“Costa Rica necesita acuerdos ambientales de largo plazo: Parlamentos Cívicos se pronuncian”
“Declaración conjunta: justicia climática y defensa de los Parlamentos Cívicos”. Aprueban preservar la denominación de Parlamento como símbolo de apertura democrática y reconocimiento
“Mes del Ambiente: Parlamentos Cívicos llaman a un pacto nacional inclusivo”
“Unidos por la justicia ambiental y la participación ciudadana”
San José, Costa Rica. — En el marco del Día Mundial del Ambiente, los Parlamentos Cívicos y Consejos Cívicos Ciudadanos del programa de formación e incidencia ciudadana del Departamento de Participación Ciudadana se reunieron y expresaron en un documento su convicción de que Costa Rica necesita abrir un diálogo nacional amplio, plural e inclusivo sobre los principales retos ambientales que enfrenta el país.
“Reconocemos que la protección del ambiente, la acción climática, la movilidad sostenible, la conservación de la biodiversidad, la gestión adecuada del territorio, la justicia ambiental y la participación ciudadana no pueden abordarse de manera aislada ni coyuntural. Estos desafíos requieren acuerdos de largo plazo, construidos con base en evidencia técnica, participación social efectiva y compromiso institucional”, señala el pronunciamiento.
El Dr. Bernardo Aguilar presidente del Parlamento Cívico Ambiental manifestó que hoy inician un proceso de diálogo ciudadano durante el Mes del Ambiente, orientado a desarrollar una declaración conjunta que priorice las políticas públicas ambientales que Costa Rica debería impulsar en los próximos diez años.
Según lo acordado este proceso recogerá la diversidad de voces, experiencias y preocupaciones de distintos sectores de la sociedad costarricense, incluyendo comunidades locales, juventudes, mujeres, población afrodescendiente, pueblos indígenas, adultos mayores, personas discapacitadas y otras poblaciones vulnerabilizadas, organizaciones ambientales, actores territoriales, sector académico, sector privado, instituciones públicas y ciudadanía organizada.
“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía en general a sumarse a este esfuerzo de reflexión y construcción colectiva, agregó Aguilar.
Costa Rica cuenta con una importante trayectoria ambiental, pero también enfrenta retos urgentes que exigen visión, responsabilidad y capacidad de diálogo desde estos foros cívicos. Reafirmamos nuestro compromiso con una agenda ambiental inclusiva, democrática y orientada al bienestar de las presentes y futuras generaciones.
El Mes del Ambiente debe ser una oportunidad no solo para conmemorar, sino también para iniciar una conversación nacional seria sobre el país que queremos construir en la próxima década.
En el marco de esta actividad, todas las personas asistentes aprobaron unánimemente la proclama conjunta y acordaron informar a la administración de la Asamblea Legislativa que los espacios de participación mantendrán su denominación como Parlamentos Cívicos —Parlamento Ambiental, Parlamento Afrocostarricense, de Mujeres Jóvenes por el Clima y de Movilidad Sostenible—, en respuesta a la propuesta de las gerencias legislativas de rebautizarlos como Consejos Cívicos. Esta decisión reafirma la identidad y el carácter deliberativo de estos foros ciudadanos, respaldando la importancia de preservar la denominación de Parlamento como símbolo de apertura democrática y reconocimiento institucional. En el encuentro participaron activamente también las exdiputadas Paola Valladares y Rosalía Brown.
Hurgando en eso que las redes sociales llaman ahora “recuerdos”,encontré un recorte de mi pensamiento de hace unos años acerca de lo que llamaba “Comunidad imaginada”.
Esa trampa de la memoria artificial que viene ahora encapsulada en criptas y nos resta la capacidad de reconstruir nuestra propia historia, me devolvió esto que decía en 2021:
#comunidadimaginada.
