La denuncia fue realizada por la ANEP en donde se señala el conflicto de intereses que tiene Adrián Torrealba Navas, ya que es directivo de la CCSS y al tiempo mantiene una deuda por 156 millones de colones con la misma institución. El Poder Ejecutivo inició una investigación para determinar si es removido o no.
SITRAJUD transmitió en vivo el programa “La cara de la otra moneda”, donde se trató del tema: “Auditoría ciudadana de la deuda pública». Se discutió sobre la urgencia de una auditoría a los bonos de deuda en Costa Rica.
El programa contó con la participación del Msc. Eduardo Cartín Elizondo y la Master Esperanza Tasies Castro.
El próximo miércoles SITRAJUD estará transmitiendo la segunda parte, por lo cual extiende una invitación cordial a sintonizar el programa.
Pueden seguir la transmisión de la actividad en: https://fb.watch/nbywWupq_T/?mibextid=Nif5oz
Imagen tomada de www.libertadyprogresonline.org
Comunicado de la Oficina de prensa de Unión Belemita
Luego de cuatro años desde que se señalaran las primeras anomalías en el fallido proyecto del edificio municipal, tres advertencias de la Auditoría interna y varias recomendaciones jurídicas por parte de la asesoría legal, el Concejo Municipal de Belén por fin tomó la decisión de solicitar a la Auditora interna municipal realizar la relación de hechos, con el fin de sentar las responsabilidades que correspondan.
Así mismo y por unanimidad, se acordó no dar continuidad al proyecto de Edificio Municipal, al haber transcurrido el plazo otorgado por el Concejo Municipal para que la Alcaldía aclarara todos los pendientes, contenidos en el acuerdo de referencia 3203-2021 adoptado el 1 de junio de 2021 y al no haberse cumplido tampoco la prórroga que se otorgó por una única ocasión para su contestación.
Los hechos:
El caso se remonta al 2017, cuando la Administración municipal realizó la contratación por servicios especiales del arquitecto Eddie Fernández sin cumplir con el perfil del puesto necesario, para una obra del calibre que implicaba la confección de los planos para el nuevo edificio.
Muy pronto, en agosto de ese año, el Concejo Municipal 2016-2020 encontró una serie de errores y anomalías en los planos constructivos, gracias a las observaciones del regidor Eddie Méndez Ulate, quien es arquitecto. Estos fueron remitidos a la Auditoria interna, la cual confirmó los señalamientos mediante análisis técnico por parte de la consultora Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA).
La primera advertencia de la Auditoría fue la AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, donde señalaba pagos ilegales efectuados a los funcionarios contratados por servicios especiales. Concretamente el pago de preaviso y cesantía, los cuales, según criterio de la Procuraduría General de la República, no procedían.
Ante este hallazgo, la Auditora solicitó a la Administración recuperar los ₡2,513,507.39 pagados a los puestos 195 y 196, situación que al 17 de noviembre del 2021 no ha ocurrido.
Por su parte la advertencia AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, ordenaba al Alcalde abrir una investigación ante el eventual incumplimiento de deberes por parte del encargado de recursos humanos de la Municipalidad, quien tenía a su cargo el proyecto y por tanto el control del trabajo de los funcionarios contratados, que entregaron un producto que según la revisión técnica efectuada por INDECA, no sirvió y por el cual se pagaron ¢49.587.902.
La Auditoría pedía en esta advertencia, investigar entre otras cosas:
Otra de las solicitudes de la advertencia era la de recuperar las memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de instituciones y/o CFIA. Esta exigencia de la Auditoría tampoco fue cumplida.
Finalmente, la advertencia AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020 fue emitida a la luz de la falta de decisión con pendientes heredados al Concejo Municipal 2020-2024, respecto a las advertencias anteriores y la continuidad del proyecto mismo.
Debe aclararse porque se incumplieron leyes y procedimientos
Para el regidor de Unión Belemita Ulises Araya, deben establecerse las razones del porqué se violentaron leyes y procedimientos por parte de la administración, desde el momento mismo de la contratación inicial del arquitecto Fernández.
‘’Que nuestra Municipalidad maneje un presupuesto anual de 12 mil millones de colones, para un territorio de 12.15 km2 y 23 mil habitantes, no otorga derecho a nadie, a manejar la administración como si fuera su pulpería. Hay leyes que se irrespetaron en este proceso y alguien tendrá que aclarar ¿Por qué?’’. Cuestionó Araya.
Además, este edil rechazó los argumentos de la fracción oficialista del Partido Unidad Social Cristiana, de que, transparentado lo ocurrido se estuviera montando un show político.
‘’Aquí no estamos hablando de que una empresa privada perdió una inversión, en un caso de esos se entiende el secretismo. Pero aquí no funciona esa lógica, estamos hablando de que la Municipalidad de Belén malgastó, despilfarró, dilapidó más de 50 millones de colones del erario público. Por ello, que los belemitas ejerzan su derecho a informar e informarse de lo que acontece en estas cuatro paredes, no puede catalogarse de ‘’show político’’. Aquí discutimos temas que son públicos y debería de revisarse quien piense que está mal que el pueblo de Belén se entere de cómo se invierten sus impuestos’’, enfatizó Araya.
Decisión de establecer responsabilidades se demoró mucho tiempo
La fracción de Unión Belemita presionó desde el principio del actual cuatrienio en que debían sentarse responsabilidades en torno al caso del edificio municipal.
Es así como, por ejemplo, el 23 de junio del 2020, en la sesión 33-2020, y tras conocerse la advertencia de Auditoría AAI-02-2020, la regidora María Antonia Castro pidió tomar la decisión debido a que desde ese momento ya se contaba con insumos muy claros.
‘’Como Concejo tenemos que tomar la decisión, porque la administración dejó la decisión en manos del Concejo, existe un Oficio de la Administración que remiten a la Auditoría donde renuncian a la construcción del edificio municipal y quien asumirá es el Concejo y la Comisión del Edificio, este oficio nunca llegó al Concejo, las implicaciones para la hacienda pública son muy fuertes, debemos ser muy claros en el acuerdo, ya tenemos los insumos de la Auditoría’’. Señaló en esa oportunidad la regidora Castro.
SIPROCIMECA y el Grupo Transparencia Nacional, invitan al Foro Virtual Internacional, Auditoría Ciudadana Integral de la Deuda Pública: “Profundizando la democracia participativa y la rendición de cuentas, frente al sistema de la deuda”.
Las organizaciones invitan a organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y en general a todas las y los costarricenses y foráneos interesados, a inscribirse de manera gratuita.
Los organizadores consideran que la auditoría Ciudadana de la Deuda con participación popular debe convertirse en un instrumento viviente de lucha contra la corrupción en todos los países del mundo; y como garantía de cumplimiento de los derechos humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, para combatir las desigualdades y garantizar una vida digna para todos los seres humanos.
En el caso de Costa Rica, toma relevancia de cara a los comicios presidenciales del primer domingo de febrero del 2022.
El evento tendrá la participación de expositores de Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay y Costa Rica.
Fecha: jueves 21 de octubre de 2021.
Horario: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
Modalidad: 100% virtual.
Inscríbase en el siguiente enlace: https://www.siprocimeca.com/matricula/
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Belén realizó una nueva advertencia a la administración, tras corroborarse en el informe INF-AI-01-2021 que solo se ha atendido el 42% de las 304 recomendaciones, emitidas en 44 informes realizados al 31 de diciembre del 2020.
La mayoría de las recomendaciones se concentra hacia la Alcaldía, seguida de la Unidad de Informática y el Área Administrativa Financiera que representan un 56% del total de incumplimientos. Sin embargo, persisten los incumplimientos a las recomendaciones realizadas.
La situación de desacato a las recomendaciones del auditor se viene presentando y en aumento desde el 2018, cabe recordar que las mismas son de carácter de cumplimiento obligatorio.
Lo anterior podría suponer un incumplimiento de deberes por parte de la alcaldía, según la Ley de Control Interno. Esto estaría causando un debilitamiento del sistema de control interno institucional. Lo cual a su vez sitúa a la administración de la Municipalidad ante la posibilidad de una sanción por un eventual incumplimiento de deberes, según lo establecido en el artículo 339 del Código Penal.
Además, la organización municipal efectuó el establecimiento de 9 plazas laborales en diferentes ámbitos, no obstante, se suspendió una plaza de auditoría interna, debilitando al órgano fiscalizador. Esta situación se da atentando también contra la Ley de Control Interno que estipula que la plaza no puede quedar vacante por más de seis meses.
Puede obtener más detalles en los archivos adjuntos.
Información compartida a SURCOS por Unión Belemita.
Por medio de una carta dirigida al Lic. Jorge Arturo Hernández Castañeda, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual fue enviado a SURCOS, el Sr. Rodrigo Arias López desea dar a conocer su preocupación en cuanto a que ha presentado varias denuncias ante esa Auditoría, entre ellas la DE-123-2009, ampliada el 22 y el 26 de noviembre de 2011. Como resultado esa Auditoría generó varios estudios con recomendaciones, las cuales, según Arias, fueron descartadas por la Administración de la CCSS, tanto aquellas de los informes dirigidos a los titulares subordinados como de los dirigidos al jerarca.
De acuerdo con la carta emitida, la información proporcionada al Sr. Arias por esa Auditoría no consta que se haya cumplido con lo establecido en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley General de Control Interno, los cuales detallan el procedimiento que debe seguirse cuando la Administración discrepa de las recomendaciones que realiza la Auditoría Interna, estableciendo plazos y el envío de las discrepancias a la Contraloría General de la República.
También se menciona que la principal discrepancia entre la Auditoría Interna de la CCSS y la Administración de la CCSS es de índole jurídica y falta de acción e independencia de esa Auditoría, en relación con la aplicación de los artículos 73 y 177 de la Constitución Política, las leyes N° 17, N° 5905, N° 5349 y N° 7374, entre otras. A causa de las discrepancias y según se obtiene de los cuadros 13 al 17 de la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2013”, en el período 2014-2018 la CCSS presuntamente dejaría de cobrarle al Estado ₡2.36 billones de gastos incurridos en atención de la salud de trabajadores independientes, convenios, voluntarios, pensionados, no asegurados y asegurados por cuenta del Estado. Para financiar ese déficit la CCSS utilizaría ₡2.22 billones de cuotas tripartitas del seguro obligatorio de los trabajadores asalariados, como se obtiene de los mismos cuadros.
En la carta se asegura que esa Auditoría interna tiene la facultad legal para solicitar un criterio jurídico a la Procuraduría General de la República en cuanto a la vigencia de los artículos de las leyes antes citadas que la Caja se niega a aplicar en discrepancia con lo recomendado por esa Auditoría (Artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República).
La Auditoría Interna está facultada y obligada a recomendar a la Administración de la CCSS o a solicitar directamente a la Asamblea Legislativa una interpretación auténtica de los artículos de la Constitución y de leyes que la CCSS está interpretando a su manera.
Es así como es obligación de esa Auditoría Interna cumplir con las “Directrices sobre la Comunicación de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales por las Auditorías Internas del Sector Público D-1-2008-CO-DFOE”, publicadas en La Gaceta Nº 51 del 12 de marzo del 2008.
En la carta se menciona que el artículo 73 de la Constitución Política, reformado en 1961, señala “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales”. Además, el artículo 177 de la Constitución Política, reformado en 1961, ordena “Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado”.
Décimo. Que la Ley de Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad (Ley N° 5349 del 24/09/1973) dispone en su artículo 1 que “La Caja Costarricense de Seguro Social no podrá aceptar ningún traspaso mientras no se le fijen las rentas suficientes para atender el servicio médico a los no asegurados” y en su artículo 2 establece que “Conforme a las disposiciones del párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución Política, la Caja no podrá en ejecución de esta ley, contraer obligaciones que impliquen transferencias o empleo de los fondos y reservas de los seguros sociales en finalidades distintas a las propias de su creación”.
Por todo lo anterior, el Sr. Rodrigo Arias López, solicita mediante el escrito:
Primero. Que esa Auditoría proceda a enviar a la Contraloría General de la República las discrepancias con la Administración de la CCSS, en relación a las recomendaciones realizadas en los informes de auditoría citados, que se resumen en el considerando cuarto de esta nota.
Segundo. Que esa Auditoría prepare conforme a derecho corresponde, una consulta a la Procuraduría General de la República, en relación a los puntos indicados en el considerando cuarto de esta nota.
Tercero. Que esa Auditoría gestione una interpretación auténtica ante la Asamblea Legislativa sobre los puntos indicados en el considerando cuarto de esta nota.
Cuarto. Que conforme a las respectivas leyes y las directrices D-1-2008-CO-DFOE lo disponen, esa Auditoría proceda a denunciar ante el Ministerio Público lo que corresponda del considerando cuarto de esta nota o cualquier otro asunto relacionado.
A continuación se adjuntan documentos relacionados con esta denuncia:
Solicitud Auditoria Interna CCSS
AFEST029-2014 VALUACION ACTUARIAL SEGURO DE SALUD, 2013
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS por Rodrigo Arias López.
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El Proyecto Reventazón está bajo la lupa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los otros financistas. A raíz de las denuncias por posibles afectados, el BID, el Banco Mundial y el Banco Europeo enviaron una delegación de representantes, que se encuentra en suelo costarricense investigando si hay un incumplimiento de las Políticas Operativas de los organismos financieros. Se trata de oficinas independientes de rendición de cuentas de los bancos mencionados.
Se trata de la denuncia MICI-BID-CR-2016-0110 al Proyecto Hidroeléctrico de Reventazón. Se trata de un proceso de determinación de elegibilidad, para conocer el contexto y la coyuntura local del proyecto.
Parte de la denuncia investigada se sustenta en un estudio técnico integral llamado “Dictamen técnico de peritaje sobre el riesgo de deslizamiento del Humedal Láncaster como producto de la construcción del PH Reventazón”, realizado por el Dr. Allan Astorga Gättgens, licenciado en geología y doctor en ciencias naturales, con la colaboración técnica de Andreas Mende, geólogo, doctor en ciencias naturales y especialista en Sistemas de Información Geográfico (SIG).
El peritaje fue elaborado a Fe de Juramento, bajo la Cláusula de Responsabilidad Ambiental que establece la reglamentación vigente sobre Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). El mismo sirve de base técnica para disponer de un criterio externo y lo más objetivo posible sobre la situación de riesgo que envuelve al terreno en cuestión y el humedal.
Se trata de un estudio elaborado sobre la base de la revisión sistemática de los documentos y argumentos técnicos disponibles sobre la situación. El objetivo principal fue determinar si se ha dado o no daño ambiental y si existe un riesgo ambiental efectivo de afectación del humedal y del terreno que lo circunda.
Para ello se realizó una revisión del expediente ambiental del Proyecto (P.H. Reventazón), un estudio de fotointerpretación histórica del área del proyecto y su entorno, una síntesis de la valoración hidrogeológica local del área del proyecto y su entorno desde 1945 hasta 2016, una visita de inspección geológica y ambiental al sitio del Proyecto, un procesado integral por medio de un Sistema de Información Geográfico (SIC) y generación de figuras.
La conclusión principal es que: “el Sitio Láncaster, dada su naturaleza de muy alta fragilidad por geoaptitud y ambiental, NO DEBIÓ NUNCA SER UTILIZADO COMO FUENTE DE EXPLOTACIÒN MINERA, acción que generó una intensificación del proceso de inestabilidad de ladera ya existente, lo cual se considera como un daño ambiental por intervención antrópica, que pone en muy serio peligro la estabilidad de la ladera de la margen izquierda, con todos sus ecosistemas, incluyendo el Humedal de la Laguna Láncaster y su entorno inmediato”.
El daño ambiental identificado no solo se limita a la parte de la ladera de la margen derecha del Sitio Láncaster, que se ha erosionado e inestabilizado, sino que tiene un alcance mucho mayor. En la valoración de tres escenarios críticos, pero probables, la estabilización de la ladera podría producir un enorme deslizamiento de entre 9 y 20 millones de metros cúbicos, según el escenario. Además de destruir por completo el humedal y su entorno ecológico, también podría producir un eventual represamiento del río con el potencial de producir enormes daños ambientales y sociales, tanto aguas arriba como aguas abajo del Sitio Láncaster.
Las conclusiones también señalan que “La revisión detallada de la descripción del Proyecto PH Reventazón incluida en el Estudio de Impacto Ambiental presentada por el ICE a la SETENA, señala que el sitio de préstamo aquí denominado Sitio Lancaster, NO FORMABA PARTE DEL PROYECTO, por lo que, parece que la decisión de utilizarlo se dio en un momento posterior, quedando la duda de qué criterios técnicos y ambientales se tomaron en cuenta para esa selección”.
El estudio recomienda “Utilizar el presente Dictamen Técnico como base para presentar el debido alegato legal ante las entidades correspondientes en razón de la ejecución de la existencia de un potencial daño ambiental a la propiedad privada y al humedal de la Laguna Láncaster».
Finalmente, el informe sugiere “Solicitar como parte de dicho alegato, la realización de un plan de estabilización de la ladera inestabilizada, que debería incluir un mecanismo correctivo del proceso de erosión fluvial”.
adenda-al-dictamen-tecnico-de-peritaje-cercas-del-ice-13nov2016
**Más información: Alexandra Grüninger tel. 8310 6702 y Mauricio Álvarez tel. 88709165.
**Si desea obtener el Dictamen Técnico de Amenaza de Deslizamiento, puede solicitarlo a nuestra dirección de correo electrónico: periodico.surcos@surcosdigital.com
Imagen tomada de www.feconcr.org
Enviado a SURCOS Digital por FECON.
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Al acercarse el 75 aniversario de la creación de la CCSS, el país se enfrente a una de las situaciones más graves en materia de salud -las largas listas de espera- por lo cual UNDECA y BUSSCO, en razón de la Mesa de Salud que se instauró entre el gobierno y el BUSSCO, ha realizado un análisis y planteamos una serie de propuestas para atender las listas, por una parte un plan de contingencia y por otra una propuesta integral de mediano plazo.
Esas listas , ya incluyen a unas 600.000 pacientes, que incluye desde la cirugía hasta la consulta especializada o las pruebas diagnósticas como TAC, ultrasonidos, citologías, resonancias magnéticas, biopsias, mamografías, entre otras; de forma que hay centros de salud donde se debe esperar hasta 4 años para ser atendidos por un especialista.
Por ese motivo no es aceptable que las autoridades le quieran llamar ¨listas de prioridades” cuando en realidad se trata de pacientes en espera de atención, lo que pone en riesgo su calidad de vida y lo más grave puede enfrentar la muerte.
Por ejemplo, hemos detectado que solo entre tres hospitales nacionales hay una lista de espera de 10.430 personas esperando un TAC.
“De manera reiterada hemos venido denunciando que la situación de las listas de espera es multifactorial: falta de personal especializado, técnico y de apoyo, infraestructura y equipos, así como conflictos de interés y mecanismos burocráticos que obstaculizan el acceso oportuno a los servicios”, explicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA y miembro del BUSSCO.
Pese a la alarmante situación, denunciamos que las cifras oficiales están siendo ocultadas, y hemos recibido denuncias incluso de intimidaciones y amenazas a funcionarios para que no divulguen la verdadera situación de las listas de espera.
Prueba de ello es el caso de la Dra. Sofía Bogantes, especialista en Cardiología y Medicina Interna, que denunció la grave situación de las listas de espera en el servicio de Cardiología del Hospital México y la muerte de muchos pacientes. Ella ha sido perseguida laboral y psicológicamente.
Además el “blanqueo” de las listas de espera, mediante el cierre de agendas en las clínicas y hospitales, o se le solicita al paciente que regrese en otro momento a sacar la cita sin que quede ninguna constancia de la gestión, a su vez han encontrado una forma fácil de disminuir las “estadísticas” mediante llamadas telefónicas que si no son atendidas lo sacan de la lista.
UNDECA y el BUSSCO presentaremos, en reunión del día miércoles 14 de setiembre, un folleto que contiene un diagnóstico y las propuestas al Presidente Luis Guillermo Solís y autoridades de la CCSS y el Ministerio de Salud una propuesta de plan de contingencia para solucionarla en el corto y mediano plazo.
En lo inmediato debe realizarse una clasificación y priorización de consultas de especialistas, procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticos de acuerdo a la urgencia de cada uno, habilitar segundos turnos, jornadas vespertinas y fines de semana, así como la cobertura efectiva del recurso humano.
“También consideramos vital que se ejecute una auditoría externa que haga un verdadero diagnóstico de las listas, prohibir el blanqueo de las listas, un plan de dotación y formación del personal profesional, técnico y operativo de acuerdo a la necesidades de la sociedad costarricense”, añadió Chavarría.
Urge mayor equidad y transparencia institucional y proponemos que el Ministerio de Salud, así como hace vigilancia epidemiológica de algunas enfermedades, realice una vigilancia de ésta situación que ya se puede considerar una “epidemia”.
Estaremos vigilantes de que las autoridades de la CCSS realice las acciones necesarias para garantizar servicios de salud oportunos y de calidad. ¡Nadie más debe morir esperando una cita!
Para más detalle se puede comunicar con Luis Chavarría al 8367-27-37.
Información e imagen enviada por UNDECA.
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