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Etiqueta: precarización laboral

De Óscar Arias 1986 a Rodrigo Chaves 2026: 40 años de neoliberalismo privatizando la vida de las juventudes, hipotecando su futuro. Parte primera

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por: Lenin Chacón Vargas
Exsecretario general de la Juventud Vanguardista 1974-1980
Exsecretario general del Partido del Pueblo Costarricense hasta 1991

A las nuevas generaciones les han contado una historia a medias. Dicen que el país está mal por culpa de «los mismos de siempre» o de «los partidos tradicionales» como el PLN, el PUSC y el PAC. Sin embargo, hay una trampa en ese discurso. Detrás de las peleas que vemos a diario en la televisión, la prensa digital y las redes sociales, existe un mismo plan económico que lleva 40 años aplicándose sin interrupción.

Desde 1986 hasta el actual 2026, Costa Rica pasó de ser un país que invertía en su gente a transformarse en una empresa que beneficia a unos pocos. Esta es la historia de cómo el modelo neoliberal —o capitalismo salvaje— nos viene quitando, pedazo a pedazo, nuestra calidad de vida.

1. De la Costa Rica solidaria a la Costa Rica neoliberal

Todo comenzó a mediados de los años 80 con la llegada del primer gobierno de Óscar Arias Sánchez, enemistado con los viejos líderes socialdemócratas: José Figueres, Luis Alberto Monge, Daniel Oduber, llamándoles “muletas que no necesitaba”. Con la llegada del gobierno de Arias en 1986, y dando continuidad profunda a los Programas de Ajuste Estructural que habían iniciado tímidamente en el gobierno de Monge tras la crisis de 1981, se consolidó un giro de timón radical. El énfasis dejó de ser el fortalecimiento de la producción interna y el mercado local. Ahora se priorizaba la inserción de Costa Rica en la economía global, las exportaciones no tradicionales y la atracción de inversión extranjera.

2. Los programas de ajuste estructural (PAE)

Los Programas de Ajuste Estructural fueron los instrumentos financieros y políticos impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que sirvieron como motor de esa transición. Tras la devastadora crisis económica de 1981, el país estaba quebrado. La respuesta de los organismos internacionales fue clara: para recibir préstamos de estabilización, Costa Rica debía desmantelar el modelo del Estado Social de Derecho y abrir su economía. El agro nacional, que había sido el corazón de la soberanía alimentaria y la estabilidad social campesina durante décadas, fue el sector que pagó el costo más alto.

El PAE I, negociado bajo Monge en 1985, y el PAE II, aprobado y ejecutado con fuerza en el gobierno de Arias, actuaron sobre tres ejes destructivos que transformaron para siempre la estructura social y agraria del país.

El primero fue la asfixia deliberada del Consejo Nacional de Producción y la pérdida de la soberanía alimentaria. Antes de los PAE, el CNP era una institución clave de la Costa Rica socialdemócrata. Le compraba a los pequeños agricultores sus cosechas de granos básicos, arroz, frijoles y maíz, a precios de sustentación, precios mínimos garantizados para que el campesino no perdiera dinero. Y vendía esos alimentos a la población a precios accesibles a través de los estancos. Los PAE catalogaron este sistema como un gasto ineficiente y una distorsión del libre mercado. Bajo las directrices del PAE II, se eliminaron los precios de sustentación y se cerraron paulatinamente los estancos. El CNP fue despojado de su capacidad de compra. Al obligar al país a eliminar los aranceles de importación, el mercado nacional se inundó de granos básicos extranjeros, fuertemente subsidiados en sus países de origen, como el maíz y arroz estadounidense. El productor local simplemente no pudo competir y el CNP quedó reducido a una entidad mínima.

El segundo eje fue la política de la “agricultura de cambio» y el fin del grano básico. Con el PAE II se consolidó una consigna oficial que sepultó la agricultura tradicional. El argumento neoliberal dictaba que Costa Rica no debía gastar recursos en producir su propia comida si era más barato importarla. En su lugar, los campesinos debían reconvertirse en productores de exportaciones no tradicionales: flores, mini-vegetales, plantas ornamentales, piña y melón, tubérculos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y los bancos del Estado cambiaron radicalmente sus prioridades. Se cortó el crédito barato, la asistencia técnica y los seguros agrícolas para los productores de maíz, arroz y frijoles. Si un campesino quería crédito, el banco se lo otorgaba únicamente si sembraba los productos destinados al mercado internacional. Los pequeños agricultores, que no tenían los recursos, la tecnología ni los contactos internacionales para exportar flores o piña, cayeron en la ruina. Esto provocó una masiva quiebra en el campo, el abandono de las tierras y el inicio de la gran migración campesina hacia los precarios de las periferias urbanas.

El tercer eje fue la privatización del crédito agrícola. El sistema bancario nacionalizado había sido diseñado por el primer liberacionismo para democratizar el crédito. Existían las Juntas Rurales de Crédito Agrícola, que financiaban al pequeño productor con tasas de interés bajísimas y plazos sumamente flexibles porque el fin no era el lucro sino el desarrollo social. Los programas exigieron la desregulación financiera, abriendo el portillo para la banca privada y obligando a los bancos del Estado a operar bajo criterios estrictos de rentabilidad comercial y libre mercado. Las Juntas Rurales de Crédito perdieron su razón de ser. El pequeño agricultor se convirtió en un cliente de alto riesgo para los ojos de una banca ahora corporativizada. Al no poder acceder a financiamiento, la producción agrícola familiar quedó prácticamente liquidada, dejando el campo libre para el auge de las grandes corporaciones transnacionales, especialmente en sectores como la piña, melón, sandía y el banano.

Aquella idea de que el suelo costarricense debe alimentar a sus hijos fue sustituida por la lógica neoliberal de que el mercado global proveería todo. Y así transformaron la estructura social y agraria del país para siempre.

Los discursos del arismo sonaban bonito tanto en la primera gestión 1986-1990, como en la segundo 2006-2010 incluido el Tratado de Libre Comercio (TLC.) prometían «modernizar el país» y «abrirnos al mundo» “la tecnocracia al poder” y sus consignas ilusorias como «en vez de un Hyundai, tendrán un Mercedes Benz».

La realidad, no obstante, fue otra. Se cambió por completo la lógica del Estado. Las instituciones públicas* que nacieron para garantizar derechos fundamentales —la salud, la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, los seguros, el agua, el transporte ferroviario y el agro, — empezaron a ser vistas como simples «negocios» que debían generar ganancias financieras o, de lo contrario, recortarse. Así comenzó el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, la eliminación del cultivo de granos básicos: arroz, frijoles, maíz.

3. La precarización del trabajo: adiós a la estabilidad laboral

Para los jóvenes de hoy, conseguir un empleo con plenas garantías laborales parece un mito del pasado. El neoliberalismo trajo consigo la flexibilización laboral, sustituyendo la conquista histórica de la jornada de 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreación, por propuestas extenuantes como la jornada 4×3 (cuatro días laborando 12 horas continuas a cambio de tres días de descanso).

Bajo la falsa promesa de «atraer inversión», se mutilan las jornadas laborales humanamente justas. Hoy se ha normalizado el trabajo informal, el empleo precarizado por aplicaciones digitales o las dinámicas de zonas francas donde los derechos sindicales y el pago de horas extra son prácticamente inexistentes. Nos vendieron la idea de ser «nuestros propios jefes» a través del emprendedurismo para ocultar que el Estado ya no garantiza salarios dignos ni estabilidad. Esto destruye la posibilidad de construir un proyecto de vida, comprar una casa

o aspirar a una vejez digna, mientras la Banca para el Desarrollo se utiliza como una herramienta de clientelismo político para los gobiernos de turno.

4. La asfixia de la educación y la salud pública

El daño más grave de estas cuatro décadas ha sido el ataque directo contra los pilares de la democracia costarricense: la educación pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Educación en quiebra: El presupuesto educativo se ha recortado a niveles históricos, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8%. Hoy tenemos escuelas con órdenes sanitarias y universidades públicas bajo constante amenaza presupuestaria y cierres de centros regionales.

Un pueblo sin educación es un pueblo fácil de manipular.

Salud debilitada: La CCSS ha sido ahogada financieramente por los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual, mediante la corrupción, el derroche y una sistemática asfixia de sus finanzas. Al colapsar los servicios y extenderse las listas de espera, se obliga a la gente sencilla a pagar clínicas privadas o a morir esperando una cita. De esta forma, convierten la salud en un lujo de consumo; una mercancía con diferentes precios según la capacidad de pago y la calidad de los especialistas.

5. El gobierno actual: El heredero neoliberal con disfraz de rebelde

La administración de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado han sabido explotar el enojo legítimo de la población hacia las cúpulas del PLN, el PUSC y el PAC. Su estrategia en redes sociales es efectiva: ataca violentamente a los actores políticos y funcionarios del pasado para proyectar una imagen de «rebelde» o reformador. Pero no es ni más ni menos que un político neoliberal, populista y autoritario.

Pero observemos las acciones y no los gritos.

En materia económica, este gobierno es un alumno excelente de Óscar Arias y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

Su receta es la misma de siempre: recortes profundos a los programas sociales, debilitamiento de la institucionalidad, ataques a la libertad de prensa y un favorecimiento descarado a los grandes grupos financieros. No hay ruptura; hay una profundización del capitalismo salvaje mediante un estilo autoritario de gritería e insultos.

A esto se suma el ataque sistemático al Poder Judicial, la Sala Constitucional (Sala IV) y la Fiscalía General, motivado por las centenas de denuncias judiciales que pesan sobre diputados, ministros, exministros y el propio exmandatario y el debilitamiento de los recursos para combatir eficazmente el crimen organizado.

6. Para recuperar el futuro: Urge la organización y la movilización nacional

Nos están dejando una Costa Rica sin memoria y con una «vida útil» muy corta para las mayorías. La corrupción y la pérdida de libertades no son casualidad; son el resultado directo de este modelo neoliberal que cumple 40 años en este 2026.

La juventud no puede quedarse como espectadora en las redes sociales mientras le desmantelan el país que se construyó con tanto esfuerzo en el siglo XX. La única forma de frenar este régimen neoliberal y autoritario es la organización popular. Necesitamos rescatar la democracia social, la que pone al ser humano por encima del mercado. Es hora de despertar, recordar de dónde venimos y reclamar el futuro que nos quieren robar.

Es un deber ineludible de las juventudes de hoy, defender los derechos, las garantías sociales, las garantías individuales y el Estado social y democrático de derecho que conquistaron nuestros padres y abuelos.

¡A luchar! La democracia de la calle es el camino.

*Nota: Instituciones Públicas desmanteladas o en proceso: C.C.S.S., universidades públicas, ICE, INS, AyA, Ferrocarriles al Pacífico y al Atlántico, C.N.P., todas, patrimonio del pueblo de Costa Rica.

Kakistocracia y universidad pública: cuando la lealtad puede sustituir al mérito

Escrito en . Publicado en Educación.

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres,
Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Hay palabras que incomodan porque obligan a mirar realidades que preferimos no nombrar. Una de ellas es kakistocracia.

El término proviene del griego kákistos, «el peor», y kratía, «gobierno». Tradicionalmente se utiliza para describir el gobierno de los peores o, en un sentido más amplio, un sistema en el que la incompetencia, la mediocridad, la arbitrariedad o la lealtad personal pueden terminar imponiéndose sobre el mérito, la capacidad y el interés institucional.

Aplicar este concepto a las universidades públicas costarricenses no debería interpretarse como una acusación contra personas determinadas. Debe entenderse como una pregunta incómoda sobre la calidad de nuestras instituciones.

¿Estamos construyendo universidades donde prevalecen el mérito, la capacidad, la experiencia y la independencia de criterio, o estamos permitiendo que otros factores-clientelismo, amiguismo, ascensos futuros, estabilidad laboral, otros- tengan un peso excesivo en la selección de quienes ejercen el poder universitario?

La universidad debería ser el último lugar donde el mérito pierda valor

Una universidad no es simplemente una organización administrativa. Es una institución cuya razón de ser está vinculada con el conocimiento, la investigación, la formación profesional, el pensamiento crítico y el desarrollo de la sociedad. Por eso, cuando el mérito comienza a perder importancia dentro de una universidad, el problema trasciende a las personas que ocupan temporalmente determinados cargos.

Se deteriora la cultura institucional.

La kakistocracia universitaria no necesariamente aparece de manera repentina. Puede comenzar con pequeñas señales:

  • un nombramiento cuyos criterios no son suficientemente claros;

  • un procedimiento cuya transparencia puede ser cuestionada;

  • una decisión que carece de mecanismos eficaces de revisión;

  • una estructura donde la lealtad tiene más valor que la independencia;

  • una cultura institucional en la que cuestionar una decisión resulta más difícil que aceptarla.

Ninguna de estas situaciones, por sí sola, permite afirmar que existe una kakistocracia. Pero sí puede justificar una pregunta:

¿Estamos diseñando nuestras instituciones para que los mejores criterios -experiencia, capacidad demostrada, liderazgo, consciencia institucional, capacidad de negociación, capacidad de resolución de conflictos y otros- prevalezcan?

Rectorías y consejos universitarios: donde la pregunta adquiere mayor importancia

Si queremos analizar el gobierno de las universidades públicas, debemos observar los espacios donde se concentra la mayor responsabilidad institucional. Las rectorías y los consejos universitarios son ejemplos fundamentales. No porque quienes ocupen esos cargos sean necesariamente incompetentes o actúen incorrectamente. Afirmarlo respecto de personas concretas requeriría evidencia objetiva.

El punto es otro, y es mucho más de fondo.

El verdadero problema no es la idoneidad moral de los individuos, sino la complacencia de un diseño institucional que suele confundir la legitimidad democrática con la aptitud técnica y estratégica. Precisamente porque son cargos de enorme responsabilidad, los requisitos y mecanismos para acceder a ellos deberían ser especialmente exigentes, blindados contra la política interna de favores y el clientelismo académico. Sin embargo, estos liderazgos se eligen mediante sistemas de votación que arrastran un sesgo democrático de origen: el derecho al voto se reserva casi exclusivamente para el personal con plaza en propiedad, excluyendo por completo a la población docente interina.

Una Rectoría no es simplemente un puesto administrativo, ni un premio de consolación a la veteranía.

Quien ejerce la Rectoría participa en la conducción estratégica de la universidad, representa a la institución, administra recursos públicos y toma decisiones capaces de producir efectos durante muchos años. No basta con ser un académico destacado para saber gestionar presupuestos multimillonarios o negociar con el entorno político y social.

Los consejos universitarios, por su parte, participan en decisiones fundamentales para la vida académica y administrativa. Sin embargo, con frecuencia se convierten en asambleas corporativistas donde se defienden intereses de sector, de facultad o de gremio, por encima del interés superior de la institución.

Por eso cabe preguntar de forma frontal: ¿Qué tan exigentes son nuestros sistemas para seleccionar a quienes aspiran a gobernar las universidades públicas? ¿Se privilegia realmente la capacidad, la visión estratégica y la ética pública? ¿O el sistema electoral universitario castiga la independencia de criterio y premia al candidato que ofrece discursos cómodos, promesas corporativas y continuismo?

¿Cómo hablar de democracia universitaria cuando se normaliza la precarización de una enorme masa de docentes atrapados bajo la figura de la estabilidad impropia, sosteniendo cotidianamente las aulas, pero privados del derecho a ser electores?

¿Hemos diseñado filtros que evalúen de manera objetiva la trayectoria y la capacidad de administrar recursos, o permitimos que las campañas universitarias se conviertan en concursos de popularidad condicionados por el miedo a perder el nombramiento o por la promesa clientelar de obtener, finalmente, una plaza en propiedad?

Evadir el debate sobre la profesionalización del gobierno universitario y la exclusión democrática de sus propios trabajadores bajo la excusa de defender la autonomía es una contradicción. La autonomía se defiende con excelencia, inclusión y rendición de cuentas, no con opacidad, precarización laboral o endogamia institucional.

Estas preguntas no debilitan la universidad. La fortalecen, porque la obligan a mirarse en el espejo de sus propias inconsistencias antes de que factores externos utilicen esas debilidades para desmantelarla.

El problema de la selección negativa

Uno de los riesgos más serios que puede enfrentar cualquier organización es la selección negativa.

En una institución saludable, las personas más preparadas deberían tener posibilidades reales de asumir responsabilidades. Pero una organización puede desarrollar, consciente o inconscientemente, una dinámica diferente: aquella en la que prosperan más fácilmente quienes se adaptan al sistema que quienes lo cuestionan.

  • El profesional independiente pregunta.

  • El académico crítico cuestiona.

  • El especialista advierte riesgos.

  • El funcionario responsable señala posibles errores.

Todos ellos pueden resultar incómodos. Pero precisamente por eso son indispensables.

Una universidad que pierde la capacidad de escuchar a sus voces críticas comienza a perder una parte esencial de su naturaleza.

Porque una universidad debe enseñar pensamiento crítico, no solamente transmitir conocimientos. Y sería contradictorio enseñar a los estudiantes a cuestionar mientras dentro de la propia institución se desalienta el cuestionamiento.

Lealtad personal no es compromiso institucional

Existe una diferencia fundamental entre lealtad personal y compromiso institucional. El compromiso institucional consiste en defender la universidad, sus principios, sus estudiantes, sus funcionarios y el interés público. La lealtad personal consiste en respaldar a determinadas personas. Cuando ambos conceptos se confunden, aparece un riesgo.

Una universidad pública no debería necesitar personas leales a individuos. Debería necesitar personas leales a la institución, a la legalidad, al conocimiento y al interés público. La verdadera lealtad universitaria no debería preguntarse:

«¿A quién debo apoyar?» Sino: «¿Qué es lo mejor para la institución?»

La autoridad también debe poder ser cuestionada

Una universidad necesita autoridad. Pero ninguna autoridad debería considerarse infalible. La verdadera fortaleza institucional aparece cuando alguien puede decir:

«Esta decisión puede estar equivocada».

Y cuando la institución puede responder: «Vamos a revisarla». Eso es institucionalidad. Una universidad saludable no teme la discrepancia. La utiliza para mejorar.

El problema comienza cuando la crítica se interpreta automáticamente como deslealtad, enemistad o ataque. La discrepancia profesional no debería ser castigada. Debería ser escuchada.

La universidad pública pertenece a la sociedad

Las universidades públicas son patrimonio de Costa Rica. Sus recursos, infraestructura, legitimidad y misión tienen una dimensión pública. Por eso, defender la universidad pública no significa defender automáticamente a quienes la administran.

A veces, defenderla significa precisamente exigirle más.

  • Más transparencia.

  • Más mérito.

  • Más eficiencia.

  • Más rendición de cuentas.

  • Más responsabilidad.

  • Más respeto por la legalidad.

  • Más apertura al debate.

La universidad pública no debería ser patrimonio de grupos, personas o administraciones. Debe estar al servicio de la sociedad.

La solución no es cambiar nombres: es mejorar las reglas

Si una institución presenta problemas de gobierno, la solución no debería consistir únicamente en sustituir personas. Porque mañana pueden llegar otras y reproducir exactamente las mismas dinámicas. La verdadera solución está en fortalecer las instituciones.

Necesitamos:

  • procesos transparentes para acceder a cargos de responsabilidad;

  • criterios objetivos de selección;

  • evaluación del desempeño;

  • rendición de cuentas;

  • transparencia en los nombramientos;

  • independencia de criterio;

  • respeto a la libertad académica;

  • mecanismos eficaces de revisión;

  • órganos de control efectivos;

  • protección para quienes planteen cuestionamientos de buena fe;

  • y una verdadera cultura institucional del mérito.

La excelencia no puede depender de quién ocupa un despacho. Debe estar incorporada al sistema.

La pregunta que deberíamos hacernos

La pregunta fundamental para nuestras universidades públicas no debería ser únicamente:

¿Quién manda? Deberíamos preguntar: ¿Cómo llegó a ese cargo? ¿Con qué criterios fue seleccionado? ¿Cómo se evalúa su desempeño?

Y, sobre todo: ¿Qué sucede cuando alguien demuestra que una decisión puede estar equivocada?

Si la institución escucha, analiza, investiga y corrige, existe salud institucional. Si la respuesta sistemática fuera silenciar, marginar o desestimular la discrepancia, tendríamos un problema que merecería ser examinado. No necesariamente porque exista corrupción. No necesariamente porque exista mala fe.

Sino porque una institución que pierde la capacidad de reconocer sus errores y corregirlos comienza a debilitarse.

Kakistocracia: una advertencia, no una sentencia

Debemos ser cuidadosos con esta palabra. No corresponde utilizar «kakistocracia» como una etiqueta para descalificar personas o instituciones sin evidencia. Su verdadero valor está en utilizarla como una herramienta de análisis y una alerta democrática.

Nos obliga a preguntarnos si nuestros sistemas están seleccionando y promoviendo a quienes poseen las mejores capacidades, preparación, independencia de criterio y compromiso con el interés público.

Porque una democracia no solamente necesita buenos gobernantes. Necesita buenas instituciones. Y una universidad pública no solamente necesita excelentes profesores. Necesita excelentes sistemas para seleccionar, administrar, evaluar, corregir y rendir cuentas.

El verdadero examen

La verdadera prueba de una universidad no está en que nunca se equivoque. Eso sería imposible. La verdadera prueba está en qué hace cuando se equivoca.

¿Escucha? ¿Investiga? ¿Corrige? ¿Acepta la crítica? ¿Protege al que plantea una preocupación legítima? ¿Reconoce que ninguna autoridad es infalible?

Una universidad que responde afirmativamente a estas preguntas demuestra fortaleza. Porque el verdadero peligro no es que alguna vez se tome una mala decisión.

El verdadero peligro comienza cuando una institución pierde la capacidad de reconocerla, cuestionarla y corregirla.

Es ahí donde la palabra kakistocracia deja de ser solamente un concepto político. Se convierte en una advertencia sobre la calidad del gobierno de nuestras instituciones. Y quizá la pregunta más importante que Costa Rica debería hacerse respecto de sus universidades públicas sea esta:

¿Estamos formando profesionales para transformar el país mientras construimos, dentro de nuestras propias universidades, instituciones capaces de transformarse a sí mismas? Entendiendo como autotransformarse mediante un proceso continuo de sana crítica, concertación, diálogo, espacios abiertos, evaluaciones y escucha, entre otros.

Si la respuesta es sí, el futuro es prometedor.

Si la respuesta es no, la discusión apenas comienza.

De la universidad necesaria a la universidad comercial: crítica a la pérdida del pensamiento laboral en la UNA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Frank Ulloa Royo

Introducción

El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) de la Universidad Nacional de Costa Rica fue creado en 1973 como parte de la visión de una universidad necesaria: un espacio abierto a los trabajadores, sindicatos y cooperativas, que democratizara el acceso al conocimiento y fortaleciera la organización social (Universidad Nacional, 1973). Su misión era clara: formar dirigentes obreros y sindicales, convertir la universidad en herramienta de emancipación y dotar al movimiento laboral de cuadros críticos y preparados.

Allí llegaron a estudiar, gracias a la visión de Francisco Morales y del Rector Benjamín Núñez, importantes dirigentes sindicales de todas las corrientes ideológicas, muchos de ellos sin haber completado sus estudios secundarios, pero cuya experiencia de vida fue reconocida como parte de la democratización de la educación superior. En ese espacio se creaban intelectuales orgánicos, en el mejor sentido del término, tal como lo definió Antonio Gramsci: sujetos capaces de articular la experiencia de las clases subalternas con la producción de pensamiento crítico y acción política transformadora (Gramsci, 1971).

Sin embargo, en 2010 el IESTRA fue transformado en la Escuela de Administración, un giro institucional que reflejó la presión de las corrientes neoliberales y la demanda estudiantil por títulos “comerciales” más rentables en el mercado laboral (Rodríguez, 2015). Este cambio significó la pérdida de un espacio académico para los trabajadores y la sustitución de la formación sindical por carreras administrativas que, aunque útiles en términos técnicos, resultan estériles frente a los retos de la precarización laboral y la defensa de los derechos conquistados.

El ataque ideológico y sus consecuencias

Aceptar esta transformación sin resistencia implica permitir un ataque ideológico contra los trabajadores, sus reivindicaciones y sus organizaciones. La universidad, que debía ser aliada en la defensa de la dignidad laboral, se convierte en reproductora de las lógicas neoliberales (Harvey, 2007). Aceptar y permitir el ataque ideológico contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales no es un hecho menor: significa abrir la puerta a un retroceso profundo en derechos conquistados con décadas de lucha.

En la práctica, esto se traduce en la confusión ideológica por el desconocimiento de los procesos de trabajo, y por tanto en la fácil imposición de jornadas arbitrarias sin consulta ni negociación, en el irrespeto sistemático al pago de salarios, y beneficios de estabilidad laboral y seguridad social, la eliminación de la negociación colectiva y en la normalización del hostigamiento y la violencia laboral que quedarían impunes. Implica también el incumplimiento de salarios y prestaciones, el riesgo real de que conquistas históricas como la ley de aguinaldo sean abolidas, y el debilitamiento de las protecciones específicas para las mujeres trabajadoras. En conjunto, estas consecuencias configuran un escenario de precarización y despojo que erosiona la dignidad del trabajo y amenaza la vigencia misma del Estado social de derecho.

El sindicalismo costarricense ha advertido que agotará todas las vías de presión social, administrativas y judiciales para defender la autonomía sindical y el Estado social de derecho, pero hasta ahora ha sido una posición retórica sin estrategia ni consecuencias prácticas. (Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas [CSA], 2020).

La contradicción universitaria y la calidad docente estudiantil

La Universidad Nacional de Costa Rica fue concebida como una universidad necesaria, comprometida con la democratización del conocimiento y con la formación de cuadros críticos capaces de transformar la sociedad. El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) fue su expresión más clara: un espacio que reconocía la experiencia sindical y laboral como parte legítima de la educación superior, y que buscaba formar intelectuales orgánicos en el sentido gramsciano, es decir, dirigentes capaces de articular la práctica obrera con el pensamiento crítico (Gramsci, 1971).

Sin embargo, la presión por títulos más “rentables” y la influencia de las corrientes neoliberales transformaron la oferta académica en un catálogo de carreras administrativas que poco aportan a los retos contemporáneos del trabajo precarizado y la defensa de los derechos laborales (Torres, 2018). Este desplazamiento no solo significó la pérdida de un espacio para los trabajadores, sino también un deterioro en la calidad docente y estudiantil, pues se privilegió la lógica del mercado sobre la misión social de la universidad.

Ya en los años ochenta, el autor advertía en Praxis que la calidad universitaria no podía reducirse a indicadores técnicos ni a la proliferación de carreras sin sentido histórico. Señalaba que “la responsabilidad académica en la creación de programas debía medirse por su pertinencia social y por su capacidad de responder a las necesidades del país, no por la cantidad de títulos expedidos” (Ulloa, 1989, p. 72). Esta crítica sigue vigente: la UNA corre el riesgo de convertirse en una universidad comercial, desconectada de los trabajadores y de la sociedad costarricense.

Como señala Castillo (2012), la autorreforma sindical requiere también recuperar espacios académicos que fortalezcan la capacidad crítica y la legitimidad social del movimiento. En este sentido, la calidad universitaria debe ser entendida como un concepto integral que incluye la pertinencia social, la formación ética y la capacidad crítica, y no únicamente como un estándar técnico o administrativo. La contradicción universitaria es, entonces, el reflejo de una lucha inconclusa: entre la universidad necesaria que democratiza el conocimiento y la universidad comercial que lo mercantiliza.

El movimiento sindical frente al desafío

El sindicalismo no puede aceptar pasivamente este retroceso, pues hacerlo significaría abrir la puerta a la desprotección laboral y a la pérdida de conquistas históricas que han costado décadas de lucha. Como advierte Ermida (2012), “sin pensamiento crítico, no hay sindicalismo vivo; sin sindicalismo vivo, no hay democracia real” (p. 45). La autorreforma sindical y la recuperación de espacios académicos son, por tanto, parte de una misma lucha: la defensa de la dignidad del trabajo y de la democracia social frente a la ofensiva neoliberal.

La universidad debe volver a ser un espacio de formación democrática, capaz de enfrentar la precarización, la digitalización y la fragmentación del trabajo. En este sentido, la alianza entre sindicatos y academia es indispensable para reconstruir poder colectivo y legitimidad política, tal como lo planteaba Ulloa (1989) al señalar que la calidad docente y estudiantil debía medirse por su pertinencia social y no por la mera expedición de títulos.

Hoy se trata de una lucha de resistencia por la permanencia de los sindicatos como actores centrales del mundo del trabajo, que enfrentan no solo las amenazas ideológicas, sino también los retos de los cambios tecnológicos y de la inteligencia artificial. Estos procesos, lejos de ser neutrales, tienden a eliminar puestos de trabajo, reducir salarios y favorecer modelos autoritarios de gestión laboral, generando adhesión acrítica en un mundo del trabajo cada vez más fragmentado (Harvey, 2007).

En suma, la defensa de los derechos laborales y la democratización de la universidad son luchas inseparables: ambas buscan preservar la coherencia entre discurso y práctica, entre memoria y futuro, y garantizar que el sindicalismo siga siendo un actor vivo en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Una lucha pendiente por democratizar la UNA

La transformación del IESTRA en Escuela de Administración no puede leerse únicamente como un ajuste institucional: constituye un símbolo del ataque ideológico neoliberal contra los trabajadores y contra la misión original de la Universidad Nacional como universidad necesaria. Lo que antes fue un espacio de formación sindical, cooperativa y crítica social, se convirtió en un aparato académico orientado al mercado, que privilegia la obtención de títulos sobre la construcción de pensamiento emancipador.

Este desplazamiento refleja una contradicción profunda: mientras la sociedad costarricense enfrenta precarización laboral, fragmentación social y ofensivas antisindicales, la universidad abandona su papel de aliada de los trabajadores y se acomoda a las lógicas empresariales. La consecuencia es doble: por un lado, los trabajadores pierden un espacio de formación crítica y democrática; por otro, la sociedad en su conjunto se priva de cuadros intelectuales orgánicos capaces de articular la experiencia obrera con la producción de conocimiento transformador (Gramsci, 1971).

El reto para el sindicalismo costarricense es recuperar ese espacio, exigir que la universidad vuelva a ser aliada de los trabajadores y que el pensamiento crítico regrese a las aulas. No se trata de nostalgia, sino de necesidad histórica: sin formación ética y cultural, el sindicalismo corre el riesgo de convertirse en mera defensa corporativa, incapaz de disputar narrativas y construir hegemonía social.

El verdadero diploma que necesita la sociedad no es el título vacío de administración, sino la formación ética, cultural y sindical que permita enfrentar la precarización, defender los derechos laborales y construir un país más justo.

Democratizar nuevamente la UNA significa devolverle su vocación de universidad necesaria, capaz de formar dirigentes comprometidos con la justicia social y con la dignidad del trabajo.

Referencias

 Castillo, G et al. (2012). Autorreforma sindical en las Américas. – OIT.

 Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA). (2020). Conferencia sobre transformación del sindicalismo en las Américas. CSA.

 Ermida, O. (2012). Sindicatos en libertad sindical. Montevideo: Fundación Friedrich Ebert.

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.

Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

 Rodríguez, J. (2015). Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Heredia: UNA.

 Torres, M. (2018). Universidad y neoliberalismo en Costa Rica. Revista de Ciencias Sociales, 160(2), 45-62.

 Ulloa Royo, F. (1989). Calidad docente y estudiantil en nuestra UNA. Praxis: revista del Departamento de Filosofía, (37‑38), 69‑80.

 Universidad Nacional. (1973). Acta de creación del Instituto de Estudios del Trabajo. Heredia: UNA.

¡La huelga es un derecho, no un delito! Triunfo histórico de la clase trabajadora en la CIJ

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Movimiento Trabajo Digno CR

Desde el Movimiento Trabajo Digno celebramos con profunda alegría y convicción de clase la histórica Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Se ha ratificado ante el mundo entero lo que la clase trabajadora sabe por experiencia propia: el Convenio 87 de la OIT protege implícita e inalienablemente el derecho a la huelga. Este no es un simple trámite burocrático de un tribunal lejano; contra la ofensiva del sector patronal internacional, que durante más de una década orquestó una campaña sistemática para desarmarnos. Intentaron usar el silencio literal del texto de 1948 para arrebatarnos nuestra herramienta más poderosa de presión, buscando que la «libertad sindical» significara únicamente el derecho a reunirnos pacíficamente mientras ellos seguían acumulando riqueza a costa de nuestra fuerza de trabajo y nuestra precarización.

Hoy, la CIJ les dice que no, que están equivocados. Hoy se reafirma que el capital no puede imponer sus reglas absolutas y que sin derecho a la huelga no existe una democracia real ni mucho menos una Justicia Social. A la luz de esta resolución, el panorama de Costa Rica queda claro:

Queda al desnudo la farsa de la Ley Anti Huelgas del Gobierno de Carlos Alvarado. Los sectores neoliberales representados por los partidos tradicionales y las cámaras empresariales nos impusieron la nefasta Ley 9808 para criminalizar la protesta, castigar económicamente al magisterio y amordazar a la clase trabajadora bajo el disfraz de los «servicios esenciales». A las juventudes que hoy enfrentamos el fraude de las plataformas digitales, los contratos basura y la flexibilización laboral, este fallo nos garantiza que el derecho a paralizar la producción para exigir condiciones dignas nos pertenece.

Es una validación moral y legal a cada docente, a cada persona trabajadora de la salud, y a cada militante que ha soportado estigmatización, intimidación y rebajos salariales por defender los servicios públicos y las instituciones de bienestar social pilares del Estado costarricense.

A las bases, a la militancia y a la clase trabajadora: Festejemos este hito histórico con la frente en alto. Hemos derrotado la arrogancia patronal en el plano internacional. Pero no olvidemos nunca que los derechos reconocidos en los tribunales de La Haya solo se vuelven realidad cuando los defendemos y los ejercemos en las calles, en los centros de estudio y en nuestros lugares de trabajo.

Vamos a usar este fallo internacional para exigir la derogatoria de toda legislación que mutile nuestra libertad sindical y nuestra libertad de convocar a huelgas cuando las condiciones lo ameriten. Vamos a traducir esta victoria en organización.

Ante la rebaja de combustibles: ¿Y la comida? ¿Y los salarios congelados?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Partido Vanguardia Popular

El Partido Vanguardia Popular toma nota de la noticia publicada este 29 de enero de 2026, en la que se informa que la ARESEP aprobó una rebaja en los precios de los combustibles.

Si bien toda disminución en los precios de combustibles es bienvenida, nos preguntamos: ¿Esta rebaja se traducirá en un alivio real para el bolsillo de las familias trabajadoras? La experiencia nos muestra que las rebajas en los combustibles nunca se reflejan de manera proporcional en la canasta básica. Mientras los precios de los alimentos siguen aumentando, y aunque se reporta una inflación negativa, las familias siguen sintiendo el peso de la carestía en los productos de primera necesidad.

Peor aún, el gobierno celebra esta rebaja marginal mientras mantiene congelados los salarios del sector público desde hace seis años. Los sindicatos han tenido que presentar proyectos de ley para exigir el descongelamiento salarial, porque los trabajadores no reciben un ajuste desde 2020. ¿De qué sirve que baje el precio del combustible si los ingresos de miles de funcionarios y trabajadores públicos siguen estancados, perdiendo poder adquisitivo año tras año?, eso es precarización laboral y empobrecimiento.

Por eso, el Partido Vanguardia Popular plantea dos interrogantes claves al pueblo costarricense:

1. ¿Por qué el dólar baja, el precio de combustibles baja, y el precio de los alimentos no? ¿Qué medidas concretas toma el gobierno para garantizar que esta rebaja en los combustibles se transmita a los precios de la canasta básica y no se quede en los márgenes de lucro de los intermediarios?

2. ¿Cuándo terminará el congelamiento salarial de 6 años? ¿Cuándo se dejará de castigar a la clase trabajadora con un congelamiento que viola sus derechos constitucionales y profundiza la desigualdad?

No basta con anunciar rebajas simbólicas en los combustibles mientras se ignora el drama cotidiano de las familias que ven cómo sus salarios no alcanzan para comer. Exigimos políticas integrales que combatan la especulación en los precios de los alimentos y que restablezcan la dignidad salarial de los trabajadores, pero también llamamos a la organización de la clase trabajadora por un ajuste salarial del 10% o más, sin lucha no hay victoria posible.

Partido Vanguardia Popular
Por la justicia social y la soberanía nacional

Costa Rica no necesita salvadores

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Carta abierta a la institucionalidad universitaria: Hablemos de salud mental, la precarización laboral y la violencia simbólica

Escrito en . Publicado en Trabajo.

MSc. Luis Rojas Herra*

Me dirijo a la institucionalidad universitaria no desde la comodidad del aula ni desde la neutralidad de los informes técnicos con el fin de llenar requisitos del POA, sino desde el cansancio acumulado de quienes sostienen con su cuerpo, su deseo y su precariedad los engranajes del sistema educativo. Desde quienes aman la docencia y la investigación, pero se encuentran ahogadxs en un océano de tareas mal remuneradas, evaluaciones continuas, burocracia interminable y una cultura institucional que glorifica la autoexplotación como si fuera sinónimo de compromiso académico.

La salud mental en la universidad se ha convertido en una bomba de tiempo silenciada. El discurso del bienestar circula como política de imagen, pero no como práctica estructural. Se organizan semanas de salud mental, talleres de mindfulness (así en lenguaje liberal) y charlas de autocuidado, mientras en la práctica los ritmos de trabajo y los niveles de exigencia se intensifican.

Largas jornadas frente a la pantalla, la multitarea permanente y la competencia entre colegas por fondos o reconocimientos institucionales han instalado el cansancio crónico como norma. La universidad, que debería ser espacio de pensamiento crítico y emancipador, se ha transformado en una máquina de productividad emocional que devora la subjetividad de quienes la habitan.

La autoexplotación se ha naturalizado. Se aplaude al docente o investigador que trabaja fines de semana, que responde correos a medianoche, que asume más carga académica “por compromiso con el estudiantado” o “la persona que se pone la camisa de la institución”.

Pero detrás de esa mística del sacrificio del ¨buen empleado¨ hay un sistema que se sostiene en la vulnerabilidad emocional y económica del personal. Los salarios fraccionados (1/4 y 1/2 tiempos), especialmente en los rangos más bajos, son insuficientes para cubrir el costo real de vida. En contextos donde el alquiler, los alimentos y los servicios básicos aumentan cada mes, la perdia de garantias laborales como las anualidades congeladas, la imposibilidad de aumentar la jorda laboral por meio de un 16 bis1, la fata de trnasparencia institusional en estos procesos y el desinteres de las autoridades equivalen a una forma de violencia institucional: una que erosiona lentamente la salud física, la estabilidad emocional y la dignidad profesional.

La precarización no es solo económica, es también simbólica. Se espera que la academia sea un espacio meritocrático donde el conocimiento y el esfuerzo bastan para abrir caminos, pero la realidad es otra: los cuerpos y las identidades disidentes siguen enfrentando barreras invisibles. Las personas LGBTIQ+, especialmente quienes habitamos corporalidades cuir, seguimos cargando con la sospecha institucional. Nuestras existencias son toleradas en tanto no incomoden el orden normativo; nuestras investigaciones son aceptadas mientras se mantengan en el margen del “tema especial” y no cuestionen de raíz las estructuras cisheteronormativas de la producción del saber.

Esta violencia simbólica tiene efectos concretos en la salud mental. Vivir permanentemente en un entorno que exige disimular, traducir o justificar la propia existencia produce un desgaste profundo.

La universidad debería ser un refugio frente a estas violencias, pero muchas veces las reproduce con una sutileza institucionalizada. Se promueve la diversidad como valor, pero sin transformar los mecanismos estructurales de exclusión. Se firman políticas de igualdad, mientras los protocolos de atención siguen sin reconocer la complejidad interseccional de las diversas condiciones de vida de sus empleadxs. Se habla de inclusión, pero los espacios de decisión continúan ocupados por persons previlegiadas que no muestran empatia por las condiciones laborales precarias y violentas.

En ese contexto, la salud mental no puede abordarse como un asunto individual. No se trata de aprender a respirar mejor ni de asistir a talleres de resiliencia. Se trata de reconocer que la precarización material y simbólica mata lentamente. Que la ansiedad y la depresión no son solo diagnósticos clínicos, sino síntomas de un sistema que prioriza los indicadores de desempeño sobre el bienestar humano. Que la autoexplotación no es un acto de amor al trabajo, sino una estrategia de supervivencia frente a la inseguridad laboral.

El bajo salario, la sobrecarga de tareas y la exigencia constante de resultados no solo afectan el cuerpo, sino también el deseo de crear, investigar y acompañar procesos educativos transformadores. Nos encontramos en un punto donde la vocación se convierte en trampa: se nos pide pasión, pero se nos niegan las condiciones para vivirla dignamente. La pasión sin justicia social se transforma en explotación emocional.

Frente a esto, exigimos una transformación estructural, no paliativos simbólicos. Queremos universidades que no midan su excelencia por la cantidad de publicaciones, sino por la calidad de los vínculos que promueven. Queremos que la salud mental sea reconocida como una cuestión política y colectiva. Que se hable de bienestar junto con redistribución, de inclusión junto con justicia económica, de diversidad junto con descolonización del saber.

Las universidades deben dejar de ser espacios de sufrimiento normalizado. No queremos más docentes agotadxs, estudiantes medicadxs por ansiedad o funcionaries que sobreviven a punta de café y precariedad. Queremos espacios donde el pensamiento crítico no se quede en el discurso, sino que atraviese las prácticas institucionales, los presupuestos, las jerarquías y las políticas laborales.

Exigimos respeto, redistribución y reconocimiento. Queremos seguir produciendo conocimiento, pero sin que ello implique enfermarnos. Queremos enseñar, pero también vivir. Queremos que el amor por el trabajo académico no sea el disfraz de la explotación.

La universidad tiene la oportunidad —y la obligación— de repensarse como espacio de cuidado mutuo, de dignidad y de justicia. Pero eso solo será posible si escucha las voces que históricamente ha silenciado: las de quienes hemos sostenido el sistema desde la marginalidad, desde el deseo, desde la precariedad y desde el agotamiento.

La salud mental universitaria no se cura con pausas activas ni con campañas motivacionales. Se cura con justicia laboral, con sueldos dignos, con políticas reales de inclusión y con una pedagogía del cuidado que no tema incomodar la norma. Hasta que eso ocurra, seguiremos insistiendo: nuestra existencia, nuestro cuerpo y nuestra salud no son negociables.

*Artista seropositivo e investigador académico.

Imagen: Cartel del Frente Gremial UNED, colocado en las gradas de acceso frente a la Vicerrectoría en el edificio C, Sabanilla Montes de Oca.

1 Desde mediados de los 2025 recursos humanos de la UNED, no acepta solicitudes de 16 Bis para aumento de jornadas laborales por la crisis financiera para la educación superior.

Dos años del SIUNED: de la indignación a la lucha organizada

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

En un contexto universitario marcado por profundas contradicciones económicas y más de una década de recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), acompañado esto de un debilitamiento de las estructuras organizativas -lo cual se evidencia en el retroceso de los niveles de sindicalización, tanto a nivel nacional como institucional-, se abre una ventana de oportunidad para la construcción de un sindicato unitario, de clase y combativo en la UNED.

Más allá de dicho contexto, la perspectiva de fundar un nuevo sindicato en la universidad refleja no solo los problemas laborales, sino también la necesidad de reivindicar una cultura democrática representativa y de lucha, ante el retroceso organizativo derivado de un viejo sindicato desvinculado de los intereses de la clase trabajadora unediana y del panorama político universitario y nacional.

Es así como hace dos años, el lunes 16 de octubre del 2023, en medio de un suelo árido largamente desatendido y como una aspiración de las Asociaciones Gremiales y otros actores políticos universitarios que se unieron a esta lucha, nace el Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED).

Este sindicato germina, en medio de una universidad marcada por estructuras verticales, donde el control institucional se impone como sombra sobre los derechos laborales y salariales. Además, tras los golpes que a la clase trabajadora dio la nefasta Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y ante la preocupación de la Comunidad Universitaria por la imposición de un Salario Global Transitorio que abría un mar de cuestionamientos.

El SIUNED emerge como una apuesta clara por la unidad, la dignidad, la solidaridad y la lucha de clase. Su fundación es el resultado de años de silencios acumulados, de injusticias normalizadas y de voces que pedían ser escuchadas más allá de los pasillos del poder.

La creación de SIUNED busca romper con el molde tradicional del sindicalismo, muchas veces supeditado a intereses institucionales o electorales. Este nuevo sindicato apuesta por ser una organización independiente, con un claro compromiso en una causa mayor: la defensa de la clase trabajadora universitaria, desde una perspectiva de clase, combativa y profundamente humana.

En estos dos años, el SIUNED ha sido un faro para quienes buscan orientación en medio de la precarización laboral y la imposición de medidas ajenas a los marcos laborales.

El sindicato se ha colocado como alternativa ante las estructuras injustas, pero también ha sido un brazo que acompaña a quienes sufren el peso de la indiferencia institucional.

En su corta existencia, el SIUNED ha cosechado grandes victorias y diversidad de aportes tales como la generación de espacios de denuncia, la promoción del respeto de los derechos laborales y oportunidades para la organización desde abajo. Además, se ha sembrado una emergente cultura política crítica, que florece en cada conversación, en cada reunión, en cada charla y en cada acto de resistencia.

Respecto a los métodos de lucha, estos también han cambiado. Ya no se trata únicamente de quejarse, resignarse o confiar en las promesas de las autoridades de turno. Se trata de pensar críticamente, de analizar con profundidad y de construir colectivamente desde la conciencia y la acción informada.

El SIUNED ha entendido que la articulación implica movimiento de ideas y de voluntades. Se ha apostado por el análisis riguroso de la realidad nacional y universitaria, la formación sindical y política, la información y comunicación constante con la comunidad universitaria, así como la creación de herramientas que empoderan a las personas trabajadoras.

La lucha no se limita a exigir derechos: implica comprenderlos, apropiarse de ellos y convertirlos en herramientas de transformación hacia un ambiente laboral más justo y coherente.

Hablar de la propuesta política del SIUNED, es hablar de un proyecto con visión de futuro a largo plazo, que busca una universidad democrática, crítica y comprometida. La ruta está clara: avanzar hacia una Convención Colectiva que no se quede en el papel, sino que se convierta en una base real para el reconocimiento de derechos históricamente ausentes o postergados en la universidad. El SIUNED continúa en la dinámica de construir un sindicalismo crítico, que no se acomoda, que no negocia principios y que no guarda silencio ante los abusos.

En tiempos de retroceso político donde el neoliberalismo se disfraza de modernización y la indiferencia se vende como eficiencia, el SIUNED defiende los derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras universitarias. En una universidad donde el control institucional ha sido, por años, parte de la cultura dominante, el SIUNED ha abierto espacios que dan paso a la conciencia, la organización y la esperanza. Es posible organizarse, denunciar, resistir y construir.

El sindicato se ha colocado como una fuerza independiente frente al modelo de órdenes y sacrificio y que impulsa en el imaginario de la comunidad que la universidad no es solo un lugar de saberes, sino también un territorio de luchas, de debate, de solidaridad interna y externa.

Así las cosas, consolidar un sindicalismo comprometido, independiente y combativo no es tarea fácil. Sobre todo, en un contexto de retroceso político nacional e internacional, donde los derechos laborales se erosionan. Por tanto, fortalecer organizaciones de clase como el SIUNED, más que necesario, es urgente. Sólo desde la organización consciente, desde la crítica reflexiva y desde la acción colectiva, podremos construir una clase trabajadora universitaria que reconozca las amenazas y defienda sus derechos.

Para este fin, se cuenta con un marco legal que permite y garantiza la libertad sindical, como un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en los artículos 339 al 367 del Código de Trabajo, que regulan la constitución, funcionamiento y protección de los sindicatos. Además, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan el derecho de las personas trabajadoras a formar sindicatos sin autorización previa y a negociar colectivamente.

El SIUNED se respalda en la existencia del fuero sindical, como mecanismo de protección, que se extiende no solo a sus dirigentes, sino a cualquier persona trabajadora que participe en actividades sindicales. Esta protección es vital en contextos como el universitario, donde el poder institucional puede ejercer presiones para desarticular la organización sindical y cuestionar las propuestas alternativas.

Como lo señala Ariane Grau-Crespo en su análisis sobre el deterioro de los derechos laborales en Costa Rica, el anti-sindicalismo ha sido un componente estratégico de las políticas neoliberales, lo que hace urgente revalorizar y fortalecer la organización independiente de la clase trabajadora1.

En ese sentido, SIUNED no solo es una respuesta, sino una construcción coherente: una forma de hacer sindicalismo desde la praxis y la propuesta. Dos años resultan poco tiempo, todavía quedan muchas tareas y retos para cimentar un sindicato independiente y de clase. Hacia ese camino nos dirigimos, colocando toda la fuerza, el compromiso y la esperanza a favor de la clase trabajadora de la UNED.

SIUNED: ¡Unidad y Lucha!

1 Grau-Crespo, Ariane. (2024). El deterioro de los derechos laborales y sindicales en Costa Rica en las últimas cuatro décadas: El largo camino de una política laboral neoliberal que continúa. Revista Espiga, 23(48), 31-51. https://doi.org/10.22458/re.v23i48.5451

UNDECA celebra rechazo a vía ultrarrápida a proyecto de jornadas 4×3

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

El trabajo digno demanda su archivo

Desde la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) celebramos la acción responsable de la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa de rechazar la vía ultrarrápida defendida por unos codiciosos legisladores para aprobar el proyecto de jornadas excepcionales, mejor conocida como jornada 4×3.

Ahora les queda a los diputados una tarea pendiente, retirar definitivamente este nefasto proyecto y archivarlo, porque lejos de pensar en el bienestar de las personas trabajadoras, es un despropósito que legitimaría las ´peores condiciones de trabajo.

Este proyecto instrumentalizado por el PUSC y el chavismo pretende acabar con una de las principales conquistas de la clase trabajadora del mundo: la jornada de 8 horas. Un intento más del gobierno de Rodrigo Chaves Robles para imponer una política criminal y depredadora de los derechos laborales, que solo busca abaratar los costos de la producción, sacrificando los ingresos, la salud ocupacional y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias.

“Desde UNDECA hemos sostenido, reiteradamente, que la jornada 4×3 significa un retroceso en materia laboral y un impulso a la esclavitud moderna en Costa Rica, mientras que en otras latitudes avanzan hacia jornadas semanales más cortas, aquí buscan aumentarlas”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta del sindicato.

Esta posición es respaldada por calificados estudios técnicos e investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que confirman que una jornada laboral de 40 horas semanales es lo ideal, y que los trabajos de 8 horas diarias con dos días de descanso son más convenientes para empleadores y las personas trabajadoras.

Relato de yerros y aciertos del gobierno de Rodrigo Chaves Robles

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría 

Introducción: Entre la expectativa y la decepción

El ascenso de Rodrigo Chaves Robles a la presidencia de la República se dio en un contexto marcado por el desencanto hacia los partidos tradicionales y el deseo de ruptura con las élites políticas que, durante décadas, ejercieron el poder en Costa Rica. Para muchos ciudadanos, su elección representó una oportunidad para “sacudir el tablero”, para oxigenar la política y enderezar rumbos torcidos por la corrupción y la ineficiencia estatal. Sin embargo, a más de la mitad del mandato, la evaluación de su gobierno arroja un balance mixto en donde, aunque hay algunos logros formales, prevalecen las señales de alarma en lo político, económico, institucional y social.

Aciertos

  1. Cierta estabilidad macroeconómica

Uno de los argumentos que esgrime el gobierno como su mayor logro es la estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos. El crecimiento proyectado del 4% del PIB para 2025 y una inflación relativamente controlada se destacan como señales de buena salud económica. Para sectores empresariales y organismos internacionales, esto representa una señal positiva.

No obstante, este crecimiento está concentrado en sectores altamente privilegiados como las zonas francas, que operan al margen de las cargas tributarias nacionales y no generan encadenamientos significativos con la economía interna. Por tanto, aunque hay una “ilusión de bonanza”, esta no se traduce en una mejora real para la mayoría de los ciudadanos.

  1. Comunicación directa con sectores populares

Chaves ha sabido conectarse con ciertos segmentos sociales, particularmente con sectores de bajo nivel educativo y con un fuerte resentimiento hacia la clase política tradicional. Su estilo confrontativo y su discurso “antipolítico” han tenido impacto, construyendo una base de apoyo que, aunque menguante, sigue vigente.

Yerros

  1. Precarización del empleo

Aunque el gobierno celebra una reducción histórica en las cifras de desempleo, el detalle fino de los datos revela una realidad más sombría: la mayoría de los nuevos empleos se ubican en el sector informal (138.000 de ellos en 2024), mientras que solo 12.000 se generaron en el sector formal, según datos de la CCSS. Esto implica que muchos trabajadores no tienen acceso a seguridad social, crédito ni estabilidad laboral.

El gobierno ha optado por presentar estas cifras sin el necesario análisis cualitativo, desfigurando la realidad y promoviendo una narrativa de éxito sustentada en datos mal interpretados o manipulados.

  1. Deriva autoritaria y desprecio por la institucionalidad

Una de las acusaciones más graves contra el gobierno de Chaves es su permanente tensión con los otros poderes del Estado y organismos autónomos: Poder Legislativo, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Fiscalía General, e incluso la prensa libre.

El irrespeto por la división de poderes y los reiterados intentos de concentrar funciones en el Ejecutivo, han sembrado dudas sobre su apego a los principios democráticos. Muchos advierten señales de autoritarismo en su gestión, lo que genera un ambiente político polarizado y beligerante.

  1. Crisis de seguridad e impacto del narcotráfico

En un contexto de creciente desigualdad y abandono social, el narcotráfico ha logrado penetrar comunidades vulnerables, particularmente en zonas rurales y urbanas marginadas. Jóvenes fuera del sistema educativo se convierten en presa fácil del crimen organizado, generando un aumento sostenido de la violencia y el debilitamiento del tejido social.

A pesar de la gravedad del fenómeno, el gobierno ha fallado en presentar estrategias eficaces, integrales y sostenidas para enfrentar esta amenaza estructural.

  1. Intento de regresión ambiental

El intento del gobierno de autorizar la exploración y eventual explotación petrolera y gasífera representa un retroceso peligroso para un país que ha construido su imagen internacional sobre una marca verde. Costa Rica ha sido un referente mundial en sostenibilidad, y alejarse de ese camino por intereses de corto plazo y dudosa rentabilidad económica, podría significar un daño irreparable a su reputación y ecosistemas.

  1. Asfixia presupuestaria a la educación y la cultura

El debilitamiento del sistema educativo público se presenta como uno de los más graves síntomas del deterioro institucional. El gobierno ha incumplido con la asignación constitucional del 8% del PIB a la educación y ha promovido recortes presupuestarios a la cultura, reduciendo su asignación del 0.86% al 0.3%.

Esto no solo limita el acceso y la calidad de la educación, sino que erosiona las capacidades del país para formar ciudadanos críticos, informados y creativos. La subejecución presupuestaria, además, parece ser consecuencia de una gestión ineficiente dentro del propio Ejecutivo.

  1. Desinformación desde el poder

El estilo comunicacional del presidente, centrado en conferencias de prensa semanales de corte farandulero y en mensajes populistas, ha creado un clima enrarecido donde la desinformación y la manipulación de datos se convierten en política de Estado. Esto mina la confianza ciudadana en las estadísticas oficiales y atenta contra la transparencia democrática.

Epílogo: ¿Hacia dónde vamos?

Rodrigo Chaves llegó al poder enarbolando una bandera de cambio, pero sus acciones han estado marcadas más por la confrontación que por la construcción. La falta de visión estratégica, el uso electoralista de los datos, el debilitamiento institucional y el desinterés por el impacto social de sus políticas dibujan un cuadro preocupante.

Si bien aún conserva algún respaldo, su capital político se desgasta aceleradamente. Costa Rica, país de larga tradición democrática, enfrenta hoy el desafío de preservar sus instituciones frente a los impulsos autoritarios, y de reconstruir un pacto social basado en la equidad, el conocimiento, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho.