultades policiales y militares.


Principales temas analizados en el informe

De acuerdo con su estructura y tabla de contenidos, el informe examina múltiples dimensiones del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.

Entre los principales temas analizados destacan:

Destrucción de contrapesos institucionales

Uno de los primeros apartados analiza cómo la concentración del poder político y el debilitamiento de instituciones clave facilitaron la implementación de medidas extraordinarias sin controles efectivos.

Régimen de excepción y detenciones masivas

El informe examina la política de detenciones masivas desarrollada en el marco del régimen de excepción, así como los efectos sobre derechos fundamentales como:

  • la libertad personal,

  • el debido proceso,

  • la presunción de inocencia.

El documento también señala problemas estructurales para garantizar procesos judiciales dentro de plazos razonables para las personas detenidas.

Tortura, muertes bajo custodia y desapariciones

El informe analiza denuncias relacionadas con:

  • tortura en centros de detención,

  • muertes de personas bajo custodia estatal,

  • desapariciones forzadas,

  • posibles fosas clandestinas dentro de centros penitenciarios.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de estas situaciones no han sido investigadas adecuadamente por las autoridades.

Restricciones a la prensa y persecución política

El documento también examina el impacto del régimen de excepción sobre el ejercicio de la libertad de prensa y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.

Según el informe, el contexto de persecución y hostigamiento ha llevado incluso al exilio de periodistas y ha generado restricciones al acceso a la información pública, lo que afecta el derecho ciudadano a conocer la actuación de las autoridades.


Crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional

Uno de los ejes centrales del informe es el análisis jurídico sobre la naturaleza de las violaciones documentadas.

El GIPES concluye que los hechos analizados reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad, en tanto formarían parte de una política estatal sistemática dirigida contra la población civil.

Según el informe, esta conclusión implica no solo responsabilidad internacional del Estado, sino también posible responsabilidad penal individual de quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron dichas políticas.


Recomendaciones del informe

El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones dirigidas tanto al Estado salvadoreño como a la comunidad internacional.

Recomendaciones al Estado salvadoreño

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • restablecer plenamente el Estado de derecho, incluyendo la independencia del poder judicial;

  • garantizar el acceso inmediato a información sobre personas detenidas y su situación jurídica;

  • investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia;

  • establecer un programa nacional de reparación integral para las víctimas, que incluya indemnización, atención médica y garantías de no repetición.

Recomendaciones a la comunidad internacional

El informe también plantea acciones dirigidas a organismos internacionales y Estados democráticos.

Entre ellas destacan:

  • apoyar investigaciones independientes sobre violaciones graves de derechos humanos;

  • aplicar mecanismos de jurisdicción universal cuando existan elementos para investigar a los responsables;

  • aplicar sanciones a individuos o instituciones implicadas en violaciones graves de derechos humanos.

Asimismo, el documento plantea que los Estados parte del Estatuto de Roma consideren la posibilidad de remitir la situación de El Salvador a la Corte Penal Internacional, para que se investiguen los hechos documentados en el informe.

También recomienda brindar protección internacional a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos que enfrenten riesgos por su trabajo de denuncia.


Una advertencia sobre el rumbo institucional

El informe concluye señalando que ningún modelo de seguridad puede considerarse exitoso si se basa en la violación sistemática de derechos humanos.

En ese sentido, plantea que El Salvador se encuentra ante una encrucijada histórica, en la que debe decidir entre profundizar un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente o reconstruir una política de seguridad ciudadana plenamente alineada con el respeto al Estado de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Le invitamos a descargar el informe desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/GIPES-El-Salvador-en-la-encrucijada-crimenes-de-lesa-humanidad-bajo-la-politica-de-seguridad-publica-Informe-2026.pdf

SIFREHN y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social alertan sobre restricciones a la teleconsulta médica en Costa Rica

El Sindicato del Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN) y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social emitieron un pronunciamiento en el que expresan preocupación por acciones que, a su juicio, amenazan el ejercicio de la teleconsulta médica y afectan tanto a profesionales en ciencias médicas como a personas pacientes.

Según el documento, el Decreto Ejecutivo N.° 44363-S del 20 de mayo de 2024, denominado Reglamento para el control y regulación de la teleconsulta sanitaria en Costa Rica, establece respaldo normativo para que los médicos puedan realizar consulta virtual de acuerdo con su criterio profesional. El texto cita, en particular, el artículo 2 del capítulo I y el artículo 7 del capítulo II como fundamento de esa posibilidad.

El pronunciamiento subraya que la teleconsulta representa una herramienta relevante en el contexto de las dificultades de acceso a citas presenciales en el primer nivel de atención, especialmente en los EBAIS. Desde esa perspectiva, plantea que la atención médica virtual constituye una alternativa importante para resguardar el derecho a la salud de la población.

Cuestionamientos a actuaciones del Colegio de Médicos y de la CCSS

El documento denuncia que la Fiscalía del Colegio de Médicos impulsó actuaciones contra médicos vinculados a dos consultorios establecidos por SIFREHN, a partir de una investigación relacionada con atenciones brindadas por teleconsulta. Según el texto, a raíz de ese proceso se pretende imponer medidas cautelares para impedir que continúe la atención por esta vía, así como eventuales sanciones profesionales.

Además, el pronunciamiento cuestiona un comunicado fechado el 23 de enero de 2026, atribuido a instancias de la CCSS, mediante el cual se habría indicado a las comisiones regionales de evaluación de licencias e incapacidades no homologar certificados emitidos por uno de los médicos del sindicato. El documento sostiene que esa decisión afecta el ejercicio profesional, el derecho al trabajo y la atención de los pacientes.

Teleconsulta y acceso a servicios de salud

SIFREHN y la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social vinculan esta situación con el contexto más amplio de dificultades en la prestación de servicios del seguro de salud, incluyendo los problemas de acceso y las listas de espera. En ese marco, argumentan que limitar la teleconsulta podría agravar las barreras que ya enfrentan muchas personas para recibir atención médica oportuna.

El documento hace un llamado a sindicatos, asociaciones de trabajadores y organizaciones del sector salud para que se pronuncien sobre esta situación y defiendan la teleconsulta como una modalidad legítima de atención médica, en el entendido de que su uso puede contribuir a ampliar el acceso a servicios sanitarios.

El pronunciamiento aparece suscrito:

Dr. Alfredo Ramírez M.
Por Sindicato SIFREHN
Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

¿Más soldados que maestros y más cuarteles que museos? ¿Esa es la estrategia?

Margarita Bolaños Arquín

Asumir que al crimen organizado y al narcotráfico solo es posible combatirlo involucrándonos en una guerra continental que demanda desviar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible y destinar importantes recursos del erario público para cambiar el modelo “de más maestros que soldados, por más soldados que maestros”, no es opción para Costa Rica ni para ninguna democracia.

La estrategia de seguridad debe involucrar activamente a las comunidades, a las organizaciones, a los sectores privados e instituciones del Estado en todo el territorio nacional. Asignar los recursos necesarios a la educación, a la búsqueda de empleo digno y al desarrollo sostenible y pleno de las capacidades de todas las personas fue y sigue siendo el corazón de la vía costarricense.

Hacer lo contrario implica comprometer a largo plazo nuestros recursos por una estrategia de seguridad que en otros países ha incrementado el deterioro democrático, la violencia, la corrupción, el armamentismo, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía de su territorio continental e insular. Bien sabemos que la violencia genera más violencia, que las armas solo eliminan, pero no dan verdadera paz ni seguridad.

UNDECA denuncia atraso salarial de un año en el Servicio de Nutrición del Hospital Monseñor Sanabria y exige mesa de negociación inmediata

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) denuncia una grave situación que afecta a personas trabajadoras del Servicio de Nutrición del Hospital Monseñor Sanabria, quienes reportan atrasos en el pago de salarios ordinarios y extraordinarios que, en algunos casos, se arrastran desde julio de 2025.

El atraso salarial se aproxima a casi un año en algunos rubros, lo que está generando una situación insostenible para las personas trabajadoras y sus familias, quienes deben cumplir con responsabilidades económicas mientras esperan el pago de su trabajo ya realizado.

Ante esta situación, UNDECA exige la apertura inmediata de una mesa de negociación con la Dirección General del centro hospitalario, las autoridades regionales y la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el objetivo de encontrar una solución pronta y efectiva al problema.

La organización señaló que, mientras no exista una respuesta concreta de las autoridades institucionales, las personas trabajadoras del servicio mantendrán un paro de labores como medida de presión legítima para exigir el respeto a sus derechos salariales.

UNDECA reitera que el pago oportuno de los salarios es un derecho humano fundamental de la clase trabajadora y una obligación institucional que no puede seguir siendo postergada.

A 10 años de la siembra de Berta Cáceres

A 10 años de la siembra de Berta Cáceres, recordamos que su lucha sigue germinando en los territorios, en las comunidades y en quienes defienden la vida frente al colonialismo y el extractivismo.

Les invitamos a un espacio de memoria, encuentro y conversación colectiva, con la proyección del documental “Las semillas de Berta Cáceres”.

Queremos encontrarnos para compartir sobre lo que la lucha de Berta sigue sembrando hoy en nuestras resistencias comunitarias: lo que nos enseña, lo que nos inspira y lo que nos impulsa a seguir defendiendo la esperanza, la vida, la justicia, los territorios y los bienes comunes.

📅 Miércoles 25 de marzo

🕠 5:30 p.m.

📍 DEI, Sabanilla, Montes de Oca

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Solicitan a la Defensoría analizar resolución constitucional y promover acciones para proteger derechos de población afrodescendiente de Limón

El ciudadano limonense Marco Levy Virgo presentó ante la Defensoría de los Habitantes una solicitud formal para que esa institución analice los alcances de la Resolución N.º 2025042454 de la Sala Constitucional y valore la promoción de acciones jurídicas destinadas a proteger los derechos de la población afrodescendiente de Limón, reconocida en Costa Rica como pueblo tribal.

La gestión se realizó mediante el oficio MLV-0084-2026, dirigido a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el cual se solicita la intervención de esa entidad para examinar el impacto jurídico de la resolución constitucional y para considerar eventuales acciones ante instancias internacionales de derechos humanos.

Solicitud de análisis y posibles acciones internacionales

En el documento, Levy Virgo plantea que la Defensoría evalúe la resolución de la Sala Constitucional desde la perspectiva de los derechos colectivos de la población afrodescendiente de Limón.

Asimismo, solicita que la institución valore la posibilidad de impulsar gestiones ante instancias internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de garantizar el respeto de los estándares internacionales aplicables a pueblos tribales y comunidades culturalmente diferenciadas.

Según el planteamiento presentado, este análisis permitiría determinar si las decisiones institucionales adoptadas en el país han considerado adecuadamente los principios de consulta previa, participación y protección de derechos colectivos.

Mediación ante la Asamblea Legislativa

Además de la evaluación jurídica, la solicitud plantea que la Defensoría pueda ejercer un papel de mediación ante la Asamblea Legislativa, particularmente en relación con el proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Ley N.º 6043).

El planteamiento sostiene que la discusión de esta reforma debería considerar la consulta previa a las comunidades afrodescendientes del Caribe, en concordancia con los estándares internacionales que protegen a los pueblos tribales.

Antecedentes de gestiones institucionales

La solicitud presentada ante la Defensoría forma parte de una serie de gestiones realizadas en años recientes por el mismo autor ante distintas instituciones públicas.

Entre estos antecedentes se encuentra el oficio PEL-1878-2025, mediante el cual se realizaron consultas sobre decisiones estatales relacionadas con proyectos estratégicos en la región Caribe.

Posteriormente, mediante el oficio MLV-00129-2025, se plantearon nuevas interrogantes institucionales relacionadas con el reconocimiento de la población afrodescendiente de Limón como pueblo tribal y la eventual aplicación de mecanismos de consulta.

En respuesta a esas consultas, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) emitió el oficio CNC-ST-OF-0576-2025, en el cual se abordan aspectos jurídicos relacionados con la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y la aplicación de normativa internacional en materia de pueblos tribales.

Estas comunicaciones forman parte del contexto institucional en el que se desarrolla el actual planteamiento ante la Defensoría.

Debate sobre derechos colectivos en el Caribe costarricense

La solicitud también se relaciona con una discusión más amplia sobre los derechos de la población afrodescendiente del Caribe costarricense, particularmente en relación con el reconocimiento de su identidad cultural, histórica y territorial.

En los últimos años, diversos sectores han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan garantizar la participación de estas comunidades en decisiones públicas que puedan afectar sus territorios, su desarrollo o sus condiciones de vida.

Desde esta perspectiva, la gestión presentada ante la Defensoría busca promover un análisis institucional que contribuya a clarificar el alcance de las resoluciones judiciales y de las decisiones administrativas relacionadas con estos derechos.