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Etiqueta: precarización laboral

Precarización laboral y derechos laborales, ¿dónde queda la justicia? Resumen del foro

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

Alianza por una Vida Digna

Resumen del foro “Precarización laboral y derechos laborales, ¿dónde queda la justicia?”, celebrado el miércoles 24 de abril del 2024 y transmitido por el Facebook Live de SURCOS.

Participantes en el foro:

María Leonela Artavia Jiménez, Profesora e Investigadora, Escuela de Economía, Universidad Nacional.

Mauricio Castro Méndez, Docente e investigador, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

Sandra Cartín Herrera, Socióloga, docente jubilada Universidad de Costa Rica, integrante del Colectivo Mujeres por Costa Rica.

Moderador: José María Gutiérrez Gutiérrez, Alianza por una Vida Digna.

María Leonela Artavia presentó el concepto de precariedad laboral, el cual altera simultáneamente y en grados variados diferentes dimensiones laborales. Incluye, entre otros aspectos, la inseguridad laboral, la inseguridad de ingresos, la desprotección social y la desregulación de la jornada. En Costa Rica el fenómeno es más prevalente en regiones periféricas, aunque ocurre en todo el país y en actividades económicas diversas, siendo muy fuerte en el trabajo doméstico.

Presentó los resultados de un estudio, efectuado en la Universidad Nacional en la gran área metropolitana (GAM), sobre las condiciones de las personas que laboran en las plataformas de reparto, quienes sufren de alta precarización. Esta actividad involucra sobre todo a jóvenes varones, muchos de ellos migrantes, con niveles de especialización bajos. Este sector se caracteriza por un alto nivel de desprotección, ya que el 60% de estas personas no están aseguradas y el 78% no cotizan para pensión.

Estas personas trabajadoras tienen una alta inseguridad de ingresos, ya que el 40% devenga menos de un salario mínimo y el 54% devenga entre uno y dos y 2 salarios mínimos. Por otra parte, sufren de la desregulación de la jornada laboral, pues se trabaja mucho y no se contempla el pago de horas extra. Con frecuencia se trabaja más de 60 horas por semana. Sufren también de una alta vulnerabilidad a accidentes ya que la mayoría trabaja en motocicletas, bicicletas o bicimotos. Y se han reportado casos de personas que, al sufrir un accidente, son luego excluidos de las plataformas.

Por otra parte, es común que se niegue la condición de relación laboral en este trabajo, ya que se habla de que son ‘socios repartidores’, desde una perspectiva de ‘emprendedurismo’ y este imaginario afecta los procesos de organización colectiva, los cuales son esenciales para las luchas por contar con condiciones laborales dignas.

Mauricio Castro comentó que si bien existe legislación que regula las relaciones laborales, mencionó que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, en el sentido de que, en términos generales, estas normas se cumplen muy poco. La ley permite dos mecanismos para enfrentar el incumplimiento de las leyes laborales: la inspección del trabajo y los procesos judiciales. Pero considera que estos mecanismos son ineficientes. En cuanto a la inspección del trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta únicamente con 100 inspectores para todo el país, lo cual es insuficiente y hace que estas inspecciones sean, en gran medida, inefectivas y de poco impacto. En cuanto a los procesos judiciales, estos llegan tarde y lo que se puede lograr es la imposición de algunas sanciones e indemnizaciones.

Mencionó que actualmente existen dos instrumentos que sí permiten impactar en las relaciones laborales:

  • El principal mecanismo es la organización colectiva de las personas trabajadoras. Hay una cultura anti-sindical en el país y existen mecanismos jurídicos para limitar las organizaciones sindicales. Por ello se requiere llevar adelante procesos de organización colectiva de las personas trabajadoras, en diversos ámbitos, para fortalecer este instrumento. Y, además, se requiere enlazar estos procesos a nivel nacional con formas de organización internacional.
  • El otro instrumento tiene que ver con la aprobación en Europa y otras regiones de leyes de diligencia debida, las cuales tutelan la violación de los derechos laborales a través de toda la cadena de valor. Estas leyes tienen impacto en actividades productivas vinculadas con exportaciones a Europa y velan por el cumplimiento de derechos humanos y normas de mitigación del cambio climático a todo lo largo de la cadena de valor. El incumplimiento de estas normas puede ser objeto de sanciones millonarias. Esta es una ventana de oportunidad para sindicatos y otros grupos de personas trabajadoras organizadas, para que presionen por el cumplimiento de derechos laborales esenciales. Actualmente sectores sindicales de América Latina, África y Asia trabajan en el aprovechamiento de este mecanismo en sus luchas por los derechos laborales.

Sandra Cartín enfocó su presentación en el tema de la inseguridad laboral para las mujeres, quienes sufren en mayor medida este problema. Presentó datos estadísticos sobre esta faceta a partir de documentos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Universidad de Costa Rica y el Programa Estado de la Nación.

