Etiqueta: autonomía CCSS

Rigoberto Salas Aguilar                                                      

Alajuela

16 de mayo 2012

Ente rector: el Ministerio de Salud, encargado de diseñar las políticas en cuanto a  salud pública se refiere, fundamentalmente, promulgando las leyes marco que promuevan la salud de los costarricenses y prevengan la enfermedad .

Su gestión  debe de ser  fundamentalmente de producir las leyes y reglamentos que aseguren un ambiente psico-social sano que promueva la salud  y prevenga la enfermedad,  vigilando la aplicación estricta de dichas normativas, a nivel nacional y castigando duramente las transgresiones a dichas leyes y reglamentos. Su labor, fundamentalmente, es de promulgación,  aplicación y vigilancia de dichas políticas sanitarias, dado que en adelante la política en salud debe de orientarse hacia  la prevención de la enfermedad y no a la curación de la misma, ya que resulta más cara la medicina curativa que la preventiva. La meta en salud pública debe ser prevenir la enfermedad, evitar que se presente, produciendo un medioambiente nacional lo más sano posible. Para ello, se necesita un Ministerio de Salud con políticas fuertes y aplicación estricta de dichas políticas. Para ello, deberá vigilar estrechamente que el agua sea potable a nivel nacional y que la eliminación de aguas negras y  fundamentalmente, los desechos tóxicos, y la basura tengan el tratamiento adecuado. Tendrá que promulgar leyes en contra de la contaminación ambiental, tanto urbana como rural, vigilando  algunas prácticas agrícolas muy contaminantes, como son las quemas y el uso de plaguicidas y herbicidas.  Debe defender con rigor la vigencia del Protocolo de Kioto en cuanto a la contaminación atmosférica y la destrucción de la capa de ozono, denunciando a las naciones más contaminantes – que son las naciones industrialmente más desarrolladas con E.U. a la cabeza -que se ha negado a adherirse a dicho tratado. Habrá futuro para  la humanidad  en el tanto que se elimine la contaminación ambiental, de otra manera no habrá.

Legislar contra la contaminación sónica y del espectro electromagnético que comienza a ser problema ambiental de primer orden, así como incentivar el combate al consumo de drogas tanto lícitas –alcohol y tabaco- como ilícitas, promoviendo un debate nacional e internacional en cuanto al mejor tratamiento de la drogadicción y del narcotráfico como podría ser la legalización de su uso, lo que desmontaría  ese gigantesco negocio, cuyo combate, por los medios represivos puestos hasta ahora en vigor, no ha dado y no  va a dar, ningún resultado. Estas drogas tendrían que  ser de  uso restringido, estrechamente vigilado como se hace con los psicotrópicos actualmente.

Ente  Ejecutor –  C.C.S.S.

La prevención y la curación de la enfermedad serán dadas por la  CCSS. A nivel nacional. Para ello  deberá desprenderse de una serie de carlancas que  los políticos le han venido guindando desde hace 40 años y  regresar  a sus orígenes.

La CCSS fue creada con rango constitucional mediante el artículo 73 de la Constitución política. Este alto fuero legal se ideó con el fin de sustraerla de los avatares políticos que pudieran tener interés en meterle mano y que pudieran distorsionar su funcionamiento. Esta institución que asegura salud a todos los  costarricenses, junto con la educación pública al alcance de las grandes mayorías ciudadanas, se constituyeron en los dos `pilares fundamentales sobre el cual se erigió el Estado Social de Derecho  que evitó, hasta hace unas décadas, la agitación social con guerras fratricidas como en el resto de Centroamérica.

Con el advenimiento desde los años setentas, de las políticas privatizadoras impuestas por los E.U. líder mundial del capitalismo salvaje, la consigna  ha sido el desmantelamiento de ese Estado Social de Derecho, buscando la privatización de las empresas del Estado, fundamentalmente la salud y la educación, que constituyen un enorme  filón de riqueza. Así, los vientos privatizadores han intentado arrasar con  estas  dos funciones primordiales, fundamentalmente la salud, torpedeando a la Caja.

Para ello, los políticos de turno,  inventaron una reforma  a la ley constitutiva de la Caja, orientada a introducir los tentáculos del poder ejecutivo en la administración institucional, mediante la ley 4/3 y de presidencias ejecutivas.  Esto permitió que la visión política de conducción institucional se impusiera sobre la conducción técnica que la había orientado hasta la fecha. Así se instaló un Presidente Ejecutivo, representante directo del Presidente de la República como máximo jerarca, con una junta directiva formada por miembros de los dos partidos mayoritarios, elegidos  con criterios políticos. Esto permitió, como ejemplo de la nefasta influencia política dentro de la Institución, que uno de los directivos de la Caja, hasta hace unos pocos años, fuera un importante integrante de la junta directiva de la Clínica Bíblica, empresa privada que produce salud y a la que la Caja le compra servicios. Las estructuras institucionales más importantes, en manos del enemigo.

Desde aquella época se inicia el debilitamiento institucional con la tercerización y compra de servicios. Se subastan diferentes áreas de atención primaria que se asignan a empresas privadas y cooperativas, como son las áreas de salud – EBAIS- de Escazú, León XIII, La Carpio y Garabito, cedidos a ASEMECO, empresa dueña de la Clínica Bíblica, las áreas de Tibás,  Montes de Oca, Sabanilla, Curridabat,  Barva de Heredia y otras en manos de la UCR algunas y otras en manos de cooperativas de trabajadores. En lugar de comprar equipos importantísimos para el  diagnóstico y tratamiento de enfermedades como son los TAC, R.M. Y ACELERADORES LINEALES para apertrechar la institución, se optó por la compra de esos servicios –  lo que todavía se hace en este momento- a empresas privadas como  Clínica Irazú, CIMA, Clínica Católica, Clínica Bíblica, etc. etc.

Los gastos en que se ha incurrido por esta compra de servicios  a  terceros, han sido gigantescos y en mucho han erosionados las finanzas institucionales además de impedir el desarrollo institucional  pues hasta ahora, después de 30 años de comprar servicios privados, es que la Caja comienza a apertrecharse de estos aparatos. Sin temor a equivocarnos podríamos asegurar que con los dineros gastados en compras de servicios,  la caja tendría varios TAC, R.M Y ACELERADORES,  en todos los hospitales del país, no solo en el México, C.G y HSJD como sucede en este momento. Y lo peor del caso es que estas políticas no se revierten, continúan igual.

Para buscar el desprestigio institucional y anular el apoyo ciudadano a esta Institución tan querida de los costarricenses, hace 30 años no se invierte en infraestructura  hospitalaria, mantenimiento de Clínicas, EBAIS y hospitales. Lo que es peor , ignorando  todos los estudios prospectivos y diagnósticos realizados en cuanto a necesidades  a futuro de médicos  especialistas, técnicos, personal de apoyo como enfermeras, auxiliares, etc. ninguna acción se ha tomado para abastecer  de personal de salud a la Institución, originando  con esto, enorme cantidad de colas en especialidades y cirugías. Tal falta de previsión se demuestra también en la compra oportuna de medicamentos y otros insumos necesarios para la buena atención de los pacientes.

En fin, el manejo político institucional se ha orientado de debilitar y desprestigiar a la CCSS. Esto ha sido fríamente calculado. No es fruto del azar  y tiene como meta el colapso institucional y la privatización de la salud en nuestro  país.  Pregúntese ¿por qué muchos políticos están  invirtiendo en hospitales, apropiándose  de Clínicas como la Católica, la Bíblica, el Hospital CIMA, etc.?  Ahí tiene usted la respuesta.

El Financiamiento Institucional.

Según su carta constitutiva, el financiamiento de la seguridad social se fundamenta en la contribución tripartita entre trabajadores, patronos y Estado. De esta triada, los únicos que siempre han aportado lo que por ley les corresponde, son los trabajadores. Los patronos y el Estado nunca han contribuido como la ley les obliga. Ambos sectores siempre le han escamoteado a la Institución no sólo la cuota patronal sino muchas veces la cuota obrera que les han retenido a los trabajadores-.Ejemplos hay muchos  desde la época de la creación de la Caja: textileras, bananeras, en fin todo tipo de empresas que han defraudado a la Caja, valiéndose de la permisividad, pasividad y complicidad de un departamento legal institucional inepto, complaciente que ha dejado prescribir deudas con la Caja por miles de millones de colones, favoreciendo así al defraudador. Este departamento legal incapaz sigue manteniendo la misma conducta  permisiva e  indolente con las grandes empresas. En cuanto al gobierno central no sólo ha retenido las cuotas obreras y patronales sino que peor aún, le ha extraído dinero a la Institución usándola como caja chica cuando ella ha tenido superávit.  El Estado, no contento con eso,  rebajó el aporte estatal de un 3.25 % que por ley debía de contribuir,  a un 0.25 %, debilitando el trípode financiero que sostiene a la Institución, haciendo que su financiamiento descanse fundamentalmente en trabajadores y patronos. Aún mas, con el traspaso de funcionarios del Ministerio de Salud a la Caja con la unificación de servicios, el gobierno se comprometió a pagar las prestaciones de dichos trabajadores, cosa que nunca hizo, siendo la CAJA la que arrastró con esta obligación. Igual sucedió con  el traspaso de los hospitales regentados por las Juntas de Protección Social – SJDD Y San Ramón. Otra deuda que el gobierno tiene y no honra, es por la atención de indigentes y no asegurados, que ya se ha tornado enorme. En fin, asombra que con ese panorama financiero, la Caja no haya quebrado hace tiempo.

Creemos que el SEM puede realizar su función adecuadamente con sólo   recaudar puntualmente todos los dineros que, por ley, le corresponden, de parte de trabajadores, patronos y Estado, más aún si  éste se comprometiese a cotizar a la CAJA en los porcentajes establecidos originalmente.

Medidas de rescate institucional- restablecer la autonomía de la Caja que tiene rango constitucional, haciendo prevalecer el artículo 73 de la Constitución Política que le confiere autonomía administrativa y financiera, igual que a la Universidad de Costa Rica.

1.-  El primer y muy importante movimiento, es el rescate de la autonomía institucional, mediante la abolición de la ley 4/3y de presidencias ejecutivas, desapareciendo este cargo, para volver a un Gerente General como máxima autoridad de la Caja. Este gerente deberá ser nombrado, mediante un concurso de antecedentes, por la Junta Directiva, así como las otras gerencias de  división.

2. La junta directiva será integrada por 12 personas mediante la elección de 3 representantes de cada uno de los siguientes colectivos: sindicatos, patronos, solidaristas y asegurados por medio de las juntas de salud. Deberá establecerse un perfil de calidades y cualidades de los aspirantes a integrar la Junta Directiva.

3.-  El Estado debe comprometerse a pagar sus cuotas religiosamente y devolver las enormes cantidades de dinero que le debe a la Institución en dinero contante y sonante y no en bonos ni letras.

4.- La junta directiva debe reestructurar el departamento de cobros y el departamento legal, haciéndolos más eficientes y acuciosos, impidiendo la acumulación de deudas por parte de patronos morosos, denunciándolos en los tribunales de justicia al tercer mes de mora y publicando  sus nombres y el de sus empresas en medios de circulación nacional, para obtener la vindicta pública. Para obtener éxito en esta tan vital función de recolección de los fondos del  Seguro Social, se deberá buscar la promulgación de las leyes necesarias a nivel de Asamblea Legislativa, para sancionar con cárcel y confiscación de bienes a los que defrauden la seguridad social así como legislar para que las deudas con la Caja NO TENGAN PRESCRIPCION.  Todo esto de manera rápida y expedita, como se hace en los tribunales de flagrancia.

5.- Los abogados que trabajen para la Institución deberán hacerlo como abogados y notarios con un salario adecuado, evitando- como es ahora-  que sus funciones institucionales sean sólo como abogados realizando la labor de notariado de manera privada, cobrando a los clientes de la Caja su labor notarial que realizan en horario y con infraestructura y recursos institucionales. Es como si los médicos fuesen contratados como médicos y que su labor como cirujanos la pudiesen cobrar a los asegurados.

6.- Restablecer la obligación institucional de dar todos los servicios asistenciales a nivel nacional, en sus propias instalaciones y con  sus propios recursos, para lo cual recobrarán todos aquellos EBAIS cedidos a empresarios privados.

7.-  Inversión en salud suficiente para solucionar los problemas de colas, falta de medicamentos y otros insumos, así como de infraestructura asistencial. Para ello se deberá entrenar y contratar todo el personal médico y paramédico necesario para dar una atención pronta y cumplida, invirtiendo lo necesario en hospitales y clínicas, siguiendo los estudios ya conocidos en cuanto a necesidades de personal e infraestructura y de implementos tecnológicos para  diagnóstico y tratamiento de los pacientes, evitando la contratación a terceros.

8.-  Finalmente debemos recordar que todos los dineros del régimen de SALUD- enfermedad y maternidad- deben de ser invertidos en eso, en producir salud,  pues es un régimen de reparto.  No deben invertirse buscando su reproducción como se debe hacer en el régimen de pensiones para aumentar el capital que respalda las pensiones de los trabajadores. Si  recobramos íntegros y a tiempo las cuotas obreras y patronales y obligamos al gobierno a pagar todas sus deudas con la CCSS en dinero contante y sonante,  tendríamos el capital suficiente para relanzar  la producción en salud a nivel nacional con la calidad, la rapidez y oportunidad que el pueblo necesita.

Dinero si ha habido en el régimen de salud,  para solventar la crisis asistencial en la CAJA. Lo que no ha  habido es la voluntad política para solucionarla y si una evidente y cómplice incompetencia gerencial y administrativa de las cúpulas estratégicas institucionales en los últimos 30 años.

SISTEMA NACIONAL DE SALUD.-   Conjunto de instituciones y establecimientos del sector público y privado que tienen como finalidad específica, prevenir la enfermedad y preservar y restablecer la salud de las personas, la familia y la comunidad.

Ente rector: MINSA.

Órganos  ejecutores: CCSS – INS – INAA- UCR.

FUNCIONES RELACIONADAS.-

EDUCACION.-  ENTE RECTOR: MEP.

Se debe fortalecer la educación pública con más y mejores  centros de estudios a todos los niveles.  Se debe declarar como una función primaria, fundamental, del  Estado, la instrucción ciudadana, obligatoria, universal y totalmente costeada por el Estado, desde el Jardín de Niños hasta la Universidad. Deberá obligarse al Estado a dar efectivamente el 8%del presupuesto para este fin.

VIVIENDA.-  Deberá promoverse  la vivienda digna en los polos de desarrollo industrial y agrícola, en base a la construcción vertical – multifamiliares- en el campo y la ciudad. Esta función deberá centralizarse en un Instituto de la Vivienda que genere los recursos, la planificación y la construcción de estos multifamiliares.  En su financiamiento deberán jugar un papel protagónico, los bancos del Estado, el INS, la CCSS, el Banco Popular.

TRABAJO.-  El Estado debe realizar las inversiones necesarias en obras públicas para el desarrollo de la infraestructura nacional, como puertos, aeropuertos, carreteras, etc.  Que sirvan para modernización el país y de fuente de trabajo para los costarricenses. Debe desactivarse la tendencia actual, impuesta por la visión privatizadora del Estado  que nos impone los E.U., de dar las obras públicas en concesión a empresas privadas, de tan nefasto, costoso  y contraproducente resultado. En esta visión  de cosas, estas empresas privilegian sus beneficios económicos a los intereses de los ciudadanos y del país. Son verdaderas sanguijuelas del Estado que absorben enormes cantidades de los recursos nacionales que van a dar a empresarios extranjeros, en un ejercicio apenas disimulado, de neocolonialismo y  vasallaje.

ALIMENTACION.- Una obligación fundamental del Estado es asegurar la soberanía alimentaria mediante la inyección de capital de trabajo al agricultor, privilegiando las cooperativas en este ramo, con la asistencia técnica y de insumos y maquinaria, que les permite, con éxito, emprender la explotación del agro. El Estado deberá expropiar latifundios y tierras improductivas para dárselas a campesinos para su explotación.  Para ello, el MAG, que debe ser el ente rector, deberá buscar el financiamiento necesario en la banca nacionalizada para inyectarle a la siembra de los granos básicos. Así mismo, deberá reactivar las Juntas Rurales de Crédito con el personal de apoyo, como ingenieros agrónomos, técnicos en riego, veterinarios, etc.  y  con maquinaria e insumos necesarios, como semillas, abonos, fertilizantes, plaguicidas , herbicidas, etc. para respaldar al agricultor.

Una función estatal de enorme importancia debe ser el control de precios de la canasta básica- artículos de consumo popular- evitando la especulación y la explotación del pueblo. Para ello, es capital volver a los estancos del Consejo Nacional de Producción en donde se comercialicen los alimentos básicos, de primera necesidad, a precios que sean cómodos para los consumidores y suficientes para retribuirle al productor su trabajo en el agro. Este estanco le asegura al productor la colocación en el mercado de su producto recibiendo por él un buen pago, que le compense suficientemente su esfuerzo laboral, le permita pagar deudas y le deje un margen de ganancias atractivo para seguir produciendo y al consumidor le asegura un precio módico,  justo, accesible, para avituallarse de los alimentos básicos para él y su familia.

Enviado a SURCOS por Rigoberto Salas Aguilar.