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Etiqueta: generadores privados de electricidad

Plan de Expansión de la Generación Eléctrica 2022-2040: nuevas (y viejas) amenazas sobre territorios, comunidades y el propio ICE

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Gutiérrez Arguedas (Universidad de Costa Rica/Coalición en Defensa del Modelo Eléctrico Solidario)
Simon Granovsky-Larsen (Universidad de Regina, Canadá)

Recientemente el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) publicó un informe ejecutivo del Plan de Expansión de la Generación Eléctrica para el período 2022-2040, cuya versión completa está próxima a ser publicada, según se indica en dicho informe. Los Planes de Expansión del ICE son documentos institucionales oficiales, en donde se trazan las líneas estratégicas de política pública en relación con la expansión de infraestructura eléctrica a futuro. De manera preocupante, este nuevo plan recicla viejas amenazas a territorios, comunidades y el propio ICE, al mismo tiempo que coloca en el escenario la posibilidad de nuevos riesgos. El propósito de este artículo es advertir sobre algunas de estas amenazas, como un insumo para el debate público.

El nuevo plan de expansión contempla varias medidas para el aumento en la oferta eléctrica, entre estas: la remodelación de plantas eléctricas existentes, la construcción de nuevas plantas, así como la renovación de contratos de compra de electricidad a plantas privadas. Algunas de estas medidas se muestran sensatas y razonables para atender la demanda eléctrica, mientras que otras parecieran responder a intereses particulares sin una justificación adecuada. En el presente artículo haremos referencia a tres aspectos preocupantes en el nuevo plan de expansión: (i) la inclusión del proyecto hidroeléctrico Diquís, (ii) la compra de electricidad a generadores privados y (iii) la expansión intensiva de proyectos eólicos.

Un primer aspecto preocupante es ver en la lista de proyectos candidatos (p.21) al proyecto hidroeléctrico Diquís, un megaproyecto de 646 megavatios -MW- ubicado en la Zona Sur del país, el cual impactaría directamente el Territorio Indígena Térraba, habitado por el pueblo bröran. Hace más de una década este mismo proyecto provocó un enorme conflicto y enfrentó fuerte oposición de este pueblo, acuerpado por un conjunto de organizaciones sociales y ambientales de todo el país. A raíz de tan fuerte oposición, en 2018 el ICE anunció la suspensión indefinida (no definitiva) de este proyecto. Si se concreta este plan de reactivar el Diquís, es de esperarse un clima de crispación y conflicto socioambiental semejante. También aparecen otros cuatro proyectos hidroeléctricos, algunos de ellos de gran tamaño (como el proyecto RG-430, de 156 MW).

En segundo lugar, inquieta la insistencia en la compra de electricidad a generadores privados, la cual ha mostrado ser innecesaria y nociva, para el ICE y para la sociedad costarricense en general. Estos contratos representan una pesada carga sobre las finanzas del ICE, el cual tendría capacidad de generar dicha electricidad en sus propias plantas, a un costo menor. En numerosas ocasiones se ha denunciado sobre esta problemática, la cual ha sido reconocida por autoridades como la Contraloría General de la República. De hecho, con base en recomendaciones técnicas de la Contraloría (Informe DFOE-AE-IF-00009-2019), en 2020 el ICE decidió no renovar cinco de estos contratos, lo cual provocó una reacción virulenta de parte de los generadores privados. Por lo visto, la presión política ejercida por estos surtió efecto, pues el documento es explícito al indicar como una medida prioritaria la “conveniencia en recontratar las plantas de generación privada existentes cuyos contratos vencen en el corto y mediano plazo” (p.24).

El tercer aspecto preocupante es la planificación de “una altísima penetración de energía solar y eólica en todo el período” (p. 29). Se pretende instalar nuevos proyectos con capacidad de generar 1.495 MW de energía solar y eólica entre 2022 y 2035, una capacidad casi cuatro veces mayor a la actual (5.4 MW solar y 390 MW eólica). Hasta la fecha casi no ha habido discusión política y académica en Costa Rica en relación con los impactos de proyectos eólicos, sin embargo, con base en experiencias vividas en otros países, hemos visto cómo la expansión de este tipo de proyectos -sobre todo los que incluyen grandes inversiones de capital extranjero- está asociada con un conjunto de daños sociales y ambientales, sobre los cuales queremos advertir.

