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Etiqueta: presupuesto para la educación

Desnutrición educativa y presupuesto

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Educación.

Carta Abierta
Movimiento Mauro Fernández Acuña

Con suma preocupación por la desnutrición de nuestro sistema educativo, nos dirigimos a la ciudadanía comprometida con el bienestar de las generaciones que nos sucederán.

La desnutrición se produce cuando al organismo le faltan nutrientes o cuando no los puede asimilar. A nuestro organismo educativo le suceden ambas, le faltan nutrientes y los que le quedan tiene dificultades para asimilarlos. De este mal, viene padeciendo desde hace unos 10 años, pero a falta de “atención primaria”, ya se encuentra en el umbral de tercer grado, el más avanzado de la desnutrición. ¿Cómo lo sabemos? Porque los síntomas se exacerban y son muy evidentes debido a la falta de los nutrientes esenciales en la salud educativa: pérdida de masa corporal debido a la falta de cobertura; déficit curricular y precarización de la infraestructura.

Pero es que además sufre de mareos pedagógicos e inadecuada asimilación de recursos tecnológicos. La oxigenación que cotidianamente venía recibiendo del personal docente sufre cortes constantes.

Todos estos síntomas han resultado en que, el índice de desarrollo humano de Costa Rica en 2024 haya bajado 8 posiciones en relación con la década de los años 90, ubicándonos ahora en el puesto 64.

Estamos a la puerta de una muerte educativa por inanición; una muerte anunciada. Por eso es que hacemos un llamado para que, de manera urgente, se le asigne una fuerte dosis presupuestaria al organismo educativo del país.

Aunque algunos piensan que la educación está nutrida presupuestariamente, vamos a evidenciar que no es así. El plan presupuesto para el 2025, tiene una visión reduccionista y fiscalista cuyo único objetivo es cumplir con los límites presupuestarios impuestos del Ministerio de Hacienda, y es evidente que se mantienen las reducciones a los programas de equidad.

En términos reales, las reducciones presupuestarias son alarmantes, en claro incumplimiento al mandato constitucional de otorgar al menos 8% del PIB a educación, llegando a un mínimo histórico en los últimos 20 años. Y si nos comparamos con otros países, la situación no se ve bien. Veamos a continuación.

Presupuesto 2025

Según el análisis presupuestario del consultor Ricardo Vindas, publicado recientemente por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO), la inversión pública en educación enfrenta una evidente tendencia a la baja, teniendo como referencia que el máximo histórico fue de ₵2.670.018 millones en el 2020 y para el 2025 será de ₵2.580.414 millones.

En ese contexto, vemos como seis de las ocho subpartidas de remuneraciones vienen sufriendo rebajos desde el 2023: sueldos para cargos fijos, dedicación exclusiva, seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), aporte patronal a las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC), aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y a la Junta de Pensiones de Magisterio Nacional (JUPEMA). Las únicas subpartidas que reflejan un aumento son las de suplencias y aguinaldos, pero éstas corresponden a falsos aumentos que buscan llenar el “hueco presupuestario del 2024”, por inadecuadas estimaciones, lo cual impidió el pago de ambos rubros en el mes de agosto.

El presupuesto también presenta un déficit para la ejecución en recursos tecnológicos en todas las líneas presupuestarias vinculadas con la política de informática educativa. Además, para agosto del 2024 sólo se había ejecutado el 21% del presupuesto, muy por debajo de lo ejecutado con la Fundación Omar Dengo.

Las Juntas de Educación y Administración tienen un papel importantísimo en la administración y el mantenimiento de la infraestructura educativa. Requieren además de los presupuesto necesarios para cumplir con su tarea, un gran apoyo de manera que puedan adquirir los conocimientos más recientes en temas de la gestión de recursos. Y en ese rubro vemos con preocupación como a dichas Juntas se les recortan aproximadamente ₵555 millones para el próximo ejercicio fiscal.

Realmente inaceptable es la condición en las que se dejan a los Comedores Escolares que se ven reducidos en su capacidad de compra: aunque se observa un leve aumento para el 2025, y que según el MEP, es el monto más alto presupuestado en los últimos 13 años, cuando se suprime el efecto de la inflación, se reduce la capacidad de compra en un 12% con respecto a los montos presupuestados pre-pandemia (2018 y 2019). Es una obligación indiscutible dotar de una alimentación balanceada y nutritiva a los niños y niñas que asisten a los Comedores Escolares; además de que sabemos que, para muchos de ellos, provenientes de hogares en pobreza y pobreza extrema, los alimentos que reciben en los Comedores Escolares son su único alimento al día. Dejar de alimentar, literalmente, a los niños y niñas del país, es inadmisible.

De acuerdo con el análisis de Vindas, publicado por COLYPRO, se pasó de un máximo histórico de 7.4 % del PIB, a un mínimo histórico de 4,92% en cuestión de 4 años, y el más bajo en décadas. Esta situación no es solo un claro incumplimiento sistemático de la Constitución Política, sino un irrespeto a la dignidad e integridad de la sociedad costarricense.

Inversión en educación y por estudiante: una comparación

Si nos comparamos con América Latina. Un estudio de McKinsey & Company llamado “¿Cómo pueden mejorar los sistemas escolares el aprendizaje a escala?” (2024), establece cinco categorías de desempeño educativo alrededor del mundo: excelente, bueno, justo, pobre y muy pobre. Según el estudio, ningún país de América Latina alcanza la categoría de buen o excelente desempeño educativo. Costa Rica, con una inversión anual de $6000 dólares por estudiante, se coloca en la categoría de desempeño justo (mediocre), muy cerca de la categoría de pobreza educativa.

Si nos comparamos con los países de la OECD, donde si hay países con desempeños altos, el panorama se recrudece. Según el informe Education at a Glance 2023, entre 2020 y 2021, de los países de la OECD, Costa Rica reporta la mayor caída de gasto por estudiante (-8,3%). Mientras que en países como Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Eslovenia, España y Turquía, el gasto por estudiante aumentó, desde la educación primaria hasta la terciaria.

Este mismo informe señala que el costo medio por estudiante en la educación secundaria académica en Costa Rica es de $5.000 anuales y para quienes asisten a educación técnica llega a los $5.700. En primaria, secundaria académica y técnica, el país invierte menos de la mitad de lo que destinan en promedio los países de la OCDE. Nos ubicamos entre los tres últimos lugares en cuanto a la inversión por alumno.

El argumento de la baja natalidad

Frente a tales graves síntomas de desnutrición educativa, el argumento dado por el MEP para recortar el gasto es la baja natalidad (índice demográfico), y con ello el cierre de centros educativos, rurales la mayoría. Primero, el argumento de la baja en la natalidad (indicador demográfico) es totalmente insuficiente para justificar el recorte presupuestario, puesto que otros indicadores están tan mal atendidos, que el argumento de baja en la natalidad no los compensa mientras los centros y la calidad educativos sigue, en general, absolutamente comprometida. Es una falacia sugerir que la reducción del presupuesto responde a la baja demográfica.

Segundo, estudiantes no son solo los que podrían haber nacido, estudiantes son los que no asisten a las aulas y se les invisibiliza y excluye: los que dejaron de ir, los que nunca fueron, los que no pueden ir (población carcelaria) los menores de 4 años. Estas poblaciones no son consideradas en los montos presupuestarios.

Entonces, utilizar el indicador demográfico de baja natalidad como único criterio para disminuir la inversión educativa, eso es perpetuar, malintencionadamente, la baja calidad de la educación y más que eso, llevarla a la desnutrición extrema, así arrastrará a la población a vivir con un mínimo educativo y para muchos implicará una muerte educativa por inanición.

Costa Rica, merece mejores decisiones para seguir siendo una república democrática donde la educación es el derecho supremo para el desarrollo y el bienestar.

Silvia Chacón Ramírez
Eleonora Badilla Saxe
Karla Salguero Moya
Yalile Chan Jiménez
(Movimiento Mauro Fernández Acuña)

Movimiento Mauro Fernández Acuña pide que se sienten responsabilidades por dineros desperdiciados mientras presupuesto para la educación cae

Escrito el . Publicado en Derechos.

Carta abierta a la ciudadanía

Movimiento Mauro Fernández Acuña

Estimables conciudadanos y conciudadanas:

Nos vemos en la obligación de solicitar que se sienten responsabilidades por los dineros públicos desperdiciados, presupuesto para la educación mientras el presupuesto dedicado a la educación cae estrepitosamente. Los equipos tecnológicos adquiridos por el país esperan su obsolescencia en bodegas y cajas sin abrir, en tanto el Ministerio de Educación Pública intenta gastar miles de millones, en otra tecnología digital para dar sustento económico al Programa Nacional de Formación Tecnológica PNFT, aprobado por el Consejo Superior de Educación CSE en octubre de 2023.

El 18 de setiembre se realizó por parte del Ministerio de Educación Pública, una audiencia pre-cartel para la contratación de proveedores para el Programa Nacional de Formación Tecnológica PNFT, en el siguiente contexto:

  • El MEP cuenta con 86,812 mil computadoras y tabletas electrónicas que se compraron en el 2021, a través del programa FONATEL, para estudiantes de escasos recursos, por un monto de $58.3 millones. Las mismas no han sido completamente entregadas y muchas están en bodegas o en sus respectivas cajas en las instituciones educativas.
  • Se canceló intempestivamente y sin el criterio técnico de los expertos en el MEP, el programa de robótica del MEP para sustituirlo por simulaciones y videojuegos mediante un mecanismos cuestionado según se muestra en medios nacionales.
  • Se rompe de manera abrupta en el 2023, el convenio de más de 30 años con la Fundación Omar Dengo FOD, sin una propuesta de transición ni negociación entre las partes para aprovechar el aprendizaje y las oportunidades de mejora.
  • El Consejo Superior de Educación aprueba en octubre de 2023 el Programa Nacional de Formación Tecnológica PNFT. La visión del PNFT considera la tecnología digital como una asignatura que sería evaluada como todas las demás, dejando de lado el uso de tecnologías digitales como herramienta para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico y computacional.
  • El MEP cuenta con 215 mil artículos, valorados en 12.485 millones de colones de los cuales 50.193 son activos completamente nuevos, en las bodegas la empresa Mudanzas Mundiales. que pasaron al MEP al romperse el convenio con la FOD y actualmente se encuentra en un contencioso administrativo.
  • El MEP alega en 2024, falta de docentes de informática y otros problemas en los trámites administrativos para compra pública por lo que traslada 8.500 millones de colones destinados a compra de tecnología digital hacia infraestructura, afectando a la población estudiantil en el acceso a las tecnologías.
  • El cierre por parte del Consejo Superior de Educación de los siguientes programas: Programa Nacional de Innovación Educativa (PNIE), Programa Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM), Colegios de Innovación Educativa, bilingües y con el uso de tecnología de punta, TEcno Aprender
  • El MEP argumenta que la “política” de no entrega de equipos es para “no fomentar la adicción a la tecnología” (este argumento no ha sido desmentido), según denuncia planteada por la diputada Johana Obando y publicada en varios medios de comunicación.

De acuerdo con el cartel que se estaría publicando para dotar de recursos al PNFT la visión de este programa alinea la educación a la visión del país de una economía centrada en manufactura y servicios de alta tecnología, respondiendo a la estrategia para la empleabilidad y talento humano, la tecnología digital y competencias para la vida.

Esta visión economicista, parece que solamente se puede lograr con “carritos y maletas móviles”, (que ya se venían usando) por lo que la capacidad instalada en el país y los equipos embodegados y guardados en cajas, ¿quedarían allí aguardando para ser desechados?

Se busca un proveedor único de tecnología que, aunque pueda ser práctico, impediría la incorporación de nuevas posibilidades a medida que la tecnología cambia, se estaría sujeto a lo que ofrece el proveedor, que solamente vende tecnologías y no desarrolla soluciones de educación. Y, esta tecnología que denominan como “kits de robótica”, no son las mejores para el aprendizaje de la robótica y la programación, siendo que existen algunas de menor costo y con mayor capacidad para la promoción del aprendizaje. Y, como el MEP actualmente no cuenta con las condiciones para la capacitación docente, el mantenimiento del equipo tecnológico y las condiciones de infraestructura masiva, cómo se espera que se implementen estos programas y bajo que orientaciones se realizarán la capacitación de docentes y el mantenimiento de los equipos.

Mientras tanto, los miles de niños, jóvenes y adultos estudiantes de la educación pública están siendo desprovistos de su derecho a una educación de calidad, lo que significa, que sea pertinente para el mundo incierto del Siglo XXI, que incluye, pero sin duda trasciende la realidad del mercado.

Denunciamos entonces, la bancarrota de una propuesta formativa informática que dote a la niñez y la juventud, del desarrollo de habilidades y conocimientos que les permitan recrearse y aportar de manera creativa a la sociedad (no solo manufactura). No hay una propuesta integral que aborde la inequidad, en este caso del programa de formación tecnológica, mientras no se resuelva también los problemas de infraestructura, el faltante de docentes, la capacitación docente.

Es hora de poner un alto a estas contradicciones, a este desperdicio, y retomar el rumbo de una educación alineada con los Fines establecidos en la Ley Fundamental de Educación y en las más recientes investigaciones internacionales y nacionales que apuntan a una formación integral y creativa para enfrentar la incertidumbre del mundo que se avecina.

Es hora de sentar las responsabilidades por las decisiones de la Gobernanza del sistema, ocurrentes y sin fundamento que nos están llevando a esta situación de emergencia.

Apelamos a la ciudadanía costarricense para que se unan a denunciar estas situaciones de manera que no haya impunidad. Nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos estudiantes requieren contar con las herramientas digitales para conocer y recrear su entorno.

Suscribimos,

Badilla Saxe, Eleonora
Chacón Ramírez, Silvia
Chan Jiménez, Yalile
Salguero Moya, Karla
(Movimiento Mauro Fernández Acuña)

U Públicas: Pilar de desarrollo social y económico ante la incertidumbre que amenaza su tesoro más valioso, “La educación”

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Renzo Kcuno Aimituma

A lo largo de muchas décadas, Costa Rica ha sido reconocida como un país que prioriza la educación, con una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina (98.04%), así lo respaldan organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, que señalan a Costa Rica como un ejemplo a seguir; sin embargo, en los últimos años ha surgido una preocupación no menor, y es que, cada vez hay una mayor incertidumbre que amenaza la educación.

En la actualidad, las Universidades Públicas están a la espera de una decisión que se está definiendo en la Asamblea Legislativa, debido a que el Poder Ejecutivo no logró llegar a un acuerdo viable con las U Públicas, a fin de fortalecer la educación. Este es un hecho histórico nunca antes vivido en el país, desde que se creó el Artículo 85 en la Constitución Política de la República, el cual brinda patrimonio propio a las instituciones de educación superior estatales del país, pues es la primera vez que las negociaciones acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pasa a resolverse a la Asamblea Legislativa.

Históricamente, las Universidades Públicas de Costa Rica han sido y son vehículos de transformación y movilidad social, a lo largo de las décadas han brindado oportunidades reales a poblaciones de diversos estratos socioeconómicos, permitiendo que muchas personas puedan tener acceso a una educación de calidad. Esto, ha ayudado a reducir las brechas de desigualdad social, más sin embrago, hoy la educación se ve envuelta en una encrucijada ante la poca voluntad de los tomadores de decisiones.

Ante este escenario, surgen varias interrogantes: ¿Cuál es el futuro que le espera a Costa Rica ante los hechos más recientes?, ¿La posición del Gobierno fue la correcta?, Ante la falta de presupuesto ¿Cuál es el destino de las U Públicas?, ¿Costa Rica seguirá siendo un referente mundial de la educación? Y finalmente, respecto a la alta tasa de alfabetización que nos destaca en el ámbito mundial, ¿Podrá Costa Rica seguir acortando más esa brecha o tendrá un retroceso debido a la falta de voluntades políticas que afectan el presupuesto de la educación?, esta última pregunta es importante plantearla porque muchas de las personas profesionales que educan a nuestros hijos e hijas se han graduado en Universidades Públicas y han hecho grandes aportes en la educación del país.

Si el Fondo Especial para la Educación Superior se ve afectado, esto tendrá repercusiones importantes en temas de educación de calidad, en procesos de investigación, desarrollo e infraestructura e incluso, en becas para estudiantes, quienes dependen de ellas para continuar con su formación profesional. Sin recursos suficientes, las Universidades Públicas ven comprometida su capacidad de responder a las necesidades del país.

Es por ello que, la educación superior pública debe ser vista como una inversión a largo plazo y no como un gasto, ya que cada colón invertido genera réditos para Costa Rica, con profesionales altamente capacitados, con instalaciones educativas óptimas para desarrollar investigación y generar innovación, con espacios para promover el arte, el deporte, la recreación y la cultura, así como la movilidad educativa de la población estudiantil, sin olvidar las acciones de extensión universitaria que buscan promover el desarrollo del país, acompañándoles en cada propuesta, proyectos locales, emprendimientos y muchas otras alternativas educativas, a fin de seguir protegiendo el tesoro más valioso de Costa Rica, “La educación”.

¿La nueva ruta de la educación costarricense?

Escrito el . Publicado en Educación.

Dra. Yamileth González
Ex-Rectora UCR, Colectivo Mujeres por Costa Rica

Hemos escuchado al presidente decir que gobierna para los pobres y que va a eliminar las “coronas” que tradicionalmente llevaron algunos funcionarios de gobiernos anteriores. Nada más alejado de la verdad, sus años de gobierno muestran lo contrario: la reducción del presupuesto en educación ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de los grupos más vulnerables, precisamente esos que dice proteger y ¡gran contradicción! muchos de los cuales, absurdamente, son, engañados, los que le dan apoyo.

La crisis educativa que hoy se vive, profundizada por este gobierno, tiene como efecto que miles de estudiantes, la mayoría de las zonas urbanas marginales y costeras, dejen las aulas: en 2023, más de 23 mil abandonaron los centros educativos a consecuencia de la reducción de las becas, de la alimentación y del transporte; servicios que, tradicionalmente, recibían y ahora, el gobierno les quita; imposible para este grupo, estudiar sin esos beneficios, son jóvenes de hogares muy pobres, muchos de Puntarenas (el 22% ) y de Limón ( 23% ). Otro severo golpe lo constituye el reciente recorte al presupuesto de los colegios científicos, un bastión significativo de la educación pública.

Se ha estimado que sólo en 2023, el recorte de becas lleva a casi 6 mil hogares a la pobreza y a muchos menores de edad a la pobreza extrema y que 7.000 estudiantes dejaron las aulas. El problema crece ya que no solo caen en la pobreza, sino que, al abandonar sus estudios, son fácilmente reclutados por bandas criminales, o sea, que estos recortes expulsan a los jóvenes de los centros escolares, los empobrecen y los llevan a las filas de la delincuencia y del narcotráfico. ¿Será esta la nueva ruta de la educación costarricense?

Así, el panorama nacional es desolador: con este gobierno se ha ampliado la desigualdad y la brecha entre la educación pública y la privada ha crecido; los recortes, además de menoscabar los programas de equidad ya mencionados, dejan a la enseñanza pública sin la posibilidad de enfrentar los rezagos existentes, sin la opción de crecer y mejorar, por ejemplo, la conectividad a internet de banda ancha, de acceder a servicios informáticos, al equipamiento de las bibliotecas, al desarrollo de colegios científicos, a los bilingües y del bachillerato internacional; no permiten fomentar habilidades científicas en la juventud, ni ampliar el currículo completo para educación primaria…, condiciones con las que si cuenta la educación privada.

Los estudiantes de colegios públicos quedan en condiciones de inferioridad, sin posibilidad de avanzar, de tener en el futuro trabajos más calificados o ingresar a la educación superior. ¿Tienen las universidades la responsabilidad de que no ingresen a sus aulas más estudiantes de colegios públicos? ¿o es el gobierno que, con sus políticas, propicia esa desventaja? Es urgente hacer valer el derecho de la juventud de las zonas marginales y menos favorecidas, a tener una formación que les de mejores posibilidades de desarrollo.

En Costa Rica hemos tenido un estado social de derecho, que debemos defender, con oportunidades para todos los grupos sociales que, sin embargo, ha venido deteriorándose, y este gobierno ha agudizado con acciones inauditas, afectando principalmente a la población que vive en zonas marginales y restando así las posibilidades de movilidad social, que, en otro momento, como en mi caso y muchos más, pudimos acceder a una educación universitaria de calidad para poder, de ese modo servir al país.

Imagen: compartida en varias cuentas de redes digitales.

SEC: Gobierno de Rodrigo Chaves no da prioridad a la educación pública

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación, Salud.

En un comunicado del SEC se señalan puntos claves que evidencian la posición de la administración Chaves Robles contraria a dar la posición de prioridad para la educación pública como factor de desarrollo. SURCOS le ofrece los elementos centrales de lo expuesto por el SEC:

Reducción presupuestaria: Se menciona que, en 2023, 2024 y 2025, el presupuesto para la educación pública ha sufrido reducciones, a diferencia de años anteriores donde la inversión en educación era más estable.

Las prioridades deben ser la educación y salud. Se argumenta que la educación y la salud pública deben ser prioridades innegociables en el presupuesto nacional. El gobierno actual, según los críticos, no ha asignado adecuadamente los recursos necesarios para estas áreas vitales.

La capacidad de Gobernar. Se cuestiona la capacidad del gobierno para asignar recursos públicos de manera efectiva y estratégica. Se alega que la administración actual, incluyendo al ministro Acosta, el presidente Chaves, y la ministra de educación no ha demostrado la habilidad para gestionar adecuadamente el financiamiento para la educación.

Respeto al presupuesto para la educación pública: Se hace una comparación con el año 2020, cuando Costa Rica destinó el 7.32% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación sin necesidad de medidas extraordinarias como la liberación de presos para financiar la educación según lo mencionó el ministro de Hacienda Noghi Acosta.

Reducción progresiva. Se menciona que el presupuesto para la educación ha sido reducido de manera progresiva: 5.37% en 2023, 5.21% en 2024 y 4.83% en 2025.

Se critica a la ministra de Educación, Katharina Müller, por no defender el presupuesto de manera firme y efectiva. Se argumenta que ella ha permitido que el presupuesto para la educación se reduzca sin protestar o luchar para que se mantenga.

Müller es descrita como la primera ministra de educación que ha permitido la reducción del presupuesto educativo sin tomar medidas significativas para evitarlo.

La reducción del presupuesto se asocia con la posibilidad de que miles de jóvenes sean expulsados del sistema educativo, lo que podría llevar a mayores problemas sociales como la falta de oportunidades laborales, el aumento del narcotráfico y el crimen organizado.

Se propone que, en lugar de reducir el presupuesto para la educación, se debería priorizar el financiamiento a esta área sobre el servicio de la deuda pública, reduciendo así las partidas asignadas al pago de intereses y capital de la deuda.

Se exige la renuncia del ministro de Hacienda Noghi Acosta y de la ministra de Educación Katharina Müller. Se argumenta que ambos han demostrado incapacidad y desinterés en la educación, lo que es visto como una violación a la ley y una injusticia deliberada.

Se sugiere que sus acciones deberían ser calificadas y sancionadas por los Tribunales de Justicia, subrayando que no hay espacio para la ignorancia deliberada en la gestión pública.

Conformación del Frente de Lucha en Defensa de la Educación Pública

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

El Modelo Educativo Público de Costa Rica presenta actualmente un detrimento en términos de recortes presupuestarios para sustentar la infraestructura, planificación y demás elementos esenciales para este sistema.

Desde el año 2014 se acuerda asignar un 8% del PIB para educación pública, sin embargo, al año 2024 no se ha cumplido; se estima un 4% del PIB asignado a este sector para el año 2025.

Por tal razón, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) invita a las organizaciones sociales y sindicales a conformar un Frente de Lucha en Defensa de la Educación Pública.

La reunión será el sábado 20 de julio a las 8: 00 a.m, en la Sede de Caja de Ande en San José..

Si usted es parte de una organización social o sindical, llame al 2547-7861 para coordinar su asistencia.

¡El presupuesto no se negocia!

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¿Quién inventó lo del 8% a la educación pública?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Margarita Bolaños Arquín

Bien sabemos que hacer cambios en nuestra Constitución Política es muy complejo. Se requiere de arduas y prolongadas negociaciones, y esperar el momento oportuno de alineación de los planetas. Pues ese fenómeno astral ocurrió precisamente el 26 de mayo del 2011, cuando se dieron las condiciones necesarias para la aprobación de la REFORMA DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN, Ley No.8954 y, con ella, el aumento al 8% del PIB.

La reforma del 2011 establece claramente el derecho y refuerza la visión de la educación pública como un sistema. Además, condiciona que “El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios”.

Pero hay que retroceder en el tiempo para entender las razones que justificaron la aprobación del 8%. En el año 1997, el artículo 78 de la Constitución Política fue reformado según Ley No. 7676, para darle rango constitucional al 6%. El porcentaje alcanzado tampoco fue una ocurrencia, fue corolario de las presiones, propuestas y negociaciones de los movimientos sociales, que, desde distintas posiciones, se opusieron a la privatización de los servicios públicos como la panacea neoliberal para modernizar al Estado y acabar con la pobreza.

Recordemos la huelga de cinco semanas del magisterio nacional en julio-agosto 1995. Esta inicia con la reforma al régimen de pensiones, pero deja al descubierto las debilidades del sistema educativo para enfrentar las amenazas de la globalización y la creciente desigualdad social, producto de los cambios en la estructura agroindustrial promovidos por los PAES. En un ambiente de tensiones políticas y críticas al Pacto Calderón-Figueres, se aumenta el porcentaje del PIB destinado a la educación y se decreta la Política hacia el siglo XXI que marca la llegada de INTEL a Costa Rica, como bien lo describe el ex ministro de educación de esos años, Eduardo Doryan en sus memorias.

La gradualidad del aumento del PIB al 8% a la educación está ligada a las presiones y negociaciones promovidas por los movimientos sociales y las fuerzas políticas representadas en el legislativo y en el ejecutivo por mantener, por un lado, sus intereses y la estabilidad política y por otro, el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación pública como motor del desarrollo económico y la movilidad social.

Con la aprobación en primer debate de la “Ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado” (Combo del ICE), en marzo del 2000, se reactivan de nuevo los movimientos de defensa de la institucionalidad democrática y la educación pública ante un escenario global y nacional incierto. Sin dar tregua, dos años después se abre un nuevo capítulo: el Tratado de Libre Comercio (CAFTA), otra amenaza, esta vez de naturaleza extraterritorial. El país vivió un periodo de siete años de análisis, debates y recomendaciones múltiples para enfrentar el futuro. Durante la discusión del CAFTA sí hubo cambios importantes en la arquitectura institucional, pero no se dieron los resultados económicos prometidos por sus defensores.

Firmado el CAFTA, el aumento al 8% para el financiamiento de la educación se valoró como una medida necesaria para afrontar la apertura y sus consecuencias: automatización del trabajo, rezago tecnológico, infraestructura limitada y los intereses corporativos nacionales y transnacionales por cooptar el mercado de las telecomunicaciones. Desde las universidades públicas y los gremios de educación, la propuesta de aumento se consideraba clave. El partido Acción Ciudadana para la campaña electoral del 2006-2010, lanza en su programa de gobierno el aumento al 8% y lo justifica reconociendo los aciertos y las falencias del sistema educativo en las décadas anteriores. Su fracción legislativa (2010-2014) continuó trabajando la propuesta. Gracias a la creación de la Alianza Parlamentaria por Costa Rica, que aglutinó la mayoría de la oposición al Partido Liberación Nacional, y con Juan Carlos Mendoza en la presidencia del directorio, se logra aprobar la reforma escalonada para alcanzar el 8%.

Es un logro de muchos años de negociaciones, manifestaciones, cambios político-electorales y esfuerzos de diversos sectores del espectro ideológico costarricense. Es, estemos de acuerdo o no con los logros y alcances de las negociaciones, un triunfo político en democracia que siguió la vía constitucional.

Señora ministra Anna Katharina Müller Castro, La Ley Fundamental de Educación aprobada en 1957, con algunas modificaciones en los últimos años, continúa siendo faro y luz para no perderse en la oscuridad del Universo, los vertiginosos cambios tecnológicos, las amenazas del cambio climático y la pérdida de esperanza en el futuro.

Mesa de Diálogo Social y Productivo exige destitución de ministra de Educación, Anna Katharina Müller y rechaza declaraciones

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller realizadas en el Congreso Futuro de la Educación convocado por ULACIT, expresa su profunda preocupación por el caos que se vive en el sector educación solicitando con urgencia la destitución de la jerarca.

Por otra parte, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Müller Castro, cuando cuestionó el criterio técnico sobre el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública y cuestiona que la máxima jerarca de la educación no defienda la inversión garantizada por el Articulo 78 de la Constitución Política, a pesar, de que la educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser defendida y fortalecida por la representante del sector, en lugar de justificar los recortes hechos como fueron los ¢1.300 millones trasladados a otra cartera.

El proyecto de Ley Presupuesto 23.912 Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024 refleja una disminución del presupuesto del MEP con respecto al Producto Interno Producto, el cual se establece en 5,22% a diferencia del 5,46% presupuestado para este año. Por lo anterior hacemos un llamado urgente a tomar medidas concretas para revertir esta situación y garantizar un futuro más promisorio para el acceso a un derecho humano como lo es la educación.

Los datos del presupuesto para el año próximo confirman la tendencia a disminuir el financiamiento de la educación superior pública y se plantea una amenaza significativa para las funciones esenciales de las universidades públicas por lo que es imperativo se revierta y se proteja la calidad y accesibilidad de la educación superior.

El incumplimiento de acuerdos nacionales y la falta de compromiso con las aspiraciones de Costa Rica en educación son inaceptables. Exigimos un compromiso renovado con los acuerdos nacionales y la cooperación entre todos los actores educativos.

La alarmante estadística que revela que solo 4 de 10 estudiantes logra ingresar a la universidad es motivo de preocupación y debe abordarse de manera urgente, esto según el último informe del Estado de la Educación 2023, presentado el pasado 31 de agosto por el Programa Estado de la Nación en Cosa Rica.

Asimismo, los resultados presentados en el IX Informe del Estado de la Educación 2023 en Costa Rica, revelan conclusiones alarmantes en materia de educación pública, como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de tercer grado y la insuficiencia de respuestas institucionales para abordar la crisis educativa.

Por tanto, las organizaciones sociales y productivas hacen un llamado imperante a la construcción de un Pacto por la Educación Pública, así como se demandó el pasado 20 de junio en la gran movilización nacional en defensa de la educación pública.

Que esta ruta, involucre a todos los sectores y actores vinculados a la educación, incluyendo al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante las universidades públicas, federaciones estudiantiles, colectivos y estudiantes diversos en secundaria, Colegios Profesionales, organizaciones del Magisterio Nacional, pero sobre todo personas y organizaciones de sociedad civil como las organizaciones comunales, padres y madres de familia, como también los sectores productivos con perspectiva de justicia social, para diseñar conjuntamente un futuro educativo sólido y equitativo para Costa Rica.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se compromete a seguir trabajando la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica y a defender los derechos educativos de todas las personas. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del presupuesto del 8% del PIB para la educación pública, ya que consideramos que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad en materia de derechos humanos y garantías sociales, a su vez el futuro de nuestras generaciones.

Un triunfo para avanzar

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Ángel Salazar Oses

Que este primer triunfo obtenido por la defensa del presupuesto para la educación, gracias a la reafirmación de la natural unidad Pueblo consciente – universidades estatales, nos anime a fortalecer al máximo esta unidad y, en ella y por ella, convertir a nuestro país en una auténtica Democracia Participativa, donde impere la JUSTICIA INTEGRAL, esto es Económica, Política, Social, Cultural, y Ecológica.

Merecemos por todo lo sufrido, vivir en este nuevo y auténtico paraíso terrenal que unides empezaremos a construir ahora, máxime que la Madre Naturaleza ya nos dotó del Edén que habitamos.