La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informó que la Sala Constitucional acogió parcialmente las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocida como «Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público».
Según declaraciones de Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, y Rafael Mora Solano, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la organización, la resolución restituye derechos laborales que habían sido modificados por dicha normativa.
«Las anualidades tendrán que seguirse reconociendo tal y como se venían aplicando antes de la ley 9635», manifestó Vargas Barrantes, quien calificó la resolución como un logro para las personas trabajadoras del sector público.
Por su parte, Mora Solano explicó los alcances de la resolución: «La sala está acogiendo parcialmente estas inconstitucionalidades y está diciendo que en el caso de las anualidades tienen que volverse a pagar como se pagaban antes». Detalló que quienes recibían el pago de forma porcentual volverán a ese esquema y que el reconocimiento se hará en el momento en que se cumpla el año laboral, no hasta junio como establecía la ley impugnada.
Según los representantes sindicales, otro aspecto relevante de la resolución es que se restablece el derecho a negociar convenciones colectivas en instituciones públicas, incluyendo aspectos salariales.
La ANEP indicó que está preparada para ayudar a su afiliación afectada a recuperar los derechos que les fueron limitados y extendió una invitación a personas trabajadoras no afiliadas para que se acerquen a la organización con el fin de iniciar los procesos correspondientes.
El sindicato había liderado protestas contra esta ley durante tres meses y argumentó ante la Sala Constitucional que la normativa violaba derechos humanos. Los representantes sindicales adelantaron que informarán sobre otros aspectos contemplados en la resolución próximamente.
Siempre nuestras autoridades políticas, piden respeto en la información que difundimos, pero sentimos que de ellos no tenemos reciprocidad. Siempre “bailan” al trabajador, lo menosprecian, lo hacen para donde quieren, y el trabajador humilde y sencillo, sigue esperando la buena fe de nuestro patrón.
Estimados/as compañeros/as, según parece, lo que viene de pago de anualidades son unos pesitos, y no lo que se rumoraba en los pasillos.
No es posible, que habiendo dinero en Tesorería, continúe la deuda con los funcionarios, consideramos es una afrenta, una bofetada, una falta de consideración al colaborador, del cual tenemos tres largos años de no recibir incremento alguno en nuestro salario, ni reajuste, se puede denominar, ya que la deuda incurrida por el mismo colaborador, para paliar los incrementos hasta en la contribución de la CCSS, y que no lo honre Hacienda, a la CCSS, se lo esté “embuchando” y no lo pague, debilitando el fondo de IVM mismo, es decir su futura pensión.
Compañeros, no es posible tanto atropello, levantemos los brazos, señalemos estos actos con total reproche, y no permitamos más atropellos a la dignidad misma.
Sr. Ministro, suelte la plata, suelte ese “perro amarrado”, hay plata y no hay justificación técnica para la demora a sus colaboradores.
Sr. Ministro, proceda al pago de las deudas con los trabajadores, tal cual celeridad se dio con el incremento decretado a los Ministros y Viceministros, ahí no presentó objeción alguna favoreciendo su persona de dicho mandato Presidencial.
La señora de Purral, necesita saber si al inquilino, que trabaja en Hacienda, le alcanzará esta quincena para pagar el cuartito que le alquila.
Sr. Ministro, exigimos respeto, exigimos que honre las deudas que debe a los Trabajadores Hacendarios.
Basta de tantas “tomadas de pelo”, el trabajador no merece ese trato de su Despacho o sus más cercanos colaboradores y que deciden que se paga y que no se paga, esto no es una pulpería. Hay plata, pague simple.
SITRAHASAN da respuesta a la Licda. Melissa Segura, Abogada de la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda, ante la demanda de esta organización de validar el aumento y pago de las anualidades que se acordaron por medio del diálogo el día 17 de diciembre del 2019, y que se suspenden el 04 de abril del 2020 por motivo de la pandemia COVID-19.
Por lo anterior y con el debido respeto, acuden ante el despacho del ministro de hacienda Nogui Acosta Jaén, para solicitar de manera pronta, su importante intervención, con el fin de que se haga efectivo el incremento adeudado a los trabajadores del Ministerio de Hacienda.
