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Etiqueta: evasión y elusión fiscal

Seguridad en Costa Rica: ¿Más cárceles y limitación de derechos humanos es la respuesta?

Martín Rodríguez Espinoza

No cabe duda de que el territorio costarricense ha pasado de ser «puente» a ser bodega y centro de distribución, y que esto ha provocado que el Costa Rica empiece a ser fraccionado entre diferentes grupos narcos.

Tampoco cabe duda de que este creciente ingreso de bandas o carteles de la droga tienen un ligamen directo con sectores corruptos de la política de muy alto nivel, desde el ingreso a territorio nacional del capo de la droga mexicano Caro Quintero en 1985 cuando el expresidente de la República, Daniel Oduber Quirós, viajó junto a Quintero en un avión privado, y esto facilitó el ingreso del narcotraficante. La denuncia del exdiputado de entonces, Jimmy Zúñiga, y el «alboroto» no impidió el establecimiento del narco mexicano en el país.

Mucho antes, para la campaña electoral en la cual fue electo presidente, 1974-1978, recibió dinero del narcotraficante estadounidense Lionel James Casey. Todo salió a la luz cuando fue investigado por la Comisión Legislativa sobre el Narcotráfico, conformada en el período 1986-1990. En el segundo informe de la Comisión, se recomendó de forma enfática su renuncia a todos los cargos públicos que ostentaba.

En 1992, el ejemplar N0 410 de la revista Rumbo se tituló “Cómo se reparten los bienes de Oduber”. En esta edición, se hizo un recuento del patrimonio que mantenía el expresidente al fallecer. Se narra que tenía más de ¢800 millones en cuentas bancarias. Poseía fincas cuya extensión sobrepasaba las dos mil hectáreas, en las que hubo alguna vez una centena de caballos árabes. El origen de tantas riquezas es confuso, teniendo en cuenta que fue burócrata casi toda su vida. (Semanario Universidad)

Luego se dieron muchos casos de carteles de la droga financiando campañas electorales de candidatos a la Presidencia de la República, a puestos en la Asamblea Legislativa, alcaldías, regidurías en municipalidades y se dieron casos de encarcelamiento de algunos (no todos) que ocuparon esos cargos y trabajaban para los narcos. Igual jueces, policías, agentes del OIJ y fuerzas policiales especiales.

Lo último, narcotraficantes investigados, se pasearon por los pasillos de la Asamblea Legislativa para hablar «de negocios» con diputados y diputadas.

Menciono todo esto para ilustrar que el tema del narcotráfico y la corrupción política viajan de la mano, trabajan juntos y mientras financien campañas electorales y el Tribunal de Elecciones sea cómplice por inacción, esto seguirá sucediendo.

Hoy, dicen que con «gran preocupación», los representantes de los diferentes poderes de la República, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se reúnen para desarrollar una «estrategia» de seguridad para enfrentar la creciente ola de asesinatos producto de la guerra por territorios de diferentes grupos narcotraficantes.

El problema de esto es que el VERDADERO problema, el de fondo no se atacará y se implementarán propuestas de más cárceles (privadas), represión, limitación de derechos humanos y ampliación de periodos carcelarios que significarán para el Estado costarricense una enorme carga económica que ellos sí están dispuestos a sacrificar.

¿Y cuál es el verdadero problema, el de fondo?, el desempleo, la pobreza, el hambre, la miseria, el congelamiento salarial, la falta de vivienda, la corrupción, el saqueo de las arcas del Estado mediante el fraude político empresarial, la evasión y elusión al Fisco, el contrabando, la exoneración de impuestos de forma privilegiada a los sectores empresariales más grandes, etc, etc.

En Costa Rica, hoy, en pleno inicio de 2024, más de 160 mil jóvenes no estudian ni trabajan porque se cierran las puertas para hacerlo. Hablamos de jóvenes de entre 15 y 24 años, de ellos el 50% tienen bachillerato y más de 8 mil son profesionales, esto según la más reciente Encuesta Continua de Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC. Este crecimiento, del 27%, se da en comparación entre octubre y diciembre del 2022 y el mismo periodo del 2023. Este terrible dato es solamente entre jóvenes, no adultos y adultos mayores, lo que en conjunto da resultados catastróficos para este país.

Y usted, que tiene la gentileza de leerme se preguntará, ¿Que tiene que ver una cosa con la otra?, pues todo.

¿A manos de quién van a parar esos miles de jóvenes desempleados, en qué van a trabajar, cómo van a sobrevivir y llevar alimentos a sus familias?

Si a esos datos le agregamos los miles de jóvenes que NO tienen acceso a las universidades, o lo que ni siquiera terminan la primaria y/o la secundaria, tendremos una bomba de tiempo entre manos.

¿Quiénes son los responsables?, los únicos responsables de esto son los políticos corruptos que han gobernado este país en los últimos 50 o 60 años, esos que recortan a la educación, a la vivienda, al desarrollo agroindustrial. Los que mediante corrupción saquean las arcas del Estado, los que estafan al Estado, los que mismos que hacen amigos de los negocios oscuros de los casinos, del lavado de dinero y tráfico de seres humanos y prostitución. Los mismos que para llegar a un cargo público compran votos y/o son financiados por grupos de narcos.

Una opción verdadera, honesta. Propuestas reales, concretas de desarrollo del país NO hay en estos momentos en el país, todas son falsas o superficiales.

El peligro es lo que salga de esa Asamblea Legislativa, todas las propuestas serán represivas y abusivas contra los derechos humanos, la privatización de cárceles como negocio de algún tagarote, más policías, y otras graves propuestas.

Imagen ilustrativa.

¿POR QUÉ DESTRUCTORES Y MALANDRINES? (II)

Adriano Corrales Arias*

La contrareforma neoliberal aprovecha la ventaja comparativa de un gobierno supuestamente popular con un presidente que recibe apoyo mayoritario. Se apresura a concretar la ruta iniciada hace más de cuarenta años: desestructurar y privatizar el Estado Social de Derecho. La clausura ha iniciado por las secciones más sensibles: cultura, educación y salud. En estos artículos me ocupo de la primera, la fundamental según mi criterio, puesto que la cultura, en su acepción más antropológica, es la argamasa de toda sociedad. Me limito, claro está, a la institucionalidad construida en nuestro país para difundir y promover “cultura” desde el gobierno central.

El actual Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) es un híbrido encabalgado entre el modelo difusionista de las bellas artes proveniente de la socialdemocracia liberacionista aupado por el socialcristianismo, con una “nueva visión” de la cultura en su sentido más antropólogico, aunado a una visión neoliberal de la gestión artístico/cultural: un verdadero ornitorrinco. Me explico: el estado benefactor, con la contrareforma neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado, fue desmontándose de a poco con una pugna entre el originario difusionismo socialdemócrata, la regionalización y la cogestión neoliberal. Es decir, al lado de quienes al interior conciben la cultura como una práctica más antropólogica y nacional, perviven los que conciben la cultura como la promoción y difusión de las llamadas bellas artes y, sobre todo en las últimas administraciones liberacionistas y del PAC (son las mismas, ¿no?), quienes creen que hay que recortar el estado y dejarle esas tareas a la iniciativa privada, a las industrias culturales.

No hay duda de que el principal objetivo de la presente administración es finalizar la contrareforma neoliberal, acelerada en los últimos desgobiernos, enterrando de una vez por todas el Estado Social de Derecho al constreñir sus principales funciones y privatizar sus tareas estratégicas (salud, educación, seguridad, telecomunicaciones, banca, entre otras). Las primeras medidas para el recorte fiscal se orientaron hacia el empleo público y la contención del gasto en términos de servicios; nada sobre la evasión y elusión fiscal ni el pago de intereses de la deuda, auténticos disparadores del déficit. Todo ello indicaba que Cultura también estaba en la mira del empequeñecimiento estatal, toda vez que no es un ministerio importante para la hacienda pública (en manos neoliberales), a pesar de que el anterior presidente fuese “escritor” e intelectual progre procedente de la universidad pública, lo mismo que su predecesor.

Quedaba claro entonces que, para realizar reformas en ese ornitorrinco/elefantito blanco vallecentralino, había que arrancar otras reformas a nivel económico y político. Dicho de otro modo, se precisaba de un proyecto país que definiera si se trataba de una verdadera “revolución cultural” (visión del progresismo PAC) o de la defensa del Estado Social de Derecho con toda la institucionalidad instalada en términos socioculturales. Lo práctico, entonces y ahora, por obviedad, era la defensa de lo construido, es decir, la protección de los derechos laborales de los funcionarios de cultura y de todo el estado, así como la revitalización del mismo a través del cobro real de los tributos persiguiendo a evasores y elusores fiscales tal y como corresponde. Y claro, consolidar las entidades artísticas descentralizadas con las demás instancias de promoción cultural.

La otra discusión que hace algunos años proponía, giraba en torno al modelo a seguir de acuerdo a las Políticas Culturales vigentes, así como las reformas legales que se precisaban para robustecer un ministerio minimizado, difusionista y paternalista concebido para “artistas” y gestores del valle central; acaso un poquito de folclor y turismo para las regiones periféricas. Es decir, se trataba de reconceptualizar en profundidad lo que debíamos entender por CULTURA, así como las políticas y la estructura administrativa de cara a los grandes desafíos y necesidades que tenía y tiene el país, especialmente en las regiones periféricas con énfasis en las marginales, tales como las costas, las altas montañas, el norte/norte y el sur/sur. Para ello debía pensarse en una estrategia de lucha que involucrara, ya no solo a los artistas y trabajadores de la cultura, sino también a empleados públicos, sobre todo de la educación, y a trabajadores organizados en general.

Se trataba de una alianza entre sectores de trabajadores públicos con la posibilidad de desarrollar una estrategia de lucha para la defensa del estado costarricense en su mejor modelo de planificación y acción social diversificada. Dicha alianza debería pasar por acuerdos con universidades públicas, educadores medios y primarios (organizaciones gremiales y colegiaturas), municipalidades, asociaciones de desarrollo comunal, casas de la cultura y grupos artístico/culturales locales. Todo un reto entonces y todavía, aunque ya el rancho arde sin que se vislumbre oposición organizada alguna. La contrarreforma neoliberal ha golpeado tanto a la sociedad civil que los temores, la desconfianza y la inseguridad nos mantienen atomizados y sin arrestos para la pelea. El reflujo es total.

*Escritor

“YO ME COMO LA BRONCA”

Adriano Corrales Arias

Adriano Corrales Arias*

Utilizando esa frase popular, el actual presidente de la República se ganó la simpatía de miles de ciudadanos en su millonaria campaña electoral. Y, de seguro por eso, lo “eligieron”. La frase alude al personaje valiente que se enfrenta a un problema o a una disputa, la cual puede llegar, incluso, hasta la pelea callejera, dado que otras personas no están en disposición de asumirla.

Esos miles pensaron, posiblemente, que la bronca que se comería el presi, consistía en contener la contrarreforma neoliberal de los últimos gobiernos liberacionistas, “socialcristianos” y del PAC, o lo que es lo mismo, del PLUSCPAC y sus turecas. En otras palabras, detener la venta de activos estatales, eliminar la figura de concesión de obra pública, ordenar las compras del estado para evitar corruptelas y, lo más importante, ponerle coto a la evasión y elusión fiscales, máximos disparadores de la crisis fiscal. Y claro, enfrentar la corrupción y retomar la buena marcha de las principales instituciones del estado, así como la mejora de las condiciones de vida de los sectores más golpeados por esa contrarreforma, la pandemia y la crisis global: los trabajadores, los pequeños productores y emprendedores y, la cada vez más empobrecida clase media.

Pero resulta que era otra bronca la que venía a comerse el señor Chaves con sus compinches y escuderos, es decir, sus financistas; la que no arriesgaron en asumir los últimos gobernantes: venta de activos y privatización de servicios con el desmantelamiento de la seguridad social, la educación pública (sobre todo universitaria), las telecomunicaciones, electricidad, agua y la banca nacional, entre otras ocurrencias, que finalmente, no son tan ocurrentes, dado que están en la mira de muchos grandes empresarios y financieras internacionales desde el siglo pasado. Dicho de otro modo, profundizar la contrarreforma neoliberal hasta sus últimas consecuencias para acceder a un estado totalitario y corporativo estilo Chile de Pinochet, México antes de AMLO o la actual España. En breve: desmantelamiento del estado social de derecho.

Y claro, el valiente presi luce envalentonado; se sabe apoyado por una inmensa masa intoxicada, desde hace decenios, gracias al discurso único y a la virulenta campaña anti trabajadores públicos, anti ciencia, anti saberes y anti estado social, por parte, tanto de la “prensa canalla”, como por el fundamentalismo de toda laya, ya desde iglesias y púlpitos, ya desde ciertas trincheras neoliberales como universidades privadas, cámaras patronales y ciertas embajadas. Ese conglomerado anti pueblo y anti costarricense, no repara en los graves visos inconstitucionales de decretos y “leyes” propuestas por el ejecutivo. Aplauden a un gobierno autoritario con ínfulas totalitarias, sin saber que serán ellos (la masa intoxicada) quienes, finalmente, saldrán más perjudicados.

Lo alarmante de la coyuntura es que no se vislumbra una oposición seria ante un bloque desalmado que pretende echar por la borda todas las reformas sociales que costaron tanto sacrificios y sangre en la década de los cuarenta del siglo pasado. Las cúpulas partidarias que, al final, como vimos, son las mismas, negocian parte del pastel y se ponen de acuerdo en el parlamento, para seguir desarmando el estado social de derecho y tijeretear la Constitución Política de acuerdo a sus voraces intereses. Por ello no se avizora un frente político socialmente amplio que pudiera detener esta nefasta contra ofensiva neoliberal de última hora.

La débil esperanza con que contamos, quienes padecemos desde ya al monstruo que pisa fuerte, es que los miles de intoxicados vayan abriendo los ojos y el cerebro ante la brutal embestida de quien se está comiendo la bronca a favor de sus mentores, promotores y patronos nacionales e internacionales. Para eso lo trajeron desde una de las financieras transnacionales donde laboraba, cual gris tecnócrata.

 

*Escritor

Enviado a SURCOS por el autor.

Ocurrencias populistas: más de lo mismo

Álvaro Vega Sánchez.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

A estas alturas, el recetario neoliberal solo logra imponerse apelando a las ocurrencias populistas, aderezadas con el miedo y atizando los odios, para vencer polarizando a la sociedad.

Esa fue la estrategia utilizada para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una ocurrencia populista más, con la que se vendió la idea de salvar al país. Para el expresidente colombiano, Ernesto Samper, estos tratados asimétricos son como el trato que le propuso la gallina al cerdo: “hacer huevos con tocino”; una de las vías equivocadas, que han profundizado la desigualdad y la pobreza. Este Tratado se impuso apelando al miedo de que los trabajadores de las zonas francas se quedaran sin empleo y la democracia del país se viese arrasada por los regímenes dictatoriales vecinos; asimismo, con el atolillo de falsas promesas: un Tratado como operador mágico que permitiría al costarricense cambiar su moto Yamaha por una Harley o su Hyundai por un BMW.

Por su parte, el gobierno anterior atizó la hoguera contra los empleados y pensionados del sector público, tratándolos como una casta privilegiada. Además, se levantaron muros entre el sector público y el privado, para justificar una política tributaria de manos de seda para los ricos y de hierro para los pobres y la clase media. Y como si con eso no le bastara hizo alianza con los sectores más retrógrados del pluripartidismo para golpear a los trabajadores, con leyes como la de empleo público y la de regulación de las manifestaciones públicas de los trabajadores. Mientras criminalizaba la protesta social, favorecía la evasión, la elusión fiscal y premiaba con amnistías a los ricos de este país.

Las esperanzas de transitar por nuevos senderos se desvanecen, un día sí y otro también, con los dictados que emanan del actual gobierno, tanto vía decretos como leyes, la mayoría de los cuales son más de lo mismo. El discurso de la “prensa canalla” enfila sus dardos ahora contra las universidades públicas, socavando los cimientos constitucionales de su autonomía. Nuevamente, se apela de manera populista a polarizar la sociedad, insinuando que lo presupuestado para las universidades es desproporcionado con relación a lo que se invierte en infraestructura vial en el país. Y, como no se alcanzó a reducir el FEES, ahora se busca dar un golpe letal a la autonomía universitaria, proponiendo una ley que crea una instancia interministerial reguladora del quehacer universitario.

Por otra parte, cuando se le advierte al señor presidente de sus deslices autoritarios y de centralización del poder, resulta que quienes le critican son unos cuantos “pensionados de lujo”. Por favor, señor presidente, guarde su postura, no la devalúe, apelando a las mismas armas innobles de sus antecesores. Señor presidente, es hora de rectificar, porque si algo está poniendo en peligro la democracia costarricense no es, ni mucho menos, la no aprobación del proyecto de ley para emitir 6.000 millones de dólares en eurobonos, sino continuar con más de lo mismo: el populismo mesiánico, con las mismas acciones y promesas de siempre, caldo de cultivo del desencanto ciudadano con una democracia cada vez más devaluada, cuyo rostro de desigualdad y pobreza extrema lo develó la pandemia y ahora también se muestra en toda su crudeza con cada azote de la temporada de huracanes.

Desigualdad social y la corta memoria de Chaves

Martín Rodríguez Espinoza

¿En qué países de Nuestra América los grandes tagarotes pagan impuestos y en qué países no pagan por sus grandes fortunas?

Argentina, Uruguay, Bolivia y Colombia son los únicos países que han implementado impuestos a la riqueza, en Costa Rica NO, los gobiernos de turno se niegan a hacer pagar impuestos por grandes fortunas a quienes financian sus campañas electorales. No solo eso, se hacen «de la vista gorda» con la EVASIÓN, elusión y contrabando, de quienes le roban a Costa Rica, incluido Rodrigo Chaves.

Siendo ministro de Hacienda indicó que la EVASIÓN fiscal era uno de los principales problemas de Costa Rica, ahora como presidente, evita hablar de esto, ni una sola palabra, ¿Por qué?, siendo ministro una de las justificaciones que planteó fue que «los sistemas no cruzan de forma automática los datos necesarios para identificar a los evasores», ahora que es presidente, ¿Qué hace al respecto?

«En vez de aprobar nuevos impuestos o despedir empleados públicos, Costa Rica debería luchar de frente contra la corrupción y la evasión fiscal, eliminar las exoneraciones de los grupos poderosos de este país y revisar los destinos específicos con cargo al presupuesto.», digo, una sola vez, Rodrigo Chaves, candidato a la presidencia por el Partido Progreso Social Democrático, PPSD.

Costa Rica deja de percibir unos $9 mil millones AL AÑO por evasión fiscal, o sea, lo que dejan de pagar los grandes empresarios al Estado (ROBO).

Esto significa que se requieren de nuevos impuestos al pueblo costarricense, a los más pobres, a los pequeños y medianos empresarios, para solucionar el problema del déficit fiscal y el peso de la deuda pública.

“¿Para qué tratar de maquillar un chancho?, hablemos claro. Arreglar la situación fiscal no pasa por despidos masivos de empleados, ni por impuestos, comienza por detener el desperdicio y la corrupción. Plata no falta, lo que falta es frenar el malgasto y cobrar bien lo que hay”, dijo el Chaves ministro de Hacienda.

¿Por qué ahora no dice nada sobre la brutal y obscena evasión Fiscal de los grandes empresarios que piden más impuestos al pueblo y a los trabajadores?

¿Por qué ahora habla de privatizar el Banco de Costa Rica, el Banco Internacional de Costa Rica, S.A., la mitad de las acciones del Instituto Nacional de Seguros y los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social?, está claro, y él lo sabe, que miles y miles de trabajadores y trabajadoras irán a la calle y que Costa Rica perderá miles de millones de dólares.

Las crisis económicas son producidas por diferentes variantes, internas y externas claro está, sin embargo, para nuestro país la principal se centra en la corrupción en las altas esferas del sector de Gobierno, Legislativo y el gran empresariado. Ellos son quienes producen «las crisis» económicas de Costa Rica y, retomando las palabras de propio Rodrigo Chaves, aquel que fue ministro de Hacienda y que «no es el mismo» del hoy presidenta, “no ha habido una crisis en la historia que no haya multiplicado el número de pobres, que no haya causado más desigualdad y que no haya hipotecado el futuro de los jóvenes”.

Queda claro quiénes son los responsables de la crisis económica de Costa Rica, los LADRONES DE IMPUESTOS, los grandes empresarios evasores, elusores, contrabandistas y, algunos, hasta metidos en el narcotráfico.

También queda claro que los trabajadores y trabajadoras, el pueblo costarricense DEBE hacerse sentir y manifestarse contra la CORRUPCIÓN, por salarios dignos, por vivienda, por tierra para trabajarla, por la defensa de la CCSS, por empleo digno con salarios y condiciones dignas.

Costa Rica ha caído en manos de una narco-mafia político-empresarial, el pueblo debe recuperarla de esa mafia.

23 agosto de 2022

Sindicato UCR fija posición sobre salarios y pensiones en carta al Presidente Alvarado

SURCOS recibió el siguiente comunicado enviado por el SINDEU al presidente de la república y a la Asamblea Legislativa:

DE: SINDICATO DE EMPLEADOS(AS) DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA-SINDEU.

PARA: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA y ASAMBLEA LEGISLATIVA.

ASUNTO: EN DEFENSA DE LOS SALARIOS Y LAS PENSIONES de las y los trabajadores de los sectores público y privado

LUGAR: San Pedro de Montes de Oca, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.

FECHA: Miércoles 1 de abril de 2020

Estimado señor Presidente:

El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica-SINDEU, se manifiesta ante usted y ante la Asamblea Legislativa, para expresar la oposición contundente, vehemente y firme, ante la política económica y social, impuesta por los grupos neoliberales y las cámaras industriales y comerciales quienes desde el Poder Ejecutivo y su gabinete, imponen medidas y acuerdos, que afectan negativamente a las grandes mayorías de la población costarricense y principalmente a la clase trabajadora.

Antes del establecimiento de la Pandemia Covid 19 y a propósito de un ataque furibundo contra los empleados públicos, particularmente de los empleados de las universidades y de la CCSS, y con el propósito de privatizar la salud pública y la enseñanza superior; también se hablaba de la venta de activos, entre otros la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), pero también se hizo pública, como propuesta de su gobierno, la flexibilidad laboral, y una acelerada ruta a la tercerización de la clase obrera de este país.

Para nadie es un secreto que, la estrategia de los sectores del capital nacional y de las transnacionales, es coherente, consistente y progresiva. No deja resquicios, y es resultado de un largo aprendizaje histórico, en el que el poder económico logra su unidad frente a cualquier amenaza a sus jugosas tasas de ganancia.

La explotación de las personas trabajadoras alcanza ya grados extremos en extensión de horarios y/o intensidad de trabajo, a través de jornadas y formas de trabajo extenuantes, sin que medien contrataciones, con mayor remuneración.

Creemos pertinente señalar algunos puntos que son de nuestro interés y que contradicen las políticas de su gobierno, los diputados y la empresa privada:

1. La lógica que mueve la Actual Asamblea Legislativa, conduce inexorablemente a legislar a favor de lo que nosotros denominamos: El aguinaldo de las empresas y el empobrecimiento masivo del pueblo de Costa Rica. Verbigracia, el Plan Fiscal, Leyes contra el salario de diferentes sectores de trabajadores(as); un paquete de 7 leyes sumamente agresivas contra las pensiones.

2. Que en cuanto a las medidas económicas propuestas hasta ahora se reitera el carácter neoliberal y antilaboral del gobierno PAC/PUSC/PLN, cuya única propuesta es descargar en la clase trabajadora el peso económico de esta grave situación que se enfrenta.

3. Las medidas económicas hasta ahora anunciadas están concebidas particularmente para proteger al sector empresarial, y tienen como único propósito trasladar de manera impositiva a la clase trabajadora el peso económico de esta crisis, en el contexto del COVID-19

4. El conjunto de medidas tales como: Moratoria a las empresas de 3 meses del pago de IVA, del Impuesto Sobre la Renta y del Pago de Aranceles en Aduanas que podría prorrogarse hasta por 4 meses; tarifa preferencial por concepto del seguro de riesgos de trabajo para empresas menores de 30 trabajadores; la CCSS pospone hasta el 30 de junio cierre de negocios por mora en la seguridad social; se anuncia además que las tasas impositivas de la seguridad social se hagan proporcionales a jornadas reales laboradas; asimismo la posibilidad de pago diferido de las mismas. Afirman que su gobierno tiene como objetivo proteger a los sectores dominantes.

5. Con su conocimiento se aprobó en forma acelerada una flexibilización para la reducción de jornadas laborales y la suspensión de contratos de trabajo; pero además se acordó por parte del ejecutivo, suspender el “reajuste salarial” del 2020 a todo el sector público.

6. Además de las anteriores medidas, se anuncia un nuevo impuesto ahora revestido de “solidario” para trabajadores formales y trabajadores jubilados. Impuesto que, en definitiva tiene una gran carga contra las pensiones de las y los trabajadores del país.

En resumen, señor Presidente. La imposición de impuestos a la clase trabajadora y a las pensiones, la condonación de la mora producto del incumplimiento de las empresas con el régimen tributario en el que solo la YUNAI FRUIT COMPANY sale de su mora de «¢» 1 444 000 000, o sea más de un 1% del PIB.

La elusión, la evasión fiscal amén del manejo deshonesto de la deuda pública por parte de los partidos de la ética neoliberal, de la cual justamente el Partido de gobierno está involucrado, forman parte de este tejido social que nos enfrenta a indicadores muy peligrosos.

Por otra parte, queremos manifestar que en el caso de las pensiones, estas ya han sido devastadas por las imposiciones solidarias a que están sometidas y dicho sea de paso el fondo producto de las cuotas que deberían colocarse en un fondo de capitalización se han destinado, supuestamente (pues no sabemos si en verdad les va a llegar ese dinero a los sectores marginales) a favorecer a los sectores más vulnerables y en el caso de las personas trabajadoras activas manifestamos de manera enfática: el salario es una cuestión sustantiva del Contrato de Trabajo.

Señor Presidente, para su información, antes del Covid 19 ya existía un desempleo exponencial que era de 12.5%. Apoyamos toda iniciativa presupuestaria para favorecer a la familia costarricense, siempre y cuando los recursos se obtengan plata de los empresarios que ganaron y ganaron durante mucho tiempo y ahora deben resarcir en parte la deuda que tienen con la clase trabajadora por la expropiación realizada.

Sin agotar nuestra preocupación, de la manera más respetuosa le proponemos:

1-Exigir al gobierno de la república un cambio de rumbo en la propuesta económica de enfrentar esta grave crisis, para ello, debe de dejar de pensar en sólo proteger los intereses de los sectores económicos dominantes y mirar principalmente en proteger al pueblo trabajador.

2- Que los Bancos en forma solidaria presten dinero a los empresarios que supuestamente no guardaron en el período de las vacas gordas para sostener el salario de los trabajadores.

3-Rechazar contundentemente cualquier intento irresponsable del gobierno de poner nuevos impuestos al salario y a las pensiones, ello significa ni más ni menos acentuar la vulnerabilidad de los sectores laborales del sector público y privado, que en este momento enfrentan una gran incertidumbre sobre su futuro porque se desconoce el desenlace de esta crisis.

4-Exigir al gobierno abrir los espacios de diálogo con el movimiento sindical y específicamente con el sector de la educación y la universidades públicas, a fin de trabajar en la búsqueda de propuestas que garanticen medidas de emergencia equilibradas y principalmente orientadas a proteger a los sectores sociales vulnerables de nuestra patria, a las grandes mayorías del país, ya de por sí empobrecidas y bajo el temor de la pandemia del COVID-19.

De nuestras consideraciones y con respeto, atentamente,

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL – SINDEU