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Etiqueta: personas refugiadas

Organizaciones de derechos humanos piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos a Costa Rica

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Más de cuarenta organizaciones nacionales e internacionales firmaron un pronunciamiento en el que solicitan al Estado costarricense detener los acuerdos que permiten deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica. El documento advierte que experiencias previas demostraron graves violaciones a derechos humanos de personas migrantes trasladadas al país, especialmente en el CATEM, y exige transparencia sobre cualquier nuevo memorando bilateral.

SURCOS presenta el texto del pronunciamiento:

● Experiencias anteriores demuestran que Costa Rica no está preparado para garantizar los derechos humanos de las personas en movilidad humana deportadas, aseguran las organizaciones.
● Así mismo, hacen un llamado al gobierno para que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo que permitiría deportaciones masivas de hasta 25 personas en movilidad humana desde Estados Unidos, por semana, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida relacionadas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

Costa Rica, 26 de marzo de 2025.- Las organizaciones firmantes, que trabajan en la defensa de los derechos humanos, manifiestan su preocupación por el reciente anuncio hecho por el gobierno de Costa Rica según el cual ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos para la deportación semanal de hasta 25 personas extranjeras desde dicho país.

De implementarse el acuerdo, Costa Rica sería uno de los países del mundo que más personas de terceros países recibiría deportadas desde Estados Unidos, según se deduce tras revisar las cifras registradas, país por país, por el Observatorio de Deportaciones a Terceros Países (Third Country Deportation Watch).

Ello es particularmente grave porque ha quedado demostrado que no hay condiciones para la garantía de los derechos de estas personas. En febrero de 2025, cerca de 200 personas en movilidad humana, incluidos 80 niños y niñas de Rusia, Armenia, Yemen, Afganistán, Uzbekistán y otras nacionalidades, fueron deportadas en dos vuelos provenientes de Estados Unidos y fueron privadas de su libertad en el Centro de Atención para Migrantes (CATEM) en Costa Rica. El Estado costarricense las detuvo arbitrariamente, les retiró indebidamente sus documentos de identidad, no les brindó atención médica oportuna, interpretación a sus idiomas, ni educación o instalaciones adecuadas para los niños y las niñas.

Hasta la fecha las organizaciones conocen sobre el paradero y la suerte de aproximadamente el 5% de las personas que estuvieron detenidas en el CATEM, y existen indicios de que un buen número de ellas fueron devueltas a sus países de origen, en donde su vida e integridad corren peligro, como el caso de una mujer de Rusia entrevistada por la organización Refugees International. Adicionalmente, información reciente reportada por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica indica que de las 200 personas deportadas desde Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario (aunque la voluntariedad de estos retornos es cuestionable dada la coacción a la que estaban sometidas las personas), 34 personas lo hicieron tras presentar solicitudes de refugio y 57 más realizaron salidas voluntarias.

Según pudieron constatar organizaciones de la sociedad civil en 2025, estas personas no tuvieron acceso oportuno a la información sobre asilo u otros derechos en sus idiomas y se puso en riesgo a personas con necesidades de protección internacional.

En el marco de un recurso de habeas corpus interpuesto por defensores de derechos humanos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró en junio de 2025 la vulneración del derecho a la libertad personal de estas personas, ordenó a las autoridades su liberación y determinar qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda requerían por parte del Estado. En su decisión, la Sala Constitucional también condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados.

Nueve meses después de la decisión de la Sala Constitucional, el Estado aún no ha realizado el análisis de las necesidades sociales. Quienes aún permanecen en Costa Rica han enfrentado múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales y han dependido de la solidaridad de la ciudadanía para permanecer en el país. Mientras las autoridades costarricenses siguen sin dar respuestas efectivas en materia de salud, vivienda, alimentación ni educación, estas personas conviven con los impactos de la detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

A la luz de este historial, las organizaciones manifiestan una gran preocupación de que, de aplicarse, este nuevo acuerdo repita las violaciones a derechos humanos que ya ocurrieron. Por eso, piden poner fin a las deportaciones en cadena desde Estados Unidos hacia Costa Rica.

Adicionalmente y según un comunicado de la presidenta electa, Laura Fernández, el acuerdo también facilita el retorno de las personas a sus países de origen, lo que podría implicar una violación al principio de no devolución (non-refoulement) en caso de que no se realicen valoraciones adecuadas del riesgo que corren las personas al ser regresadas a sus países.

Las organizaciones son enfáticas en afirmar que, de ejecutarse este nuevo acuerdo anunciado, Costa Rica incumpliría con sus obligaciones nacionales e internacionales, como el principio de no-devolución, se convertiría en cómplice de la implementación de políticas crueles que atentan contra la dignidad de las personas y desconocería el derecho a solicitar protección internacional, así como el derecho al debido proceso.

Las medidas que trasladan las responsabilidades de la gobernanza migratoria entre Estados incrementan los riesgos de violaciones de derechos humanos para las personas en movilidad humana, y posicionan a Costa Rica como un Estado cómplice -y también responsable directo- de las violaciones que está cometiendo Estados Unidos al realizar deportaciones en cadena sin el debido proceso, como lo han identificado las organizaciones Human Rights First y Refugees International en su informe “This is an order from Trump” (Esta es una orden de Trump).

Estas políticas de expulsiones en cadena se han traducido en tratos inhumanos, humillantes y degradantes durante los procesos de detención y deportación, separaciones familiares, falta de confianza en el acceso a la justicia y a los servicios sociales básicos a los que toda persona tiene derecho.

Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a que su integridad, su vida y su dignidad sea garantizada. Este deber se ve reforzado respecto de aquellas personas que se encuentran en situación especial de vulnerabilidad, como las personas en movilidad, especialmente niños y niñas y personas con necesidades de protección internacional.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado al Estado de Costa Rica a cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, garantizando la protección de las personas en situación de movilidad humana. Asimismo, le exigen al Estado que brinde información oportuna, suficiente y transparente sobre el acuerdo al que ha llegado con Estados Unidos, de manera que las organizaciones sociales y personas expertas o con experiencias de vida concretas puedan aportar a la creación de las políticas públicas que afectan a estas personas.

A la sociedad en general, las organizaciones piden expresar su solidaridad con las personas en movilidad humana que han sido o están en riesgo de ser detenidas y deportadas desde Estados Unidos, y hacer un llamado de atención al gobierno para que implemente soluciones reales que fomenten la libertad, la seguridad y el bienestar para todas las personas y familias.

Firmas de organizaciones

Alianza Américas
American Friends Service Committee (AFSC)
Arrecife
Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas (AMUMRA), Argentina
Bloque Latinoamericano sobre Migración
Buen Vivir Costa Rica
Canadian Centre Universal for Human Rights Society
CAREF
Center for Engagement and Advocacy in the Americas (CEDA)
Center for Gender & Refugee Studies (CGRS)
Centro de Amigos para la Paz (Costa Rica)
Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CISAS
Consejo Global de Litigio Estratégico
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia
Corporación Alianza Migrante
Feministas Picos Rojos, Costa Rica
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual
Fundación Justicia y Género
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de trabajo Agenda CEDAW
Hope Border Institute
Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca de Honduras (IDESMULH)
Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI)
Latin America/Caribbean Committee (LACC) of Loretto Community
Núcleo de investigación y acción en psicología y violencia
Observatorio de Medios de Comunicación y Género (GEMA)
OTRANS-RN
Plataforma Social Moraviana
Red CLAMOR
Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe
Red Jesuita con Migrantes (RJM)
Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México
Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA)
Refugees International
Remunic
Servicio Jesuita para Migrantes – Costa Rica
Unitarian Universalist Service Committee
Universidad Bíblica Latinoamericana

Imagen de cabecera: Defensoría de los Habitantes

Iglesia Luterana cuestiona acuerdo para recibir personas deportadas desde Estados Unidos y exige transparencia al Gobierno

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La Iglesia Luterana Costarricense (ILCO) manifestó su preocupación por el “Memorando de Entendimiento no vinculante” suscrito entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos para recibir personas deportadas por autoridades estadounidenses. En un pronunciamiento público, la organización religiosa advirtió sobre posibles afectaciones a los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas, cuestionó la falta de información pública sobre el acuerdo y pidió al Estado costarricense honrar su tradición histórica de acogida y respeto a la dignidad humana.

La ILCO recordó que desde hace 35 años acompaña a personas migrantes y refugiadas que llegan al país por razones políticas o económicas, y que durante los últimos siete años ha desarrollado esa labor mediante el Albergue Bet Lehem, espacio que atiende personas de diversas edades, religiones, orientaciones sexuales, estados civiles e ideologías. Según el documento, esa experiencia directa les permite pronunciarse con fundamento ético y humanitario sobre la situación actual.

Críticas al acuerdo con Estados Unidos

El pronunciamiento expresa preocupación por lo que describe como políticas xenófobas y persecutorias hacia personas migrantes en Estados Unidos, particularmente durante la administración de Donald Trump. La Iglesia Luterana sostiene que Costa Rica no debe convertirse en cómplice de cadenas de injusticia derivadas de mecanismos de persecución, detención y deportación incompatibles con la dignidad humana.

Asimismo, recuerda que en una experiencia anterior de recepción de personas deportadas se habrían producido amenazas y violaciones a derechos fundamentales, incluyendo aislamiento “bajo custodia” en condiciones contrarias a la tradición costarricense de refugio y protección humanitaria.

Solicitud de información pública

Ante la posibilidad de que el acuerdo continúe aplicándose, la ILCO solicitó al Gobierno brindar información clara, transparente y veraz sobre varios aspectos:

  • El texto completo del Memorando de Entendimiento entre Costa Rica y Estados Unidos.

  • Los alcances de la llamada “condición migratoria temporal”, incluyendo plazos, mecanismos legales y protocolos de atención.

  • Garantías plenas de respeto a los derechos humanos de las personas trasladadas al país.

  • Libertad de movilización, acceso a alimentación y atención médica.

  • Garantía de no ser enviadas a ningún país, incluido el suyo de origen, contra su voluntad.

Llamado ético y humanitario

La organización afirmó que continuará articulada con redes y organizaciones que trabajan con personas migrantes y refugiadas, y se sumó al reclamo de iglesias y colectivos de Estados Unidos que exigen el fin de la persecución migratoria. También exhortó al Gobierno costarricense a actuar conforme a los principios de dignidad humana y derechos humanos.

El pronunciamiento concluye con una cita bíblica del libro de Isaías: “No volverás la espalda a tu hermano…”, reafirmando el carácter pastoral y solidario de su posición.

Proceso y derechos de las personas refugiadas en Costa Rica

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Una persona refugiada es aquella que se ha visto obligada a abandonar su país de origen o de residencia habitual debido a situaciones de persecución por motivos de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o género. Cada país establece su propio mecanismo para determinar si una persona es o no refugiada. El procedimiento es totalmente confidencial. Este trámite es personal y gratuito, no requiere de personas intermediarias.

El Gobierno, a través de la Unidad de Refugio y la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), es la entidad responsable de analizar los casos y determinar si se otorga o no la condición de refugiada a una persona o grupo familiar, así como establecer el proceso y tiempo de asignación de las citas.

La condición de persona refugiada se solicita una vez que la persona y su grupo familiar se encuentren en territorio costarricense. Se debe obtener una cita para formalizar su solicitud ante la Unidad de Refugio de la DGME. La cita puede ser programada a través del sitio web oficial www.migracion.go.cr o por medio de llamada, comunicándose a la línea telefónica 1311. La línea no es gratuita, por lo que la llamada podría tener un costo, definido por su operadora telefónica. Ambos canales están disponibles de lunes a viernes, a partir de las 7:00 am y hasta agotar los cupos diarios.

Para la entrevista solicitan fotocopia y original de algún documento de identificación personal (pasaporte, cédula de país de origen, etc.), certificado de estado civil, certificado de nacimiento, certificado de antecedentes penales, comprobante de toma de huellas dactilares que se obtiene llamando al 2600-4149, al 2600-4117 o ingresando a la web www.seguridadpublica.go.cr.

Además, se entregará un carné de solicitante de refugio, el cuál será el documento de identidad oficial en Costa Rica mientras se resuelve su caso. Este carné le concede un permiso de estancia de regular en el país, adicional a la posibilidad de realizar labores remuneradas por cuenta propia o con patrono, apegándose a la legislación laboral costarricense.

Con base al reglamento de personas refugiadas en Costa Rica, el capítulo décimo, aborda la condición jurídica de la persona solicitante de refugio, refugiada y su documentación. Según el Artículo 54, Artículo 55 y Artículo 56 el documento provisional provisto por el Estado costarricense mientras se resuelve su solicitud, le permite ejercer cualquier tipo de actividad laboral remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

De acuerdo con el Artículo 58, los solicitantes de la condición persona refugiada estarán exoneradas de la presentación de documentos de filiación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) únicamente para la tramitación de su primer documento migratorio permanente.

El Artículo 59 y el Artículo 61 indican que las personas refugiadas que deseen viajar fuera del territorio nacional a un tercer país y no cuenten con su pasaporte ni la posibilidad de adquirirlo, podrán solicitar al Subproceso de Refugiados documento de viaje. El costo de emisión del documento de viaje será cubierto por el interesado, dándole el derecho de uso, más no su propiedad. En caso de pérdida o robo la persona deberá interponer una denuncia ante el órgano jurisdiccional competente.

Tomando en cuenta el capítulo décimo tercero, la sección segunda sobre las competencias y funcionamiento de la Comisión, el Artículo 105 plantea que la Comisión es el órgano colegiado, interministerial e interinstitucional responsable de determinar la condición de persona refugiada, emitir las resoluciones fundamentadas en los derechos de las personas refugiadas, autorizar las solicitudes de visa, conocer y resolver las solicitudes de reconocimiento por extensión, promover la acción gubernamental que favorezca la integración.

Respecto al capítulo décimo cuarto del subproceso para refugiados, se indica en el Artículo 123 que las funciones del subproceso de refugiados son brindar información sobre el trámite, recibir las solicitudes de refugio, emitir los documentos provisionales de los solicitantes y sus respectivas renovaciones de forma gratuita, autorizar ante la gestión de Migraciones la emisión del documento de viaje para personas refugiadas, alertar y promover la coordinación inmediata con las entidades según corresponda en aquellos casos en que se identifiquen personas menores de edad no acompañados o separados, mujeres víctimas de violencia basada en género y víctimas de trata.

Entre las funciones del subproceso de refugiados que indica el Artículo 123 se dictamina, dar trámite al proceso de reasentamiento, recibir y tramitar sobre las solicitudes de cambio de condición migratoria, de reunificación familiar, levantar un registro de las solicitudes recibidas y la información estadística en general sobre refugiados, implementar y mantener un sistema actualizado de control y emisión de datos estadísticos, presentar informes mensuales a la Dirección General, emisión de certificaciones de categoría migratoria para trámites diversos, informar a las personas solicitantes y refugiadas de los derechos orientados hacia la obtención de la integración en el país, responder a las diferentes consultas por parte de instituciones públicas.

Testimonios desde el CATEM: experiencias de personas migrantes trasladadas desde EE. UU. a Costa Rica bajo acuerdo bilateral

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El informe “La estrategia es doblegarnos”, publicado por Human Rights Watch (HRW) el 22 de mayo de 2025, documenta los relatos de 36 personas migrantes trasladadas desde Estados Unidos a Costa Rica. El operativo ocurrió entre febrero y marzo de 2025 y es parte de un acuerdo migratorio bilateral entre ambos países, mediante el cual Costa Rica aceptó recibir hasta 200 personas migrantes de «terceros países» bajo coordinación y financiamiento del gobierno estadounidense.

Las personas trasladadas fueron alojadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en Corredores, Puntarenas. El informe recoge testimonios sobre la detención en EE. UU., el traslado forzado, las condiciones de permanencia en Costa Rica, el impacto en niñas y niños, y las opciones legales ofrecidas.

Detención prolongada y sin acceso a asilo en Estados Unidos

La mayoría de las personas entrevistadas por HRW fueron detenidas por agentes migratorios en la frontera sur de Estados Unidos. Permanecieron en centros de detención fronterizos conocidos como “hieleras” por sus temperaturas extremadamente bajas, por periodos de entre una y siete semanas.

Durante ese tiempo, 34 de las 36 personas no recibieron la entrevista de miedo creíble, que es un procedimiento estándar del sistema migratorio estadounidense para identificar si la persona teme ser perseguida en su país de origen. Esta entrevista activa el proceso de solicitud de asilo.

El informe señala que muchas personas expresaron temor de volver a su país, pero no fueron escuchadas ni orientadas. En lugar de ello, fueron presionadas para firmar documentos sin entender su contenido, en algunos casos sin interpretación en su idioma. Dichos documentos eran formularios de deportación voluntaria, que impiden solicitar protección posteriormente.

Separaciones familiares y falta de garantías

HRW documentó al menos un caso de separación familiar injustificada: una mujer afgana fue enviada a Panamá mientras su esposo e hijo menor quedaron en Estados Unidos. La mujer no fue informada sobre el destino de sus familiares ni se le explicó por qué fue separada.

Este tipo de separación ha sido señalado en informes previos como una práctica que genera angustia psicológica, especialmente en contextos donde los menores quedan sin cuidado parental.

Otras personas narraron que no se les permitió comunicarse con familiares o abogados mientras estuvieron detenidas, lo que limitó su capacidad de buscar apoyo o entender su situación legal.

Traslado bajo custodia y uso de grilletes

El viaje desde Estados Unidos hasta Costa Rica se realizó en vuelos comerciales, según HRW, bajo custodia de agentes de seguridad. Las personas adultas fueron esposadas de pies y manos, y algunas viajaban con sus hijas o hijos menores, quienes presenciaron el encadenamiento.

Testimonios recogidos por HRW señalan que esta práctica fue especialmente traumática para los niños y niñas. Personas entrevistadas indicaron que la seguridad fue excesiva, ya que no eran personas acusadas de ningún delito penal, sino solicitantes de protección.

Llegada a Costa Rica: falta de información y vigilancia

Tras su llegada al Aeropuerto Juan Santamaría, las personas fueron transportadas en autobús hacia el CATEM, ubicado a más de 300 kilómetros, en el cantón de Corredores, cerca de la frontera con Panamá.

Los testimonios indican que, durante el proceso de traslado, nadie les explicó cuál era su situación migratoria, ni se les brindó información sobre sus derechos en Costa Rica. Al ingresar al CATEM, sus pasaportes y documentos fueron retenidos por las autoridades migratorias sin justificación legal comunicada.

En el CATEM, las personas señalaron que no podían salir libremente, ya que estaban bajo vigilancia armada constante. Aunque no se trata formalmente de una cárcel, los testimonios describen el lugar como un espacio cerrado, sin acceso libre a medios de comunicación ni asistencia legal.

Condiciones de alojamiento y trato diferenciado

Las personas entrevistadas describen que el CATEM carece de ventilación adecuada, con temperaturas internas muy altas. Se reportó que muchas dormían en catres sin colchón, compartiendo espacios sin divisiones por sexo o vulnerabilidad.

Algunas personas señalaron que se hicieron divisiones internas por idioma, no por situación familiar o de salud. Los sectores de habla hispana fueron descritos como más precarios que los de otras lenguas.

Migrantes originarios de países fríos, como Rusia, reportaron alergias, deshidratación y fiebre asociadas al clima y a la falta de adaptación. También expresaron dificultades para acceder a agua embotellada o atención médica oportuna.

Barreras lingüísticas e incomunicación

Los testimonios reflejan una falta generalizada de intérpretes en el CATEM. Las instrucciones eran dadas en inglés o ruso, y las personas hispanohablantes señalaron que no comprendían lo que se les decía ni podían expresar sus necesidades. Esto afectó especialmente la comprensión de los pasos legales a seguir, el acceso a atención médica y el derecho a iniciar solicitudes de refugio o de protección humanitaria.

Niñez migrante: falta de atención diferenciada

Del total de personas trasladadas, 81 eran niñas, niños o adolescentes, quienes también fueron alojados en las mismas condiciones generales. HRW reporta que no se habilitaron espacios específicos ni protocolos diferenciados para la niñez, pese a que Costa Rica ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.

Familias entrevistadas indicaron que no hubo presencia continua de personal del PANI (Patronato Nacional de la Infancia), y que las niñas y niños permanecían en el CATEM sin acceso a educación, actividades recreativas, o atención psicológica especializada.

A raíz de esta situación, un grupo de abogados presentó una denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, alegando que se estaban violando los derechos de la niñez migrante [AP News, 2025].

Opciones ofrecidas: desinformación y falta de garantías

En el CATEM, las personas migrantes informaron que se les presentaron tres opciones, solicitar refugio en Costa Rica, acogerse a un “estatus humanitario temporal”, regresar a su país con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

No obstante, muchos testimonios indican que estas opciones no fueron explicadas claramente, y que no comprendían las implicaciones legales de cada una. En algunos casos, decidieron regresar a sus países sin contar con información completa, debido al cansancio y la incertidumbre. Otros expresaron temor de que, si pedían refugio, quedaran en un limbo legal, sin trabajo, sin permisos ni apoyo.

Fotos: Fabián Mena

Producción del TCU-738 UCR.

¿Cómo pueden acceder a servicios de salud las personas migrantes en Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Derechos.

El acceso a la salud es un derecho humano fundamental, garantizado tanto por la Constitución Política como por la Ley General de Salud. En Costa Rica, este derecho también protege a las personas migrantes, sin distinción de nacionalidad, y puede ejercerse mediante el sistema público de salud administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

A continuación, se explican las vías disponibles para acceder a los servicios de salud, tanto mediante afiliación directa como en situaciones de emergencia.

1. Aseguramiento directo en Costa Rica

La CCSS es la institución encargada de prestar servicios de salud y gestionar los seguros médicos en el país. Las personas migrantes en condición regular pueden afiliarse mediante diferentes modalidades de aseguramiento, según su situación laboral o socioeconómica:

  • Trabajador asalariado: para personas con cédula de residencia, permiso de trabajo o estatus de refugiado o asilado.

  • Trabajador independiente: para quienes trabajan por cuenta propia y tienen residencia legal o condición de refugio (no aplica a solicitantes de refugio).

  • Pensionado: del régimen contributivo o no contributivo.

  • Cotizante voluntario: incluye la modalidad de Asegurado Migrante, para personas extranjeras regulares no asalariadas ni independientes, pero que deseen pagar directamente su afiliación al sistema de salud (y opcionalmente al régimen de pensiones).

  • Seguro por cuenta del Estado: para familias en condición de pobreza o pobreza extrema, registradas en SINIRUBE o calificadas por el IMAS.

  • Protección Familiar: para personas que viven o dependen económicamente de otra persona asegurada.

2. ¿Cómo acceder si usted es solicitante de refugio o persona refugiada?

Las personas que han solicitado refugio o tienen el estatus de refugiadas pueden acceder al seguro médico a través del convenio ACNUR–CCSS, firmado entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Este convenio permite asegurar gratuitamente a miles de personas. En 2024, ACNUR aportó ₡1 050 millones al Fondo de Enfermedad y Maternidad, y más de 5 300 personas fueron cubiertas bajo esta modalidad, el 69 % de ellas mujeres.

¿Cómo aplicar?

  • Ingrese al sitio web oficial de ACNUR Costa Rica: https://help.unhcr.org/costarica/conv

  • Busque el formulario llamado “Formulario de Datos Médicos”

  • Complete los datos solicitados: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia, número de contacto, información médica y el consentimiento informado.

  • Espere la validación y asignación de cupo. Debe saber que ACNUR prioriza a personas en situaciones más vulnerables. En algunos casos, hay listas de espera.

Una vez que la solicitud ha sido aceptada, puede recibir atención integral de forma gratuita en EBAIS, clínicas, hospitales, emergencias, laboratorio, entre otros.

3. ¿Quiénes pueden recibir atención sin estar asegurados?

Existen situaciones especiales en las que las personas pueden recibir atención sin estar afiliadas a la CCSS:

  • Niños y niñas de 0 a 6 años, o menores integrados al sistema educativo.

  • Mujeres embarazadas.

  • Adultos mayores.

  • Personas con enfermedades contagiosas o que requieren tratamiento obligatorio (como VIH).

  • Todas las personas en casos de emergencia médica.

Debe saber que, en este último caso, el servicio de salud se brinda primero y se cobra después si no hay afiliación vigente.

Foto: Instituto Tecnológico de Costa Rica

Producción general del TCU-738 UCR.

Cuando la esperanza compite y gana

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense

Hicieron su aparición por primera vez en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Entonces el contexto global de la población en condiciones de refugio hacía referencia a la realidad europea, con un Mar Mediterráneo como fosa común para cientos de miles de personas que intentaban llegar a las costas de países como Grecia, España e Italia, para salvar su vida.

Se desarrollaba la crisis en Siria, que aún no cesa y más bien comparte condiciones con otras crisis que generan el desplazamiento de millones de personas en el mundo. Hoy la cifra se calcula en 100 millones de personas en condiciones de refugio.

Cuando el primer equipo olímpico de personas refugiadas emergió en Río, generó una serie de preguntas sobre su representatividad y especificidad. Era un equipo de personas viviendo con este estatus en países diferentes a los de su origen y fueron acogidos bajo el emblema olímpico de la deportividad. Cinco años más tarde, volverían a aparecer en los juegos de Tokio, llevados a cabo en 2021 como consecuencia de la pandemia planetaria que paralizó cualquier actividad un año antes.

En París 2024, 36 atletas provenientes de 11 países distintos conforman el equipo olímpico de personas refugiadas. En esta oportunidad, se desempeñarán en 12 deportes diferentes: acuáticos (natación), atletismo, bádminton, boxeo, breaking, piragüismo (eslalon y esprint), ciclismo (en ruta), judo, tiro, taekwondo, halterofilia y lucha (estilo libre y grecorromana), de acuerdo con la información consultada en la página oficial del Comité Olímpico Internacional.

Abrir espacio a una población con estas condiciones, que ha debido luchar en grado sumo por salvar su vida, protegerla y reconstruir su proyecto personal y aún familiar, solo habla de un hálito de esperanza que asoma en medio de crisis humanitarias sin comparación experimentadas a nivel contemporáneo. La esperanza constituye finalmente ese esfuerzo colectivo por trascender y ponerse en el pecho una medalla, quizá la más importante jamás otorgada: la de la dignidad.

Invitación al evento: “Día Mundial de la Persona Refugiada”

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

El 20 de junio de cada año, se conmemora el Día Mundial del Refugiado, con el fin de visibilizar las luchas de estas personas que se ven obligadas a migrar de sus países de origen por distintos motivos como conflictos armados, violencia, persecución, desastres naturales, entre otros. 

Es por lo anterior, que se extiende la cordial invitación a participar del evento organizado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica, en el marco del Día Mundial del Refugiado.

El evento se celebrará este domingo 19 de junio en la Plaza de la Democracia en San José, en un horario de 9a.m a 5p.m. Se realizará una feria de emprendedores, habrá música en vivo y la entrada es totalmente gratuita.

Entre los artistas invitados se encuentran: Grupo Clavija, Pedro Capmany, Madera Nueva, Karel Hernández y el retahilero Max Barberena.

Adjuntamos imagen oficial de la actividad:

CON UN HASHTAG NO ELIMINAMOS EL RACISMO

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En su declaración de principios, la política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 indica que tendrá como propósito la construcción de una sociedad costarricense más sensible a las diferencias. Así lo señala su visión:

“Costa Rica será una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia a partir de la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, poblaciones de migrantes y refugiados, que contribuyen a la conformación de una sociedad más respetuosa y sensible a las diferencias y enfoques particulares”.

Pese a este propósito, la sociedad costarricense continúa presentando serias dificultades para alcanzar la aspiración de una sociedad cada vez más inclusiva.

Durante las recién pasadas finales de fútbol desarrolladas en el país, el jugador del Club Sport Herediano Kreysher Fuller denunció haber sido objeto de insultos racistas provenientes de un sector de aficionados apostados en las graderías del sector oeste del Estadio Ricardo Saprissa, ubicado en la capital costarricense.

En las imágenes del incidente, se logra apreciar algunas reacciones verbales del jugador, criticables también, contestando a tales insultos. En una publicación en su cuenta personal el jugador afirmó: “No puede ser que en estos tiempos aún exista insultos raciales, como lo volví a vivir este jueves en el estadio».

Ambas actitudes son deplorables. Sin embargo las respuestas no fueron similares. El jugador fue sancionado con varios partidos por su reacción. Pero la actitud de los aficionados no fue castigada de oficio, abriéndose en su lugar una “investigación” para determinar el alcance de lo denunciado por el jugador por parte de los órganos correspondientes a nivel dirigencial.

Esta actitud organizativa no es neutra. Cuando la institucionalidad actúa así, representa el culmen de la naturalización arraigada en cuanto a racismo y discriminación. Es sabida la producción y reproducción de discursos discriminatorios en lugares como estadios. La xenofobia, la homofobia, el machismo y el racismo encuentran terreno fértil tras una voz colectiva que se escuda en el anonimato para ofender y agredir de palabra.

El caso de México, por ejemplo, demuestra cuánto se debe seguir trabajando en la erradicación de estas prácticas. Las últimas noticias confirmaron un castigo más a su Federación por la reiteración de gritos homofóbicos en los juegos de su selección.

Costa Rica, a pesar de avances en su legislación como la política citada al iniciar esta columna, debe hacer un examen a conciencia acerca de los esfuerzos para estirpar estas odiosas acciones. Los procesos de violencia experimentados recientemente y en múltiples ocasiones por pueblos originarios en defensa de sus territorios son acaso un desafío que el estado costarricense no ha logrado resolver.

Peor aún, las declaraciones de un alcalde de una comunidad del Atlántico costarricense ofreciendo una “mujer indígena a cambio de favores de la empresa privada” en las que deja entrever un racismo y colonialismo in extremis, solo confirman la naturalización de una conducta histórica que una legislación no elimina.

La erradicación del racismo en los estadios, uno de los tantos desafíos en la materia por parte de la sociedad costarricense, no se resuelve con una campaña de camisetas vestidas por los jugadores, un “hashtag” y mensajes previos a cada partido.

Debe surgir de una profunda modificación de contenidos educativos en los que respeto, convivencia e integración sean los ejes para avanzar hacia la construcción de una sociedad absolutamente diferente.

Los otros juegos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La imagen dura unos segundos porque a la producción de la televisión internacional poco le importan las acciones afirmativas, las protestas simbólicas, los actos reivindicativos. Más aún en un escenario amplificado en el que las audiencias alcanzan miles de millones en todo el planeta.

En primer plano, durante una exhalación, lo que dura el ojo reteniendo la imagen, aparece la atleta estadounidense Raven Saunders en la ceremonia de premiación de la disciplina de lanzamiento de bala. Con una distancia de 19,79 metros, Saunders se hizo acreedora de la medalla de plata.

Allí, justamente al momento de colgarse la presea en su pecho, levanta las manos cruzadas y las suspende durante unos segundos en el aire, quizá los segundos que le tomó a la producción de la señal internacional decir: “vamos a otra cosa”. Y fueron a otra cosa. Y la acción simbólica no volvió a aparecer en pantalla. Al menos en la transmisión en vivo.

El gesto de la mujer reivindicaba la lucha contra la depresión y colocaba en primer plano la condición de las personas afroamericanas y de los colectivos LGTBI a nivel global. Una interseccionalidad que Raven representa y por la que ha experimentado discriminaciones durante muchos años, al punto de haber intentado acabar con su vida luego de los Juegos Olímpicos de 2016.

La imagen duró unos segundos, su lucha, acaso, le tome toda su vida.

Lo que no pudo editar ni evitar la televisión internacional fue el gesto con que la gimnasta costarricense Luciana Alvarado cerró su participación en su rutina.

Pie al piso, puño en alto y la cabeza inclinada en reverencia hacia atrás, hizo un homenaje al movimiento “Black Lives Matters” que tomó auge luego del asesinato de George Floyd en Estados Unidos en 2020.

“Todos somos iguales y todos somos hermosos e increíbles” diría Alvarado al preguntársele sobre la acción final de su ejercicio, un acto bien planificado, incorporado de modo que la organización, a menudo inmaculada para estas cosas, no levantara resquemores por su significado político.

Levantó su puño como miles de puños levantados en el mundo.

Lo que no deja de ser político es el permanente sentido de humanidad cuando la persona decide simplemente ser. La disruptividad de algunas, porque han sido mujeres las de las acciones, ha sido quizá la marca registrada de los recién terminados juegos y quedó patentada una vez más con un acto de representación de la diversidad.

Contra las protestas de sus propias competidoras y entrenadores adversarios, Japón mostró por primera vez la participación de una atleta transgénero.

La neozelandesa Laurel Hubbard formó parte de la Halterofilia, actividad en la que no pudo pasar más allá de la primera fase con tres resultados negativos. Las protestas de sus contrincantes se basaban en una supuesta ventaja que tendría por su configuración muscular. “La terapia de transición rebaja las diferencias físicas y coloca a todos en un nivel parecido” han comentado algunos especialistas en estos temas.

Luego de su participación, Hubbard ha considerado retirarse del deporte. Durante años tuvo que soportar las protestas y negativas para que su participación fuera efectiva. Pero también sus tratamientos contra los dolores musculares le han mermado su potencia física para los pesos que debe levantar.

Sin embargo, otros kilos más importantes fueron superados por ella. Su trabajo fue hecho: visibilizar el derecho de los y las atletas transgénero a participar en los juegos olímpicos.

De ahora y en adelante, todas, todos, tendrán participación.

Al momento de escribir esta nota, se conoce de la presencia de cerca de diez mil personas provenientes de países africanos, asiáticos, suramericanos y caribeños en la frontera entre Colombia y Panamá. Algunos grupos ya han ingresado a Costa Rica por su frontera sur. Buscan transitar la región para llegar a Estados Unidos como destino final. Con suerte, serán reconocidos y reconocidas en los países de tránsito y aún en el destino, si es que lo logran, como personas refugiadas.

Desde los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016, el Comité Olímpico Internacional consideró prestar atención a este tema y conformó un equipo especial con personas refugiadas, representando a esa población.

En una cifra que crece, a junio de 2021 alcanzó 84,2 millones a nivel global, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los refugiados (ACNUR).

Una evidencia de que el ritmo depredador de sistemas políticos, religiosos, heteronormativos y los impactos de la acción de modelos económicos sobre el medio ambiente que provoca desastres y desplazamientos poblacionales ha venido en aumento, lo marcan justamente los cambios cuantitativos de este equipo olímpico entre unos juegos y otros: de 10 atletas en Río, pasó a 29 en Tokio.

El rostro de la joven siria Yusra Mardini ha sido tal vez el más representativo de este particular conjunto. Nadadora olímpica en las dos últimas ediciones, se convirtió en deportista de alta competencia luego de salvarse, salvar a su hermana y a un grupo de personas que buscaban refugio en las costas mediterráneas y estuvieron a nada de morir ahogados.

Ese fue quizá su mejor representación en el agua: preservar la vida.

Las historias compartidas nos reflejan esas otras marcas, los otros tiempos, las otras luchas, otras biografías que quizá no inundarán de gloria los abordajes mediáticos globlales por sus triunfos deportivos. Tal vez sus objetivos personales fueron otros: visibilizar, sensibilizar, acercar.

En estos, los otros juegos, lo han conseguido.

Solicitan que se investigue y actúe ante denuncias de amenaza e intimidación contra familias refugiadas en Upala

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

San José, 28 de abril de 2020.- El pasado 23 de abril, personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses, denunciaron que autoridades costarricenses -principalmente oficiales de la Fuerza Pública y Migración- allanaron con actitudes violentas la finca en que viven y trabajan en Upala.

Según las declaraciones de las personas en el lugar, en el operativo participaron cerca de 35 representantes de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Ministerio de Salud, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y la Municipalidad de Upala, quienes llegaron a la finca en al menos 10 vehículos oficiales.

De acuerdo con los testimonios recabados, los oficiales ingresaron a la finca alrededor de las 10:00 de la mañana “fuertemente armados”, sin identificarse y de manera inapropiada, allanaron viviendas y desalojaron a los ocupantes de sus cuartos, entre los que se contaron adultos, niños, niñas y personas adultas mayores que se encontraban durmiendo. No presentaron ninguna explicación u orden que justificara su entrada a la propiedad privada que las personas campesinas alquilan en la zona.

Una vez ahí, las reunieron en el área de cocina pidiendo que mostraran sus documentos personales. Según el relato de las familias afectadas, las autoridades trasladaron a la oficina de Migración de Upala a un joven de 24 años solicitante de refugio por no haber asistido a su última cita y, si bien le otorgaron una nueva fecha para presentarse, uno de los oficiales lo atemorizó con deportarlo a Nicaragua si volvían a encontrarlo en la finca, desconociendo con ello el “principio de no devolución” al que se adscribe Costa Rica en el Derecho Internacional para la solicitud de refugio.

Las personas afectadas sostienen en sus declaraciones que los oficiales de policía les expusieron a aglomerarse, sin el distanciamiento necesario y sin tomar ninguna medida de prevención para evitar el contagio por el COVID-19. Al parecer, el trato fue irrespetuoso e intimidante, incluso amenazándoles con quemar una construcción dentro del terreno destinada a resguardar animales.

Desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones que acompañamos a las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país, manifestamos nuestra profunda preocupación y solicitamos la investigación respectiva ante los hechos tan graves que aquí se exponen.

Sobra decir que estas personas han padecido las consecuencias de la violencia estatal en su país de origen y por eso rechazamos cualquier accionar que derive en nuevas formas de revictimización en Costa Rica, dónde han tenido que huir para resguardarse. Hemos recuperado los fuertes testimonios de este evento específico en Upala, que nos alerta, pues podría ser apenas un ejemplo de una práctica recurrente en los niveles primarios de atención o respuesta interinstitucional, en lo que respecta al trato que reciben las personas extranjeras. 

Ante la crisis de salud que enfrentamos a nivel mundial, reconocemos la oportuna respuesta del Estado de Costa Rica que ha logrado mitigar la propagación del virus y prestar atención adecuada a las personas que lo han requerido. Sin embargo, insistimos en que se corre el riesgo de que el contagio del COVID-19 resulte en crecientes manifestaciones de discriminación y xenofobia en Costa Rica y ese es un punto que el Estado debe seguir observando con gran atención. El caso de Upala puede ser expresión de esta preocupante dinámica.

Así, el Estado de Costa Rica tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de grupos como el antes descrito.  Si bien es de aplaudir las formas en las que se han evitados discursos o medidas discriminatorias, estigmatizantes o xenofóbicas en relación con la población migrante o extranjera en esta coyuntura de emergencia sanitaria, la sensibilización y la información no están en todos los niveles de la función pública, como lo han insistido diferentes organizaciones desde hace años. Eso por eso que se deben adoptar medidas positivas para combatir dichas prácticas discriminatorias y contraproducentes.

El Estado costarricense tiene también la obligación de garantizar el acceso de todas las personas a buscar y recibir asilo. En este sentido, recordamos que las medidas implementadas en respuesta al COVID-19, incluido el cierre de fronteras, no pueden impedir que quienes necesitan protección internacional puedan solicitarla, ni deben justificar la devolución de personas solicitantes de asilo o refugiadas a territorios donde estarían en riesgo.

Confiamos en que los hechos ocurridos el pasado 23 de abril serán investigados, incluidas las amenazas dirigidas de deportación o violencia, con el fin de sancionar a los funcionarios responsables, garantizar la vida e integridad de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, y enviar un mensaje claro de que este comportamiento no será tolerado.

Esperamos que el Estado de Costa Rica continúe tomando todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de la población, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna por estatus migratorio o nacionalidad.

Información compartida con SURCOS por Adilia Solís Reyes.

Imagen ilustrativa

Fuente: CEJIL https://cejil.org/es/organizaciones-solicitan-que-se-investigue-y-actue-diligencia-serias-denuncias-amenaza-e