Informe internacional concluye que política de seguridad en El Salvador reúne elementos de crímenes de lesa humanidad
Un amplio informe titulado “El Salvador en la encrucijada: crímenes de lesa humanidad en el marco de la política de seguridad pública”, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES), concluye que las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la política de seguridad implementada en ese país reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser consideradas crímenes de lesa humanidad.
El estudio examina el impacto del régimen de excepción y otras medidas adoptadas en el marco de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño en los últimos años, y sostiene que diversas prácticas documentadas —incluidas detenciones arbitrarias masivas, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y persecución política— forman parte de una política estatal que cumple los criterios establecidos por el derecho internacional para esta categoría de crímenes.
El informe plantea que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una política sostenida que se desarrolló en un contexto de debilitamiento institucional y concentración del poder político.
Qué es GIPES y quiénes elaboran el informe
El Grupo Interdisciplinario de Personas Expertas Independientes sobre El Salvador (GIPES) está integrado por especialistas internacionales en derecho internacional, derechos humanos, justicia penal internacional y análisis político.
El grupo desarrolla investigaciones independientes con el objetivo de analizar la compatibilidad de las políticas estatales con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de derecho penal internacional, así como aportar elementos para la rendición de cuentas frente a violaciones graves.
El informe publicado en 2026 constituye uno de los análisis más amplios realizados hasta ahora sobre las consecuencias institucionales, jurídicas y humanitarias de la política de seguridad aplicada en El Salvador durante los últimos años.
Un análisis del debilitamiento del Estado de derecho
El documento señala que las violaciones masivas a los derechos humanos no surgen de manera espontánea, sino que requieren de un contexto institucional que las permita.
Según el informe, en El Salvador se habría configurado un entorno caracterizado por:
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debilitamiento de los contrapesos institucionales,
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concentración del poder político,
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debilitamiento de los controles judiciales y legislativos,
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uso prolongado de medidas excepcionales.
En ese contexto, el régimen de excepción instaurado desde marzo de 2022 se habría convertido en el instrumento central de la política de seguridad, con la suspensión prolongada de diversas garantías constitucionales.
El informe sostiene que este marco institucional permitió consolidar una estrategia de seguridad basada en detenciones masivas y amplias facultades policiales y militares.
Principales temas analizados en el informe
De acuerdo con su estructura y tabla de contenidos, el informe examina múltiples dimensiones del modelo de seguridad aplicado en El Salvador.
Entre los principales temas analizados destacan:
Destrucción de contrapesos institucionales
Uno de los primeros apartados analiza cómo la concentración del poder político y el debilitamiento de instituciones clave facilitaron la implementación de medidas extraordinarias sin controles efectivos.
Régimen de excepción y detenciones masivas
El informe examina la política de detenciones masivas desarrollada en el marco del régimen de excepción, así como los efectos sobre derechos fundamentales como:
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la libertad personal,
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el debido proceso,
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la presunción de inocencia.
El documento también señala problemas estructurales para garantizar procesos judiciales dentro de plazos razonables para las personas detenidas.
Tortura, muertes bajo custodia y desapariciones
El informe analiza denuncias relacionadas con:
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tortura en centros de detención,
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muertes de personas bajo custodia estatal,
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desapariciones forzadas,
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posibles fosas clandestinas dentro de centros penitenciarios.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchas de estas situaciones no han sido investigadas adecuadamente por las autoridades.
Restricciones a la prensa y persecución política
El documento también examina el impacto del régimen de excepción sobre el ejercicio de la libertad de prensa y el trabajo de organizaciones de la sociedad civil.
Según el informe, el contexto de persecución y hostigamiento ha llevado incluso al exilio de periodistas y ha generado restricciones al acceso a la información pública, lo que afecta el derecho ciudadano a conocer la actuación de las autoridades.
Crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional
Uno de los ejes centrales del informe es el análisis jurídico sobre la naturaleza de las violaciones documentadas.
El GIPES concluye que los hechos analizados reúnen los elementos establecidos por el derecho penal internacional para ser considerados crímenes de lesa humanidad, en tanto formarían parte de una política estatal sistemática dirigida contra la población civil.
Según el informe, esta conclusión implica no solo responsabilidad internacional del Estado, sino también posible responsabilidad penal individual de quienes diseñaron, ejecutaron o toleraron dichas políticas.
Recomendaciones del informe
El informe concluye con un amplio conjunto de recomendaciones dirigidas tanto al Estado salvadoreño como a la comunidad internacional.
Recomendaciones al Estado salvadoreño
Entre las principales recomendaciones se encuentran:
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restablecer plenamente el Estado de derecho, incluyendo la independencia del poder judicial;
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garantizar el acceso inmediato a información sobre personas detenidas y su situación jurídica;
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investigar de manera independiente las denuncias de tortura, desapariciones y muertes bajo custodia;
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establecer un programa nacional de reparación integral para las víctimas, que incluya indemnización, atención médica y garantías de no repetición.
Recomendaciones a la comunidad internacional
El informe también plantea acciones dirigidas a organismos internacionales y Estados democráticos.
Entre ellas destacan:
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apoyar investigaciones independientes sobre violaciones graves de derechos humanos;
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aplicar mecanismos de jurisdicción universal cuando existan elementos para investigar a los responsables;
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aplicar sanciones a individuos o instituciones implicadas en violaciones graves de derechos humanos.
Asimismo, el documento plantea que los Estados parte del Estatuto de Roma consideren la posibilidad de remitir la situación de El Salvador a la Corte Penal Internacional, para que se investiguen los hechos documentados en el informe.
También recomienda brindar protección internacional a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos que enfrenten riesgos por su trabajo de denuncia.
Una advertencia sobre el rumbo institucional
El informe concluye señalando que ningún modelo de seguridad puede considerarse exitoso si se basa en la violación sistemática de derechos humanos.
En ese sentido, plantea que El Salvador se encuentra ante una encrucijada histórica, en la que debe decidir entre profundizar un modelo de seguridad basado en la excepcionalidad permanente o reconstruir una política de seguridad ciudadana plenamente alineada con el respeto al Estado de derecho y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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