Se refiere al evento sucedido hace algunos días, en un lugar conocido como las canchas del distrito de Buenos Aires de Palmares, junto al campo ferial, en donde se generó una situación de violencia, que hasta el momento podría calificarse como intento de homicidio, según el Código Penal de Costa Rica y el cual también es considerado como “crimen de odio” por muchas personas dentro de la comunidad.
Este evento tan violento y casi homicida, hizo que una persona joven, Memo, permanezca hospitalizado en estado crítico, en coma inducido por lesiones en la cabeza, evidenciando el más brutal acto de violencia, intolerancia por razón de género que se haya presenciado en nuestro cantón recientemente, y que por obvias razones alarma a toda la comunidad. Se adjuntan más detalles de este comunicado en las imágenes.
Está muy próxima la fecha (30 de julio) en que el pueblo de Venezuela votará para escoger los representantes del pueblo para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro en ejercicio de sus funciones constitucionales.
La oposición venezolana, responsable de la destrucción de innumerables bienes del Estado, por tanto del pueblo, y de provocar la violencia que se ha saldado con más de un centenar de muertos, se está amparando el respaldo que le da el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien ha ido por aquí y por allá, para solicitar urgentemente sanciones en contra de Venezuela y su gobierno y la ejecución de un golpe de Estado destinado a devolver a las antiguas oligarquías, que Chávez con el apoyo del pueblo, des arrebató mediante sucesivas elecciones. Las presiones ejercidas sobre el gobierno bolivariano son inmensas, pero la voluntad del pueblo de resistir y de reconstruir la patria para blindarla de estos intentos de los antiguos vasallos del extranjero que dominaron al país por más de dos siglos Tribunal es firme y sólida, como se demostró en el ensayo electoral que se realizó con grande éxito.
La oposición ha continuado con el libreto que le ha elaborado en el extranjero: han nombrado nuevos magistrados de Justicia, acto que inmediatamente fue descalificado por el Tribunal de Justica en funciones, con el agregado de que ha amenazado a los infractores de la ley con la cárcel, por desacato y ejercer funciones que no les corresponden en este tiempo.
Todo este tinglado ha recibido el respaldo sin restricciones de la prensa internacional que se ha dedicado a falsificar la verdad de lo que pasa en Venezuela y ha fabricado mentiras para darnos la impresión de que el régimen chavista es una dictadura y que su derrumbe es inminente. Nada más falso. Ese régimen está ahí tras haber derrotado a la derecha en múltiples elecciones, y por tanto es legítimo y democrático.
Lo que no dicen los periódicos y los demás medios es que Venezuela está asediada económicamente con el mismo guion que se aplicó a la Unidad Popular y a Allende en Chile y con el mismo plan intervencionista que realizó con el golpe de Estado en contra de Árbenz en Guatemala, en contra de Juan Bosh en Dominicana, en contra de Bishop en Grenada.
Tampoco dicen que Venezuela es un país libre de analfabetismo, que ha entregado más de un millón de viviendas totalmente equipadas, que ha distribuido una computadora a cada niño escolar, que ha mejorado la nutrición de los escolares, que ha elevado la matrícula universitaria y ha creado nuevas universidades, que ha impulsado la misión salud con el respaldo de los médicos cubanos y ha elevado el bienestar en salud de los venezolanos, que ha instalado fábricas importantes, que la elevado el nivel de los ingresos de los obreros y campesinos, fortalecido las Fuerzas Armadas, ha fabricado y puesto en órbita el satélite Simón Bolívar que permite el acceso a Internet a los venezolanos, que ha disminuido el límite de la pobreza y que ha regulado los precios al consumidor para evitar las ventas con precios abusivos.
Podrá estar un pueblo en contra de un régimen que tanto le sirve. Por eso estamos seguros que la fiesta electoral del domingo será una bofetada a quienes quieren retrotraer a Venezuela a neocolonialismo. Será el punto definitivo de partida para poner un cerrojo a prueba de golpes de Estado en contra de la democracia que trabaja para la consolidación del socialismo del siglo XX.
El 30 de abril del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Costa Rica medidas cautelares en favor de las poblaciones indígenas Teribe y Bibri ubicadas en Salitre. Una llamada de atención que viene a recordar una deuda histórica del Estado costarricense con relación a los derechos de las comunidades indígenas y la desprotección a la que son sometidos los indígenas en sus propios territorios.
El pasado 30 de abril del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) decidió solicitar a Costa Rica medidas cautelares en aras de proteger la vida y la integridad física de las poblaciones indígenas Teribe y Bibri ubicadas en Salitre de Puntarenas. Se trata de un territorio indígena en el que desde varios años las comunidades indígenas intentan recuperar sus tierras, ocupadas por finqueros y empresarios. La situación en Salitre de los indígenas con relación a la ocupación de las tierras por no indígenas se repite en gran parte de los territorios indígenas de Costa Rica, debido a la inercia estatal (ver nota de prensa). Un análisis reciente de un especialista para el Estado de La Nación (ver informe de Rubén Chacón Castro) sobre la aplicación de la normativa en la materia indica que: “En general, la gran mayoría de los casos expuestos tienen que ver con que no hay voluntad política que posibilite la aplicación literal de la ley. Es especialmente dramático el caso de los derechos territoriales” (p. 32).