SITRAHASAN considera que este aumento está debidamente justificado, por lo cual, se espera una respuesta afirmativa por parte del señor ministro.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.
El cambiante escenario político y social de la Costa Rica de los últimos meses, en medio de un fenómeno como la así llamada “pandemia”, la que si bien se exterioriza en el orden de lo clínico, donde se torna amenazante para la salud, la supervivencia y la vida de la población, pero que también está inextricablemente unido a las dimensiones del orden de lo político, social y económico, dada la enorme complejidad que reviste, aunque muchos no lo puedan entender. Es aquí donde el gobierno y la clase política orientados, de una manera casi unánime, sin importar gran cosa los rótulos partidarios a que quedaron reducidos los viejos partidos políticos, consideraron que había llegado la oportunidad de darle la estocada final al estado social de derecho, establecido por los reformadores sociales durante las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo anterior, por lo que se abocaron a tomar medidas para proceder a su desmantelamiento, eliminando las conquistas sociales de las clases trabajadoras y vendiendo los activos más rentables del estado costarricense. Desde luego que lo hicieron también de manera preventiva, en un primer momento, aprobando una reforma fiscal regresiva hace ya dos años y una legislación para limitar el derecho de huelga y de protesta contra las políticas sociales y económicas del régimen imperante, dando lugar a que en lo sucesivo, con esa legislación aprobada a golpe de tambor, sus efectos no pasarían de ser un saludo a la bandera, casi un mero acto ritual.
La recesión, alimentada por una reducción del poder de compra de los habitantes, se expresó en la quiebra de innumerables negocios, además de muchas pequeñas y medianas empresas que no soportaron la reducción de la demanda agregada de bienes y servicios, a lo largo del año 2019, mucho antes de que empezara la pandemia. Al estallar ésta, en el mes de marzo anterior, con las medidas restrictivas en cuanto a la movilidad de los habitantes que trajo, los efectos de la recesión se aceleraron y colocaron al borde del abismo del hambre y la miseria a grandes sectores de la población, imposibilitados de salir a trabajar y carentes de otros recursos para hacerle frente a la situación. Actividades como el turismo, la pesquería y el agro acusaron el golpe durante muchos meses, en medio de la mayor desesperación para quienes se dedican a ellas. Sólo ahora, en los últimos días de septiembre y primeros de este octubre que está empezando, con la oleada de bloqueos o cierres de carreteras, a todo lo largo y ancho del país, es que reaccionaron ante el cinismo de la clase política, protagonizando una desobediencia civil masiva, dentro de la tradición de Thoureau, Gandhi y Martin Luther King, con lo que la mayor parte del país rural se encuentra al borde de la rebelión, lo que tomó por sorpresa tanto al gobierno, cuyo equipo económico responde a los intereses del capital financiero y a las posturas neocon o neoliberales, como a la Asamblea Legislativa donde el cada vez más totalitario “partido único neoliberal” (PAC PLN PUSC RN NR y otros) ha seguido aprobando legislación laboral que intensificará los efectos más perversos de la recesión económica, tal fue el caso del congelamiento de las anualidades de los trabajadores del sector público durante los dos años venideros, esto traerá la pérdida de más empleos en el sector privado, aunque mucha gente que ha interiorizado el pensamiento económico neoclásico de los neoliberales no lo entienda todavía, a pesar de que están entre quienes habrán de sufrir sus consecuencias.
