La visita se realizó este lunes 22 de abril. El propósito fue informar y denunciar la inacción y negatividad de parte del director regional y del presidente ejecutivo del INDER, “para resolver de manera diligente las necesidades planteadas por varias organizaciones sociales de la zona sur durante años y la actual administración”, informó a SURCOS Renier Canales.
La representación de la zona sur la integraron Tatiana Chaverri Rodríguez, Freddy Rojas Reyes, Renier Canales Medina, y como testigo de la gestión, Efraín Valverde Moreno quien es el fiscal de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
En noviembre de 2022, se iniciaron conversaciones entre el INDER y la Comisión Sureña para abordar la problemática de la tenencia de tierras en asentamientos campesinos. Se acordó organizar una mesa de trabajo con representantes de ambas partes y otras instituciones relevantes. A pesar de haberse enviado una lista de observaciones para discutir en la mesa de trabajo, el INDER no coordinó la reunión.
Después de varias solicitudes de seguimiento, el INDER respondió proponiendo una mesa de trabajo interinstitucional con diferentes entidades, pero sin confirmar fecha para la reunión. Ante la falta de avance, se intentó contactar al director regional del INDER sin éxito.
Ante la falta de respuesta del INDER y su negativa a participar en la mesa de trabajo, el diputado Ariel Robles Barrantes presentó un recurso de amparo. La respuesta del INDER alegaba que estaban activos en la región y trabajando con organizaciones locales, pero no abordaba la solicitud de participación en la mesa de trabajo.
El diputado Robles interpuso un recurso de amparo contra el Instituto de Desarrollo Rural, alegando que a pesar de haber solicitado una explicación sobre el por qué su representado no iba a participar en una Mesa de Trabajo, la respuesta dada por el instituto no contestó su consulta. El instituto indicó que mantiene una agenda de trabajo robusta en la región en cuestión y trabaja con organizaciones comunales de la región. La Sala estimó que si bien el instituto brindó una respuesta, esta no era atinente a la solicitud formulada por el recurrente. Por lo tanto, se declaró con lugar el recurso y se ordenó al instituto que en el plazo de ocho días brindara la explicación solicitada por el recurrente, bajo advertencia de sanción penal.
Esta decisión fue celebrada por la Comisión Sureña y el diputado Robles Barrantes, quienes agradecieron el respaldo recibido en sus esfuerzos por abordar las necesidades de las comunidades del Sur del país.
Hace tan solo un poco más de dos años, el ministro de Agricultura de entonces, don Renato Alvarado, informaba que en los últimos cuatro años, la Fábrica Nacional de Licores, mediante la transformación en sus inversiones y en su giro de negocios, había generado más de ¢100 mil millones, de los cuales ¢50 mil millones se habían destinado a instituciones que permiten desarrollo social y oportunidades, como el Instituto de Fomento y Asuntos Municipales (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Ministerio de Hacienda, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), así como a la Municipalidad de Grecia.
Así que, amigos, quedó evidenciado que, con una competente administración, la histórica empresa del Estado es un buen negocio para los costarricenses.
¿Será por eso que un grupito de comerciantes la quieren comprar?
Marco Levy Virgo, vecino del cantón central de Limón, tramitó un recurso de amparo a magistrados de la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en contra de la señora ministra de la presidencia y presidenta del Consejo Nacional Ambiental (CNA), el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y el jefe del departamento legal del INDER por no ejercer autoridad en relación a la protección de áreas silvestres protegidas, específicamente REGAMA.
Levy hace alusión al voto No. 2019-12745 del 10 de julio del 2019, que ordena la recuperación de áreas bajo régimen especial, como REGAMA, y denuncia que en esta zona muchas propiedades están siendo comercializadas con la aparente complicidad del SINAC mediante supuestos fraccionamientos que van en contra de lo ordenado por la Sala constitucional. Dicha comercialización pone en riesgo la salud, el medio ambiente y la vida dentro de la zona, lo que quebranta el artículo 11, inciso 2, de la Ley 7788 (Ley de la biodiversidad).
