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Etiqueta: telecomunicaciones

La presencia de China en América Latina

José A. Amesty Rivera

La gente común de nuestros pueblos latinoamericanos ya no habla de China solamente como un país lejano que compra petróleo, hierro o soya, ahora se habla de una potencia que se está metiendo “hasta la cocina” en América Latina, y no solo en comercio, también en tecnología, puertos, carreteras, energía, telecomunicaciones, inteligencia artificial, vigilancia digital y hasta en el juego político de la región.

En 2026, China dejó de ser simplemente “un cliente grande”, hoy es uno de los actores más poderosos dentro de América Latina y está peleando cara a cara con EEUU y Europa por el control económico y estratégico del continente.

Y la verdad es que esto no pasa de la noche a la mañana; mientras América Latina se hunde entre deuda, crisis económicas, corrupción, industrias quebradas y gobiernos desesperados buscando financiamiento, Beijing llega ofreciendo plata rápida, obras gigantescas y tecnología sin sermones políticos ni condiciones incómodas.

Ahí fue donde China encuentra la puerta abierta, lo que hace veinte años parecía un simple negocio comercial, hoy es una transformación completa del mapa de poder latinoamericano.

China ya controla o participa en puertos, redes eléctricas, minas, telecomunicaciones, proyectos energéticos, satélites y sistemas tecnológicos sensibles; su influencia se mete desde las calles de Bogotá hasta las minas de litio en Bolivia, pasando por el petróleo venezolano y los puertos gigantes del Pacífico.

Y mientras muchos gobiernos celebran inversiones y acuerdos, otros advierten que la región podría estar entrando en una nueva forma de dependencia extranjera; porque sí, cambió el jugador, pero el riesgo de subordinación sigue allí.

El comercio es probablemente la cara más visible de esta expansión, china ya es el principal socio comercial de varios países sudamericanos, compra cantidades cuantiosas de soya, cobre, hierro, petróleo, carne y litio, mientras inunda la región con maquinaria, tecnología, paneles solares, productos industriales y vehículos eléctricos.

Hoy el comercio entre China y América Latina supera el medio billón de dólares al año, una cifra que hace dos décadas parecía pura ciencia ficción.

Pero detrás de estos números bonitos aparece una realidad incómoda; América Latina sigue exportando materia prima barata e importando productos industrializados, o sea, seguimos jugando el viejo papel de proveedores de recursos mientras otros se quedan con la tecnología, la industria y las ganancias grandes.

Brasil es uno de los mejores ejemplos. China se convirtió en el principal comprador de soya brasileña y también absorbe enormes cantidades de hierro, petróleo y carne; hay regiones enteras del agro brasileño que dependen directamente de lo que decida Beijing. Si China compra más, la economía rural respira, si China baja las compras, miles de productores tiemblan. Este nivel de dependencia ya preocupa dentro de sectores industriales brasileños, especialmente porque productos chinos mucho más baratos están golpeando fábricas locales y aumentando la vulnerabilidad económica.

Mientras tanto, empresas chinas avanzan sobre redes eléctricas, energía, puertos y telecomunicaciones. Huawei prácticamente se volvió protagonista del despliegue tecnológico brasileño y juega fuerte en las redes 5G.

Además, marcas chinas de vehículos eléctricos están entrando agresivamente al mercado latinoamericano, desplazando poco a poco a fabricantes occidentales. Y aquí es donde la pelea geopolítica se pone seria, porque el 5G no es solamente internet rápido, aquí también se juega inteligencia artificial, automatización industrial, vigilancia urbana y control de infraestructura crítica.

Washington lo sabe perfectamente, por esto Estados Unidos lleva años presionando a gobiernos latinoamericanos para frenar el avance tecnológico chino.

Argentina enfrenta otro escenario delicado. El país tiene una de las mayores reservas de litio del planeta, un recurso fundamental para baterías, autos eléctricos y toda la transición energética mundial. China ya se está posicionando fuerte dentro del llamado “triángulo del litio”, compartido con Bolivia y Chile. Pero además del litio, Beijing financió represas, ferrocarriles y proyectos energéticos argentinos. Y el punto más sensible sigue siendo la estación espacial china instalada en Neuquén, en plena Patagonia. Oficialmente es una base científica.

Extraoficialmente, muchos en Washington sospechan posibles usos militares o de inteligencia. Esto demuestra que la competencia entre China y EEUU ya no ocurre solamente en Asia o en el Mar del Sur de China, la batalla también se está jugando en territorio latinoamericano.

Chile ocupa otro lugar clave porque controla algunos de los minerales más importantes para el futuro energético global. El cobre chileno es vital para industrias tecnológicas y eléctricas, mientras el litio se vuelve prácticamente oro moderno; China ya participa en minería, energía y telecomunicaciones chilenas.

Y EEUU mira con preocupación proyectos relacionados con cables submarinos, centros de datos y redes digitales estratégicas, porque quien controle los minerales críticos y la infraestructura digital del futuro tendrá una ventaja brutal sobre la economía mundial.

Perú se ha convertido en uno de los principales laboratorios de expansión china en infraestructura; empresas chinas tienen enorme presencia en minas de cobre y oro, pero el proyecto que más preocupa a Washington es el megapuerto de Chancay. Este puerto, financiado con capital chino, podría cambiar completamente las rutas comerciales entre Sudamérica y Asia. Para Beijing, es una pieza estratégica dentro de su expansión marítima global, para EEUU, es otro punto de influencia china creciendo en el Pacífico latinoamericano.

Bolivia también entró de lleno en el tablero geopolítico gracias al litio. Durante años el país tuvo dificultades para industrializar sus reservas, y ahí apareció China ofreciendo financiamiento, tecnología y acuerdos industriales. Además, crecieron convenios relacionados con satélites, telecomunicaciones y vigilancia digital. Muchos ya llaman al litio “el petróleo del siglo XXI”, y no es exageración. El país o bloque que domine ese recurso tendrá poder enorme sobre la economía energética del futuro.

Venezuela representa probablemente uno de los vínculos más profundos entre China y América Latina. Durante años, Beijing prestó miles de millones de dólares respaldados con petróleo venezolano, incluso después del colapso económico, China mantuvo apoyo financiero, tecnológico y diplomático al gobierno venezolano. Empresas chinas participaron en telecomunicaciones, sistemas de monitoreo estatal y vigilancia digital, y esto encendió todas las alarmas en Washington. Porque para EEUU no se trata solamente de negocios, también ven una expansión de modelos de control político apoyados en tecnología china.