Nuestra propia investigación en Panamá nos mostró de primera mano la amenaza que puede representar un proyecto eólico. Los vecinos de un proyecto de 66 MW en la región central de ese país (que está aprobado para una expansión a 110 MW en fases futuras) han visto severamente restringidos tanto su acceso al agua como su libre movimiento por el territorio. De acuerdo con una abogada local que realizó una encuesta a los campesinos sobre sus contratos con la empresa eólica: “lo que pudimos concluir es que ellos fueron totalmente engañados.” Los campesinos no sabían que sus contratos, que inicialmente ofrecían US $400 al año en ganancias de alquiler a cambio de albergar un aerogenerador, también incluían cláusulas para ceder la totalidad de su terreno para uso futuro de la empresa, o que los contratos podían extenderse por 40 años sin el consentimiento de la persona que firmó el contrato.

Con la construcción en marcha, los vecinos también se sorprendieron al encontrar un perímetro resguardado por guardias de seguridad privados que impiden el acceso a los terrenos tradicionalmente utilizados por la comunidad; solamente la persona firmante del contrato puede tener acceso sin tener que pedir permiso a la empresa. Además de los cambios en el uso de la tierra, los residentes afirman que el suministro local de agua se ha reducido a la mitad debido a una combinación de cementación de torres, construcción de carreteras sobre nacimientos de agua y deforestación.

Los proyectos de energía eólica no necesariamente tienen que causar tales daños, pero relatos similares en México, Colombia, Brasil y España demuestran que el caso panameño no está aislado. Una gestión ambiental cuidadosa podría evitar impactos negativos en el suministro de agua, mientras que procesos transparentes de negociación de contratos podrían evitar escenarios de comunidades despojadas de derechos y acceso a la tierra.

Hasta el momento, los proyectos eólicos existentes en Costa Rica no han generado procesos de conflicto evidentes (como sí los ha habido, en gran cantidad, con proyectos hidroeléctricos). Sin embargo, si este plan de expansión se impone bajo los mismos mecanismos de expropiación engañosos que hemos visto en otros países, es de esperarse que estos conflictos comiencen a ocurrir. En aras de garantizar una gestión responsable de los proyectos de energía eólica, es vital contar con vigilancia ciudadana, transparencia empresarial y marcos regulatorios sólidos antes de adjudicar las concesiones. El momento de ser cautelosos es ahora, antes de que comience una rápida ola de contrataciones y construcciones de proyectos eólicos en Costa Rica.

Las amenazas del nuevo plan de expansión eléctrica que aquí exponemos están inscritas en un contexto más amplio de amenazas generalizadas al modelo eléctrico público, solidario y universal que ha tenido Costa Rica desde mediados del siglo pasado. En la coyuntura política actual se está impulsando un conjunto de proyectos de ley (expedientes No. 22.561, 22.701 y 23.414) que proponen una reestructuración integral del sector eléctrico, en dirección a una mayor privatización y liberalización del mismo. Ello resulta muy preocupante porque, al privatizar un bien y un servicio estratégico como lo es la energía eléctrica, esta deja de ser un derecho y se convierte en una mercancía, cuya prioridad ya no es la atención de las necesidades sociales sino el lucro privado.

La experiencia de los demás países centroamericanos -los cuales privatizaron sus industrias eléctricas en la década de 1990- debería servir de advertencia para Costa Rica. Luego de casi tres décadas, se puede verificar que las privatizaciones han traído grandes fortunas para las empresas privadas -nacionales y transnacionales- del sector, sin embargo, del punto de vista de la calidad del sistema eléctrico y el servicio a los usuarios, sus resultados han sido muy cuestionables. A ello debemos sumar los graves impactos socioambientales y violaciones a los derechos humanos asociados con la expansión de proyectos eléctricos, promovidos e impulsados bajo una lógica mercantil.

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Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(1 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades e imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

  1. Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
  2. Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
  3. Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.   Recordemos que los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.508 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW).  Entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras.  Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales».
  4. Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
  5. La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.

Gobierno blindaría la estafa privada con exportación de electricidad

Escrito el . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Osvaldo Durán-Castro

Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Sobrepagos por 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses, entre diciembre de 2017 y mayo del 2019, recibieron algunos generadores privados de electricidad gracias a la ARESEP. Pero además, el mismo ICE favoreció a otro grupo de generadores privados con 2.049,00 millones de dólares entre 2010 y 2018. Esos son datos que nadie, y mucho menos el Presidente de la República, el MINAE y el ICE, deberían ignorar. La electricidad privada siempre fue, es y seguirá siendo, una estafa para la sociedad costarricense, que el Gobierno y la Asamblea Legislativa quieren ampliar mediante una ley que permita la exportación de esa electricidad al mercado centroamericano.

No sorprende que el Gobierno anunciara el 25 junio 2021 que ya está “Listo proyecto de ley que permitiría a generadores privados exportar sus excedentes a mercado eléctrico regional”, porque eso no es más que la confirmación de su línea en favor de consolidar los privilegios para algunos grupos empresariales. Lo que sí sorprende es que el Gobierno, el MINAE y el ICE, ignoren, engaveten, incumplan y ni se inmuten ante los numerosos dictámenes, estudios y directrices de la Contraloría General de la República, que desde hace años explican con detalle cómo es que se ha permitido, favorecido y hasta protegido el traspaso de millones de dólares a unas cuantas empresas.

Ya los generadores privados habían logrado que el diputado Pedro Muñoz Fonseca y la diputada María Inés Solís Quirós presentaran el 1 de octubre de 2019 el proyecto de ley Expediente N.° 21.606, “Ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional”. Esa propuesta adiciona al artículo 3 del Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central N° 9004, un texto para que los “agentes del mercado eléctrico regional por Costa Rica”, ya no sólo fueran las empresas del grupo ICE. Se indicaba que adelante “son todas las empresas costarricenses generadoras, distribuidoras y/o comercializadoras de electricidad, sean públicas, privadas o mixtas, así como los grandes consumidores”.

Lo que la Presidencia de la República y el MINAE hacen es copiar esa iniciativa privada y oficializarla como línea del Ejecutivo, argumentando que se trata de “habilitar los mecanismos para que aquellos generadores de electricidad que han sido parte de contratos establecidos bajo los términos de la Ley No. 7200, puedan exportar sus excedentes de energía, una vez que se han cubierto las necesidades de autoconsumo y la demanda nacional, lo cual también permite incrementar la participación del sector energético a nivel regional”. Esto no es más que una directa contribución para consolidar los negocios privados, pues el Gobierno en general, y el Viceministro del MINAE, Rolando Castro, deben, obligatoriamente, conocer que el aporte de la generación privada a la demanda nacional, ha sido un simple argumento para obligar el ICE a comprar esa energía a precios mucho más elevados que la generada por el ICE.

Esta iniciativa de ley no se puede comprender sin atender que la generación privada desde que se inició el 28 de setiembre de 1990 con la Ley 7.200 ha sido un saqueo permanente de recursos públicos, que ahora se busca blindar obteniendo ganancias en los demás países de la región centroamericana. Dado que el MINAE es el ministerio rector del sistema energético del país, es que debemos atender que ante las reiteradas dudas sobre la necesidad de contratar y comprar electricidad privada, y también por las dudas sobre la eficiencia y los elevados costos reconocidos reiteradamente por el ICE, la Contraloría General de la República en su “Informe de la Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, No. DFOE-AE-IF-15-2016, le indicó al Ministro de Ambiente, en ese momento, Edgar Gutiérrez Espeleta, que debe “Establecer y aplicar las directrices que aseguren que los proyectos de generación eléctrica propuestos por el ICE, distribuidoras eléctricas y cooperativas de electrificación rural, se sometan a un análisis de rentabilidad, calidad, disponibilidad, firmeza y precio que garantice la cartera óptima de proyectos y el desarrollo de aquellos técnica y económicamente eficientes para el Sistema Eléctrico Nacional” (negrillas ODC) (CGR. 2016. p37). Esta indicación dejaba en claro, una vez más, que el sistema eléctrico requería revisiones fundamentales, incluidas la evaluación de la generación y compra a privados.

