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Etiqueta: personas refugiadas

Cuando la esperanza compite y gana

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense

Hicieron su aparición por primera vez en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Entonces el contexto global de la población en condiciones de refugio hacía referencia a la realidad europea, con un Mar Mediterráneo como fosa común para cientos de miles de personas que intentaban llegar a las costas de países como Grecia, España e Italia, para salvar su vida.

Se desarrollaba la crisis en Siria, que aún no cesa y más bien comparte condiciones con otras crisis que generan el desplazamiento de millones de personas en el mundo. Hoy la cifra se calcula en 100 millones de personas en condiciones de refugio.

Cuando el primer equipo olímpico de personas refugiadas emergió en Río, generó una serie de preguntas sobre su representatividad y especificidad. Era un equipo de personas viviendo con este estatus en países diferentes a los de su origen y fueron acogidos bajo el emblema olímpico de la deportividad. Cinco años más tarde, volverían a aparecer en los juegos de Tokio, llevados a cabo en 2021 como consecuencia de la pandemia planetaria que paralizó cualquier actividad un año antes.

En París 2024, 36 atletas provenientes de 11 países distintos conforman el equipo olímpico de personas refugiadas. En esta oportunidad, se desempeñarán en 12 deportes diferentes: acuáticos (natación), atletismo, bádminton, boxeo, breaking, piragüismo (eslalon y esprint), ciclismo (en ruta), judo, tiro, taekwondo, halterofilia y lucha (estilo libre y grecorromana), de acuerdo con la información consultada en la página oficial del Comité Olímpico Internacional.

Abrir espacio a una población con estas condiciones, que ha debido luchar en grado sumo por salvar su vida, protegerla y reconstruir su proyecto personal y aún familiar, solo habla de un hálito de esperanza que asoma en medio de crisis humanitarias sin comparación experimentadas a nivel contemporáneo. La esperanza constituye finalmente ese esfuerzo colectivo por trascender y ponerse en el pecho una medalla, quizá la más importante jamás otorgada: la de la dignidad.

Invitación al evento: “Día Mundial de la Persona Refugiada”

El 20 de junio de cada año, se conmemora el Día Mundial del Refugiado, con el fin de visibilizar las luchas de estas personas que se ven obligadas a migrar de sus países de origen por distintos motivos como conflictos armados, violencia, persecución, desastres naturales, entre otros. 

Es por lo anterior, que se extiende la cordial invitación a participar del evento organizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica, en el marco del Día Mundial del Refugiado.

El evento se celebrará este domingo 19 de junio en la Plaza de la Democracia en San José, en un horario de 9a.m a 5p.m. Se realizará una feria de emprendedores, habrá música en vivo y la entrada es totalmente gratuita.

Entre los artistas invitados se encuentran: Grupo Clavija, Pedro Capmany, Madera Nueva, Karel Hernández y el retahilero Max Barberena.

Adjuntamos imagen oficial de la actividad:

CON UN HASHTAG NO ELIMINAMOS EL RACISMO

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En su declaración de principios, la política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 indica que tendrá como propósito la construcción de una sociedad costarricense más sensible a las diferencias. Así lo señala su visión:

Costa Rica será una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia a partir de la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, poblaciones de migrantes y refugiados, que contribuyen a la conformación de una sociedad más respetuosa y sensible a las diferencias y enfoques particulares”.

Pese a este propósito, la sociedad costarricense continúa presentando serias dificultades para alcanzar la aspiración de una sociedad cada vez más inclusiva.

Durante las recién pasadas finales de fútbol desarrolladas en el país, el jugador del Club Sport Herediano Kreysher Fuller denunció haber sido objeto de insultos racistas provenientes de un sector de aficionados apostados en las graderías del sector oeste del Estadio Ricardo Saprissa, ubicado en la capital costarricense.

En las imágenes del incidente, se logra apreciar algunas reacciones verbales del jugador, criticables también, contestando a tales insultos. En una publicación en su cuenta personal el jugador afirmó: “No puede ser que en estos tiempos aún exista insultos raciales, como lo volví a vivir este jueves en el estadio».

Ambas actitudes son deplorables. Sin embargo las respuestas no fueron similares. El jugador fue sancionado con varios partidos por su reacción. Pero la actitud de los aficionados no fue castigada de oficio, abriéndose en su lugar una “investigación” para determinar el alcance de lo denunciado por el jugador por parte de los órganos correspondientes a nivel dirigencial.

Esta actitud organizativa no es neutra. Cuando la institucionalidad actúa así, representa el culmen de la naturalización arraigada en cuanto a racismo y discriminación. Es sabida la producción y reproducción de discursos discriminatorios en lugares como estadios. La xenofobia, la homofobia, el machismo y el racismo encuentran terreno fértil tras una voz colectiva que se escuda en el anonimato para ofender y agredir de palabra.

El caso de México, por ejemplo, demuestra cuánto se debe seguir trabajando en la erradicación de estas prácticas. Las últimas noticias confirmaron un castigo más a su Federación por la reiteración de gritos homofóbicos en los juegos de su selección.

Costa Rica, a pesar de avances en su legislación como la política citada al iniciar esta columna, debe hacer un examen a conciencia acerca de los esfuerzos para estirpar estas odiosas acciones. Los procesos de violencia experimentados recientemente y en múltiples ocasiones por pueblos originarios en defensa de sus territorios son acaso un desafío que el estado costarricense no ha logrado resolver.

Peor aún, las declaraciones de un alcalde de una comunidad del Atlántico costarricense ofreciendo una “mujer indígena a cambio de favores de la empresa privada” en las que deja entrever un racismo y colonialismo in extremis, solo confirman la naturalización de una conducta histórica que una legislación no elimina.

La erradicación del racismo en los estadios, uno de los tantos desafíos en la materia por parte de la sociedad costarricense, no se resuelve con una campaña de camisetas vestidas por los jugadores, un “hashtag” y mensajes previos a cada partido.

Debe surgir de una profunda modificación de contenidos educativos en los que respeto, convivencia e integración sean los ejes para avanzar hacia la construcción de una sociedad absolutamente diferente.

Los otros juegos

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La imagen dura unos segundos porque a la producción de la televisión internacional poco le importan las acciones afirmativas, las protestas simbólicas, los actos reivindicativos. Más aún en un escenario amplificado en el que las audiencias alcanzan miles de millones en todo el planeta.

En primer plano, durante una exhalación, lo que dura el ojo reteniendo la imagen, aparece la atleta estadounidense Raven Saunders en la ceremonia de premiación de la disciplina de lanzamiento de bala. Con una distancia de 19,79 metros, Saunders se hizo acreedora de la medalla de plata.

Allí, justamente al momento de colgarse la presea en su pecho, levanta las manos cruzadas y las suspende durante unos segundos en el aire, quizá los segundos que le tomó a la producción de la señal internacional decir: “vamos a otra cosa”. Y fueron a otra cosa. Y la acción simbólica no volvió a aparecer en pantalla. Al menos en la transmisión en vivo.

El gesto de la mujer reivindicaba la lucha contra la depresión y colocaba en primer plano la condición de las personas afroamericanas y de los colectivos LGTBI a nivel global. Una interseccionalidad que Raven representa y por la que ha experimentado discriminaciones durante muchos años, al punto de haber intentado acabar con su vida luego de los Juegos Olímpicos de 2016.

La imagen duró unos segundos, su lucha, acaso, le tome toda su vida.

Lo que no pudo editar ni evitar la televisión internacional fue el gesto con que la gimnasta costarricense Luciana Alvarado cerró su participación en su rutina.

Pie al piso, puño en alto y la cabeza inclinada en reverencia hacia atrás, hizo un homenaje al movimiento “Black Lives Matters” que tomó auge luego del asesinato de George Floyd en Estados Unidos en 2020.

“Todos somos iguales y todos somos hermosos e increíbles” diría Alvarado al preguntársele sobre la acción final de su ejercicio, un acto bien planificado, incorporado de modo que la organización, a menudo inmaculada para estas cosas, no levantara resquemores por su significado político.

Levantó su puño como miles de puños levantados en el mundo.

Lo que no deja de ser político es el permanente sentido de humanidad cuando la persona decide simplemente ser. La disruptividad de algunas, porque han sido mujeres las de las acciones, ha sido quizá la marca registrada de los recién terminados juegos y quedó patentada una vez más con un acto de representación de la diversidad.

Contra las protestas de sus propias competidoras y entrenadores adversarios, Japón mostró por primera vez la participación de una atleta transgénero.

La neozelandesa Laurel Hubbard formó parte de la Halterofilia, actividad en la que no pudo pasar más allá de la primera fase con tres resultados negativos. Las protestas de sus contrincantes se basaban en una supuesta ventaja que tendría por su configuración muscular. “La terapia de transición rebaja las diferencias físicas y coloca a todos en un nivel parecido” han comentado algunos especialistas en estos temas.

Luego de su participación, Hubbard ha considerado retirarse del deporte. Durante años tuvo que soportar las protestas y negativas para que su participación fuera efectiva. Pero también sus tratamientos contra los dolores musculares le han mermado su potencia física para los pesos que debe levantar.

Sin embargo, otros kilos más importantes fueron superados por ella. Su trabajo fue hecho: visibilizar el derecho de los y las atletas transgénero a participar en los juegos olímpicos.

De ahora y en adelante, todas, todos, tendrán participación.

Al momento de escribir esta nota, se conoce de la presencia de cerca de diez mil personas provenientes de países africanos, asiáticos, suramericanos y caribeños en la frontera entre Colombia y Panamá. Algunos grupos ya han ingresado a Costa Rica por su frontera sur. Buscan transitar la región para llegar a Estados Unidos como destino final. Con suerte, serán reconocidos y reconocidas en los países de tránsito y aún en el destino, si es que lo logran, como personas refugiadas.

Desde los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016, el Comité Olímpico Internacional consideró prestar atención a este tema y conformó un equipo especial con personas refugiadas, representando a esa población.

En una cifra que crece, a junio de 2021 alcanzó 84,2 millones a nivel global, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los refugiados (ACNUR).

Una evidencia de que el ritmo depredador de sistemas políticos, religiosos, heteronormativos y los impactos de la acción de modelos económicos sobre el medio ambiente que provoca desastres y desplazamientos poblacionales ha venido en aumento, lo marcan justamente los cambios cuantitativos de este equipo olímpico entre unos juegos y otros: de 10 atletas en Río, pasó a 29 en Tokio.

El rostro de la joven siria Yusra Mardini ha sido tal vez el más representativo de este particular conjunto. Nadadora olímpica en las dos últimas ediciones, se convirtió en deportista de alta competencia luego de salvarse, salvar a su hermana y a un grupo de personas que buscaban refugio en las costas mediterráneas y estuvieron a nada de morir ahogados.

Ese fue quizá su mejor representación en el agua: preservar la vida.

Las historias compartidas nos reflejan esas otras marcas, los otros tiempos, las otras luchas, otras biografías que quizá no inundarán de gloria los abordajes mediáticos globlales por sus triunfos deportivos. Tal vez sus objetivos personales fueron otros: visibilizar, sensibilizar, acercar.

En estos, los otros juegos, lo han conseguido.

Solicitan que se investigue y actúe ante denuncias de amenaza e intimidación contra familias refugiadas en Upala

San José, 28 de abril de 2020.- El pasado 23 de abril, personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses, denunciaron que autoridades costarricenses -principalmente oficiales de la Fuerza Pública y Migración- allanaron con actitudes violentas la finca en que viven y trabajan en Upala.

Según las declaraciones de las personas en el lugar, en el operativo participaron cerca de 35 representantes de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Municipalidad de Upala, quienes llegaron a la finca en al menos 10 vehículos oficiales.

De acuerdo con los testimonios recabados, los oficiales ingresaron a la finca alrededor de las 10:00 de la mañana “fuertemente armados”, sin identificarse y de manera inapropiada, allanaron viviendas y desalojaron a los ocupantes de sus cuartos, entre los que se contaron adultos, niños, niñas y personas adultas mayores que se encontraban durmiendo. No presentaron ninguna explicación u orden que justificara su entrada a la propiedad privada que las personas campesinas alquilan en la zona.

Una vez ahí, las reunieron en el área de cocina pidiendo que mostraran sus documentos personales. Según el relato de las familias afectadas, las autoridades trasladaron a la oficina de Migración de Upala a un joven de 24 años solicitante de refugio por no haber asistido a su última cita y, si bien le otorgaron una nueva fecha para presentarse, uno de los oficiales lo atemorizó con deportarlo a Nicaragua si volvían a encontrarlo en la finca, desconociendo con ello el “principio de no devolución” al que se adscribe Costa Rica en el Derecho Internacional para la solicitud de refugio.

Las personas afectadas sostienen en sus declaraciones que los oficiales de policía les expusieron a aglomerarse, sin el distanciamiento necesario y sin tomar ninguna medida de prevención para evitar el contagio por el COVID-19. Al parecer, el trato fue irrespetuoso e intimidante, incluso amenazándoles con quemar una construcción dentro del terreno destinada a resguardar animales.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que acompañamos a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país, manifestamos nuestra profunda preocupación y solicitamos la investigación respectiva ante los hechos tan graves que aquí se exponen.

Sobra decir que estas personas han padecido las consecuencias de la violencia estatal en su país de origen y por eso rechazamos cualquier accionar que derive en nuevas formas de revictimización en Costa Rica, dónde han tenido que huir para resguardarse. Hemos recuperado los fuertes testimonios de este evento específico en Upala, que nos alerta, pues podría ser apenas un ejemplo de una práctica recurrente en los niveles primarios de atención o respuesta interinstitucional, en lo que respecta al trato que reciben las personas extranjeras. 

Ante la crisis de salud que enfrentamos a nivel mundial, reconocemos la oportuna respuesta del Estado de Costa Rica que ha logrado mitigar la propagación del virus y prestar atención adecuada a las personas que lo han requerido. Sin embargo, insistimos en que se corre el riesgo de que el contagio del COVID-19 resulte en crecientes manifestaciones de discriminación y xenofobia en Costa Rica y ese es un punto que el Estado debe seguir observando con gran atención. El caso de Upala puede ser expresión de esta preocupante dinámica.

Así, el Estado de Costa Rica tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de grupos como el antes descrito.  Si bien es de aplaudir las formas en las que se han evitados discursos o medidas discriminatorias, estigmatizantes o xenofóbicas en relación con la población migrante o extranjera en esta coyuntura de emergencia sanitaria, la sensibilización y la información no están en todos los niveles de la función pública, como lo han insistido diferentes organizaciones desde hace años. Eso por eso que se deben adoptar medidas positivas para combatir dichas prácticas discriminatorias y contraproducentes.

El Estado costarricense tiene también la obligación de garantizar el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo. En este sentido, recordamos que las medidas implementadas en respuesta al COVID-19, incluido el cierre de fronteras, no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla, ni deben justificar la devolución de personas solicitantes de asilo o refugiadas a territorios donde estarían en riesgo.

Confiamos en que los hechos ocurridos el pasado 23 de abril serán investigados, incluidas las amenazas dirigidas de deportación o violencia, con el fin de sancionar a los funcionarios responsables, garantizar la vida e integridad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y enviar un mensaje claro de que este comportamiento no será tolerado.

Esperamos que el Estado de Costa Rica continúe tomando todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.

Información compartida con SURCOS por Adilia Solís Reyes.

Imagen ilustrativa

Fuente: CEJIL https://cejil.org/es/organizaciones-solicitan-que-se-investigue-y-actue-diligencia-serias-denuncias-amenaza-e

Al Sur de la cuarentena

Boaventura de Sousa Santos

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez

Cualquier cuarentena es siempre discriminatoria, más difícil para unos grupos sociales que para otros. Es imposible para un amplio grupo de cuidadores cuya misión es hacer posible la cuarentena al conjunto de la población. En este texto, sin embargo, atiendo a otros grupos para los que la cuarentena es particularmente difícil. Son los grupos que tienen en común una vulnerabilidad especial que precede a la cuarentena y se agrava con ella. Esos grupos conforman lo que llamo el Sur. En mi concepción, el Sur no designa un espacio geográfico. Designa un espacio-tiempo político, social y cultural. Es la metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, por la discriminación racial y por la discriminación sexual. Me propongo analizar la cuarentena desde la perspectiva de quienes más han sufrido debido a estas formas de dominación. En su conjunto, estos colectivos sociales constituyen la mayoría de la población mundial.

Selecciono unos pocos

Las mujeres. La cuarentena será particularmente difícil para las mujeres y, en algunos casos, incluso puede ser peligrosa. Las mujeres son consideradas “las cuidadoras del mundo”, predominan en el ámbito de la prestación de cuidados dentro y fuera de las familias. Predominan en profesiones como la enfermería o la asistencia social, en la primera línea de batalla de la prestación de cuidados a enfermos y ancianos dentro y fuera de las instituciones. No pueden defenderse en cuarentena para garantizar la cuarentena de los demás. También son ellas las que siguen estando a cargo, exclusiva o mayoritariamente, del cuidado de las familias. Puestas en cuarentena, uno podría imaginar que, con más brazos disponibles en casa, las tareas podrían estar más distribuidas. Sospecho que no será así frente al machismo que impera y tal vez se refuerce en momentos de crisis y de confinamiento familiar. Con los niños y otros miembros de la familia en casa durante las veinticuatro horas, el estrés será mayor y sin duda recaerá más sobre las mujeres. El aumento del número de divorcios en algunas ciudades chinas durante la cuarentena puede ser un indicador de lo que acabo de decir. Por otro lado, es bien sabido que la violencia contra las mujeres tiende a aumentar en tiempos de guerra y de crisis (y ha ido en aumento ahora). Una buena parte de esta violencia se produce en el espacio doméstico. El confinamiento de las familias en espacios pequeños y sin salida puede ofrecer más oportunidades para el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Basándose en información del Ministerio del Interior, el periódico francés Le Figaro informaba el 26 de marzo de que la violencia conyugal había aumentado un 36% la semana anterior en París. El Ministro de Policía de Sudáfrica, Bheki Cele, informó el 2 de abril que en la primera semana de cuarentena se registraron 87.000 denuncias por violencia de género.

Los trabajadores precarios e informales, llamados autónomos. Después de cuarenta años de ataques a los derechos de los trabajadores en todo el mundo por parte de las políticas neoliberales, este grupo de trabajadores es globalmente predominante, aunque las diferencias de un país a otro son muy significativas. ¿Qué significa la cuarentena para estos trabajadores, que tienden a ser los más rápidamente despedidos cada vez que hay una crisis económica? El sector servicios, en el que abundan, será una de las áreas más perjudicadas por la cuarentena. El 23 de marzo, la India declaró la cuarentena durante tres semanas, afectando a 1.300 millones de habitantes. Teniendo en cuenta que en la India entre el 65% y el 70% de los trabajadores pertenecen a la economía informal, se estima que 300 millones de indios se quedarán sin ingresos. En América Latina, alrededor del 50% de los trabajadores se emplean en el sector informal. En África, por ejemplo, en Kenia o Mozambique, debido a los programas de ajuste estructural de los años 1980-90, la mayoría de los trabajadores son informales. La indicación de la OMS de trabajar en casa y en aislamiento es impracticable, pues obliga a los trabajadores a elegir entre ganarse el pan diario o quedarse en casa y pasar hambre. Las recomendaciones de la OMS parecen haber sido diseñadas pensando en una clase media que es una fracción muy pequeña de la población mundial. ¿Qué significa la cuarentena para los trabajadores que ganan día a día para vivir día a día? ¿Se arriesgarán a desobedecer la cuarentena para alimentar a su familia? ¿Cómo resolverán el conflicto entre el deber de alimentar a la familia y el deber de proteger su vida y la de ella? Morir de virus o morir de hambre, esa es la opción.

Trabajadores de la calle. Los trabajadores de la calle son un grupo específico de trabajadores precarios. Los vendedores ambulantes, para quienes el «negocio», es decir, la subsistencia, depende exclusivamente de la calle, de quienes transitan en ella y de la decisión, siempre impredecible para el vendedor, de detenerse y comprar algo. Hace mucho tiempo que los vendedores viven en cuarentena, en la calle, pero en la calle con gente. El impedimento de trabajar para quienes venden en los mercados informales de las grandes ciudades significa que potencialmente millones de personas ni siquiera tendrán dinero para acudir a las instalaciones de salud si se enferman o para comprar desinfectante y jabón para manos. Los que tienen hambre no pueden darse el lujo de comprar jabón y agua a precios que están comenzando a sufrir el peso de la especulación. En otros contextos, los uberizados de la economía informal que entregan alimentos y pedidos a domicilio garantizan la cuarentena de muchos, pero por eso no pueden protegerse con ella. Su «negocio» aumentará tanto como su riesgo.

Los sin techo o población de calle. ¿Cómo será la cuarentena para aquellos que no tienen hogar? Personas sin hogar, que pasan las noches en viaductos, estaciones abandonadas de metro o tren, túneles de aguas pluviales o túneles de alcantarillado en tantas ciudades del mundo. En los Estados Unidos los llaman tunnel people. ¿Cómo será la cuarentena en los túneles? ¿No han estado toda su vida en cuarentena? ¿Se sentirán más libres que aquellos que ahora son obligados a vivir en casa? ¿La cuarentena verá una forma de justicia social?

Moradores en las periferias pobres de las ciudades, favelas, barriadas, slums, caniço, etc. Según datos de ONU Hábitat, 1,6 mil millones de personas no tienen una vivienda adecuada y el 25% de la población mundial vive en barrios informales sin infraestructura ni saneamiento básico, sin acceso a servicios públicos, con escasez de agua y electricidad. Viven en espacios pequeños donde se aglomeran familias numerosas. En resumen, habitan en la ciudad sin derecho a la ciudad, ya que, viviendo en espacios desurbanizados, no tienen acceso a las condiciones urbanas presupuestas por el derecho a la ciudad. Dado que muchos habitantes son trabajadores informales, se enfrentan a la cuarentena con las mismas dificultades mencionadas anteriormente. Pero además, dadas las condiciones de vivienda, ¿podrán cumplir con las normas de prevención recomendadas por la OMS? ¿Serán capaces de mantener la distancia interpersonal en los pequeños espacios de vivienda donde la privacidad es casi imposible? ¿Podrán lavarse las manos con frecuencia cuando la poca agua disponible se debe guardar para beber y cocinar? ¿El confinamiento en una vivienda tan pequeña no tiene otros riesgos para la salud tan o más dramáticos que los causados por el virus? Muchos de estos barrios ahora están fuertemente vigilados y, a veces, sitiados por las fuerzas militares con el pretexto de combatir el crimen. ¿No es, después de todo, la cuarentena más dura para estas poblaciones? ¿Los jóvenes de las favelas de Río de Janeiro, a quienes la policía siempre les impidió ir a la playa de Copacabana el domingo para no molestar a los turistas, no sentirán que ya vivían en cuarentena? ¿Cuál es la diferencia entre la nueva cuarentena y la original que siempre ha sido su modo de vida? En Mathare, uno de los suburbios de Nairobi, Kenia, 68.941 personas viven en un kilómetro cuadrado. Como en muchos contextos similares en el mundo, las familias comparten una habitación que también es cocina, dormitorio y sala de estar. ¿Cómo se les puede pedir autoaislamiento? ¿Es posible el autoaislamiento en un contexto de heteroaislamiento permanente impuesto por el Estado?

Cabe señalar que para los habitantes de las periferias pobres del mundo, la actual emergencia sanitaria se une a muchas otras emergencias. Según nos informan los compañeros y compañeras de Garganta Poderosa, uno de los movimientos sociales más notables en los barrios populares de América Latina, además de la emergencia de salud causada por la pandemia, los moradores enfrentan varias otras emergencias. Es el caso de la emergencia sanitaria resultante de otras epidemias aún no resueltas y la falta de atención médica. Este año ya se registraron 1.833 casos de dengue en Buenos Aires. Solo en la Villa 21, uno de los barrios pobres de Buenos Aires, hubo 214 casos. “Por coincidencia”, el 70% de la población en la Villa 21 no tiene agua potable. Este es también el caso de la emergencia alimentaria, porque hay hambre en los vecindarios y los modos comunitarios de superarlo (comedores populares, refrigerios) colapsan ante el dramático aumento de la demanda. Si las escuelas cierran, la comida escolar que garantiza la supervivencia de los niños termina. Finalmente es el caso del surgimiento de la violencia doméstica, que es particularmente grave en los vecindarios, y el surgimiento permanente de la emergencia por la violencia policial y la estigmatización que conlleva.

Los ancianos. Este grupo, que es particularmente numeroso en el Norte global, es generalmente uno de los grupos más vulnerables, pero la vulnerabilidad no es indiscriminada. De hecho, la pandemia requiere que seamos más precisos sobre los conceptos que usamos. Después de todo, ¿quién es anciano? Según Garganta Poderosa, la diferencia en la esperanza de vida entre dos barrios de Buenos Aires (el barrio pobre de Zavaleta y el barrio exclusivo de Recoleta) es de unos veinte años. No es casual que los líderes comunitarios sean considerados de “edad madura” por la comunidad y “jóvenes líderes” por la sociedad en general.

Las condiciones de vida prevalecientes en el Norte global han llevado a que una gran parte de los ancianos se depositen (la palabra es dura, pero es lo que es) en hogares, casas de reposo, asilos. Dependiendo de sus posesiones propias o familiares, estos alojamientos pueden ir desde cajas fuertes de joyería de lujo hasta vertederos de desechos humanos. En tiempos normales, los ancianos comenzaron a vivir en estos alojamientos como espacios que garantizaban su seguridad. En principio, la cuarentena causada por la pandemia no debería afectar en gran medida su vida, dado que ya están en cuarentena permanente. ¿Qué sucederá cuando, debido a la propagación del virus, esta zona de seguridad se convierta en una zona de alto riesgo, como está sucediendo en Portugal y España? ¿Estarían más seguros si pudieran regresar a las casas donde vivieron toda su vida, en el improbable caso de que aún existan? ¿Los familiares que, por su propia conveniencia, los dejaron en asilos, no sentirán remordimiento por someter a sus ancianos a un riesgo que puede ser fatal? ¿Y los ancianos que viven en aislamiento no estarán ahora en mayor riesgo de morir sin que nadie se dé cuenta? Al menos, los ancianos que viven en los barrios más pobres del mundo pueden morir por la pandemia, pero no morirán sin que nadie se dé cuenta. También se debe agregar que, especialmente en el Sur global, las epidemias anteriores han significado que los ancianos tengan que prolongar su vida laboral. Por ejemplo, la epidemia del SIDA ha matado y sigue matando a padres jóvenes, dejando a los abuelos con la responsabilidad del hogar. Si los abuelos mueren, los niños corren un riesgo muy alto de desnutrición, hambre y, en última instancia, de muerte.

Los internados en campos de refugiados, inmigrantes indocumentados o poblaciones desplazadas internamente. Según cifras de la ONU, hay 70 millones. Son poblaciones que, en su mayor parte, viven en cuarentena permanente, y para las cuales la nueva cuarentena significa poco como regla de confinamiento. Pero los peligros que enfrentan si el virus se propaga entre ellos serán fatales e incluso más dramáticos que los que enfrentan las poblaciones de las periferias pobres. Por ejemplo, en Sudán del Sur, donde más de 1,6 millones de personas están desplazadas internamente, lleva horas, si no días, llegar a los centros de salud, y la principal causa de muerte a menudo se puede prevenir, causada por enfermedades que ya tienen remedios: malaria y diarrea. En el caso de los campos de refugiados a las puertas de Europa y de Estados Unidos, la cuarentena causada por el virus impone el deber ético humanitario de abrir las puertas de estos campos de internamiento siempre que no sea posible crear en ellos las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad exigidas por la pandemia.

Los discapacitados. Han sido víctimas de otra forma de dominación, además del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado: el capacitismo. Se trata de cómo la sociedad los discrimina, no reconoce sus necesidades especiales, no les facilita el acceso a la movilidad ni las condiciones que les permitirían disfrutar de la sociedad como cualquier otra persona. De alguna manera, las limitaciones que la sociedad les impone hacen que se sientan viviendo en cuarentena permanente. ¿Cómo vivirán la nueva cuarentena, especialmente cuando dependen de quien tiene que romper la cuarentena para darles alguna ayuda? Como se han acostumbrado desde hace mucho tiempo a vivir en condiciones de cierto encierro, ¿ahora se sentirán más libres que los «no discapacitados» o más iguales en relación con ellos? ¿Verán tristemente alguna justicia social en la nueva cuarentena?

La lista de los que están al Sur de la cuarentena está lejos de ser exhaustiva. Basta pensar en los prisioneros y en las personas con problemas de salud mental, es decir, depresión. Pero el elenco seleccionado muestra que, al contrario de lo que transmiten los medios y las organizaciones internacionales, la cuarentena no solo hace más visible, sino que refuerza, la injusticia, la discriminación, la exclusión social y el sufrimiento injusto que causan. Resulta que tales asimetrías se vuelven más invisibles frente al pánico que afecta a los que no están acostumbrados al mismo. A la luz de las experiencias de estos grupos sociales durante la cuarentena, se hace particularmente evidente la necesidad de imaginar y concretar alternativas a los modos de vivir, de producir, de consumir y de convivir en estos primeros años del siglo XXI. De hecho, la pandemia y la cuarentena revelan cruelmente que las alternativas son posibles y que las sociedades se adaptan a las nuevas formas de vida cuando esto es necesario y sentido como correspondiente al bien común.

Imagen: http://crisis-economica.blogspot.com/2014/10/trabajo-informal-trabajo-precario-y.html

Compartido con SURCOS por Óscar Jara Holliday, CEAAL.