Colombia muestra otro fenómeno interesante, aunque históricamente fue uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Sudamérica, China logró avanzar fuerte en infraestructura y tecnología. El metro de Bogotá, construido por un consorcio chino, es uno de los símbolos más visibles de ese avance. Incluso empresarios colombianos comenzaron a mirar más hacia Asia mientras algunos mercados occidentales se desaceleran; esto manda un mensaje clarísimo, hasta los aliados tradicionales de Washington están buscando diversificar relaciones.

México vive quizás el equilibrio más complicado de todos, su economía depende profundamente de EEUU, pero China ya se volvió clave en manufactura, electrónica y vehículos eléctricos. Washington acusa constantemente a empresas chinas de usar territorio mexicano para esquivar aranceles y entrar indirectamente al mercado norteamericano. Mientras tanto, fabricantes chinos siguen creciendo gracias a precios más baratos y producción masiva; México intenta jugar en ambos bandos sin romper con ninguno.

Panamá sigue siendo una joya geopolítica por el canal interoceánico; China entendió hace años que controlar rutas logísticas globales vale tanto como controlar petróleo o minerales. Empresas chinas participaron en puertos, infraestructura marítima y proyectos estratégicos vinculados al comercio internacional, y claro, EEUU no piensa quedarse tranquilo viendo cómo Beijing gana terreno en uno de los puntos más sensibles del continente.

Ecuador también recibió una ola fuerte de capital chino en hidroeléctricas, minería y petróleo, pero varios proyectos terminaron cuestionados por sobrecostos, fallas técnicas y dependencia financiera. Ahí nace otra discusión cada vez más fuerte en América Latina; ¿China realmente ayuda al desarrollo o simplemente está construyendo una nueva forma de dependencia?

Uruguay intenta mantener el equilibrio, comercia cada vez más con China, vende productos agrícolas y fortalece acuerdos tecnológicos, pero sin romper totalmente con Occidente.

Costa Rica tiene un peso simbólico importante porque fue uno de los primeros países centroamericanos en romper relaciones con Taiwán para reconocer oficialmente a China, desde entonces crecieron inversiones, cooperación tecnológica e infraestructura. Pero también aparecieron investigaciones sobre minería ilegal y tráfico de oro vinculadas a cadenas internacionales conectadas, supuestamente con el mercado chino. Esto demuestra la posibilidad que la expansión económica también puede mezclarse con redes criminales, corrupción y destrucción ambiental.

En Cuba y Nicaragua, la relación con China tiene además un componente político clarísimo, ambos gobiernos ven en Beijing un aliado frente a sanciones y presiones occidentales; China participa en telecomunicaciones, infraestructura y financiamiento estatal.

En Nicaragua, el acercamiento explotó después de romper relaciones diplomáticas con Taiwán. Y mientras eso ocurre, países como Paraguay enfrentan presiones económicas internas para acercarse también a Beijing.

La pelea diplomática entre China y Taiwán ya aterrizó de lleno en América Latina.

Uno de los sectores donde China avanza más rápido es el de vehículos eléctricos, marcas como BYD, Chery, Geely y MG están entrando con fuerza gracias a modelos más baratos y agresivos que muchos competidores occidentales, en este sentido, Brasil, México, Chile y Colombia son mercados prioritarios.

Esto acelera la transición energética, sí, pero también aumenta la dependencia tecnológica de cadenas industriales controladas por China. Huawei sigue dominando buena parte de las telecomunicaciones latinoamericanas pese a toda la presión de Washington, y aquí ya no estamos hablando solamente de celulares o internet, estamos hablando de inteligencia artificial, automatización, vigilancia urbana y seguridad nacional.

EEUU teme que China termine obteniendo acceso privilegiado a infraestructura crítica latinoamericana mediante estas tecnologías.

El espacio también entró en la pelea. China desarrolla cooperación espacial con Argentina, Bolivia, Venezuela y Brasil, oficialmente son proyectos científicos, pero Washington sospecha posibles usos militares duales. La competencia espacial ya dejó de ser cosa exclusiva de las superpotencias tradicionales.

América Latina ahora forma parte del tablero geopolítico; las críticas al avance chino son cada vez más fuertes. Muchos economistas creen que la región corre el riesgo de hundirse otra vez en el viejo modelo extractivista, que es, exportar recursos baratos mientras otros desarrollan industria y tecnología. Otros alertan sobre deuda, pérdida de soberanía y dependencia tecnológica.

Además, comunidades indígenas y grupos ambientalistas denuncian contaminación, destrucción ecológica y conflictos sociales relacionados con proyectos extractivos impulsados por empresas extranjeras, incluidas compañías chinas.

Pero al mismo tiempo, muchos gobiernos responden con un argumento sencillo, occidente nunca ofreció el nivel de financiamiento e infraestructura que ahora ofrece China, y aquí está la gran contradicción del asunto; para algunos, Beijing representa una oportunidad histórica de crecimiento, desarrollo, modernización y diversificación económica. Para otros, representa el nacimiento de una nueva dependencia extranjera disfrazada de cooperación.

Lo cierto es que en 2026 América Latina ya no es un simple espectador del conflicto global, ahora es uno de los campos de batalla más importantes de la disputa entre China y EEUU por recursos, tecnología, energía y control económico. China ya no es solamente un comprador de materias primas, se convierte en un actor profundamente metido en sectores clave de la región, como el litio, cobre, puertos, telecomunicaciones, inteligencia artificial, minería, energía, vigilancia digital y movilidad eléctrica.

La gran pregunta es si América Latina logrará usar esta relación para fortalecer industrias propias y ganar soberanía económica y desarrollo, o si terminará atrapada en un modelo de dependencia, deuda y control tecnológico extranjero. Porque la pelea por América Latina ya inició, y lo que pase en esta región durante las próximas décadas, podría definir buena parte del nuevo equilibrio mundial.

El gobierno de Rodrigo Chaves y el desempeño de KOLBI

Gerardo Fumero Paniagua

El Sector de Telecomunicaciones del ICE inició este gobierno con la promesa de «encender el 5G»; terminó, sin embargo, sin 5G, con uno de los peores conflictos de gobernanza de su vida institucional, con su marca Kolbi superada por la competencia por primera vez y con el nivel de ingresos de 15 años atrás.

Aunque prometió celeridad, el proceso 5G se estancó por decisiones políticas y técnicas. En primer lugar, se obligó al ICE a adquirir equipos de países miembros del Convenio de Budapest, alegando “razones de ciberseguridad”, lo cual excluyó a Huawei de la competencia, generando una batalla legal y diplomática que retrasó las licitaciones, elevó los costos y destrozó la planificación.

