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Etiqueta: diputadas

Historia de todas las mujeres: primeras diputadas

Haydee Hernández Pérez del departamento de Gestión Documental y Archivo de la Asamblea Legislativa elaboró este material recordando a las primeras diputadas del país. Estela Quesada Hernández, María Teresa Obregón Zamora, y Ana Rosa Chacón González fueron las primeras diputadas, cada una con logros propios que marcaron la historia del país. 

Estela Quesada fue la primera mujer electa para ocupar un cargo propietario en el directorio legislativo, la segunda secretaría, en 1953. Maria Teresa Obregón fue la primera mujer en dar un discurso en el congreso, según el acta de la Asamblea Legislativa #088, también en 1953, y Ana Rosa Chacón realizó el segundo, en esa misma fecha.

Este 1 de noviembre se cumplieron 70 años desde ese día, cuando estas primeras diputadas ejercieron su derecho a la ciudadanía y a representar a su género en el plenario.

Compartido con SURCOS por Ana Leonor Ramírez.

IEM-UNA rechaza amenazas de muerte contra diputadas

UNA Comunica. 17 de octubre de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifiesta su profunda preocupación y rechazo ante los actos de violencia política perpetrados en contra de las diputadas Andrea Álvarez Marín del Partido Liberación Nacional (PLN) y Sofía Guillén Pérez del Frente Amplio (FA), las cuales han recibido un correo electrónico con amenazas de muerte, tal y como ha sido señalado por las afectadas de manera pública.

El IEM rechaza la violencia política sea cual sea la manifestación de donde emane y denuncia las terribles prácticas que se han ejercido en contra de las mencionadas diputadas.

En los últimos dos años, el aumento exponencial de la violencia en nuestro país ha venido acompañado de un preocupante incremento de casos en los que mujeres políticas que no forman parte del oficialismo han sido blanco de descalificaciones, amenazas, intimidaciones y ataques, tanto en redes sociales como en la esfera pública. Esta violencia no solo atenta contra las personas afectadas, sino que constituye una amenaza directa a nuestra democracia, al intentar generar un clima de miedo, acallar las voces críticas, restringir la competencia política y sofocar el disenso.

Este tipo de agresiones representan un grave retroceso en los avances democráticos de nuestro país, afectando también de manera significativa la participación política de las mujeres. Costa Rica, como firmante de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y comprometida con la Plataforma de Acción de Beijing, debe garantizar la participación plena y libre de violencia de las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el político.

Ante este contexto, el IEM emite un llamado urgente a renunciar al uso de la violencia como medio de acción política. Condenamos firmemente la utilización de la fuerza, la incitación al odio, la coacción y las amenazas, ya que debilitan el debate democrático y dificultan el diálogo fundamental para el avance de la nación.

El Instituto exige a las autoridades judiciales y de seguridad que actúen con prontitud y severidad para identificar y castigar a las personas responsables de dichas agresiones. Asimismo, se hace un llamado al Gobierno para que asegure la protección y la seguridad de las diputadas, permitiéndoles ejercer sus responsabilidades sin preocupaciones sobre su bienestar físico y emocional.

Finalmente, hace un llamado a todos los actores políticos y a la ciudadanía a rechazar y condenar la violencia de género, tanto física como digital, y a promover el diálogo respetuoso y pluralista como base de una democracia saludable.

Se insta también a las organizaciones de mujeres a mantenerse vigilantes frente a posibles nuevas acciones de violencia y a alzar nuestras voces con firmeza en defensa de los derechos de las mujeres en la política. “Es fundamental que nos unamos para denunciar cualquier intento de intimidación y proteger los espacios de participación política libres de violencia y coacción. Solo a través de la solidaridad y la acción conjunta podremos garantizar una democracia más inclusiva y justa para todas”, afirmó el Instituto.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Que los diputados den el ejemplo con la jornada 4-3

Vladimir de la Cruz

La jornada de trabajo de Costa Rica, de 8 horas diarias, fue establecida en diciembre de 1920. Esta jornada fue regulada constitucionalmente desde 1943, en la Constitución de 1871, cuando se agregó, a esa Constitución, el Capítulo de las Garantías Sociales, aprobado ese año, junto con las jornadas nocturna y la jornada mixta, diurna nocturna.

En esa Reforma constitucional de 1943 se dio un Pacto Social y Político histórico, entre el Gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, la Iglesia Católica jefeada por el Obispo Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, y el jefe del Partido Comunista, Manuel Mora Valverde, todos ellos hoy reconocidos como Beneméritos de la Patria.

La Guerra Civil de marzo y abril de 1948 produjo el ascenso al Gobierno de José Figueres Ferrer, también reconocido como Benemérito de la Patria, quien el 8 de mayo de 1948 al asumir el Gobierno, declaró la Fundación de la Segunda República, período histórico que seguimos viviendo. En ese primer año de su Gobierno convocó a la Asamblea Constituyente que trabajó durante el año 1949, aprobando la Constitución Política actual.

En esta Constitución se recogió, en el Capítulo de Garantías Sociales, las reformas hechas en 1943, ligeramente ampliadas, estableciendo, de esa manera, el régimen laboral del país, en sus jornadas de trabajo, lo ya establecido desde 1920 y 1943. Esto también se llevó al Código de Trabajo, aprobado en 1943, vigente en sus aspectos fundamentales hasta hoy, con las reformas laborales aprobadas en el Gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, La Ley del Trabajador, y las reformas laborales del 2009, con el perjuicio y limitaciones que se le ocasionaron por las reformas legislativas del 2018-2019 en el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

La legislación vigente establece la jornada máxima diaria en 8 horas diurnas o en 6 nocturnas, y un sistema mixto diurno nocturno. Cualquier hora adicional se paga con un 50% más de su valor. Así, por ejemplo, si se paga a ¢100 la hora, la extraordinaria se pagará a ¢150. Si bajo este sistema se trabajan 12 horas, las primeras ocho se pagan por ¢800 y las segundas cuatro horas extras por ¢600, para un total de ¢1400 por jornada diaria.

Desde hace muchos años, en este siglo, se viene discutiendo la posibilidad de establecer una jornada laboral de 12 horas diarias. Así se discutió en la Asamblea Legislativa en el 2004. De establecerse esa jornada, en el ejemplo anterior, todas las horas se pagan igual, a ¢100 cada hora, con lo cual se incrementa el tiempo de trabajo, a 12 horas y su pago a ¢1200 diarios, con lo cual se rebaja el pago en ¢200, al no pagarse 4 horas extras, sobre las primeras ocho horas trabajadas.

También se elimina la jornada mixta y se ahorran los patronos los pagos diferenciados.

Esta jornada del 4-3 repercute en los beneficios sociales del aguinaldo, el salario escolar, las prestaciones, y en el largo plazo en la pensión, pues, al no pagarse los incentivos y beneficios de horas extras, no se contabiliza su monto proporcional en estos derechos. Así, la reforma debilita estos beneficios y derechos sociales.

La rebaja en el pago diario por la jornada de 12 horas, diarias por cuatro días a la semana, también produce proyectivamente una rebaja en lo correspondiente al pago de aguinaldo, y en el acumulado histórico para las futuras pensiones de los trabajadores que tenderán a más bajos ingresos jubilatorios.

En la vida diaria es también una rebaja de dinero que incide en la reducción de la capacidad adquisitiva del salario, respecto a los precios de los productos básicos de consumo, la canasta básica, entre ellos, que suben de precios todos los días, bajo muchos pretextos. De hecho, los salarios suben en escalera mientras los precios de los artículos de consumo suben en ascensor.

Así, con la jornada de trabajo de 12 horas, se trabaja más por día o por noche, se recibe menos dinero y se pagan los productos de consumo cada vez más caros, porque en correspondencia con estas posibles modificaciones a la jornada, y los salarios, no se congelan los precios de los artículos de primera necesidad, ni se congelan los alquileres que paga la gente, ni se congelan los pagos de los servicios públicos, como agua, servicios y ciertas tasas municipales, el servicio de recolección de basura, electricidad, y cualquier otro servicio público, como los peajes de vehículos, que en una situación de crisis y de congelamiento real, que hay de salarios y pensiones, también deberían someterse a congelamiento sus alzas. En este campo las Defensorías de los Habitantes y la de los Consumidores son simples papeles pegados en la pared, carecen de los sentidos de vista, el oído y la voz.

¿Cómo podemos ver en su efecto práctico esta jornada 4-3? Veámoslo así: Los trabajadores, en su desplazamiento al trabajo, emplean de una a dos horas más, antes de llegar a sus trabajos, desde que se levantan, bañan, visten, desayunan y toman los buses, a veces uno, dos o tres buses.

Igualmente gastan este tiempo para regresar a sus hogares. En la jornada laboral de 12 horas, si un trabajador entra a las 7 de la mañana, saldrá de su casa alrededor de las 5 a.m. y regresará alrededor de las 8:30 ó 9 de la noche. Así, durante 4 días a la semana este trabajador se alejará de su hogar por un lapso entre 14 y 16 horas cada día.

En el supuesto de que el cónyuge trabaje igual jornada y coincida en los días, ambos estarán juntos durante 3 días a la semana, pero los otros 4 dejan al garete a toda su familia. Con esta jornada, ningún sistema familiar se fortalece ni se integra.

Por otra parte, los niños ya no tendrán el apoyo de los padres en sus estudios, y estarán más solos y abandonados familiarmente. Y, si los cónyuges no coinciden en sus días laborales, uno trabajando de lunes a jueves y el otro de jueves a domingo, nunca se verán. La Familia, pilar de nuestra sociedad, se debilita, se fragmenta, entra en crisis y se pospondrá la creación de familias en tanto se postergarán las posibilidades de matrimonios o de vivir en parejas para la procreación.

Y, si por ese abandono laboral de sus hogares los esposos tienen que contratar personas para el cuido de sus hijos, les implica un gasto adicional más, y una reducción en sus ingresos, si pudieran pagar esos servicios, porque las fábricas, empresas e instituciones no tienen guarderías, ni aulas, para que los hijos de sus empleados, durante estas jornadas, sean atendidos en guarderías o puedan recibir clases, con maestros y personal contratado para esos efectos.

Tampoco hay una política social estatal que impulse fortalecer la creación de guarderías y de aulas en las empresas o fábricas, porque los empresarios no tienen tampoco esta visión de la responsabilidad social empresarial de esta manera, ni tienen ningún interés en ello, ni ninguna sensibilidad social en este sentido.

En el año 2004 y siguientes, el gran representante de los empresarios, hoy privado de su libertad, preso en su domicilio, Samuel Yankelewitz, decía que esa jornada era a favor de la familia, porque permitiría mayor integración familiar. Igual decía que iba a favorecer el estudio y la superación profesional de los trabajadores. Pero ¿a qué hora van a poder estudiar los trabajadores con jornadas de 12 horas diarias? Los colegios nocturnos, han venido debilitándose y, con estas jornadas acabarán por cerrarse todos, lo cual disminuye las posibilidades de superación y fortalecerá el incremento de la pobreza y de la pobreza extrema, que ya es muy alta en el país. Familiarmente, con esas jornadas, ¿en qué momento se podrá realizar plenamente una pareja matrimonial, para sus propias relaciones y las relaciones con sus hijos?

La modificación que se quiere hacer el régimen de jornadas laborales es violenta, anticonstitucional, inhumana, anticristiana y anti familiar, es especialmente contra la niñez de la clase trabajadora.

Es violenta porque regresa al régimen laboral del siglo XIX existente en Europa, en Estados Unidos y en los países que experimentaban el desarrollo de sus revoluciones industriales, y en la mayoría de los países, donde las jornadas se excedían de las 10, 12, 14 o más horas diarias, situaciones socioeconómicas que provocaron, a la vez, las diferentes luchas sociales de los trabajadores, que por ello se dieron, la lucha por la legislación laboral y social, y la lucha por la jornada de 8 horas que se logró en 1886, y a partir de 1890, cuando se generalizó a nivel mundial su lucha. La jornada de 12 horas es volver a los sistemas laborales del siglo XIX, sin duda alguna.

Los que se inspiran en la doctrina social de la Iglesia Católica, si realmente son cristianos, y practican el cristianismo, con base en esa doctrina, más allá de la apariencia de asistir a los rituales como las misas, a las que muchos van tan solo por la vista social, para que los vean en la Iglesia, para guardar las apariencias, deben estudiar, por lo menos, las encíclicas papales relacionadas con los temas sociales y laborales, y las que tratan de la justicia social, de la visión cristiana del trabajo, de la justa retribución salarial del trabajador, como jornadas de trabajo, derecho de huelga y organización sindical, derecho a un justo salario.

Estas Encíclicas, las que recomiendo, son: la Rerum Novarum, la Quadragesimo Anno, Mater et Magistra, Pacem in Terris, Populorum Progressio, Octogesima adveniens, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, Caritas in veritate, Laudato si y Fratelli tutti.

A sacerdotes también les recomiendo su lectura, si no lo han hecho, o su relectura, por si se les han olvidado conceptos claves para entender por qué hay que estar contra la jornada de trabajo de 12 horas diarias, y en contra del proyecto de ley de las jornadas 4-3. También deberían repasar el Código Social de Malinas de 1927.

Los diputados, de tradición cristiana, católica, u otra manifestación cristiana, si no actúan de conformidad con estos valores, son unos verdaderos fariseos parlamentarios, son verdaderos hipócritas, son simples fingidores de principios y valores cristianos, que ni conocen ni practican, simuladores, por ello inmorales o amorales, y falseadores reales del cristianismo y sus valores fundamentales, relacionados con el mundo del trabajo y de los trabajadores. De hecho, carecen de estos valores, aunque finjan creer en ellos, y aunque los invoquen de vez en cuando, al menos para su discurso político.

Dentro de un modelo de desarrollo neoliberal, nada social, como el que se impulsa, lo que se busca es bajar costos de producción disminuyendo el pago de salarios y de los beneficios sociales adicionales de los trabajadores, aumentar la riqueza de los empresarios y aumentar la pobreza de los trabajadores. Los defensores de estas reformas no ocultan que están vinculadas estrechamente a los requerimientos de la globalización, con la apertura comercial que se ha pretendido con los tratados firmados por el país, y con los nuevos procesos de inversión económica que se esperan lograr.

Con esta reforma a la jornada de 8 horas, se pretende regular nuevas modalidades de trabajo que se están tratando de imponer y generalizar en todas las actividades empresariales y productivas del país. El confite del engaño está en decirle a los trabajadores que es optativa. Tal vez sea optativa para una parte de los que ya están trabajando. Para los nuevos trabajadores esa será su jornada, sin opción de la de 8 horas.

Una modalidad de la jornada 4-3 es la llamada jornada laboral anualizada, que está concebida sobre prácticas europeas del trabajo estacional debido al invierno y las nevadas en actividades agrícolas.

Para esta jornada, se toman en cuenta todas las 52 semanas del año, a razón de 48 o 36 horas semanales de trabajo, según sea la jornada diurna o nocturna. En consecuencia, jornada anual de 2400 horas diurnas y 1800 nocturnas, que incluye los 15 días de vacaciones.

Quienes acepten esta jornada la trabajan intensamente, de seguido, en jornadas de 10 horas de manera que se trabajan 240 días diurnos o 180 nocturnos, quedando prácticamente tres o seis meses libres.

Durante estos meses libres, de mantenerse una relación estable, la empresa suspende el contrato de trabajo, con todas las implicaciones legales que eso significa.

Por este camino también se violan y pierden derechos y beneficios sociales. Veamos:

1.- El pago de aguinaldo, salario escolar o prestaciones se haría en proporción al trabajo de 240 días y no de 365 días, con lo cual el trabajador recibe menos dinero. El patrono se gana el equivalente al aguinaldo completo y 2 meses de salario.

2.- Al dejar de pagar las obligaciones sociales del Seguro Social y Banco Popular durante el período de suspensión laboral, el trabajador pierde 3 cuotas de pago por año, que le van a faltar para cuando tenga que hacer el cálculo de su pensión. Así, el trabajador tras laborar 35 años para tener derecho a su pensión tendrá que ampliar su jornada de trabajo en 105 meses, es decir en 9 años más, para poder tener el total de las cuotas anuales a razón de 12 por año que pide el Seguro Social. Por eso también, hay tendencia a ampliar el plazo de años y de cuotas de pago, al Seguro Social, para tener derecho a la pensión. Por otra parte, el patrono se ahorra estos 9 años de pagos de Seguro Social y de Banco Popular.

Uno de los problemas sociales más graves que se va a presentar asociado a este régimen de jornadas es la contratación por el salario a la baja.

Con la masa de desocupados, que ronda los 500.000, la lucha por el empleo no importa cuál sea la jornada, va a ser por la contratación de cualquier jornada y el salario más bajo. Hacia eso están empujando con esta Reforma que pretende imponer la jornada 4-3. A ello se agrega el valor ideológico de estar afirmando que la pobreza y la extrema pobreza no tienen solución, que lo que se trata es de que no crezca, cuando constantemente crece.

Sobre esta violencia laboral va a aumentar la violencia sobre el sector doméstico y las amas de casa. El trabajo supone una actividad, un empleo y un salario. Las amas de casa realizan su trabajo sin que se les reconozca socialmente su trabajo y por ello carecen de salario, por el trabajo que realizan. Su jornada con el establecimiento de la jornada 4-3, para ellas va a aumentar, a 16 o más horas diarias, porque se tendrán que levantar más temprano y acostar más tarde para atender a sus compañeros de hogar, junto con las tareas propias del hogar, en sus dobles o triples trabajos, esposas, madres y trabajadoras de su hogar.