“Colarse en la fila, saltarse la presa y ponerse de primero para el cambio de semáforo, llevarse en banda la aguja del tren y salir como si nada, pagar mordidas, robarse los rótulos de las carreteras. Este es un ADN, marca registrada de una comunidad política que se imagina así misma pura, inmaculada. Lo que debe refundarse no es solo la clase política: es todo el proyecto de país. Todo. Absolutamente”
Estoy completamente seguro de que a la vuelta de los años eso que señalábamos entonces ya ha sido ampliamente superado, ahora en una maraña de icomportamientos colectivos que nos ha hecho desdibujar esa capacidad que alguna vez tuvimos para contenernos en un dibujo horizontal, amplio.
Desde cierta clase política emergente, esa que llegó a “aplacar” el enojo y la ira contra “lo tradicional” que por 40 años llevó el rumbo del país, se gesta una interpelación burda e instrumentalizada a “ eso que llaman pueblo”.
Entonces ese pueblo construido sobre quién sabe qué decálogo de la altanería y la prepotencia, suma a esos comportamientos que identificábamos en modo extremo hace cuatro años: los ataques, las descalificaciones, los insultos.Ciertos discursos de odio maquillados con la permisibilidad que les otorga estar sentados ahora de ese lado que tanto criticaron.
Durante este espacio, en el que ya llevamos varios años de compartir ideas, preocupaciones y reflexiones, hemos hablado de re-pactarnos.Mejor dicho refundarnos desde la fuerza de un diálogo nacional posible y sensato.
No temo equivocarme cuando señalo que el próximo proceso eleccionario nacional marcará el camino para un lado o para el otro. Tocará rehacernos, porque ya ni comunidad social ni política nos imaginaremos.Estoy seguro.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo denuncia el grave impacto de la reforma de Fondos Generacionales y llama al posicionamiento de todos los sectores sociales, laborales y productivos.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, con cuatro años de trabajo acumulado en la defensa de los derechos laborales, sociales y productivos del país, alerta sobre la amenaza que representa la reforma de Fondos Generacionales para la seguridad social de las y los trabajadores costarricenses.
Esta posición responde a las advertencias realizadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), que ha señalado los graves riesgos de esta reforma y su impacto negativo en la estabilidad del sistema de pensiones. Gracias a su labor de análisis y denuncia, la Mesa Nacional de Diálogo se suma con firmeza a este llamado de alerta y refuerza la exigencia de una revisión urgente de esta medida.
La reforma, aprobada en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), pone en grave riesgo el futuro de las pensiones y la estabilidad económica de miles de personas trabajadoras, al exponer sus ahorros a mayor vulnerabilidad financiera sin garantizar una mejora real en sus condiciones de retiro.
Denunciamos que esta medida se ha aprobado sin la debida transparencia, sin estudios técnicos claros y sin la consulta real a los sectores sociales y laborales afectados. Ante este atropello, hacemos un llamado urgente a todos los sectores sociales, laborales y productivos del país: sindicatos, cooperativas, organizaciones comunales, profesionales, emprendedores y ciudadanía en general a unir fuerzas y rechazar este retroceso en materia de derechos laborales y seguridad social.
Con cuatro años de incidencia y construcción de fuerza en diversos sectores, la Mesa Nacional de Diálogo tocará las puertas de la Asamblea Legislativa para exigir que diputadas y diputados se pronuncien sobre esta reforma y escuchen esta alerta que atenta contra la seguridad social de las y los trabajadores del país.
Durante la reciente actividad organizada por la ATTBPDC, expertos y representantes de diversos sectores expusieron las graves implicaciones de esta reforma y la falta de claridad en los cambios que afectarán a las futuras generaciones. Esta preocupación es compartida por la Mesa Nacional de Diálogo, ya que esta medida no solo debilita la protección social, sino que también sienta un peligroso precedente para futuras modificaciones que sigan deteriorando los derechos de la población trabajadora.
