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Etiqueta: actividad agrícola

La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos: el caso de la cebolla

Publicado el . Publicado en Alimentación.

German Masís

En una noticia de ayer 15 de abril, se dio a conocer que la producción nacional de cebolla disminuye mientras que las importaciones llegan a su punto más alto, a la vez que productores nacionales reclaman que esta actividad va a desparecer debido a las importaciones. Según esta información, las toneladas métricas pasaron de 45.585 en el 20223 a 35.788 en el 2024, con una disminución del 21.5%, considera como una caída significativa por el CNP.

Este dato sobre la reducción de la producción de cebolla, se encuentra probablemente ya entre los niveles mínimos a los que puede llegar la producción nacional de este cultivo en el país, situación sobre la que se ha venido alertando desde hace varios años.

El año anterior, en el análisis de los cambios en la Encuesta Nacional Agraria 2023, se mencionaba la tendencia al deterioro de la actividad agrícola y la aproximación a la producción mínima en las principales actividades agroalimentarias.

Se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento de la importación como ha ocurrido con el arroz, el maíz y el frijol o al aumento en el ingreso de productos como ha ocurrido con la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.(SURCOS,1-10-2024)

En los últimos meses la disponibilidad de cebolla se ha introducido en ese círculo perverso, de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones y aumento de los precios al consumidor, en que había ingresado unos meses antes también la actividad de la papa y que entre las Autoridades del sector agropecuario nadie quiere explicar y menos atender.

Se informa al mismo tiempo, que el año pasado se dio un aumento en la importación de cebollas, es decir, de las que se producen en otros países y se traen a Costa Rica, ya que las importaciones pasaron de 1.663 toneladas métricas en el 2023 a 8.290. toneladas métricas en el 2024, una cifra nunca antes vista.

Los datos recientemente publicados por el CNP indican que este comportamiento al alza en las importaciones parece mantenerse en el 2025. Solo durante enero y febrero se han traído al país 2.322 toneladas, más que todo lo que se importó en cada uno de los años previos al 2023.

Por su parte, el análisis realizado por el CNP también demuestra que hay un aumento sostenido del precio de la cebolla fresca en Costa Rica. De esta forma, el precio promedio por kilo que se paga al productor pasó de ¢800 en el 2021 a ¢1.180 en el 2024 y en ese mismo periodo en el Cenada el precio del kilo subió de ¢844 a ¢1.369.

Pero aún más pronunciado ha sido el aumento en el 2025, pues el incremento en las ferias se movió de ¢1.127 a ¢1.927 por kilo, mientras tanto en los supermercados pasó de ¢1.456 en el 2021 a ¢1.962 en el 2025.

Al respecto, la mejor definición de lo que está ocurriendo en la actividad de la cebolla, la dio un agricultor de Tierra Blanca de Cartago, cuando en la misma información, dice que nunca había pasado por una situación tan complicada como la actual, que el mercado nacional no está absorbiendo la producción nacional, porque el Cenada y los supermercados prefieren importar cebolla que comprarle al nacional.

Desde su punto de vista, durante los últimos meses un grupo de importadores se dieron cuenta de que la cebolla es un buen negocio y es un producto de venta masiva. Debido a esto, el mercado nacional se ha inundado de cebolla de Perú, Nicaragua y Estados Unidos. Mientras tanto, la cantidad de agricultores de cebolla está disminuyendo a una velocidad de 5% al año, según cálculos del sector cebollero.

“Eso es un desplazamiento de la producción nacional (…) Y cuando ellos (importadores) dominan la oferta dominan el precio”, afirmó otro productor de San Ana. La lógica es clara y contundente, producir menos para importar más y que los importadores obtengan grandes ganancias en el comercio del producto.

Pero según, la misma información, la cebolla no es el único fruto cuya producción está bajando en Costa Rica. Las encuestas agrícolas desde el año 2020, han señalado que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos. La cantidad de hectáreas sembradas de granos básicos en Costa Rica pasó de 154.658 en el año 1990 a 36.226 en el 2023, donde la disminución es del 75%. (El Observador.com,15-4-2025)

Sin embargo, mientras las actividades agroalimentarias para el consumo interno alcanzan niveles mínimos, las Autoridades actuales del sector agropecuario, miran hacia otro lado y distraen su labor en la formulación de una política para el sector agropecuario 2023-2032, en la presentación en mayo del año anterior de un informe en cadena nacional, que denominaron el Agro es fundamental para la Administración Chávez: seguiremos trabajando por su competitividad y avance y a inicios de este año, en la emisión de un decreto para autorizar la importación de papa y cebolla..

Ante esta disociación entre la realidad de la producción agroalimentaria y la acción institucional del sector agropecuario, vuelve a cobrar validez la investigación realizada el año anterior por la Defensoría de los Habitantes sobre el acceso a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que entre sus conclusiones afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación y el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Así mismo son reiterativas, pero oportunas las consideraciones incluidas en el artículo denominado El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria (Surcosdigital.com18-3-2024), acerca de la necesidad de la formulación de una ley nacional de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, que proteja la producción agroalimentaria de los cambios en las políticas internas de desestimulo a la producción nacional y de estímulo a las importaciones.

Imagen: TEC.

La Feria del Café de Aquiares: en una comunidad rural y una finca cafetalera centenarias

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Comunidad.

German Masís Morales

Este fin de semana se realizó la IV Feria del Café de Aquiares (3 presenciales y una virtual en el 2021), en una comunidad rural perteneciente al distrito de Santa Rosa de Turrialba, ubicada al norte de ese cantón cartaginés.

Aquiares, que significa “tierra entre ríos” en el idioma huetar, es una comunidad de 2 mil habitantes, fundada en 1890, que se encuentra entre los ríos Aquiares y Turrialba y se ubica en medio de la finca Aquiares adquirida a principios del siglo XX por la familia Lindo de origen inglés y dedicada a la producción de café, en suelos volcánicos y profundamente fértiles.

La feria que se realiza tanto en el parquecito de la comunidad, como en el beneficio de la empresa Aquiares, que se encuentra frente a la iglesia del pueblo, reúnen en el primer espacio a gran cantidad de microempresarios que venden artículos diversos como alimentos procesados, artesanías en madera, vidrio, arcilla, lana y cuero, plantas ornamentales, maquinaria agrícola y una zona amplia de comidas tradicionales y rápidas. Ahí se ubica también el escenario dedicado a la música y a las actividades culturales que animan la feria.

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En las instalaciones del beneficio, se concentran la mayoría de actividades ligadas a la producción de café y a la actividad agrícola, como la venta y degustación de diferentes marcas y tipos de café, las charlas sobre la producción, procesamiento y catación del café, la muestra y venta de equipos para la elaboración de la bebida del café, como prensas, bandolas y cafeteras y productos asociados a la producción del café como sacos, sombreros y ropa alusiva a la actividad.

Entre las marcas y tipos de café, además de la marca principal el café Aquiares y sus tipos de café la Esperanza, Entre Ríos y Centroamericano, en los procesos lavado, natural y honey, se encontraban otros cafés de la zona de Turrialba, como la Misión, Siwabra, Java (producido por el CATIE) y 3 X.  Junto a los cafés turrialbeños, se mostraban y vendían cafés de otras regiones del país, como el Encinal de Tarrazú, Sombra Verde de Sarchí, Coffea Diversa de Biolley de Buenos Aires y el café Monteverde.

A la par de las diferentes marcas y tipos de café, se ofrecían y vendían productos de la zona, como el cacao de las marcas Siwabra, Nórtico y Lola (producido por el CATIE), los quesos de finca Valle Verde y Le Chaudrón, granola y almendras de Turri Nuts, mermeladas y conservas de Productos Alimenticios las Delicias, sangría de maracuya y reposterías de empresas familiares.

En la Feria del Café de Aquiares, se podía disfrutar de otras actividades como el tour del café tanto por la planta del beneficio como por la finca Aquiares, la visita a la finca orgánica las Nubes y a una granja de animales al frente del parquecito, además de la invitación de la Cámara de Turismo de Turrialba, para adquirir los tours por el río Pacuare, el monumento Guayabo y el volcán Turrialba, bajo la marca “Turrialba: ruralmente auténtico”.

En fin que la feria del café de Aquiares, es más que una feria de café, es visitar una comunidad rural, ubicada entre dos ríos y una catarata en las estribaciones de las montañas del norte de Turrialba, inmersa en una hacienda cafetalera, una de las más grandes del Valle Central y con uno de los beneficios de café más antiguos y en donde existe una de las iglesias más bellas del país, una iglesia metálica importada de Bélgica en el año 1925; es toda una experiencia.

Los decretos del presidente sobre la actividad arrocera y la desaparición de la producción nacional: crónica de una muerte hace tiempo anunciada

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Un grupo de personas integrado por especialistas en economía y políticas públicas, pidieron en octubre del 2020 al presidente Alvarado, reconsiderar y eliminar el acuerdo al que había llegado el Gobierno con los arroceros.

Los argumentos que utilizaban dichos especialistas eran muy similares a los que se utilizaban en la década de los 80 para impulsar la liberalización y desregulación económica de la actividad agrícola, restringir la participación del Estado y recomendar a los productores reconvertirse hacia cultivos no tradicionales de exportación.

Al final las políticas de cambio se impusieron, porque era más barato importar todo el maíz y parte del frijol y el arroz y de esa forma más de 40 mil productores de la zona Atlántica dejaron de producir granos, incursionando primero en cacao y después en raíces y tubérculos y finalmente se constituyeron en mano de obra de las empresas piñeras, que hoy ocupan las tierras antes dedicadas a la producción de granos.

Pese a que la petición indicada estaba referida plenamente a la actividad arrocera, el documento no profundizaba en cuál había sido la evolución de la producción nacional de arroz, ni sobre las razones por las que en la actualidad esta actividad esté dominada por los consorcios arroceros quienes reciben los mayores beneficios de ésta.

Al respecto es bueno mencionar que la estructura productiva de la actividad arrocera se modificó en las últimas décadas, en buena medida como resultado de las políticas establecidas en las décadas de los 80 y 90 dirigidas a desestimular la producción de granos, desmantelar el esquema estatal de apoyo a esa actividad y eliminar las licencias de importación.

Como resultado de esas políticas, muchos de los productores fueron desapareciendo a través de los años, los pequeños por sus limitados recursos para mantenerse en la producción y algunos medianos y grandes productores por haberse trasladado a actividades más rentables como la producción de caña, melón y sandía, permaneciendo solo un grupo de alrededor de 500 pequeños productores que han decidido permanecer en la producción de arroz por su compromiso con la producción alimentaria del país.

Otros actores en la actividad han sido las empresas agroindustrializadoras del arroz, que con la salida de las plantas procesadoras de granos del CNP, asumieron plenamente el procesamiento del grano que es la fase que más valor genera, algunas han combinado la fase de producción con la de procesamiento y comercialización, tendiendo a concentrar en unas pocas empresas el proceso agroindustrial y de distribución del producto terminado con diversas marcas y calidades. De más de 12 empresas arroceras que había en la década de los 90, el negocio arrocero se encuentra mayoritariamente en manos de 3 o 4 consorcios agroindustriales(arroceras).

Mientras el otro gran actor de la actividad arrocera, son las empresas importadoras surgidas en la década de los 90, que han llegado a importar alrededor un 60% del arroz a precios más bajos al producido a nivel local, pero sabemos cuánto influyen las importaciones baratas en los precios finales al consumidor?

Finalmente, se encuentra el actor de regulación en la actividad, la Corporación Arrocera Nacional, surgido en la década de los 90 con el propósito de apoyar a los productores nacionales y regular la relación con las arroceras y con los importadores del producto. CONARROZ ha debido cumplir su labor, en medio del proceso de concentración de la actividad arrocera en grandes procesadoras e importadores, pero se podrían haber mantenido los productores nacionales de arroz, si ésta no organización no hubiera existido?, seguramente que no.

En esa perspectiva se ubica el acuerdo al que llegaron en aquel momento las Autoridades gubernamentales y los diferentes actores de la actividad arrocera, cuyos aspectos específicos eran los siguientes:

1.mantener el mecanismo de regulación del precio porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, un precio del arroz relativamente estable.

2.mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que el productor pueda continuar en la actividad, ya que de efectuarse la liberalización del precio se desmantelaría la estructura productiva existente.

3.mantener la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo y las importaciones necesarias.

4.mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, es esencial para mantener la producción nacional, muchos países tienen aranceles para proteger su producción más sensible y estratégica (como Estados Unidos con su millonario programa de subsidios Farm Bill y China con su programa de protección de la producción de arroz).

5.el impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera. (Alterdescr.com,agosto-2020)

Un aspecto adicional al acuerdo es que se fijó un plazo de tres meses para establecer una ruta para proteger y fortalecer al sector, con el fin de afrontar la desgravación del precio del arroz que ocurrirá en 2024 en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

No obstante, según la mencionada petición, todos los elementos señalados son prácticas anticompetitivas, por lo que proponen “eliminar la fijación de precios mínimos y el arancel a las importaciones y abrir el mercado arrocero” (CrHoy.com,11-9-2020), con lo que consecuentemente deben desaparecer CONARROZ, los productores y presuntamente algunas arroceras, quienes sí podrían trasladarse a otra actividad.

Frente a la perspectiva de liberalización, sabemos que los mercados agrícolas en el mundo no son abiertos y de libre competencia, son fundamentalmente de excedentes y en ellos operan una serie de mediaciones comerciales, políticas y hasta culturales, que definen el mercado de productos agroalimentarios y también conocemos los riesgos de la dependencia de las importaciones, debido a la volatilidad de los precios agrícolas como ocurrió durante la crisis alimentaria del 2007-2008.

Al respecto, el exministro Alvarado de Agricultura había manifestado que “aquí no es un concepto de precio para favorecer al consumidor. También es un análisis de factores estructurales que tiene que ver con políticas públicas en términos de lo que queremos como país: si queremos producir alimentos agrícolas; o si queremos ser como Singapur, donde todo se importa, lo único que tenemos que hacer es importarlo todo sin tener una respuesta hoy a los productores agrícolas que tienen que hacer una transformación sustantiva para ser más eficientes”.

«Si hay que importarlo todo, no solo pasaría con el arroz, sino que iríamos caminando en la desaparición de todos los sectores agrícolas. Podríamos pensar en eliminar productores de frijol que quedan pocos y solo el 20% del frijol que se consume se produce en el país…, sectores de papa y cebolla porque en Holanda la producen más barata”, añadió. (ElPaís.cr,12-9-2020)

Entre los elementos que sustentaban la petición de los especialistas, se encuentra la recomendación del informe de la OCDE, que dice que “el 70% de los costarricenses consume arroz y que la regulación estatal sobre el producto tiene un efecto regresivo, en el cual salen perjudicadas las familias de menos ingresos. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre este argumento, es oportuno valorar que una pretendida liberalización del precio no garantizaría que la población de menores recursos pueda acceder a las presentaciones de arroz de mayor precio, ni tampoco que al arroz de mayor consumo popular (calidad 70-30) y que se utiliza en los comedores escolares, reduzca efectivamente su precio.

De ahí que, coincidimos con la posición de CONARROZ que “la regulación del precio ha sido beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado el cual ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable”.

Otro aspecto presente en el comunicado es el que afirma que “no se justifica atrasar las reformas al sector porque con ello ganan los oligopolios grandes”, pero ¿no son los grandes importadores los que están vinculados a las empresas agroindustriales?

La presencia y predominio de éstas parece consustancial al desarrollo del capital en las actividades agrícolas, así por ejemplo en actividades como la producción y comercio de frijol, prevalecen 4 o 5 empacadoras grandes que controlan la producción, las importaciones y definen el precio de todas las presentaciones del producto final que llega a los consumidores.

Finalmente, el otro elemento mencionado en el documento era que “para apoyar a los pequeños y medianos productores, es necesario transformar los programas establecidos en un programa de reconversión agrícola, que incluya la posibilidad de ser más eficientes en arroz o de moverse a otras actividades”. (CrHoy.com,11-9-2020)

Sobre un posible programa de reconversión agrícola, el exministro de Agricultura había señalado “que no es sencillo. Para emigrar a otros cultivos agrícolas, afirma que se deben tomar en cuenta factores de conocimiento, suelos y microclimas”.

Además, es oportuno mencionar que, en los años 2009 y 2010, las unidades de producción arrocera habían logrado mejorar su productividad como resultado del apoyo del Plan Nacional de Alimentos, que impulsó el Gobierno Arias Sánchez debido al aumento de los precios y el desabastecimiento mundial de alimentos. En esa ocasión los productores de arroz y frijol lograron elevar sus rendimientos mediante la incorporación de semillas mejoradas, insumos y tecnología apropiada y prácticas postcosecha, como lo ha logrado efectuar CONARROZ con este acuerdo.

Adicionalmente el documento de los especialistas agrega que “es probable que sea necesario subsidiar de manera temporal a algunos productores de bajos ingresos. Debería ser un programa de asistencia social, para el cual existen los recursos”. Pero contrariamente desde hace muchos años, se ha afirmado que el apoyo a los productores debe ser objeto de la política productiva para que se integren a la producción y al mercado en mejores condiciones y no de la política social, como parte de la población pobre excluida de la actividad productiva.

En ese sentido el exministro de Agricultura había expresado que “nos compete garantizar la productividad, producción, empleo, mano de obra y repartición de la riqueza en las zonas rurales que es donde más deprimida está” y añadió que se trabaja en que los agricultores participen más de la venta de sus productos en mercados digitales y espacios territoriales, con el fin de que eviten transitar largas distancias para comercializar el grano. (ElPaís.cr, 12-9-2020)

El desarrollo de actividad arrocera no responde nada más al factor precio, la participación de los pequeños productores y de las organizaciones que los apoyan son importantes, así como fortalecer la producción nacional y la seguridad y soberanía alimentaria. El Estado ha venido apoyando la actividad con semillas mejoradas, riego y sistemas productivas más sostenibles para que la producción eleve su capacidad y no desaparezca, pero las decisiones recientes van en el sentido contrario.

Los decretos recientes del presidente Chaves, de reducir considerablemente los aranceles a la importación y eliminar los precios mínimos, prácticamente harán desaparecer la producción nacional y el esfuerzo del Estado por mantener y mejorar la producción de este esencial alimento, mientras favorece claramente a los grandes importadores y a unas pocas arroceras que mantendrán sus marcas con el arroz importado, pero esa parece ser la intención de los grupos cercanos al presidente.

 

Imagen ilustrativa.

Impulsan manejo adecuado de la cuenca del Tempisque

Publicado el . Publicado en Madre Tierra.

Cristian Chaves Jaén (UNA)

De acuerdo con el Informe de la Comisión Intersectorial para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Tempisque (Cigitem), el deterioro de la calidad de las aguas superficiales se ha convertido en motivo de preocupación a nivel mundial. El crecimiento de la población, la expansión de la actividad industrial y agrícola y el cambio climático son causas importantes de este deterioro y de las alteraciones en el ciclo hidrológico que garantiza el recurso. En las cuencas, el desarrollo de actividades agrícolas e industriales genera una importante carga de sólidos y materia orgánica provenientes de suelos erosionados y la descarga de agua residual.

Como parte de la iniciativa de Cigitem, de continuar impulsando propuestas que contribuyan con el adecuado manejo del recurso hídrico, el próximo año iniciará el proyecto “Evaluación Ambiental de las aguas de la parte baja de la Cuenca del Río Tempisque y una Propuesta de Gestión para la Protección de las Áreas Silvestres Protegidas”, financiado por el Fideicomiso Privado Costa Rica por Siempre, ejecutado para el Área de Conservación Tempisque (ACT) con fondos del II Canje de Deuda por Naturaleza EE. UU.-CR.

El proyecto tendrá una duración de un año y medio, iniciará en la época lluviosa de 2021 y finalizará en la época seca 2022.

Cigitem está conformada por representantes de instituciones públicas (Ministerio de Salud, AYA, SINAC, MINAE, Dirección de Agua, Municipalidades), el sector privado (Azucarera del Viejo, CANATUR), la comunidad y la academia (UNA, UCR).

Durante los años 2016 y 2017 esta comisión llevó a cabo el proyecto “Implementación de un sistema de monitoreo de la calidad del agua en áreas silvestres protegidas de la Cuenca Baja del Río Tempisque”, a cargo del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec-UNA), igualmente financiado por el Fideicomiso Privado Costa Rica por Siempre, ejecutado para el Área de Conservación Tempisque (ACT) con fondos del II Canje de Deuda por Naturaleza EE.UU.-CR.

Los resultados de este estudio evidenciaron una importante contaminación antropogénica producto de la actividad agrícola, industrial y acuícola desarrollada en la cuenca, principalmente relacionada con las altas concentraciones de sólidos sedimentables y suspendidos, coliformes fecales y Escherichia coli en las aguas del río Tempisque.

Así lo afirma Andrea Suárez, coordinadora de Hidrocec, quien recalcó que este proceso da continuidad al primer monitoreo que ya se realizó y que permitió la articulación de Hidrocec-UNA conjuntamente con la CIGETEM y de ahi se evaluó la necesidad de seguir impulsando propuestas que contribuyan con el adecuado manejo del recurso hídrico en esta cuenca basados en información científica en la toma de decisiones, así como el involucramiento de actores con la implementación de medidas que ayuden a recuperar la calidad del agua.

Etapas de ejecución

El proyecto tiene como objetivo “evaluar la calidad ambiental de las aguas en la parte baja de la cuenca del Río Tempisque afectadas por actividades socio productiva”, para lo cual se establecerá una propuesta de gestión del recurso hídrico de las áreas silvestres protegidas.

Johana Rojas, encargada del área de calidad de aguas en Hidrocec, informó que la recopilación de la información “se llevará a cabo a través de siete campañas de muestreo en diferentes épocas climáticas (seca, lluviosa y transiciones), en un plan de monitoreo de 12 sitios de muestreo que incluyen los ríos tributarios y canales que descargan en el río Tempisque, y cuatro sitios en el río Tempisque”.

Durante los muestreos se contará con la colaboración en campo de funcionarios de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Oficina Regional Liberia para la realización de aforos en los tributarios, y con el apoyo técnico para el levantar los datos de campo, por parte de funcionarios del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cipancí, el Ministerio de Salud, la Universidad de Costa Rica y azucarera El Viejo.

Resultados esperados

La evaluación de la calidad ambiental de las aguas de la parte baja de la cuenca del río Tempisque permitirá, mediante la comparación con datos de referencia tales como el Decreto N°33601 y el Decreto N°33903, o algunos otros índices de calidad del agua de fuentes reconocidas, conocer el estado de contaminación del río y tener una mejor comprensión de la carga de contaminantes y su dinámica, provenientes de las fuentes difusas de contaminación relacionadas con las actividades antropogénicas que se realizan en la cuenca. Esto facilitará el trabajo para formar alianzas con los responsables y buscar opciones de manejo y conservación.

Anthony Ruiz, administrador del Refugio Nacional de Vida Silvestre, justificó que “la cuenca del Tempisque es una de las más importantes de Costa Rica, no solo por lo que representa, sino por los servicios ecosistémicos que ofrece; parte de estos servicios es el de abastecer a la agroindustria para cultivar las tierras, además muchas personas dependen no solo del rio o estuario del Tempisque, sino de todos sus tributarios que hacen importante esta cuenca. Por lo tanto, es necesario saber que todos los que se benefician con esos servicios estén ayudando a proteger el ambiente al mantener las aguas en buen estado. Es por ello que este proyecto nos viene a indicar que todo esté balanceado y así tener este recurso para las futuras generaciones y el bien de muchos sectores en Costa Rica”.

Asimismo, Johana Rojas concluye que la importancia del monitoreo en esta cuenca se relaciona con la posibilidad de cuantificar el problema de contaminación del agua y principalmente conocer el origen de esta contaminación. Con esta información se pueden desarrollar propuestas de gestión más puntuales en conjunto con los mismos actores de la cuenca, con las que se disminuyan los impactos ecológicos en el río Tempisque.

**Mayor información con: Dra. Andrea Suárez de Hidrocec-UNA (8719-7499) o con la Oficina de Comunicación de la UNA, (8674-8535).

 

Enviado por UNA Comunicación.

Resultados del Foro Agropecuario: alerta roja en el agro costarricense

Publicado el . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

German Masís

Se realizó ayer miércoles en el Colegio de Periodistas el Foro Alerta Roja en el Agro Costarricense, con la participación de: Guido Vargas Secretario General de Upanacional, Mainor Cruz, Gestor de la Corporación Arrocera Nacional, Martín González, Presidente de la Corporación Hortícola Nacional, Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y Ganadería y Welmer Ramos, Diputado y miembro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa.

La moderada ubicó el foro en la perspectiva de la importancia de la actividad agrícola, que genera en la actualidad, 233.500 empleos según el INEC y aporta el 40% de las exportaciones y en la que la pequeña producción representa 93 mil fincas agrícolas de acuerdo al último Censo agropecuario, así como en la urgencia de encontrar soluciones a los tradicionales problemas del agro costarricense.

Guido Vargas, planteó de inicio que la seguridad alimentaria del país está en alerta roja y que los políticos y dirigentes no lo entienden.  Mencionó que los pequeños agricultores son sobrevivientes de las políticas económicas de liberalización y apertura que desde hace varias décadas los han afectado y que los tratados de libre comercio (como el TLC USA-CA) han ido en la misma dirección de poner en peligro la producción nacional.

Indicó que nadie defiende a los agricultores, como los productores de plátano, que al igual de los de otros productos, tienen que vender su producto barato a los comerciantes y empresas.  Dijo que los precios de los productos agrícolas debieran regularse para hacerlos más justos, porque el mercado no se regula sólo.

Recordó que las organizaciones desde hace varias décadas han hecho propuestas de reactivación productiva, para favorecer a los pequeños productores, con políticas de producción, de agroindustrialización y de comercialización, pero no han sido atendidas por los Gobernantes. Además, agregó que a veces se olvida que el deterioro de los productores agrícolas afecta a los consumidores que adquieren los alimentos.

Mainor Cruz de CONARROZ, indicó que en la actividad arrocera participan más de 500 productores, que ésta genera más de 33 mil empleos directos e indirectos y provee el 45% del consumo nacional de este producto, por lo que afirmó que cualquier acuerdo sobre la producción de arroz es fundamental para el país.

Mencionó que los acuerdos a que llegaron recientemente los diferentes actores de la actividad arrocera son muy importantes para el fortalecimiento del sector arrocero, entre ellos:

  1. El mecanismo de regulación del precio es beneficioso para el consumidor porque permite mantener un precio bajo sin fuertes aumentos, como pasa por ejemplo con el precio del frijol que comparativamente tienen un precio liberalizado que ha aumentado considerablemente en los últimos años a diferencia del precio del arroz que se mantiene estable.
  2. Mantener el precio de referencia al productor nacional es fundamental para que éste pueda continuar en la actividad, ya que la liberalización del precio desmantelaría la estructura productiva existente.
  3. Es importante la aplicación del requisito de desempeño vigente para garantizar la compra a los productores nacionales y a partir de ésta definir las necesidades de abastecimiento externo.
  4. Es necesario mantener el arancel consolidado establecido en 1996 para proteger la producción nacional, todos los países tienen aranceles para proteger su producción.
  5. El impulso de algunos proyectos legislativos de apoyo al sector arrocero, entre ellos la posibilidad de que las organizaciones accedan a los fondos de Banca para el desarrollo y la creación de un fondo de sostenibilidad de la actividad arrocera.

Concluyó que debemos cuidar la producción local, debemos apoyar la producción de granos básicos, porque la producción de alimentos es estratégica para el país.

Martín González de la Corporación Hortícola, manifestó que la agricultura es gran generadora de empleo, de más de 500 mil empleos entre directos e indirectos, por eso en esta pandemia se debiera decretar emergencia nacional la actividad agrícola.

Afirmó que son necesarias varias acciones de apoyo a esta actividad, como respaldar a las organizaciones en sus esfuerzos productivos y por una comercialización más justa de sus productos, reestructurar el PIMA-Cenada que está manipulado por unos pocos grandes comerciantes y permitir más agricultores oferentes, buscar una flexibilización de los seguros agrícolas, con la creación de un régimen especial para los agricultores, facilitar créditos accesibles a los agricultores, permitir la inscripción de nuevos insumos con moléculas mejoradas para ayudar a los productores.

González mencionó que el productor necesita: crédito viable, ventas justas y claras, seguros de cosechas e insumos más efectivos; luego se debe pensar en la agricultura de precisión y en la agricultura con valor agregado.

Recordó que la Corporación ha incluido todos estos aspectos en las propuestas que ha presentado a las autoridades del sector y que ésta organización es un ejemplo como experiencia de manejo postcosecha y comercialización de productos hortícolas.

Renato Alvarado expuso que entiende las desventajas que vive la pequeña producción nacional y que es claro que no ha habido una política que incluya la agenda de necesidades de este sector, y que no se ha dado la discusión sobre los problemas de los productores nacionales para competir con los productores de otros países que reciben subsidios de los Gobiernos, como por ejemplo el programa FARM Bill de los Estados Unidos, que subsidia a los productores de ese país y tiene un subsidio directo al seguro de cosecha de los agricultores.

Mencionó que hay discusiones que tenemos que dar, sobre los subsidios y aclarar que ningún productor nacional recibe subsidios y que por el contrario tiene que vender sus productos por debajo del costo.  También sobre la disparidad en la aplicación de los mecanismos de defensa comercial existentes en los tratados comerciales y sobre los bajos precios que reciben los agricultores de comerciantes y empresas.

Reconoció que hay que dar un debate sobre la situación estructural del sector, sobre el modelo desarrollo agropecuario vigente, sobre los costos asociados a la actividad en seguridad social, combustible, electricidad, etc., que encarecen la producción, en relación a los de otros países con los que compiten los agricultores.

Dijo que el Ministerio de Agricultura ha estado desarrollando actividades de acuerdo a las necesidades del sector, en producción de semillas, tecnología de producción, comercio, acceso al crédito y readecuación de deudas, generación de mercados directos, territoriales e inteligentes.

Según el Ministro, se está trabajando en otros aspecto como el aumento de las compras públicas agrícolas, mediante el fortalecimiento del programa de abastecimiento institucional(PAI) y una mayor participación de los pequeños agricultores en las ventas de ese programa,  el des trabamiento del registro de insumos agrícolas que debe considerar los factores de salud, ambiente y efectividad en el uso(y evitar la compra de insumos no autorizados a altos precios), el establecimiento de un seguro de cosechas que vincule riesgos, seguro y avales, porque el seguro actual del INS es muy caro para los agricultores.

Alvarado concluyó que desde el MAG se ha implementado la transformación del agro y se ha garantizado que el sector siga produciendo a pesar de la pandemia.

Welmer Ramos afirmó que no hay una retribución justa al trabajo del agricultor, que hasta ahora cualquier esfuerzo para aumentar la productividad en las actividades agrícolas, se queda en la comercialización final que está en manos de unos pocos, así por ejemplo el Cenada está tomado por unos pocos comerciantes “tagarotes”, que no permiten el ingreso de más agricultores.

Se preguntó por qué eso no ocurre en las actividades de leche, café o caña de azúcar y dijo que es porque en ellas ha habido un acuerdo de producción y comercialización que garantiza la participación justa de todos los actores, mientras que la “mayor desgracia” está en la producción y comercialización de hortalizas y frutas que están dominadas por unos pocos, reiteró.

Es necesario dijo, juntarnos todos para prohibir pagar a los agricultores por debajo del costo, que haya seguros agropecuarios, fortalecer la asociatividad para aumentar la escala de producción, crear cadenas de comercialización, fortalecer las compras públicas agrícolas a los pequeños agricultores y establecer centros de valor agregado para integrar los procesos de producción.

Según el Diputado Ramos, el problema ha sido que el Ministerio de Agricultura depende del Ministerio de Hacienda que ha impuesto sus políticas neoliberales que no favorecen a la pequeña agricultura.

La moderación del foro, insistió en la urgencia de definir cuándo habrá soluciones para la agricultura nacional, ante lo que el Ministro de Agricultura señaló que la próxima semana se reunirá con las organizaciones agrícolas para identificar soluciones a los problemas del sector.

Al cierre del evento, unos de los productores que también participó de manera virtual realizó un comentario que resume las preocupaciones expuestas, al decir que “los agricultores teníamos problemas y ahora estamos peor”, revelando la cruda realidad de la agricultura nacional y en especial la difícil situación de la pequeña producción.