Hace algunos años se reguló el trabajo del servicio doméstico remunerado, se reguló la jornada de 12 horas de trabajo que tenían las empleadas domésticas y se estableció la jornada de 8 horas para ellas.

Esto se vuelve a alterar con la jornada 4-3 violentamente.

La incorporación de los jóvenes, de los excluidos de la educación, de los trabajadores informales, violentará más sus condiciones de vida y trabajo, con esta nueva jornada que se pretende imponer. Se trata de cambiar también el papel y el valor del trabajo.

El trabajo ha creado una fuerza social poderosa, al movimiento obrero, aunque sea débil orgánicamente en el país. El movimiento obrero hoy no es el del siglo XIX, ni el del siglo XX. Hoy es un concepto más amplio, los trabajadores en sus diversas modalidades de asalariados, que incluye importantes segmentos de las clases medias golpeadas en sus ingresos, salarios o pensiones, aliados estratégicos de los trabajadores con salarios e ingresos más bajos, porque a sectores de la clase media los están empujando hacia los sectores pobres de la sociedad.

La nueva Asamblea Legislativa debería desarrollar un Foro, por lo menos, de una semana de trabajo intenso, con todos los sectores involucrados en esta reforma laboral que se pretende. Un Foro con los empresarios, patronos y sus cámaras empresariales, con todos los sectores sociales, los sindicatos por medio de sus Federaciones, especialmente, con los sectores cooperativos y solidaristas, con representantes de los partidos políticos, que incluya a los que no están en la Asamblea legislativa, y que participaron en las últimas elecciones, si tienen algo que decir en esta materia, los sectores académicos de las universidades del país, públicas y privadas, de las Escuelas de Derecho, a la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene sede en el país, representantes del Patronato Nacional de la Infancia, del Instituto Nacional de la Mujer, INAMU, de las organizaciones de mujeres que hay inscritas en INAMU.

Los diputados deberían dar el ejemplo de la jornada 4-3. De hecho, trabajan de lunes a jueves, solo cuatro días, en sus comisiones y el Plenario. Los viernes no trabajan parlamentariamente. Sábados y domingos tampoco trabajan legislativamente. Tan solo los jefes de fracciones legislativas atienden la prensa por la mañana del viernes para hacer un balance, ante los periodistas, de lo realizado durante la semana y exaltar el control político que realizan.

Queremos ver a todos los diputados, con los funcionarios de sus oficinas, y el resto del personal legislativo trabajando la jornada 4-3, con efectivos tres días de descanso para todos ellos. Esto sí sería un buen ejemplo para todos los trabajadores a quienes se les quiere recetar la bondadosa jornada 4-3. ¡¡¡Apruébenlo para ustedes, señores diputados!!!. Den el ejemplo. La misma reforma legislativa que se necesita hacer para los trabajadores se puede hacer para todo el personal de la Asamblea Legislativa, incluidos los diputados, que marquen reloj de 12 horas efectivas. Los reto públicamente.

El tiempo de trabajo de las comisiones, y la entrada de los diputados a sus oficinas, no les permite atender todas las Comisiones. Tampoco lo pueden hacer por el tamaño de las fracciones, todas excepto una, menores de 10 diputados.

Si los diputados tuvieran una jornada real, efectiva, de 12 horas diarias, como se pretende que la tengan los trabajadores del país, podrían atender más comisiones de trabajo y podrían ser más efectivos en su labor parlamentaria.

Si los diputados trabajaran 12 horas diarias, supongamos de 7 a.m. a 7 p.m., darían un gran ejemplo al país con lo que pretenden imponer a todos los trabajadores. Hasta podrían aprobar más y mejores Proyectos de Ley.

Pero esa jornada implica que todos los trabajadores de la Asamblea Legislativa, casi 1000 que tiene, tendrían que estar igual que ellos, con jornadas de 12 horas efectivas de trabajo, para acompañarlos desde que lleguen a las 7 a.m. hasta las 7 p.m. ¿Estarán de acuerdo estos trabajadores en dar el ejemplo de la jornada 4-3? Y, ¿por qué no, también en la Casa Presidencial, con todo su personal, con una jornada 4-3?

En todo esto, el Patronato Nacional de la Infancia, que vela por la integración de la familia, del niño particularmente, las organizaciones de mujeres, los sindicatos y la Iglesia Católica, especialmente, guardan silencio. De las otras iglesias representadas políticamente también están en silencio.

Si fuera buena jornada la de 12 horas ya la habrían establecido países industriales como Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra. Sin embargo, la tendencia en ellos es bajar la jornada de trabajo a 7 o 6 horas diarias. En Europa varios países están con jornadas de 35 y 36 horas semanales.

Hay que detener la reforma laboral que impulsan todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. pues empeorará las condiciones de vida y de trabajo de la población costarricense. Diputados, den el ejemplo. Empiecen ustedes con jornada 4-3.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

El directorio legislativo 2022 – 2023 ¿Ejemplo de democracia o “golpe suave” al nuevo gobierno?

Nuevos diputados, con Rodrigo Arias al centro. Foto: https://semanariouniversidad.com/

Por Alex García

El grupo económico que representa Rodrigo Arias y su hermano, el expresidente, Oscar Arias logró 24 horas antes de la elección del directorio, crear un bloque mayoritario de diputados por medio del acuerdo firmado por 4 partidos (con la clara exclusión de la bancada de gobierno).  Lo que deja en claro que existirá una fuerte pugna entre el ejecutivo y el legislativo para definir el rumbo del país en los próximos 4 años. Sin perder tiempo el nuevo bloque político definió la agenda y el método para desarrollarla, marcando así el espacio de acción al nuevo gobierno, que constitucionalmente tiene la potestad de definir agenda legislativa en los primeros 90 días del nuevo periodo constitucional.

El bloque suma 41 votos, una mayoría contundente para mantener el control y definir agenda. Ante esta realidad el nuevo gobierno se vio obligado a negociar la lista de proyectos que se agendarán. Cediendo así la iniciativa legislativa al grupo de poder liderado por los hermanos Arias Sánchez.

Presenciamos, así como este grupo de poder fáctico (el de los hermanos Arias), basados en la experiencia desarrollada durante los 4 años del gobierno de “Carlitos el progre”, en el quedó claro que es el control de la asamblea lo que permite ejercer el dominio estratégico del poder, no necesitó ganar las elecciones para asumir el poder. Le bastó colocar estratégicamente a sus piezas y por medio de un “ejemplar ejercicio democrático” tomar el control de la Asamblea Legislativa. 

Rodrigo Arias cuenta con el apoyo unánime de la prensa, del capital financiero, de la mayoría de los grupos del poder fáctico y de la embajada de los EEUU. Además, su “buena prensa” le permite colocar en el imaginario popular la imagen del líder con la ansiada “capacidad de gobernar”.

La figura de Rodrigo Arias cubre con creces la falencia de liderazgo que hubo en 3 de las 4 presidencias legislativas de la Asamblea Legislativa el cuatrienio pasado.

Su designación, de paso, logra otro de los objetivos de su grupo de poder: borrar del escenario político nacional al ex presidente José María Figueres.

La derecha ha demostrado una vez más su capacidad de generar unidad con visión estratégica, dejando de lado sus divergencias de forma, se unen basados en sus coincidencias de fondo y actúan en consecuencia. 

Así las cosas, todo parece indicar que, a partir de este 01 de mayo 2022, iniciamos una nueva etapa en la vida política del país. Quizá estamos presenciando el fin de la segunda república. 

Las diferentes y diversas organizaciones y grupos progresistas de la izquierda, deben tomar nota de esto y empezar a trabajar por la unión, dejando de lado la desgastante e inútil actitud de la hipercrítica y los fundamentalismos dogmáticos. Es la hora de contar con criterios objetivos de unidad, la hora de leer y actuar con profundidad de análisis. La coyuntura nacional e internacional que transitamos no deja espacio para perder el tiempo en discusiones de forma, urge construir basados en objetivos de fondo.

Le tocará a la nueva fracción del Frente Amplio plantar resistencia ante la embestida neoliberal, desarrollar capacidad política para unir la protesta popular y generar condiciones para incidir en el ejecutivo, para dar la lucha en defensa de las garantías sociales. 

Un inmenso reto que requiere contar con el apoyo de todas las personas que se identifican con el progreso social, la igualdad, los derechos de la clase trabajadora y los valores democráticos. 

Esperamos que la fracción y la dirigencia del Frente Amplio faciliten los espacios para ir creando la necesaria unidad popular.

Foro virtual: Proyecto de ley para la flexibilización laboral

El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica invita a participar en el foro virtual “Proyecto de ley para la flexibilización laboral” el próximo jueves 26 de noviembre a partir de las 10:00 am.

El Proyecto de Ley N° 21.182: “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras” fue presentado por la diputada Ana Lucía Delgado Orozco junto otros legisladores.

Para confirmar participación puede escribir al correo electrónico sindicatoperioditascr@gmail.com

El enlace para ingresar al foro en la plataforma Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88047108638

Apoyo virtual “¡Ratifiquemos el Acuerdo de Escazú en Costa Rica!”

En próximos días la Asamblea Legislativa debatirá sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica, una oportunidad histórica para proteger el medioambiente y a quienes lo defienden en nuestro país.

Queremos pedir su apoyo para que la votación sea favorable: usando este enlace puede enviar un correo a diputados y diputadas pidiendo que voten a favor de la aprobación del Acuerdo: http://bit.ly/EscazuAhoraEnCostaRica. ¡Solo toma un minuto!

Con la herramienta también puede compartir la acción en las redes sociales para que podamos dar la mayor visibilidad posible a la votación. También puede ayudarnos reenviando este correo a sus contactos. ¡Necesitamos llegar a la mayor cantidad de personas posibles! 

Información compartida con SURCOS por Fundación Friedrich Ebert .

Coherencia perversa

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Hay una coherencia perversa en la mayoría parlamentaria que se impone en estos momentos. Es lógico que los diputados y diputadas que le regalan 160 millones de colones a una asociación religiosa privada sin controles, o que invitan a líderes religiosos a inaugurar las nuevas instalaciones del Parlamento, confundiendo una institución pública con un sitio confesional; es lógico, digo, que sea esa misma mayoría parlamentaria la que quiera desfinanciar y asfixiar económicamente a la educación y a la cultura públicas.

No admiten más verdades que sus dogmas, por eso abominan del conocimiento científico. No conciben más texto que SUS biblias, no admiten más templos que sus iglesias, queriendo ver cerrados teatros, cines, centros culturales gimnasios y estadios. Y agitan sus demonios, pecados e infiernos para impedir que los espíritus libres conquisten el futuro.

El hilo se revienta por lo más delgado y una nación con educación pública y una inversión cultural anémicas, son la vía más rápida para acabar con la democracia. No es cualquier cosa la que se juega con esta fiesta de recortes en inversión social. Se estarán revolcando en sus tumbas las generaciones pasados que apostaron por una Costa Rica culta y educada.

¡Qué vergüenza!

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio de Facebook.

Sofía Barquero: “¿Qué están haciendo lxs diputadxs con el agua?”

Sofía Barquero Mata

 

Mediante el mecanismo de iniciativa popular, es decir, con la firma de 150 mil costarricenses, se presentó un proyecto de ley de aguas para subsanar más de 70 años de rezago que tiene nuestra legislación en la materia.

De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley de Iniciativa Popular, hace como tres años se debió haber votado (a favor o en contra) esa propuesta ciudadana. No se ha querido hacer. La derecha y las Cámaras no lo han permitido. Se realizaron reformas a la iniciativa popular, sin embargo, el texto conserva avances importantes. Algunos de ellos, generan gran oposición de sectores agroindustrales y comerciales privados, que hoy en día se ven favorecidos con multas de 700 colones por contaminar el agua y cánones ridículamente bajos por el pago de concesiones.

Estos avances polémicos se resumen en:

  • Multas de hasta 50 millones por daños relacionados con el recurso hídrico
  • La posibilidad de actualizar los cánones y cobrar altos precios a quienes lucran con el agua
  • Confirmar las áreas de protección de la legislación vigente (este no es un cambio)
  • Declarar todas las aguas del dominio público
  • Actualizar los mecanismos para otorgar de concesiones de agua, claramente obsoletos y evitar las posibilidades de comercializar esas concesiones
  • Garantizar la participación ciudadana mediante consejos de cuenca (órganos conformados por varias instituciones, ASADAS y Universidades Públicas), que toman decisiones sobre el manejo de la cuenca
  • Mantener las condiciones especiales de las concesiones de uso doméstico

Para no pegarse el color de quitar del texto de iniciativa popular esos puntos, el diputado liberacionista, Juan Marín, presentó un nuevo proyecto de ley que se encuentra siendo tramitado apenas en la Comisión de Ambiente. Ahí se negoció con la Cámara Nacional Agropecuaria (principalmente) y con PLN-PUSC-PAC-minoritarios (el Movimiento Libertario no, hoy nos dimos cuenta). Sin embargo, en la Comisión, la representación del Frente Amplio les llenó de mociones el proyecto, con lo que se dificulta muchísimo su avance.

Como les urge, revivieron el de iniciativa popular que nunca habían querido someter a votación, para ponerle otro texto encima que sirva a sus intereses, y aprobarlo aprovechándose de las ventajas de procedimiento que tiene el proyecto que propuso la gente (¡150 mil personas, es mucha gente!).

Para lograrlo, hicieron una “trampilla” de procedimiento: devolvieron (por unos segundos) el proyecto de iniciativa popular que estaba en Plenario a la Comisión de Ambiente y, luego, lo volvieron a “subir” de regreso. Ahora, el Plenario se convierte en una Comisión, se le llama Comisión General. Esto es como un portal de unas horas. Se abre a las 3 de la tarde y cierra cerca de medianoche. Un solo día. Llegada la hora, se somete a votación, así tenga millones de mociones pendientes de discutir. Ese portal se abrió en Halloween (este 31 de octubre), pero diputadas y diputados del Frente Amplio se salieron de la sesión y se rompió el quórum. Cerraron el portal de aquí al jueves, que se reabre.

Como son tan vivillxs, habían presentado su texto mucho antes de que el portal se abriera, el que se presentó a tiempo fue el del Frente Amplio (FA) y, entonces, era el texto que correspondía conocer, pero como no iba a dar tiempo de ver más que uno, entonces se tendría que votar la propuesta frenteamplisa, una vez llegada la hora ta-tá. Pero, por lo que pareciera argolla con el Departamento de Servicios Técnicos, lograron que se los aceptaran, el de ellxs (fuera del portal) primero, el del FA (dentro del portal) después. Lo hicieron con una resolución que dice algo como que cuando se trata de echarles la mano a Juan Rafael Lizano y la Cámara de Agricultura, los portales se amplían según sea necesario.

El texto que quieren aprobar es regresivo de dos maneras: i) en unas cosas, al compararlo con la iniciativa popular y ii) en otras cosas, al compararlo con la legislación que tiene más de 70 años. Es decir, nos quieren llevar al siglo pasado… o antepasado, a aquellos tiempos cuando el agua era un recurso inagotable.

Los manoseos, con respecto a la iniciativa popular, se resumen en:

  • Dar los mismos beneficios que los usos domésticos (sobre trámite y precio) a la producción ganadera de hasta 35 hectáreas. Alegan que 35 hectáreas de vaquitas, apenas da para la subsistencia. ¿De qué vivirá la gente que tiene 20 hectáreas con vacas?
  • Eliminar los consejos de cuenca que definían la planificación hídrica y permitían algún nivel (si bien muy reducido) de participación ciudadana
  • Bajar las multas. Por ejemplo, las sanciones gravísimas pasan de estar entre los 20 y los 50 millones a estar entre los 2 y los 2.8
  • Se mantiene la posibilidad de actualizar los cánones por la concesión. Sin embargo, en su página de FB, el Ministerio de Ambiente aclaró que no tienen planeado actualizarlos, sino que se mantendrán igual… o sea, seguirán regalando el agua a la Coca Cola y a la Cervecería…a las piñeras, a las meloneras y, obvio, a las bananeras de Desanti
  • Las áreas de protección que existen se mantienen. Sin embargo, el nuevo texto dice que Dice que se deben ir reforestando de a poquitos las áreas de protección, comenzando por los primeros 5 metros. Nos oponemos, área de protección, es área de protección. Debe estar sin tocar siempre

Con respecto a la Ley que nos rige (la del siglo antepasado), el proyecto que nos quieren clavar, es regresivo por lo siguiente:

  • Propone que las concesiones se den sobre la propiedad (la finca, por ejemplo) pero, (ahí está EL detalle, diría Cantinflas) a nombre de una persona. ¿Qué pasa si el inmueble cambia de propietaria? El concesionario debe hacer el traspaso de la concesión o renunciar a ella. Si renuncia, el nuevo propietario tiene que volverla a sacar. Eso implica un exceso de trámites y abre el portillo para que se “traspasen ” las concesiones entre propietarios de los inmuebles. Las concesiones de aguas serían como las patentes de licores pero como si las tuvieran que choricear con todo y bar.
  • Permite inscribir las áreas de protección (200 mts alrededor) de las nacientes captadas para consumo humano a nombre de personas privadas. Hoy en día, ese terreno es del Estado (desde hace como 70 años es así). Es decir, quieren regalarle tierras a los finqueros. Si bien, no pueden usarlas para ninguna otra cosa que la conservación, estamos hablando de la misma gente que siembra arroz en los humedales y piña sobre la milla fronteriza. Es mejor no confiarles nada más.

 

Compartido por Mario Cabrera. Tomado de la página de Facebook de Sofía Barquero Mata.

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