Como un segundo momento, en medio de la pandemia, y como resultado de una propuesta del gobierno, para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y acceder a un préstamo de 1.750 millones de dólares, cuyo destino no está muy claro, ha estallado un poderoso movimiento social, cuyo liderazgo nacional y regional responde más a las consignas y propuestas reformistas de la vieja socialdemocracia liberacionista, abandonadas por el PLN, con líderes visibles como José Miguel Corrales, Célimo Guido, Óscar Campos y otros de esa procedencia histórica, que a las de una extrema derecha representada por la UCCAEP y algunos libertarians o liberales(neo) reciclados, quienes en un principio quisieron sacar provecho de él, lanzando una campaña contra los trabajadores del sector público, a quienes culpan mentirosamente de los problemas fiscales, a las vez que “atacaron” los nuevos impuestos propuestos por el gobierno(los que desde luego no pagarán ellos, como siempre ha sucedido, con su descarada evasión y elusión), más regresivos aún que los del paquete aprobado hace apenas dos años, que forman parte de la mencionada propuesta para aceptar un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Ahora la UCCAEP y las gentes de la ultraderecha, las empresas piñeras y otras muy poderosas, se lanzan contra el movimiento que querían utilizar en su beneficio. El estallido social, del que hemos venido hablando líneas atrás, no sólo no pudieron preverlo sino que se les fue de las manos.
A todo lo anterior se une el hecho de que en Costa Rica se instaló, hace ya dos años, un gobierno de coalición con una fachada diz que “progresista” que se vino situando o desplazando, cada vez hacia la derecha del espectro político ( si es que ese término al igual que el de “izquierda” o “izquierdas” retiene todavía algo de su valor explicativo), habiendo entregado la conducción de la política social y económica a un equipo partidario de un ajuste social y económico de lo más violentos contra los sectores populares. Es aquí donde el fenómeno de la mímesis o mimetismo político comienza a operar, de una manera casi imperceptible, para crear una verdadera “torre de babel” entre las gentes poco habituadas a la complejidad del manejo cotidiano de la política al tornar desechable e inútil todo el lenguaje político. El viejo sentido común “anticomunista”, heredado de los tiempos de la guerra, dentro del que todo aquello que no debe ser, o es malo, es “el comunismo”, interiorizado desde hace muchas décadas por un gran sector de la población, ya intoxicado por el bombardeo propagandístico (recordemos que en inglés propaganda es una mala palabra, por así decirlo) de los grandes medios de comunicación. Todo esto ha conducido a la paradoja de que en tanto en que el gobierno y la clase política se mueven más hacia la derecha, y el autoritarismo más desenfrenado en todas sus decisiones más importantes, un gran sector de la población afirma que el presidente Carlos Alvarado y los cada vez desteñidos progres que lo acompañan son “comunistas”, ergo por lo tanto el gobierno de Costa Rica es “comunista”, y nos lleva por el camino de los de Nicaragua o Venezuela, sin importar siquiera si los gobernantes de esos países lo sean en estricto sentido, pues aquí opera semánticamente aquello de que todo lo que no debe ser, o lo que se percibe como tal es “comunismo” a secas, produciéndose un efecto mimético un tanto extraño (por lo menos para las gentes del mundo académico y el de los estudios de la política) al ser vistos como “comunistas” unos políticos “progres” del PAC que no abandonan el rótulo, aunque hacen precisamente lo contrario derechizándose cada día más, incluso el Frente Amplio se mantiene dentro de la coalición gobernante con lo que acentúa las sospechas hacia los dos lados. A la manera orwelliana, en esta torre de babel la derecha es la izquierda, los desteñidos progres son los comunistas o la izquierda es la derecha, el capitalismo más agresivo es el comunismo y así sucesivamente se exteriorizan el camaleonismo y el caos.
Como lo hemos indicado en ya reiteradas ocasiones, existen suficientes razones para oponerse a las deducciones salariales pretendidas por las fuerzas políticas afines a los sectores económicos neoliberales y liberales extremos para atender la crisis del COVID-19.
En esta difícil situación, la clase trabajadora es la primera que ha tenido que asumir sacrificios como reducir sus jornadas de trabajo y hasta perder su empleo por completo, cuando ya de por sí las estadísticas nos mostraban un desempleo superior al 12% y un subempleo cercano al 50%. La primera línea de sacrificados son los trabajadores del turismo en todas sus modalidades y de ahí los afectados se han extendido al resto de las actividades económicas.
Es claro que corresponde al Estado como tal, brindar la solución a toda esta población que por ese tipo de razones hoy carece de recursos para poder sostener a sus familias.
En algunos países los gobiernos han comenzado a utilizar los recursos provenientes de sus ingresos para distribuir en las personas que quedan en la indefensión, pero se trata de Estados que cuentan con suficientes recursos por cuanto sus sistemas tributarios recaudan altos porcentajes de la renta global y de la renta mundial, así como de otras rentas incluidas en sus sistemas tributarios, además del valor agregado.
Todo lo contrario sucede en nuestro país, donde no existen esos sistemas de renta de las empresas grandes, las que pertenecen al 1% de la población y que desde hace años evaden sus impuestos sin que lamentablemente se les haya impuesto límites a esas prácticas o aplicado sanción, como si ocurre en otros países.
Ya antes de que entráramos a conocer la crisis generada por la pandemia, el sector público había sufrido diversos golpes en su sistema salarial a pesar de la intensa y prolongada huelga realizada en el año 2018; los trabajadores del sector público vieron reducir parte de sus salarios con anualidades que se establecieron fijas y no porcentuales, vieron disminuir los porcentajes de dedicación exclusiva y prohibición, entre otras, y por supuesto, se les aplicaron ajustes salariales ya no a la base, sino fijos, muy lejanos al crecimiento de la inflación. Y no podemos dejar de mencionar que ya desde muchos años atrás esos salarios habían perdido su poder de compra, por cuanto en las diferentes administraciones se dieron incrementos muy por debajo de la inflación.
En otras palabras, el sector público ha sido golpeado y muy fuertemente desde hace mucho tiempo, y aún, así los políticos que solo siguen línea del sector empresarial insisten en seguir endosando los problemas a la clase trabajadora.
Volvemos a insistir que los salarios base del sector público están por debajo de los salarios del sector privado y en algunos casos en un alto porcentaje. Las anualidades apenas ayudan a equilibrar esas diferencias.
Por ello es necesario que la CTRN y las demás centrales sindicales se opongan a la propuesta del no pago de la anualidad, y exijan el cumplimiento del mismo tal como la ley lo indica.
Podría aceptarse una contribución de los salarios que estén por encima del ¢1 300 000 pero condicionado a que las grandes empresas aporten una cantidad equivalente a lo que han ocultado en los últimos tres años y que declararon supuestamente como pérdidas.
Cuadro comparativo de salarios base en el Sector Público con los salarios mínimos establecidos por el Consejo Nacional de Salarios
Podemos observar en este cuadro comparativo, que existen diferencias entre puestos similares hasta de ¢ 53 mil y diferencias relativas que van de 6,86% hasta 18.32%, siendo los más bajos los del Sector Público.
En seguimiento a la serie de medidas de contención del gasto que la Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha venido tomando desde el 2014, mediante el oficio R-7924-2019, el rector Henning Jensen solicitó al Consejo Universitario examinar la aprobación de un tope de anualidades a las y los funcionarios de la universidad.
Desde el año 2009 no existe un tope o techo máximo al reconocimiento por concepto de anualidades a los funcionarios universitarios, debido a que este órgano colegiado de aquel entonces emitió un acuerdo (en la sesión 5367) que liberó el tope de 30 años de anualidad que regía desde 1999 en la UCR.
La decisión fue tomada, principalmente, a raíz de la sentencia N.º 15460-2008 de la Sala Constitucional, en la cual se anuló el tope de 30 años en la Ley de Administración Pública. En aquel momento, la Oficina Jurídica de la UCR había manifestado que esta sentencia podía ser un motivo adicional a considerar, aunque no necesario, para que la Universidad de Costa Rica pudiera liberar o no el tope establecido, de acuerdo con sus propios mecanismos.
La eliminación del tope a las anualidades, sumada al incremento en el porcentaje por este concepto (de un 3 % a un 5,5 %) aprobado en la sesión 5390 del Consejo Universitario en el 2009, hizo que los componentes adicionales del salario crecieran a un ritmo descomedido a partir del 2010.
“Establecer nuevamente un tope a la cantidad de anualidades devengadas por las personas trabajadoras, tal y como ocurría antes del 2010, es necesario para asegurar un sano equilibrio presupuestario, como una más de las medidas de contención del gasto que se han tomado en los últimos años”, explicó el rector Henning Jensen.
En sus palabras, una de las medidas más estratégicas fue la reducción del porcentaje de anualidad negociado en la actual Convención Colectiva de Trabajo, que pasó del 5,5 % a un 3,75 %. Esto permitió que, desde el 2018, se lograra contener significativamente el ritmo de crecimiento de los componentes adicionales del salario.
“Esta reducción fue un aporte de mucha relevancia, pues la anualidad había tenido un peso creciente en la conformación de los sueldos al personal permanente, pero ahora tiende a la estabilización. Además, la UCR vigila estrictamente el crecimiento y la proporción de la masa salarial en relación con el presupuesto universitario, y ya existe una comisión que está trabajando en modificaciones al sistema salarial para reducir la desigualdad y asegurar salarios iniciales más competitivos”, agregó Jensen.
En su sesión 4489-1999, (http://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/1999/4486.pdf), el Consejo Universitario estableció un límite de 30 anualidades a quienes laboramos en la Universidad de Costa Rica. Este acuerdo determina que las personas tendrían un 90% de anualidades (3% de anualidad multiplicado por 30 años). Esta formulación del 90% se deriva de que el 3% por anualidad entró en vigencia en 1987. Quienes laboraban antes de esa fecha recibían un 2% por anualidad.
Diez años más tarde, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica dejó sin efecto el tope de 30 años de anualidades (http://cu.ucr.ac.cr/actas/2009/5376.pdf). En lo sucesivo, el personal de la institución recibirá anualidades durante el total de sus años laborados. Este acuerdo del Consejo Universitario cita varias razones. Se menciona, por ejemplo, el voto 15460-08 de la Sala Constitucional que anuló, por inconstitucionales, la frase “hasta un total de treinta” y la palabra “treinta” del artículo 5° de la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166 de 9 de octubre de 1957. Desde el punto de vista financiero, se hace referencia a un informe preparado por la Oficina de Recursos Humanos acerca de las consecuencias salariales del cese del tope de las anualidades y la estimación del aumento del número de personas que superarían los 30 años de laborar en la institución.
Si bien la Oficina Jurídica (OJ-1330-2008) le hace saber al Consejo Universitario que el voto de la Sala Constitucional, referido a la Ley de Salarios de la Administración Pública, no es vinculante para la Universidad de Costa Rica, pues en su lugar rige la Convención Colectiva, se toma el acuerdo de derogar el tope de las anualidades. En el acuerdo propiamente dicho, el Consejo Universitario no considera los alcances de las estimaciones financieras aportadas por la Oficina de Recursos Humanos.
Hoy, transcurridos nueve años, este acuerdo debe revisarse. Si en 1999 121 personas tenían 30 años o más de laborar en la Universidad de Costa Rica, en el año 2009 ese número era de 175. De acuerdo con datos proporcionados por la Vicerrectoría de Administración, a finales de este año 2018, son (o somos) 726 (7,33%) de un total de 9911 personas. Si el tope de las anualidades entrara nuevamente en vigencia, la Universidad de Costa Rica ahorraría más de ₡1.000 millones anuales (1 058 996 977), un 23,84% del gasto total por anualidades que se pagan a las personas con más de 30 años de servicio.
En diciembre del año 1999, la Contraloría Universitaria (OCU-R-224-99) ya advertía las consecuencias de largo plazo de esta estructura salarial. Leído este acuerdo del Consejo Universitario del año 2009 en el contexto de crisis fiscal a los criterios jurídicos y financieros se pueden adicionar consideraciones políticas y éticas.
En términos políticos, las pretensiones de debilitar las universidades públicas no pueden ser respondidas ignorando aquello que internamente se debe mejorar y corregir. La legitimidad institucional de la Universidad de Costa Rica no está en discusión; sin embargo, lo mismo no se puede decir de su estructura de salarios. La actual estructura de salarios debilita la legitimidad institucional.
Hay intereses neoliberales y neoconservadores que pretenden socavar a la Universidad de Costa Rica y, en general, a las universidades públicas. Las universidades forman profesionales que toman decisiones en el país y participan en la formación de opiniones. Debilitar a estas instituciones tiene efectos de largo plazo en la sociedad costarricense. Los artículos 84 y 85 de la Constitución Política están en la mira de los sectores más radicales.
Desde el punto de vista ético, la crítica a las profundas desigualdades que se han entronizado en la sociedad costarricense y en la mayoría de las sociedades contemporáneas debe reconocer también las desigualdades salariales internas de la Universidad de Costa Rica. Los salarios más altos del sector docente superan en ocho veces a los salarios devengados por quienes se incorporan anualmente a laborar en la Universidad de Costa Rica.
El Consejo Universitario debe entrar a discutir el tope a las anualidades. La autocrítica es indispensable para la defensa y el fortalecimiento de la Universidad de Costa Rica.
Desde inicios del año 2013, la UCR analiza de manera minuciosa la estructura y comportamiento de los egresos por concepto de masa salarial. En ese año, se integró un grupo de trabajo que rindió un informe sobre el estado del Sistema de Administración de Salarios.
A partir de ese informe, se desarrollaron dos estudios que llegaron a importantes conclusiones sobre la necesidad de tomar acciones para disminuir las tasas de crecimiento de la masa salarial (entendida como todos los diferentes componentes de pagos y compensación a los funcionarios más sus respectivos aportes a la seguridad social), de manera que el sistema sea sostenible financieramente y sobre todo que no atente contra el desarrollo adecuado de la actividad sustantiva institucional.
En noviembre del 2014, la Rectoría anunció medidas de contención del gasto que la administración universitaria, a esa fecha, había puesto en marcha y otras que se determinaron como necesarias para hacer un uso racional del presupuesto. Entre las medidas señaladas se encuentran: la aplicación irrestricta del reglamento que regula los llamados cuartos de tiempo adicional, la revisión de los criterios para otorgar el incentivo salarial por mérito académico, la valoración de la pertinencia de remuneraciones extraordinarias, la restricción de dedicaciones exclusivas a casos en que prive la conveniencia institucional y el envío de una propuesta al Consejo Universitario para disminuir el porcentaje de anualidad.
El pasado 14 de noviembre, la Rectoría anunció la renegociación de una parte sustancial de la Convención Colectiva de Trabajo vigente, con el fin de adaptarla a los tiempos actuales; un esfuerzo que pasa por pensar, de manera socialmente inclusiva y presupuestariamente responsable, en el futuro de la institución.
Anualidades. Los diferentes estudios sobre el comportamiento de la masa salarial determinan que el principal componente que genera un incremento sostenido y atípico es el porcentaje de anualidad, producto de dos acuerdos del 2009 del Consejo Universitario. De un lado, el incremento del porcentaje de anualidad del 3% al 5,5% y, de otro lado, el rompimiento del tope de pago de 30 años que se mantenía vigente hasta ese momento. Es así como las anualidades pasan de representar el 29,5% de la globalidad del gasto por masa salarial en 2009, al 35,7% en 2015.
El porcentaje de anualidad se paga a todas las personas que laboran para la institución, al cumplir años de servicio, es decir, se trata de un incentivo automático que no está asociado a méritos.
Régimen académico y servicio docente. El personal académico está amparado al Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente. Esta normativa estipula que existen básicamente cinco categorias para el personal académico: los profesores interinos, instructores, adjuntos, asociados y catedráticos. Para ascender de una categoría a otra es necesario el cumplimiento de méritos académicos, entre los cuales destacan: publicaciones en revistas científicas o libros, conocimiento de idiomas, obtención de titulaciones académicas en posgrado, experiencia en investigación y acción social o la evaluación de su desempeño docente. Se trata de un régimen en el que se asciende por méritos, los cuales son valorados en estricto apego a la normativa institucional por la Comisión de Régimen Académico.
A diferencia del comportamiento mostrado por las anualidades, en la globalidad de componentes de la masa salarial, el gasto por concepto de régimen académico ha mostrado una tendencia a la baja, pasando de representar el 8,8% en 2009 al 8,3% en 2015.
La dedicación exclusiva.El personal de tiempo completo que se incorpora, mediante la firma de un contrato, al Régimen de Dedicación Exclusiva, recibe un pago equivalente al 30% de su base salarial. Nótese que en el resto del sector público este régimen alcanza porcentajes más altos, incluso del 55%, como es el caso del Servicio Civil. La incorporación al Régimen de Dedicación Exclusiva se da a solicitud del funcionario docente o administrativo y posterior a un análisis de la conveniencia institucional.
No se trata entonces de «pasar tijera», como La Nación le atribuye decir al SINDEU, en perfecta sintonía con quienes adversan el empleo público, sino de tomar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera de la UCR, sin afectar la actividad sustantiva institucional y privilegiando el mérito sobre el crecimiento vegetativo en materia salarial.
La administración universitaria viene tomando medidas de contención del gasto desde mucho antes de que se diera la discusión pública sobre sus finanzas, pero lo hace con base a análisis rigurosos y sistemáticos, no como ocurrencias ni inspirada por rumores.
Las medidas tomadas han sido exitosas y la ciudadanía puede estar segura de que la administración universitaria no dejará de practicar un auto-examen guiado por principios, pero sereno y responsable, con el fin de resguardar la integridad de nuestra Benemérita Institución.
Firma: Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración UCR.
Enviado a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.
Administración y SINDEU no lograron punto de conciliación sobre el tema
Rocío Marín González,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
En otros casos el CU ha recibido a las partes para escucharlas y tener un mejor criterio para tomar decisiones. En esta oportunidad esa podría ser una alternativa, pero será decisión exclusiva de ese órgano, señaló Carlos Araya. (Foto Andrea Jiménez Murillo).
La discusión sobre el porcentaje de anualidad de las y los funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) tendrá que ser retomada por el Consejo Universitario (CU), luego de que la administración y el Sindicato de Empleados Universitarios (SINDEU) no lograron un punto de conciliación al respecto.
Aunque en los últimos días de agosto el tema se encontraba en análisis en el CU a raíz de una propuesta presentada por seis de sus miembros para volver al 3% de anualidad que estipula la Convención Colectiva de Trabajo, en lugar del 5,5% aprobado por el CU en el 2009, en la sesión ordinaria N° 5924 del 1° de setiembre de 2015 este órgano había trasladado a la administración y al SINDEU la negociación sobre el porcentaje de anualidad para los funcionarios y las funcionarias de la Institución a partir de enero del 2016, dándole un plazo hasta el 30 de setiembre para llegar a un acuerdo. Éste posteriormente se amplió hasta el 10 de octubre, a solicitud de las partes.
Durante ese período la Comisión Bipartita sobre Anualidades integrada por el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración; la Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU); el Dr. Luis Baudrit Carrillo, jefe de la Oficina Jurídica; y el Dr. Adolfo Rodríguez Herrera, director de la Escuela de Economía, por la administración; y el Dr. Mario Villalobos Arias, el Lic. Alfredo Mesén Quirós, el M.Sc. Armando Navarro Martínez, el Bach. Rodrigo Aymerich Blen y la M.Sc. Rosemary Gómez Ulate, Secretaria General del SINDEU, por parte del sindicato, sesionó en cuatro oportunidades.
Según lo explicó el Dr. Carlos Araya, en la primera sesión la administración presentó la propuesta original planteada en el Consejo Universitario para llevar el porcentaje de anualidad de un 5,5% a un 3% para todo el personal de la Universidad.
En la segunda sesión, el SINDEU solicitó una gran cantidad de información con miras a plantear una propuesta y se acordó que la administración solicitaría al CU 10 días más de tiempo para el análisis.
En la tercera sesión, cuando se esperaba que el SINDEU presentara alguna propuesta, sus representantes alegaron que les faltaba más información para presentarla y solicitaron más datos con miras a que financistas y actuarios que les asesoran realizaran un estudio actuarial. Entre otros, pidieron las cargas académicas de los últimos 10 años y las planillas de los últimos 15 años, lo que no se les pudo dar de inmediato ya que requiere la introducción de información en los sistemas de cómputo y mucho tiempo para elaborarla.
En la cuarta sesión, efectuada el jueves 8 de octubre, la administración presentó formalmente una segunda propuesta que dejó sin vigencia la primera, para establecer un porcentaje de anualidad escalonado: 5.5% desde el momento de la contratación hasta el quinto año de trabajo, y un 3% a partir del sexto año de labor, sin tope de años de servicio.
Al respecto Araya comentó que, dado que una negociación implica reflexionar para llegar a un punto de encuentro entre las posiciones, en ese proceso la administración hizo un análisis sobre el impacto financiero que podría tener para la Institución establecer una anualidad escalonada y a la vez cómo podría favorecer a un grupo muy importante de trabajadores que tienen menos de cinco años de laborar.
La administración dio por finalizada la negociación sobre anualidades en el momento en que los representantes del SINDEU informaron, como parte de su propuesta, que se retiraban de la comisión, explicó el Dr. Carlos Araya. (Foto archivo ODI).
Para ello se tomó como base un estudio realizado por la investigadora Violeta Palavicini Campos, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), en el que compara los salarios de contratación de 14 entidades públicas y se llegó a la conclusión de que para mejorar el salario de contratación y hacerlo más competitivo con respecto al de otras instituciones, lo más oportuno sería un porcentaje de anualidad escalonado.
En esa misma sesión, el SINDEU presentó un documento denominado Propuesta sobre Anualidad, en el que básicamente indican que luego de analizar los diversos componentes actuariales, económicos y legales sobre el tema, solicita mantener el 5,5% de anualidad, rechaza tanto la primera como la segunda propuesta de la administración y se retira de la mesa de negociación.
Para el sindicato, dijo Araya, el análisis que realizó en conjunto con sus asesores financiero-contables no evidencia crisis financiera alguna. “Lo que pasa, y lo he dicho en innumerables ocasiones, es que si se busca crisis del 2015 para atrás no se va a encontrar, porque efectivamente en este momento las finanzas de la Universidad están equilibradas. El problema se experimentará en el momento en que se llegue al 1,5% del PIB para el FEES, que de acuerdo con los datos de crecimiento económico y la nueva inflación que tenemos este 2015, probablemente será hacia enero del 2016”, explicó Araya.
Lo que la administración está previendo con base en diversos análisis, entre ellos un estudio actuarial realizado por el IICE y el Observatorio del Desarrollo (OdD) de la UCR, es que a partir de ese momento los ingresos van a crecer al ritmo del PIB nominal, cuyo promedio en los últimos años ha sido de alrededor del 9%, en tanto que el costo de la masa salarial va a crecer a un ritmo cercano al 11%, lo que podría impactar negativamente las finanzas institucionales.
El Dr. Carlos Araya lamentó que no se haya podido dar una verdadera negociación entre las partes y reiteró que a diferencia de lo que apunta el SINDEU, desde hace tres años y medio esta administración ha mantenido negociaciones respetuosas, responsables y transparentes con el sindicato. “La administración y el SINDEU siempre vamos a diferir. Yo nunca aspiraría a tener un sindicato plegado a la administración. Pero esa relación ha sido de sumo respeto, en la cual cada quien plantea sus posiciones en la mesa de negociación”.
Consultado al respecto, el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la UCR, manifestó que el CU llamó a un diálogo entre el sindicato y la Rectoría dentro de un clima de respeto mutuo, como es propio de una institución académica, que debe aprovechar su alta capacidad analítica para anticipar situaciones problemáticas futuras, y proponer soluciones.
“Lamentablemente, el SINDEU, en otras épocas una organización muy propositiva, no ha actuado de esa manera. Debemos avanzar hacia argumentos razonados que dignifiquen a la academia y realizar análisis sobrios de la situación institucional, con propuestas a favor de la estabilidad y la sostenibilidad de la UCR, una de las más preciadas instituciones de nuestro país”, concluyó.
Dado que las partes no llegaron a un acuerdo satisfactorio, le corresponderá al CU poner este tema en la agenda del plenario, reanudar su discusión y decidir sobre el fondo del asunto. En los próximos días la Comisión Bipartita de Anualidades enviará su informe a este órgano, el cual incluye las actas de cada una de las reuniones, que están en proceso de revisión y firma, y las propuestas de las partes.
