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Etiqueta: paraísos fiscales

Paraísos fiscales, evasión, “democracias y mundo libre”. Factores en contra del desarrollo, la inversión pública, y el bienestar general en los países

Edgar Chacón Morales

Edgar Chacón Morales

En la actualidad, muchos gobiernos en el mundo, a la vez que gestionan en beneficio de sectores privados minoritarios, recortan fondos para la inversión en el desarrollo de sus países y el bienestar de sus poblaciones.

Para estos gobiernos y estos sectores privados: cámaras, gremios y sus voceros, lo que no va a dar a sus riquezas, representa un “gasto”, que debe evadirse y justificar la evasión, para lo que recurren a muchos argumentos que resultan ofensivos para la inteligencia.

Existe información sobre manejo de capitales en el mundo, como la que presenta “Moconomy – Economía y finanzas”, que permite hacer algunas conclusiones.

Momentos históricos.

En el relevo de potencias al frente del control de escenarios mundiales, cuando el imperio británico dejó, forcivoluntariamente, ese lugar como primera potencia en el orden mundial a Estados Unidos (EU), banqueros, abogados y asesores de la institución financiera City de Londres, crearon toda una red de paraísos fiscales, para canalizar la riqueza de todo el mundo hacia el Reino Unido (RU).

Durante más de 300 años el RU impuso su dominio en bastos territorios y países, y sus banqueros a la vez, proclamaron el poder de la libra esterlina.

En los días del franco dominio mundial del RU, la City de Londres era el centro financiero global más grande del mundo, el corazón financiero del dominio británico, su motor imperial.

Esto, empezó a verse afectado en un momento histórico, cuando varios países fueron declarando su independencia del RU. Al ver desintegrarse este imperio, las élites británicas encontraron un nuevo papel en un mundo cambiante, en las finanzas.

¿Cómo el RU se transformó de un poder colonial presencial, en un poder financiero y cómo esta transformación ha contribuido a dar forma a manejos financieros en el mundo actual?

Con la caída del imperio, los intereses comerciales británicos en todo el mundo se vieron amenazados. El dominio del mundo ya no será colonial presencial, sino por medio de las finanzas.

En 1956, Gamal Abdel Nasser, al frente del gobierno de Egipto, nacionalizó el Canal de Suez, hasta ese momento, propiedad de los imperios europeos. Esto dio lugar a determinados sucesos políticos y militares en “medio oriente” (se entrecomilla, por implicar una visión euro centrista). RU. Francia e Israel, atacaron Egipto entonces.

EU, asumiendo el relevo en el orden mundial, se opuso y en el marco de esa consolidación de relevo de imperios, en una demostración de fuerza y como acción afirmativa, llevó el caso a la ONU, una de sus herramientas recién creadas y esa presión llevó a que estos países retiraran sus tropas.

Por su parte, la Unión Soviética, también ejerció una fuerte presión, lo que obligó a esas fuerzas invasoras a retirarse.

Estos acontecimientos, se inscriben en los momentos finales del RU como primera cabeza del orden mundial.

La Libra sufrió muchos altibajos. Se dijo que EU estaba provocando su caída. El valor de la Libra cayó.

En el Banco de Inglaterra se llegó a un acuerdo, según el cual, si los bancos intermedian entre dos actores “no residentes” comerciando en moneda extranjera (en este caso el dólar), esta intermediación no será considerada por el banco de Inglaterra bajo su jurisdicción.

Estados Unidos maniobró para que el dólar fuera moneda mundial y se estableció el mercado de euro dólares. En Londres, para diferenciar estas actividades de sus actividades domésticas, los bancos tenían dos conjuntos de cuentas separadas.

El Banco de Inglaterra, declaró que las cuentas no estaban en Londres, sino en otro lugar y por tanto no era su responsabilidad regularlas.

Se trata de proporcionar un espacio legal en el que se finge que una actividad no sucede, donde sí está sucediendo. Se pretende que una actividad no sucede en el lugar donde está regulada y sujeta a impuestos, sino que está ocurriendo en otra parte. ¿Dónde? no importa: siempre que no sea en Londres.

Cuando los bancos estadounidenses cayeron en cuenta que en Londres estaba la posibilidad de dictar las regulaciones de Washington, trasladaron sus operaciones a la City.

Al mismo tiempo que los bancos de EU, se estaban mudando a Londres, surgía un nuevo espacio financiero lejos del RU, en las jurisdicciones británicas de ultramar. Los últimos vestigios del antiguo imperio. Pequeñas islas que son territorios británicos de ultramar.

De los 14 territorios, 7 son paraísos fiscales, entre ellos las islas caimán, las bermudas, las Islas Vírgenes. Algunos de estos, son paraísos fiscales de los más grandes del mundo, son dependencias británicas, con el acceso a grandes cantidades de dinero offshore (lejos del territorio, lejos de aquí, extraterritorial, ultramar), el euro mercado vivió un boom sin precedentes.

En el decenio de los sesenta, Islas Caimán, era un apartado lugar. Llegaron abogados y asesores de Londres y comenzaron a redactar leyes y reglamentos sobre el secreto financiero. Debido a ese secretismo, varios lugares se convirtieron en paraísos fiscales.

Todo muy ilegal, con el dinero del negocio de la droga presente en grandes cantidades, la evasión de impuestos. El Banco de Inglaterra seguía los acontecimientos desde Londres y señaló en un informe “secreto”, del 11 de abril de 1969: “es necesario que cuestiones como estas, que en la mayoría de los casos serían entes ficticios moviendo bienes fuera de las islas, no se vayan de nuestras manos”.

No se puso objeción para que se proporcione refugio para los no residentes, pero hay que asegurarse que no se fugue capital del RU a la zona no esterlina, fuera de jurisdicción británica.

 En 1980, alcanzó un total de 500 mil millones de dólares y en 1988, 4.8 billones. En 1997 casi 90% de todos los préstamos internacionales se realizaron por medio de este mercado.

En RU, la “City of London Corporation”, es prácticamente un Estado dentro de otro Estado, una empresa privada que realiza todas las funciones de un consejo local, con fuerza política y tribunales privados.

Es una entidad separada de Londres político/administrativamente. Tiene su propio alcalde que es llamado el “lord alcalde”, distinto del alcalde de Londres y tiene sus propias reglas. Estas reglas vienen desde el año 1067, con Guillermo El Conquistador.

Actividades de la CIA

Richard Kerr, subdirector de la CIA dijo que ésta utilizó al BCCI (Banco Internacional de Crédito y Comercio) para apoyar las actividades de inteligencia estadounidense en el extranjero. Este banco también estuvo involucrado en fraudes financieros, lavado de dinero, y financiamiento del terrorismo.

En 1972 el BCCI estableció su sede en Londres, en 10 años, se convirtió en el sétimo banco más grande del mundo. 10 años después quebró.

El BCCI constituyó un crimen global internacional, de una escala difícil de imaginar, con conocimiento del Banco de Inglaterra, el cual, en vez de supervisarlo como se debía, aunque recibió denuncias al respecto, trató de evitar el colapso.

Londres era un lugar para que los bancos hicieran negocios que no estaban permitidos en otros lugares, donde los banqueros jefes no tenían que preocuparse por las consecuencias de sus acciones.

Esta es una de las razones del porqué en Londres hay más bancos que en cualquier otro centro financiero. Aquí, por lo general ningún banquero va a la cárcel, son considerados una especie protegida y eso también es parte del modelo de negocios offshore: se lleva el dinero allá, se lo cuidan y no hay riesgo de ir a la cárcel. Hay “carta blanca”.

En ese sentido, la regulación laxa era una forma de atraer negocios a Londres, el secretismo era la otra.

El secreto bancario británico, se maneja por medio del “trustee” (fideicomisario). Consiste en jugar con el concepto de propiedad. En lo legal, un abogado separa de sus bienes al propietario y éste no paga impuestos y nadie se entera.

En las jurisdicciones británicas de ultramar, no se necesitan calificaciones para ser fidecomisario, cualquiera puede establecer un trustee y ofrecer este tipo de servicios, no existen registros ni organismos certificadores. No están obligados a declarar cuentas anuales en ninguna parte, a todos los efectos son arreglos invisibles, por medio de instrumentos legales.

Son paraísos fiscales de billones de dólares, que aparentemente no pertenecen a nadie, al menos para efectos fiscales y están allí, detrás de estos instrumentos legales y representan una gran evasión fiscal.

Los trustee son el componente básico del secreto anglosajón, a partir del cual se diseñan estructuras offshore muy complejas. Cada paraíso fiscal ofrece un conjunto de servicios, desde trustee hasta empresas ficticias, cuentas bancarias secretas y directores nominales.

La combinación de estos servicios repartidos en estructuras complejas que abarcan múltiples jurisdicciones permite la creación de entes secretos, casi imposibles de penetrar.

Hay abogados, cuyo trabajo es crear estructuras cada vez más complejas y obscuras. El propósito es ocultar la identidad de los propietarios de los activos y que la riqueza se recicle en los mercados globales.

Cuando los países se quejan ante el reino unido, sobre las actividades que se realizan en sus paraísos fiscales, Londres afirma que esos lugares son independientes y que no hay nada que pueda hacer.

La fuga de capitales: Trampa para los países “en vías de desarrollo”

En los años ´60, Estados Unidos planificó convertirse en una nueva Suiza del mundo, es decir en un nuevo centro receptor de la fuga de capitales. Con este propósito, el Departamento de Estado, le pidió al Chase Manhattan Bank, que estimara cuánto dinero hay disponible y cómo se haría.

El plan era reorganizar centros bancarios en alta mar, en el caribe y otros lugares y que el dinero especulativo no llegara directamente al Chase, porque eso no sería ni muy deseado ni muy legal.

Lo que sucedió fue que los delincuentes latinoamericanos, otros delincuentes, traficantes de drogas, todo tipo de crimen organizado, ponían su dinero en los bancos offshore del Caribe y estos bancos luego depositaban el ingreso en la oficina central estadounidense. Esto, además, contribuyó a respaldar el valor del dólar.

En las estadísticas mensuales del FMI, hay una balanza comercial, y lo que sube y baja se llama errores y omisiones, lo que la ONU y el FMI llama errores y omisiones, son fugas de capitales y los omiten, porque no les gusta mirar esto.

Cuando se quiso incluir movimientos delictivos en la balanza de pagos, el Congreso no lo permitió y dijeron que, en un país cristiano, no se quiere denunciar delitos y no se permitió incluir dinero sucio en la balanza de pagos. Es el funcionamiento del dinero “sucio”, del capital especulativo.

En 1986, se hizo una investigación sobre el funcionamiento del capital especulativo. Se investigo en las oficinas de Deloitte Touche, en Jersey, Inglaterra, una de las auditoras más importantes del mundo, ahí están compañías offshore, empresas ficticias y trustees.

Sus clientes se dedican a comercio de información privilegiada, manipulación del mercado, comercio ilícito, comercio de armas, donaciones ilícitas de campañas políticas, sobornos de contratos, facturación fraudulenta, alteración de precios y evasión fiscal, ni uno sólo estaba en una actividad legítima.

En cuanto a los banqueros privados estadounidenses, estos admiten lo que hacen: el 99.9% de sus clientes están en actividades con fines ilícitos. Lo mismo se puede decir de los banqueros británicos.

En estas actividades, el “secretismo”, no sólo es deseable sino necesario.

Los políticos forman parte de los directorios de las empresas que se supone, deben regular. En público, dicen que están tomando medidas contra las jurisdicciones secretas y la corrupción, pero hacen lo contrario.

Muchos políticos tienen vínculos personales y comerciales con los paraísos fiscales, incluyendo a los que financian partidos políticos, así que no tienen interés en cerrarlos.

Es una antigua red de élites, un “establishment”, son manejadores financieros para la élite mundial y las corporaciones multinacionales.

Hay una lista larga de países en todo el mundo en los que no hay transparencia financiera sobre los impuestos, la propiedad y la corrupción y así, los gobiernos elaboran políticas para sus ciudadanos.

En muchos países en el mundo, los ciudadanos debieran entender lo que está pasando: mientras la mayoría de los ciudadanos llevan la carga impositiva, hay unos grupos que se están exonerando. La mayoría paga impuestos, pero los ricos no. Producto de esto, en el mundo hay gobiernos populistas, que no son capaces de velar por los intereses de sus ciudadanos.

En todo el mundo, los países “en vías de desarrollo” pierden más de un billón de dólares cada año, en fuga de capitales y evasión de impuestos, la mayor parte de esa riqueza fluye a países como Estados Unidos y Gran Bretaña y permite que sus monedas se mantengan fuertes mientras que las monedas de esos países se mantienen débiles.

Es el “juego”: los países que manejan el mundo financiero para sus intereses le prestan dinero a países que han empobrecido y que están gobernados por camarillas corruptas que ellos imponen y mantienen y esas camarillas depositan en su beneficio, parte de los capitales recibidos, en las instituciones financieras de los países que dan prestados los fondos.

De esta manera, países ricos y camarillas corruptas de países empobrecidos, hacen sus “negocios” y obtienen riquezas fraudulentas y los países prestatarios siempre estarán con deudas crecientes y siempre estarán “en vías de desarrollo”, sin alcanzarlo. Es un círculo vicioso, como ir montado sobre el caballo y ponerle la penca de bananos al frente, amarrada de un palo que el jinete sostiene.

Cuando en estos países, un actor político accede a cargos de gobierno y gestiona en favor de los intereses de su país, es derrocado, o se intenta hacerlo, por confabulaciones en las que se ven involucrados intereses foráneos, por la vía de un golpe de Estado, por recursos como el “lawfare”, u otros.

En el año 2008, se intentó hacer una investigación sobre lo que pasa en las Islas Caimán, pero bajo pretextos como: “llegó una orden desde arriba”, no se permitió.

 En 2011, se publicó el libro “Las Islas del Tesoro”. El presidente de finanzas de Las Islas Caimán se refirió al autor como un imbécil.

Estas islas, son el 5to. centro financiero más grande del mundo, albergan unas 80 mil empresas. La mayoría trabajan con fondos de cobertura mundiales, con cientos de miles de millones de dólares en depósitos.

El sistema offshore, hoy es el establishment, el fidecomiso es la manera en que las élites y las multinacionales manejan sus asuntos. La evasión fiscal es la forma de hacer negocios, es una mafia en favor de unos pocos.

Hay individuos, de traje y corbata, de renombre a los que se les paga para idear esquemas de evasión de impuestos para individuos y corporaciones. Empresas como Amazon, Google, Microsoft, no pagan impuestos.

En este tipo de fenómenos, se inscribe lo que quedó a la vista, conocido como “Los papeles de Panamá”.

Por otro lado, empresas que asesoran a los gobiernos, han penetrado en el Estado; impulsan leyes para su propio beneficio, los políticos se han convertido en sus portavoces. Empresas como Golman Sachs, participan de esto. Se trata de una especie de conspiración contra el interés público. El secretismo ayuda a proteger la corrupción.

Aquí se encuentra parte del origen de formas de hacer negocios, en los que se involucra al Estado de un país, como las concesiones, concursos de licitación y otros.

En prácticas como estas, tiene su origen los movimientos financieros que son parte de lo que se conoce como “la financiarización”, que a grandes rasgos consiste en que las ganancias producidas por capitales productivos, como el industrial, no vuelven a invertirse en éste, sino en el capital financiero especulativo, por lo que este crece y los capitales productivos decrecen y se quedan sin capacidad de fortalecer a las industrias, y éstas quiebran, luego de “crisis”, que más bien son movimientos y fenómenos provocados.

Estas “crisis”, generan inflación, recesión, y otros fenómenos, que afectan los erarios nacionales y enriquecen los bolsillos de unos pocos sectores privados en el mundo, provocando medidas contra los sectores mayoritarios y el aparato público.

Los sectores que lucran con los movimientos del capital especulativo se encargarán de que los costos de sus movimientos, siempre los paguen otros.

En los países “en vías de desarrollo”, la evasión fiscal es un problema muy grave, pues mientras los ricos se enriquecen cada día y no contribuyen al país, los asuntos públicos como la salud, la educación la infraestructura, se ven seriamente dañados y la pobreza aumenta, agudizando problemas también como alimentación, vivienda y otros problemas sociales.

Según Angela Merkel, “Uno de los problemas de América latina es que los ricos no quieren pagar nada”. (IP).

Junio, 2023.

Lasso en Ecuador, una gestion y actuar anunciada/o

Mg. José A. Amesty Rivera

El tétrico millonario banquero, exitoso evasor de impuestos, Guillermo Lasso, quien había intentado por tres veces, en 2013 y 2017, llegar al poder absoluto en Ecuador, finalmente inicia la presidencia de Ecuador desde el 24 de mayo del 2021.

Primero, Lasso, como banquero y candidato a la presidencia de Ecuador, violó e incumplió con la Ley de Pacto Ético ecuatoriana, que prohíbe a los aspirantes a un cargo público tener vínculos con paraísos fiscales.

Segundo, en una de las empresas fuera de Ecuador, del multimillonario financiero, una de sus empresas históricas es Banisi Holding S.A., con sede en Panamá. El Banisi Holding es propiedad del Banco de Guayaquil, matriz de la fortuna de Lasso desde los años 1990. En el directorio del Holding, se encuentran sus hijos, Juan Emilio Lasso Alcívar, que figura como director y presidente ejecutivo, y Santiago Lasso Alcívar con los cargos de Director y Presidente de la Junta Directiva. Este lazo familiar es una expresa violación de la Ley del Pacto Ético, promulgada luego del referendo de 2017 en Ecuador.

Tercero, como descubrió la periodista argentina Cynthia García, los negocios en el exterior de Lasso comienzan a inflarse, desde 1970, y luego en 1999-2002, a raíz del feriado bancario del año 2000 en Ecuador. La fortuna de Lasso pasó de 1 millón, a 31 millones de dólares, a través de la especulación con los bonos emitidos tras el feriado bancario.

Cuarto, el Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, fue uno de los bancos que mayor cantidad de (bonos) Certificados de Depósito Reprogramados (CDRs) canjeó, esto quiere decir que se aprovechó de las necesidades de la gente para incrementar su fortuna. Esto convierte a Lasso en cómplice de la peor crisis económica del país, pues se benefició del salvataje bancario.

Quinto, en la cartera central, fuera de Ecuador de Lasso, el Banisi Holding constituido por 49 firmas en el extranjero, le permitieron ganancias a Lasso de hasta el 3000 por ciento, desde 2015.

Sexto, su banco de Guayaquil, ha sido uno de los principales beneficiarios de un sistema que ahoga el crecimiento económico nacional de Ecuador, en 2019, uno de los peores años de la historia reciente del país, aumentó sus ganancias en un 17 por ciento. Ni la pandemia contuvo la fiebre ganadora del banco. En los primeros ocho meses del 2020, sus ingresos por intereses aumentaron en un 26 por ciento respecto al récord que había registrado el año previo.

Séptimo, Guillermo Lasso fue el único candidato que representa a los banqueros y empresarios de las cámaras de la producción. Estos sectores, de los más atrasados en América Latina en cuanto a responsabilidades estatales y sociales, no comprenden el sentido del progreso económico con bienestar humano, lo confunden como simple éxito en los negocios privados, el mismo que suponen irradiará los beneficios colectivos, algo que históricamente nunca ha ocurrido en Ecuador, pues tal “modelo” solo ha ahondado las diferencias sociales, el dominio político de las élites y el abismo en el reparto de la riqueza.

Octavo, ya desde 2017 y mucho antes, el mañoso banquero se ha negado a dar explicaciones sobre sus negocios financieros. Guillermo Lasso, sus hijos y allegados tendrían empresas en los paraísos fiscales de las Islas Caimán, Panamá, Delaware y en Florida.

Noveno, el colmo del cinismo, es que, en uno de sus discursos, dijo: “vivimos la dictadura de un partido político, integrado mayormente por aquellos corruptos que se llevan dinero del Ecuador a depositarlo en paraísos fiscales, porque tienen que esconder el dinero mal habido, y que le pertenece a todo el pueblo ecuatoriano”, en referencia al proyecto que lideró Rafael Correa, pero es como si hablara de sí mismo.

Como dice un dicho popular, todo tramposo y ladrón, es mentiroso; este alude a una de las tantas promesas de campaña de Lasso, cuando alguna vez ofreció “crear un millón de empleos” en cuatro años, cuando otros ofrecieron, 800.000, 470.000 y 250.000.

Por otro lado, su gestion en Ecuador, podemos resumirla así:

  • Las autoridades ecuatorianas (policía, fuerzas armadas y gobierno) están en una violación flagrante de los Derechos Humanos, reprimiendo, a los indígenas del Ecuador, aglutinados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y a las que se han ido sumando otros sectores como estudiantes, maestros, transportistas, sindicatos, entre otros.
  • La CONAIE, La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos FEINE, entre otras, han solicitado las siguientes reivindicaciones:
  1. Congelación de los precios de los combustibles y dirigir subsidios para los sectores más vulnerables.
  2. La prórroga de deudas de la banca pública, privada y cooperativa y el perdón para pequeños y medianos productores, los precios justos en los productos del campo, el impuesto agrícola y el rechazo a la firma de Tratados de Libre Comercio.
  3. Generación de empleo, regulación de derechos laborales y el respeto a la libertad de sindicatos y organización de la clase trabajadora.
  4. La espera a la expansión de la frontera extractiva, petrolera y minera, y la auditoría y reparación integral por los impactos socio-ambientales.
  5. El respeto a los derechos colectivos logrados, la prohibición de la privatización de sectores estratégicos.
  6. Las políticas de control de precios y de especulación en el mercado de productos de primera necesidad.
  7. La garantía del acceso a la educación superior, y el refuerzo de las políticas públicas de educación y salud.
  8. Afrontar la inseguridad, expresada en el aumento de la violencia, con altos índices de criminalidad, expresada en las ciudades y cárceles del país, especialmente a sectores indígenas.

Todas estas políticas erradas son impulsadas por el presidente Guillermo Lasso, quien gobierna a Ecuador acompañado de un cártel bancario. Según la profesora Adoración Guamán, «El gobierno de Lasso, el principal banquero del país que ganó las elecciones en abril del 2021, ha agudizado la crisis estructural ya iniciada por el ajuste neoliberal implementado por el gobierno anterior y profundizado durante la pandemia. El banquero presidente ha dado continuismo a las políticas fondo monetaristas, algo esperable, pero también ha ido mucho más allá, agravando los problemas de precarización, pobreza, inseguridad, desinstitucionalización y primacía del lucro personal, con un traspaso sin precedentes de los bienes públicos a manos privadas (evidenciada entre otras actuaciones en los reiterados intentos de vender el Banco del Pacífico). De hecho, el Presidente se jacta de haber ampliado las reservas internacionales, garantizar el pago de la deuda, mejorar el movimiento de capitales y asegurar derechos a los inversores extranjeros. Mientras arruina los servicios públicos del país, en particular la sanidad y la educación, al tiempo que instaura una lógica oligárquica-autoritaria-racista, completamente desapegada de la realidad social del Ecuador que él y su entorno parecen desconocer«.

No es nada extraño entonces que, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolviera el Parlamento para evitar su posible destitución. La decisión implica la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales. El mandatario elude así el juicio político en su contra, por supuestamente haber tolerado un presunto desfalco en una empresa estatal.

La acusación en sí es por un presunto delito de malversación, al no haber tomado acciones ante un contrato entre la empresa pública de transporte de petróleo, Flopec, y Amazonas Tanker, que representó un perjuicio al Estado de al menos, seis millones de dólares.

Por primera vez en la historia de Ecuador, Lasso decretó la disolución del Parlamento alegando que el juicio, que podría provocar su destitución por haber tolerado un supuesto caso de corrupción, había provocado una “grave crisis política”. Mientras tanto, Lasso gobernará por decreto durante seis meses. En ese tiempo se espera que anuncie si aspira a la reelección.

El mandatario tomó esta decisión drástica para frenar el proceso en su contra. Acaban así dos años de mandato del político conservador que ha acabado acorralado. En los últimos días había estado negociando votos entre la oposición para que el juicio político no saliera adelante, pero temía que a última hora la presión para su destitución fuera mayor. Lasso no quería que la que considera una Asamblea de poca talla política acabara con su mandato, por eso ha preferido invocar la figura constitucional de muerte cruzada, que cierra su periodo, pero también el de los parlamentarios. Además, le deja una puerta abierta a presentarse en las próximas elecciones.

La figura de «Muerte cruzada«, implica la finalización de mandato tanto de los miembros del Poder Legislativo (cierre de la Asamblea) como del Ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral deberá llamar dentro de los próximos siete días para realizar una nueva elección en 90 días; pero mientras tanto, durante seis meses, Lasso gobernará por decreto. Para justificar la medida la encuadró en situación de «conmoción social interna», lo cual fue rechazado por una parte de la oposición.

Y es que, la Constitución de Ecuador, establece tres causales para que el Poder Ejecutivo pueda activar el mecanismo de muerte cruzada: a) Si la Asamblea se atribuye funciones que no le competen legalmente. B) Si de forma reiterada e injustificada el poder legislativo obstruye la ejecución de un Plan Nacional de Desarrollo que establece políticas públicas. C) Por una grave crisis política y conmoción interna. Esta última fue la causal invocada por Lasso este 17 de mayo 2023.

La premura de Lasso al disolver el parlamento ecuatoriano, por un lado, podría permitir la aprobación de varios decretos de Ley que no fueron aprobados por la asamblea legislativa y que ahora, por medio de su gobierno interino lo podría hacer, los decretos leyes son:

  • La reforma legal enfocada en el sector petrolero. Uno de los cambios apuntaba a que Petroecuador pueda delegar a la inversión privada sus campos en producción. Estos decretos fueron declaradas inconstitucionales en octubre de 2022.
  • La creación de zonas francas que benefician al sector privado.
  • La reforma (privatización) al sistema de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
  • Lasso también intentó hacer cambios laborales y en septiembre de 2021 cuando presentó a la Asamblea Nacional la Ley de Creación de Oportunidades y Sostenibilidad Fiscal. En su capítulo laboral, proponía crear un sistema paralelo de contratación de trabajadores bajo normas más flexibles que las que tiene el Código de Trabajo. El Legislativo devolvió el proyecto al Ejecutivo sin aprobarlo. Sin embargo, el Ministro de Trabajo se refirió a la necesidad de desburocratizar y avanzar ahora con esas reformas.
  • La ley de incentivos a la inversión privada, que promociona la asociación pública privada y avanzar con privatizaciones en telecomunicaciones.

En síntesis, el presidente Guillermo Lasso da un cobarde autogolpe de Estado, con ayuda de la policía y las fuerzas armadas, sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura. Además, es un auto golpe para avanzar con el neoliberalismo salvaje, reflejado en el fracaso del modelo de la derecha ecuatoriana, que ha llevado al Ecuador a la peor crisis de la historia de este país, a todo nivel, el 70% de la población no tiene un empleo adecuado; más de 6 millones de familias ecuatorianas viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza; más de 70.000 jóvenes sin poder acceder a la Universidad; más de 25 muertes violentas por día; la falta de acceso a todos los derechos básicos, entre otras arriba descritas.

Lo que le queda a Lasso es la dictadura, apoyada por el imperialismo para seguir en el gobierno.

Imagen: https://www.celag.org/

El Poder Ejecutivo y el Legislativo deben asumir la responsabilidad en materia fiscal

José Luis Pacheco Murillo

Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) incluyeron el martes pasado a Costa Rica en la lista de países no cooperantes en materia fiscal. La decisión fue tomada en Bruselas, Bélgica, sede de la UE. Una decisión que tomaron en virtud de que Costa Rica no cumplió con compromisos adquiridos ante la Unión Europea. Una situación vergonzosa y preocupante, máxime que desde hace años ya se había advertido sobre esa posibilidad. Incluso, el actual presidente fue informado cuando fue ministro de Hacienda.

Hoy, las autoridades pasadas y las actuales se culpan unos a otros, pero lo cierto es que pese a esas advertencias no se hizo nada. Esto nos refleja de cuerpo entero como país que no se ocupa de lo importante.

La principal observación que se nos hace es que la legislación costarricense exonera a las personas físicas y jurídicas por las ganancias que obtengan en el exterior, cuando hacen inversiones pasivas que son aquellas en las que la persona no participa activamente en la actividad, por ejemplo, una compra de un título valor, o la  compra de acciones empresariales que produzcan dividendos.

La UE considera que Costa Rica tiene un sistema tributario carente de transparencia, en el que facilita la doble no imposición a rentas pasivas. Es decir, permite que personas no paguen impuestos por ganancias ni en un país ni en otro.

Esta situación nos perjudica como país en cuanto a la reputación en materia fiscal y nos acerca mucho a ese concepto internacional de ser un “paraíso fiscal”. También nos afecta en cuanto a inversiones extranjeras y a la credibilidad internacional.

Contrario a lo que sucedió con Costa Rica, esa misma comisión reconoció que Uruguay logró cumplir con el compromiso adquirido y por ello salió de esa lista.

Esa lista se revisa cada seis meses, así que tenemos ese tiempo para corregir esa legislación y hacer lo propio para que demos un paso adelante y salgamos de esa vergonzosa lista. Eso implicará actuar con patriotismo y no pensando en intereses particulares. Si no lo hacemos en estos seis meses nos deterioremos en nuestra imagen y seguiremos en ese “nadadito de perro”, sin tomar las decisiones que son urgentes y necesarias.

Dios quiera que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo dejen de “jugar chapitas” y asuman con responsabilidad las obligaciones que les corresponden.

La Unión Europea agrega a Costa Rica a su lista de paraísos fiscales

Martín Rodríguez Espinoza

La Unión Europea incluyó este martes a Costa Rica, entre otras naciones, a su lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal con el bloque comunitario, según informó el Consejo de la UE en un comunicado.

Tras la decisión, aprobada por los ministros de Economía y Finanzas, en la lista figuran 16 territorios además de nuestro país, a añadidos a: Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Samoa, las Islas Vírgenes americanas, Vanuatu, Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos, que ya estaban.

La lista, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.

Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.

Costa Rica entra en este repertorio desde que se creó en 2017, puesto que no ha cumplido sus compromisos para abolir o modificar ciertos aspectos de su régimen de excepción de las fuentes de ingresos extranjeros considerados perjudiciales, según explicó el Consejo de la UE.

Los niveles de corrupción en Costa Rica, que además ubican al país entre las 10 naciones con mayor aumento de la desigualdad social DEL MUNDO, producto no solo del favorecimiento fiscal a unas cuantas familias que son exoneradas (como por ejemplo los importadores de arroz), sino también por la multimillonaria evasión y elusión que ese mismo sector empresarial realiza contra las arcas del Estado, provocando el Déficit Fiscal que tiene en crisis económica al país.

EL ROBO de impuestos del gran sector empresarial es impresionante, se estima que solo en 2018 cerró con una evasión de 650.264 millones de colones.

El informe de la Contraloría General de la República de ese año, y de gran transcendencia, indicó que uno de cada tres contribuyentes (grandes empresarios) inscritos declaró impuesto neto menor o igual a cero. Entre estos están los más grandes millonarios del país como la Cervecería Costa Rica (FIFCO) y transnacionales ubicadas en el país como Telefónica (que pasó a ser Liberty) y Claro, entre muchas otras.

La deuda en mora por el impuesto de ventas en 2017 alcanzó 71.220 millones y creció en más del 150% de 2010 a 2017, ahora imagínense como estará en 2023.

Al inicio de su mandato, Rodrigo Chaves indicó a un medio de comunicación nacional que «hay que acabar con los monopolios y las políticas públicas para grupos empresariales privilegiados, a la vez que se debe impulsar la reactivación económica, la industria y la conectividad de Costa Rica con el mundo.», pero el monopolio de Riteve pasó a ser el monopolio de Dekra y los importadores de arroz se «pegaron la lotería» cuando Chaves les exoneró de pagar impuestos con el timo de bajara el precio para los consumidores, pero fueron los empresarios los que se llevaron el privilegiado monto de más de 7.000 millones de colones a sus bolsillos, impuestos que deberían estar en la Hacienda pública para invertir en el país.

La falsa promesa de Rodrigo Chaves de «acabar» con la evasión y el contrabando (con la instalación de escáneres), quedó en eso, falsas promesas. Mientras tanto los LADRONES de impuestos se hacen más y más ricos, mientras los pobres, más pobres.

Por eso digo, el PLN, el PUSC, el PAC (con todos sus aliados legislativos Nueva República, Liberales, etc.) y ahora el PPSD de Rodrigo Chaves, son exactamente lo mismo, parásitos y depredadores.

 

Imagen ilustrativa.

Urrú

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el diccionario de costarriqueñismos de Carlos Gagini aparece el vocablo «urrú» con las acepciones de podrido, carcomido y apolillado. Se utiliza este calificativo para definir la condición de un árbol, que ya sea por la edad o por que le atacó una plaga, está podrido. Así aunque en muchas ocasiones el tronco todavía luce bien y conserva su corteza, su parte interna está descompuesta mientras bacterias, hongos e insectos hacen de las suyas.

Valga este símil para caracterizar al Estado y algunos estamentos de la sociedad costarricense, en este lóbrego bicentenario, por su profundo deterioro ético y moral, que se manifiesta en los múltiples actos de corrupción que involucran tanto a actores públicos como privados.

Lo que se ha estado dando a conocer a través de las declaraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), forma parte de un cadena de actos y procesos, que con certeza no muestra toda la dimensión de la corrupción en el país. Cochinilla, Azteca y Diamante son manifestaciones de una grave enfermedad –económica, política y social– que expresan el alcance de un fenómeno estructural.

Es seguro que emergerán más escándalos de corrupción ya sea en las municipalidades como otras entidades públicas, donde funcionarios corruptos se ponen de acuerdo con agentes privados, para obtener pingües ganancias. Se trata de perniciosas sociedades donde el corrupto y el corruptor le roban al erario público, de manera inescrupulosa.

El daño que ocasionan las acciones de corrupción son enormes tanto en el campo económico como en la lógica desconfianza que generan en el pueblo y que lo hacen concluir que no existe honradez ni probidad en las acciones y responsabilidades de los funcionarios públicos.

La podredumbre del Estado en materia de corrupción nos viene de lejos: Caja-Fischel, Alcatel, la Trocha, el Cementazo… Pero también es corrupción –como muy bien lo manifestó recientemente el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la ONU– el esconder las riquezas en paraísos fiscales (como lo muestran los Papeles de Panamá y los de Pandora), para evitar las responsabilidades fiscales, éticas y sociales, del pago de impuestos.

Mediante las distintas formas de corrupción, los funcionarios públicos corruptos y los corruptores privados han venido saqueando las finanzas del Estado en cifras que ya suman muchos ceros. Se trata de millones de colones y dólares que han encarecido obras públicas, las han atrasado, han afectado su calidad y el tiempo razonable de utilidad, han afectado programas sociales; entre otros perjuicios ocasionados. O dicho de otro modo: Han venido atrasando el desarrollo nacional y erosionado la democracia como un cáncer que hace metástasis tanto en el tronco como en distintas ramas del Estado costarricense.

La corrupción es una manifestación del egoísmo humano que se orienta por la premisa de primero yo, después yo y por último yo. La corrupción posibilita obtener dinero y riquezas, con facilidad y sin que lo que se obtiene sea fruto del esfuerzo y el trabajo productivo. Son acciones ilícitas que son contrarias a la solidaridad y a la responsabilidad social inspirada en el bien común.

En el presente, la corrupción en sus múltiples manifestaciones que tocan la estructura medular del Estado y la sociedad, son la expresión de la prevalencia de una doctrina económica y social, en la que se ha exacerbado el individualismo como nunca antes. El “sálvese quien pueda» que orienta el neo-liberalismo ha creado las condiciones idóneas para que se multipliquen los actos de corrupción, pequeños, medianos, grandes y gigantes. 

Este aserto no significa que en el pasado no se hubieran dado actos de corrupción. Ahí donde se junta poder político, ambición individualista y posibilidades de dinero fácil, puede aparecer el acto de corrupción. Pero se manifestaban como acciones aisladas. Mientras tanto en el presente neo-liberal son tan numerosas y sistémicas, que el urrú es la condición dominante del árbol estatal del país.

La pregunta que surge es cómo combatir esta grave enfermedad que daña al Estado de Derecho y la democracia costarricense. 

En primera instancia, es encomiar la labor de la Fiscalía Anti-Corrupción y el OIJ es sus labores escarmenadoras. Es seguro que tendrán mucho trabajo por delante.

Lo otro es el escarnio público y el repudio social a los corruptos. Obviamente que debe existir respeto ante el debido proceso; sin embargo, cuando el cinismo y el engaño salen de la boca de los corruptos y sus defensores de oficio, el rechazo social por el daño ocasionado debe emerger de inmediato.

La lucha contra la corrupción debe asimismo contar como antídoto con el fortalecimiento de las responsabilidades y labores de fiscalización en la administración de los recursos públicos y en la rendición de cuentas de las distintas instituciones, sean del gobierno central, entidades autónomas, Asamblea Legislativa y Poder Judicial. Del mismo modo es necesario generar normas que permitan la confiscación de bienes de actores privados que se han enriquecido, de manera ilícita, con recursos públicos.

Esta lucha debe contar con un frente estratégico que es hacer efectiva la democracia participativa –como lo establece el artículo 9 de la Constitución– para que el pueblo costarricense, se convierta en el mejor vigilante del mejor manejo de los recursos públicos.

Los recientes escándalos de corrupción y los que le precedieron obligan a situar este tema en el debate electoral. Muchos candidatos han sido salpicados de muchas maneras y quieren quitarse el lodo con frases efectistas y prefabricadas. Es necesario dar un seguimiento riguroso y atento a sus respuestas. Es un deber cívico aplicar el voto-castigo a los candidatos corruptos así como el voto-premio a quienes tienen techo de acero y una trayectoria limpia.

Cabe aquí recordar y hacer efectiva esta frase lapidaria, en nuestra lucha permanente contra la corrupción, del prócer José Martí: «Quien presencia un crimen en silencio, lo comete».

(18 de noviembre, 2021)

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)

Paraísos fiscales, infiernos sociales

Por Zaray Esquivel Molina, presidenta de la APSE

Mientras los ricos y poderosos evaden y eluden en paraísos fiscales, una gran parte de la sociedad vive un infierno social. En Costa Rica la clase media está desapareciendo, los salarios en vez de subir, bajan, y la pobreza alcanza prácticamente a ¼ de la población. 

Y es que los paraísos fiscales son los lugares donde los más ricos esconden las fortunas que han acaparado, a base de explotación laboral y exoneraciones, con el fin de evadir sus responsabilidades tributarias en los países donde operan.  Así lo han demostrado los Papeles de Panamá en el 2016, y ahora los Papeles de Pandora en el 2021.

Por ejemplo, en Latinoamérica aparecen nombrados 3 presidentes, que al mismo tiempo son empresarios. Se trata de Sebastián Piñera, presidente de Chile, Guillermo Lasso, presidente de Ecuador y el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader.

¿Y en Costa Rica? Bueno, aparecen nombres como el del exministro de Economía del gabinete de Oscar Arias, Alfredo Volio Pérez. También Juan Carlos Rojas, dirigente del equipo de fútbol Saprissa. También aparece la cooperativa Dos Pinos.

El caso de la cooperativa Dos Pinos y de Alfredo Volio son muy interesantes, porque a pesar que ambos juran y perjuran que sus sociedades en paraísos fiscales son legales y que no están haciendo nada malo, la historia dice otra cosa. 

Dos Pinos creó un sistema de salarios en una empresa de papel en Belice, para evadir impuestos de renta y cuotas de la Caja en el 2014. Por esa jugada financiera, la cooperativa lechera tuvo que pagarle a la Caja 617 millones como multa, y a Hacienda 257 millones de colones. 

A pesar de este manchado historial, cuando le preguntaron a Dos Pinos sobre su aparición en los Pandora Papers, la empresa dijo que no usaban esas empresas de papel para evadir y eludir. ¿Usted les creería?

Al final, son sólo las empresas más grandes, y los ricos más ricos, quienes pueden permitirse tener empresas de papel. Quienes pueden permitirse gastar millones de millones de colones para pagar bufetes, abogados y firmas que creen empresas fantasma. 

Y en Costa Rica, tenemos un déficit fiscal cercano al 8%, que curiosamente es muy similar al monto que por evasión y elusión el estado deja de percibir, o sea un 8% del PIB. Ante esta realidad es imposible no preguntarse por qué las autoridades no hacen nada.

 

Información compartida con SURCOS por Zaray Esquivel Molina.

Los jueguitos de un Presidente

Luis Fernando Astorga Gatjens

En un tono de regaño (que no le viene nada bien, por cierto), el presidente Carlos Alvarado les pidió a los candidatos presidenciales que “no pueden andarse con jueguitos” en lo concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También sacó pecho para afirmar que dejará las finanzas públicas “estables” y que terminará su gobierno bien.

¿Bien para quién? Es la inevitable pregunta que habría que formularle a un presidente, tan devaluado en su credibilidad como el colón. Y tendríamos que responder que para quienes habitamos esta Costa Rica bicentenaria y pandémica, y somos una inmensa mayoría, las cosas están mal. Estaban mal antes de la pandemia y a partir de las decisiones y políticas del actual gobierno, las cosas –en muchos aspectos– han empeorado.

No estarán de ninguna manera bien para quienes el hambre ha venido tocando sus puertas, sin clemencia, en los últimos meses. Tampoco para quienes apenas sobreviven en medio de una informalidad laboral, que es la otra cara de un crudo desempleo.

Obviamente que las cosas no están nada bien para los millares de hogares y las casi millón y medio de personas sumidas en la pobreza. Menos aún la situación estará bien para los sectores medios empujados a la creciente incertidumbre económica.

Claro está: El optimismo presidencial no estará bien para las crecientes cifras en desigualdad social y concentración de la riqueza en pocas manos.

No estará bien asimismo el final de esta administración para el casi 17 % de personas desempleadas y con un horizonte laboral marcado por la inseguridad laboral. No estará tampoco nada bien para los pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y pescadores que esa administración los abandonó a su suerte.

No estará bien para la salud pública, ya que la crisis financiera que golpea la CCSS sigue fijando un futuro sombrío para esta institución señera, mientras este gobierno, la fracción legislativa del PAC y otros diputados cómplices, se negaron a tomar medidas de fondo, para resolver una situación gravísima como lo fijó el informe de la comisión legislativa que investigó sus finanzas.

Y ¿Cómo puede decir el presidente Alvarado que terminará bien su mal-gobierno con el desastre que hereda en educación pública? O con la incapacidad manifiesta de su gobierno, en hacer avanzar la conectividad y la alfabetización digital para millares de hogares que podrían tener tal acceso, si se hubiera aquilatado a tiempo, el tamaño de la emergencia para utilizar los más de $ 300 millones de dólares que tienen en sus arcas FONATEL para tal propósito.

En fin, las cosas no marchan nada bien para un Estado Social de Derecho, de cuyo deterioro son corresponsables administraciones del PLN, PUSC y PAC, mientras que, en la acelerada erosión reciente, el gobierno de Alvarado Quesada tiene una cuota de responsabilidad enorme.

Para quienes si estarán bien las cosas es para las grandes empresas y personas, evasoras y elusoras de impuestos, sea que guarden sus enormes riquezas en paraísos fiscales (Papeles de Panamá y de Pandora), o en bancos propios o ajenos. Forman parte también de quienes se regocijan de felicidad ante las políticas de esta administración, esos “grandes contribuyentes” a los que este mal-gobierno les perdonó sus deudas.

Del presidente Alvarado ya no se puede esperar otra cosa que frases que ya no pueden causar un efecto favorable. Se trata de un gobernante que, a lo largo de estos tres años y medio, mostró su falta de liderazgo y su incapacidad absoluta de autocrítica. Se regodea en una mediocridad de varios días.

¿Cuántos días falta para el próximo 8 de mayo? No tantos en el calendario gregoriano, pero si demasiados para el fin de un gobierno que ha gobernado contra las mayorías.

(25 de octubre, 2021)

Solicitud al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana

Los riesgos de lesionar el principio constitucional de la Autonomía Universitaria

Costa Rica y el mundo en general, son escenario del avance de corrientes de pensamiento conservadoras que han permeado la economía, la política, la ciencia y la cultura. Los avances del pensamiento retrogrado en momentos de crisis sanitaria, económica, financiera y ambiental afectan como un todo el Estado social de derecho, y, de modo particular, a las universidades públicas. Es desde esta óptica que debemos valorar el riesgo que se cierne sobre la Autonomía Universitaria en el proyecto de ley 21.336, Ley marco de Empleo Público.

La Constitución de 1949, en el artículo 84, recoge una de las reivindicaciones más significativas de la modernidad y del pensamiento universal humanista: la independencia de la ciencia, la creación y la cultura, del poder político. Con sabiduría, el texto constitucional, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional (Sentencia No. 001313 de 1993), otorga a las universidades públicas independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio.

Transferir decisiones del régimen laboral o de la planificación institucional hacia instancias del Poder Ejecutivo contraviene seriamente esta autonomía y la Constitución Política. El texto de la Ley Marco de Empleo Público es esencialmente fiscalista. Más allá de las partes introductorias de la ley, no hay una preocupación real por el valor público que deben generar las instituciones estatales –razón sustantiva de la reforma del Estado que debe impulsarse, con un amplio diálogo nacional–.

Los nudos del debate dejan ver con claridad la intencionalidad real del texto de ley: reducción del gasto público a través de los salarios como medida para paliar la crisis fiscal, dicen sus promotores y propagandistas. Sin embargo, poco o nada interesa en el debate legislativo la calidad del trabajo público, la pertinencia de los procesos de trabajo, productos o resultados institucionales, el reto de la multidimensionalidad y articulación territorial de la gestión pública. Todos ellos temas sustantivos en la calidad de la gestión del trabajo humano en el seno del Estado.

No obstante, igual o mayor esfuerzo ponen en ocultar que la crisis fiscal obedece a la baja recaudación de impuestos del país, a contar con una de las deudas más caras del mundo, a la porosidad tributaria que permite la elusión y la evasión fiscal, el contrabando y la expatriación de riqueza generada nacionalmente hacia paraísos fiscales u oculta a través de entramados jurídicos locales e internacionales.

Las mismas fuerzas que hoy atizan los prejuicios contra las universidades públicas y los universitarios, a través de información distorsionada o parcial, cierran trincheras y hacen uso de su capacidad de presión y de amenaza para oponerse a cualquier avance en la ruta de una mayor progresividad y transparencia tributaria.

Es real el riesgo de avanzar en una ruta nefasta, en un entorno y en un momento de posicionamiento de actores y mensajes que satanizan lo público, el disenso y el avance en los derechos de las personas. Surge la amenaza de que a “pellizquitos inconstitucionales” en cadena, estas fuerzas del conservadurismo y la privatización vayan debilitando conquistas logradas en el campo de las políticas públicas que hoy, todavía nos permiten mostrarnos como una nación diferente, pese a la galopante desigualdad.

La autonomía universitaria que ha garantizado la libertad de pensamiento y el avance del conocimiento en función de las transformaciones que demanda nuestra sociedad, es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia. La defensa de la autonomía universitaria es consecuente también con profundizar los esfuerzos que ya se están realizando en las comunidades universitarias para revisar el modelo salarial, ser más eficientes con el uso de recursos públicos y eliminar inequidades y abusos existentes.

Por lo tanto, como personas que hemos estado ligadas de diversas formas al Partido Acción Ciudadana, demandamos a nuestra fracción legislativa y al señor presidente de la República excluir a las universidades públicas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Olga Marta Sánchez Oviedo
Yamileth González García
Alberto Salom Echeverría
Luis Felipe Arauz Cavallini
Eugenio Trejos Benavides
Alicia Vargas Porras
Elizabeth Fonseca Corrales
Margarita Bolaños Arquín
Grettel Ortiz Álvarez
Olivier Pérez González
Nicolás Murillo Rivas
Fernando Rodríguez Garro
Leda María Zamora Chaves
Gerardo Fumero Paniagua
Cristóbal Granados Mora
Carlos Calvo Pineda
Edgar Gutiérrez Espeleta
Daniel Vartanian Alarcón
Jeannette Cordero Gamboa
Emilia Molina Cruz
Henry Mora Jiménez
Patricia Salgado Muñoz
Javier Cambronero Arguedas
Sarah Salazar Bonilla
Melvin Jiménez Marín
Ana Cristina Briceño Lobo
Eduardo Enrique Solís Portuguez
María Antonieta Camacho Soto
Fabián Solano Fernández
Yanina Soto Vargas
Janina Montero Cabezas

El emblemático ministro Garnier

El ministro André Garnier pertenece al grupo empresarial más poderoso del país y está en el Gobierno de Alvarado para representar y defender directamente sus intereses. Garnier es el prototipo del Gran Empresariado Costarricense agrupado ya no en Cámaras sino en asociaciones, fundaciones o grupos donde solo están los verdaderamente ricos. André Garnier resume en sí mismo las principales características de ese grupo.

1-. Son reacios a pagar impuestos. El canon por las “casas de lujo” al decir del director de Tributación es de los más difíciles de cobrar. Se acogen a recursos, interpretaciones con tal de disminuir o eludir el pago de impuestos de cualquier naturaleza. Por esta razón es que la elusión y evasión es mayor a un 4% del PIB, según cifras oficiales.

2-. Tratan de pagar salarios muy bajos. Como lo dijo Garnier el salario mínimo en Costa Rica es muy alto. Su objetivo es pagar los salarios más bajos que sea posible y para ello recurren a la tercerización de tareas como la forma más efectiva de acrecentar sus patrimonios o a la flexibilización laboral.

3-. Manejan sus patrimonios fuera del país. El ministro Garnier reconoció sin enojo alguno que buena parte de sus recursos patrimoniales están colocados fuera del país. Los papeles de Panamá evidenciaron esa realidad para todo un grupo grande y poderoso que ubican su riqueza en paraísos fiscales. De esta manera no pagan los impuestos que deberían al fisco costarricense y tampoco cuando repatrían esas ganancias.

4-. Critican al Estado, pero viven a su sombra. Este poderoso empresariado son críticos del Estado cuando se habla de un Estado solidario o de bienestar, pero siempre están usufructuando de él que les da o ha dado subsidios para amansar sus grandes fortunas a través de contrataciones millonarias, licitaciones, subsidios al turismo, a la banca, a los bananeros, piñeros, exoneraciones a las de zonas francas o la construcción de infraestructura al servicio de sus negocios.

5-. Adoran el mercado libre, pero odian la competencia. Hablan mucho de las bondades de la competencia, pero controlan sus negocios de manera monopólica u oligopólica, ahogando a los potenciales competentes.

El ministro Garnier recoge en su persona las principales características de este grupo que son los verdaderos privilegiados del país.

El asunto se redondea sabiendo que son insaciables cuando se trata de concentrar riqueza y que ello siempre será a costa de otros.

Representan a ese 1% costarricense.