No obstante la problemática general que enfrentan las comunidades indígenas en todo el territorio, la lucha emprendida en Salitre es la que ha tenido, por alguna razón, mayor eco en prensa que las demás luchas emprendidas por comunidades indígenas.
Pocos días después de celebrarse en toda Costa Rica el día de la independencia, el 15 septiembre del 2012, uno de los líderes indígenas en Salitre, Sergio Rojas, fue objeto de un violento ataque con disparos del que salió ileso, causando un repudio generalizado por parte de distintas organizaciones sociales (ver nota de SERPAJ). A la fecha, este atentado no ha dado lugar a imputación alguna por parte de las autoridades policiales y judiciales. En octubre del 2012, comunidades indígenas se opusieron a la colocación de una cerca por parte de no indígenas, y fueron víctimas de actos de violencia: según testimonios recogidos por la prensa (ver nota): las autoridades policiales y judiciales no investigaron los hechos y a la fecha, se desconoce sanción alguna contra sus autores. Una violenta golpiza propinada a tres integrantes indígenas (ver nota de prensa) en los primeros días del mes de enero del 2013 (época en la que el país y sus autoridades se reponen de las festividades de fin de año) parece haber conocido la misma suerte de sus autores en cuanto al accionar de las autoridades para sancionarlos por estos hechos.
El texto de la decisión de la Comisión Interamericana del pasado 30 de abril no deja duda alguna sobre la situación de indefensión de estas comunidades ante los recurrentes atropellos y actos de intimidación de todo tipo que han sufrido y el sentimiento de desprotección de muchos de sus integrantes.
Salitre ante el escrutinio internacional
La inoperancia del Estado con relación a las comunidades afectadas por la expansión piñera en Costa Rica fue recientemente objeto de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de marzo del 2015 (ver nuestra modesta nota al respecto). La situación en Salitre es ahora motivo de una solicitud de medidas cautelares de este mismo órgano interamericano de supervisión en materia de derechos humanos, el cual en poco tiempo, está conociendo de álgidos temas de la agenda nacional: en ambos casos, se trata de problemáticas que datan de varios años y que las diversas entidades públicas no han logrado resolver. Ambos casos se traducen en una vulneración de los derechos humanos de las comunidades afectadas. En el caso de Salitre, los actos de violencia contra estas comunidades por parte de personas privadas armadas para que abandonen sus territorios han ido en aumento. En el 2014, una de las acciones más violentas contra mujeres indígenas fue perpetrada el mismo día en que la Selección Nacional de Costa Rica jugaba en cuartos de final contra Países Bajos durante el pasado campeonato mundial de fútbol, el 5 de julio del 2014 (ver documental disponible aquí que recoge varios testimonios de la víctimas de estos actos). Días después de las festividades del 25 de diciembre del 2014, la prensa reportó, de igual manera, incendios de los ranchos de pobladores indígenas, consumados por las llamas (ver nota de prensa) durante el mismo día en que se celebra la Navidad.
Pese al diálogo establecido por las autoridades de Costa Rica desde entonces para intentar resolver la situación, las acciones contra los pobladores se han mantenido, y remitimos al lector a la larga serie de actos reportados a la misma Comisión, incluida en la sección “Resumen de los hechos” de su antes mencionada decisión del 30 de abril pasado. El órgano interamericano de protección de los derechos humanos solicitó a Costa Rica informarle dentro de un plazo no menor a 15 días a partir de la notificación de su decisión sobre las distintas medidas tomadas por las autoridades en resguardo de estas poblaciones indígenas.
Las medidas cautelares constituyen, como bien se sabe, un mecanismo mediante el cual la Comisión, en casos de urgencia y gravedad, busca evitar que se le cause un daño irreparable a personas o grupo de personas y no es la primera vez que Costa Rica recibe este tipo de petición por parte de la CIDH: la violencia perpetrada contra un opositor a la expansión piñera en la zona Sur dio lugar a un ejercicio similar en el 2009 (Nota 1). El Artículo 25, párrafo 1 del Reglamento de la Comisión Interamericana precisa que:” Artículo 25, 1. En caso de gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas”. Estas medidas cautelares solicitadas a Costa Rica vienen a añadirse a una larga serie de medidas ordenadas en años recientes por la CIDH en favor de comunidades indígenas, tribales y campesinas en América Latina, ya sea para frenar proyectos que las afectan o para proteger a sus líderes de actos de intimidación y amenazas de los que son muy a menudo víctimas (ver listado oficial).
Las actuaciones del Poder Judicial en torno a la situación en Salitre
En el plano estrictamente interno, la inoperancia del Poder Judicial para investigar y sancionar los hechos de violencia contra las poblaciones indígenas recuerda la impunidad que campea cuando de crímenes y exacciones contra ecologistas se trata en Costa Rica (Nota 2). Esta ineficiencia del aparato estatal es altamente preocupante: el clima de impunidad favorece la violencia y la sensación de desprotección aumenta en las poblaciones indígenas. No obstante, la pérdida de credibilidad en las instancias judiciales por parte de las comunidades indígenas de Salitre no pareciera desvelar a los operadores de justicias. Por su parte, la Sala Constitucional en octubre del 2014 suspendió una orden de desalojo ordenada por el Poder Ejecutivo en la zona de Salitre, como medida cautelar (ver nota de prensa). En noviembre del 2014, el antes mencionado líder indígena, Sergio Rojas, fue aprehendido por una dependencia del Poder Judicial, el Ministerio Público, por supuesto delito de fraude (ver nota de prensa). Las llamadas de Naciones Unidas a restablecer la calma en Salitre efectuadas en ese mismo mes no parecieron influir mayormente (ver nota de prensa). En abril del 2015, varias organizaciones sociales solicitaron levantar las medidas de privación de libertad ordenadas por el juez a cargo del caso de Sergio Rojas (ver nota de prensa), las cuales se mantuvieron intactas. El artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) según el cual “1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento” pareciera, al menos en este preciso caso, ser ignorado por el sistema penal costarricense.
Es de señalar que estas medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dado lugar a algunas manifestaciones por parte de otras entidades internacionales. Leemos en un artículo reciente sobre Salitre que: «El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que las autoridades costarricenses deben proceder con la expropiación, en todo el país, de quienes ocupen tierras indígenas de modo ilegal. Según el PNUD, un 40% de esas tierras está en manos de individuos que no son indígenas. “No se puede avanzar en materia de derechos humanos, si un derecho tan básico como la tenencia de las tierras no está garantizado. Esas tierras son exclusivas de los indígenas”, dijo Yoriko Yasukawa, coordinadora del PNUD en Costa Rica». Recordemos que durante su visita a Costa Rica el pasado 30 de julio del 2014, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, tuvo la oportunidad de escuchar a un nutrido grupo de líderes indígenas provenientes de los territorios indígenas de Costa Rica (ver nota de prensa).
Costa Rica ante el CERD de Naciones Unidas
Además del espacio brindado por las autoridades al Secretario General de Naciones Unidas para que se reuniera con líderes indígenas durante su visita a Costa Rica, sus autoridades han externado a entes internacionales sus esfuerzos en materia de recuperación de tierras en favor de las poblaciones indígenas en diversos informes oficiales. Por ejemplo, los esfuerzos estatales en aras de resolver las demandas legítimas de las poblaciones indígenas ocupan gran parte del último informe oficial presentado por Costa Rica ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas, en cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por Costa Rica en la Convención que lleva el mismo nombre. El informe de Costa Rica (Documento CERD/C/CRI/19-22 con fecha del 16 de abril del 2014 disponible aquí) concluye con un énfasis en el tema de la recuperación de tierras (remitimos al lector a la lectura de los párrafos finales 289-300). A diferencia del mecanismo previsto ante el CERD (que se limita a hacer observaciones al informe presentado por el Estado y a cotejarlo con un eventual informe alternativo proviniendo de la sociedad civil que llegue a manos del CERD), el mecanismo previsto en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos permite a las comunidades presentar una denuncia contra el mismo Estado ante la Comisión Interamericana por violación de los derechos consagrados en instrumentos internacionales. La ratificación del Protocolo Facultativo al Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales – o Pacto DESC – por parte de Costa Rica en septiembre del 2014 (ver nuestra breve nota al respecto publicada en el sitio Derechoaldia) permite de igual forma la presentación de denuncias contra el Estado ante el Comité DESC de las Naciones Unidas, en particular en materia de derechos culturales.
Las obligaciones internacionales de Costa Rica
La problemática en Salitre ilustra, de igual manera que en el caso del proyecto hidroeléctrico El Diquis (Nota 3), las serias deficiencias y lagunas del marco legal vigente en Costa Rica para resguardar y proteger adecuadamente los derechos de las poblaciones indígenas en sus territorios y garantizarles un adecuado proceso de consulta. Desde finales de los años noventa, un proyecto de ley para resolver gran parte de las problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica aguarda pacientemente en los estantes de alguna oficina de la Asamblea Legislativa (Nota 4).
En el caso del P.H Diquis, cabe recordar el hecho (un tanto singular) cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció su retiro de los territorios indígenas un día antes de concluir su visita el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya (ver nota de prensa del 26/04/2011): el gesto fue mencionado por el Relator en su informe publicado un mes después (ver texto de su informe del 30/5/2011) pero exigiendo compromisos adicionales por parte del ICE (y a la fecha sin darse): “20. El retiro de las instalaciones y operaciones del ICE del territorio Térraba, anunciado por el ICE durante la visita del Relator Especial, es un paso positivo para superar la evidente desconfianza generada por esa presencia. El Relator Especial considera que sería aconsejable que el ICE añada a ese gesto un claro compromiso de no reintroducir sus operaciones en territorios indígenas sin una consulta previa adecuada, así como que sean reconocidas las deficiencias del ICE en su comportamiento con los pueblos indígenas hasta el momento”. Más allá de las gesticulaciones de índole variada por parte del aparato estatal durante la visita in situ de un experto de las Naciones Unidas, que se repitieron en el caso de Jairo Mora Sandoval en el 2013 (Nota 5), existe una serie de obligaciones internacionales en materia de consulta que derivan de varios instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Diagnósticos, estudios, expertos y foros académicos recuerdan regularmente a las autoridades el preocupante rezago acumulado por Costa Rica en materia de consulta, y más generalmente, de protección de los derechos de las comunidades indígenas: es el caso de un foro realizado en octubre del 2012 sobre El Diquis (ver nota) y otro más reciente (ver nota) realizado en la UCR en junio del 2014.
