El próximo miércoles 28 de agosto, a las 6:00 PM, se llevará a cabo un foro virtual titulado «Crisis Ambiental en el Refugio Gandoca-Manzanillo», que será transmitido en vivo a través de la página de Facebook SURCOS Digital.
Esta actividad contará con la participación de tres panelistas: Ariel Robles, diputado; Marta Castro, presidenta del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENA) del Caribe Sur; y Silvia Matamoros, licenciada en Derecho y ecologista. La moderación estará a cargo del doctor José María Gutiérrez, de la Alianza por una Vida Digna.
El foro, organizado por el Frente Nacional de Lucha (FNL) y la Alianza por una Vida Digna tiene como objetivo abordar la situación crítica que enfrenta el Refugio Gandoca-Manzanillo, una zona de gran importancia para la biodiversidad en la región caribeña de Costa Rica.
Se comentarán los desafíos ambientales actuales, las amenazas a la conservación de este refugio, y las posibles soluciones para proteger este valioso ecosistema.
Este evento se enmarca dentro de los esfuerzos de diversas organizaciones y activistas por sensibilizar a la población sobre la necesidad urgente de proteger los recursos naturales y promover un desarrollo sostenible en el país.
Las costas de Cahuita han sido habitadas por más de doscientos años por nuestros antepasados, quienes tuvieron que soportar grandes dificultades para legarnos las tierras que por derecho legítimo nos corresponden. Han tenido que domar las condiciones adversas de esas tierras, solos, sin más ayuda que su ingenio propio; por lo que no resulta en modo alguno lógico, y mucho menos jurídico, pretender despojarnos de lo que hemos poseído por tradición natural, de forma quieta, pública, pacífica, e ininterrumpida a título de dueños, a la vista y paciencia de propios y extraños; incluso, de las propias autoridades de turno, que ahora pretenden rasgarse las vestiduras en aras de una ley creada muy posterior a los derechos adquiridos e intereses legítimos consolidados al amparo de la Ley 35 de 1915 (Creación del Poblado de Cahuita) norma compensatoria de un desarraigo forzoso de Playa Blanca de Cahuita (hoy Parque Nacional) y la Ley 166 del 22-08-1935 (¨destina en el lugar de Puerto Viejo la Costa Sur de la provincia de Limón para cuadrante de la población denominada Puerto Viejo¨) – aquí solo faltó decir, para la población denominada negros desempleados¨- Así fue creado el Poblado de Puerto Viejo), un estatuto legal que vino a mitigar el agravio causado por la Ley 31 del 10 de Diciembre de 1934 (Prohibición a la Compañía United Fruit Company de emplear negros del Atlántico en sus nuevas fincas del Pacífico) una vez cerradas las ubicadas en lo que hoy es el Cantón de Talamanca.
Como se puede observar, ambas normas preconstitucionales, le asignaron un lugar donde vivir a título de dueños a las víctimas de graves atropellos sociales y económicos (nuestros abuelos y bisabuelos).
El pretender ahora arrebatarnos esos derechos que con mucha honra heredamos, es lo último que el gobierno de la República debería de hacer, no solo por ser ilegal, sino por injusto e inmoral e incluso porque contradice a la Constitución Política y su artículo 49, así como los principios constitucionales y los Convenios Internacionales.
Es importante tener claro, que el conflicto de fondo NO es de naturaleza ideológica (capitalismo – grandes inversionistas contra socialismo – ambientalistas) sino que los descendientes de aquellos que les otorgaron REPARACIONES MÍNIMAS a nuestros antepasados por condenarlos a una vida de pobreza, están empeñados en retroceder el reloj a donde empezaron nuestros ancestros. Este es un escenario donde se confrontan la justicia y honestidad frente a la corrupción descarada.
La Propuesta del Reglamento y Zonificación del Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, impulsado por la Municipalidad de Talamanca atenta contra nuestra cultura, desarrollo y seguridad territorial tribal, al pretender imponernos un Modelo de Desarrollo Costero Nacional, dictado por el Instituto Nacional de Turismo (ICT), ignorando nuestra particular cultura caribeña. Recordemos que una de las formas en que se logra el exterminio de una cultura o de un pueblo es a través de su desarraigo territorial.
¿POR QUÉ ESTE PLAN REGULADOR COSTERO (PRC) NOS AFECTA?
• No se cumple con el criterio constitucional de participación ciudadana, no se contemplan aportes ajustados a la realidad y a las necesidades de los habitantes.
• Desconoce de oficio un ordenamiento territorial urbano existente desde 1915 y 1935, originado por dos leyes (la ley 35 y la 166, respectivamente) las cuales fueron acatadas en su momento por los habitantes de ambos poblados (ciudades) y por las propias autoridades municipales hasta el día de hoy.
• Contempla reubicaciones, demoliciones y pérdida progresiva de nuestras casas y negocios, encubiertas en el Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros del ICT y artículo 3, Ley 9242 (Regulación de Construcciones Existentes en la ZMT). De antemano se sabe que los habitantes costeros del distrito de Cahuita, con recursos económicos limitados, no podrán hacer las remodelaciones necesarias ni cumplir así con las normas legales citadas. Además, este supuesto esfuerzo de las autoridades municipales es, en realidad, un acto de prevaricación.
• Las propiedades con escritura y uso de suelo pasarán de inmediato al Patrimonio Nacional de ZMT, y sus poseedores tendrán que pagar un canon confiscatorio por la vía de la Concesión municipal y solo si logran cumplir con requisitos o filtros preestablecidos en el artículo 3 de la ley de Regulación de Construcciones Existentes en la ZMT y normativas de rigor del ICT. De allí que, el continuar viviendo en sus comunidades y no ser desarraigados, dependerá de la solvencia económica de cada familia
• La municipalidad niega la escasez de agua para abastecer el desarrollo turístico de alta gama (alto impacto) propuesto en el proyecto del Plan Regulador Costero.
• Es una amenaza ambiental que promete arruinar la barrera natural contra la erosión, las tormentas, sin olvidar la destrucción de los humedales, la flora y la fauna costera.
• La explotación de la franja costera conforme la zonificación y reglamentación propuesta en el Plan Regulador Costero pondrá fin al modelo de turismo ecológico, cultural y comunitario del Caribe Sur.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Nuestro objetivo a corto plazo es detener la propuesta del PRC y a la vez crear un modelo de desarrollo regenerativo, social y ambientalmente justo para Cahuita mediante el fortalecimiento del legado cultural de los afrodescendientes con la participación activa y el involucramiento de los adultos mayores, la juventud y la ciudadanía en general.
Desde el inicio, el Proceso de Planificación debió estar conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de 1977 sobre ZMT, con una declaratoria de Viabilidad ¨NO TURÍSTICA¨ como la existente para el área costera de Gandoca. Con declaratorias de esa naturaleza, a solicitud de las autoridades locales, se podría entonces realizar un PLAN REGULADOR que todos deseamos, con respeto a lo ya existente y que incluya la cultura y los recursos naturales.
En respuesta a las amenazas que enfrentamos nace el Movimiento Cahuita Unida, el cual cuenta con una comisión central, asesores legales y cuatros comisiones: 1. Defensa Territorial, 2. Ambiente y Turismo, 3. Comunicación y Redes Sociales, 4. Cultura, Juventud y Niñez.
Estos grupos de trabajo están integrados por gestores comunales, adultos mayores, comerciantes, jefas de familias, comunicadores, jóvenes, pescadores, artesanos, guías de turismo y todo aquel miembro de la comunidad que desea luchar por el derecho a la tierra, la cultura, la protección del ambiente y los recursos naturales.
Merece consideración el respeto al derecho ancestral de los pobladores costeros, hay amplia protección en instrumentos internacionales de los cuales Costa Rica es signataria. La planificación de las áreas de la ZMT es una responsabilidad que asumió la municipalidad desde 1977, la cual no ha cumplido por más de cuatro décadas.
Los ciudadanos y las ciudadanas del Caribe se han unido bajo el criterio de pertenencia y soberanía ciudadana en la búsqueda de seguridad jurídica y justicia en el derecho de tenencia de las tierras, que es justamente lo que el modelo y las políticas de desarrollo costero del ICT quieren desaparecer.
Seremos la voz en los procesos de toma de decisiones públicas que tengan repercusión en nuestras vidas, lo cual constituye un eje sustantivo para el desarrollo de una mejor democracia.
Los incineradores aeróbicos que funcionan a temperaturas menores a los 500 ºC, inevitablemente producen compuestos químicos orgánicos, persistentes, que podrían llevar dolor a las comunidades, aunque Johnny Araya y otros alcaldes, parecen pensar diferente.
Desde hace unos 5 años, alcaldes unidos en una federación, propusieron construir en varios cantones, incineradores para quemar basura y generar, de paso, ciertas cantidades (insignificantes, diríamos) de electricidad, sin importar que los mismos producirían DIOXINAS y FURANOS, reconocidos como causantes de cáncer, enfermedades inmunológicas, trastornos hormonales, diabetes y malformaciones congénitas. ¡Todo como parte del negocio del mal llamado «tratamiento de residuos sólidos»!
Y lo proponen, demagógicamente, con el falso pretexto, de que constituyen un negocio, público – privado, que permitiría vender la energía que se produciría, ocultando que ello sería a costa de la salud de los habitantes de sus propios cantones y del país en general.
Como aparentan desconocer sus fatales efectos, sería bueno que alguien les informara y explicara al alcalde Araya y a los ocurrentes, presidente ejecutivo y el gerente de electricidad del ICE (al que están metiendo en la danza), que más de 150 países ya se han manifestado por medio del Convenio de Estocolmo, contra esos incineradores criminales y que, en muchos países, están siendo prohibidos.
Pero como Costa Rica es «tan especial», hay inescrupulosos, que sueñan con un supuesto “buen negocio», pensado, eso sin duda, para grandes botadores de basura, como el ubicado en la comunidad de La Carpio, en el cantón central de San José.
Llamamos pues la atención, principalmente a los habitantes de La Uruca, a la Fundación del Parque de Diversiones, a los habitantes de la comunidad de Cariari, de Guachipelín de Escazú y Lomas de Pavas, para que estén alerta. Habitantes que sin duda, ya han tenido «suficiente» con el botadero de basura y la planta de aguas negras Los Tajos, como para tolerar, además, un INCINERADOR DE BASURA que fuere a afectar a sus familias, pese a que la legislación ambiental costarricense también prohíbe tales prácticas.
En fin, estamos ante una nueva amenaza ambiental, inaceptable, que pese al maquillaje de amigable con el ambiente, conque es presentada, es desastrosa.
Nos duele, lo reconocemos, que siendo el Instituto Costarricense de Electricidad una empresa especialmente preocupada por mitigar los impactos ambientales de sus proyectos se esté sumando, innecesariamente, a una chambonada semejante.
En la costa del Pacífico de Colombia se encuentra el Golfo de Tribugá, uno de los lugares más biodiversos e inexplorados del planeta. Actualmente el territorio es víctima de amenazas, como la tala indiscriminada de árboles o la aspiración de construir allí un megaproyecto portuario.
Pero la intención de cuatro conservacionistas y documentalistas (Felipe Mesa, Luis Villegas, Francisco Acosta y Jack Farine) se centró en presentar más que eso, y mostrar lo que hay allí ahora: “un verde hecho de matices incontables, mares hechos de agua y vida, la banda sonora de los sonidos naturales, la multiculturalidad de las comunidades que habitan el territorio, proyectos productivos autosostenibles que se desarrollan, otras maneras de vivir en comunidad y la muestra de que otros sistemas económicos (basados en la solidaridad) son posibles”.
El documental de 53 minutos “Expedición Tribugá” es una producción que busca sensibilizar al mundo sobre la importancia de conservar el Golfo de Tribugá. La producción está dividida en tres partes que coinciden con tres expediciones; la primera sigue a un grupo de expertos en la exploración del Cerro “Jánano” y se adentran en el bosque húmedo, la segunda llamada “Pusa” traslada su mirada al mar y la tercera denominada “Puru” triangula al bosque húmedo y al océano con las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan en este espacio.
“Expedición Tribugá” estará disponible de manera gratuita hasta el 06 de diciembre, puede observarlo e informarse sobre el proyecto en la página web: www.expediciontribuga.com
La presentación del documental está acompañada de una campaña llamada #NoalpuertodeTribugá, un megaproyecto que pretende ser el segundo puerto más importante del país. Usted puede leer y apoyar la petición aquí
Información compartida con SURCOS por Jaime García.
