Ante la desinformación, la arbitrariedad y la manipulación política
Instituto Sindical de Formación Política
Pronunciamiento público
El Instituto Sindical de Formación Política, en cumplimiento de su compromiso histórico con la defensa de la democracia, los derechos humanos, las libertades públicas y la verdad como bien social, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la creciente estrategia de desinformación, manipulación y arbitrariedad promovida desde instancias del gobierno y sectores abiertamente alineados con él.
Resulta alarmante que, sin pruebas claras ni procesos institucionales transparentes, se difundan reiteradamente acusaciones sobre supuestos complots de derrocamiento y planes de asesinato contra el presidente de la República, generando un clima de miedo, confusión y polarización social. Estas narrativas, lejos de fortalecer la institucionalidad democrática, debilitan la confianza ciudadana, erosionan el Estado de Derecho y abren la puerta a prácticas autoritarias.
Advertimos que este tipo de discursos no son inocentes. Históricamente, en América Latina y en otras regiones del mundo, la invocación permanente de “enemigos internos”, “conspiraciones” o “amenazas al orden” ha sido utilizada para justificar la persecución política, el silenciamiento de voces críticas y la criminalización de la protesta social.
En este contexto, denunciamos de manera particular los intentos de desprestigiar, intimidar y silenciar a Stella Chinchilla, reconocida luchadora social, cuya trayectoria pública se ha caracterizado por el compromiso con las causas sociales, la justicia y la participación democrática. Rechazamos cualquier maniobra que pretenda convertir la crítica social y el disenso legítimo en delitos o amenazas al orden constitucional.
El Instituto Sindical de Formación Política recuerda que:
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La crítica al gobierno es un derecho democrático, no un acto de conspiración.
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La protesta social y la organización popular son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática.
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La libertad de expresión no puede ser condicionada por el miedo ni por campañas de difamación.
Exigimos al gobierno:
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Responsabilidad política y ética en el manejo de la información pública.
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Que cualquier denuncia grave se tramite por las vías institucionales correspondientes, con pruebas y respeto al debido proceso.
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El cese inmediato de discursos y prácticas que fomentan la estigmatización de dirigentes sociales, sindicales y ciudadanos críticos.
Finalmente, hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, académicas y a la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes, informadas y unidas en la defensa de la democracia, la verdad y los derechos fundamentales. El miedo y la mentira no pueden convertirse en herramientas de gobierno.
La democracia se fortalece con más participación, más transparencia y más justicia social, no con la manipulación ni el silenciamiento.
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