Siguiendo la escala descendente en ese mismo Informe la CGR le indicó a Carlos Obregón Loría, Presidente Ejecutivo del ICE, “analizar la suficiencia y pertinencia de las variables explicativas del modelo de estimación de demanda eléctrica, desde el punto de vista económico y estadístico, así como, los supuestos de proyección” (negrillas ODC), lo que apuntaba en dirección de lo que desde hace muchos años hemos explicado con relación a la sobreoferta de electricidad en el país y por tanto la no pertinencia o necesidad de contratar con los generadores privados. Cuando en 1990 los privados empezaron a venderle electricidad al ICE, “la demanda de energía eléctrica era del 5,5%” indica la CGR en su Informe No. DFOE-AE-IF-00009-2019 (p6). Pero “…desde 2007 hasta la fecha no hemos logrado tener una tasa de crecimiento de la demanda, superior al 4%. De hecho en los últimos años, el año pasado no llegó al 1%, y en 2018, tampoco va a llegar la tasa de crecimiento de la demanda a más de un 1%.”, según lo explicó la Presidenta Ejecutiva del ICE, Irene Cañas en la Comisión permanente especial de ambiente de la Asamblea Legislativa el 08 de noviembre de 2018. Una revisión actualizada nos confirma que, por ejemplo, el 23 de junio de 2021 a las 12 del día, una hora pico de consumo, la demanda o consumo máximo fue de 1.680 MW, lo que indica un excedente relativo de 1.937 MW; más del doble de lo consumido, si comparamos ese consumo con la capacidad instalada total disponible en el país, que según la CGR era de 3.617 MW en el 2019. Esto demuestra que desde hace años, si es que algún día lo fue, la generación privada ha sido absolutamente prescindible, y constituye una estafa legalizada facilitada por las leyes que la propician, y además muchas veces facilitada por autoridades de la burocracia estatal, incluido el mismo ICE.

Es ya bien sabido que parte del elevado sobrecosto de la electricidad privada se origina porque las “empresas distribuidoras (privadas) no asumen directamente los costos de respaldo ni regulación de frecuencia”. Esos servicios, advirtió la Contraloría, “son proporcionados por el ICE a las empresas distribuidoras, mediante sus plantas hidroeléctricas con embalse y plantas térmicas”, y aclara de seguido que “el costo de estos servicios es asumido por el ICE y las distribuidoras en proporción a la energía comprada al ICE generación, sin que se cobre a estas últimas como parte del costo de la energía que producen las plantas de su propiedad. Así, la energía producida por estas empresas refleja un costo menor al que implica la generación, lo cual, de ser considerado en la formulación de los proyectos, puede incidir en la decisión de desarrollo de estos a futuro” (negrillas ODC). Este, entre muchos argumentos técnicos, aclaran la mentira de que la electricidad privada es más barata que la del ICE, como los generadores privados agremiados en ACOPE y empresas comerciales de información lo señalan.

¿Por qué si se cuenta con toda la información técnica oficial que documenta esa transferencia indebida de dinero, no se ha frenado el saqueo de recursos? La respuesta en corto es que la institucionalidad de este país, incluidos el MINAE y el ICE, es cuando menos permisiva y lenta para ejercer sus obligaciones de justificar técnica, financiera y desde la perspectiva de la “sostenibilidad ambiental”, la generación, compra y consumo de la electricidad privada. Mucho menos al día están con la tarea de ejecutar las órdenes de la Contraloría General de la República (CGR) para hacer eficiente su labor de control sobre las condiciones de ese negocio. Particularmente la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ha actuado con una negligencia y desobediencia tal, que da todas las razones para preguntarse si existe una colusión de intereses para favorecer a los privados y dañar y debilitar al ICE y, al final, a toda la sociedad que termina pagando cifras millonarias al grupo de empresas privadas que siguen abultando sus cuentas.

Precisamente, con la creación de las leyes de generación privada 7.200 y 7.508, una de las entidades a las que se le delegaron obligaciones puntuales fue a la ARESEP. Para los contratos de empresas privadas nacionales amparados en el “Capítulo I de la Ley n.° 7200, Decreto Ejecutivo n.° 37124-MINAET del 19 de marzo de 2012, las tarifas que rigen los precios de compra de electricidad son establecidas por la ARESEP, tomando en cuenta estructuras desagregadas por épocas del año, horas del día, energía y potencia” (CGR. 2019. P8).

Aunque ya mismo no revisaremos en detalle las innumerables falencias de la ARESEP ni las reiteradas órdenes giradas por la Contraloría General de la República para corregirlas, sí hay que destacar que en el Informe de la Auditoría, No. DFOE-AE-IF-15-2016, la CGR se le ordenó “A ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE REGULADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO (mayúsculas del original). Resolver acerca de la metodología tarifaria que permita cobrar a cada empresa distribuidora los servicios de respaldo energético y regulación de frecuencia. Remitir a la Contraloría General la resolución en la que se apruebe la metodología, a más tardar el 30 de junio de 2017” (negrillas ODC) (p38). Esos desajustes que le costaban al ICE y al país millones de dólares, nunca fueron atendidos por la ARESEP y directamente por el Regulador General Roberto Jiménez (antiguo funcionario de ICE). La gravedad de esa negligencia, y se podría argüir que complicidad, se puede demostrar con numerosos ejemplos, como que para “la tarifa calculada con información de plantas hidroeléctricas se utilice también para la compra de energía generada con plantas eólicas, a pesar de que difieren en tecnología, vida útil, costos de inversión y operación; así la tarifa aplicada a plantas hidroeléctricas y eólicas fue de US¢ 7,0309 por KWh en 2019”. Si ese cálculo de costos y tarifas a pagar, se hubiera hecho “con información exclusiva de plantas eólicas en cuanto a sus costos de explotación, inversión, factor de antigüedad, rentabilidad y factor de planta, es una disminución de tarifa a US¢ 5,8991 por KWh para las compras de energía eólica” (GCR. 2019. p10).

Otras faltas gravísimas destacadas en el Informe N.° DFOE-AE-IF-00009-2019 del 16 de setiembre, 2019, “Informe de auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESEP para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados”, están relacionadas con las “Desaplicaciones de las metodologías de fijación tarifaria”. Dice la Contraloría: “Se determinó que la ARESEP no aplicó correctamente las metodologías de ajuste tarifario para la compra de energía a generadores privados bajo la modalidad de BOO, al momento de ejecutar los cálculos respectivos. Lo anterior, se presentó en la fijación tarifaria del 2017, 2018 y 2019 para los contratos renovados, así como, para las tarifas de referencia del 2016, 2017 y 2018 para plantas hidroeléctricas nuevas, y del 2015, 2017 y 2018 para plantas eólicas nuevas. Estas desaplicaciones fueron detectadas en las memorias de cálculo de las propuestas tarifarias sometidas a audiencia y de las que sustentaron las resoluciones finales de las tarifas” (negrillas ODC) (CGG, 2019, p13).

Ante la magnitud de los errores de entidades como la ARESEP para favorecer a los generadores privados, el Gobierno, el Presidente de la República, el MINAE y el ICE, no deben asumir ignorancia técnica. Traducidos a dinero, estos errores o posibles faltas voluntarias, son descomunales. El mismo Informe de 2019 de la Contraloría explica con total claridad que “el Órgano Contralor estimó el monto que corresponde a las diferencias tarifarias para los contratos renovados, obteniendo las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados: a mayo 2019 por USD 5,3 millones, a diciembre 2018 por USD 6,0 millones y a diciembre 2017 por USD 12,5 millones” (negrillas ODC) (CGR, 2019, p5 y 17). Eso equivale a 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses. Si se reforma la ley para permitirle a los generadores privados exportar electricidad, no se hará más que consolidar ese saqueo de dinero. En ese caso quedará claro, una vez más, que la institucionalidad costarricense actúa directamente en favor de esas empresas privadas y en contra de la colectividad.

Otra constatación que hay que reiterar es que el mismo ICE ha favorecido a los generadores privados. Así como para los contratos privados de la Ley 7.200 que no pueden ser de más de 20MW, es la ARESEP la que fija las tarifas, para los contratos BOT (construcción, operación, transferencia), que son convenios entre privados y el ICE, “las compras deberán realizarse mediante licitación pública con “…competencia de precios de venta y evaluación de la capacidad técnica, económica, financiera, tanto del oferente como de las características de la fuente de energía ofrecida, en apego al proceso establecido en el Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE n.° 5777, del 19 de diciembre de 2006” (CGR. 2019. P8). Es decir, es al ICE a quien corresponde hacer todos los estudios y establecer las tarifas, esperando que se justifique cualquier compra a los privados de acuerdo con parámetros razonables y justos. Pero no ha sido así. Tampoco el ICE ha cumplido sus obligaciones.

Queda por discutir un amplísimo “archivo” a partir del cual se puede fundamentar que al menos algunas administraciones de la institución favorecieron directamente el negocio de la generación privada ya que, como argumenta la CGR en su Informe del 2019 citado, “se determinó que el ICE no acredita el fundamento que respalda la decisión de contratar por primera vez o renovar los contratos de compra de energía eléctrica a privados” (negrillas ODC). Resulta gravísimo constatar que desde adentro del ICE se realizaron contratos de compra de energía privada sin sustentar técnicamente su necesidad ni justificar financieramente de cara a favorecer el consumo de todos los clientes con tarifas razonables, competitivas y sobre todo justas. Ni qué decir de los estándares de “sostenibilidad” que desde siempre han sido un álgido asunto de disputa entre las empresas privadas y comunidades y organizaciones sociales, dados los atropellos de los derechos comunitarios y los permisos ambientales, incluida la aprobación de estudios de impacto ambiental de la más dudosa calidad técnica. Un ejemplo de antología sobre una hidroeléctrica avalada por SETENA, la Dirección de aguas del MINAE, ARESEP y hasta el mismo ICE, es el PH San Rafael de la empresa HSolís, derrotado en 2019 por las comunidades y organizaciones sociales, tras demostrar un descomunal conjunto de falencias técnicas y ausencia de cualquier viabilidad social.

Volviendo a la justificación o no de la compra a privados, la documentación de la Contraloría permite constatar, con total demérito para la entidad estatal, que “para las contrataciones efectuadas por el ICE entre el 2010 y 2018 que corresponden a 19 renovaciones de contratos de compra de energía a privados, así como 11 contratos nuevos de BOO y 2 de BOT, no constan las motivaciones de orden técnico, económico, ambiental, social y de oportunidad que respaldan la conveniencia de la decisión de ejecutar dichas compras. El valor total de estos contratos nuevos y renovaciones se estima en USD 2.049,00 millones” (negrillas ODC) (CGR. 2019 p18). Según el mismo ICE, entre 2008 y 2018 los generadores privados recibieron ₡850.000 millones.

De aprobarse la ley para exportar electricidad privada, el nuevo escenario asegurará mayor debilitamiento para el ICE, mayores ganancias para un grupo ya de por sí privilegiado de empresas que venden un servicio innecesario para el país, una renovada y clarísima incongruencia entre el discurso “verde” oficial que busca que los privados puedan “colocar la energía limpia que generan” en el mercado regional y el “mundo real” que soporta los impactos destructivos de las represas en los ecosistemas y las incursiones agresivas de las empresas en las comunidades. Además, y sobre todo, no es admisible que el Gobierno de la República promueva ese negocio en Centroamérica mientras desconoce el desfalco que la generación privada ha significado para la sociedad costarricense. Los datos no mienten y el Gobierno no debe asumir ignorancia y complacencia. Este proyecto de ley se promueve casi en la víspera de realizar en Costa Rica (setiembre 2021) el Congreso mundial de hidroeléctricas, que será sin duda un campo de confrontación técnica y social entre el Gobierno, el MINAE y ese empresariado, con las comunidades y organizaciones nacionales a las que ya se han sumado voces técnicas, científicas y sociales de todos los continentes que desmienten los resultados de las llamadas energías “limpias” o “verdes”.

Los 2.049 millones de dólares pagados en 8 años y otros 23,8 millones de dólares en 18 meses, son sumas muy parciales que muestran los privilegios de las empresas privadas de electricidad. Por eso resulta cuando menos infame indicar que este proyecto de ley para privilegiar a esas empresas “apoyará el bienestar de quienes ahí trabajan y la recuperación económica”, como dijo el Presidente Alvarado Quesada.