Ante este panorama, exigimos la apertura de un diálogo nacional inmediato, donde las voces de los trabajadores y sectores sociales sean escuchadas y respetadas. Cualquier reforma al sistema de pensiones debe garantizar la protección de los ahorros de los trabajadores y el fortalecimiento de la seguridad social, no su desmantelamiento en favor de intereses financieros.
La Mesa Nacional de Diálogo no permitirá que se juegue con el futuro de la clase trabajadora y del país. Es momento de organizarnos, alzar la voz y movilizarnos en defensa de nuestros derechos y nuestra seguridad social.
Resumen del foro “La última encuesta del CIEP y la urgencia del Diálogo Nacional”, celebrado el martes 21 de mayo del 2024 y transmitido por el Facebook Live de SURCOS.
Participantes en el foro:
Ronald Alfaro, politólogo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica e investigador del Programa Estado de la Nación.
Carolina Ovares, socióloga, politóloga, docente de la Universidad de Costa Rica e integrante de la Red de Politólogas.
Alejandro Molina, Escuela de Ciencias Políticas e investigador del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica.
Henry Mora, Escuela de Economía de la Universidad Nacional y colaborador de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.
Moderador: José María Gutiérrez Gutiérrez, Alianza por una Vida Digna
Ronald Alfaro presentó los principales resultados de la reciente encuesta del CIEP. A lo largo de las últimas administraciones en Costa Rica generalmente las encuestas han revelado una mayor proporción de opiniones negativas que positivas sobre la gestión de los presidentes y los gobiernos. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves mantiene un alto respaldo de la ciudadanía, cercano al 50% y no ha habido grandes variaciones en ese respaldo en las últimas encuestas.
El análisis de la encuesta permite identificar cuatro grupos de personas: Además de los característicos grupos de seguidores y opositores al presidente hay un grupo mayoritario que se puede clasificar de ‘personalistas’. Estos apoyan la figura del presidente y no tanto los resultados de sus políticas. Además, se identifica un grupo denominado de ‘evaluacionistas’, quienes no respaldan al mandatario, pero sí sus políticas. Los resultados evidencian que el mandatario influye fuertemente en los asuntos públicos por sobre los partidos y las instituciones.
El personalismo tiene dos caras: el culto a la personalidad del líder y la culpa o atribución de responsabilidad. En la encuesta se incluyeron preguntas en esas dos vertientes. Llama la atención que las personas no están de acuerdo en eximir al presidente de la culpa. Quienes se oponen le dan más culpa y menos culto, en tanto quienes lo apoyan le dan más culto, aunque también le atribuyen culpa.
Esta división del enfoque personalista entre culto y culpa se diferencia de acuerdo con el área geográfica, el nivel educativo, el género y la edad de las personas entrevistadas.
Mencionó que este tipo de apoyo personalista es característico de sociedades con un alto grado de polarización. Aunque la polarización en Costa Rica es menor que en otros países de la región, la misma ha aumentado y ha llegado a niveles similares a los de la época de la discusión del Tratado de Libre Comercio.
Estamos en un proceso de construcción de identidades políticas que se activan en contextos de amenaza y surgen de una polarización, proceso en el cual se exageran las virtudes y se magnifican los defectos. Y las y los ciudadanos, de una forma u otra, se ubican en uno de los grupos.
Carolina Ovares presentó una comparación de los datos de Costa Rica con los de otros países de la región para entender mejor el fenómeno político de Rodrigo Chaves. Los estudios comparativos en la región son importantes pues permiten un análisis macro en la región, detectando tendencias. En el índice de democracia liberal Costa Rica mantiene un índice claramente superior a los de otros países de América Latina y un alto porcentaje de la población en Costa Rica apoya la democracia y está satisfecha con la misma. Pero estos valores han venido disminuyendo paulatinamente y hay demandas no satisfechas en la población que erosionan el apoyo a la democracia y disminuye la valoración de las instituciones.
En América Latina en general se tiene mayor confianza en el poder ejecutivo que en el poder legislativo. Se confía más en el presidente que en los legisladores, con las implicaciones que esto conlleva en la política y la gobernabilidad de los países. El apoyo es muy alto para los presidentes Bukele, Abinader, Noboa, López Obrador y Chaves. Aunque en otros casos hay apoyo más bajo producto del desgaste de la gestión de gobierno. Pero el apoyo a un presidente no necesariamente se traduce en un apoyo a sus políticas específicas o en las propuestas que emanen del presidente en un eventual referendo. Surge la pregunta: ¿para qué le sirve la popularidad a un presidente y cómo se traduce ese apoyo?
Alejandro Molina expuso las reflexiones que se han venido desarrollando desde el Observatorio de Política Nacional. En su presentación desarrolló dos ejes.
El primer eje se refiere a la conflictividad que existe entre determinadas élites y los poderes de la república. Se ha efectuado mucho análisis sobre el lado inferior de la desigualdad, pero es necesario estudiar el lado superior de la desigualdad, las élites y los poderes fácticos asociados a ellas y que tienen gran influencia en la política pública. Actualmente se observa una clara conflictividad entre ciertas élites y el gobierno y hay una clara beligerancia del presidente contra ciertos grupos del empresariado tradicionalmente hegemónico, que incluye sectores de la prensa tradicional. El presidente representa a una élite emergente que reclama para sí beneficios. Y esa conflictividad se manifiesta también entre los poderes de la república, que se ven con frecuencia como obstáculos para las pretensiones de esas élites emergentes.
El segundo eje se relaciona con la crisis de representación dentro del sistema político nacional. Hay una relación conflictiva entre la ciudadanía y las instancias de representación formal. La simpatía por los partidos ha bajado mucho, lo cual se refleja en el alto abstencionismo. Junto con la Asamblea Legislativa, los partidos no se perciben como entes de construcción de ciudadanía y de representación de intereses plurales y diversos. Al no cumplir su función estas instancias, se abre el espacio para el personalismo.
Hay una tendencia en la región de surgimiento de partidos no programáticos, al servicio de intereses personalistas o corporativos. Las campañas carecen de ideas y propuestas. Hay un debilitamiento del sistema de partidos. Un referendo, en un escenario personalista, se puede interpretar como el intento de mantener una dinámica de tipo electoral fuera del período electoral.
Henry Mora planteó que los resultados de la encuesta del CIEP no solo son atípicos, sino que son anómalos. ¿Cómo se explica que un presidente sin partido, sin bancada legislativa fuerte, incapaz de manejar los principales problemas del país, tenga tanto apoyo? Mencionó que en su opinión no se trata de un gobierno populista porque no reparte beneficios a los sectores más perjudicados. Hay un amplio sector que valora la personalidad del presidente, su estilo confrontativo, el hecho de que se hace ver como un adalid de los pobres. También afecta el contexto internacional, con el ascenso de la extrema derecha y el fortalecimiento de grupos conservadores que alimentan la polarización.
En este escenario complejo ha surgido la iniciativa de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, la cual, junto con la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores del Banco Popular y el Consejo Nacional de rectores (CONARE), ha convocado a un amplio diálogo nacional de alto nivel, cuyo lanzamiento oficial ya se efectuó y cuyo proceso se planea que culmine en febrero del 2025.
Este proceso se centra en el diálogo de amplios sectores para apaciguar la polarización y la confrontación y encontrar puntos de convergencia y consenso. Se basa en cuatro mesas de trabajo sobre temas relevantes para el país: seguridad ciudadana, salud pública, educación pública y necesidades del sector agrario. Se espera que las conclusiones de este proceso incidan en el curso político del país. La iniciativa se suma a otras que buscan generar resistencia para detener el desmantelamiento en curso del estado social de derecho. La encuesta del CIEP muestra una tendencia al aumento en los niveles de confrontación, pero estamos a tiempo de evitar que se llegue a niveles más altos.
El video de este foro está accesible en la página de YouTube de la Alianza por una Vida Digna en el enlace:
La ANEP envió una carta a la ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado y al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en la cual se detalla las razones por las que no se presentará al «diálogo nacional» convocado por el Gobierno, referente a Ley Marco de Empleo Público. Esta última nunca debió entrar en vigencia y debe ser derogada. En la carta se plantea, también, la urgente necesidad de una ley específica para los puestos policiales y sacar de la regla fiscal a la seguridad pública.
Compartimos la carta enviada ayer, así como un anexo con diversos proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa para combatir el fraude fiscal-tributario.
La Junta Directiva de la APSE, en sesión ordinaria celebrada el día viernes 17 de marzo en curso, acordó rechazar la convocatoria a participar en el Diálogo Nacional formulado por MIDEPLAN, que se desarrollará del 20 de marzo al 13 de abril del 2023, con el objetivo de construir un anteproyecto de ley que reforme la Ley Marco de Empleo Público.
El acuerdo de rechazo tomado por APSE se fundamenta en que:
La Ley Marco de Empleo Público representa una reforma profunda en las reglas laborales entre el Estado y los funcionarios públicos, que conlleva una concentración de poder en el Poder Ejecutivo, al darle control absoluto sobre el aparato administrativo público; que impone condiciones laborales de manera unilateral; que implica un congelamiento de los salarios compuestos si están por encima del salario global; que precariza los salarios y además, vacía de contenido las convenciones colectivas, entre otros efectos adversos.
Es por esta razón que la APSE no participará de las mesas de diálogo y negociación convocadas por el Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), a partir del 20 de marzo de este año, en el tanto se trata de un espacio que no representa ninguna posibilidad de reforma de fondo a esta perniciosa ley y consideramos que cualquier participación sería legitimar los graves efectos que contiene esta ley sobre las personas trabajadoras del sector público.
ANEP califica de “irrespetuosas e intolerantes” las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, quien en conferencia de prensa manifestó que, en el contexto del diálogo nacional que pretende convocar el Poder Ejecutivo para reformar la Ley Marco de Empleo Público, existen ciertos sindicatos “chiquiticos pero muy escandalosos” que quieren “meter goles”, los cuales, según el mandatario, “han convencido a municipalidades y a otros”.
Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, indicó que los calificativos hacían referencia directa a la organización que él representa y de la cual sus miembros sienten mucho orgullo, pues la ANEP cuenta con 65 años de lucha social y sindical. Walter Quesada Fernández, secretario adjunto de ANEP expresó que, en realidad, el presidente Rodrigo Chaves se dio cuenta de que esta ley “va a zozobrar, no tiene posibilidad” y que va a generar muchos problemas para el Gobierno.
Por otra parte, Rafael Mora Solado, asesor político de ANEP, no solamente reprochó el irrespeto del presidente Chaves, sino que, además, aseguró que al intentar desconocer a ANEP, demuestra su ignorancia ante la realidad de Costa Rica, al hecho de que la organización esté presente en todo el sector municipal del país y a que cuenta también con representación en el sector privado. Mora indicó, además, que la incomodidad de Chaves se debe a la reciente inconstitucionalidad presentada por esta organización en contra de la Ley Marco de Empleo Público y calificó de “imposición” y de “acallamiento de la lucha social” dicho llamado a una mesa de diálogo por parte del Ejecutivo.
Albino Vargas finalizó expresando que analizarán la propuesta de diálogo, pero, ante el “irrespeto e intolerancia” del presidente Chaves, muchos de sus representados estarán pensando si vale la pena “meterse en esa aventura”.
Si desea ver las declaraciones completas de los representantes de ANEP, puede visitar el siguiente enlace:
La ciudadanía costarricense, en la reciente contienda electoral, ha enviado un mensaje a la clase política y a todos los partidos políticos: seguimos desencantados, castigamos al mal gobierno y busquemos un mejor rumbo.
Aunque fue una campaña que prendió el ánimo de los electores con los últimos debates, el elevado porcentaje de abstencionismo, particularmente en las periferias costeras (Limón, Puntarenas y Guanacaste) más deprimidas económicamente del país, muestra la persistencia del desencanto y la desconfianza con una clase política y una partidocracia que no han hecho los mejores esfuerzos para gobernar al servicio del bien común. Se ha vuelto a celebrar la democracia bicentenaria, apelando a la tradicional fiesta electoral. Pero, lo cierto es que no hay muchos motivos para celebrar; el alto porcentaje de indecisos que alcanzó un 50% del electorado, solo bajó en un 10 %, para convertirse en un elevado 40.65% de abstencionistas.
No podemos culpar al Sars Cov2 del abstencionismo. Simplemente, la ciudadanía está agotada de más de lo mismo -o peor-, y en su desesperación apuesta por nuevas alternativas, las que representaron don Rodrigo Chaves y don Eliecer Feinzaig. El primero catapultado a la segunda ronda y el segundo llevado a la Asamblea Legislativa con una fracción significativa.
Al Partido Acción Ciudadana (PAC) lo ha castigado por una gestión de mal gobierno, cuyas alianzas con los sectores económicos y empresariales más poderosos del país lo alejó de las mayorías. El mensaje es contundente: el partido que gobierna para grupos de poder económico, en una sociedad desigual y empobrecida, será castigado sin concesiones. Y también, bajo esa consigna, castiga al Partido Restauración Nacional (PRN) que, además de nepotista, fue aliado de las políticas más retrogradas impulsadas por el PAC, el PLN y el PUSC.
Al bipartidismo, Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le ha dado un segundo aíre, posiblemente el último. Sin embargo, los ha puesto entre la espada y la pared. La espada del nuevo Partido Progresista Social democrático (PSD), y la pared de un conjunto variopinto de fracciones legislativas más robustas, con la expectativa de que se conviertan en un contrapeso importante, para bien del régimen democrático.
La ciudadanía costarricense les ha planteado a los partidos políticos, más que una invitación, una exigencia: cambien de rumbo. Y, para ello, convoca a los partidos tradicionales y a los nuevos a dar muestras definitivas y serias de que hay voluntad de conjuntar esfuerzos para impulsar políticas dirigidas a bajar sustantivamente los índices de pobreza y desigualdad, sin continuar precarizando a los sectores medios.
Sí, cambiar de rumbo dejando de gobernar para élites de poder económico, crear verdaderas oportunidades para las mayorías empobrecidas y apostar de nuevo, con seriedad, por fortalecer un Estado Social de Derecho remozado. Es decir, volver sobre nuevos pilares a la política de salarios crecientes, la democratización de la educación y a los regímenes de seguridad social solidarios y universales.
De continuar ensanchando el cerco neoliberal, como lo hizo el pluripartidismo en la gestión de gobierno que está por terminar, la costa empobrecida se extenderá cada vez más al Valle Central, convirtiendo a todo el país en un “gueto” insoportable. Estamos a un paso de convertirnos, en definitiva, en esa otra Costa Rica.
Los movimientos y organizaciones de la sociedad civil han abierto una ventana de oportunidad para un diálogo social constructivo. Recientemente se ha difundido un documento (https://confluenciasolidaria.org/wp-content/uploads/2022/02/Aportes-plataforma-de-la-ciudadania-y-movimientos-sociales1.pdf) que recoge un conjunto de propuestas bien intencionadas, como un insumo a ser tomado en cuenta por toda la ciudadanía costarricense, así como por los partidos y lideres políticos que tendrán en sus manos proyectar la Costa Rica hacia mejores rumbos.
Ojalá, prevalezca la sensatez política, para concertar un nuevo pacto social desde abajo en el espíritu de un verdadero diálogo nacional. Y que no continúe prevaleciendo la arrogancia mesiánica de quienes todavía piensan que tienen la agenda completa, para darle el nuevo rumbo que requiere con urgencia este país. Hagamos patria, y de la buena, entre todas y todos.
Hoy 16 de diciembre a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) abordará el tema “Diálogo Nacional: un balance necesario”, con la participación de la Dra. Ilka Treminio, politóloga y una de las facilitadoras del Dialogo Intersectorial y Ana Felicia Torres, antropóloga Social, teóloga y coordinadora del Foro de Mujeres del Instituto Nacional: un balance necesario”, con la participación de la Dra. Ilka Treminio, politóloga y una de las facilitadoras del Dialogo Intersectorial y Ana Felicia Torres, antropóloga Social, teóloga y coordinadora del Foro de Mujeres del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).
Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM y participar por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.
Las abajo firmantes articuladas como organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y feministas independientes, ante la coyuntura nacional actual manifestamos:
Sí queremos diálogo. Existe una amplia coincidencia general entre las y los actores sociales y la ciudadanía en la urgencia de un diálogo nacional inclusivo, abierto y, sobre todo, con resultados vinculantes. El camino democrático no es solo electoral, debe ser una construcción continua hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, donde toda la diversidad de mujeres seamos tomadas en cuenta y ¡No podemos permitir que nos dejen atrás ni que nos hagan a un lado!
El diálogo que queremos y creemos necesario debe tomar en cuenta las lecciones inmediatas y no reproducir los mismos errores. Los intentos realizados de diálogo, hasta el momento fallidos o limitados, nos permiten reconocer algunas lecciones para no repetir errores y crear las condiciones para que exista un verdadero diálogo.
La participación y representatividad han sido elementos cruciales que han afectado negativamente los procesos anteriores. Al respecto varias lecciones: a) que no es posible ignorar el movimiento y la protesta social que se manifiesta en las calles en procesos de diálogo que pretenden relevar algunas de sus demandas. Asimismo, no se puede reprimir, criminalizar y judicializar aquellas personas que se oponen a la línea de Gobierno y ejercen su derecho humano a la protesta social. b) que no es posible definir la legitimidad a priori de las representaciones sectoriales, excluir sectores o no reconocer su autonomía en la elección de sus representantes, c) que no es posible excluir a las mujeres, al movimiento feminista y mucho menos impulsar un diálogo sin asegurar la paridad de género.
Para un diálogo con resultados, la participación de algunos actores como el Legislativo es esencial. Además de la representación al más alto nivel del Ejecutivo, debemos exigir la presencia de todas las representaciones legislativas. La agenda legislativa debe ser parte del debate, incluyendo los proyectos que en estos momentos se discuten y que incluyen recortes que pretenden afectar programas sociales esenciales como salud, educación, cultura y recursos naturales. No es aceptable ni contribuye a generar confianza en un proceso de diálogo cuando de manera paralela se impulsan y toman decisiones que van directamente a profundizar la crisis que ya vivimos.
Necesitamos un diálogo social, no puede reducirse al tema fiscal. Más que un diálogo fiscal, en Costa Rica urge un diálogo social: sobre el país que queremos y podemos construir empezando en lo inmediato con las salidas posibles a la actual crisis y que tenga una amplia representación, un debate sin excluir grupos ni mucho menos las mujeres.
Por consiguiente, la agenda debe ser construida amplia y no limitada al tema fiscal. La reducción de brechas de desigualdad económica, social y de género debe estar en el centro del debate. Interesa no solo capitalizar al Estado en lo inmediato, sino consensuar cuáles serán los parámetros y objetivos de la inversión pública en el corto y mediano plazo.
El objetivo central del diálogo y negociación debe ser el direccionamiento de inversión para reducir las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión mediante la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
El diálogo debe ser vinculante. Es decir, debe abrirse espacio no solo para intercambiar impresiones sino para alcanzar una negociación real. Se trata precisamente de llegar a acuerdos ciudadanos básicos con el compromiso de que se van a respetar. Para ello es indispensable, además de consensuar una agenda, acordar un marco ético para el diálogo, con mínimos de representatividad, respeto, escucha, resolución de conflictos, entre otros.
No debe haber condicionantes previos establecidos por el Ejecutivo para la realización o no de los diálogos: ante la ausencia de consenso el Poder Ejecutivo o Legislativo no debe imponerse. La ausencia de consenso no debe ser interpretada por el Ejecutivo o el Legislativo como un cheque en blanco para imponer su agenda.
Debe existir voluntad política para incluir en la discusión otras opciones distintas al convenio propuesto por el Poder Ejecutivo con el FMI. El endeudamiento con agencias internacionales no es el único camino. Sectores de la ciudadanía, academia y otras personas expertas en la materia han coincidido que no es posible continuar por la senda del mayor endeudamiento y se han señalado alternativas de financiamiento que deben ser sometidas a discusión.
El diálogo y la negociación no son posibles si excluyen a las mujeres. En relación con la participación de las mujeres debemos ser enfáticas en lo siguiente:
Exigimos nuestro derecho a la autonomía y el reconocimiento a nuestra diversidad en la selección de nuestras representantes en una mesa de Diálogo Nacional. No es posible que seamos las mujeres, las únicas a las cuales se pretenda señalar a priori los mecanismos de selección de sus representantes.
A lo largo de la historia y en la actualidad las mujeres somos actoras activas y propositivas. Para esta crisis hemos sido de los pocos agrupamientos ciudadanos que hemos pensado, formulado y hecho públicas propuestas de visión-país, no solo del tema fiscal. Por lo cual, exigimos que sean incluidas en las agendas de diálogo y negociación.
No es posible que se pretenda invisibilizar la participación decisiva que las mujeres tenemos en todas las esferas de la vida pública y privada o se desconozca y minimice nuestra capacidad técnica, profesional y política. Por ello, cualquier diálogo viable demanda de la participación paritaria entre mujeres y hombres en todos los espacios de diálogo, negociación, mesas técnicas, y otros.
Tampoco es viable un diálogo que no reconozca que las personas somos afectadas de manera diferente por la crisis y que el cierre efectivo de cualquier brecha social debe estar guiada por los principios de justicia, igualdad y equidad. Las mujeres no somos un grupo ni un sector a incluir: somos la mitad de la población de Costa Rica y somos de las más afectadas en la actual crisis. Lo ha señalado de manera reiterada el INEC al demostrar que somos las mujeres a quienes más ha afectado el desempleo, la pobreza y la exclusión que se han ensanchado en esta crisis y como consecuencia de políticas neoliberales que están desmantelando el Estado Social de Derecho. Aún así, seguimos siendo las mujeres quienes sostenemos la vida cotidiana en las familias asumiendo cada día más labores de cuido de personas menores de edad, adultas mayores, personas enfermas y/o con discapacidad. También, somos las que asumimos las labores domésticas, de educación, salud y de entretenimiento que el Estado ha dejado de asumir por la crisis sanitaria de la Covid – 19. La brecha de cuidados se ha ensanchado y complejizado en esta crisis y este es un tema de interés social prioritario.
Las mujeres todas, desde nuestras diversidades, tenemos mucho que compartir sobre nuestras vivencias diarias de dificultades económicas, acceso a la tierra, como la protección de los bienes comunes, salud, educación y que son vitales para comprender las funciones que debe de abordar un Estado que prioriza la justicia fiscal, ¡porque la justicia fiscal es justicia social!
El diálogo y la negociación son parte de la vida cotidiana de nosotras las mujeres. Creemos en el diálogo, estamos convencidas de que la construcción de consensos es viable sobre la base de la mutua comprensión de que Costa Rica es una sola. Un barco cuyo destino está en las manos de todas y todos, para conducirlo a un puerto de bienestar compartido, dignidad humana, igualdad, derechos humanos y democracia.
*Para información sobre el comunicado o sobre el proceso escribir a alarcon.shi@gmail.com*