El Convenio de Budapest es una herramienta de derecho penal y procesal, no un estándar técnico, por lo que no garantiza seguridad técnica de ninguna red, y el 5G ni siquiera existía cuando se redactó, en el 2001. Es un tratado internacional que tipifica delitos y procedimientos, en aras de armonizar las leyes penales de los países miembros y promueve la cooperación para el intercambio de información entre los países que persiguen la ciberdelincuencia. La ciberseguridad del 5G depende de protocolos técnicos (3GPP, encriptación, etc.) pero no de leyes penales, así que el argumento del gobierno no tiene ningún fundamento técnico.

En segundo lugar, las licitaciones sufrieron múltiples apelaciones y declaratorias de «desierto» o anulaciones parciales, ante un proceso cuestionado y sin transparencia, que indispuso a muchos ingenieros honestos del ICE que debieron seguir órdenes absurdas.

Pero mientras toda esa batalla legal acontecía en el ICE, Liberty y Claro avanzaron con servicios 5G, dejándolo completamente rezagado. Ironía inconcebible, porque desde el año 2019 el ICE pudo haber implementado 5G actualizando la red 4G y 4.5G de Huawei; pero necesitaba dilucidar antes la disputa por el espectro radioeléctrico que le exigían devolver, lo cual retrasó la compra.

El gobierno de Chaves resolvió el conflicto entregando parte del espectro del ICE y de Racsa, y ya con esa definición el ICE comenzó negociaciones para hacer un «upgrade» a 5G, que era la ruta correcta, pues ya conocía los equipos, tenía el personal capacitado, repuestos y una relación comercial consolidada con Huawei. Además, hubiera pagado una fracción del costo de cambiar toda la red para instalar otra, y por supuesto habría mantenido un primerísimo lugar en el mercado, adelantándose a la competencia en brindar 5G.

Pero en vísperas de ese upgrade, en agosto del 2023, la General Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU. visitó Costa Rica y anunció una donación de $10 millones para ciberseguridad, expresando abiertamente su preocupación por la participación de China en infraestructura crítica -puertos y 5G-.

Días después, el 29 de agosto del 2023, Chaves se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden, para discutir temas de migración, economía y, fundamentalmente, seguridad digital. El 31 de agosto del 2023 Chaves firmó el Decreto de Ciberseguridad, No. 44196-MSP-MICITT y el 4 de septiembre del 2023 se publicó en La Gaceta y entonces ¡todo cambió! Las negociaciones con Huawei se terminaron y comenzó un calvario de desaciertos hasta la fecha.

A partir de entonces, se han cuestionado las múltiples reuniones que se llevaron a cabo en Casa Presidencial y el MICITT, donde se habría diseñado la estrategia para favorecer a ciertos proveedores tecnológicos (Datasys-Cisco) con el argumento de la «seguridad nacional», lo cual no es otra cosa que una «intervención política» de una institución autónoma. En los últimos 4 años se le han adjudicado a ese proveedor $77 millones, en «contrataciones directa o procesos por excepción”.

La sumisión del ICE ha sido irresponsable y catastrófica. A inicios del 2025 su misma Auditoría Interna le advirtió que la Institución perdería competitividad total para el 2026, si no se desplegaba 5G. El resultado es que Kolbi, en el 2025 tuvo un ingreso de 533 mil millones de colones, equivalente a los ingresos del 2010, un retroceso de 15 años.

Concomitantemente, informes de la SUTEL, de diciembre del 2025, señalan que el ICE se ha quedado rezagado en la velocidad de descarga en 4G. Mientras Claro lidera ese indicador con 55 Mbps, Kölbi promedia apenas 36 Mbps y, mientras el ICE tenía un 71.8% de cobertura, -por debajo del 90% que exige el reglamento- Liberty tenía un 93%.

La gobernanza en el ICE -otra de sus debilidades- durante estos 4 años, ha sido una de las más conflictivas de su historia. La Auditoría Interna ha señalado nombramientos «a dedo» en la Gerencia de Telecomunicaciones y Jefaturas de División. Sin embargo, ante cualquier cuestionamiento, la administración central respondió no corrigiendo nada, sino cuestionado a la Auditoría y creando parálisis administrativa.

Consecuentemente, ha habido una altísima rotación en puestos clave, la Gerencia General estuvo ocupada por Luis Diego Abarca hasta el 2023, por Harold Cordero Villalobos hasta el 2026 y hoy la ejerce como recargo, el Presidente Ejecutivo, Marco Acuña Mora.

En la Gerencia de Telecomunicaciones la situación no ha sido diferente. En menos de 4 años ha habido tres jerarcas distintos: Mauricio Rojas Cartín, de enero 2020 a julio 2022, Luis Diego Abarca Fernández, de julio 2022 a mayo 2024, hasta llegar a la concentración de poder que hoy tenemos en la Presidencia Ejecutiva.

El impacto de todo este caos tiene gravísimas consecuencias principalmente en la proporción del mercado servido, en la calidad de los servicios móviles y en las finanzas. En relación con el Mercado, el ICE perdió el liderazgo a manos de Liberty, la cuota de mercado en pospago pasó de un 46% a un 35%. En relación con la Calidad, en el 2025 el ICE promediaba 36 Mbps en 4G, mientras Claro alcanzaba los 55 Mbps y la cobertura de Kolbi bajó del mínimo reglamentario. Y en relación con las Finanzas, los ingresos disminuyeron un 8% del 2022 al 2025.

El ICE mantuvo el liderazgo de los servicios móviles a pesar de la apertura del mercado, pero a este gobierno le cabe el honor de haberlo perdido, incluso para mediados de 2022, también perdió el liderazgo en los servicios de internet fijo.

La responsabilidad de esta debacle es en primer lugar, política, específicamente del Poder Ejecutivo y del MICITT. Dos hechos principales lo explican: 1) La decisión del gobierno de excluir a Huawei, lo que constituyó una barrera política que llevó a Kolbi a perder valiosos años frente a la competencia. 2) Las constantes reuniones en Casa Presidencial para dictar la «hoja de ruta» del 5G, erosionaron la independencia técnica del ICE, convirtiendo decisiones de ingeniería en decisiones políticas -corruptas-.

En segundo lugar, hay una responsabilidad administrativa que recae en la Presidencia Ejecutiva y las Gerencias del ICE. 1) La administración ha mantenido un conflicto abierto con la Auditoría Interna y en lugar de atender sus advertencias sobre la pérdida de competitividad, optó por cuestionar sus criterios. 2) El ICE perdió sus habilidades en gestión de proyectos, pues los múltiples fracasos en las licitaciones de 5G y la incapacidad de ejecutar inversiones a tiempo son responsabilidad directa de la Gerencia de Telecomunicaciones, la Gerencia General, la Presidencia Ejecutiva y el Consejo Directivo.

El irrespeto a los criterios técnico-económicos y una “administración dividida”, solo pueden conducir al fracaso. Los informes internos de la Auditoría del ICE revelaron datos alarmantes sobre la nefasta gestión de Marco Acuña Mora y su equipo: 1) Se estima que el valor de mercado de la marca Kölbi ha caído un 12% en este cuatrienio. 2) Cerca de $20 millones invertidos en equipos Huawei quedaron en bodegas debido a los cambios de criterio técnico (impuesto políticamente) por el Decreto de Ciberseguridad. Se trata de hardware y licencias de software destinados a la modernización de las redes 4G y la preparación para 5G, (Servidores y Nodos de Red, Tarjetas de Expansión y Antenas, y Licencias de Software). En contraste, el ICE ha tenido que realizar compras de emergencia y contrataciones directas (que hizo a Datasys-Cisco), para la red de transporte y seguridad, en aras de llenar los vacíos técnicos dejados por el equipo de Huawei que se le prohibió usar.

De nuevo, la respuesta de la administración del ICE no fue corregir los errores, ni enderezar la senda y mucho menos disminuir el servilismo, sino recortar el presupuesto y limitar el acceso de la Auditoría a los sistemas de datos, en un nuevo intento por silenciarla. Incluso el propio Poder Ejecutivo se tomó la molestia de presentar una denuncia penal contra Ana Sofía Machuca Flores, Jefe de la Auditoría y contra la empresa Huawei, denuncia que fue desestimada el 20 de abril del 2026, por el Juzgado de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.

En el interín han sucedido una serie de actos espurios: 1) Se cuestionan visitas de proveedores tecnológicos específicos a Casa Presidencial que no pasaron por los canales oficiales de la Proveeduría del ICE. 2) El gobierno mantuvo una presión constante sobre la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, para acelerar la adjudicación del espectro para 5G. Finalmente se le adjudicaron a Liberty y a Claro 20 MHz en la Banda de 700 Mhz, 50 MHz en la Banda de 2.3 GHz, 100 MHz en la Banda de 3.5 GHz y 400 MHz en la Banda de 2.6 GHz. 3) La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa ha evidenciado que el ICE no tenía un plan de negocios real para recuperar la inversión en 5G con el nuevo equipo; por supuesto, si le fue impuesto por el gobierno en término de días a la Presidencia Ejecutiva, que gustosa lo aceptó. 4) También se denunció en esa Comisión que el retraso -intencional o por impericia técnica- le ha costado al país un 0.5% del PIB por falta de conectividad de alta velocidad.

De modo que tal desastre solo puede ser responsabilidad, primeramente, de la jerarquía política: 1) El Poder Ejecutivo, por imponer un cerco tecnológico, el Decreto de Ciberseguridad, (en defensa de espurios intereses comerciales de allegados e inversionistas en su campaña política cuando el presidente fue candidato), sin medir el impacto financiero en el ICE y priorizando la geopolítica sobre la viabilidad de la Institución. 2) La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, MICITT, Paula Bogantes Zamora, quienes también firmaron dicho Decreto.

En segundo lugar, de la jerarquía administrativa del ICE: La Presidencia Ejecutiva, la Gerencia General y la Gerencia de Telecomunicaciones, que, siguiendo órdenes irracionales y financieramente suicidas, en vez de defender la autonomía técnica de la Institución, como les correspondía, se condujeron con sobrado servilismo y prefirieron entrar en un conflicto estéril con la Auditoría, que muy valientemente se atrevió -contra todo ellos-, a defender la Institución. Finalmente, la Gerencia de Telecomunicaciones se lució por su ineficiente ejecución de los carteles de licitación, que facilitaron constantes apelaciones y atrasos.

En resumen, en este cuatrienio Kolbi pasó de liderar el mercado móvil, con un 41% en el 2022, a un 37% en el 2025, dejó de percibir unos $120 millones en ingresos por servicios 5G, pasó de ser el referente de innovación a convertirse en un operador que «corre detrás» de la competencia -con Liberty liderando el mercado total con un 40.15%-, y con un nivel de ingresos de hace 15 años.

ANEP: Discrecionalidad, omisiones y doble discurso en Telecomunicaciones del ICE

En toda institución pública que se rija por el principio de legalidad, la aplicación del ordenamiento jurídico y las políticas internas debería ser uniforme, objetiva y ajena a favoritismos. Sin embargo, en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la realidad reciente deja entrever que la vara con la que se mide la conducta de sus funcionarios no siempre es la misma, lo que erosiona la confianza ciudadana y el sentido de equidad que debe imperar en la administración pública.

Mientras a algunos funcionarios se les pretendía iniciar un proceso de investigación por su asistencia a un evento de Huawei, trascendió que la actual gerente de telecomunicaciones, Leda Acevedo Zúñiga, fue designada en el cargo a pesar de haber participado la mencionada actividad, tal como lo reveló Semanario Universidad. El contraste es evidente y plantea una pregunta incómoda, ¿por qué para unos la participación en un evento de un proveedor es causal de cuestionamiento disciplinario y para otros no sólo pasa inadvertida, sino que incluso, posterior a ello, se le “premia” con un nombramiento de alto mando.

Este patrón de “aplicación selectiva” de las normas se refleja también en otros frentes. Hay voces que, con razón, exigen neutralidad tecnológica y evitan la dependencia de un solo proveedor para la implementación de la red 5G. Sin embargo, esas mismas voces guardan un silencio conveniente cuando se trata de la creciente dependencia tecnológica en la red de transporte IP a favor de la marca Cisco, algo huele muy feo. Esta dependencia quedó plasmada en la intención de compra publicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) bajo el rótulo “Adquisición de bienes y servicios para la actualización de la red de transporte IP marca Cisco”, una situación que ya había sido advertida por nuestra organización sindical, pero que no ha motivado el mismo clamor público ni exigencias de transparencia en algunos que hace unos meses se rasgaban las vestiduras.

A lo anterior se suma una preocupación adicional, la reciente implementación de enlaces internacionales bajo la figura de “capacidad transitoria”, sin que el proceso se encuentre documentado en el SICOP. Esta maniobra podría abrir la puerta a una compra directa hacia finales de año, eludiendo así los principios de publicidad y libre concurrencia que exige la contratación administrativa. Más grave aún, estos enlaces han estado vinculados a fallos recientes reportados por los clientes, lo que no sólo plantea dudas de carácter administrativo y financiero, sino también operativas.

Estas situaciones no pueden desligarse de un problema estructural más profundo, la falta de idoneidad de varios mandos medios y de la propia administración superior en puestos estratégicos. Se han asignado responsabilidades críticas a personas cuya experiencia y capacidades técnicas no se alinean con las necesidades reales del sector de telecomunicaciones del ICE, lo que deriva en decisiones desacertadas, omisiones graves y una gestión incapaz de anticipar riesgos o reaccionar con eficacia ante crisis. Cuando se privilegia la cercanía política o personal por encima de la competencia técnica, la consecuencia directa es el deterioro de los servicios, el aumento de la dependencia tecnológica y la pérdida de competitividad.

En un escenario así, resulta legítimo y necesario exigir a la administración superior una explicación clara y documentada sobre cada uno de estos puntos. El ICE, como institución pública, no puede permitirse criterios discrecionales para aplicar sanciones, aprobar compras o justificar dependencias tecnológicas según convenga a determinados intereses internos, como pareciera está ocurriendo.

El principio de igualdad ante la Ley y la transparencia en la gestión pública no son eslóganes opcionales, son mandatos constitucionales.

Cuando la dirección de una empresa estatal se percibe selectiva en la aplicación de las reglas y complaciente en la designación de puestos clave, el daño trasciende lo interno y mina la credibilidad institucional ante la ciudadanía y el mercado.

Hoy, más que nunca, el ICE necesita coherencia y esa coherencia empieza por aplicar las mismas reglas para todos y todas y por garantizar que los puestos estratégicos estén ocupados por personas idóneas y competentes. Sin excepciones, sin silencios convenientes y sin balanzas torcidas.

Seccional ANEP-GRUPO ICE señala razones de la caída de internet de Kölbi y pide acción responsable

Comunicado

Caída de internet de Kölbi provocó afectación a miles de clientes, esta situación tuvo como causa una avería en el segmento internacional.

Desde la noche del pasado martes 25 de junio, clientes de Kölbi, marca del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empezaron a reportar averías en el servicio de Internet que se extendieron por varias horas y que abarcaron desde intermitencia hasta la ausencia total de la prestación del servicio de Internet.

Pero, ¿a qué se debió la “caída” del servicio? ¿Fue algo ajeno al control del sector de telecomunicaciones del ICE? ¿Se están tomando las decisiones más adecuadas en el sector? ¿Se cuenta con conocimiento técnico para sostener el negocio?

El pasado 30 de mayo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sostuvo una reunión con la Presidencia Ejecutiva del ICE, en la que, entre otros tópicos, se abordó la situación del fin del contrato de soporte y vida útil del segmento submarino del Consorcio de Cable Maya, el cual se encuentra con fecha de vencimiento para el primer semestre de 2025 y que cuenta con una capacidad submarina bastante considerable.

La seccional ANEP – Grupo ICE, fiel a su estilo de sindicalismo propositivo, además de manifestar su preocupación ante la situación del segmento submarino del Consorcio de Cable Maya, brindó una serie de recomendaciones, soluciones y alternativas que, a nuestro parecer, podrían servir para optimizar el uso del segmento internacional.

Consideramos que no es de recibo que a estas alturas la administración superior se escude diciendo que no se cuenta con un plan de acción para atender eventualidades como las que recién se suscitaron pues la propia administración tenía conocimiento de que una situación como esta se podía dar, debido a la cercanía del fin de la vida útil del segmento submarino.

La situación que se dio esta semana con la caída del servicio, como siempre, termina afectando la imagen de la marca Kölbi y de la institución pues en un mercado que se encuentra en una competencia tan voraz como la del de Telecomunicaciones, los clientes hacen notar prácticamente de inmediato sus disconformidades.

Mientras aún estamos a la espera del nombramiento del nuevo gerente del sector de telecomunicaciones, consideramos que la persona que vaya a ocupar ese cargo debe tener las competencias para para tomar las decisiones y acciones que se requieran para levantar a este sector tan golpeado y que sigue perdiendo clientes pero, sobre todo, consideramos que debe ser alguien que sea capaz de tomar las acciones necesarias para responsabilizar a quienes ante la falta de planificación y estrategia siguen afectando la imagen de Kölbi.

“YO ME COMO LA BRONCA”

Adriano Corrales Arias

Adriano Corrales Arias*

Utilizando esa frase popular, el actual presidente de la República se ganó la simpatía de miles de ciudadanos en su millonaria campaña electoral. Y, de seguro por eso, lo “eligieron”. La frase alude al personaje valiente que se enfrenta a un problema o a una disputa, la cual puede llegar, incluso, hasta la pelea callejera, dado que otras personas no están en disposición de asumirla.

Esos miles pensaron, posiblemente, que la bronca que se comería el presi, consistía en contener la contrarreforma neoliberal de los últimos gobiernos liberacionistas, “socialcristianos” y del PAC, o lo que es lo mismo, del PLUSCPAC y sus turecas. En otras palabras, detener la venta de activos estatales, eliminar la figura de concesión de obra pública, ordenar las compras del estado para evitar corruptelas y, lo más importante, ponerle coto a la evasión y elusión fiscales, máximos disparadores de la crisis fiscal. Y claro, enfrentar la corrupción y retomar la buena marcha de las principales instituciones del estado, así como la mejora de las condiciones de vida de los sectores más golpeados por esa contrarreforma, la pandemia y la crisis global: los trabajadores, los pequeños productores y emprendedores y, la cada vez más empobrecida clase media.

Pero resulta que era otra bronca la que venía a comerse el señor Chaves con sus compinches y escuderos, es decir, sus financistas; la que no arriesgaron en asumir los últimos gobernantes: venta de activos y privatización de servicios con el desmantelamiento de la seguridad social, la educación pública (sobre todo universitaria), las telecomunicaciones, electricidad, agua y la banca nacional, entre otras ocurrencias, que finalmente, no son tan ocurrentes, dado que están en la mira de muchos grandes empresarios y financieras internacionales desde el siglo pasado. Dicho de otro modo, profundizar la contrarreforma neoliberal hasta sus últimas consecuencias para acceder a un estado totalitario y corporativo estilo Chile de Pinochet, México antes de AMLO o la actual España. En breve: desmantelamiento del estado social de derecho.

Y claro, el valiente presi luce envalentonado; se sabe apoyado por una inmensa masa intoxicada, desde hace decenios, gracias al discurso único y a la virulenta campaña anti trabajadores públicos, anti ciencia, anti saberes y anti estado social, por parte, tanto de la “prensa canalla”, como por el fundamentalismo de toda laya, ya desde iglesias y púlpitos, ya desde ciertas trincheras neoliberales como universidades privadas, cámaras patronales y ciertas embajadas. Ese conglomerado anti pueblo y anti costarricense, no repara en los graves visos inconstitucionales de decretos y “leyes” propuestas por el ejecutivo. Aplauden a un gobierno autoritario con ínfulas totalitarias, sin saber que serán ellos (la masa intoxicada) quienes, finalmente, saldrán más perjudicados.

Lo alarmante de la coyuntura es que no se vislumbra una oposición seria ante un bloque desalmado que pretende echar por la borda todas las reformas sociales que costaron tanto sacrificios y sangre en la década de los cuarenta del siglo pasado. Las cúpulas partidarias que, al final, como vimos, son las mismas, negocian parte del pastel y se ponen de acuerdo en el parlamento, para seguir desarmando el estado social de derecho y tijeretear la Constitución Política de acuerdo a sus voraces intereses. Por ello no se avizora un frente político socialmente amplio que pudiera detener esta nefasta contra ofensiva neoliberal de última hora.

La débil esperanza con que contamos, quienes padecemos desde ya al monstruo que pisa fuerte, es que los miles de intoxicados vayan abriendo los ojos y el cerebro ante la brutal embestida de quien se está comiendo la bronca a favor de sus mentores, promotores y patronos nacionales e internacionales. Para eso lo trajeron desde una de las financieras transnacionales donde laboraba, cual gris tecnócrata.

 

*Escritor

Enviado a SURCOS por el autor.

La realidad sobre el desarrollo de la tecnología 5G

Comunicado de prensa

UNA INTRODUCCIÓN NECESARIA:

Bastante se ha hablado en días recientes a la sociedad costarricense sobre la quinta generación de redes móviles (popularmente conocida con las siglas 5G); esto desde Presidencia de la República, desde la alta jerarquía del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), desde el Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y desde vocerías de algunas Cámaras Empresariales. Sobre el tema, mucho se hablará en los próximos días.

Sin embargo, los puntos de vista de las autoridades y actores antes mencionados coinciden en todo o en parte, en el denominador común de delimitar la discusión de la temática, en la devolución o “recuperación” de frecuencias del espectro radioeléctrico que actualmente tiene el Grupo ICE, como aparente mecanismo para una rápida implementación de este tipo de servicios en el país.

Ante esta situación, la Federación Frente Interno de Trabajadoras y Trabajadores del ICE y sus organizaciones (ASDEICE y SIICE), nos vemos en la obligación de manifestar ante la opinión pública, ante el honorable cuerpo de prensa nacional, y ante la clase política de todo signo, lo siguiente:

  • La Federación FIT y sus organizaciones estamos convencidos y a favor de que se implemente y ponga en operación en el país la red 5G lo antes posible.
  • La Federación FIT y sus organizaciones estamos igualmente convencidos, que generar la sensación y/o la expectativa, de que con la devolución o recuperación de frecuencias del espectro radioeléctrico otorgadas al Grupo ICE –atractivas para el sector privado – el país estaría en capacidad de tener a disposición servicios de la tecnología 5G en un menor tiempo; no es otra cosa que un espejismo.

Tal camino de la “recuperación” de frecuencias, transita por el largo y complejo camino de la licitación, el cual incluye los tiempos que requiere la reconversión del segmento del espectro, el establecimiento el cartel, la subasta, eventuales apelaciones, la formalización de la adjudicación, los títulos habilitantes (por no hablar de lapsos relacionados con el desarrollo de infraestructura del operador adjudicado), entre otros aspectos.

  • Desde la Federación FIT y sus organizaciones, tenemos la certeza que la vía de una sola red neutra administrada por el Grupo ICE, que sirva para todos los operadores, es la alternativa más viable, de menor costo, y por ende; la ruta que permite menores tiempos de entrega y menores costos, para beneficiar al usuario final de esta tecnología 5G. Para ello no hace falta la recuperación de las frecuencias del espectro con que cuenta el Grupo ICE.
  • Actualmente a nivel internacional, se encuentra en tendencia este tipo de formato de desarrollos. Sin embargo, de alternativas como esta poco o nada se habla desde las instancias citadas al inicio del presente documento.
  • Una vía posible para el financiamiento de este tipo de alternativas por parte del Grupo ICE, serían las alianzas público privadas con actores estratégicos y desde luego, el compromiso explícito y concreto de la Administración Chaves Robles, de que al Grupo ICE se le permitirá implementar los mecanismos para inversión y desarrollo sin obstáculos ni trabas.

HACIA UNA RED ÚNICA NACIONAL 5G:

El abordar la nueva tecnología 5G desde la óptica de la recuperación de frecuencias que actualmente tiene el Grupo ICE, limita los beneficios tanto para los usuarios como para las mismas empresas de telecomunicaciones. Además, alarga el tiempo que tomaría recuperar, licitar y asignar espectro, así como el tiempo de desarrollo de cada operador

La tecnología 5G brinda múltiples facilidades para su aprovechamiento, dentro de las cuales se tiene el servicio Slicing o NaaS (Network as a Service) 1, que suministra la posibilidad a clientes de obtener capacidades de dicha red en una oferta flexible de consumo. Algunos ejemplos son: España, cuando los operadores MásMóvil y Euskatel, y Vodafone y Orange anunciaron compartir red para reducir los costos de inversión en despliegue. Italia, donde se da compartición de infraestructura entre TIM Italia y Vodafone. Reino Unido, Vodafone comparte con O2 (Telefónica). De igual manera en Japón en especial en las zonas rurales, donde resulta extremadamente cara de desplegar. Y se tiene el caso más reciente de Malasia, que cuenta con una red neutral que comparte la red móvil 5G con los operadores del mercado.

Adicionalmente, en junio pasado salió publicada la ley 10.216, la cual tiene como finalidad incentivar la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en CR, y que en uno de sus principios rectores se señala que “…los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán velar por el uso compartido de los recursos para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones, previo a la construcción de una nueva infraestructura.” El incremento en costos fue mencionado en el Foro Costa Rica Conectado, donde se comentó la importancia de compartir infraestructura para reducir costos.

Entonces, con el despliegue por parte del GRUPOICE de una red 5G, las otras empresas del mercado móvil podrían solicitar a aquel las facilidades para brindar servicios 5G, en otras palabras, una red virtual, lo cual ya cuenta con experiencias a nivel internacional. Dichas facilidades estarían respaldadas con contratos de calidad de servicio y con las bondades típicas de estas nuevas tecnologías, para poder realizar variaciones de capacidad según sus necesidades de manera automatizada y en tiempo real.

Esta situación implica que en lugar de tener 3 redes 5G, y las inversiones que esto conlleva, se tendría una sola red física y una única inversión, reduciendo sustancialmente el costo de las tarifas de servicios 5G para clientes, empresas y todos los habitantes de Costa Rica.

Por otro lado, los operadores pueden destinar las inversiones que tenían planificadas para adquisición de frecuencia y desarrollo de infraestructura en el despliegue de soluciones, que es donde realmente está la monetización de los servicios 5G.

Por consiguiente, la discusión por la recuperación de frecuencias no solo resulta estéril, sino que es una discusión que tecnológicamente fue superada. Seguir pretendiendo resolver el tema 5G con argumentos y supuestos de tecnologías anteriores no aporta en nada a la solución real del problema.

CONSIDERACIONES FINALES:

El errado camino de imponer la devolución de frecuencias al Grupo ICE, sin escuchar otros criterios; incluye hablar del debido proceso, de responsabilidades, y de otros temas que con frecuencia se omiten:

  1. A) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias que le han sido concesionadas, es afirmar que las mismas, están subutilizadas, entonces el país merece saber:
  • Que los niveles técnicos del Grupo ICE presentaron sus propuestas desde años atrás para el desarrollo de la infraestructura de esta parte del espectro. ¿Qué razones hubo para que no fueran aprobadas por los puestos gerenciales, directivos y ejecutivos? … ¿Dónde están los formales y debidos procederes del Gobierno para sentar esas responsabilidades sobre el anterior Consejo Directivo del ICE, y las salientes presidencia ejecutiva, gerencia general y gerencia de telecomunicaciones; por incumplimiento de obligaciones?, ¿dónde está el correlato legislativo, de la fracción oficialista, para pedir la apertura de una comisión especial legislativa o tan si quiera una moción para que la comisión de ingreso y gasto público aborde el tema?
  • Mientras que el actual Gobierno no impulse que este tipo de responsabilidades se aborden formalmente y con seriedad, con los mecanismos procedentes en los tres poderes de la República, la afirmación de la subutilización será solo un ejemplo de lo exitosos que son las amarras para desmantelar en tractos las instituciones del Estado.
  1. B) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias que le han sido concesionadas, es el supuesto que tal “recuperación” permitirá a SUTEL realizar una subasta para que operadores privados entren al desarrollo de este tipo tecnología, entonces el país merece saber:
  • En materia de 5G desde hace tiempo hay espectro para licitar. Actualmente el MICITT cuenta con 100 Mhz de espectro que lo tiene a su disposición. Mismo que puede haber subastado para tales propósitos (siguiendo los pasos de la experiencia pasada en las tecnologías 3G y 4G). Es desde el Consejo Directivo de la SUTEL desde donde se entraba el proceso bajo el pretexto que un proceso de licitación sin las frecuencias del Grupo ICE, no sería atractivo para el sector privado.
  1. C) Si el pretexto para cercenarle al Grupo ICE las frecuencias, es el supuesto de implementar en el menor tiempo este tipo de servicios, el país debe saber: La opción de la “recuperación” de frecuencias no es la ruta que más beneficia al usuario ni en tiempos de implementación ni en costos de servicio. Dicho camino, implica para entrar en operación un tiempo no menor a dos años, además, técnica y tecnológicamente ha sido superada por otro tipo de formatos como la red neutral.
  • La recuperación de frecuencias, implica un tema de debido proceso que incluye la responsabilidad de quiénes suscriban con su voto y/o firma tal devolución, sin tener la facultad para así hacerlo dado el marco de legalidad que regula la concesión otorgada al ICE de tal espectro electromagnético.
  • Presentar la “recuperación” de frecuencias como el mejor camino a seguir, sin escuchar antes otros criterios técnicos, es un fanatismo de corte neoliberal y una receta de continuismo del tripardisimo (PLUSC-PAC). El desarrollo de la red 5G, y sus escenarios, requiere compromiso de Gobierno de que al Grupo ICE se le garantice la inversión y desarrollo de esta tecnología.

¡LA FEDERACIÓN FIT LLAMA A LAS Y LOS TRABAJADORES A LA DEFENSA DE ICE TELECOMUNICACIONES Y A ESTAR VIGILANTES, PARA SENTAR RESPONSABILIDADES Y PASAR FACTURA A QUIENES DEBILITEN A LA INSTITUCIÓN!

Tecnología «5G» su aporte al desarrollo integral del pueblo costarricense

El próximo viernes 17 de junio a las 6:00 p.m. en el programa Alternativas se desarrollará el tema: tecnología «5G» su aporte al desarrollo integral del pueblo costarricense. Se contará con la participación de:

  • Teodoro Willink Castro, Máster en Telecomunicaciones de la Universidad de Twente en Holanda. Actualmente es profesor del área de telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería.
  • Gustavo Núñez Segura, PhD. Ingeniero eléctrico especializado en redes de sensores, doctor de la Universidad de São Paulo en Brasil. Actualmente coordinador del laboratorio de telecomunicaciones y profesor de la escuela de ingeniería eléctrica de la UCR

Puede sintonizar el programa por medio de Radio 16 en la emisora 1590 AM o en el Facebook Live de Alternativas.

La competitividad desigual de los cantones del país y la ausencia de soluciones estructurales para reducir las brechas existentes

German Masís

El jueves 11 de noviembre se dieron a conocer los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) de los 82 cantones del país, en el que se establecen los diferentes niveles de competitividad y las barreras y brechas que existen entre los cantones de la GAM y los de las demás regiones periféricas.

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

En la primera medición del ICN, elaborada por el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, solo 12 cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), de los 82 incluidos en el estudio, poseen condiciones excepcionales para que sus actores económicos se desarrollen; otros 22 apenas se pueden calificar como competentes.

La situación es muy distinta en el resto del país. Un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

En efecto previamente, el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que la mayor pobreza y desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales y que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.

En ese otro Índice, se había determinado que entre los componentes del IDH, las diferencias en los valores de la Esperanza de Vida y los años de Escolaridad en los cantones eran contundentes, siendo que Garabito, Matina, Talamanca, Osa y Limón presentan la menor esperanza de vida de todos los cantones, mientras que Los Chiles, Matina, Talamanca, Buenos Aires, La Cruz, Guatuso Sarapiquí, Osa, Upala y Limón tiene el menor número de años de escolaridad. . (Alterdes.cr, nov. 2020).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notorias.

Al considerar la incidencia de pobreza por región en el 2021, la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 18,1 % y de 3,9 % respectivamente, mientras la incidencia de la pobreza extrema disminuyó 2,1 p.p., en el 2020 se estimó en 6,0 %.

Mientras la región Brunca es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, además se ubica como la región con el mayor nivel de pobreza total en el 2021. El porcentaje de hogares en pobreza en esta región en el 2021 es de 33,5 %, lo cual corresponde a un aumento de 7,0 p.p. con respecto al 2020 cuando se ubicó en 26,5 %, por su parte, la pobreza extrema se estima en 10,2 %, lo que equivale a un aumento de 4,3 p.p.

Por su parte, el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte es también elevado ya que es de 32,4 % y 31,9 %, en ambas este es el nivel de pobreza más alto desde el 2010. Con respecto a la pobreza extrema, en ambas regiones hay un aumento estadísticamente significativo, de 2,2 p.p. en la Huetar Caribe y de 3,1 p.p. en la Huetar Norte. En la región Huetar Caribe, la estimación de este año (10,4 %) es la segunda más alta desde el 2010, superada por la observada en 2015 cuando fue de 11 %, mientras para la Huetar Norte la cifra del 2021 es la más alta reportada en toda la serie ENAHO, con 12.9 %. (Alterdes.cr, octubre 2021).

Respecto a las causas de las desigualdades regiones, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior, había argumentado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En tanto en un artículo anterior habíamos afirmado que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas durante varias Administraciones. (Alterdes.cr, febrero,2021).

El estudio referido del INC, revela que las barreras que explican las principales brechas para la competitividad entre regiones son muy variadas. Una de las más importantes es la educación.

La publicación señala que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria a nivel nacional. Sin embargo, también establece que el registro de personas con ese grado supera el 50% en los cantones de desempeño excepcional, en contraposición con los cantones de desempeño deficientes o limitados (30% y 35%, respectivamente).

En los cantones mejor evaluados también existen mejores indicadores relacionados con escolaridad y oferta educativa.

Esto implica que una de las formas en las que un cantón puede obtener ventajas competitivas respecto a otros es precisamente mediante el impulso a la formación del talento humano; primero, mediante la adquisición de competencias básicas y, en un segundo momento, mediante la adquisición de habilidades técnicas y profesionales.

En el caso de los cantones peor evaluados, también existen explicaciones relacionadas con acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad.

La inversión per cápita en servicios comunitarios y obras de capital, por ejemplo, es cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente, y hasta dos veces mayor que en los de desempeño limitado.

Por su parte, según el informe el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso es uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad en los municipios costarricenses.

Así, por ejemplo, las conexiones a Internet fijo también caen, gradualmente, como proporción a la cantidad de viviendas por cantón, ya que existe un promedio de suscripciones del 101,6% respecto a cada vivienda en los 12 cantones de desempeño excepcional (tomando en cuenta que estos servicios también son contratados por empresas); el número cae a 76,1% en cantones de desempeño competente, a 49,7% en emergentes, a 40,4% en limitados y a solo 17% en deficientes.

Este es el sector en el que se evidencian mayores diferencias entre regiones del Área Metropolitana y la periferia, indica el estudio.

El alcalde de Talamanca ha manifestado que “aquí en el país tenemos dos Costa Ricas, una de ustedes, allá en San José, y otra de nosotros en las zonas rurales. Carecemos de una serie de servicios básicos y eso repercute en estos estudios; son muy diferentes las condiciones de un estudiante de San José con las de otro en Chiroles, acá en zona indígena”. (Nación.com,11-11-2021).

Esa expresión sobre la conformación de dos Costa Ricas, ha sido señalada también por algunos investigadores, entre ellos el economista Francisco Esquivel cuando afirma que hay “una especie de geografía del desarrollo que partía el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia(ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza.(Esquivel, F., 2021,p.222).

El elemento medular entre el centro desarrollado y la periferia poco desarrollada es según Andrés Fernández, investigador a cargo del informe del INC, que existen diferentes factores que explican esta situación y que en su mayoría corresponden a cuestiones estructurales, que no precisamente se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

Este elemento explica a su vez, por qué proyectos o programas gubernamentales impulsados en algunos gobiernos no logran revertir los bajos indicadores y los rezagos del desarrollo de cantones y regiones periféricas.

Por ejemplo, la Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr, abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en esas regiones, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020).

Además, y de carácter fundamental, en los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J. et al,Rimisp,2015).

De la misma forma, es cuestionable la validez de la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada este año por MIDEPLAN, a pesar de que parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), debido a que no plantea con claridad soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y sobre el desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política de retomarla e instrumentalizarla en el futuro. (Alterdes.cr, julio, 2021).

Porque la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, como lo propone el investigador Esquivel en su libro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.(Esquivel, F., 2021).

Por lo tanto, será insuficiente con llevar la inversión extranjera a los cantones fuera de la GAM como lo pretende el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana que se discute en la actualidad en la Asamblea Legislativa, con el propósito de “llenar de zonas francas” algunos cantones de las regiones periféricas.

Kölbi realiza primer evento de sensibilización en territorio indígena Rey Curré

Por Uriel Rojas

Kölbi, la marca comercial del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), inició este viernes 01 de octubre de 2021, en la comunidad indígena Rey Curré –en Buenos Aires de Puntarenas– el primer evento de sensibilización dirigido a la población local.

El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer los beneficios de los servicios de telecomunicaciones en este territorio.

Un equipo del ICE, especializado en el uso seguro de herramientas de infocomunicaciones –encabezado por Mauricio Rojas, gerente de Telecomunicaciones–, compartió estos espacios con los habitantes de Rey Curré.

Estas charlas forman parte del proyecto Territorios Indígenas, del programa Comunidades Conectadas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL).

Durante las reuniones, los habitantes de Rey Curré son informados sobre Comunidades Conectadas, así como de conceptos básicos de internet, buscadores, aplicaciones, seguridad, redes sociales y la iniciativa e-Mentores.

Este último es un proyecto de la Fundación Paniamor para proteger a menores de los riesgos digitales.

Estas actividades son coordinadas entre la marca comercial Kolbi, Fonatel y por supuesto, la Asociación de Desarrollo Indígena de Yímba Cájc.

El espacio de hoy se llevó a cabo en el Salón Comunal el cual inició a las 3 p.m. y se extendió hasta las 4:30 p.m. en donde participaron diferentes representantes de las organizaciones comunales de Rey Curré.

Yímba está tomando impulso para dar el salto a la conectividad de todos los poblados que integran su territorio.

Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones

El MICITT abrió el proceso participativo para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, PNDT. Éste influencia el desarrollo de las telecomunicaciones los próximos 5 años. Se realizarán talleres en distintas áreas importantes para incidir en la política pública. Puede inscribirse en evolucion.mercado@micitt.go.cr

Enviado por Rafael López Alfaro.