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UCR, Voz experta: Desde la Acción Social la UCR contribuye al bienestar las comunidades del Pacífico Central

M.Sc. Javier Madrigal Córdoba Coordinador de Acción Social Sede Regional del Pacífico

Por: M.Sc. Javier Madrigal Córdoba Coordinador de Acción Social Sede Regional del Pacífico

La Universidad de Costa Rica (UCR), mediante su Sede Regional del Pacífico, desarrolla diversos proyectos de Acción Social en la Región Pacífico Central con la finalidad de fortalecer la participación comunitaria y junto a diversos sectores de la sociedad mejorar la calidad de vida de las personas.

También, con estos proyectos buscamos fortalecer procesos de gestión local en diferentes comunidades, acompañando a grupos organizados, a otros actores sociales como instituciones públicas, sector privado y organizaciones no gubernamentales. A la fecha, la UCR tiene en ejecución más de 100 proyectos de Acción Social que trabajan directamente en esta región, de los cuales 22 se coordinan desde nuestra sede universitaria. Nuestra meta es aportar a esas capacidades locales, al emprendimiento y mejorar el acceso a derechos básicos como la educación.
Muchos de estos han logrado alianzas, las cuales son imprescindibles ante las condiciones de vulnerabilidad que actualmente viven los pobladores de esta región. Este abordaje interinstitucional tiene el claro objetivo de impulsar el desarrollo cultural, social y económico.

En la actualidad, la Región Pacífico Central presenta una serie de retos vinculados a la desigualdad y exclusión social. Solo para mencionar unos datos atinentes, según el Atlas del Desarrollo Humano Cantonal del 2024, los cantones costeros presentan un IDH por debajo del promedio nacional. Por otro lado, la región muestra un incremento de la informalidad laboral y una disminución significativa en la participación de jóvenes entre 15 y 24 años en la fuerza laboral, lo que se vincula a la falta de oportunidades y la migración hacia otros territorios del país.
Ante estos desafíos, nuestros proyectos de Acción social se orientan hacia el mejoramiento educativo, el desarrollo sostenible, la participación comunitaria y el acompañamiento, capacitación y asesoría para las mejoras de las condiciones socioambientales.

Limitación de recursos

Como universidad pública, los proyectos Acción Social de la UCR en la región Pacífico Central enfrentan variedad de retos estructurales y operativos, derivados de las condiciones socioeconómicas y territoriales. Sin duda, en las Sedes Regionales se reflejan situaciones de la realidad nacional que se viven en otras instituciones, organizaciones sociales y comunidades, una de ellas es que carecemos de un financiamiento estable que asegure la continuidad y el impacto en las comunidades vulnerabilizadas, ya que algunas iniciativas dependen de presupuestos limitados o fondos temporales lo que dificulta su permanencia a largo plazo.

El acceso de las personas de comunidades alejadas a una infraestructura vial o tecnología adecuada es otro factor que limita la participación dentro de programas educativos, artísticos o de capacitación laboral. La misma movilidad entre barrios no es la adecuada o en muchas ocasiones no se tienen las capacidades económicas para el traslado de un lugar a otro.
Es imprescindible la articulación con actores locales, comunitarios, privados e institucionales, ya que la falta de coordinación puede generar duplicidad y aislamiento de distintos esfuerzos y recursos. Ejemplo de esto es la estrategia Tejiendo Redes, iniciativa de la Vicerrectoría de Acción Social que ha venido enfocada en la articulación de diversos proyectos para generar acciones conjuntas a partir del diálogo con distintos actores.

Un patrimonio diverso

La Región Pacífico Central es un territorio diverso, desde las comunidades rurales, las islas y localidades costeras tiene a su haber una acervo lleno de historia y cultura viva, paisajes naturales y una intensa actividad socioproductiva.

En la búsqueda de un desarrollo social sostenible es fundamental promover el diálogo y adaptar las estrategias a las particularidades de cada comunidad. Aunque los desafíos son numerosos, la esperanza se mantiene viva en cientos de proyectos e iniciativas locales que requieren el acompañamiento de la Universidad.

En ese sentido, desde la Sede Regional del Pacífico estamos comprometidos en la promoción de espacios culturales que contribuyan a la transformación de la vida en comunidad. Desde el baile, el teatro, la música, el disfrute del cine y la creación literaria se logra fomentar el sentido de comunidad y apropiación de los espacios públicos, lo que ha demostrado de múltiples formas ser un agente para la transformación social de las comunidades.

Esta revitalización que se logra mediante las actividades lúdicas y artísticas que transforman los espacios urbanos deteriorados en sitios que atraen de nuevo a sus pobladores, no solo se trata de que se tornen más seguros, sino que permita a la población en general del disfrute de sus derechos culturales.

Además, los proyectos de Acción Social vinculados a la creación artística promueven la memoria histórica, el desarrollo humano sostenible, la interacción entre vecinos y personas de diferentes edades. En suma, desde esta sede universitaria continuaremos apostando por las comunidades y sus pobladores como un recurso ante las apremiantes necesidades de la región Pacífico Central costarricense.

Javier Madrigal Córdoba
Coordinador de Acción Social Sede Regional del Pacífico, UCR

UCR: Voz experta: A ochenta años del fin del Fascismo en Europa

El Fascismo es primero un fenómeno cultural para luego convertirse en fuerza política

Por: Dr. Jorge Barrientos Valverde, profesor e investigador en Historia Contemporánea en la Escuela de Estudios Generales, UCR.

Este 2025 marca como conmemoración histórica la derrota del fascismo en el mundo tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) a manos principalmente de las fuerzas aliadas encabezadas por la Unión Soviética para la liberación de Europa del Este y Berlín y los Estados Unidos con la liberación del frente occidental.

En el contexto de la crisis económica del 2008 y posteriormente la depresión social provocada por la pandemia COVID-19 en 2020, en pleno siglo XXI empezaron a surgir nuevas manifestaciones de movimientos de extrema derecha que ante las graves y cada vez más fuertes contradicciones del capitalismo mundial brindaban una narrativa alternativa de soluciones, con respuestas fáciles a problemas complejos de resolver, casi siempre a través de exaltar el patriotismo, el sentimiento de unidad nacional, el conservadurismo religioso, la crítica a las élites tradicionales, la necesidad de un gobierno autoritario de mano dura, y también los discursos de odio. Reivindicando incluso figuras como Benito Musolinni, Adolf Hitler o Francisco Franco.

Se manifiestan con propuestas que contienen altas dosis de homofobia, xenofobia, racismo, clasismo, misoginia y todo tipo de prejuicios anti comunistas (entiéndase como la lucha contra todo tipo de movimiento social de izquierdas y defensor de los derechos humanos, principalmente movimientos ambientalistas, por los derechos laborales, por la diversidad de pensamiento). Además de lo anterior, sostienen posiciones negacionistas en temas tan diversos como el holocausto, las muertes de las dictaduras, los derechos de las mujeres o el cambio climático.

Ante la gravedad del crecimiento de nuevas agrupaciones de extrema derecha en la actualidad, y tomando en cuenta que estos movimientos legitiman la discriminación y el uso de la violencia como forma de atacar a lo que ellos consideran un “otro no deseado”, se hace muy necesario desde el presente explicar los orígenes históricos de estos grupos radicales que simpatizan con el supremacismo blanco, la exaltación nacionalista y todo tipo de racismo y colonialismo que justifican la dominación y explotación de unos contra otros, cuestión que vemos claramente en el nuevo gobierno de Donald Trump y sus alianzas con Benjamin Netanyahu y Javier Milei.

Concepto y orígenes históricos del fascismo

El fascismo se refiere a una corriente político ideológica de extrema derecha, representante de los intereses de las élites capitalista más radicalizadas y anti democráticas, defensora de los privilegios de los sectores más poderosos de las naciones y apologista del pasado imperialista y monárquico que tuvieron en muchos momentos históricos ciertas naciones europeas. Hacia inicios del siglo XX, con el fin de llevar a cabo la consolidación de su proyecto político y económico se valió de la tradición militar, el nacionalismo exaltado, la idea de la unidad y supremacía de la nación y en algunos casos el ideario de la defensa de las buenas costumbres religiosas.

El movimiento fascista surge principalmente como una reacción a la revolución rusa de 1917, como un método de defensa de los intereses de las clases privilegiadas y poderosas a los movimientos insurgentes de corte anarquista y marxista que querían luchar por mayores niveles de justicia y equidad social. El fascismo defiende el desarrollo de un capitalismo corporativista, manejado por una élite militar, con una burguesía supeditada a las directrices del gobierno totalitario que legitima las divisiones sociales de clase y que fomenta la supremacía de las élites blancas frente a otros grupos étnicos. (Rodrigo Quesada, 2007).