A las obligaciones internacionales de carácter general plasmadas en distintos instrumentos internacionales que Costa Rica no ha implementado, hay que añadir el hecho que desde varios años el contenido de estas obligaciones y sus alcances se han ido precisando y ampliando con la jurisprudencia de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este respecto, la Dra. Karine Rinaldi (ver artículo del 1/11/2012 publicado en La Nación) ha señalado la imperiosa necesidad de adecuar el accionar del Estado costarricense a los parámetros de la jurisprudencia interamericana en materia de consulta a los pueblos indígenas en el caso del P.H. Diquis. Una obligación internacional que a la fecha el Estado costarricense debe implementar, que ya ha dado lugar a varias visitas a Costa Rica e informes del Relator de las Naciones Unidas James Anaya entre el 2011 y el 2013, y que a la fecha no se ha concretado.
Tanto el caso de Salitre como el del P.H. Diquis y el de muchos otros casos de comunidades indígenas de Costa Rica cuyos derechos son vulnerados podrían en algún momento tocar la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus sentencias en materia de derechos de los pueblos indígenas, vinculantes para todos los Estados partes al sistema interamericano de protección de los derechos humanos (Nota 6), han sido inclusive saludadas internacionalmente: leemos en las conclusiones de una reciente publicación especializada en la materia (texto disponible aquí) que: “La flexibilidad y apertura por parte de la Corte para desarrollar una interlocución válida con los sistemas consuetudinarios ha permitido posicionar al Sistema Interamericano como uno de los sistemas pioneros y que mayores desarrollos ha alcanzado en este tipo de problemáticas; no en vano la Corte Penal Internacional y el Sistema Africano de Derechos Humanos han tornado su interés hacia las sentencias que produce este Tribunal, a manera de guía en cuanto buenas prácticas y desafíos que se esperan en casos de violaciones colectivas y con componentes étnicos de gran complejidad”.
Conclusión:
En su informe del 2006 ante el mismo CERD, (Documento CERD/C/CRI/18 del 30 de agosto de 2006, disponible aquí), Costa Rica respondió a una de las preocupaciones externadas por el CERD refiriéndose al proyecto de ley sobre derechos de los pueblos indígenas, en los siguientes términos: “Reiteramos que este proyecto, resultado de una iniciativa que tuvo cuatro etapas, con amplias consultas tanto entre los pueblos indígenas como en la Sala Constitucional y con dictamen positivo en su momento de la Comisión Legislativa, recoge el establecimiento de un marco para el desarrollo autónomo de las ocho etnias indígenas costarricenses” (párrafo 34). En sus observaciones del 2007 al informe presentado (ver texto de dichas observaciones), el CERD recordaba la solicitud hecha desde el 2002 a Costa Rica y “exhorta /ba/ una vez más al Estado Parte a que elimine cuanto antes los obstáculos legislativos que impiden la aprobación del proyecto de Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas” (punto 9). Pese a la exhortación a Costa Rica del 2002 reiterada en el 2007 por parte de los miembros del CERD, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Expediente no. 14352) se mantiene como proyecto en los archivos de la Asamblea Legislativa, y muchas de las poblaciones indígenas costarricenses, en situación de indefensión.
Notas: —
Nota 1: En años anteriores, Costa Rica había también recibido de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud para proteger la vida y la integridad física de un reconocido líder comunal, Aquiles Rivera, en su lucha contra la expansión piñera en la zona Sur: se lee en este artículo titulado “Costa Rica: La expansión del monocultivo de piña en detrimento de los derechos humanos” que “El 11 de mayo de 2009 Aquiles sufrió un robo en su oficina en el cual le sustrajeron la computadora y el fax, únicas herramientas con las que contaba para trabajar. Unos días después de este hecho, en la noche, fue amenazado de muerte cerca de su casa en Buenos Aires de Puntarenas. Unos meses después también su hijo, menor de edad, fue amenazado de muerte. Lo que se está buscando por medio de la Comisión es la protección para Aquiles y su hijo, además de que se le ordene al Estado de Costa Rica que investigue los hechos y se pueda comprobar la relación que existe entre el trabajo de Aquiles, el robo de su oficina y las amenazas de muerte”.
Nota 2: La impunidad de los crímenes contra ecologistas en Costa Rica es una reivindicación del movimiento ecologista de Costa Rica desde muchos años. Fue incluso acuerpada y señalada por John Knox, Experto independiente de las Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente, durante su visita a Costa Rica en el transcurso del año 2013. En su Informe (ver texto) recomienda la sugerencia del sector ecologista de crear una Comisión de la Verdad ante la incapacidad del sistema de investigar y sancionar estos crímenes (punto 67). Remitimos al lector a una breve nota. BOEGLIN N., “Informe sobre Ambiente y Derechos Humanos en Costa Rica”, 14/05/2014 publicada en Tribuglobal y disponible aquí.
Nota 3: En una obra relativa a los 10 años de jurisprudencia constitucional en materia indígena (disponible aquí) publicada bajo los auspicios de la OIT, leemos que: “El 21 de junio del 2001 salió publicado en La Gaceta Alcance N°49 a la Gaceta N°119, una nueva publicación de este Proyecto de Ley, ahora referido con el número 14.352. En vista de que el expediente 12.032 fue archivado en Julio del 2000. Ambos textos son idénticos entre sí”. (p.35, Nota 1).
Nota 4: Con relación a la discusión en torno al Proyecto Hidroeléctrico El Diquis, remitimos al lector al pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR de septiembre del 2012 (disponible aquí) que recomendaba: “Solicitar al Poder Ejecutivo la derogatoria del Decreto Ejecutivo N. 34312-MP-MINAE, el cual Declara de Conveniencia Nacional e Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad, del 6 de febrero de 2008, publicado en La Gaceta, en el tanto este no tiene como sustento los estudios ambientales y los soportes técnicos necesarios para su legalidad” (punto 16, página 25). Desde la perspectiva de los derechos de las poblaciones indígenas afectadas por este megaproyecto, que también es mencionada en el pronunciamiento de la UCR, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas (Estados Unidos) elaboró un detallado informe titulado «Nadando a Contracorriente: El Pueblo Teribe y el Proyecto Hidroelectrico El Diquis en Costa Rica» (informe de julio del 2010, versión en inglés y en español) así como la Universidad de Dundee (Reino Unido) (ver informe de junio del 2011).
Nota 5: La visita a Costa Rica del experto independiente de las Naciones Unidas John Knox sobre ambiente y derechos humanos se realizó del 28 de julio al 1ero de agosto del 2013. El arresto de varios sospechosos de la muerte del ecologista Jairo Mora Sandoval se dio 24 horas antes de que concluyera su visita (ver nota del 31 de julio del 2013 de La Nación).
Nota 6: En un detallado artículo cuya lectura recomendamos, la jurista Karine Rinaldi indica que: “… esta interpretación evolutiva debe de ser entendida como parte del derecho interamericano, vinculante para los Estados de la OEA que ratificaron la Convención y reconocieron la competencia de la Corte. En este sentido, en palabras del Juez Ferrer Mac-Gregor Poisot, “[l]as interpretaciones que realiza la Corte IDH se proyectan hacia dos dimensiones: (i) en lograr su eficacia en el caso particular con efectos subjetivos, y (ii) en establecer la eficacia general con efectos de norma interpretada”/…/ Paralelamente, la interpretación formulada por la Corte Interamericana va a tener de hecho el mismo valor que la letra del Pacto, e incluso será superior a la redacción de éste, porque como intérprete final del mismo fija la superficie y el alcance de sus cláusulas escritas”. Véase RINALDI K., “Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Principio de no regresión ambiental y los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Enseñanzas de la jurisprudencia Interamericana“, in PEÑA CHACÓN M. (Ed), El principio de no regresión en el derecho comparado latinoamericano, PNUD/Maestría en Derecho Ambiental, UCR, 2013, pp. 356-384, p.363. Obra completa cuyo texto está disponible aquí.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Información enviada a SURCOS Digital por el autor.
Representantes del Territorio Indígena de Salitre, denuncian e informan a la comunidad nacional e internacional
• Los últimos hechos de violencia en contra del Pueblo Bribri de Salitre
• El no cumplimiento de los acuerdos entre el pueblo Salitre y el actual gobierno de Luis Guillermo Solís, firmados en julio del presente año
• Inicio de la campaña nacional e internacional de denuncia al estado costarricense y al actual gobierno de Luis Guillermo Solís, por violación de derechos al Pueblo Bribri.
El pueblo Bribri de Salitre y la Coordinadora de Lucha Sur Sur y Ditsö invitan a la conferencia de prensa, a realizarse este miércoles 3 de diciembre en las instalaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, a la 1:30 p.m. (detrásdel comedor estudiantil).
El pueblo indígena de Salitre desde hace algunos años viene desarrollando procesos importantes de recuperación de tierras y de consolidación de mecanismos de gobierno propio, amparados en la legislación nacional y en una serie de convenios internacionales suscritos por el estado costarricense. Ante estos procesos, un grupo de personas no indígenas, completamente identificado, compuesto por terratenientes, personas no indígenas y políticos, han perpetrado una serie de actos de violencia contra el pueblo indígena.
Dentro de los actos perpetrados se encuentran; ataques con arma de fuego, machetes, atentados contra la vida, tortura, persecución de mujeres y niños en la montaña, quema de casas, amenazas, lesiones graves y otros actos violentos. Estos hechos están debidamente denunciados ante las instancias públicas correspondientes, y se remontan al menos al año 2012, sin que hasta el momento haya habido ni una sola acción en el sentido de garantizar la integridad territorial y personal indígena, por parte de la Fiscalía de la República.
En julio del presente año, como consecuencia de graves actos de violencia contra indígenas (quema de casas, amenazas de muerte, persecución armada de hombres y mujeres indígenas, interrupción de la electricidad, bloqueo del territorio y otros) el pueblo de Salitre firmó una serie de acuerdos con el gobierno actual de Luis Guillermo Solís, mismos que hasta el día de hoy no han sido cumplidos. Producto de este grave incumplimiento por parte del gobierno actual de los acuerdos, entre los días del 19 y 24 de noviembre del presente año, se han perpetrado nuevos hechos de violencia, donde agresores armados amenazaron familias e invadieron 3 fincas indígenas recuperadas legítimamente por la comunidad.
Ante esta grave situación de violación de derechos humanos y de impunidad y violencia, que vive hoy el Pueblo Bribri de Salitre; en la conferencia se hará un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se acompañen las demandas y exigencias del Pueblo Bribri de Salitre. Así como se denunciarán los graves hechos de violencia recientes y se darán a conocer detalles de la campaña internacional de denuncia al estado y el actual gobierno costarricense por violación de derechos al Pueblo Bribri de Salitre.
Para mayor información, por favor contactar a:
Gustavo Oreamuno de Ditsö / correo: ditso.org@gmail.com
La Red de Mujeres Rurales, se solidariza con el pueblo Bribrí que lucha por sus tierras, y exige que el gobierno respete las mujeres indígenas del Territorio Indígena de Salitre y al pueblo en general, que ha sido violentado por hacer valer su derecho a la tierra.
Imagen con fines ilustrativos.
En solidaridad con nuestras compañeras indígenas de Salitre y con ocasión del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, una delegación de la Red de Mujeres Rurales de otras comunidades y territorios hemos visitado el territorio indígena de Salitre, hemos escuchado a las compañeras, compartido la hostilidad y las agresiones que viven, la usurpación de sus tierras y hemos visto y conocido los daños causados por los usurpadores.
Los días 26 y 27 de noviembre nosotras mujeres bribris de Salitre y junto con otras mujeres de la Red de Mujeres Rurales, indígenas de otros territorios indígenas y campesinas de comunidades vecinas, nos hemos informado y queremos informar a todas las personas respetuosas de los derechos humanos.
Por eso denunciamos los siguientes hechos:
-Que el 5 y 6 de julio, alrededor de 200 personas no indígenas, usurpadores de territorios indígenas llegaron a Salitre y en estado de ebriedad bloquearon la entrada principal del territorio y a las 8 pm quemaron la vivienda de María Otilia Figueroa Calderón del clan Tuariwak, luego quemaron el rancho de las hermanas Heylin y Roxana Figueroa, ubicado en la finca Pinto (usurpada por la transnacional piñera PINDECO), a las 4 am quemaron el rancho de Yoelis Villanueva y a las 8 am del 6 de julio quemaron el rancho de Ademar otro compañero indígena.
-Que el 7 de julio se procedió a hacer las denuncias por los actos de violencia y la agresión sufrida y la respuesta de la fiscalía y el OIJ fue que por no tener culpables directos no recogerían la denuncia aunque nos asesoramos que podíamos denunciar por sospechas directamente a alguien, no nos tomaron la declaración.
-Que en esa semana se hicieron acuerdos con la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zuñiga, entre los que se consideró que la parte no indígena detendrían sus agresiones y usurpaciones, y que los indígenas no haríamos recuperaciones mientras se iniciara el proceso de desalojar a los finqueros que ocupan tierras en el territorio y acordamos que se respetaran los acuerdos por las tres partes: gobierno, finqueros e indígenas. Entre los acuerdos a los que el gobierno se comprometió fue de sacar a Tais Vidal Navarro, así como otros usurpadores del territorio, también a hacer un censo sobre la tierra y sus ocupantes, para definir sus derechos sobre la tierra si había ocupantes desde antes de la Ley de 1977. Otro acuerdo fue que habría un reten policial a la entrada de Cebror, para asegurar que los agresores no entraran con armas o productos quemantes para salvaguardar la integridad de los indígenas.
-Que estos acuerdos no fueron cumplidos por el Gobierno, ni por los no indígenas.
-Que el miércoles 19 de noviembre, los sikuas finqueros armados invadieron la finca recuperada por Camelia Morales Ortiz, quemándole el rancho y sus pertenencias, disparando y además de aterrorizarla a ella y a sus niños.
-Que el sábado 22 de noviembre estos individuos violentaron nuevamente a Camelia quemándole el rancho de su hermana, donde se resguardaba con su familia.
-Que el domingo 23 de noviembre, los no indígenas ingresaron a la finca recuperada por Santos Morales armados y lo despojaron de la finca quemándole su rancho y pertenencias.
-Que el reporte que da la policía ante los hechos es que no hay dichas agresiones y quemas, y cuando las indígenas tratan de denunciar estos actos de violencia no les toman la declaración, haciendo que esto quede impune junto con las agresiones anteriores.
-Que responsabilizamos al Estado por estos hechos de violencia por no actuar y no hacer que se cumplan los acuerdos, la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT, además de no velar por los Derechos Humanos del pueblo indígena de Salitre.
-Que Carlos Gómez, Oldemar Rojas Ortiz, Wilbert Díaz López han amenazado con armas de fuego y han atacado con perros a Camelia Morales Ortiz. También el 29 de junio Carlos Gómez amenazada con cortarle la cabeza por estar defendiendo su derecho a la tierra.
-Que las mujeres de Salitre y sus familias han sufrido agresiones físicas y también agresiones verbales y amenazas, además de que los sikuas las están atemorizando disparando en las noches y si andamos por la calle nos echan el vehículo, por eso no nos sentimos tranquilas en el territorio, y nos preguntamos ¿Por qué tenemos que vivir con miedo en nuestro propio territorio?
-Que el OIJ no quiere reconocer los documentos que tenemos de nuestra posesión de la tierra, otorgados por la Asociación de Desarrollo del Territorio, y nos intimidan sobre nuestro derecho a estar en nuestro territorio.
-Que La fiscalía de asuntos indígenas de Buenos Aires no ha sido consecuente (ha actuado mal), no toman las denuncias presentadas en varias ocasiones, argumentan que los sikuas (no indígenas que han usurpado) tienen el derecho. Esto pasa porque quienes trabajan en la fiscalía también son sikuas y además son familiares de los usurpadores agresores.
-Que Camelia fue a denunciar la violencia de la que fue víctima y más bien se le acusó de haberse robado un ganado y no le tomaron la denuncia.
-Que nosotras como mujeres indígenas consideramos que son violaciones a nuestros derechos humanos. Los blancos no tienen derecho al territorio como lo dice la Ley Indígena de 1977.
-Que la violencia a las familias y los traumas que quedan en los niños, niñas y adolescentes, porque después de los ataques quedan temerosos, cuando queman ranchos no les importa que hayan niños y niñas. ¿cómo se logra la protección a las familias si en la fiscalía no atienden las denuncias?
-Que en las instituciones como OIJ y Fiscalía tratan a las y los indígenas de mentirosos (as), los policías dicen que no les creen lo que denuncian, cuando ese no es su trabajo, entonces los indígenas quedamos sin derechos.
-Que los gobiernos anteriores y el actual no hacen nada y son responsables de lo que sucede por su indiferencia, hablan de hacer un diálogo, pero al tiempo de ellos y ya como pueblos indígenas estamos cansados de que hablen tanto y no hagan nada. De que no respeten ni sigan la Ley solo está en el papel.
-Que PINDECO en el territorio de Salitre y en otros territorios indígenas contaminan la tierra, los ríos, el aire y decimos que el dinero no es lo único necesario, si no que es necesario conocer y tener donde sembrar. Los indígenas de por vida hemos amado la semilla criolla y no queremos que se pierda, ni que se siga perdiendo, los proyectos de los gobiernos tienen las mismas metas de contratos con las transnacionales agrícolas que ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria.
-Que el gobierno es cómplice de la situación de violencia que el pueblo bribri de Salitre está viviendo porque no ha hecho que se cumpla la ley indígena no. 6172 de 1977 , porque por ley los documentos que la ADI nos ha dado sobre la posesión de las tierras de nuestro territorio y de nuestros ancestros son legítimos pero la fuerza pública los pone en duda y si le dan valor a los documentos de los sikuas sobre la compra de los terrenos de nuestro territorio que son ilegales porque la Ley indígena dice que los terrenos de los territorios indígenas no se pueden vender, ni cambiar, ni arrendar, ni hipotecar.
-Que el gobierno está negando las formas de organización de los pueblos indígenas y exigimos que nos las respeten. Por eso es que los sikuas hicieron que Sergio Rojas esté en la cárcel y con eso creen que pueden hacer lo que quieran, además él le ha dado frente al gobierno y al proceso de recuperación de tierras y por eso “no cae bien ni al gobierno ni a los finqueros” . Por lo tanto se declaramos que el caso de Sergio Rojas es persecución política porque quieren obstaculizar nuestro proceso de reivindicación de nuestros derechos, las recuperaciones de tierra.
-Que el gobierno no ha hecho los estudios a los no indígenas para expropiarlos, ya que no son poseedores de antes de 1977.
-Que aunque los territorios demostraron buena fe con la mesa de diálogo, el gobierno no ha llevado a cabo acciones concretas.
-Que hay otras acciones de invasión a nuestros territorios como el proyecto Diquís y el programa REED +. Solo quieren quitar nuestros recursos y nuestros territorios.
Exigimos:
-Que nos escuchen y que se respeten los derechos de los indígenas dentro y fuera de los territorios.
-Que no hayan mas amenazas, atropellos contra nuestros hermanos indígenas y que todas las instancias poderosas intervengan para que no sigan sucediendo estas cosas.
-Que la Fiscalía de Asuntos Indígenas tome las demandas por parte de los indígenas de Salitre.
-Que las denuncias sean recibidas y se entiendan las necesidades de las personas de los territorios indígenas.
-Que se respeten los territorios indígenas y que el gobierno no ponga más trabas para la Ley de Autonomía Indígena, que ya tiene màs de 20 años de haberse presentado. Que se denuncie quién está detrás de estos intereses.
-Que se haga justicia con todas las pruebas, cuando hay mujeres con niños y niñas en la montaña, con hambre y frío. Escapando al monte por las amenazas de los finqueros y con todo lo que ha venido ocurriendo en Salitre se demuestra un accionar pacífico por parte de los indígenas bribrí de Salitre y llegará el momento en el que ya no se va a aguantar y se defenderán de una u otra manera. Se le exige al gobierno de Luis Guillermo Solís que actúe al respecto.
-Que se cumpla la ley indígena no. 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos.
-Que el gobierno respete los acuerdos tomados sobre Salitre, se cumplan y se avance para sacar a los no indígenas del territorio.
-Que las comunidades sean consultadas sobre proyectos en sus territorios porque es un derecho. Como en el caso del proyecto Diquís, para que no siga adelante, ni dentro del territorio indígena de Térraba ni fuera del territorio, queremos el río libre.
-Que REDD + no se implemente en los territorios indígenas, porque esto también es agresión y violencia contra nuestros derechos.
-Que se respeten los procesos de organización de los habitantes originarios, como el Consejo de Mayores de Cabagra Iriria Jetchö Wakpa
-Que se libere al presidente de la ADI de Salitre Sergio Rojas.
-Que el gobierno asegure la integridad física de los indígenas recuperantes del territorio.
Firman:
Rogelia Rojas Ortiz, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Everilda Flores Beita, delegada del Territorio Indígena de Abrojo Montezuma
Heylin Morales Mayorga, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Zaida Ortiz Granda, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Luisa Bejarano M., delegada del Territorio Indígena de Conte Burica
Sary Rojas Leiva, delegada del Territorio Indígena de Curre
Fanny Reyes Ortiz, delegada del Territorio Indígena de Térraba
Floribeth Arguedas H., delegada de El Águila de Pérez Zeledón.
Berta Díaz M., delegada de Potrero Grande
Bellanira Navarro Jiménez, delegada de Mollejones de Pérez Zeledón
Carmen Gamboa Chinchilla, delegada de San Juan Bosco de Pérez Zeledón
Grace Lucía Navarro Pérez, delegada de Mollejones de Pérez Zeledón
Roxana Figueroa Calderón, Salitre
Camelia Morales Ortiz, Salitre
Paola Figueroa Calderón, Salitre
Yamileth Morales Figueroa, Salitre
Janoly Morales Rojas, Salitre
Alejandra Bonilla Leiva, Tinamaste
Sandra Monge Vásquez, Asociación de Estudiantes del IEM- UNA (ASEIEM)
Mariel Quesada Chacón, Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas-UNA (ASECB)
Herminia M. C., Salitre
Jairo Figueroa Calderón, Salitre
Jairo A. Sanchez P., bribri de Talamanca
Ma. Otilia Figueroa C., Salitre
Ilustración tomada del Facebook del Red de Mujeres Rurales:
El compañero indígena Bribri Sergio Rojas Ortiz, del territorio indígena de Salitre fue detenido el pasado jueves 06 de noviembre; y desde ese día está detenido en la Prisión de San Isidro de Pérez Zeledón, con “medidas cautelares”, ante el Juzgado Penal de Buenos Aires, por solicitud de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, a cargo de la Licda. Adriana Céspedes del Ministerio Público; quién alegó la existencia en “grado de probabilidad”, el “peligro de fuga y obstaculización a la investigación”, pidiendo “medidas cautelares”, una caución o fianza de 50 millones de colones, el impedimento de salida del país, la prohibición de contactar a los denunciantes y testigos, además de ser inhabilitado del cargo como Presidente de la Asociación –ADI de Salitre.
El Expediente # 12-200679-0634-PE se tramita en la Fiscalía de Asuntos Indígenas del Primer Circuito Judicial, contra Sergio Rojas Ortiz y otros por el delito de administración fraudulenta.
Ante esta situación, nosotros jóvenes indígenas decidimos al ser las 10:15 de la mañana de hoy miércoles 19 de noviembre, tomar las Oficinas de la Fiscalía de Asuntos Indígenas; para exigir la liberación inmediata del compañero Sergio Rojas, ya que consideramos que actualmente es un preso político del Estado costarricense.
Consideramos que la actuación de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, del Poder Judicial y del Ejecutivo ha sido injusta, desproporcionada y cargada de prejuicios racistas; por lo que exigimos un proceso judicial justo y en libertad para Sergio Rojas.
Ante el proceso de recuperación de tierras que ha venido desarrollando el pueblo Bribri de Salitre; grupos de terratenientes y otros sectores dominantes han perpetrado actos de violencia contra el pueblo indígena, con ataques con arma de fuego, machetes, tortura, persecución de mujeres y niños en la montaña, quema de ranchos, amenazas y otros actos violentos; ante los cuales la administración anterior y la actual actuaron de forma complaciente con los grupos de matones y agresores.
¿Dónde estaba esta Fiscala Céspedes y el Ministro Gamboa, cuando ocurrieron las agresiones citadas antes? ¿Cuántos despliegues de policías se han hecho y allanamientos similares, para capturar a los /as responsables de esos actos delictivos contra los vecinos dueños de la tierra /territorio de Salitre? ¿Por qué no se resuelve el Recurso de Amparo, para desalojar al ex juez Carlos Gutiérrez y la abogada Thais Vidal que poseen tierras ilegalmente dentro del territorio?
Nosotros como jóvenes indígenas, hacemos un llamado a los demás hermanas y hermanos indígenas a solidarizarse y manifestarse por la libertad de Sergio Rojas, así como a profundizar la organización en nuestros territorios para defender nuestros derechos.