La tasa neta de participación laboral es menor en mujeres que en hombres. Con frecuencia no se labora con contratos de trabajo, lo cual ocurre a menudo en ocupaciones de empresas agrícolas, textiles y en el trabajo doméstico. Muchas veces predomina el contrato oral. En el caso de las trabajadoras domésticas esto es particularmente frecuente. Otra variante es el empleo temporal, donde se contrata por estaciones de cosechas (caso de la zafra, el café, la naranja), actividades donde hay una alta participación de mujeres y personas migrantes. Con los procesos de desregulación de las relaciones laborales, las empresas han aplicado estrategias de flexibilización laboral, que es un mecanismo del capital a escala global que busca disminuir regulaciones y reducir derechos.

Existe una importante brecha salarial por género, ya que las mujeres reciben menor salario por el mismo trabajo; se estima que el salario de las mujeres es un 15-20% menor que el de los hombres. Por otra parte, el uso del tiempo semanal para trabajo doméstico es mayor en las mujeres, con mucha dedicación al cuido de sus familias, lo cual limita la disponibilidad de tiempo para trabajo remunerado y desarrollo personal. Las mujeres a menudo tienen empleos informales precarios.  

El desempleo es también más alto en mujeres, y se ven más afectadas por el subempleo.  Las mujeres también sufren por falta de aseguramiento, lo cual las coloca en situaciones de alta vulnerabilidad. Este problema conlleva al no disfrute de licencia por maternidad y también tienen mayor desprotección a la hora de ser despedidas. En muchas empresas hay una discriminación hacia las mujeres por el embarazo, la atención a hijos pequeños y la lactancia

También las mujeres son afectadas por las dificultades para lograr la sindicalización y participar en procesos de organización y negociación colectivas para exigir sus derechos.

A manera de conclusión, y retomando varios de los aspectos presentados en el foro y en la sesión de comentarios y preguntas que siguió a las exposiciones de las panelistas y el panelista, José María Gutiérrez mencionó los siguientes puntos: (1) La importancia de estudiar y conocer los fenómenos que se relacionan con la precariedad laboral, tarea en la que juegan un papel clave los grupos de investigación de las universidades públicas, en estrecha relación con las organizaciones laborales y la población trabajadora. (2) La tarea fundamental de promover la organización de los diversos sectores laborales, incluyendo la organización sindical, y el impulso de luchas lideradas por estos entornos colectivos organizados. (3) El fomento que se le debe dar a la lucha cultural, a la batalla por las ideas, que enfrente la hegemonía ideológica que alimenta el individualismo y el mercantilismo, para fortalecer los valores de solidaridad y lucha colectiva en procura de condiciones laborales dignas. (4) Promover la creatividad en la construcción permanente de formas de organización novedosas que busquen condiciones laborales dignas, enlazando procesos nacionales e internacionales. (5) Crear espacios de confluencia entre los sectores laborales organizados y otros sectores sociales, comunitarios, culturales, ambientalistas, feministas e institucionales, para encontrar avenidas de lucha comunes con miras la construcción de una vida digna para todas y todos.  

El video de este foro está accesible en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna. Puede verlo aquí:

CTRN 1º de Mayo: “País con serios retrocesos en materia de democracia, empleo, precarización laboral y justicia salarial”

Escrito el . Publicado en Trabajo.

Desde la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) expresamos la enorme preocupación por el grave retroceso que experimenta Costa Rica en materia laboral, con problemas en cuanto al empleo, la precarización laboral, la enorme salida de personas de la fuerza laboral y las desigualdades que genera la informalidad.

Este 1º de Mayo, la CTRN reafirma su compromiso de lucha contra las graves situaciones que amenazan el bienestar, los derechos y las libertades de la clase trabajadora, así como los principios de solidaridad y justicia social que dan sustento a nuestra democracia.

Unimos nuestra voz a la del resto del movimiento sindical para denunciar los intentos del gobierno y del sector patronal de anular históricas conquistas de los trabajadores y trabajadoras, como la jornada de ocho horas, que fue el punto álgido de las luchas libradas por los obreros de Chicago hace 138 años y que hoy conmemoramos, como todos los primeros de mayo.

El proyecto de ley 4×3, para alargar hasta doce horas las jornadas laborales es una iniciativa que en nada favorece a los trabajadores y trabajadoras, solo beneficiaría los intereses del sector empresarial y violenta el Convenio 1 de la OIT.

“Urgimos de una voluntad política firme de reinversión productiva para ampliar las fuentes de empleo decente, cada vez más limitadas, abriendo perspectivas para nuevos sectores en el marco de la economía circular, la economía verde, la economía digital, así como en la trascendental economía del cuidado”, manifestó Fanny Sequeira, Secretaria General de la CTRN.

Además, exigimos que cese el arbitrario intervencionismo del gobierno en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y los intentos de falsear la realidad financiera de la institución mediante estudios actuariales espurios y se proceda de inmediato al desarrollo de obras de infraestructura que son urgentes; que se fortalezca el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte; que se dé un trato digno al personal médico especialista. Y sobre todo, que se cancele la billonaria deuda con la CCSS que este gobierno ha aumentado irresponsablemente.

Proclamamos nuestro compromiso de luchar para que se reviertan las tres leyes anti obreras que han estancado los salarios y deteriorado injustamente el nivel de vida de cientos de miles de personas trabajadoras y sus familias. La ley anti huelgas, la Ley Marco de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. “Deben ser suprimidas, al tiempo que se promuevan nuevas leyes para prevenir y sancionar los delitos de evasión y elusión, que son la verdadera causa del déficit fiscal”.

Urge una reforma al sistema tributario para asegurar la progresividad de los tributos, y es imprescindible hacer auditorías sociales de la deuda interna y la deuda externa, la cual estrangula nuestra economía con el pago brutal y desaforado de intereses.

No permitiremos que continúe el retroceso en materia de democracia, de derechos y de cohesión social. Reafirmamos nuestra lucha por el trabajo decente, contra el trabajo precario y la vida precaria, y por los derechos humanos y laborales, porque esa es la única forma de que nadie se quede atrás. Necesitamos un nuevo Contrato Social, ya que el que teníamos ha sido abandonado por la política dominante, como lo señalan los últimos informes del Estado de la Nación.

Llamamos al pueblo a ponerse en pie de lucha para evitar que se siga rematando a precio de quiebra las empresas públicas de propiedad estatal, con la excusa de hacer frente a la deuda.

Precarización laboral y derechos laborales ¿dónde queda la justicia? – Foro

Escrito el . Publicado en Sin categoría.

La Alianza por una Vida Digna le invita:

El 24 de abril a las 6 pm.

Con la participación de María Leonela Artavia Jiménez, profesora e investigadora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional; Mauricio Castro Méndez, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; y Sandra Cartín Herrera, socióloga y docente jubilada de Universidad de Costa Rica.

Facebook Live en @SURCOSDigital 

UNDECA condena el congelamiento salarial y la precarización laboral

Escrito el . Publicado en Trabajo.

Comunicado

  • Trabajadores de la CCSS en las peores condiciones de la historia

La situación de los y las trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social se ha visto gravemente afectada, debido a una serie de leyes, entre ellas, el combo fiscal y de Empleo público, que han dejado a las familias de los trabajadores de la salud y de todo el sector público en una situación de absoluta indefensión y precarización.

Estas medidas no solo han congelado los salarios, sino que han provocado una disminución significativa de sus ingresos, llegando a perder hasta un 50% de su salario, generando condiciones laborales insostenibles y una alarmante fuga de profesionales, entre ellos trabajadores médicos, enfermeras, profesionales de diversas disciplinas, y otros funcionarios.

La experiencia de los profesionales en ciencias médicas  de la institución es solo una muestra de la situación general de los trabajadores: un sentimiento de desmotivación y descontento, lo que afectar negativamente su rendimiento laboral .

“Esta precarización salarial y deterioro laboral es producto de continuos gobiernos neoliberales, que han impuesto políticas restrictivas y anti laborales, con la falsa premisa de que las remuneraciones eran la principal causa de la crisis fiscal, cuando ha quedado demostrado que es producto de la corrupción, la evasión y el fraude de los grupos de poder económico”, recordó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Estas medidas fiscalistas y de austeridad, además han causado, una astronómica disminución de la inversión social, salud, educación, seguridad, desarrollo de infraestructura pública, generando además, un significativo menoscabo en los servicios públicos esenciales.

UNDECA exige a la Junta Directiva de la CCSS que disponga remuneraciones salariales justas y competitivas para todos los trabajadores, con criterios objetivos que eviten disparidades, de forma transparente y equitativa.

La postura patronal está exacerbando un conflicto que altere la paz social y laboral de la institución. UNDECA exige la apertura inmediata de diálogo y negociación, con los actores sociales que representan legítimamente a todos los trabajadores y trabajadoras.

¡NEGOCIACION SALARIAL O CONFLICTO LABORAL!!!

La UAS manifiesta su respaldo al paro general en Argentina

Escrito el . Publicado en Trabajo.

Rel UITA

La Confederación Unión para la Acción Sindical (UAS) de Costa Rica se sumó a las manifestaciones de solidaridad con los trabajadores y trabajadoras argentinos que se movilizarán masivamente el próximo 24 de enero en protesta a las medidas regresivas del gobierno de Javier Milei.

En la nota, la UAS recuerda que para el mandatario argentino “el Estado es un estorbo para el libre engorde de las corporaciones y que lo único que se debe garantizar son los intereses del sector privado precarizando al extremo las relaciones laborales”.

Lea la nota completa AQUÍ.

 

Fuente: https://www.rel-uita.org/

Nuestras razones para oponernos al Proyecto No. 21.182

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica manifiesta su oposición al Proyecto de Ley Número 21.182 que extiende las jornadas laborales a 12 horas sin pago de horas extra (proyecto 4/3).

La sólida democracia costarricense se ha consolidado en el respeto a la búsqueda de bienestar para toda la población. Consideramos que este proyecto representa un retroceso en los derechos laborales, que afectará a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El Estado no puede promover un crecimiento económico que perjudique a los más desfavorecidos, sino que, por medio de sus políticas públicas, debe buscar un desarrollo acorde con las tradiciones legales, institucionales y democráticas de nuestra historia, que han sido garantía de la paz social.