Sin embargo, las raíces históricas de dicho movimiento pueden ubicarse mucho antes. En Francia desde finales del siglo XIX Charles Maurras desarrolló un proyecto ideológico ultra nacionalista, fuertemente anti semita y anti comunista, profundamente contrarevolucionario como respuesta a la Comuna de París de 1871 que amenazaba los intereses de los más poderosos, además defensor del régimen monárquico creía que el parlamentarismo era nocivo para la nación francesa. Para èl la democracia y el parlamento daban opción a radicales de izquierdas a que participaran de la política y pudiesen tomar decisiones para el país, en detrimento de los intereses de la aristocracia francesa.

Los choques inter imperialistas y las disputas coloniales generaron que también en otras naciones se desarrollaran manifestaciones de este tipo de proyecto ideológico. Esto fue provocando rivalidades y odios entre las naciones europeas, incluso desde los conflictos generados por la Conferencia de Berlín (1985) y los desacuerdos entre élites imperialistas respecto a cómo dividirse África y parte del Medio Oriente. Como es sabido, tales disputas y desacuerdos finalmente intentaron resolverse con la Primera Guerra Mundial, aunque con resultados no muy convincentes ni definitivos.

Es específicamente en Italia donde más se desarrolla ya bajo ese nombre el proyecto fascista. Luego de terminada la Primera Guerra Mundial, Italia queda como uno de los países más afectados de las consecuencias del conflicto y el tratado de Versalles. La situación socio económica en Europa es paupérrima y decadente, principalmente para las clases trabajadoras más explotadas, quienes incluso fueron la carne de cañón para ir al frente de los ejércitos en estas guerras, envenenados por un discurso patriotero de exaltación nacionalista y convencidos de la grandeza de sus naciones y el futuro próspero que sus respectivas burguesías prometían.

Esos sectores sociales, urgidos de respuestas frente a la crisis política y económica de 1919, fácilmente se dejaban seducir por discursos mesiánicos de salvación de la patria, de unidad y de nuevas luchas militares. Esa era una alternativa, la otra al frente, era el de la revolución socialista de inspiración marxista – anarquista.

Fue Gabriele D’annunzio, un poeta, político y militar italiano quien más influenció el desarrollo de muchas ideas que luego Benito Mussolini iba a poner en práctica, ideas que estaban plagadas de fanatismo nacionalista, odio por el socialismo marxista y aversión por los judíos. Proponían en cambio un sindicalismo nacional fascista en oposición al sindicalismo combativo de izquierdas, elemento que para Zeev Sternhell, es clave para comprender dos cosas: a. el fascismo es primero un fenómeno cultural para luego convertirse en fuerza política, b. la polarización ideológica entre izquierdas y derechas en el marco de la lucha de clases cada vez más grave es lo que genera que el fascismo tome tanta fuerza política. (Zeev Sternhell, 2002).

Así las cosas, el fascismo no es un accidente de la historia de Occidente, por el contrario es mas bien el resultado de la cultura política europea plagada de conflictividad social, violencia política y fanatismos culturales. La burguesía mundial desde 1945 ha insistido en narrar al fascismo como un fenómeno político ajeno a la izquierda y la derecha y lejana a los intereses de las élites capitalistas, una especie de absurdo irracional que dura veinticinco años producto de la maldad de la naturaleza humana que siempre ha estado allí y se desbordó en estas décadas.

Lejos de esto, el fascismo es una ideología de extrema derecha, proviene de la clase burguesa racista, colonialista e imperialista, y es una corriente de lucha político militar que pretende defender a las élites más poderosas de la amenaza revolucionaria socialista, marxista, anarquista e incluso del reformismo socialdemócrata.  

La herencia del siglo XIX marca profundamente el llamado corto siglo XX entre 1914 y 1991 (Eric Hobsbawm, 1994), principalmente por tres fenómenos principales que explican el desarrollo del fascismo:

  1. la nostalgia por el pasado imperial y colonial, incluyendo la defensa de la monarquía.
  2. el fanatismo nacionalista y patriota, circunscribiendo el tema religioso.
  3. la profunda lucha de clases, la polarización social entre burguesía y proletario y entre naciones poderosas y naciones subyugadas.

Características del fascismo

 Siguiendo los aportes de Enzo Traverso, Rodrigo Quesada y Ernest Mandel, algunas de sus características como corriente política son:

– Se asocia al nacionalismo exaltado inclusive legitimando el supremacismo blanco europeo.

– Utiliza el militarismo como instrumento clave para llevar a cabo sus proyectos políticos de dominación ideológica y control social.

– Practica el culto al líder supremo, quien es un hombre blanco autoritario, del alto rango militar, quien debe guiar a la nación hacia el progreso y defender a los sectores más aristocráticos del país bajo un capitalismo monopolista.

– Fomenta el racismo, la xenofobia, el anti comunismo, el anti semitismo, la homofobia, el eurocentrismo, el etnocentrismo, la islamofobia, el determinismo biológico y con ello el darwinismo social, una repulsión por el liberalismo político y el fanatismo religioso como modo de legitimar sus planes de dominio nacional.

– Desarrolla una fuerte afición por el pasado monárquico, imperialista y colonialista de muchas naciones europeas, de manera tal que legitima el sometimiento y saqueo de grandes cantidades de poblaciones a las que se considera atrasadas y subdesarrolladas.

Las dictaduras neofascistas

 A partir de 1947 con la entrada de la comunidad internacional en la dinámica de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentarían por el control político, ideológico y económico del mundo. La disputa sobre el Medio Oriente, en específico relativo al conflicto palestino – israelí demostraría el enfrentamiento entre estas super potencias. Con el apoyo explícito de los Estados Unidos, en América Latina se desarrollaron una gran cantidad de golpes de Estado y dictaduras militares sangrientas, en nombre de la democracia, la estabilidad de occidente, el mundo libre y las buenas costumbres cristianas, esto entre 1948 y 1991.

La mayor parte de los dictadores en América Latina aliados a los gobiernos norteamericanos se decían buenos cristianos y patriotas, incluso admiradores del estilo de gobierno de Musolinni o Franco. (Roitman, 2013). Estas dictaduras asesinaron miles de civiles siguiendo el llamado método Yakarta puesto en práctica primeramente en Indonesia en los años sesenta. (Vicent Bevins, 2021).  

Las nuevas extremas derechas

El planeta entero vive momentos de mucha tensión y preocupación derivados de la llegada al poder de líderes de extrema derecha en los gobiernos de Estados Unidos con Trump, la extrema derecha sionista en Israel que gobierna hace varios años en coalición con Benjamín Netanyahu, la Hungría de Victor Orban, en Argentina Milei y en Italia con Giorgia Meloni.

Dichas derechas radicales hoy en día tienen semejanzas y diferencias con las extremas derechas clásicas. Evaden reconocerse como movimientos fascistas o simpatizantes del fascismo europeo y más bien su batalla declarada va contra los inmigrantes empobrecidos, contra la diversidad sexual, contra los derechos de las mujeres, y contra todo movimiento de izquierdas, desde ambientalistas hasta defensores de derechos humanos.

Se aprovechan además de las iglesias neopentecostales con la teología de la prosperidad para plantear estos enfrentamientos como parte de una cruzada religiosa de cristianos buenos contra socialistas malos. Esa fue la experiencia brasileña con el caso de la llegada al poder de Jair Bolsonaro en una alianza entre magnates eclesiales, el ejército, grandes empresarios y el poder financiero.

Libros recomendados

Eric Hobsbawm. Historia del siglo XX: La era de los extremos.

Rodrigo Quesada. El siglo de los totalitarismos.

Enzo Traverso – Las nuevas caras de la derecha.

Enzo Traverso. La historia como campo de batalla.

Noam Chomsky – ¿Quién domina al mundo?

Kathleen Belew – Bring the war home.

Pablo Stefanoni – ¿La rebeldía se volvió de derecha?

Steven Forti – Extrema Derecha 2.0.

Zeev Sternhell – El nacimiento de la ideología fascista.  

Marco Roitman – Tiempos de oscuridad. Los golpes de Estado en América Latina.

Vincent Bevins – El método Yakarta. 

Doctor en Historia Jorge Barrientos Valverde.
Profesor e Investigador Asociado de Historia Contemporánea en la Escuela de Estudios Generales, UCR.

Voz experta, UCR: Desafíos de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia en la región Caribe

Licda. Floribeth Salazar Vargas

Por: Licda. Floribeth Salazar Vargas, coordinadora del Eje de Trabajo Local de Pridena UCR

La Política Nacional de Niñez y Adolescencia venció en el año 2021 y hasta abril del año en curso se publicó una nueva, evidenciando un proceso de construcción lento y que contó con carencias que conllevaron a retroceder para ser atendidas.

En el mes de julio, en el Centro Cívico por la Paz de Pococí, se realizó la presentación regional Huetar Caribe de la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036.

Representantes institucionales y jóvenes de los seis cantones de la provincia participaron en este evento, coordinado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, junto con la oficina regional del Patronato Nacional de la Infancia de Limón, y sus respectivas oficinas locales ubicadas en: Talamanca, Limón, Matina, Siquirres, Guácimo y Pococí.

En esta actividad se reflexionó colectivamente en torno a los siete ejes estratégicos de la política para socializar los desafíos que representa el plan de acción propuesto para los próximos cincos años (2024-2029).

Así, se compartieron las principales inquietudes de las mesas de trabajo, expuestas por la voz de las personas jóvenes que forman parte de los Consejos Participativos, vinculados a los respectivos Subsistemas Locales de Protección.

Institucionalidad democrática

El primer señalamiento fue la inclusión de la participación indígena no solo como mención en el documento, sino a través de acciones concretas que sean realmente incluyentes. Al respecto, la representante del cantón de Talamanca señaló que cuentan con necesidades e intereses específicos asociados a su cultura y cosmovisión, así como a la atención particularizada de las manifestaciones de violencia que reciben los pueblos indígenas.

Asimismo, se evidenció la necesidad de crear una oficina local en el cantón Guácimo, ya que, ante su inexistencia, la oficina local de Pococí se encuentra a cargo de atender ambas regiones, lo cual no solo genera una sobresaturación de labores profesionales, sino que, a su vez, compromete los pocos recursos institucionales con los que se cuenta para el desarrollo de actividades de prevención y promoción dirigidos a estas poblaciones.

En esta línea, plantean la urgencia de contar con políticas cantonales y presupuestos regionalizados, así como trabajar en el fortalecimiento de los comités tutelares.

Vida y familia en comunidad

Se considera necesario un mayor involucramiento de instituciones y personas. En este sentido, señalan que la mayoría de las acciones planteadas en el plan de acción recaen en pocas instituciones con acciones aisladas y que siempre se ven a las mismas personas, como representantes de las distintas redes o comisiones existentes para estos fines, por lo que consideran necesario diversificar y ampliar la participación de nuevos actores, señalando que el bienestar de las niñeces y las adolescencias es asunto de responsabilidad de todos y todas.

Aseveran que muchas de las acciones se dirigen a las niñeces y las adolescencias, mas no a sus familias, lo cual es un desafío, ya que muchos de ellos y ellas se desenvuelven en entornos con familias violentas.

Por ello, consideran fundamental el énfasis en la protección especial y subrayan la importancia de fortalecer los métodos de crianza respetuosa, y la reflexión para que las familias sepan la responsabilidad que conlleva criar.

Por otra parte, señalan que no todas las personas jóvenes buscan apoyo profesional, pues temen ser juzgadas, por lo que es necesario el desarrollo de abordajes más horizontales que les hagan sentir seguras y sugieren tomar en consideración una estrategia que permita materializar la política para ellos y ellas. En sus palabras, “que las personas jóvenes sepan para qué sirven”.

El área de salud

Para este eje las principales inquietudes se centraron en el acceso diferenciado para la población. Consideran fundamental contar con mayor acceso a servicios de psicología y de Trabajo Social, así como con horarios diferenciados para las citas médicas, de manera que no interfieran con los horarios laborales o educativos.

Plantean la necesidad de que los servicios dirigidos a jóvenes tengan mayor divulgación, pero que, además, se haga mediante medios llamativos y atractivos, para que el mensaje sea recibido.

El área de educación

Destacan la carencia de recursos y el papel que están jugando las personas docentes. Se subraya la mala infraestructura de los centros educativos, lo cual, entre otras cosas, desmotiva el deseo de asistir a las lecciones, así como las limitaciones en cuanto a conectividad.

Demandan mayores recursos tecnológicos, materiales y comunitarios. Además, señalan la alta exclusión educativa producto de la negligencia de las personas responsables o por la necesidad de acceder a mayores recursos económicos, lo cual implica el abandono educativo para incorporarse en trabajos, casi siempre de índole agrícola.

También mencionan la venta y el consumo de sustancias psicoactivas dentro de los centros educativos, algunas naturalizadas tras asumir su bajo riesgo, como los vaporizadores y otras ilícitas que incluso están siendo ofrecidas por las mismas personas docentes a lo interno de los colegios.

Las áreas de cultura, juego, deporte, recreación y actividad física

Resalta la falta de infraestructura deportiva adecuada para su desarrollo, así como la carencia de lugares para la recreación que, además, sean seguros para permanecer en ellos, ya que su percepción sobre los espacios públicos de la provincia es que son peligrosos.

Consideran que no se destina el presupuesto necesario para estos temas, por lo que evidencian que no es prioritario.

A su vez, indican la necesidad de una mayor escucha de las personas jóvenes para que no se minimicen sus emociones y condiciones de salud mental. Consideran necesario un mayor acompañamiento que valide sus situaciones de estrés o ansiedad, muchas veces, son provocadas por las demandas en el hogar, que pueden atenderse a través de su participación en espacios de ocio.

El área de medio ambiente

Hay problemas relacionados con la seguridad ambiental y alimentaria. El cambio climático determina el desplazamiento de familias porque las condiciones climáticas no permiten seguir viviendo de manera segura en su hogar, o porque han disminuido las fuentes de empleo, lo que lleva a migraciones internas.

A esto se suma la dificultad de acceder a empleos dignos, que respeten la naturaleza y permitan la solvencia económica.

Por otra parte, señalan actividades que no se desarrollan de manera óptima, como la gestión de residuos sólidos, la tala, los ruidos excesivos por empresas sin regulaciones, el riego de agrotóxicos en zonas escolares y casas de habitación, lo cual genera, entre otras, cosas grandes malestares físicos y psicológicos.

Consideran fundamental que existan más procesos de educación socioambiental y mayor regulación por parte de los Gobiernos locales, tanto a nivel de auditoría como de políticas cantonales que, lejos de perpetuar correcciones internas, pongan fin a situaciones irregulares.

Frente a este panorama, es importante señalar que la Política Nacional de Niñez y Adolescencia venció en el año 2021 y hasta abril del año en curso se publicó una nueva, evidenciando un proceso de construcción lento y que contó con carencias que conllevaron a retroceder para ser atendidas.

Por lo tanto, actualmente contar con un instrumento jurídico es importante para garantizar y resguardar a las niñeces y personas adolescentes. Pese a ello, la política fue aprobada con una falta grave tras la exclusión de los territorios indígenas en su consulta.

Ante tal omisión, la Defensoría de los Habitante realizó una denuncia e interpuso un recurso de amparo enfatizando la discriminación hacia la población y el incumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Esta situación fue señalada en varios momentos de la construcción de la política y previo a su aprobación por parte del equipo de Proyectos Interdisciplinarios en Niñeces y Adolescencias (Pridena UCR).

Por tanto, los múltiples desafíos que mencionan las personas jóvenes del Caribe evidencian que la implementación de la política requiere de una mirada particular, contextual y situada para la atención de las demandas de las poblaciones y para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

Se requiere la superación de indicadores y un gran trabajo articulado entre la institucionalidad pública y privada, las organizaciones de la sociedad civil, las familias y las niñeces y las adolescencias.

Resulta imperante que las políticas públicas sean más inclusivas y se dirijan a abordar las desigualdades y deficiencias identificadas mediante planes de trabajo coherentes, realistas y regionalizados.

En este sentido, Pridena UCR, a través de su trabajo en lo local, se ha integrado al Subsistema Local de Protección del cantón de Guácimo, donde, a través de su compromiso por la promoción de los derechos de las niñeces y las adolescencias, se proponen y articulan acciones específicas que abonen a la consecución de los objetivos y metas establecidas.

Reconocemos el panorama desafiante y el largo camino que aún se requiere transitar, no obstante, reafirmamos nuestro compromiso por un trabajo ético, consecuente y sensible con las realidades locales, y con las niñeces y las adolescencias del país.

 

Licda. Floribeth Salazar Vargas
Coordinadora del Eje de Trabajo Local de Pridena UCR

UCR. Voz experta: Hacia una Costa Rica bilingüe, desafíos y oportunidades para el futuro

Allen Quesada Pacheco, director de la Escuela de Lenguas Modernas Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

El camino para dominar una segunda lengua

La reducción del presupuesto para la educación pone en riesgo la meta del bilingüismo para el 2040 y el futuro de muchas generaciones

El bilingüismo en la educación pública costarricense ha sido identificado como una prioridad nacional, subrayando la importancia de universalizar tanto el bilingüismo como el plurilingüismo entre los estudiantes de las diferentes ofertas educativas. Este enfoque responde a las exigencias de un mercado laboral globalizado y a la creciente necesidad de competencias lingüísticas para mejorar la movilidad social y las oportunidades de empleo. En este sentido, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha desarrollado e implementado diversas políticas y estrategias para fortalecer la enseñanza del inglés y otros idiomas desde la primera infancia hasta la secundaria. La efectividad de su implementación ha sido limitada, lo que indica la necesidad de revisar y mejorar las acciones actuales para alcanzar los objetivos propuestos para ser bilingües en el 2040.

¿Qué significa ser bilingüe?

Ser bilingüe se refiere a la capacidad de una persona para comunicarse de manera fluida en dos idiomas diferentes. Esto implica no solo poder hablar y entender ambos idiomas, sino también tener competencias en lectura y escritura, así como la capacidad de pensar y procesar la información en ambos idiomas. El bilingüismo puede desarrollarse de diferentes maneras: algunas personas crecen en hogares donde se hablan dos idiomas desde el nacimiento (bilingüismo simultáneo), mientras que la gran mayoría aprende un segundo idioma más adelante en la vida (bilingüismo secuencial).

Según varias investigaciones, el bilingüismo y el plurilingüismo impactan significativamente el desarrollo cerebral, especialmente cuando los idiomas se aprenden desde una edad temprana, aprovechando la alta plasticidad del «cerebro flexible» de los niños, que les permite asimilar y aprender múltiples idiomas con rapidez si están inmersos en un entorno multilingüe.

En el ámbito educativo, la inmersión es una estrategia efectiva para enseñar un segundo o tercer idioma, utilizando el idioma meta como medio de instrucción en diferentes materias, lo que facilita su adquisición en contextos significativos. Por ejemplo, el MEP ha iniciado recientemente la enseñanza del inglés con programas de inmersión en primera infancia. Asimismo, la contextualización del entorno educativo, con recursos didácticos en el idioma que se está aprendiendo y docentes bilingües que actúan como modelos lingüísticos, es esencial para reforzar y motivar el uso del idioma meta en situaciones reales, integrándolo de manera natural en la vida cotidiana del estudiante.

Universalización del bilingüismo en la educación pública

La universalización del bilingüismo en Costa Rica es un objetivo esencial para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su origen geográfico o socioeconómico, tengan acceso a la enseñanza de un segundo idioma. Actualmente, solo el 90 % de las escuelas primarias ofrecen inglés, con una cobertura desigual que excluye a muchas escuelas en áreas rurales. La Política Educativa de Promoción de Idiomas busca extender la enseñanza del inglés a todas las regiones del país, incluyendo las más remotas, y mejorar la calidad del aprendizaje en todos los niveles educativos.

El concepto de universalización no solo implica la cobertura total, sino también asegurar que todas las personas docentes que imparten clases en la educación pública sean bilingües. Esta medida es crucial, dado que la competencia del personal docente en el idioma meta es directamente proporcional al éxito de los estudiantes en alcanzar niveles óptimos de bilingüismo.

Desafíos de una Costa Rica bilingüe

A pesar de los avances logrados en la enseñanza de lenguas extranjeras en la última década, la implementación del bilingüismo en Costa Rica aún enfrenta desafíos significativos para el MEP. Según Manuel Rojas Mata, coordinador del grupo de trabajo técnico de la Política Educativa de Promoción de Idiomas del MEP, uno de los principales retos es asegurar el financiamiento necesario para expandir la cobertura de la enseñanza de idiomas en todas las escuelas y colegios del país, con un enfoque especial en las áreas rurales, donde las limitaciones son mayores. Además, la conectividad en los centros educativos representa un obstáculo crucial que debe superarse para permitir el acceso a herramientas tecnológicas y recursos digitales que son vitales para una enseñanza efectiva de idiomas.

Para abordar estos desafíos, es fundamental aumentar el número de lecciones de idiomas por semana en las diferentes modalidades que ofrece el MEP, garantizando que los estudiantes tengan tiempo efectivo para practicar los idiomas en el aula. Asimismo, se requiere una reducción del tamaño de los grupos en las clases de lenguas extranjeras, lo que permitirá una atención más personalizada y una mayor interacción entre los estudiantes y el personal docente. Implementar estas estrategias no solo mejorará la calidad de la enseñanza, sino que también contribuirá de manera decisiva a superar las barreras que actualmente limitan el progreso hacia un sistema educativo bilingüe en el país.

Según el coordinador Rojas Mata, uno de los proyectos innovadores que se están implementando lo constituye el programa Inglés Remoto o Hummingbird, que utiliza tecnología avanzada para ofrecer clases de inglés de forma telepresencial a escuelas unidocentes en zonas remotas. Este programa permite a los estudiantes acceder a una educación bilingüe a través de plataformas digitales, superando las barreras geográficas y tecnológicas que han limitado tradicionalmente la enseñanza de lenguas extranjeras en estas áreas. Además, el MEP ha establecido una alianza con la compañía Age of Learning y la Asociación Creciendo Juntos para implementar el programa ABCmouse Aprende Inglés, un acelerador de aprendizaje diseñado para niños y niñas de 3 a 11 años. ABCmouse enseña inglés por televisión de manera divertida y atractiva, brindando así una experiencia de aprendizaje de calidad.

Por otra parte, la Universidad de Costa Rica, a través del Programa de Lenguas Extranjeras (Pelex), ha proporcionado insumos significativos al Consejo Superior de Educación (CSE) para mejorar los programas de estudio de inglés y francés en primaria y secundaria. Desde 2019, las pruebas de dominio lingüístico implementadas evalúan competencias en comprensión y producción, tanto oral como escrita, utilizando inteligencia artificial. Esta estrategia ha permitido identificar el nivel de competencia lingüística de la población estudiantil en las distintas bandas propuestas por el Marco Común Europeo, a partir de aplicaciones censales y muestrales en las 27 direcciones regionales del MEP. Con base en estos resultados, se han formulado recomendaciones curriculares para fortalecer la producción oral y mejorar la mediación pedagógica en todos los centros educativos, contribuyendo así a los esfuerzos nacionales por impulsar el bilingüismo.

El camino hacia un futuro bilingüe en Costa Rica cuesta arriba

Costa Rica se encuentra en un punto crucial en su camino, que cada vez se hace más lejano, hacia la universalización del bilingüismo/plurilingüismo; un objetivo que es esencial para la competitividad global y la inclusión social. Para alcanzar esta meta, el país debe continuar fortaleciendo las políticas educativas que promuevan la enseñanza de lenguas extranjeras desde la primera infancia, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de su contexto, tengan acceso a una educación bilingüe de calidad. Es imperativo que las personas docentes de idiomas que ya están en el sistema educativo sean bilingües competentes y que reciban capacitación continua en metodologías, técnicas, evaluación educativa y uso efectivo de la tecnología, para garantizar que puedan guiar eficazmente a las personas estudiantes en su proceso de dominar un segundo idioma.

La aspiración de que Costa Rica se convierta en un país bilingüe a mediano plazo enfrenta desafíos significativos, en gran parte debido a los recortes presupuestarios al Ministerio de Educación Pública (MEP). El IX Informe del Estado de la Educación y estudios recientes han destacado que el presupuesto para la educación ha sido el más bajo en décadas. Esta reducción ha impactado y seguirá impactando áreas cruciales como el desarrollo profesional docente y la infraestructura educativa, amenazando con truncar el futuro de miles de estudiantes, especialmente en las comunidades más vulnerables.

En este contexto, aunque el camino hacia la universalización del bilingüismo o plurilingüismo en Costa Rica presenta grandes retos, también ofrece una oportunidad para fortalecer nuestro compromiso con la promoción de lenguas extranjeras. Por lo tanto, estamos a tiempo de unirnos como país, para llegar a un acuerdo nacional que beneficie a la educación pública, como lo ha enfatizado el Estado de la Educación, que incluya al sector educativo, al gobierno, a la sociedad civil y a la cooperación internacional. En resumen, con colaboración y un compromiso renovado hacia la promoción del plurilingüismo, Costa Rica puede no solo superar algunos de estos grandes desafíos, sino también preparar a sus futuras generaciones para un mundo cada vez más interconectado.

Allen Quesada Pacheco
Director de la Escuela de Lenguas Modernas, UCR

UCR: Voz experta: La ultrabaja natalidad en Costa Rica coloca retos ineludibles para el país

Dr. Luis Rosero Bixby, docente emérito de la UCR y fundador del Centro Centroamericano de Población. Foto: UNFPA Costa Rica, UCR

11 de julio, Día Mundial de la Población

El CCP-UCR analiza la situación sociodemográfica que enfrenta la nación, ahora y en el futuro, ante una tasa global de fecundidad de 1,3 hijos por pareja.

El Centro Centroamericano de Población (CCP) se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Población, con las siguientes reflexiones sobre la que bien puede ser la cuestión demográfica actual más importante para Costa Rica: la ultra baja fecundidad alcanzada por el país en 2021 y 2022, cuando llegamos a 1,3 nacimientos de tasa global de fecundidad, o 1,1 nacimientos si se excluye del cálculo a las personas inmigrantes. Muy pocos países en el mundo – como Corea del Sur, Taiwán y Ucrania – tienen una fecundidad más baja que la de Costa Rica.

Uno de los primeros retos de esta muy baja natalidad será la superación (en el plano ideológico, político y de opinión pública) de los discursos estridentes de orden apocalíptico que han ocurrido en otros países, alimentados por casi siempre estériles debates pronatalistas y antinatalistas, teñidos de riesgosos nacionalismos xenofóbicos y posturas discriminatorias hacia ciertos grupos de población.

Estos discursos y debates de base más especulativa que científica, traen también la consecuencia de ralentizar la acciones que los Gobiernos y la sociedad civil debieran procurar y anticipar para asegurar la calidad de vida y los servicios que las diversas poblaciones requieren, ante tal escenario demográfico, en el corto y mediano plazos.

Los discursos estridentes deberán ceder el espacio a lo que la evidencia científica aporta, tanto para explicar esta condición de extraordinaria baja fecundidad, como a la rigurosa estimación de los posibles escenarios sobre sus consecuencias, así como los retos y oportunidades que el país enfrentará a futuro cercano.

Hallazgos inéditos de una investigación en curso en el CCP sobre la ultrabaja fecundidad del país muestran que esta condición es la culminación de un proceso secular, iniciado hace 70 años, de rápida transición demográfica que llevó a valores de fecundidad de remplazo en 2002 (tasa de 2,1 hijos) y ahora de ultrabaja fecundidad en 2021 (tasa de 1,3). Esta última se debe principalmente a una caída notable en la natalidad adolescente y de mujeres jóvenes que bien podría ser simplemente una posposición de nacimientos a edades mayores.

Fuente: CCP-UCR

En este escenario de posposición cabría esperar que en el futuro la tasa se eleve a niveles en torno a los dos hijos por mujer. Pero un escenario alternativo plausible es que las jóvenes costarricenses no están posponiendo la maternidad, sino que están renunciando a ella, en cuyo caso la fecundidad del país permanecerá en niveles ultra-bajos o incluso se reducirá aún más.

El efecto de la baja natalidad en el futuro

Con ambos escenarios de fecundidad y la indagación del aporte plausible de la migración internacional, cabe preguntarse qué se esperaría para los próximos 50 años, a partir de una población actual de poco más de 5 millones. Los resultados sugieren que la población del país no llegará a sobrepasar los 5,6 millones de habitantes y que dentro de dos o tres décadas empezará a disminuir; aunque internacionalmente saldos netos migratorios positivos han permitido balancear los efectos del decrecimiento en la natalidad.

De lo anterior, se desprenderían cambios y consecuencias que el país deberá aprovechar y atender de forma adecuada, principalmente: la disminución ya en marcha de la población infantil y juvenil, demandante de educación y nuevos empleos; la caída progresiva de la población adulta, generadora de producción e ingresos fiscales y aportes a la seguridad social; y el crecimiento sostenido de la población adulta mayor, receptora de pensiones y gran consumidora de servicios especializados de salud.

A estos cambios, cabe resaltar también que la reducción en la fecundidad adolescente continuaría favoreciendo la salud en general de las mujeres jóvenes y promoviendo su permanencia en el sistema educativo, con sus consecuencias futuras en el cierre de las brechas sociales y económicas de género en el corto y mediano plazo.

Políticas de equidad de género – como las licencias de paternidad, acceso universal a redes de cuido, promoción de la equidad en el uso del tiempo en labores del hogar y mejor acceso a fuentes de trabajo para las mujeres – podrían también agregar una fuerte incidencia en las mencionadas tendencias futuras de la fecundidad en Costa Rica.

Ante este panorama y a la espera del aprovechamiento de la información del más reciente Censo Nacional, que está muy pronto a conocerse, este Día Mundial de la Población se presenta como una oportunidad para posicionar el debate, ojalá bien fundamentado en datos, sobre la población y sociedad costarricenses que tenemos y tendremos a futuro, y la adopción de las políticas apropiadas que se requieran.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

Colaboraron con este artículo: el M.Sc. Jorge Barquero Barquero y el Dr. Gilbert Brenes Camacho, director y subdirector del CCP-UCR, respectivamente.

 

Dr. Luis Rosero Bixby
Profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y fundador del Centro, UCR

Jorge Barquero Barquero

Director del Centro Centroamericano de Población, UCR

Voz Experta: Desigualdad económica y homicidios: una mirada psicosocial

Juan Diego García Castro

Voz Experta: Desigualdad económica y homicidios: una mirada psicosocial

Costa Rica está registrando un récord sin precedentes en el número de homicidios, los cuales producen un gran impacto emocional por la forma violenta de terminar con la vida de una persona. Las consecuencias psicológicas que producen estos sucesos en la sociedad son varias y de diferente magnitud. Las más inmediatas son miedo, frustración y sentimientos de impotencia. A mediano plazo, se desarrolla un sentimiento de alerta constante, deterioro de la salud mental y desesperanza en relación a no poder solucionar el problema. Todas estas consecuencias ya se reflejan en la población nacional, por ejemplo, en la última encuesta del El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica las personas costarricenses señalan que el principal problema del país es la criminalidad y su principal temor perder el país.

Frente a estos sentimientos de impotencia y perdida de control producto de las altas tasas de homicidios, la reacción natural y espontanea es pedir políticas de mano dura contra las personas criminales. Las políticas represivas brindan una falsa sensación de seguridad para enfrentarse a un mundo que es peligroso y para compensar la falta de control que la criminalidad ejerce sobre nuestras vidas. Estas políticas son las que se discuten hoy en el gobierno y la asamblea legislativa como las principales soluciones a este problema. Sin embargo, la evidencia científica señala con contundencia, que las políticas de mano dura no son eficaces para disminuir la criminalidad ya que tratan el síntoma (los homicidios) pero no la enfermedad (la desigualdad). Para reducir los homicidios en Costa Rica necesitamos disminuir la desigualdad económica.

LEA MÁS: Voz experta UCR

Las razones por las cuales una persona mata a otra tienen múltiples causas. Una de sus principales raíces es la inequidad social. Tanto en Costa Rica como a nivel internacional, aquellas personas que matan y son asesinadas son mayoritariamente hombres jóvenes en contextos de privación social y en escenarios de competencia por recursos económicos, sociales y simbólicos. Cuando la distribución de riqueza es altamente inequitativa como lo es hoy en nuestro país, las tácticas de sobrevivencia son extremas. La lucha por recursos básicos de subsistencia y de estatus social se vuelve más violenta.

La desigualdad no es lo mismo que la pobreza, la desigualdad conlleva un contraste también con las personas favorecidas. Ha existido alguna discusión académica sobre si la causa de la violencia es propiamente la pobreza o la desigualdad. Sin embargo, hoy sabemos que los homicidios se relacionan más con la desigualdad por los procesos psicológicos que conlleva la comparación social. Estar expuestas al contraste entre la abundancia de algunos sectores sociales con sus lujos y estilo de vida, mientras que por otro lado se pasan necesidades básicas trae como consecuencia, entre muchas otras cosas, el distanciamiento social y la competición por el estatus.

LEA: La receta contra la pobreza y la desigualdad está escrita

El distanciamiento social que provoca la desigualdad económica hace que la gente viva segregada en espacios en los cuales se limita el contacto entre personas de diferentes recursos económicos. Por ejemplo, en Costa Rica se puede observar este fenómeno con la proliferación de comunidades cerradas (condominios, residenciales), clubes exclusivos o zonas “VIP”. Mientras, por otro lado, existen cantones con una alta concentración de personas en vulnerabilidad social, viviendo en condiciones de hacinamiento y con malos servicios de transporte público. Este distanciamiento provoca que confiemos menos en otras personas porque no las conocemos y que no sigamos las normas sociales establecidas por la evaluación de que la sociedad no funciona, aumentando el estrés, disminuyendo la participación en actividades “cívicas” (recientemente se ha encontrado en el país una asociación entre abstencionismo electoral y desigualdad) y aumentando los homicidios.

El otro mecanismo psicosocial que relaciona la desigualdad con los homicidios es la competencia por el estatus. La jerarquía social es más importante cuanto más desigual es la sociedad. Así, la desigualdad económica promueve la competencia, la comparación con las otras personas y el individualismo. En un país desigualdad como el nuestro, las personas están más conscientes de su lugar en la sociedad e incrementan su ansiedad por el estatus. Lo cual lleva a que las personas por ejemplo compren objetos con intención de mostrarlos y esto lo vemos cotidianamente en redes sociales. En las redes sociales las personas por lo general fanfarronean con sus estilos de vida reales o imaginarios con tal de ganarse un lugar simbólico en la sociedad. La lucha por el estatus hace que especialmente sean los hombres de grupos desaventajados quienes más violenten a otros hombres para conseguir un lugar entre su grupo de pares y en un país que prácticamente no les brinda otras oportunidades.

ADEMÁS: Igualiticos: la construcción social de la desigualdad en Costa Rica, de Carlos Sojo.

De está forma, metiendo a todas las presuntas personas criminales a la cárcel no vamos a disminuir la violencia porque no estaríamos resolviendo su causa. Reduciendo la desigualdad económica si podríamos mermar la tasa de homicidios como ya se ha hecho en otros países. En estos momentos Costa Rica tiene uno de los niveles de desigualdad más grandes en nuestra historia. Organismos económicos internacionales como el FMI, la OCDE y la CEPAL llaman a poner impuestos de emergencia a las grandes fortunas y al capital. Por ejemplo, si aumentaremos los impuestos de las ganancias al 1% más rico del país y con este dinero se hace inversión social como seguro de desempleo, oportunidades educativas e ingreso básico universal, podemos disminuir la violencia que hoy azota al país. Estas medidas sabemos científicamente que funcionan.

Los homicidios y la desigualdad ni son naturales, ni son inevitables. Es una decisión política y podemos cambiarla. Sentir desesperanza por el rumbo que lleva el país es la reacción más lógica frente a la situación que estamos viviendo. Sin embargo, la ciencia social lleva mucho tiempo estudiando como revertir la violencia y hay soluciones. Tenemos que implementarlas para construir una Costa Rica mejor.

 

Juan Diego García Castro

Investigador la línea Interacciones Grupales e Individuales y profesor de la Universidad de Costa Rica. Psicólogo Social. Doctor en Psicología y magíster en Psicología de la Intervención Social por la Universidad de Granada, España, y psicólogo por la Universidad de Costa Rica. Su trabajo de investigación se centra en la percepción de desigualdad económica en la vida cotidiana, la intolerancia a la desigualdad, las actitudes hacia la redistribución, las ideologías y el miedo al crimen. Su investigación se centra en los efectos psicosociales de la percepción de la desigualdad económica.

UCR, Voz experta: La importancia de una formación humanista en un país multiétnico y pluricultural

Verónica Jerez Brenes

Por: Verónica Jerez Brenes

Cuando las personas visitan la página de la Escuela de Estudios Generales se encuentran con las siguientes frases: “Los Estudios Generales son el conjunto de cursos que fundamentan la formación universitaria, basados en perspectivas humanistas y en el desarrollo de pensamiento crítico. El Humanismo es la reflexión sobre el ser humano y su condición en el mundo. Su fin es buscar de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia.” Esto lo vivimos día a día en las aulas, las personas matriculadas en los cursos de Humanidades rompen su burbuja, muchos salen de sus comunidades para enfrentarse a nuevos retos, uno de ellos, es tomar conciencia de que Costa Rica es multiétnica y pluricultural. Tendrán compañeros y compañeras que vienen no solo de distintas localidades, sino que se han enfrentado también a situaciones producto de su condición de género y etnia.

La historia de un país es algo vivo y en constante cambio. Tradicionalmente, en Costa Rica, se implementó de manera exitosa esa visión de los liberales del siglo XIX en la que, se nos decía que los costarricenses provenimos de un grupo homogéneo desde el punto de vista étnico. Nada más alejado de la realidad pues basta con revisar las Genealogías de Cartago, de Monseñor Sanabria, o los libros de parroquia de las distintas iglesias en los cuales se registraba la presencia de población de distintas etnias, esto fruto del pasado colonial: mulatos, mestizos y muchos otros grupos nacidos del proceso de mestizaje, muy a pesar de la intención inicial de las autoridades españolas para que esto no ocurriera.

Como se ha mencionado, ese proyecto de los liberales del siglo XIX había mirado hacia dentro del Valle Central, con una interpretación del ser costarricense que negó la presencia de grupos indígenas y afro, a pesar de sus menciones en crónicas coloniales. Estos grupos han estado presentes a lo largo de la historia, han tenido participación y relevancia en el devenir histórico nacional. Se parte del principio de igualdad ante la ley garantizado por la legislación nacional y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, disfrutamos y defendemos los derechos de primera generación, pero bajo esto muchas veces persisten practicas sociales excluyentes, se pasa por alto la importancia de preservar los elementos distintivos de cada pueblo: formas de vestir, peinarse o preparar platillos nos hablan nuestra propia historia o, mejor dicho, de muchas historias.

Contrario a esos mitos que nos hablan de la homogeneidad étnica nos encontramos con los pueblos originarios que aún reclaman su derecho a la tierra y la visibilización de sus luchas. Si bien estamos conscientes de que durante el periodo colonial se produjo una disminución de la población originaria debido a múltiples factores como la muerte por las enfermedades provenientes de Europa y el mismo proceso de mestizaje, sería erróneo decir que desaparecieron por completo; y algunos de los grupos que permanecieron se vieron obligados a trasladarse, especialmente con la fundación de los llamados pueblos de indios fuera del Valle Central.

Ya lo había mencionado Miguel Rojas Mix en su texto de 1991 cuando nos hablaba de los “cuatro abuelos” o para ser más claros podríamos decir abuelos y abuelas -esto como una forma de reconocer el aporte de las mujeres a lo largo de historia- tomando en cuenta que provenían de los pueblos originarios, de los peninsulares, las personas en condición de esclavitud traídas al continente y, ya desde mediados del siglo XIX y la primera mitad del XX: los inmigrantes. Estos llegaron con la construcción del ferrocarril y las plantaciones bananeras, fueron italianos, chinos, jamaiquinos y antillanos, solo por mencionar algunos. Esto nos pone en evidencia que, de alguna manera, los grupos indígenas y afrocoloniales fueron de alguna manera asimilados o invisibilizados posterior al proceso de Independencia buscando, como bien lo indica Diana Senior: “la homogenización sociocultural que dichos representantes políticos, desde sus propias perspectivas, habían entendido como necesarias para limar (aunque parcial y artificialmente), las discrepancias que pudiesen surgir durante los procesos de construcción de las respectivas Repúblicas en Centroamérica” (Senior, 2018, p 194).

Con las nuevas olas migratorias a inicios del XX y asociada con la ideología del progreso, resurge el tema de la población diversa étnicamente debido al tipo de trabajadores que llegan a Costa Rica, estas personas vienen en una condición distinta, es mano de obra libre y se ubica en la zona del Caribe. Son personas que traen otro idioma, religión y prácticas culturales distintas y que los consideran como extranjeros. Los estados ven en el pasado colonial “el atraso” nuevamente hacen eco de las diferencias étnicas como parte de sus discursos con miras al “blanqueamiento” de su población, unas veces de forma tácita como la negación de la diversidad y de su presencia como el caso de los grupos indígenas en Costa Rica, y otras en manifestaciones concretas al emitir directrices acerca de la negativa de recibir a determinados grupos de población migrante como mano de obra.

En este sentido, los procesos educativos escolares fueron exitosos al promover el mito de la blanquitud y el pacifismo, especialmente con una enseñanza de la historia nacional centrada en las efemérides y que reconocía esa “diversidad” si acaso unos cuantos días al año y que está pensada en una perspectiva vallecentralina. En el 2016 un estudio de Campos, Raventós y Barrantes, sobre la composición genética de los costarricenses nos revela como una sociedad multiétnica y que varía su composición étnica en las distintas regiones del país, mostrando desde otra disciplinar que somos una sociedad multiétnica.

Por eso la reflexión en las aulas debe estar acompañada por la capacidad que ofrece la investigación y la docencia, y por medio del intercambio de información para conocer sobre otras culturas ya sea dentro o fuera del país; los cursos de Humanidades se abren como espacios que nos posibilitan reconocer el valor de la diversidad en un sentido amplio. A través de una formación humanista tendiente al diálogo y al pensamiento crítico podremos sobrepasar esas fronteras invisibles que nos dicen que dependiendo de cómo nos vemos o nos ven pertenecemos a cierta parte del territorio nacional, casi como negando la posibilidad de trasladarnos libremente por el país y de practicar libremente las expresiones culturales propias, cayendo en un juego que nos dice que debemos abandonarlas para “encajar”, donde más bien, estamos en un momento en el que el rescate de lo que nos hace ser costarricenses debe estar basado en los aportes de las distintas culturas y etnias que conviven en el territorio nacional.

 

Prof. Verónica Jerez Brenes
Profesora Escuela de Estudios Generales. Universidad de Costa Rica, UCR

Voz experta: ¡Propiciemos una administración ágil! El desarrollo académico lo requiere

M.Sc. Johnny Rodríguez Gutiérrez, Director Ejecutivo, Rectoría y Dr. Roberto Guillén Pacheco, Vicerrector de Administración Foto: Anel Kenjekeeva, UCR

Por: Dr. Roberto Guillén Pacheco, Vicerrector de Administración UCR y M.Sc. Johnny Rodríguez Gutiérrez, Director Ejecutivo, Rectoría.

El rediseño de modelos de gestión y el cambio de dinámicas institucionales que se propicien desde la administración superior, implican no solo una gran participación de la comunidad universitaria, sino un compromiso decidido hacia la desburocratización

«Acción universitaria planificada: Desarrollar una acción universitaria planificada en pro del mejoramiento continuo para contribuir a elevar el desarrollo humano y la calidad de vida de los habitantes del país». (Estatuto Orgánico, UCR)

Este principio definido en nuestro Estatuto Orgánico, nos permite orientar los esfuerzos para contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social, de equidad, del desarrollo integral, de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo (Estatuto Orgánico, artículo 3).

Para garantizar este propósito, es necesario visualizar la gestión administrativa institucional como facilitadora de la excelencia académica, la vida estudiantil, la innovación y transferencia de conocimiento hacia los sectores productivos, así como la relación con la sociedad por medio de la acción social.

Debemos reconocer la complejidad del sistema de gestión universitaria, que se caracteriza por un exceso de trámites en distintos niveles que, en buena parte, se derivan de interpretaciones subjetivas de la normativa universitaria o de prácticas añejas que se han perpetuado, generando grandes afectaciones al erario universitario en distintos ámbitos. En medio de estos retos internos, pero también del contexto tan complejo que nos reúne como comunidad universitaria, se requiere de creatividad, innovación y espacios de diálogos permanente que nos permitan avanzar en la definición de nuevos modelos de gestión facilitadores del desarrollo académico institucional.

Debemos mapear los “dolores” de las unidades académicas y de las oficinas administrativas, pero sobre todo, definir una ruta colectiva para el mejor aprovechamiento de los recursos. Para gestionar esta cultura institucional, desarrollar una estrategia integral de gobierno abierto, que reconozca la necesidad de avanzar en reformas catalizadoras para mejorar la gobernanza institucional, la democracia universitaria y mayor inclusión en distintos espacios de toma de decisiones. La OCDE señala cómo los principios de gobierno abierto están cambiando las relaciones entre los funcionarios públicos y los ciudadanos, haciéndolas más dinámicas, mutuamente beneficiosas y basadas en confianza recíproca. Además, desvela que las iniciativas de gobierno abierto son una herramienta para lograr objetivos de política pública más amplios en lugar de ser un fin en sí mismas.

Se requiere de una reflexión profunda para replantear dinámicas, modelos institucionales y malas prácticas que se han institucionalizado y se han aceptado como “normales”, generando efectos perversos que inciden en la correcta gestión de los recursos universitarios. En este sentido, esta administración ha impulsado reformas en temas de infraestructura para integrar los procesos que, en materia de gestión del espacio y de infraestructura física, se encuentran a cargo de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI) y la Sección de Mantenimiento y Construcción de la Oficina de Servicios Generales (OSG), con ocasión de fortalecer la planificación, ejecución y evaluación institucional para determinar las prioridades de la Universidad en materia de infraestructura (Resolución R-271-2022).

El rediseño de modelos de gestión y el cambio de dinámicas institucionales que se propicien desde la administración superior, implican no solo una gran participación de la comunidad universitaria, sino un compromiso decidido hacia la desburocratización como una estrategia para responder a distintas exigencias académicas, presupuestarias, sociales, políticas y administrativas. En este sentido, el exceso de trámites y de procedimientos obsoletos o
innecesarios, generan distorsiones en un modelo universitario que debe velar por los intereses, armonía, y buen desempeño de los servicios universitarios. (artículo 40, Estatuto Orgánico).

La desburocratización y el mejoramiento institucional, deben orientarse hacia la renovación de estructuras y la revisión de procedimientos institucionales que no generan valor público, y por lo tanto, no producimos los resultados esperados por parte de la comunidad universitaria. El tener estructuras organizacionales obsoletas, procesos institucionales rígidos, prácticas cotidianas sin valor e inerciales y alta discrecionalidad en la toma de decisiones, han generado redundancias innecesarias, proyectos inconclusos que acarrean negligencias de quienes no han defendido el interés institucional. Estas distorsiones también dificultan la continuidad del servicio que debemos garantizar en la Administración Pública y también inciden en la fuga de talentos ante la poca capacidad de respuesta por parte del sistema.

Es necesario pensar en estrategias innovadoras y amigables para la academia, fomentar el uso compartido y democrático de los bienes institucionales, defender nuestra autonomía frente a cambios normativos que pueden condicionar el desarrollo académico, continuar propiciando una comunicación fluida y cercana con la comunidad universitaria, facilitar espacios de diálogo para el análisis de problemas institucionales y la búsqueda colectiva de
soluciones. En un contexto complejo como el que nos reúne, el interés institucional debe prevalecer por encima de los personales, el colectivo debe fortalecerse.

Los esfuerzos orientados hacia la desburocratización de la gestión administrativa institucional, pueden requerir la actualización de normativa, pero también, deben analizarse en función de la cultura institucional que hemos construido a lo largo de la historia de la Universidad. Debemos respetar nuestras costumbres y realizar cambios garantizando nuestra autonomía. No obstante, también se requiere del liderazgo de los distintos mandos para
ejercer su rol de autoridad, de acuerdo con las competencias que han sido conferidas en el marco de legalidad institucional.

Este proceso de desburocratización de los servicios universitarios debe estar acompañada de una clara estrategia de gobierno abierto que requiere de una coordinación interinstitucional, tanto horizontal como vertical, para desarrollar capacidades suficientes que permitan la implementación de acciones transversales. Los trámites administrativos tienen un impacto social que afecta la percepción del ciudadano acerca de la organización y el funcionamiento de los servicios universitarios.

Es precisamente mediante la ejecución de procedimientos y trámites que se integra el aparato burocrático universitario con las necesidades de la comunidad universitaria. En este sentido, la Universidad debe realizar todos los esfuerzos necesarios para que el sistema de gestión institucional permita responder con prontitud, sencillez y sentido común, a las expectativas que demanda la comunidad académica.

Este ejercicio permanente de lograr una administración ágil, flexible y práctica para lograr el desarrollo académico institucional, debe tener una clara orientación hacia las personas usuarias (personal docente, administrativo y población estudiantil), debemos seguir en la ruta trazada, logrando cercanía con la comunidad universitaria y tendiendo puentes con distintos actores internos y externos. Este es un esfuerzo colectivo y permanente, basado en la
comunicación, la empatía, la solidaridad, la racionalidad, el sentido común, superando la cultura de los feudos y garantizando la continuidad de los servicios. En este sentido, recordamos que la Ley General de la Administración pública, define: “La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”.

Es cierto que la Institución tiene importantes retos, particularmente mejorar la atención hacia las personas usuarias, simplificar la burocracia, reflexionar sobre qué hacemos, para qué y cómo, en aras de garantizar los resultados que estamos llamados a generar. Debemos ser capaces de gestionar sin mayores desgastes en temas que son medulares en la cotidianidad de nuestras unidades y ello requiere un análisis permanente de distintas situaciones para la
búsqueda de soluciones integrales. Esta preocupación ha sido atendida de manera responsable por la presente administración, que se ha ocupado de avanzar en la ruta de la desburocratización y en mejorar algunos procesos con los recursos disponibles. Un esfuerzo tangible es la creación de la Unidad de Mejora Continua (UMEC), como un proceso funcional adscrito a la Rectoría, que ha permitido replantear procesos bajo una visión más integral y simplificando las actividades, logrando mayor cohesión y colaboración de los actores que participan.

«Estas acciones evidencian que la administración ha asumido el compromiso decidido de mejorar procesos académicos y administrativos para marcar la ruta hacia una Universidad que favorezca el cambio y la innovación, donde se garantice la excelencia académica con eficiencia administrativa, probidad, la equidad en la distribución de recursos y resguardando el interés institucional en la toma de decisiones. Falta camino pero ya marcamos la ruta e iniciamos».

En el año 2022, por medio de la UMEC, se atendieron más de 250 casos relacionados con consultas estudiantiles, más de 150 sobre servicios universitarios y en promedio, 82 casos mensuales por medio del buzón UCR (https://buzon.ucr.ac.cr/). Como parte de los proyectos de mejora en servicios y procedimientos, durante el 2022 se elaboraron 17 procedimientos que se ejecutan desde vicerrectorías, órganos disciplinarios y oficinas administrativas.

Estas acciones evidencian que la administración ha asumido el compromiso decidido de mejorar procesos académicos y administrativos para marcar la ruta hacia una Universidad que favorezca el cambio y la innovación, donde se garantice la excelencia académica con eficiencia administrativa, probidad, la equidad en la distribución de recursos y resguardando el interés institucional en la toma de decisiones. Falta camino pero ya marcamos la ruta e iniciamos.

En este contexto tan convulso, invitamos a la comunidad universitaria a ser parte de las soluciones, a seguir unidos para defender los intereses institucionales, a no dejarnos llevar por el cálculo político, a aportar con convicción y con orgullo de pertenecer a esta gran institución, a participar activamente en la búsqueda de una administración más eficiente, más pronta, más flexible, práctica y con visión humanista. Para ello, desde la administración se facilitarán los canales de comunicación para promover la opinión de toda la comunidad universitaria y se devolverá la información a las instancias correspondientes para su atención.

Bibliografía:
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica.
Ley General de la Administración Pública. República de Costa Rica.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). (2016).Gobierno
abierto. Contexto Mundial y el camino a seguir.

 

Dr. Roberto Guillén Pacheco

Vicerrector de Administración, UCR

M.Sc. Johnny Rodríguez Gutiérrez

Director Ejecutivo, Rectoría, UCR

UCR, Voz experta: La creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación es un retroceso para la ciencia del país

Por Dr. José María Gutiérrez, profesor emérito, Universidad de Costa Rica

Se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. De aprobarse este proyecto, el actual Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) se transformaría en esta Promotora. Este proyecto tiene serias implicaciones para el desarrollo científico-tecnológico nacional; lamentablemente, no se ha dado en la comunidad nacional una discusión lo suficientemente amplia sobre el mismo y sus consecuencias.

Este proyecto parte de una visión limitada y parcial del complejo ciencia-tecnología-innovación, lo cual podría tener implicaciones negativas para el desarrollo científico-tecnológico nacional. Se podría pensar que, si se propone que esta nueva entidad absorba las funciones del CONICIT, la misma debería velar por el desarrollo equilibrado de la ciencia, la tecnología y la innovación del país. Ese, desafortunadamente, no es el caso. Veamos por qué, con base en el texto del proyecto del 17 de noviembre del 2020.

El complejo ciencia-tecnología-innovación tiene un carácter sistémico, lo cual implica que se debe mantener un equilibrio y un balance entre la generación endógena de conocimiento científico básico y aplicado, la investigación y el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento a los sectores sociales y productivos, incluyendo la transferencia tecnológica, y la innovación en muy diversos ámbitos de la sociedad. Se trata de un engranaje con múltiples componentes.

Estos subconjuntos del complejo ciencia-tecnología-innovación deben interactuar entre sí de manera eficaz, pero a la vez requieren mantener un desarrollo equilibrado, y todos han de ser fortalecidos y alimentados para lograr un sistema integrado y holístico. Resulta vital, por lo tanto, mantener ese equilibrio entre los componentes del sistema y evitar la priorización excesiva de unos en detrimento de otros.

La lectura del proyecto deja ver un énfasis desmedido en el tema de la innovación y de la aplicación del conocimiento con fines económico-productivos. Se confiere un peso excesivo al desarrollo tecnológico y la innovación y al papel del sector empresarial en el complejo ciencia-tecnología e innovación, en detrimento de los otros elementos del sistema.

Si bien el texto del proyecto menciona el desarrollo científico y la importancia de la ciencia en diversos artículos, el énfasis se centra de manera inconveniente en la innovación, el desarrollo tecnológico y el rol de la investigación en la esfera económico-productiva. Al hacerlo, se debilita significativamente la prioridad que debe tener el desarrollo de capacidades endógenas para generar conocimiento original a través de la ciencia, lo cual tendría implicaciones negativas en el desarrollo de todo el sistema.

La ciencia es mucho más que la provisión de insumos para la innovación y el desarrollo económico. La ciencia permite comprender la realidad natural y social y genera insumos originales de conocimiento que alimentan todo el engranaje de ciencia-tecnología e innovación. Es, además, un valioso componente de la cultura en un contexto amplio. En este sentido, el proyecto tiene una limitación conceptual de fondo.

Para fundamentar esta crítica, me remito a los siguientes aspectos del proyecto:

(1) En el artículo 2 se señala: “La Promotora tendrá como finalidad la promoción de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico como ejes para alcanzar el desarrollo productivo y social del país”. No obstante, la lectura del texto del proyecto no concuerda con esta finalidad, ya que se coloca un énfasis desmedido en el tema de la transferencia de tecnología y la innovación, descuidándose el fomento del desarrollo científico.

(2) En el artículo 6 se dice lo siguiente: “La Promotora tendrá las siguientes funciones:

  1. a) Diseñar, administrar, preparar y ejecutar fondos, instrumentos y programas orientados a promover: (i) la innovación, (ii) los emprendimientos innovadores y de base tecnológica, (iii) la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, (iv) la transferencia tecnológica y (v) el capital humano especializado en las áreas de ciencia, tecnología e innovación”.

Queda claro, de la lectura de este artículo, que las cuatro primeras funciones se centran en la innovación, el desarrollo tecnológico, los emprendimientos y la transferencia tecnológica. Se omite por completo el fomento al desarrollo de la ciencia básica y aplicada. Solamente el inciso (v) podría cubrir aspectos relacionados con la ciencia, al enfocarse en la formación de recurso humano calificado. No obstante, tomando en cuenta el espíritu que se desprende de todo el proyecto, es muy factible que esa formación de recurso humano se centre en aspectos tecnológicos y de innovación. Este artículo deja ver claramente la excesiva e inconveniente priorización en las esferas tecnológicas y de innovación, alejándose de la consolidación de una base científico-tecnológica endógena que garantice la creación de nuevas ideas y la comprensión de la realidad, sobre la que se basan el desarrollo tecnológico y la innovación.

(3) Quizá el punto del proyecto que más claramente refleja esta visión sesgada y parcial del complejo ciencia-tecnología-innovación es la integración de la Junta Directiva de la Promotora. Esta Junta estaría integrada por:

“a) La persona jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; quien presidirá y fungirá como presidente de la Junta Directiva.
b) La persona jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
c) Un representante de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
d) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
e) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
f) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
g) El (la) Presidente del INA.
h) Un representante de las Universidades Públicas designado por CONARE.
i) Un representante de las Universidades Privadas designados por UNIRE.”

Tenemos acá un predominio de sectores empresariales e institucionales cuya misión se centra en el desarrollo económico, al tiempo que hay una casi nula representación de la comunidad científico-tecnológica. Los principales reservorios de investigación científico-tecnológica del país son las universidades públicas. Es sorprendente que estas instituciones tengan solo un asiento en esta junta directiva, con igual peso que las universidades privadas, en las que la investigación es muy limitada. Sorprende también que no haya un sitio en esta directiva para la Academia Nacional de Ciencia. El desbalance es más que evidente.

Estamos hablando de una nueva entidad que va a sustituir al CONICIT y que, por ende, debe velar por el desarrollo integral de la ciencia-tecnología-innovación del país. Es preocupante que la junta directiva de una entidad que va a asumir estas funciones tenga esa integración, mostrando una clara tendencia hacia la ‘corporativización’ de este ámbito fundamental del desarrollo nacional. El desequilibrio que traería la integración de esta junta directiva podría afectar seriamente los esfuerzos que el país ha realizado a través de décadas para gestar una comunidad de investigación en ciencia y tecnología, ubicada fundamentalmente en las instituciones de educación superior públicas.

No argumento que la innovación y el desarrollo tecnológico no sean importantes; son fundamentales y nuestro país debe avanzar mucho más en estos ámbitos. Pero son solo dos componentes de un sistema mucho más complejo. Lo aquí planteado es muy claro en los países desarrollados, donde se apoya fuertemente el fomento de la ciencia básica y aplicada, a la vez que se generan mecanismos para que el conocimiento fluya a las esferas de desarrollo tecnológico y de innovación. Pero el sistema debe contemplar y apoyar la investigación científica, en equilibrio con los otros componentes.

Lejos de ayudar al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Costa Rica, el proyecto pone en riesgo avances importantes que ha tenido el país en dichos campos, no resuelve los muchos problemas que tenemos en estos temas, y excluye a sectores y protagonistas que están llamados a jugar un papel protagónico en estas áreas estratégicas del desarrollo nacional.

 

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica