Pronunciamiento de la Organización Cívica Madre Tierra en defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad del desarrollo
La Organización Cívica Madre Tierra, comprometida con la democracia, la justicia social, la sostenibilidad y los derechos ciudadanos, se pronuncia ante la coyuntura política de Costa Rica.
El país enfrenta una disyuntiva que trasciende el ciclo electoral: está en juego el tipo de democracia y de sociedad que queremos construir.
Defensa de la democracia y del Estado de derecho
Reafirmamos que ningún poder político puede estar por encima de la Constitución, el Estado de derecho, la separación de poderes y los derechos ciudadanos.
La democracia debe protegerse frente a cualquier intento de concentración del poder o debilitamiento institucional. Sin embargo, defenderla no implica aceptar como intocables sus formas actuales.
Una democracia sólida no solo resguarda sus logros, sino que también reconoce sus debilidades y se reforma para superarlos.
Escuchar y comprender el malestar ciudadano
El descontento social responde a desigualdades persistentes, pérdida de oportunidades, deterioro de servicios públicos y una creciente distancia entre las instituciones y la ciudadanía.
Este malestar no debe confundirse con intentos de debilitar la democracia. Quienes exigen cambios no son enemigos del sistema democrático.
Por el contrario, una democracia fuerte es aquella que escucha, responde y se transforma a partir de las demandas sociales.
Las instituciones pertenecen a la ciudadanía
Las instituciones no son propiedad de los gobiernos de turno, sino patrimonio de toda la sociedad.
Deben ser defendidas frente a intentos de captura o debilitamiento, pero también transformadas cuando dejan de responder a las necesidades del país.
El desafío no es conservarlas o eliminarlas, sino hacerlas más transparentes, eficientes, participativas y cercanas a la ciudadanía.
Es necesario reconocer que debe mejorarse la calidad y la eficiencia en la ejecución de las políticas institucionales.
No al regreso al pasado: una tercera vía democrática
Costa Rica no debe elegir entre el autoritarismo y la ineficiencia institucional.
Existe una tercera vía: una democracia renovada, socialmente justa, participativa, y ambientalmente sostenible, como está plasmado en nuestra Constitución.
Una democracia que garantice libertades, reduzca desigualdades, democratice el poder y haga efectivos los derechos en la vida cotidiana.
En un régimen democrático, los gobernantes deben ser capaces de establecer políticas concertadas entre los diversos sectores sociales y políticos, en lugar de pretender imponer, en el ejercicio del gobierno, las políticas al resto de la sociedad, procurando siempre escuchar y comprender el malestar de los distintos sectores que forman parte de la sociedad civil.
En el ejercicio democrático del poder, debe ser un principio político fundamental, para los distintos poderes de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, velar permanentemente por la accesibilidad de todos los sectores de la población, y principalmente de la ciudadanía, a la formulación y discusión de las políticas públicas, procurando en todo momento, acortar la distancia entre el gobierno y la ciudadanía.
Democracia, justicia social y sostenibilidad ambiental
La democracia no puede separarse de la justicia social ni de la protección del ambiente.
No es plenamente legítima si amplios sectores carecen de oportunidades o si se compromete el patrimonio natural de las futuras generaciones.
Defender la democracia es también defender el derecho a un futuro digno, equitativo y sostenible.
Una unidad democrática con visión de futuro
La unidad democrática no puede limitarse a la oposición al autoritarismo.
Debe responder a una pregunta fundamental: ¿qué país queremos construir?
La respuesta debe incluir más participación ciudadana, justicia social, transparencia, igualdad de oportunidades y protección ambiental.
La democracia debe ser un proyecto de futuro, no solo un mecanismo de contención.
Diálogo democrático y cohesión social
Las diferencias políticas no deben convertirse en enemistades sociales.
La democracia exige diálogo, respeto y construcción de acuerdos entre posiciones distintas.
Transformar las instituciones no es destruirlas; defenderlas no es inmovilizarlas.
Hacia una nueva democracia para Costa Rica
Costa Rica necesita avanzar hacia una democracia:
más participativa y representativa, como lo establece la Constitución
más transparente y cercana a la ciudadanía
más justa e igualitaria
más solidaria y sostenible
más respetuosa de los derechos humanos
más capaz de evitar la concentración del poder
No buscamos una democracia que solo resista, sino una que se renueve y se fortalezca.
Compromiso ciudadano
Hacemos un llamado a organizaciones sociales, académicas, sindicales, empresariales, políticas democráticas y ciudadanas a defender la democracia y transformarla.
La mejor forma de protegerla es hacerla más democrática.
Costa Rica no debe elegir entre el pasado y el autoritarismo
Debe construir una nueva democracia: más justa, más participativa y al servicio de la ciudadanía.
El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.
En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.
Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.
Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.
La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.
Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.
De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.
Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.
La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.
Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.
Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.
¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?
Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?
¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?
¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?
Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.
Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.
En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.
Estos dineros están vinculados a procesos judiciales y no forman parte de ningún fideicomiso.
Los recursos se mantienen en el Sistema de Depósitos Judiciales, únicamente pueden ser girados a las personas usuarias cuando una autoridad judicial así lo ordene, mediante una sentencia en firme.
Los recursos que el Poder Judicial custodia mediante depósitos judiciales no pertenecen a la institución ni forman parte de un fideicomiso. Se trata de dineros de personas usuarias, vinculados a procesos judiciales en los que una autoridad judicial ha ordenado un embargo, una retención u otra medida, así como los dineros de pensiones alimentarias que deposita la parte obligada y se giran, mensualmente, en favor de la actora, generalmente mujeres en condiciones de vulnerabilidad y personas menores de edad.
Estos fondos son custodiados y administrados por el Poder Judicial mediante el Sistema Automatizado de Depósitos Judiciales, a la espera de que una autoridad judicial autorice su giro.
En las cuentas del Banco de Costa Rica, se mantienen también los intereses generados por estos recursos, que, conforme lo dicho por la Sala Constitucional, son de las partes y se giran cuando la Autoridad Judicial lo disponga.
El Poder Judicial no recibe ningún beneficio económico por la custodia o administración de estos recursos.
En el caso de los recursos que se mantienen en el Sistema de Depósitos Judiciales, únicamente pueden ser girados a las personas usuarias cuando una autoridad judicial así lo ordene, mediante una sentencia en firme. En estos casos, se entrega el monto que corresponda, junto con los intereses generados.
De manera excepcional, cuando un proceso judicial es declarado en abandono y existen recursos a en el expediente, estos fondos son trasladados al Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cumplimiento de la Ley N.° 9578.
El Poder Judicial reitera que, los fondos de quienes son partes en los procesos judiciales son intocables, porque constituyen propiedad privada. Solo las personas juzgadoras pueden definir a quién se giran y no se pueden destinar a fines distintos a los del proceso judicial.
Recursos del fideicomiso para construcción
Los recursos del fideicomiso del Poder Judicial destinado a la construcción de infraestructura judicial son fondos diferentes a los depósitos judiciales.
Estos recursos se encuentran bajo custodia en la Caja Única del Estado. Actualmente ascienden a $82 millones y son para proyectos en desarrollo. No ascienden a $900 millones, como erróneamente se ha indicado, a pesar de la institución lo ha aclarado ya en diversas ocasiones.
El objetivo del fideicomiso es financiar proyectos de infraestructura judicial y atender el déficit de edificios y espacios adecuados, para brindar los servicios judiciales.
Con estas obras también se busca reducir el gasto por alquileres y generar un ahorro para el Estado.
Desde el 2014 Corte Plena y Consejo Superior, definieron las prioridades de construcción, en las diferentes provincias, con la aprobación del Plan de Construcciones.
Este plan define las necesidades de infraestructura y establece como prioridad la atención de las zonas más críticas, donde se requieren oficinas con condiciones adecuadas y seguras, tanto para las personas servidoras judiciales, como para quienes utilizan los servicios del Poder Judicial.
Recursos Fondo de Emergencias
Se tienen ¢5.074 millones que corresponden al Fondo de Emergencia del Poder Judicial. Corresponde a los dineros autorizados según artículo 250 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para lo cual se mantiene un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) con un fin específico para atender emergencias declaradas, en procura de la continuidad del servicio y no puede ser utilizado para otro cometido.
Estos dineros se mantienen depositados en cuentas de Caja Única del Estado del Ministerio de Hacienda. El Poder Judicial no recibe rendimientos de estos recursos, sino que los percibe el Ministerio de Hacienda.
Advierten que conformar el Consejo de Cinematografía y Audiovisual sin reglamento a la Ley debidamente publicado, ni reglas claras de participación, atenta contra la seguridad jurídica, resta competitividad al sector y debilita la representación de áreas como animación, videojuegos, distribución, actores, actrices y personas intérpretes.
San José, Costa Rica, 23 de julio de 2026. Organizaciones y personas trabajadoras del sector audiovisual solicitan al Ministerio de Cultura y Juventud que brinde información clara, pública y verificable sobre el estado real de la reglamentación de la Ley de Cinematografía y Audiovisual, Ley N.° 10657, así como sobre los criterios y plazos que regirán la conformación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual.
Con el espíritu de reunir la diversidad del sector y entender la situación actual con la reglamentación de la Ley N.º 10657, la Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA), la Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC), Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica (CCR), la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica (UDCCR), Asociación de Documentalistas de Costa Rica (DOKUS), InterArtis Costa Rica, Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica (ASODEV) y la Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense convocaron una reunión sectorial el miércoles 22 de julio del 2026.
El llamado responde a los vacíos legales, reglamentarios, administrativos y presupuestarios que persisten en la implementación de la ley. Entre los puntos críticos están la publicación pendiente del reglamento, la integración y operación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual, y la continuidad de programas estratégicos como el Fondo El Fauno, el Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC) y la participación del país en Ibermedia.
Una convocatoria apresurada y sin reglamento publicado
El día 15 de julio, el Ministerio de Cultura realizó una convocatoria para que las organizaciones postularan las ternas de personas que conformarían un nuevo Consejo de Cinematografía y Audiovisual. Si bien esa convocatoria fue publicada en el Alcance N.° 90 a La Gaceta N.° 131 del 15 de julio de 2026, no fue difundida en diarios de circulación nacional y únicamente se socializó el día 21 de julio en redes sociales. Sin embargo, las organizaciones del sector audiovisual consideran que, sin un reglamento debidamente emitido por el Poder Ejecutivo (el cual debe hacer operativa la ley vigente desde octubre de 2025), sin claridad sobre la situación jurídica e institucional del Consejo de Cinematografía y Audiovisual y sin la definición de un procedimiento transparente para la presentación, valoración y selección de las ternas, resulta un despropósito exigir la participación del sector en estas condiciones, pues implica transferir una carga institucional sin ofrecer las garantías mínimas de legalidad, seguridad jurídica, transparencia y legitimidad que el proceso requiere.
El edicto no precisa los requisitos de las candidaturas, los documentos por presentar, los mecanismos para acreditar la pertenencia a cada sector, la forma de resolver la eventual presentación de varias ternas ni los criterios que usará el Ministerio para efectuar los nombramientos. Esta falta de información es, precisamente, lo que el Reglamento debía definir y lo que las organizaciones piden subsanar de forma inmediata y pública.
Un borrador de reglamento que genera incertidumbre
Existen serias dudas acerca de la regularidad jurídica de la convocatoria pública para postulación de ternas para el nombramiento de miembros del Consejo de Cinematografía, sin que haya sido debidamente decretado el reglamento de la Ley. En efecto, el artículo 7 de la Ley expresamente indica que el procedimiento para el nombramiento del Consejo “será establecido mediante el reglamento respectivo”. En consecuencia, no es legalmente viable que tal nombramiento pueda realizarse sin un procedimiento establecido en la norma que reglamenta la ley, debidamente decretada por el Poder Ejecutivo.
La incertidumbre se agrava porque la versión del borrador del reglamento que circula públicamente identificada como versión 14, fue previamente socializada mediante un proceso de consulta pública y a la fecha continúa disponible como documento descargable en el sitio web del Centro Costarricense de Cine, aunque no ha sido firmada por el Poder Ejecutivo.
Las organizaciones señalan que los plazos de postulación que propone el Ministerio contradicen de forma directa incluso el borrador del reglamento ya socializado. El artículo 7 del borrador del reglamento dispone que debe otorgarse un plazo de 15 días naturales para recibir las postulaciones de las organizaciones. Sin embargo, la convocatoria del Ministerio brinda apenas 9 días naturales después de la publicación oficial, seis días menos del mínimo que establece el propio texto reglamentario que el Ministerio sometió a consulta pública.
A esto se suma que el Ministerio envió un oficio a ciertas organizaciones con requisitos de postulación, sin que quede claro el criterio de escogencia de las organizaciones a las que se dirigieron. Además, varios requisitos no están contemplados en la Ley, ni en el borrador de reglamento socializado ni en el edicto publicado en La Gaceta. Es decir, no se explica públicamente el fundamento jurídico de estas exigencias adicionales ni el plazo real con que contarían las organizaciones para reunir dicha documentación.
Estas inconsistencias refuerzan la necesidad de que el Ministerio aclare, de manera pública, con base en qué marco normativo vigente sustenta la convocatoria actual.
“Solicitamos que ambos procesos se realicen con legalidad, transparencia, participación y seguridad jurídica. La urgencia institucional no puede sustituir el procedimiento que la propia ley ordena desarrollar mediante reglamento”, señalaron las organizaciones firmantes.”
Un Consejo con poder decisorio
El Consejo de Cinematografía y Audiovisual no será una instancia meramente consultiva. La Ley N.° 10657 le asigna funciones determinantes para el funcionamiento del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual: aprobar políticas, planes, estrategias y presupuestos; definir las reglas de los recursos concursables; nombrar a los jurados que seleccionan proyectos; nombrar y remover a la Dirección General del Centro y la Dirección de la Cinemateca Nacional; aprobar los reglamentos de organización y funcionamiento; y supervisar la ejecución de programas y recursos públicos.
Por la magnitud de estas responsabilidades, las organizaciones consideran que su conformación debe estar precedida de reglas claras, plazos razonables y condiciones que permitan una participación efectiva de todos los sectores representados. Una integración apresurada podría debilitar la legitimidad del órgano colegiado, comprometer la idoneidad técnica de sus integrantes y generar cuestionamientos posteriores sobre su representatividad, transparencia y validez.
Riesgo de menor representatividad para sectores históricamente excluidos
La nueva ley amplía la composición del Consejo de tres a siete integrantes e incorpora formalmente representaciones de sectores que antes no tenían voz ni voto en ese órgano, entre ellos la animación digital, los videojuegos, actores, actrices y personas intérpretes así como otros oficios creativos vinculados con la dirección y la escritura cinematográfica y audiovisual.
Este avance representa una oportunidad histórica para reconocer la diversidad del ecosistema audiovisual costarricense. Sin embargo, un proceso acelerado, sin reglamento y sin mecanismos claros de información, podría producir el efecto contrario: limitar la participación de colectivos y organizaciones emergentes, privilegiar a grupos de interés con mayor capacidad administrativa y reducir la representatividad efectiva de los sectores recién incorporados.
Las organizaciones firmantes advierten que la participación no debe reducirse a la presentación apresurada de nombres. Debe garantizarse que las personas postuladas cuenten con respaldo sectorial, conocimiento del ámbito que representarían y condiciones para rendir cuentas ante las organizaciones y comunidades de su sector.
Incertidumbre institucional y pérdida de competitividad
La acumulación de vacíos reglamentarios, administrativos y presupuestarios mantiene al sector en una situación de incertidumbre que podría restarle competitividad al país. La falta de reglas claras y de autoridades plenamente constituidas puede afectar la planificación de producciones, la atracción de inversiones, la creación de empleo, el acceso a coproducciones internacionales, la formación profesional y la continuidad de los programas públicos de estímulo, exhibición y circulación audiovisual.
Costa Rica ha desarrollado en los últimos años capacidades técnicas, profesionales y empresariales que le permiten competir como destino para producciones nacionales e internacionales. Pero esa competitividad también depende de instituciones estables, procedimientos previsibles y políticas públicas sostenidas en el tiempo. La incertidumbre actual podría debilitar la confianza de compañías productoras, inversionistas, fondos internacionales y organismos de cooperación que requieren interlocutores institucionales claros y marcos normativos confiables.
El Fauno continúa sin resultados anunciados
La convocatoria del Fondo de Fomento Audiovisual y Cinematográfico El Fauno establecía el 17 de julio de 2026 como fecha para anunciar los proyectos beneficiados, pero los resultados no se publicaron según lo previsto, y el Ministerio no ha informado públicamente las razones del retraso.
El Fauno es el único fondo público permanente de fomento cinematográfico y audiovisual del país, esencial para el desarrollo de proyectos de cine, televisión, animación, videojuegos y otras expresiones audiovisuales. De acuerdo con su normativa, el Consejo de Cinematografía y Audiovisual debe intervenir en la fase final del proceso, por lo que su falta de integración genera incertidumbre sobre la declaratoria de los proyectos seleccionados, el giro de los recursos y la formalización de coproducciones internacionales.
Las organizaciones solicitan al Ministerio que informe públicamente sobre el estado actual del proceso de evaluación, la situación de las recomendaciones emitidas por el jurado, la nueva fecha para anunciar los proyectos beneficiados por El Fauno y el fundamento jurídico que permitirá concluir la convocatoria.
Debilitamiento de la capacidad operativa del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual
La ausencia de un Consejo de Cinematografía y Audiovisual constituido y de una persona a cargo de la Dirección del CCCA genera preocupación sobre la continuidad del Costa Rica Festival Internacional de Cine, la participación costarricense en Ibermedia, el funcionamiento de la Cinemateca Nacional y los demás programas administrados por el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual.
El CRFIC es una de las principales plataformas públicas de exhibición, formación y circulación cinematográfica del país. Ibermedia, por su parte, es un mecanismo fundamental para el desarrollo, la coproducción con países de la región y la internacionalización de obras costarricenses.
Las organizaciones consideran necesario que el Ministerio presente, de forma pública, un plan que garantice la continuidad presupuestaria, administrativa y operativa de estos programas, independientemente de los procesos de transición institucional.
Recursos generados por la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas
En 2025, Costa Rica recibió más de US$11 millones en inversiones vinculadas con producciones audiovisuales internacionales, resultado del trabajo de promoción, facilitación de trámites y coordinación institucional realizado por PROCOMER y la Comisión Fílmica. La ley traslada recursos generados a través de incentivos fiscales de dichas producciones al Centro Costarricense de Cine y Audiovisual. Sin embargo, persisten interrogantes, no resueltas públicamente, sobre la transferencia de dichos recursos derivados de la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, los cuales a su vez deben contribuir al financiamiento del Fondo El Fauno.
Por ello, las organizaciones solicitan una rendición de cuentas pública sobre los recursos generados desde la entrada en vigencia de la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, los montos trasladados al Centro Costarricense de Cine y Audiovisual, los recursos pendientes de transferencia, y las medidas previstas para fortalecer los encadenamientos entre la inversión extranjera y el sector audiovisual nacional.
Petición al Ministerio de Cultura y Juventud
Las organizaciones firmantes solicitan al Ministerio de Cultura y Juventud los siguientes puntos:
Tramitar la firma definitiva del reglamento de la Ley N.° 10657 de forma inmediata, a efectos de completar legalmente el procedimiento de integración del Consejo.
Actualizar las bases de datos de las diversas representaciones de los subsectores, y comunicar con claridad quiénes son los implicados en las diversas convocatorias.
Una vez conformado el Consejo de Cinematografía y Audiovisual, presentar un plan de continuidad institucional y presupuestaria, con cronograma público, para El Fauno, el CRFIC, Ibermedia, la Cinemateca Nacional y los demás programas del CCCA.
Rendir cuentas de manera pública y detallada sobre los recursos generados por la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas y su traslado al fomento audiovisual nacional.
Las organizaciones reiteran su disposición a colaborar con el Ministerio de Cultura y Juventud para encontrar soluciones jurídicas, administrativas y presupuestarias que permitan implementar la Ley de forma ordenada, transparente y sostenible.
La nueva Ley de Cinematografía y Audiovisual constituye una oportunidad histórica para fortalecer el sector, ampliar su diversidad y consolidar la presencia del país en los mercados internacionales. Aprovecharla exige, ante todo, información clara y verificable, procesos transparentes y pleno respeto por el ordenamiento jurídico.
Organizaciones firmantes
Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA)
Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC)
CCR – Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica
Unión de Directoras de Cine de Costa Rica
DOKUS – Asociación de Documentalistas de Costa Rica
Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica (ASODEV)
InterArtis Costa Rica
Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense
CROWE HORWATH CR Sociedad Anónima asumirá un panorama financiero de alta complejidad
Aunque parezca increíble, la insigne institución que maneja un presupuesto superior a ₡7,3 billones anuales y reservas por otro tanto similar aportados por sus asegurados, patronos y el Estado, se maneja sin estados financieros desde hace 14 meses.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) preguntó a la presidente ejecutiva de la CCSS Mónica Taylor Hernández una fecha tentativa para la disponibilidad de tan esenciales instrumentos para la gestión adecuada de nuestros seguros. Nuestro oficio fue trasladado a la Gerencia Financiera; el Gerente Financiero Gustavo Picado Chacón contestó con oficio GF-1786-2026 del 19 de junio de 2026, indicando: “no resulta técnicamente procedente establecer una fecha definitiva hasta tanto se concluyan determinadas actividades críticas asociadas a los procesos de cierre, conciliación y validación que actualmente se encuentran en ejecución”. El Jerarca -quien estuvo suspendido con goce de sueldo por la Junta Directiva de la CCSS durante un año por “presuntas irregularidades en la presentación de los estados financieros de la entidad” siendo reinstalado en su puesto porque presuntamente no se encontraran pruebas en su contra- (Ver Despertar.cr) argumenta en su oficio GF-1786-2026, que “La Presidencia Ejecutiva de la Institución oficializó la entrada en operación del sistema ERP-SAP a partir del 02 de junio de 2025, instruyendo su uso obligatorio a nivel institucional, con el propósito de asegurar la continuidad de los servicios y la correcta implementación del nuevo sistema financiero, entre otros aspectos”.
Así mismo, Picado Chacón indica textualmente en su oficio: “En este sentido, es importante contextualizar que la Institución ha venido desarrollando un proceso de transformación estructural de la gestión financiera institucional, el cual constituye uno de los cambios más relevantes en la modernización financiera de la CCSS en las últimas décadas. En ese marco, la entrada en operación del ERP-SAP ha implicado, de manera inevitable, un período de estabilización operativa, así como ajustes en los mecanismos de integración de la información y el fortalecimiento de los controles de validación contable, particularmente en un entorno en el que convergen múltiples sistemas institucionales que alimentan la contabilidad financiera. En este contexto, ha implicado un proceso institucional de estabilización, conciliación, depuración y validación de información financiera de alta complejidad, el cual ha requerido la ejecución de actividades técnicas adicionales para garantizar la razonabilidad, integridad, consistencia y trazabilidad de los registros contables.”.
Presuntamente para el Gerente Financiero no ha sido suficiente que desde hace más de una década la CCSS ha usado dinero de los asegurados para implementar un ERP y lograr transparencia en la gestión de tantos billones de colones. Recordemos que el mismo gerente presentó en la sesión N° 8754 de Junta Directiva de la Caja, celebraba el jueves 4 de diciembre de 2014, lo siguiente (Ver Acta 8754):
“Con base en la presentación efectuada por el Lic. Gustavo Picado Chacón, en su calidad de Gerente Financiero, así como, los criterios y recomendaciones, incluidos en el oficio GF-22.830-14 del 02 de abril de 2014, cuyo contenido principal es una evaluación del estado del Proyecto de Modernización del Sistema Financiero de la CCSS y la propuesta del “Plan de Innovación para la mejora de la gestión financiera-administrativa de la CCSS basado en soluciones tecnológicas”; el oficio GF-23.343-14 del 30 de abril de 2014, relacionado con los productos contratados en la Licitación Pública 2007 LN-000022-1142, y el oficio GF-24.590-14 de fecha 14 de octubre 2014, relacionado con la definición de una fuente de financiamiento del Plan de Innovación y su mecanismo de gestión”.
En esa sesión la Junta Directiva acordó lo siguiente, entre otros acuerdos:
“ACUERDO SEGUNDO: dado su impacto en la eficiencia, eficacia y mejora de la gestión institucional, la producción de información integrada para la orientación y conducción estratégica, así como el desarrollo de un sistema de costos robusto y de alto grado de especificidad, aprobar la propuesta presentada por la Gerencia Financiera para la ejecución de la fase de diseño e integración (denominada fase cero) del “Plan de Innovación para la mejora de la gestión financiera-administrativa de la CCSS basado en soluciones tecnológicas”, cuyos principales componentes son la implementación a nivel institucional de un Enterprise Resource Planning (ERP) o Goverment Resource Planning (GRP), en las áreas financiera, administrativa y logística, así como el Proyecto de Modernización del Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE).”
Dos años después la Auditoría Interna de la CCSS, en documento ATIC-185-2016 de fecha 01-12-2016 (Ver ATIC-185-2016) recomendó lo siguiente, entre otras:
“A LIC. GUSTAVO PICADO CHACÓN, EN SU CALIDAD DE GERENTE FINANCIERO Y PATROCINADOR DEL PLAN DE INNOVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA BASADO EN SOLUCIONES TECNÓLOGICAS”
3) Instruir al Director del Proyecto para que en coordinación con la Dirección y Administración de Gestión de Personal, se establezca un plan con plazos, responsables y actividades orientados a establecer una estrategia que permita determinar la suficiencia del recurso humano requerido para el Modelo de Administración del Portafolio de Innovación así como la totalidad de los proyectos y acciones cuya ejecución son responsabilidad directa de la CCSS. En este sentido, es significativo que se valoren aspectos como:
Definir para los proyectos P1.01 Implementar y consolidar el ERP, P1.06 Preparar inventario y valuación de activos fijos y P1.11 Preparar los auxiliares de cuentas contables, el tiempo de dedicación que requiere los 104 recursos humanos, es decir, si son requeridos en forma completa o parcial.
La habilitación de las plazas requeridas a tiempo completo y parcial para los recursos de administración del Portafolio de Innovación.
Identificación de las alternativas para la asignación de plazas o reclutamiento de personal (interno o externo) en caso de ser necesario.
La definición concreta de los funcionarios y puestos que son necesarios sustituir durante el tiempo estimado de ejecución del proyecto.
Evaluación de los costos sobre el recurso humano requeridos para la ejecución del proyecto.
Otros elementos que la Dirección del Plan y la DAGP considere necesario contemplar. Plazo de la recomendación: 6 meses”
Por lo anterior, nos resulta extraña la respuesta emitida por el Sr. Picado Chacón, quien fue nombrado por primera vez como Gerente Financiero en el año 2012, sin que en tantos años que ha ocupado tan poderoso puesto haya cumplido lo que todos los asegurados esperan, transparencia en los estados financieros y costos de tan importante institución. Esto a pesar de tener a su disposición abundantes recursos financieros y humanos, incluyendo un jugoso salario mensual de ₡7,323,339.00, que es el que reciben los seis gerentes de la CCSS y el Auditor Interno Olger Sánchez Carrillo. Estos salarios compiten con el de la presidente ejecutiva Mónica Taylor Hernández, quien recibe jugosos ₡7.684.270,5 mensuales (Ver https://www.ccss.sa.cr/datos-abiertos).
La ACSS también consultó a la CCSS el motivo por el cual los estados financieros auditados del año 2024 del Seguro de Salud (SEM), de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), no están disponibles en la página web de la institución (https://www.ccss.sa.cr/financiero). Sobre este punto Picado Chacón contestó que en la sesión N° artículo 5° de la sesión ordinaria N.º 9583, celebrada el 17 de febrero de 2026, la Junta Directiva de la CCSS conoció y dio por recibidos los Estados Financieros Auditados del SEM, IVM y RNC de 2024 y acordó “Instruir al Gerente Financiero Lic. Gustavo Picado Chacón y al Lic. Jaime Barrantes Espinoza Gerente de Pensiones, la emisión y remisión de un informe certificado, con los documentos probatorios de rigor, sobre cada una de las salvedades señaladas por la firma Auditora Externa Deloitte & Touche S.A en los Informes de los Estados Financieros Auditados 2024. Lo anterior a más tardar el 05 de marzo de 2026.” Así mismo, señaló que en el artículo 2 de la sesión 9590, celebrada el 12 de marzo de 2026, la Junta Directiva acordó dar por recibidos los documentos certificados presentados por las Gerencias Financiera y de Pensiones solicitados en la sesión N.º 9583 y que también acordó lo siguiente:
“ACUERDO TERCERO: Posponer la aprobación de los Estados Financieros Auditados sobre el SEM, IVM y RNC; para luego de conocer y analizar el informe que debe rendir la empresa Auditora Externa Deloitte & Touche S.A.
ACUERDO FIRME” (Lo subrayado no forma parte del original)” (Negrilla y subrayados son del original).
En el mismo oficio el Gerente Financiero señala que “En este contexto, es importante señalar, que de conformidad al artículo 14, inciso g), de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que establece como atribución expresa de la Junta Directiva la aprobación de los balances generales de la institución; quedando su eventual aprobación supeditada al análisis de la información complementaria requerida mediante los acuerdos antes indicados. En virtud de ello, dichos documentos se encuentran pendientes de la resolución definitiva que adopte la Junta Directiva sobre su aprobación, y en el tanto dichos estados financieros no sean aprobados por el máximo Órgano Colegiado, no procede su publicación en el sitio web institucional.” (Destacado suplidos)
Así mismo, la ACSS preguntó a la CCSS el nombre de la empresa que auditará los estados financieros de la Caja de diciembre de 2025 y el costo de los servicios. En respuesta, el Gerente Financiero indica que la empresa auditora será “CROWE HORWATH CR SOCIEDAD ANONIMA” y que el costo del servicio es de ₡228,75 millones, que obviamente saldrá del dinero aportado por los asegurados de la CCSS, sus patronos y el Estado. No queda claro si ese monto es por uno o por más años, pues Picado no lo aclara en su oficio. Lo que sí queda claro es que CROWE HORWATH CR SOCIEDAD ANONIMA deberá asumir un panorama financiero cuyas verdaderas dimensiones son desconocidas por todos los asegurados que fielmente pagan las contribuciones a la benemérita institución, esperando a cambio una atención de la salud de calidad y oportuna, así como una pensión digna y con tiempo para disfrutarla. Pero también vemos en riesgo esos fondos de todos los asegurados si la Caja no logra entregar a la empresa auditora los estados financieros para su revisión debido a las dificultades que menciona Picado Chacón; o bien, si entrega información incompleta o fuera de plazo.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social le dará seguimiento a este asunto de interés público nacional.
Evaluación abarcó a 100 instituciones públicas y se realizó entre noviembre y diciembre de 2025
La Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica presentaron, esta mañana, los resultados de la evaluación piloto del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP) 2.0, correspondiente al año 2025.
El Índice de Transparencia del Sector Público es una iniciativa impulsada, desde el 2015, por la Defensoría de los Habitantes y el CICAP-UCR. Esta versión 2.0 corresponde a un plan piloto de la nueva metodología de medición 2025, que incorpora innovaciones como el uso de inteligencia artificial, estándares legales recientes y una evaluación basada en la experiencia ciudadana al solicitar información.
Los hallazgos revelan que, si bien existe un avance en la publicación de información, persisten brechas críticas en la facilidad de acceso y la rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos. La evaluación, que abarcó a 100 instituciones públicas, se realizó entre noviembre y diciembre de 2025, arrojando una calificación promedio institucional de 44.8.
El estudio destaca que la dimensión mejor calificada es la de «información institucional» (63.3), mientras que la de «presupuestos, puestos y contratación pública» es la que presenta el mayor rezago con una nota de apenas 28.0. También se analizó la participación y solicitudes de información, así como la rendición de cuentas.
El equipo evaluador identificó, entre otras cosas, que a pesar de que la información requerida suele estar publicada, su localización es compleja, la búsqueda de información requiere recorrer múltiples secciones y realizar varios “clics”, las instituciones redirigen a plataformas externas sin proporcionar enlaces específicos; además existen limitaciones en accesibilidad. Por otra parte, se identificó la presencia de documentos correspondientes a años anteriores y secciones sin actualización durante largos periodos.
Según esta medición, las cinco instituciones con mejores resultados bajo esta nueva metodología son:
Ministerio de Panificación Nacional y Política Económica (78.5)
Universidad de Costa Rica (76.7)
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (75.7)
Municipalidad de Heredia (73.1)
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (70.9)
“Hemos avanzado en mostrar quiénes somos como instituciones, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer para mostrar, con claridad y calidad, qué hacemos, cómo lo hacemos, con qué recursos, con qué resultados y con qué mecanismos de control ciudadano. La transparencia exige comprender algo fundamental: la información pública no pertenece a las instituciones; pertenece a la ciudadanía”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) recibió respuesta formal por parte de la Secretaría de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en relación con la solicitud de información sobre el reajuste de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC).
Mediante el oficio SJD-0222-2026, fechado el 6 de febrero de 2026, la CCSS acusó recibo del oficio ACSS-001-2026, presentado el 30 de enero de 2026, en el cual la Auditoría Ciudadana solicitó información vinculada a los reajustes de las pensiones, retomando además lo señalado previamente en el oficio ACSS-003-2025.
En la comunicación oficial, la Secretaría de la Junta Directiva informa que, en atención a las instrucciones de la jefatura de esa dependencia y con base en la delegación conferida mediante el oficio SJD-0192-2026, se solicitó el criterio técnico correspondiente a la Gerencia de Pensiones, el cual fue formalizado mediante el oficio GP-0029-2026.
Según lo indicado, dicho criterio técnico será incorporado en la agenda de la Junta Directiva de la CCSS y sometido a conocimiento y análisis en una próxima sesión. Una vez que ese órgano colegiado adopte una resolución, se comunicará oficialmente a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.
Este acuse de recibo y la remisión del tema a la Gerencia de Pensiones se inscriben en una serie de acciones sostenidas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social orientadas a dar seguimiento público y documentado a decisiones que afectan directamente a personas pensionadas del IVM y del Régimen No Contributivo, sectores especialmente sensibles ante el contexto económico y social actual.
Desde SURCOS se continuará dando seguimiento a este proceso, en tanto el eventual reajuste de las pensiones constituye un asunto de interés público, relacionado con el derecho a la seguridad social, la transparencia institucional y el acceso oportuno a información clara por parte de la ciudadanía.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) informó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)acusó recibo oficial de la documentación presentada en el marco de la solicitud ACSS-001-2026, relacionada con el reajuste de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC).
El acuse de recibo fue enviado el viernes 30 de enero de 2026 desde la cuenta institucional de Correspondencia de la CCSS, en el cual se indica que la documentación remitida será asignada a la unidad destinataria para el análisis de los requisitos de admisibilidad, y que, de ser necesario, se solicitará la subsanación correspondiente. La CCSS también aclara que dicha dirección de correo es de uso exclusivo para la recepción de documentos de unidades que la reconocen como medio oficial.
La gestión ACSS-001-2026 da seguimiento a una solicitud previa presentada el 18 de diciembre de 2025 ante la Junta Directiva de la CCSS y la Gerencia de Pensiones, en la que la Auditoría Ciudadana solicitó un criterio técnico y fundamentado sobre el reajuste de los montos de las pensiones del IVM y del RNC. Según consta en el documento, la Junta Directiva trasladó la solicitud a la Gerencia de Pensiones, fijando como plazo máximo el 9 de enero de 2026 para emitir respuesta; sin embargo, al cierre de enero no se había comunicado resolución alguna.
Ante el vencimiento del plazo, la Auditoría Ciudadana solicitó formalmente copia digital del criterio técnico emitido por la Gerencia de Pensiones y de lo acordado por la Junta Directiva, como parte de su labor de control ciudadano y vigilancia del derecho a la seguridad social, especialmente en un contexto de creciente preocupación por el poder adquisitivo de las pensiones y el cumplimiento de las obligaciones institucionales.
La ACSS ha venido desarrollando diversas acciones públicas orientadas a la defensa del sistema solidario de pensiones, entre ellas solicitudes de información, análisis técnicos, pronunciamientos públicos y llamados a la transparencia institucional, con el objetivo de garantizar que las decisiones sobre pensiones se adopten con criterios técnicos claros, información oportuna y respeto a los derechos de las personas pensionadas, particularmente de quienes dependen del régimen no contributivo.
Línea de tiempo reciente – Gestiones de la ACSS sobre reajuste de pensiones
18 de diciembre de 2025 La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) presenta ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente ante la Junta Directiva y la Gerencia de Pensiones, una solicitud formal de información relacionada con el reajuste de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC), solicitando criterio técnico y fundamentos utilizados para la toma de decisiones.
Diciembre de 2025 La Junta Directiva de la CCSS traslada la solicitud a la Gerencia de Pensiones, estableciendo como fecha límite el 9 de enero de 2026 para emitir el criterio técnico correspondiente.
9 de enero de 2026 Vence el plazo establecido por la Junta Directiva para responder a la solicitud de la ACSS, sin que se haya comunicado respuesta pública ni notificación formal a la organización ciudadana.
Enero de 2026 (posterior al vencimiento del plazo) Ante la ausencia de respuesta, la ACSS presenta una nueva gestión (ACSS-001-2026) solicitando copia digital del criterio técnico emitido por la Gerencia de Pensiones y de lo acordado por la Junta Directiva, como parte de su labor de control ciudadano y vigilancia del derecho a la seguridad social.
30 de enero de 2026 La CCSS envía acuse de recibo oficial de la documentación presentada por la ACSS, indicando que la solicitud será asignada a la unidad destinataria para el análisis de los requisitos de admisibilidad y que, de ser necesario, se solicitará la subsanación correspondiente.
Un grupo de docentes expresó a SURCOS su preocupación por el proceso de aplicación y apelación de la Prueba de Idoneidad del Ministerio de Educación Pública (MEP), cuyo propósito es permitir el paso de personal interino —muchos con más de una década de servicio— a una plaza en propiedad. Según datos comunicados por el MEP, más del 30 % de las personas aspirantes no logró superar la prueba, lo que profundizó el malestar en el sector educativo.
Las personas docentes señalan que la notificación de resultados se realizó mediante un correo masivo dirigido únicamente a quienes reprobaron, informando la no aprobación y otorgando un plazo de apenas tres días (8 al 10 de diciembre) para solicitar una cita de apelación. Según explican, el único canal habilitado fue un correo electrónico, sin alternativas presenciales o digitales adicionales.
Uno de los aspectos que más inquieta al sector es que el MEP catalogó la prueba como de carácter “cautivo”, lo que impide a las personas postulantes acceder al instrumento de evaluación. Esta decisión —afirman— les impide conocer en qué fallaron, qué criterios se aplicaron y si hubo posibles errores de calificación, lo que consideran una afectación al derecho constitucional a la defensa, al debido proceso y al acceso a información pública.
A la falta de acceso al examen se suma otro problema: la plataforma establecida para solicitar la cita de apelación no permite generar la solicitud, lo que las personas docentes describen como “una burla más que un error administrativo”. La situación, indican, genera inseguridad, incertidumbre laboral y una percepción de indefensión frente a un procedimiento que debería garantizar objetividad, transparencia y criterios técnicos verificables.
El grupo docente afirma que la decisión de restringir el acceso al instrumento de evaluación no está contemplada en ninguna normativa vigente, ni en la Constitución Política, ni en la Ley Marco de Empleo Público, ni en su Reglamento, ni en los lineamientos que rigen la Prueba de Idoneidad. A juicio de quienes envían la información, esta medida contradice los artículos 9 y 11 de la Constitución, que establecen la sujeción de la administración pública a la ley, al control y a la transparencia.
Desde su experiencia profesional, las personas docentes recuerdan que toda evaluación de esta naturaleza debe sustentarse en principios claros de objetividad, criterios técnicos, acceso a la información y derecho de apelación debidamente garantizado. Asimismo, señalan que una prueba que excluye a más del 30 % de aspirantes, según cifras oficiales, debe ser revisada en su diseño, su aplicación y su metodología de evaluación.
Ante este panorama, llaman al MEP a:
Revisar el procedimiento utilizado para la notificación y las apelaciones.
Ampliar los plazos para presentar recursos.
Permitir el acceso al instrumento de evaluación para garantizar el derecho a la defensa.
Habilitar un canal de apelación que funcione correctamente y asegure transparencia.
Mientras esperan una respuesta institucional precisa, indican que continuarán organizándose de manera responsable —tal como protege la Constitución Política— para exigir un proceso justo que no comprometa el futuro laboral de cientos de docentes que han sostenido la educación pública durante años.
La Arquidiócesis de San José, por medio del arzobispo metropolitano, monseñor José Rafael Quirós Quirós, difundió un comunicado en el que reafirma la misión pastoral de la Iglesia basada en el respeto, la serenidad y la construcción del bien común. El pronunciamiento responde a recientes declaraciones del presidente de la República. La Iglesia enfatiza que no ingresará en confrontaciones personales y que continuará señalando, con respeto y firmeza, los temas de interés nacional, entre ellos el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión.
Comunicado (texto íntegro)
COMUNICADO DE PRENSA
Ante las recientes declaraciones del señor presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo metropolitano de San José, desea expresar:
“La Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales. Nuestra misión pastoral exige respeto, prudencia y serenidad. La palabra que ofrecemos busca construir, jamás dividir. Por ello, no responderemos en el plano personal, pues creemos firmemente que el país necesita diálogo responsable y altura en el debate público.
Seguiremos manifestando nuestras preocupaciones con transparencia y sentido de servicio.
En asuntos de interés nacional —como el proceso de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión— continuaremos señalando, con respeto y firmeza, aquello que consideramos importante para la pluralidad, la libertad de expresión y el bien común. Lo haremos siempre desde nuestra vocación de acompañar al pueblo costarricense.”
La Arquidiócesis reitera su compromiso con la paz social, el respeto institucional y la construcción de una convivencia democrática en la que todas las voces puedan ser escuchadas.”
Arquidiócesis de San José San José, Costa Rica 26 de noviembre de 2025
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