Quienes defienden el proyecto lo hacen en el nombre de la productividad empresarial. Curioso argumento, que desconoce las discusiones dadas en países europeos.  En varios países desarrollados se ha constatado una relación inversa entre duración de las jornadas laborales y productividad: a jornadas MENOS largas, la productividad es MAYOR. Costa Rica se convertiría en uno de los países de la OCDE con jornadas laborales más largas, puesto que otros países miembros de esa organización tienen jornadas de 35 o 36 horas por semana. Otro argumento dado por sus defensores es de que la aprobación de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra atraerá más inversión y generará más empleos. Este es otro curioso argumento, que olvida que Costa Rica ha logrado atraer empresas por la calidad de la mano de obra y su estabilidad política, no por ofrecer empleo precarizado. Las empresas que funcionan actualmente con jornadas de 8 horas, mantienen tres turnos; si se pasan a jornadas de 12 horas, solo emplearán la cantidad requerida para dos turnos.

Varias son las razones que nos ponen en alerta contra este proyecto:

  1. Impacto en la salud: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre el deterioro en la salud física y psicológica de las jornadas laborales largas, como es el caso de las 12 horas. En sectores bien remunerados como en el caso de quienes laboran en computación, se llega al llamado “burn out”.  Con mucha más razón en ocupaciones expuestas al ruido de máquinas, a agentes químicos, a altas o bajas temperaturas durante largas horas, a las vibraciones de máquinas. Esta situación produce más accidentes laborales, fatiga crónica, problemas cardio vasculares, intoxicaciones, sordera, trastornos del sueño, estrés. En el caso de las mujeres, debido a la manera como se ha establecido la división del trabajo, a estas jornadas prolongadas se suman las horas de trabajo no remunerado en el hogar: cuidado de los niños y de las niñas, labores domésticas, cuido de personas adultas mayores o con alguna discapacidad.  El desgaste físico y emocional para las mujeres será mayor, haciendo tambalear el sostén afectivo necesario que requieren las personas a su cargo y perjudicando de manera más destructora el bienestar de esas mujeres.
  2. Retrocede en el derecho a la creatividad, al descanso, al disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones. La jornada de 8 horas, establecida desde inicios del siglo pasado, dio derecho a 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas recreativas. En Costa Rica se estableció en 8 horas desde la aprobación del Código del Trabajo de 1943, se incorporó a la Constitución de 1949 y se ratificó con la firma del convenio 1 de la OIT, ratificado por Costa Rica el 20 de enero de 1982. La jornada de 12 horas arrebata esos derechos, pues los días libres tendrán un trabajo doméstico acumulado y un cansancio tal que no habrá tiempo para desarrollar cualquier otra actividad a la que toda persona tiene derecho.
  3. Significa para las mujeres un factor de exclusión más del mercado laboral: la pandemia demostró con claridad algo que las mujeres conocíamos, es decir, que en los mercados laborales son muchos los factores que se presentan en contra de las mujeres, tales como dificultades para ascender a puestos de mando, rechazo velado a mujeres embarazadas, menor pago a las mujeres por igual trabajo, etc.  Los datos del INEC muestran que la pérdida de empleo en este año ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres: comparando los datos de setiembre del 2022 con los de abril 2023, hay 110 mil mujeres menos en el mercado laboral. Las jornadas de 12 horas significarán más cantidad de horas pagadas por el cuido de los niños y las niñas. El proyecto presentado, además, al eliminar el pago de esas horas extra, hará aumentar los gastos de cuido sin contar con el pago de horas extra. Si no se paga ese cuido, la calle será el refugio de niños, niñas y adolescentes durante esas horas. La situación se complica entonces mucho más para las mujeres. No podemos olvidar el drama de los hogares monoparentales (la mayoría de los cuales tiene una mujer como jefa de familia) ante esa situación.
  4. El proyecto 4/3 repercute de manera negativa en la vida familiar: con jornadas extenuantes, sumadas a las horas de trayecto desde y hacia la casa, afectarán la dinámica de pareja, los niños, niñas y adolescentes crecerán sin momentos de compartir vida familiar, no contarán con el apoyo cotidiano en sus tareas, no tendrán momentos de ser escuchados y acompañados por sus padres. ¿Quién los lleva y trae para ir a la escuela? Los horarios de los días libres para quienes viven en pareja, no siempre van a coincidir, provocando trastornos a la relación. En hogares monoparentales la situación de los hijos e hijas se agravaría aún más. Las tareas de cuidado de la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos, no se pueden posponer, ni ajustarse a 4 días no se cuidan y tres días sí se cuidan.
  5. Cierra las posibilidades del ascenso social vía educación: pese a que esa vía de movilidad social se ha dificultado cada vez más, permanece aún para muchas personas la posibilidad de estudiar fuera de las horas de trabajo y lograr, no solo su desarrollo como persona, sino abrirse oportunidades de mejoras futuras en su situación económica. Con la jornada de doce horas es imposible para quienes trabajan, estudiar después de cumplir su jornada.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica hace un llamado a los diputados y las diputadas para que cumplan con la tarea de salvaguardar las condiciones de vida de las y los costarricenses, a velar por el bienestar de toda la población. Les instamos a rechazar el Proyecto de Ley Número 21.182, que produciría efectos nefastos en la vida de muchas personas, sobre todo mujeres, personas con alguna discapacidad, niñas, niños y adolescentes y haría tambalear los cimientos de nuestra democracia.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica

Dra. Nora Garita Bonilla
M.Sc. Sandra Cartín Herrera
Ana Helena Chacón Echeverría, Exvicepresidenta de la República
Dra. Yamileth González García
Dra. Elizabeth Fonseca Corrales
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Arq. Eugenia Solís Umaña
Licda. Vera Sancho Mora
Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021
Dra. Margarita Bolaños Arquín
Periodista Erika Henchoz Castro

San José, 5 de junio de 2023

Mesa de Diálogo Social y Productiva fija posición sobre proyecto de ley de jornadas flexibles

Escrito el . Publicado en Derechos, Trabajo.

Comunicado

Posición política de la Mesa de Diálogo Social y Productiva por una Costa Rica Próspera, Inclusiva y Solidaria sobre expediente No. 21.182 proyecto de ley jornadas flexibles.

Las organizaciones sociales y productivas que participan de este espacio de diálogo nacional como mecanismo de encuentro ante la distancia acrecentada entre los poderes de la república, los sectores sociales y productivos, organizaciones diversas y de carácter asociativo como las organizaciones comunales, solidaristas, sindicalistas, cooperativistas, colegios profesionales, organizaciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como otras de instancia institucional como las universidades públicas desde las federaciones estudiantiles, pero además, otras de carácter autónomo y coyuntural que en los últimos meses han sido fuertemente afectadas por el abandono estatal, tales como las organizaciones del sector agrario y agroindustrial, otros también de carácter cooperativa y privado con algunas cámaras empresariales en estrecha vinculación.

La mesa desde su conformación en el 2020, en el contexto de la crisis sanitaria, han posicionado una agenda amplia de grandes ejes y temas alrededor de una ruta por la defensa del Estado Social y Derecho, que aporte en la reconstrucción económica que nuestro país necesita con equidad y justicia social ante la desigualdad y pérdida de oportunidades de bienestar social y económico que ha devenido del Estado Social de Derecho, pero que se encuentra en amenaza ante la insistencia de una reconfiguración de sociedad en detrimento de la calidad de vida.

Por esto, la posición la mesa, respetando las propias organizaciones quienes tienen sus propios criterios y matices en autonomía de a sus procesos y realidades- concluye en un rotundo NO a cualquier proyecto de ley que ponga en riesgo la seguridad social y las garantías laborales, irrenunciables, que hemos alcanzado y heredado desde los acuerdos y convenios internacionales con la OIT, entre ellos: C029 – Convenio sobre el trabajo forzoso, C087 – Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, C081 – Convenio sobre la inspección del trabajo, C144 – Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo) C001 – Convenio sobre las horas de trabajo (industria), C014 – Convenio sobre el descanso semanal (industria), C089 – Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), (núm. 89), C095 – Convenio sobre la protección del salario, C102 – Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), C189 – Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, C001 – Convenio sobre las horas de trabajo (industria), entre otros muy importantes.

Asimismo, nuestro NO, se fundamenta en la preocupación que ante la búsqueda de sectores empresariales y productivos por el no pago de horas extras, se pretenda legitimar desde la legislación, promoviendo la precarización laboral causando un serio detrimento, que nuestra propia constitución política nos garantiza en el Capítulo V DERECHOS Y GARANTIAS SOCIALES, específicamente en su artículo 58, que lo establece de la siguiente forma:

“La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley”.

Sabemos la realidad en la que se encuentra el país, y lamentamos mucho que se pretenda una regresión de garantías sociales, y no se busquen alternativas progresistas para la reactivación económica y refrendar los derechos laborales adquiridos, donde el futuro del trabajo se encuentra a las disposiciones de los avances tecnológicos, automatización de los trabajos mecánicos, la importancia de los trabajos de cuido, asumidos en su mayoría por mujeres, la erradicación del tráfico y trata de personas para actividades en esclavitud.

Consecuentemente nos alarma asumidos en su mayoría por mujeres, la erradicación del tráfico y trata de personas para actividades en esclavitud. Consecuentemente nos alarma alerta que de esta propuesta de jornadas flexibles quienes serían la población mayormente afectada sean: mujeres, personas jóvenes, adultas mayores y personas en condiciones especiales pues son quienes enfrentan los peores efectos de la crisis del trabajo en nuestro país por el escaso acceso a un trabajo digno, engrosando cerrilmente índices de desigualdad, no garantizando la propuesta lo contrario.

Aspiramos a estar mejor cada día, y utilizamos como ejemplo países como Suecia, entre otros, donde ante esta evolución del trabajo en un mundo que migra a la automatización, en lo contrapuesto han adoptado experimentado con jornadas laborales de 6 horas diarias, con la oportunidad de tener su salario completo pese a la reducción del tiempo laborado, lo que ha generado mayor productividad, personas trabajadoras alegres y eficientes.

Los beneficios de mantener una jornada laboral más corta se evidencian en el aumento del tiempo de ocio y de compartir con seres queridos, en un aumento de la salud, productividad, reducción de índices de ausentismo y rotación de personal, mejor actitud y mayor motivación en el trabajo.

No obstante, si la insistencia de las mayorías parlamentarias, el oficialismo y ejecutivo es proceder con una ruta en retroceso de las garantías laborales, recomendamos que este proyecto solo sea aplicable a aquellas empresas como zonas francas, quienes ya tienen implementadas modalidades de horario similares, que los derechos laborales de estas personas, puedan garantizar como mínimo a partir de convenciones colectivas, la inspección laboral-ocupacional, redes de cuido, y el pago de horas extra.

No obstante, y frente a la insistencia de mayorías parlamentarias, del oficialismo y el ejecutivo en proceder con una ruta en retroceso de las garantías laborales, recomendamos que dicha ley sea acotada únicamente a zonas francas, en el entendido de que para aquellas empresas de zonas francas que ya de manera de hecho mantienen jornadas mayores a las 8 horas, incluyendo horas extras.

Por lo que existe la necesidad, de que esta ley pueda delimitar puntualmente las actividades en zonas francas, a su vez dotar de seguridad jurídica tanto al empleador como a las personas trabajadoras, garantizando los derechos laborales de estas personas, puedan a partir de los procesos de negociación vigentes como las convenciones colectivas, la incorporación de los criterios de inspección laboral-ocupacional, redes de cuido y pago de horas extra, como mínimo para salvaguardar la seguridad social de todas las personas trabajadoras, sobre todo en el sector privado.

Finalmente recomendamos que las vías para el fortalecimiento de la construcción de proyectos de ley de esta índole debe pasar por la consulta amplia de sectores sociales y productivos determinados en el tema, vías que conocemos como ejercicios de diálogos multisectoriales, que al más alto nivel permiten construir consensos país, sin importar las diferencias de sectores que puedan existir alrededor del tema, sabemos que la política de realidades es una democracia que se construye en las diversidades y disidencias.

‘’La mesa de diálogo social y productiva aboga una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria considera, no solo la libertad de prensa afecta nuestra estabilidad democrática en el país, propiciar la regresión en la seguridad social y los derechos humanos y laborales adquiridos y alcanzados de las personas es la mayor amenaza a la democracia en Costa Rica, nunca vista”.

 

Imagen ilustrativa. ONU.

La prisa nunca ha sido buena consejera

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Madrigal Mora
Secretaría General
Comité Ejecutivo
Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Universidad Nacional

La sabiduría popular siempre nos ha enseñado que aquello que va a definir nuestro futuro debe ser pensado y repensado con mucha tranquilidad y seso, no respondiendo a las presiones del momento, mucho menos metiéndonos en una vorágine, donde nos quieren convencer de que hay que hacerlo porque urge o porque nos van a sancionar.

No es posible por un lado, que tengamos un discurso donde hemos defendido que la Ley Marco de Empleo Público (LMEP) con su salario global, lo que hace es precarizar el empleo en el sector público (las universidades públicas dentro de él) con el fin de deteriorar el servicio que se presta, como preámbulo para justificar su privatización total; pero por el otro, correr a aprobar una propuesta transitoria de salario global, muy probablemente definitiva, sin hacer un verdadero análisis prospectivo de sus posibles implicaciones en el quehacer de la Universidad, ni analizando si realmente es la única salida que tenemos como Institución.

En estos momentos no podemos declararnos ignorantes del análisis que realizó una comisión integrada a lo interno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Consejo Universitario de dicho centro, de la LMEP, así como de las sentencias y respuestas de la Sala Constitucional respecto a dicha ley, sobre la Autonomía Universitaria y la negociación colectiva. Máxime cuando el Dr. Mauricio Castro Méndez, académico de dicha facultad y quien presidió dicha comisión, ha sido vasto y contundente a la hora de divulgar los resultados de dicho análisis, más recientemente, atendiendo una invitación de nuestro Consejo Universitario en la sesión del pasado jueves 22 de abril.

Dicho análisis, según esta comisión, arroja varios resultados que, podemos considerar, son muy favorables para las universidades públicas, y que muy resumidamente podemos plantearlos así:

Con respecto a la LMEP, la Comisión concluye que, la Sala IV ha dicho:

– La negociación colectiva es un derecho fundamental y constitucional que no puede ser vaciado de contenido, por lo tanto, no se puede prohibir negociar derechos salariales en ella.

– Las partes tienen libertad de negociación dentro de los límites establecidos de racionalidad y proporcionalidad, por lo tanto, no se les puede obligar ni a negociar ni a denunciar la Convención Colectiva.

– La implementación del salario global, en las universidades públicas es una posibilidad no una obligatoriedad.

– La vía para seguir con la implementación del salario compuesto (el formato que actualmente tenemos) es la negociación colectiva.

– Si las universidades deciden aplicar el salario global (único), lo deben hacer bajo las reglas establecidas por la ley y su reglamento, sin poder modificarlas, por lo tanto, el salario debe aplicarse al puesto y no a las personas.

Siendo que, entonces, los regímenes de carrera académica y probablemente, el de Carrera Administrativa no serían compatibles con el salario global.

Ahora bien, el académico Castro Méndez claramente anticipa que, de tomar las universidades la ruta de salvaguardar el salario compuesto por medio de la negociación colectiva, esto implicaría chocar de frente con el Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General, la prensa, etc., etc., etc. Por lo que, requerimos de una decisión institucional, ojala de Conare, que valientemente plante cara en defensa de la tan cacareada, Autonomía Universitaria (esto último de mi autoría).

Por otro lado, no vamos a desconocer que hay otros criterios jurídicos que nos dicen que no hay nada que hacer, que hay que someterse a la ley. Así como otros que sin tener clara dicha obligatoriedad, sueñan con implementar el salario global en las universidades públicas.

Entonces, ¿quién tiene la razón?

Por ahora, lo mejor que podemos decir, es que no sabemos, pero, bien vale la pena explorar si, una comisión de la Facultad de Derecho de la UCR, la mejor de Centroamérica y una de las mejores de América Latina, tiene la razón. Aparte, porque a priori sabemos que es mejor seguir optando por este esquema salarial que por uno que congela nuestros salarios y los precariza, independientemente de que, al inicio pudiera parecer algo o muy atractivo, por lo menos para los profesionales y académicos de las universidades, pero que a los sectores de servicios generales y técnicos los deja sin mayores aspiraciones, tal y como pudimos apreciar el pasado viernes, pareciera resultar de la propuesta elaborada por Conare de salario global, en este sentido, debemos advertir que no hemos tenido tiempo suficiente para analizarla, ni siquiera la hemos recibido oficialmente, así como tampoco fue negociada ni consultada con este sindicato, como corresponde.

Finalmente, queremos hacer el llamado vehemente a no intentar imponer dicha propuesta y más bien, a sentarnos, lo antes posible, a analizar y definir una estrategia para, vía negociación colectiva y salvaguardando nuestra autonomía, definir una ruta y una estrategia para defender el esquema salarial compuesto de la Universidad Nacional, adecuándolo al contexto actual, pero sin renunciar a definir nuestra propia política salarial.

Flaco favor le haríamos a esta universidad si habiéndonos dicho la Sala IV que tenemos dicha posibilidad, somos más bien nosotros quienes decidimos ignorarla y hacernos el «harakiri», una vez más, por temor al qué dirán o porque urge nombrar a los nuevos.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Tierra para quien la trabaja: 12 años de la lucha en Medio Queso, hoy El Triunfo

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Eva Chaves Arias, estudiante de Sociología, y Miguel Cruz Guevara, estudiante de Ciencias Políticas

Como país y como institucionalidad pública, le debemos mucho a las comunidades. El hecho de que, como estudiantes podamos salir de nuestros entornos académicos y nos desplacemos hacia territorios en donde predomina el abandono estatal, pero también las resistencias comunitarias, no solo implica un proceso fundamental de formación, sino de responsabilidad ética y política que el Estado costarricense debe cumplir hacia las personas agricultoras, migrantes, indígenas y defensoras de los territorios. La Acción Social permite acompañar, escuchar y construir formas de bienestar con las comunidades.   

Desde el TC-590 Defensa comunitaria del territorio: extractivismos, organización y conflictos socioambientales de Kioscos Socioambientales y la Escuela de Sociología, las personas estudiantes acompañamos y aprendemos de conflictos socioambientales que múltiples comunidades, como la de El Triunfo, sufren día a día a manos de empresas extractivistas productoras de monocultivos como la piña o la naranja. Transnacionales que no solo se benefician de la destrucción de los bienes comunes como el agua, la tierra y los bosques de nuestro país, sino que, además, lucran a costa de la salud y el bienestar de quienes habitan estas tierras. Explotación y condiciones precarizadas, son las únicas opciones laborales que brindan estas empresas.

Ante esto, el Gobierno hace poco o nada para contrarrestar las violaciones de los derechos laborales y humanos en general de estas comunidades. Asimismo, mantiene en vilo a familias enteras, pues el acceso a tierra y a un hogar digno, aún está lejos de ser una realidad. Actualmente, el Inder sostiene un proceso de arrendamiento para las familias de El Triunfo, pero no ha garantizado servicios básicos como el agua o la luz. 

Diferentes administraciones, desde la expresidenta Laura Chinchilla, hasta el actual presidente Rodrigo Chaves, han convertido las promesas de un mejor futuro para estas comunidades en un desamparo o, en su defecto, en un asedio estatal para que abandonen su lucha por la tierra. 

Pese a esto y gracias a la resistencia comunitaria, el acuerpamiento por parte de las universidades públicas y de las organizaciones sociales, este asentamiento campesino conmemora 12 años de lucha por el derecho a la tierra para trabajar y vivir. 

El pasado fin de semana (del 14 al 16 de abril) en un trabajo conjunto entre este TCU y la organización comunitaria, se llevaron a cabo diversas actividades que recuperan tradiciones de ocio y diversión propios de su cultura campesina y nicaragüense, como una forma de encuentro y fortalecimiento de la lucha.

La historia de este asentamiento ha servido de ejemplo para el surgimiento de procesos de organización campesina en la zona, como la Alianza Campesina del Norte, integrado por 7 nuevos asentamientos de familias que exigen tierra para trabajar y vivir.  

La experiencia de acompañamiento a ese proceso organizativo, nos enseña a nosotros, estudiantes y ciudadanos, que el avance en materia de derechos humanos es posible a través de la organización colectiva, la cual nace de la denuncia, la autogestión de los pueblos  y la articulación de redes institucionales.  

En el marco de esa doceava celebración, se llevó a cabo el Encuentro Campesino Nacional, el cual contó con la participación de más de 300 personas de los asentamientos que integran la Alianza Campesina, además de distintas delegaciones de sindicatos y organizaciones civiles. 

En este encuentro, las personas campesinas establecieron, por unanimidad, una serie de acuerdos que fortalecen y direccionan su lucha: 

  • Que la Alianza Campesina prepare una jornada para presionar al gobierno y al INDER, con el fin de iniciar el proceso de expropiación.
  • La oposición al gobierno proempresarial de Rodrigo Chaves, quién rompió la mesa de diálogo.
  • Se declaró la organización independiente del gobierno y los grandes empresarios.
  • La denuncia de la violencia estatal, empresarial, policial y de la seguridad privada contra las personas campesinas.
  • La lucha por una reforma agraria que garantice el derecho a la tierra para quien la trabaja. 
  • Que habrá una representación de la Alianza en la marcha del 1 de mayo, Día Internacional de la Persona Trabajadora.

Red de Emergencia Cultural pide al MCJ que no promueva la vulneración de derechos y la precarización laboral en la EXPOPYME 2023

Escrito el . Publicado en Cultura, Derechos.

La Red de Emergencia Cultural envió una carta al Ministerio de Cultura y Juventud, en la cual solicita “que se abstenga de promover eventos en los que son vulnerados los derechos de las y los artistas, se fomenta la precarización laboral y se menosprecia el valor del aporte creativo.

Asimismo, pide al Ministerio de Economía Industria y Comercio que implemente “un pago a derecho a las y los artistas que se presenten en la EXPOPYME y se les dote de una póliza de riesgos laborales en los casos que se requiera”.

También la Red insta “a las organizaciones del Sector Cultura a tomar en cuenta estas observaciones a la hora de valorar su participación en EXPOPYME 2023”.

SURCOS comparte la carta que envió a nuestra redacción Arabella Salaverry, escritora, actriz, gestora cultural y Premio Magón 2021.

19 abril 2023

Señor Francisco Gamboa Soto
Ministro de Economía Industria y Comercio

Señora Nayuribe Guadamuz
Ministra de Cultura y Juventud

La Red de Emergencia Cultural (REC), Premio de Cultura Nacional 2021, es una organización integrada por asociaciones de diferentes subsectores de la cultura, gestora de Ley 10041 y otras acciones en favor de sostener los derechos culturales de las personas, tanto habitantes como trabajadoras del arte y la cultura, se dirige a ustedes para manifestar nuestra posición en relación a la convocatoria a artistas realizada por el MEIC/MCJ en oportunidad de la Feria EXPO PYME 2023:

1)        Que la Feria EXPO PYME 2023 lleva por título “Reactivando Costa Rica” y es producida por el MCJ y MEIC.

2)        Que la Feria EXPO PYME incluye en su programa la presentación de numerosas agrupaciones de danza, música y teatro.

3)        Que en el documento oficial de convocatoria a artistas se lee cuadro de “Abanico de Oportunidades” en el que se observa la columna Aporte del MEIC: Vehículo pickup, refrigerio, tarima y sonido.

4)        Que al consultar al MEIC sobre los rubros a pagar a las y los artistas por estas presentaciones, este indicó que el pago era el aporte descrito en la convocatoria.

Por lo que desde la REC, siempre en defensa del mejor interés del sector, manifestamos nuestro pesar en relación a esta convocatoria, ya que aunque lleva por título “Reactivando Costa Rica” la EXPOPYME no prevé un presupuesto de ejecución adecuado para solventar las remuneraciones de las y los artistas que se presentan en dicha feria, lo que tiende a inhibir la reactivación del sector.

Se intenta sufragar nuestro trabajo con el ofrecimiento de un carro con cajón, refrescos y galletas, escenario y sonido. Tampoco se indica la aplicación de algún tipo de póliza en caso de accidente en las presentaciones culturales en beneficio de las y los artistas, amén de que promueve la idea de que el trabajo artístico no debe ser pagado, lo que agudiza la crisis que existe en el sector desde antes de la pandemia global.

Por esta razón desde la REC, promoviendo el respeto integral a los derechos laborales de las y los artistas solicitamos:

1-        Al MCJ que se abstenga de promover eventos en los que son vulnerados los derechos de las y los artistas, se fomenta la precarización laboral y se menosprecia el valor del aporte creativo.

2-        Al MEIC que subsane esta situación supra descrita, con la implementación de un pago a derecho a las y los artistas que se presenten en la EXPOPYME y se les dote de una póliza de riesgos laborales en los casos que se requiera.

3-        A las Organizaciones del Sector Cultura a tomar en cuenta estas observaciones a la hora de valorar su participación en EXPOPYME 2023.