Dentro del recurso de amparo, Levy hace un respetuoso recordatorio sobre el deber ineludible de velar por el cumplimiento de todas las resoluciones. Además, hace un ruego a las autoridades para que estas analicen la posibilidad de ordenar a los recurridos el presentar un informe actualizado in situ del estado actual de cada plano remitido por la Procuraduría General de la República para el respectivo proceso de lesividad enlistados en el informe con oficio DAA-OFI-370-2022, de fecha 07 de marzo del 2022, dirigido a la junta directiva del INDER y su presidencia ejecutiva por tratarse de terrenos ubicados dentro del REGAMA.
Complejo de oficinas del Programa de Cooperación y área administrativa de la Planta Procesadora de Palmito.
Piedras Blancas, Puntarenas – En un grito por la autonomía y el desarrollo comunitario, la Cooperativa Agrícola Agricoop R.L. en Piedras Blancas, Puntarenas, alza la voz para reclamar lo que consideran suyo por derecho. Con más de 20 años de presencia en la zona, las instalaciones que albergan la Planta Procesadora de Palmito y su complejo de oficinas son el epicentro de una lucha que va más allá de los límites físicos de la cooperativa. Así se desprende de una conversación de Tatiana Chaverri Rodríguez con SURCOS.
Además, en una publicación reciente en su página de Facebook, Agricoop R.L. cuestionó la necesidad de solicitar permisos para acceder a sus propias instalaciones, comparando la situación con el concepto de entrar a su propia casa, en una comunidad que ve en estas estructuras el motor de su desarrollo y progreso.
«Nos salimos del juego y la manipulación en la que IDA (hoy Instituto de Desarrollo Rural, Inder) ha sometido por años a la Cooperativa. No se renueva ningún permiso de lo que es nuestro», expresaron en la publicación evidenciando la necesidad de respeto su autonomía y derecho al patrimonio.
Detrás de este enfrentamiento legal y burocrático, se encuentra una historia que se remonta a más de dos décadas atrás. Las instalaciones fueron creadas para el procesamiento de palmito, en un momento crucial para la comunidad tras la salida de la Bananera. En un acto de cooperación con la CEE (organismo de la Unión Europea), se gestó el Programa de Desarrollo Rural (PDR) Osa Golfito, con el propósito de dotar a las organizaciones locales de las herramientas e infraestructuras necesarias para su crecimiento.
Planta procesadora de palmito construida para Industrias Palmitos del Sur SA posteriormente Agricoop Cooperativa Comercializadora Agrícola del Sur RL.
Sin embargo, a pesar de las promesas y acuerdos establecidos, las instalaciones permanecen en un limbo legal, sin que se cumpla el compromiso de entrega por parte del gobierno costarricense. El problema es que este abandono no solo afecta a la cooperativa, sino que tiene un impacto directo en las comunidades circundantes.
Según Tatiana Chaverri Rodríguez, representante de Agricoop R.L., el rezago económico y social en el cantón de Osa, específicamente en Piedras Blancas, es evidente. Con una población de 4530 habitantes y una falta notable de fuentes de empleo e inversión pública, el abandono de estas instalaciones representa un golpe devastador para la región.
«La falta de entrega de estas instalaciones ha tenido un impacto significativo en nuestras comunidades», continuó Chaverri Rodríguez. «Según datos del Inec, el cantón de Osa, y en particular Piedras Blancas, enfrenta un fuerte rezago económico y social. La falta de empleo e inversión pública afecta directamente a nuestros habitantes, quienes se ven privados de oportunidades de desarrollo».
Al abordar la razón detrás del abandono de las instalaciones, Chaverri Rodríguez señaló: «Las abandonaron para evitar entregar los activos a la cooperativa. Agricoop fue sometida a la inseguridad jurídica con la intención de desaparecer o entregar las instalaciones a grupos alineados con ciertos intereses». En el monumento erigido en las instalaciones, el cual agradece el aporte de la Unión Europea al desarrollo local, se encuentra una prueba tangible del derecho de Agricoop R.L. sobre estas tierras, así como la placa que conmemora la fundación de estas instalaciones desde el 5 de enero de 1991.
