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Etiqueta: conflicto armado interno

¿Será violación al cese al fuego pactado con el EMC-FARC y con el ELN?

Por Carlos Meneses Reyes

El pasaje de ejercicio de control territorial, constituye un elemento de hecho- sine qua non- para la calificación de una fuerza insurgente, en el marco del conflicto armado interno. Un cese al fuego bilateral implica la no confrontación armada directa o indirecta entre las fuerzas insurgentes y las fuerzas armadas del Estado-parte. El cese al fuego bilateral es un proceso exitoso de acuerdo político. Pero al conflicto armado está ligado el conflicto económico, social, político, ecológico, colombiano. Ese es precisamente el tema de contenido de las conversaciones, para lograr el fin definitivo del conflicto armado interno. Las manifestaciones de paramilitarismo creciente y galopante en el país, puede obedecer al envalentonamiento de la derecha militarista, resultado del “triunfo” electoral regional de las últimas elecciones, debido al sistema electoral corrupto y de casino imperante en Colombia. Un elemento más que contribuye al factor de desestabilización que inspira la huella o rastro hacia un golpe blando institucional; resumido este, no en el ejercicio de una oposición política articulada; como si, al redito beneficioso de una oposición institucional de todos contra el ejecutivo, en cabeza del presiente G. Petro U.

Las expresiones de autonomía de territorio de las comunidades en la Colombia olvidada o la Colombia profunda, con mayor crecimiento durante este año, no obedece tanto a la presencia de las fuerzas armadas; como si, a pretendidas acciones cívico-militares de una institución militar aun regida y conformada por la doctrina militar del enemigo interno y la constante de una “malicia indígena” en el sentido que persistiendo el conflicto armado, esas fuerzas armadas acuden “a la lavada de cara” al servicio de los paramilitares (hoy al parecer de manera más soterrada que antaño), auspiciados por la colaboración económica de la narco oligarquía en ejercicio del poder.

Lo exitoso de una salida política al conflicto armado, transita sobre el resultado de un proceso político que abarque el tema de los álgidos y variados conflictos que aquejan al país. De allí la insistencia en que se defina la terminología técnica empleada y que, con el incentivo insidioso de la dictadura mediática, confunde a la opinión, sin diferenciar que una cosa es un proceso de paz y otra un proceso para el fin del conflicto armado, con toda(s) la (s) insurgencia(s); dado el paisaje histórico y variable de los conflictos existentes en Colombia y en particular el que es objeto de búsqueda para la terminación definitiva del conflicto armado interno.

 En Colombia no se transita por un proceso de paz que ha servido para otorgar premios Nobel. Se está en un proceso de fin o solución definitiva al conflicto armado interno para que deje de existir insurgencia armada, o sea guerrillas, a lo largo y ancho del país. En modo alguno con el llamado paro en Chocó, auspiciado por el ELN, y/o la acción de la población civil en otras regiones, bajo influencia presuntamente proselitista del Estado Mayor Central de las Farc; se ha dado incumplimiento al cese al fuego bilateral pactado. Existe un empoderamiento de territorialidad en esas regiones: uno, para denunciar nacional e internacionalmente la presencia militar en las comunidades del Departamento del Choco y dos, una comunidad indígena, campesina y de etnias actuante, en rechazo a la impunidad de la carga histórica de violación a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas del Estado colombiano.

Colombia, un país pluricultural

Carlos Meneses Reyes

LA NOTA HISTÓRICA. La masacre en el municipio de El Carmen de Ocaña el 16 de noviembre de 1949 obedeció a una directriz de Terrorismo de Estado durante la hegemonía oligárquica conservadora.

Las secuelas aún permanecen, con la agudización del conflicto armado interno en Colombia. Los responsables y ejecutores están en el directorio nacional conservador y en el directorio del Departamento de Norte de Santander. La ejecutaron con la fuerza parapolicial estatal de los «pájaros» o «chulavitas».

Desde el asesinato de JE Gaitán (1948) el problema de la tenencia de la tierra se agudizó. Las guerrillas liberales de autodefensa se transformaron en las guerrillas comunistas con Marquetalia como ejemplo.

A hoy, un conflicto por la tierra como el palestino – israelí, corresponde equipararlo con el persistente conflicto agrario en Colombia, padecido durante 75 años por ambos pueblos.

En Colombia ha derivado en los múltiples conflictos que nos asolan:

  1. El conflicto armado interno.
  2. El conflicto por el modelo económico impuesto.
  3. El conflicto ecológico.
  4. El conflicto político (no solo por lo electorero, como por el estado de cosas inconstitucional – ECI – que persiste y no permite aplicar la CP de 1991.
  5. El conflicto social, agudizado por la institucionalización de un narco estado en el poder, que impide el ejercicio de un gobierno progresista de inspiración popular. Correcto.

Conozcamos la historia en forma comparada buscando la solución y salida política civilizada.

La debacle del ministro de la Guerra

Carlos Meneses Reyes

Recrudecen los enfrentamientos y acciones militares por el conflicto armado interno. El discurso oficial, continúa vertiendo en un mismo recipiente, a los actores armados contra el Estado, al igual que organizaciones armadas al servicio del paramilitarismo y el narcotráfico. Como si no les incumbiera las denuncias y corrillos a soto voces, en las regiones, que esos grupos armados organizados (gaos), sirven a un plan contra insurgente gubernamental de la inteligencia militar. “Plata es lo que hay” expreso un generalote en El Catatumbo, para enfrentar a los del ELN con Los Rastrojos.

Cual tenebroso mensajero de guerra, Molano llegó a Ocaña a presidir un Consejo, desplazando a los Alcaldes, que constitucionalmente, son los responsables del orden público en los municipios y reseña cual caustica pócima, vertida en la herida abierta de la comunidad de las veredas de Labranza- -Oropoma, que al menos “uno” de los jóvenes campesinos, que se encontraban en el billar, masacrados por paramilitares motorizados, hacia parte del EPL. Esa expresión expresa el conocimiento de inteligencia militar anticipado, sobre seguimiento y desempeño de la población. Genera relación de causalidad, entre el saber y el actuar del grupo paramilitar, como canal de información para el accionar tenebroso de la masacre ocurrida. Así, “mostró la cédula” el Chulavita Ministro. Jamás se había producido tanta conmoción e indignación en la ciudadanía ocañera, y los efectos políticos de la masacre, están por sopesarse.

Oropoma, de asentamiento indígena Hacaritama precolombino. La Labranza, de idílico paisaje campesino, surcado por el parque nacional de Los Estoraques, tan cercana zona rural a Ocaña; habitada por gente sana y trabajadora; núcleo de familias de predominio étnico blanco, semillero de hijos que han aportado al arte y la cultura, cuyos paisajes plasmó en bellos cuadros su pintor Jairo Rincón, conocido como “Labranza”.

Los cinco mártires campesinos fueron identificados como Winston Prada Puentes, Heimer Ortiz Ballesteros, José Luis Vega Plata, Jesús Alberto Vega y Robinson Garay Barbosa, oriundos de la región.

Surgieron dificultades que aumentan el dolor de las victimas

Oficiosamente, los cinco cadáveres de los campesinos asesinados, fueron apresurada e inconsultamente trasladados a Cúcuta; siendo que la Unidad de Medicina Forense, Necrodactilia y Balística de la ciudad de Ocaña, está habilitada para ese cumplimiento legal. Pero resulta que con la masacre ocurrida, el Terrorismo de Estado siembra el miedo; pero más preocupación le genera al Establecimiento estatal, una respuesta del Movimiento Popular ocañero, que hubiera organizado un sepelio colectivo en la ciudad, desenmascarando la gravedad y crudeza del conflicto armado interno, en esa región.

Sepa, señor Molano, que usted por su función como administrador de las fuerzas armadas estatales, responde por la acción u omisión de sus dirigidos. Ese sábado 06 de marzo de 2021 a las 10 pm, llegaron al billar los motorizados asesinos. Hubieron de pasar en caravana por el frente de las instalaciones del Batallón Santander. Es la única carretera que une a Abrego con Ocaña, contando con unidades militares y estaciones policiales acantonadas en diversos sitos de control estratégico. Actuaron con total impunidad, saliendo hacia Ocaña, disparando tiros al aire, que se escuchaban en lo inmenso del lejano terreno. Es tan notoria en esa zona la claridad de la luna, que los oscuros son usted y sus dirigidos.

Queda demostrada la impunidad de la “seguridad democrática” del actual gobierno narco paramilitar, en malhadadas funciones.

Nueva masacre de niños en el Guaviare

Pero el estrenado Ministro Molano, también afronta otro escándalo por el bombardeo, el mismo día sábado dos de marzo, en la vereda Buenos Aires de Calamar, Guaviare; que hace recordar el pasaje en que el ex ministro Guillermo Botero se vio involucrado por la muerte de ocho niños y la afectación a más de 28 menores por bombardeo en el Caqueta, a un campamento de las Farc, a finales del año 2019. Quiso ocultar la masacre y luego afirmó que era “una operación licita hecha con toda rigurosidad”. El in suceso le costó el cargo y en premio a la impunidad el gobierno lo nombró embajador en Chile.

Teniendo conocimiento pleno de inteligencia militar que, en esa zona de jurisdicción de la base militar en Calamar, Guaviare, las citadas guerrillas vienen aumentando el alistamiento de menores de edad en sus filas, aprobó el bombardeo a ese campamento, dando como resultado la muerte de la menor, de 16 años Danna Lizeth Montilla, quedando heridos de gravedad dos niñas más menores de edad. Se conoce públicamente un listado de 14 heridos en la que se encuentra una niña de nueve años; un niño de 10 años; otro niño de 12 años; una niña y un niño de 13 años cada uno; otro niño de 14 años; cuatro niños de 16 años, de ambos sexos; un niño sin indicar la edad y dos jóvenes de 19 años; para un total de 14 víctimas. El locuaz ministro Molano manifestó que esos niños eran “Maquinas de Guerra”. El padre de la niña muerta en el bombardeo afirmó en declaraciones, que ella había salido a casa de familiares en búsqueda de la señal de Internet para hacer las tareas y se la entregaron desmembrada. Esa zona del Batallón del ejército en Calamar Guaviare, es tristemente recordada por haberse encontrado allí una de las fosas comunes más grandes en cuanto a falsos positivos, atribuidos precisamente a ese Batallón que hoy afecta a más de 14 niños para mostrarlos como una acción más de falsos positivos.

De la violación al derecho internacional humanitario

El calificativo dado por el ministro Molano a los niños de “Maquina de Guerra” hiere la sensibilidad nacional. Lamentable y triste que el ministro de la guerra no defienda a los niños de 9 a 16 años y los convierta y llame así. Indiscutiblemente este bombardeo en el Guaviare, representa una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario, que debe ser de conocimiento abordado por la jurisdicción internacional. La fuerza armada estatal, bajo la dirección del ministro Molano, violó el Principio de Distinción, que es fuente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Violo el Estatuto Internacional del Menor y la prioridad universal del Interés del Menor, ante cualquier circunstancia. La esencia del principio de Distinción es primordial en la garantía a los civiles, en conflicto como el colombiano. De igual manera, el bombardeo en cuestión, es violatorio de los Principios Fundamentales de la Constitución Política de Colombia de 1991 (CP91); además de su artículo 44, in si tu: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

En el Guaviare, los habitantes de las veredas Nueva Colombia, Cachicamo, y en general los habitantes de caseríos de Buenos Aires, vienen denunciando que son objeto de estigmatizaciones por parte de las tropas gubernamentales, de ser colaboradores de las guerrillas de las Farc; teniendo que afrontar a diario las amenazas de los grupos armados y paramilitares por el reclutamiento forzado de menores, que se ha generalizado en constante multiplicador. Entre tanto, la posición del actual gobierno del sub presidente Duque, sigue engañando a la opinión pública nacional e internacional, negando la existencia del conflicto interno armado en Colombia, en asonancia con el mandato imperial de agudizar la guerra contra las drogas y la permanencia de tropas extranjeras en el territorio patrio.