El Instituto Andrea Jimenez atiende personas con discapacidades especiales. Su sede se edificó en un espacio donado por la Municipalidad de San José, pero por error documental el terreno no quedó debidamente adjudicado. En 2022 empezaron los problemas.

Ante esto alrededor de 90 estudiantes, familias de estos mismos y docentes de esta institución han estado protestando cuando la Sala Primera dio lugar a las denuncias del mal procedimiento. Este problema, arrastrado durante casi 34 años, se originó por una incorrecta especificación de la propiedad en la ley de donación de 1987. 

Ahora, para evitar el desalojo, están presionando a la Asamblea Legislativa para que apruebe un proyecto de ley que permita la donación del terreno. A pesar de que el proyecto ha superado el primer debate, el tiempo apremia ya que el desalojo está en proceso de ejecución, y la fecha límite es el 18 de abril. La situación es crítica y requiere una pronta resolución legislativa para evitar consecuencias graves.

Por eso los padres y docentes, en redes sociales como Facebook piden la cooperación para  que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley que apruebe esa donación y así no se proceda con el desalojo y a su vez invitan a la población costarricense a entender la importancia de esta institución.

Algunos comentarios en Facebook: 

Dicen:

• De apellido Flores: Lo único que espero es que haya sentido común. Demuestren su inteligencia
• De apellido Phillips: No puedo creerlo. Me duele muchísimo esa falta de conciencia con una población tan necesitada. Pido a Dios que los diputados se pongan la mano en el corazón y una flor en el ojal.

Compartido por SURCOS por Jose Manuel Arroyo Gutiérrez.