Sin embargo, Agricoop R.L. no se rinde ante esta adversidad. Con una visión clara de desarrollo regional, han propuesto iniciativas que no solo beneficiarían a la cooperativa, sino que tendrían un impacto positivo en toda la comunidad. Enfatizan su papel como productores de fibra de abacá, un material altamente versátil con más de mil usos en la industria y un mercado prometedor en Europa. De contar con las instalaciones, establecerían un centro de acopio y valor agregado de abacá, lo que no solo generaría múltiples fuentes de empleo, sino también oportunidades comerciales significativas para la región. Adicionalmente, la cooperativa realiza prácticas de reciclaje y compostaje.
Agricoop resalta su participación en el Programa de Descubre de Procomer 2022, otorgándoles una posición privilegiada para impulsar la producción de abacá. Destacan su condición como beneficiarios de una donación de Red de Vinil, destinada a la fabricación de diversos productos como bolsos, delantales, manteles y tapizados, con el fin de generar ingresos para las mujeres de la cooperativa. Además, han firmado un convenio con el MICITT para establecer un Centro Comunitario Inteligente, conscientes de la amplia brecha digital en la zona.
En términos de iniciativas comunitarias, la cooperativa está activamente involucrada en la organización de una feria comunitaria para apoyar a emprendedores y agricultores locales, y cuentan con un área de cocina para formalizar iniciativas gastronómicas; así como en la gestión de capacitaciones en conjunto con el INA para fortalecer las capacidades de la población circundante. Entre otros aspectos, tienen su papel como Punto Seguro Inamu, brindando apoyo a mujeres que sufren acoso callejero, y su alianza con Sula Kaska Agricoop para desarrollar un proyecto de cacao que busca rescatar el valor nutricional, cultural y ecológico del cultivo en la zona.
Todas estas iniciativas, que abarcan aspectos sociales, económicos, ambientales y tecnológicos, podrían estar en pleno funcionamiento si el Inder cumpliera con su obligación. Agricoop R.L. hace un llamado urgente al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y a las autoridades competentes para que cumplan con su compromiso y entreguen los predios e instalaciones que legítimamente les pertenecen. Solo así, afirman representantes de Agricoop, podrán desatar todo el potencial de desarrollo que yace latente en la región.
La lucha de Agricoop R.L. va más allá de la defensa de unas instalaciones. Es la lucha por el derecho a un futuro digno, por la autonomía de una comunidad y por el desarrollo sostenible de una región olvidada.
Compartido con SURCOS por Tatiana Chaverri Rodríguez – Agricoop R.L. y por Renier Canales Medina.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología expone preocupaciones alarmantes sobre la comercialización de propiedades en áreas protegidas en la zona de Manzanillo, Costa Rica. En su informe del 07 de marzo de 2024 señala una aparente complicidad por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Amistad Caribe (SINAC) y la falta de cumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba la recuperación de terrenos de dominio público.
El documento, dirigido a la ministra de la presidencia y presidenta del Consejo Nacional Ambiental, Licda. Natalia Diaz Quintanilla, así como a varios funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario (INDER) y del SINAC, detalla una serie de irregularidades que han sido descubiertas en la zona de Manzanillo, específicamente dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo.
Según el informe, a pesar de una sentencia emitida el 10 de julio de 2019 (sentencia 2019-012745) que ordenaba la recuperación de terrenos de dominio público en la zona boscosa, muchas propiedades están siendo comercializadas en la zona de Manzanillo con la aparente complicidad del SINAC. Se mencionan supuestos fraccionamientos que permiten la venta de terrenos, a pesar de la clara disposición legal de recuperar dichas áreas.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita en el documento que se proceda a consignar una nota de advertencia como áreas bajo régimen especial sobre los terrenos en cuestión, de acuerdo con el derecho aplicable. Además, se solicita al INDER que tome medidas para verificar y certificar los expedientes asignados por el poder judicial a las demandas de lesividad iniciadas en cumplimiento de la sentencia de 2019.
Se hace hincapié en la falta de acción por parte del SINAC para incorporar al Patrimonio Natural del Estado las áreas descritas como bosque en un informe de inspección del Tribunal Ambiental Administrativo. A pesar de la anulación de la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, no se ha tomado ninguna medida concreta para proteger y preservar estas áreas.
Las preocupaciones manifestadas generan un debate sobre la protección ambiental y la integridad de las áreas protegidas en Costa Rica. La falta de cumplimiento de la ley y la aparente complicidad en la comercialización de propiedades en áreas bajo régimen especial plantean serias dudas sobre la eficacia de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente.
Ante estas revelaciones, se espera que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para investigar y abordar esta situación. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la protección adecuada de los espacios naturales y la preservación del patrimonio ambiental de Costa Rica.
SURCOS comparte la siguiente carta enviada por ACODEHU:
San José, martes 15 de agosto de 2023
En primer lugar, queremos manifestar a la opinión pública e internacional nuestro total apoyo a las campesinas y campesino que hoy ocupan las tierras de las fincas denominadas “Ramón Machado García”, formadas por las siguientes fincas: Mariposa 1, Mariposa 2, Mariposa 3 y 5, Mariposa 4, además las fincas: China, Veracruz, Las Torres, El Ceibo y los Corrales y finalmente Mitre y Corrales.
En estas fincas se ubican 632 familias, que han venido laborando la tierra con esmero, compromiso y voluntad de trabajo.
¿Debe la política de Estado dirigirse al Desarrollo Rural?, sin embargo, parece que la misma está centrada en el afiche, las fotografías sonrientes y los dibujitos multicolores.
Bajo los principios que rigen hoy al Instituto de Desarrollo Rural-INDER, exigimos una respuesta inmediata y de forma escrita, a fin de que, el área de interés que conforman dichos terrenos, sean entregados a quienes producen la tierra. Sin campesinos y campesinas, no es posible la alimentación en las mesas de los costarricenses
El 26 de julio 2023, representantes de este amplio sector de campesinos(as), con el apoyo de la ACODEHU presentaron por escrito la solicitud de una cita con el presidente de la institución (INDER), hasta la presente fecha no se ha logrado respuesta alguna.
Como organización protectora y defensora de los Derechos Humanos Fundamentales en Costa Rica, nos embarga una serie de preocupaciones que deben tener una respuesta concreta para las familias establecidas, con arraigo y amor a la producción.
En primer lugar, cuando se creó la Ley de Tierras y Colonización-ITCO, ley No. 2825. Octubre de 1961, el espíritu de esa ley, en el marco del Estado Social Democrático, era favorecer al campesinado sin tierra.
Posteriormente, vino una modificación al ITCO, y nace así la Ley 6735; ley del IDA, aunque se mantiene la intervención del Estado en todos los casos, el espíritu de reforma agraria del ITCO, se pierde y la agricultura se orienta a una economía de agricultura transnacionalizada. Son los años de la «agricultura de cambio».
Hoy día, nuestra gran preocupación gira en torno a la Ley 9036, ley que crea el INDER, porque se debilita su naturaleza en apoyar al sector agrícola y al campesinado. Por el contrario, se convierte en un ente mediador para negociar propiedades y orientar la realidad del campesino a una proletarización acentuada, en función del capital privado.
Aunque el INDER establece una gobernanza para la ruralidad costarricense, una política de desarrollo de los territorios rurales; pensamos, desde la ACODEHU, que si en verdad la “visión” y “los objetivos” de la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial 2015-2030-PEDRT, estuviesen comprometidos con las y los agricultores, el sector campesino no hubiese sido víctima del menosprecio que han sufrido en las últimas tres magistraturas, incluyendo lo que va de la actual administración de Rodrigo Chaves.
Una marcha multitudinaria de las y los campesinos realizada en el presente año, es objetivada con un lenguaje vulgar, por parte del presidente como “la marcha del chopsui”. De igual forma, se establece “la ruta del arroz”, pero es una ruta que lleva a la quiebra a pequeños y medianos productores de arroz. Se ejecutan desalojos administrativos de manera violenta y Costa Rica dejó de ser un país autosuficiente en el tema agropecuario. . Hoy importamos el arroz, los frijoles, el maíz. El respeto a los territorios ancestrales y a los territorios de la ruralidad viven el abandono, la desprotección y violencia institucional y gubernamental.
En este gobierno, desaparece la política de mercado de los productos agrícolas nacionales, se cierran los créditos bancarios, la pobreza, pauperización y proletarización del campesinado costarricense están presente. Se vive así, una desatención absoluta del agro costarricense. De tal forma que, la gobernanza hacia un desarrollo equitativo e inclusivo solo es una expectativa de derecho. Lo real son las cifras de pobreza en nuestro sector agrario.
Lo real son los datos duros en nuestro sector agrario, en lo que atañe a los medianos y pequeños productores.
Finalmente, la sostenibilidad y las acciones de intervención directa a favor de la soberanía alimentaria y a la autogestión de un buen vivir, no son atendidas por el aparato institucional, como lo sugiere el PEDRT.
Con base en lo anterior, la ACODEHU solicita al INDER y al gobierno del presidente Rodrigo Chaves una respuesta pronta para solucionar el conflicto agrario en las fincas referidas como «Ramón Machado García».
Sin campesinos no hay comida en las mesas de los miles de costarricenses que dependemos del sector agrícola.
La tierra para quien la trabaja.
Alto a los desalojos administrativos.
Firmas responsables, por la ACODEHU Asociación Costarricense de Derechos Humanos Ana Cecilia Jiménez Arce. Presidenta-ACODEHU Efraín Valverde. Fiscal-ACODEHU
C. Casa Presidencial Asamblea Legislativa Bussco Archivos
Esperarán el tiempo necesario en las afueras de Casa Presidencial en Zapote
El miércoles 9 de agosto, una delegación de catorce personas de la comunidad originaria Ngäbe de Sixaola, en representación de unos diez mil indígenas que habitan la zona fronteriza, estarán en las afueras de Casa Presidencial esperando ser recibidos, ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo de visitar la zona en mayo pasado, al que se comprometió el viceministro de Paz, Sergio Sevilla (Semanario Universidad, 31-3-23).
En marzo pasado, un grupo de indígenas se reunió con Sevilla, quien se comprometió con una agenda, cuyo punto principal es la demanda urgente de un territorio para poder concretar su pleno derecho como pueblo originario (ver compromisos firmados).
En dicha reunión, Sevilla Pérez se comprometió a iniciar acciones de comunicación con el INDER y otras instituciones, con el objetivo de buscar propiedades en la zona de Sixaola y buscar soluciones para el establecimiento del territorio solicitado. Además, el viceministro asumió la responsabilidad de ir a la zona en la segunda quincena de mayo de este año, y realizar una serie de diligencias con distintas instituciones, como la Dirección Nacional de Migración, CCSS, MTSS, etc.
Ante el incumplimiento del viceministro, la comunidad definió ir directamente donde el presidente a Zapote, para que les den respuesta a las demandas planteadas.
En una carta que entregaron en marzo pasado le recordaron al presidente que en campaña política él se comprometió a concretar esta urgente aspiración, pues “en la actualidad el pueblo de Sixaola vivimos una situación de pobreza y además no podemos desarrollar nuestra cultura dignamente debido a la limitación territorial que impide que podamos vivir libremente como pueblo originario”.
Esta ley fue un paso importante para visibilizar su existencia y poder ejercer sus derechos, pero ahora la principal problemática, que le hicieron saber en dicha carta al presidente Rodrigo Chaves, “es la carencia de un territorio en el cual podamos vivir libremente, sin temor a que sea atropellado el modo de convivencia cultural tradicional”. Esto pues a “más de 10.000 personas indígenas Ngäbes de Sixaola nos han negado espacios para practicar nuestras creencias ancestrales de Mama Tata, las danzas, la medicina tradicional, la elaboración de artesanías, espacios para sembrar nuestros alimentos y otros (…)”.
La delegación la conforman los miembros de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), la asociación de mujeres Meri Dirikä y Asociación de Trabajadores Productores Indígenas Afines de Sixaola (ATPIS).
Seguidamente compartimos videos en los cuales se explica la situación y de expresa la posición del pueblo indígena.
“La Casona del Coyolar es la edificación en madera más antigua de todo el Pacífico Central y Sur. Fue construida para el expresidente Rafael Iglesias Castro en el año 1893”. “En 1978 fue traspasada al Instituto de Tierras y Colonización, que después cambió a Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”. Así se explica en un documento de la Asociación para la Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina.
“En ella se hospedaron personajes como Ricardo Jiménez Oreamuno, León Cortes Castro y Rafael Ángel Calderón Guardia. No obstante, para el pueblo de Orotina su valor socioeconómico fue los más relevante de su historia, pues por más de 50 años desde esa edificación se giraba el pago de salario para cientos de trabajadores cuyas familias vivían de la Hacienda Coyolar. Más aun, los trabajadores recibían beneficios como leche gratis todos los días y asistencia médica gratuita de parte del propietario del lugar”, agrega el escrito de la Asociación.
Otro dato importante relacionado con la importancia histórica y cultural de La Casona del Coyolar es que fue clave para que en 1902 se diera la llegada del primer tren en la zona, “lo cual propició la creación del cantón de Orotina en el año 1908”.
Foto tomada hace siete años, cuando La Casona ya mostraba deterioro.
Lamentablemente el inmueble se ha deteriorado y la ausencia de una política para su protección ha activado la lucha de la Asociación para la Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina. Se espera que la institución a cargo adopte decisiones urgentes para la protección de un espacio que tiene importancia histórica, cultural y arquitectónica.
Está foto es de hace 3 meses, donde ya se aprecia el estado ruinoso de La Casona.
La Asociación ha organizado tres conversatorios para tocar el tema de la casona desde el punto de vista histórico, arquitectónico, patrimonial y legal, lo cual, a criterio de la agrupación “va a generar un nivel de apoyo mayor a nivel de la población de Orotina que es, en última instancia, la que más tiene que luchar por el rescate de la Casona del Coyolar”.
SURCOS comparte el documento completo, en el cual se detalla la situación de La Casona del Coyolar y otros aspectos importantes de esta lucha comunitaria y social.
PROMUEVE LA DENUNCIA: ASOCIACION PARA LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE OROTINA
REPRESENTATE: LIC. GIOVANNI CASTALDINI RAMIREZ
MOTIVO DE LA DENUNCIA: ESTADO RUINOSO DE LA CASONA DEL COYOLAR
UBICACIÓN DE LA CASONA: DISTRITO COYOLAR, CANTON DE OROTINA, ALAJUELA
PROPIETARIO DEL INMUEBLE: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (ANTES IDA)
AFECTACION: DESDE 1994 PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE LA REPUBLICA
DESTINO DE LA CASONA: DEDICADA COMO OFICINA ADMINISTRATIVA HASTA EL AÑO 2005. DESDE ENTONCES Y HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA DESOCUPADA
INVERSION ESTATAL: 1995: GRAN REMODELACION. 2012: PINTURA Y TRABAJOS MENORES. 2019: INTERVENCION DE EMERGENCIA (INFORMACION NO CONFIRMADA)
COLABORACIO EXTERNA: 2016: ARREGLOS MENORES DE PARTE DE ADEPPCO. 2018: PARTICIPACION CONCURSO PATRIMONIO HISTORICO M.C.
CONTEXTO:
La Casona del Coyolar es la edificación en madera más antigua de todo el Pacífico Central y Sur.
Fue construida para el expresidente Rafael Iglesias Castro en el año 1893. Otros propietarios han sido los hermanos Tinoco Granados y Fernando Castro Cervantes. Después de su muerte en 1967, la edificación estuvo a cargo de sus herederos y en 1978 fue traspasada al Instituto de Tierras y Colonización, que después cambió a Instituto de Desarrollo Rural y actualmente se denomina Instituto de Desarrollo Rural.
Las Casona del Coyolar fue la base de operaciones de una de las haciendas más grandes que ha tenido Costa Rica: la Hacienda Coyolar. Principalmente se dedicó a la ganadería y llego a medir más de 20 mil hectáreas, ubicándose en tres provincias diferentes: Alajuela, Puntarenas y San José.
El valor histórico de la casona es incuestionable. En ella se hospedaron personajes como Ricardo Jiménez Oreamuno, León Cortes Castro y Rafael Ángel Calderón Guardia. No obstante, para el pueblo de Orotina su valor socioeconómico fue los más relevante de su historia, pues por más de 50 años desde esa edificación se giraba el pago de salario para cientos de trabajadores cuyas familias vivían de la Hacienda Coyolar. Más aun, los trabajadores recibían beneficios como leche gratis todos los días y asistencia medica gratuita de parte del propietario del lugar.
De igual forma, la casona fue de suma importancia para que se diera la llegada en 1902 del primer tren en la zona, lo cual propició la creación del cantón de Orotina en el año 1908.
IMPORTANCIA ARQUITECTONICA:
Esta edificación tiene fuerte influencia del estilo neo victoriano que predominó principalmente a principios del siglo pasado en la zona atlántica, sobre todo debido a la influencia de la United Fruit Company en la zona del Caribe y en las Minas del Aguacate.
Su construcción es de dos plantas, principalmente en madera de cedro y pochote. Su estructura principal mide aproximadamente 450 metros cuadrados y cuenta con extensos corredores y balcones casi en la totalidad de su perímetro.
La casona está rodeada de interesantes estructuras y bienes de valor histórico y arquitectónico, como una caballeriza, una lechería, un antiguo tanque de agua y mucha maquinaria antigua que fue pionera en su época para la realización del trabajo agropecuario.
Es importante hacer notar que el INDER, además de la Casona del Coyolar, es propietario de otros ocho edificios declarados patrimonio arquitectónico de la República, entre ellos el Monumento Nacional Guayabo en Turrialba. Sería interesante investigar en qué estado de conservación se encuentran dichos lugares.
ESTADO ACTUAL DE LA CASONA
El primer contacto que nuestra asociación tuvo con este edificio histórico fue en el 2016 cuando organizamos un evento de promoción y enseñanza de la Casona del Coyolar. Contamos con la presencia de funcionarios del INDER y de la Dirección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura.
Previo a este evento nuestros voluntarios realizaron labores de limpieza y reparación de las jardineras de piedra de la edificación. En ese momento notamos que ya la casona mostraba problemas estructurales en la segunda planta debido al ingreso de agua por deficiencias en el techo o cubierta de la edificación. El daño era importante, pero estaba localizado en una zona específica.
Asimismo, durante el evento, el entonces director de la Oficina de Patrimonio nos hizo ver que ya la casona mostraba signos evidentes de ataque de comején de la variedad que habita a nivel subterráneo.
Obviamente hicimos ver esto a las autoridades del INDER en Orotina y ofrecimos conseguir recursos para la colocación de parte del techo y gestionar los permisos ante el Ministerio de Cultura, por tratarse de una edificación declarada patrimonio arquitectónico de la República.
Lamentablemente, después del 2016 perdimos contacto con los funcionarios del INDER y desconocemos si finalmente lograron obtener el permiso para el cambio de techo de la casona.
Al no encontrar continuidad en la gestión de la colocación del techo de la casona, la asociación volvió sus ojos a la estación ferroviaria de Orotina donde hasta el día de hoy realiza trabajos de restauración en bienes propiedad del INCOFER, institución que ha colaborado con nosotros en todo el proceso de preservación histórica.
En algún momento de este año pudimos desatender las labores de restauración que hacemos en la estación central de Orotina y en abril de este año solicité a un funcionario del INDER en Coyolar que me permitiera visitar de nuevo la casona, pero esta vez en compañía del arquitecto de la asociación.
Ese mismo mes me hice presente en las instalaciones del INDER en Coyolar y mi sorpresa fue mayúscula al ver el avanzado estado de deterioro de la casona en tan solo 7 años. Junto con el arquitecto Rodolfo Mejías realizamos una inspección interna y se pudo comprobar que ya toda la segunda planta estaba clausurada por peligro de desplome. Era evidente que el problema del agua ingresando a dicho recinto todavía continuaba; peor aún se había extendido a varios puntos de la estructura a tal punto que ya en la primera planta era evidente el trazo del agua corriendo por el piso. Adicionalmente una enorme rama de un árbol aledaño a la casona atravesó el techo desde la segunda planta llegando a hacer contacto con el piso de la primera planta. La rama aun estaba en el lugar cuando se realizó la inspección.
El daño más grave que se pudo apreciar en la edificación histórica fue el eminente peligro de derrumbe del balcón del ala este de la casona. De ahí entonces que en el año 2019 el INDER realizara una intervención de emergencia en dicho lugar donde se apuntaló dicho balcón con una estructura de perling para que no se desplomara. Desconocemos el monto del presupuesto para dicha intervención y quien la realizó, o bien si además se invirtió en la reparación del principal problema estructural, esto es, el techo de la casona.
Una estimación preliminar del arquitecto para restaurar la casona se aproxima a los 300 millones de colones, aunque él fue enfático en sus conclusiones al indicar que la principal intervención para evitar el colapso total del edificio es la reparación de cerchas y el cambio de techo en forma urgente, lo cual hasta la fecha obviamente no ha sucedido.
GESTION ADMINISTRATIVA
Con motivo de la inspección realizada, el funcionario a cargo nos mostró un enorme expediente de las gestiones realizadas en la casona desde el año 2000. Este señor fue enfático en que desde hace varios años la sede regional del INDER en Coyolar ha venido solicitando recursos para el mantenimiento de la casona, siendo que la respuesta a dichas gestiones, la mayoría de las veces fue negativa, aleándose falta de contenido presupuestario en las oficinas centrales del INDER en San José.
Alarmado por el crítico estado en que encontré la casona el mismo mes de abril procedí a solicitar explicaciones directamente ante la Presidencia Ejecutiva del INDER y ante la Directora de la Oficina de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura.
En el caso del INDER, la Presidencia Ejecutiva remitió mi solicitud a la Gerencia General quien a su vez la remitió a la Dirección Financiera. En esta última instancia su directora me indicó vía telefónica que la posibilidad de asignar presupuesto para la casona estaba para el año 2025, aduciendo motivos presupuestarios y limitaciones impuestas por la regla fiscal.
En la Oficina de Patrimonio, la secretaria de la directora me contactó vía telefónica y me indicó en abril que ese asunto fue remitido a los arquitectos de la institución, siendo que hasta la fecha no se tiene conocimiento de si se ha realizado o no una inspección del lugar o si se va a abrir un procedimiento administrativo por infracción a la Ley de Patrimonio Histórico.
La gestión administrativa de nuestra asociación también se ha extendido a la Municipalidad de Orotina, donde se emplazó a dicha institución para que hiciera valer la ley de patrimonio, pero se emitió un criterio legal de parte de ellos indicando que no es responsabilidad de las Municipalidades intervenir en asuntos relacionados con edificios declarados patrimonio arquitectónico.
Finalmente, hace poco la asociación organizó uno de tres conversatorios para tocar el tema de la casona desde el punto de vista histórico, arquitectónico, patrimonial y legal, lo cual, a nuestro criterio, va a generar un nivel de apoyo mayor a nivel de la población de Orotina que es, en última instancia, la que más tiene que luchar por el rescate de la Casona del Coyolar.
Seguimos conversando con la Alianza Campesina del Norte, nos acompaña Jesenia Barraza que nos comenta ¿Cuál es el estado de las negociaciones con el INDER? ¿Sigue habiendo voluntad de diálogo por parte del Gobierno? ¿Qué tipo de diálogo está planteando? ¿Reconoce este diálogo la organización campesina? Es parte de las inquietudes que compartimos con Jesenia, ella nos comparte la lectura y análisis de la Alianza sobre estas negociaciones. Pueden escuchar la entrevista aquí.
Les compartimos también la invitación al Encuentro Campesino que se está realizando el próximo 16 de abril del 2023 en Medio Queso, Los Chiles:
