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Etiqueta: represión

Derechos humanos en un hilo: la Centroamérica que somos

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva de una opción autoritaria en Costa Rica ya dejó de ser una imagen proyectada para otros países de la región. Nos alcanzó eso que alguien despectivamente y con cierto tinte de superioridad llamara “la centroamericanización” de Costa Rica.

A la vuelta de la esquina y con amplio apoyo popular, se cuece la construcción de una vergonzosa megacárcel para paliar, según sus impulsores, el aumento de la criminalidad en el país.

Lo que en otros momentos históricos era impensable, hoy está a punto de ser un hecho que contradice a todas luces la larga tradición democrática costarricense, que empieza lentamente a palidecer.

La excepcionalidad que hasta hace algunos años nos mostraba como punto y aparte en el escenario centroamericano, fue pulverizada en pocos lustros por un sistema económico desigual y aniquilador, un escenario político inquietante y algo turbio en sus alianzas con actores poco claros y altamente cuestionados y, como hemos dicho en varias ocasiones, el agotamiento de un contrato social que espera por una nueva edición para reconstruir el proyecto de eso que utópicamente llamamos “ la vía costarricense”.

Por lo pronto, en algunas países centroamericanos esa deriva autoritaria mantiene su dinámica.

Esta semana veíamos con estupor la forma artera en la que Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización social salvadoreña Cristosal, dedicada a defender los derechos humanos de su país, era presentada ante la fiscalía.

La funcionaria había sido detenida el mes pasado luego de hacer serios cuestionamientos al gobierno de Nayib Bukele, como una muestra más de la escalada en la represión a las voces críticas y cuestionadoras a esta gestión. Algo que inquietantemente empieza a mezclarse en el entorno costarricense con la puesta de bozal a la prensa y otros hechos recientes.

Desde diferentes frentes de organismos sociales y civiles salvadoreños se han realizado pronunciamientos para exigir la liberación de López, sin un resultado positivo. Esto se suma a la reciente aprobación de la Ley de Agentes extranjeros, una herramienta que permite al gobierno salvadoreño discrecionalidad sobre qué organizaciones sociales pueden permanecer en su país y si permanecen, “contribuir” con un tributo de renta del 30%.

Una más: tres periodistas del medio de comunicación El Faro dejaron El Salvador en los últimos días ante una inminente amenaza de detención en su contra. Es de sobra conocido el rol cuestionador de este medio a las políticas represivas del gobierno de Bukele que, a fuerza de negociaciones con los líderes de las pandillas, ha bajado la criminalidad, pero han aumentado las detenciones y desapariciones de personas sin ningún nexo con esta actividad.

En Costa Rica la impronta autoritaria está tocando la puerta, asomándose por una rendija a ver si el escenario le es propicio.

Y sí que lo es.

Por ello, no deja de preocupar diagnósticos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, al escribir el capítulo para Costa Rica en relación con el estado de los derechos en los distintos países de la región, mencionaba:

La CIDH observa con preocupación la situación de la seguridad ciudadana y los cuestionamientos a la respuesta estatal, así como los señalamientos de afectaciones a la independencia judicial. También preocupa las denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con la consulta previa y la delimitación territorial; así como las brechas significativas en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales para grupos en situación de riesgo como personas en movilidad humana, mujeres y personas mayores”.

La respuesta estatal a la que se refiere la CIDH es en realidad una inacción, justificante para el siguiente paso: la constitución de un espacio represivo que alimente las necesidades de la población de vivir sin temor en un país cuyo pacifismo también fue pulverizado por los hechos fácticos del modelo.

Es claro. Hay cosas que se parecen y mucho en estos escenarios. Si la reserva moral e institucional nacional a la que le queda menos de un cuarto de tanque no es suficiente, habremos perdido el proyecto país para siempre.

A esta generación le tocó la hora. No es poca cosa. Es el momento del punto del no retorno. Asumamos cada cual los funciones que nos corresponden para intentar recuperarnos.

Es nuestra tarea.

Urgente nuestra solidaridad con el pueblo panameño – para firmar

SURCOS comparte el siguiente llamado:

El pueblo panameño urge de nuestra solidaridad. Docentes, indígenas, estudiantes, entre muchos sectores, están en pie de lucha en pos de que no les recorten las pensiones, por la defensa del Canal para el pueblo panameño y contra bases militares estadounidenses en Panamá.

El pueblo firme en su legítima lucha es víctima de una brutal represión por parte de cuerpos policiales militarizados. Solicitamos su firma de manera solidaria y urgente.

Fecha límite: domingo 8 de junio 2025

https://forms.gle/yQ6oxS4QM4FC31WC8

Carta abierta al Estado de Chile y a la Nación-Pueblo Mapuche – para firmar

Ante el Informe emitido por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, elaborado por ocho comisionados vinculados a partidos políticos, con el fin de buscar una solución pacífica al conflicto de alta intensidad que mantiene el Estado de Chile contra la Nación Mapuche, los abajo firmantes manifestamos que:

Nos resulta incomprensible que se pueda alcanzar esa paz sin que previamente se haya iniciado un proceso de entendimiento directo con las autoridades ancestrales de la Nación Mapuche.

Por más de 130 años el pueblo nación mapuche ha reivindicado la restitución de sus territorios, el respeto de sus autoridades ancestrales, su autonomía y autodeterminación, el respeto a su cultura y la defensa de su lengua, recogidos en el Tratado de Tapihue firmado con el Estado de Chile hace 200 años.

Ante los continuos abusos de poder de las autoridades políticas, judiciales y policiales del Estado chileno, defensor de los intereses económicos empresariales extractivistas, las comunidades mapuche han desarrollado diversos procesos de recuperación de sus territorios, usando tanto las formas institucionales, como las autónomas. Sin embargo, la respuesta del actual gobierno, ha sido:

  • Decretar el Estado de Excepción Constitucional, por tres años consecutivos, que le permite militarizar, reprimir y encarcelar a comuneros mapuche sin pruebas y crear falsas acusaciones a través de montajes, contando con la complicidad de los Medios de Comunicación.

  • Aprobar leyes para justificar la criminalización de la protesta social mapuche: Ley del “gatillo fácil”; Ley de Usurpación, Ley de seguridad e Inteligencia que favorecen la militarización policial y la ocupación del territorio mapuche, así como la creación de cuerpos de seguridad privado que protegen los intereses de los consorcios forestales, de los usurpadores de los territorios mapuche: colonos latifundistas y terratenientes que tienen tanto poder como policías, militares y jueces.

> Con estas leyes se han incrementado los proyectos extractivistas con capitales extranjeros, los allanamientos, desalojos y usurpación de los territorios de comunidades mapuche, así como la desaparición de Julia Chuñil por más de 6 meses sin investigación hasta el momento; y el desalojo y encarcelación de Francisca Curihuinca por demanda de las forestales;

  • Aumentar la prisión política de comuneros mapuche, dispersándoles en cárceles subvencionadas fuera de su territorio de origen, además de presentarse como parte querellante en las causas judiciales, exigiendo penas ejemplares a jóvenes mapuche entre 30 y 100 años.

Denunciamos que con este Informe queda evidente que se trata de:

  • Un nuevo acuerdo de «pacificación» mientras se mantiene un Estado de Excepción Constitucional permanente, controlador y vigilante en Wallmapu, con el fin de apropiarse ilegalmente del territorio mapuche, desconociendo y criminalizando a sus autoridades ancestrales, su historia, su cultura, vulnerando los derechos de su gente y el derecho del pueblo mapuche a la autodeterminación;

  • Una estrategia para dividir a la Nación Mapuche y manipular a la opinión pública, con recomendaciones que refuerzan el racismo y la represión hacia el pueblo mapuche;

Por todo lo anterior EXIGIMOS AL ESTADO DE CHILE:

  1. – Levantamiento del Estado de Excepción en Wallmapu y retiro inmediato de militares y carabineros en territorio mapuche.

  2. Devolución de los territorios y respeto a la frontera con Chile marcada en el Tratado de Tapihue, que establece los derechos ancestrales de autonomía y autodeterminación como nación mapuche en su territorio ancestral.

  3. Fin de la militarización y represión en territorio mapuche.

  4. Libertad a todos los prisioneros políticos mapuche secuestrados por los Estados de Chile y Argentina.


Complete este
formulario para firmar y adherirte a esta carta.

Imagen: https://www.biodiversidadla.org

Impunidad del asesinato de Sergio Rojas

Comunicado

Reunida la Coordinación del Frente Nacional de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, FRENAPI, los días 14 y 15 de marzo, para evaluar y generar Planes de Trabajo 2025, comunicamos a la comunidad nacional e internacional:

Este 18 de marzo, se cumplen ya 6 años, del cobarde asesinato del compañero Sergio Rojas, Bribri del clan Uniwak y miembro coordinador de FRENAPI.

Desde la legislación de 1977, ley 6172, el Estado debió asumir su responsabilidad de garantizar nuestro derecho a la Tierra/Territorio, ya sea indemnizando o desalojando los usurpadores – poseedores de mala fe. El Estado incluye la Comisión Nacional de Asuntos Indígena CONAI, ITCO actualmente INDER por su competencia en materia agrario, las asociaciones presentes en los territorios indígenas ADIs (dependientes de DINADECO), que son estructuras impuestas a los pueblos indígenas, por su negligencia y omisión en el saneamiento territorial, los hace cómplices del asesinato de nuestro hermano.

Después de más de 40 años de espera, (de Ley Indígena) y del desalojo violento en la Asamblea Legislativa, 9 agosto 2010, los Pueblos Indígenas, hemos decidido REAFIRMAR nuestro derecho a la Tierra/Territorio y nuestros Derechos a la espiritualidad, ambiente, educación, salud, y reivindicar de las estructuras propias.

Responsabilizamos al Estado de las agresiones, violaciones, a las personas indígenas y nuestros bienes, pues no ha garantizado ni materializado los derechos consagrados en la Constitución y el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas. De modo que nuestras vidas y subsistencia, se ven en riesgo, vulnerabilidad y enajenado por las complicidades y omisiones del Estado.

En la administración Chaves Robles, igual que las otras administraciones, la represión, las agresiones, impunidad y la discriminación, han ido en forma escalonada, contra los Bienes Comunes, los Derechos Constitucionales y la integridad de los Pueblos Indígenas.

La impunidad desde los Poderes del Estado, promueve y consolida más agresiones, discriminación, racismo y la imposición de las nuevas formas de colonizar nuestras mentes, espiritualidades, estructuras propias y la diversidad cultural.

Desde los pueblos hemos vivido el despojo de los bienes comunes, mediante el clientelismo y la imposición de “agendas del estado”, mediante toda su estructura CONAI-ADIs-INDER-FONAFIFO-MINAET-ESTADO, folclorizando nuestras culturas, con acciones aisladas, evidenciando la continuidad del modelo colonial, de conquista, asesino, usurpador extractivista de nuestros bienes y la VIDA.

Condenamos al Estado que con su accionar nos ha arrebatado la vida, que es un derecho fundamental del ser humano, que después de 5 siglos, sigue la masacre, el crimen y genocidio estructurada y sistemática.

Esta impunidad representa mayor violencia que viven los pueblos indígenas, dichas acciones son ejecutadas a mansalva contra los pueblos y sus derechos.

Repudiamos la impunidad por parte de los poderes del Estado, que sólo manifiesta y ratifica la inoperancia e ineficiencia, del sistema, mediante los operadores de la justicia, sean abogados/as, fiscales, jueces, ministros y presidencias.

Exigimos justicia contra los asesinos materiales e intelectuales de nuestro compañero Sergio, contra la violencia de usurpadores y agresores; así como exigimos atención de la Agenda Indígena, que respeta nuestros Derechos, estructuras y espiritualidades propias.

La garantía y exigencia del Derecho a la Tierra/Territorio, de los Pueblos Indígenas, que seguiremos recuperando y reafirmando, por el bienestar, la salud, la conservación, la biodiversidad, siguen vigentes en todos nuestros Pueblos

Generado el día 18 de marzo 2025.

#SergioRojasVIVE

#JerhyRiveraVIVE

¡LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!

SERPAJ denuncia represión durante manifestación de personas jubiladas en Argentina

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) emitió un comunicado en el que repudia la represión ejercida por fuerzas de seguridad durante una manifestación de personas jubiladas en Argentina.

En el documento, SERPAJ exige al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich que respeten el derecho a la protesta y les recuerda que «los Estados tienen la obligación de garantizar derechos, no violarlos».

Según la organización, cada miércoles la población jubilada sufre violencia durante sus manifestaciones. El comunicado señala que, en esta ocasión, al contar con el acompañamiento solidario de diversos sectores e hinchadas de varios clubes de fútbol, se desplegó un operativo policial de gran magnitud que dejó como resultado numerosas personas golpeadas, gravemente heridas y detenidas.

SERPAJ manifiesta que esta situación genera dudas sobre la existencia de un Estado de derecho y de un sistema democrático representativo en el país. La organización exige que el Estado nacional disponga los medios necesarios para encarcelar y enjuiciar a quienes considera responsables materiales y políticos de lo que califican como una grave violación a los Derechos Humanos.

El comunicado concluye con la frase «Nunca Más es Nunca Más», emblema de la organización fundada por Adolfo Pérez Esquivel, -Premio Nobel de la Paz 1980-, y que este año cumple 45 años de existencia.

Megaproyectos, represión y memoria: la otra cara de El Salvador

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En esta entrevista, Ángel Flores, coordinador de la filial Oriente del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, y Rafael Moreira, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, expusieron la difícil situación que enfrenta El Salvador. Más allá de su imagen turística, el país vive un proceso de represión, criminalización de defensores de derechos humanos y despojo territorial debido a megaproyectos y políticas neoliberales.

Ambos líderes destacan la creciente persecución contra sindicalistas, ambientalistas y trabajadores del arte y la cultura, muchos de los cuales han sido detenidos arbitrariamente. Además, alertan sobre la eliminación de espacios democráticos y el control de los poderes del Estado, lo que ha generado un debilitamiento de la participación ciudadana.

En este contexto, Flores y Moreira subrayan la importancia de la memoria histórica y la resistencia comunitaria como pilares fundamentales en la lucha por la justicia social, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Su llamado es claro: visibilizar las realidades que enfrentan las comunidades y fortalecer la articulación regional e internacional para frenar la opresión y defender los territorios ancestrales.

Les compartimos el Informe Informe de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador.

*Imagen de Nayib Bukele y Marco Rubio tomada de Facebook Presidencia de la República de El Salvador
*Imagen de protestas tomada de Human Rights Watch

Bloque Verde denuncia represión a manifestación pacífica

Intentan silenciarnos: represión contra la manifestación pacífica frente a Casa Presidencial

  • El presidente de la República no toleró la presencia del tumbacocos ecologista en la manifestación del movimiento estudiantil.
  • En un acto de represión, las autoridades multaron y persiguieron al conductor del tumbacocos que nos acompañaba, en un claro intento por silenciar nuestra protesta legítima.

Bloque Verde. San José, 4 de febrero de 2025. Este miércoles, sectores ecologistas llevaron su acción directa no violenta frente a Casa Presidencial, con el fin de unirse en apoyo a la manifestación pacífica convocada por el movimiento estudiantil contra las más recientes políticas del Chavismo costarricense.

Amparados en el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, el sector ecologista sumó a la marcha un perifoneo contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, y las políticas de destrucción ambiental que ha impulsado como jerarca de esta importante cartera.

Pocos minutos después de iniciada la acción, oficiales de tránsito y de la fuerza pública se acercaron al conductor del tumbacocos y, sin justificación alguna, le exigieron abandonar la manifestación de inmediato. Ante este amedrentamiento, los manifestantes se agruparon en un círculo alrededor del vehículo para impedir que se lo retiraran sin razón alguna.

Acto seguido, los oficiales entregaron una multa al conductor, quien contaba con todos los permisos requeridos para realizar su labor comercial de perifoneo y para circular por las calles de San José. El motivo de la multa fue “irrespetar las instrucciones del oficial de tránsito”, quien le exigía al conductor mover el vehículo, a pesar de que el camino estaba completamente bloqueado por los manifestantes, lo que hacía imposible que pudiera hacerlo.

No conforme con esta acción, al finalizar la manifestación, oficiales de tránsito esperaban al conductor con grúas, aparentemente con el interés de quitarle el vehículo y dejarlo sin su herramienta de trabajo. Ante esta situación, valientemente, los estudiantes rodearon el tumbacocos y lo acompañaron hasta las instalaciones de la Universidad, evitando que el vehículo fuera retirado.

No contentos con el amedrentamiento, oficiales del Poder Ejecutivo ingresaron al recinto universitario con la intención de perseguir el tumbacocos. Sin embargo, poco después fueron obligados a salir de la Universidad. No obstante, los reportes desde la Sede de la UCR en San Pedro indican que la policía permaneció en las salidas de la universidad, esperando presumiblemente la salida del vehículo y su conductor, en clara actitud intimidatoria.

Denunciamos el claro amedrentamiento y la persecución ciudadana por parte del Poder Ejecutivo. No cederemos ante la intimidación. Continuaremos defendiendo el derecho a la protesta y exigiendo acciones reales para proteger el medio ambiente y el futuro del país.

Cabe destacar que esta acción de perifoneo se viene realizando desde el viernes pasado, cuando un grupo de manifestantes del Bloque Verde recorrió las principales calles de la capital (3-2-25, Bloqueverde).

¡No nos callarán!

LA INDÓMITA ELENA

Manuel Delgado

Era una princesita nacida en Francia de un descendiente del trono de Polonia y de una mexicana de la más rancia aristocracia porfirista. Y como si fuera poco, era “güerita”: blanca, rubia, de ojos azules. Cuando se mezclaba con las indias mexicanas, no faltaba quién le espetara: “¿Usted qué busca aquí, gringa?”

Desde muy joven comenzó a trabajar con los periódicos más prestigiosos de México, primero el Excelsior y luego Novedades. Hacía entrevistas a personalidades y notas de la alta sociedad.

Un día se tropezó con Josefa Bohórquez (o Bórquez), ex soldadera y soldada ella misma, mujer de todos los oficios y pobre por todos los costados, quien le cambió la vida para siempre. La hizo mexicana, la enseñó no solo a hablar en mexicano, sino sobre todo a sentirse como mexicana, con todo lo bueno y todo lo malo de la historia de este país. De allí nació Jesusa Palancares, protagonista de su novela “Hasta no verte Jesús mío”, uno de los personajes y una de las novelas más conmovedoras que haya leído.

Con esa mujer arranca Elena Poniatowska su libro “Las indómitas”, una colección de testimonios de mujeres que han marcado la vida literaria y la lucha política del México del último medio siglo. Son seis personajes individuales y dos colectivos que nos retratan a esta nación tan rica y tan controversial, tan empobrecida y explotada, tan pobre y tan desigual. Todas ellas acalladas, ninguneadas, lanzadas al silencio y al olvido, y entonces vueltas a la vida de mano de la escritora.

Quiero resaltar a uno de esos personajes, o, con perdón de los turistas, a una de esas personajas. Se trata de Rosario Ibarra y no solo de ella, sino de esas madres, esposas, hijas, hermanas, que durante décadas han luchado por esclarecer el paradero de los desaparecidos, sustraídos por el ejército y las bandas criminales, asesinados en medio de terribles torturas y escondidos bajo un manto de sombra, que no del olvido.

Pero en este capítulo, el personaje son las madres de los desaparecidos, retrata a la perfección a la misma Elena. Apenas a dos años de la publicación de “Hasta no verte Jesús mío”, Elena publica “La noche de Tlatelolco”, un libro de testimonios acerca de la masacre de 1968, escrita con base en entrevistas de los estudiantes prisioneros en la terrible cárcel de Lecumberri, “el palacio negro”. Ahora es muy fácil hablar de eso, pero entonces la represión en México era inexpugnable. Después de la masacre el país fue sumido en una ola de represión y de censura totales. Poquísimos fueron los valientes que alzaron la voz para denunciar el crimen, y Elena fue una de esas pocas voces.

Diez años después las madres de los desaparecidos toman la Catedral y se declaran en huelga de hambre. Allí, con ellas, está “la princesita roja”.

Como siempre me pasa con la literatura mexicana o con parte de ella, muchas veces tengo que interrumpir la lectura para dejar que baje el nudo de la garganta. Eso me pasa con este libro de Poniatowska.

Pero en honor a México y a su pueblo valeroso, no importa sufrir un poco. Leer a Poniatowska es una forma de compartir el dolor y también darle aires a la esperanza. Entonces tengo el coraje de recomendárselos.

Rechazamos a la masiva disolución y cierre de organizaciones no gubernamentales por parte del gobierno Ortega Murillo

Agosto 2024, San José Costa Rica. Las organizaciones representadas en este pronunciamiento rechazamos la disolución y cierre de organizaciones no gubernamentales ordenada por el gobierno Ortega Murillo bajo la excusa de “un nuevo modelo de operatividad” y obligándolas a actuar en alianza con el Estado.

Por esta razón, con profunda preocupación:

Expresamos repudio al cierre masivo anunciado por el gobierno Ortega Murillo, que cancela la personería de las asociaciones, organismos sin fines de lucro, y comunidades basadas en la fe, generando desprotección, nuevas búsquedas de opciones de atención para la población civil y desempleo de quienes más lo requieren. Tales medidas afectan especialmente a las mujeres, cuyo trabajo en las ONG ha sido fundamental y quienes fueron las más afectadas durante la pandemia por COVID 19.

Entendemos estas medidas represivas como un continuum de violencia sistemática contra el pueblo de Nicaragua, periodistas, intelectuales, personas defensoras de derechos humanos, líderes indígenas, religiosos y mujeres opositoras al régimen.

Según el Informe de la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos, Nada Al -Nashif, 30 personas “han sido detenidas desde marzo de 2024 en el contexto de la represión del espacio cívico” de forma ilegal y arbitraria, “seguidas de juicios que no cumplen las garantías básicas de debido proceso y juicio justo”.

Denunciamos también los hechos violatorios del derecho a la libertad de expresión, que erosionan los Derechos Humanos en el país y nos sumarnos a muchas otras voces en el mundo que reclaman preservación de la vida, la seguridad y la libertad a los pueblos de la región y de Nicaragua en particular.

Suscribimos, Feministas Picos Rojos CR, Voces Nuestras, Colectiva por el Derecho de Decidir, Gema Observatorio de Medios de Comunicación y Género, Profesionales para la ciudadanía y Mujeres por Costa Rica, en San José, Costa Rica, 28 de agosto de 2024