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OES UNA: Primeros cinco meses del año reflejan deterioro fiscal del país

Escrito en 29/07/2026. Publicado en Análisis.

· El deterioro de los ingresos tributarios y el repunte del gasto por intereses de deuda presionan nuevamente las finanzas públicas.

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional presenta este análisis de la situación fiscal de Costa Rica con información disponible al cierre del quinto mes de 2026, con el propósito de aportar elementos que contribuyan a la discusión sobre la coyuntura fiscal y su incidencia en el desempeño de la economía nacional.

El documento analiza tres componentes fundamentales de las finanzas públicas: los ingresos del Gobierno Central, el gasto público y el resultado fiscal. Asimismo, presenta una actualización de las proyecciones sobre la trayectoria del endeudamiento público al cierre de 2026, elaboradas con base en la información más reciente disponible, con el fin de valorar las perspectivas de sostenibilidad fiscal en el corto plazo.

1. Ingresos del gobierno central

En cuanto a los ingresos del Gobierno Central, su comportamiento -expresado como porcentaje del PIB- muestra la siguiente evolución al cierre de mayo de cada año, para el período 2022-2026:

Cuadro 1

Gobierno Central: Ingresos con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

	2022	2023	2024	2025	2026
INGRESOS TOTALES	6,45%	6,42%	6,20%	6,01%	5,70%
Ingresos Tributarios	5,56%	5,74%	5,49%	5,32%	5,01%
Impuesto a los ingresos y utilidades	2,23%	2,19%	1,94%	1,89%	1,81%
Sobre importaciones	0,14%	0,14%	0,14%	0,15%	0,14%
Sobre exportaciones	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IVA	1,95%	2,07%	2,05%	2,02%	1,87%
Interno	1,25%	1,33%	1,31%	1,28%	1,20%
Aduanas	0,70%	0,74%	0,75%	0,73%	0,67%
Selectivo de Consumo	0,17%	0,23%	0,27%	0,24%	0,21%
Interno	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Aduanas	0,16%	0,22%	0,26%	0,23%	0,20%
Otros ingresos tributarios	0,97%	1,11%	1,08%	1,02%	0,97%
Contribuciones sociales	0,46%	0,48%	0,49%	0,49%	0,49%
Ingresos no tributarios	0,40%	0,18%	0,19%	0,18%	0,17%
Transferencias	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos del Gobierno Central, medidos como porcentaje del PIB, muestran una tendencia descendente al cierre de mayo durante el período 2022-2026 (Cuadro 1). En mayo de 2026, los ingresos totales representaron el 5,70% del PIB, inferior al 6,01% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,31 puntos porcentuales. Este resultado obedece exclusivamente a la disminución de los ingresos tributarios, que pasaron de 5,32% a 5,01% del PIB, constituyéndose tanto los ingresos tributarios como los ingresos totales en los niveles más bajos del período analizado.

El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ₡106.000 millones menos. Cabe señalar que marzo de 2023 constituye el mejor referente reciente en términos de recaudación de este impuesto, por lo que la magnitud de la reducción evidencia una desaceleración significativa en el rendimiento del principal tributo del Gobierno Central.

La menor recaudación del impuesto sobre la renta se explica, principalmente, por la evolución de dos de sus componentes. Por un lado, el impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas acumuló una contracción del 2,0% al cierre de mayo, en contraste con el crecimiento del 3,0% observado en igual período de 2025. Por otro lado, el impuesto sobre remesas al exterior, aplicado a los ingresos obtenidos por personas no residentes, registró una disminución del 2,7%, comportamiento asociado, entre otros factores, a la apreciación del colón durante los primeros meses de 2026, que redujo el valor en colones de las operaciones gravadas. En contraste, la recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas físicas permaneció prácticamente estancada, al registrar una leve disminución del 0,03%, mientras que en el mismo período del año anterior mostraba un crecimiento del 5,9%.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), su recaudación también muestra una pérdida de dinamismo durante 2026. Al cierre de mayo, este tributo representó 1,87% del PIB, inferior al 2,02% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,15 puntos porcentuales del PIB. Esta disminución refleja un menor crecimiento de la recaudación en comparación con el observado el año anterior y se manifiesta tanto en el IVA aplicado a las transacciones internas como en el recaudado en aduanas.

En términos nominales, la recaudación del IVA acumuló una contracción de 3,8% a mayo de 2026, mientras que en igual período de 2025 registraba un crecimiento de 3,5%. Como resultado, la participación del IVA interno disminuyó de 1,28% a 1,20% del PIB, en tanto que el IVA de aduanas pasó de 0,73% a 0,67% del PIB, evidenciando que la desaceleración de este impuesto responde tanto al comportamiento de la actividad económica interna como al menor dinamismo de las importaciones.

Por su parte, el impuesto selectivo de consumo también redujo su participación dentro de los ingresos tributarios. Al cierre de mayo de 2026, este impuesto representó 0,21% del PIB, frente al 0,24% observado en el mismo período del año anterior. Este comportamiento se explica, principalmente, por el efecto de la apreciación del colón sobre la recaudación asociada a bienes importados y por las modificaciones introducidas en la metodología de valoración de los vehículos usados.

La disminución se concentra en el impuesto selectivo de consumo recaudado en aduanas, cuya participación pasó de 0,23% a 0,20% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026, mientras que el componente aplicado a las transacciones internas se mantuvo prácticamente sin variación.

En el rubro de otros ingresos tributarios, que agrupa diversos impuestos de menor peso relativo y dentro del cual el impuesto único a los combustibles constituye el principal componente, la recaudación también disminuyó como porcentaje del PIB. Este rubro pasó de representar 1,02% del PIB en mayo de 2025 a 0,97% en igual período de 2026.

A pesar de esta reducción agregada, el impuesto único a los combustibles —que aporta aproximadamente el 64% de la recaudación clasificada en este rubro— mostró un comportamiento relativamente favorable. Su recaudación alcanzó el 0,53% del PIB al cierre de mayo de 2026, superior al 0,51% del PIB registrado un año antes. No obstante, el ritmo de crecimiento de este impuesto se desaceleró de forma importante: mientras que en los primeros cinco meses de 2025 aumentaba un 20,2% interanual, en el mismo período de 2026 el crecimiento fue de apenas 8,0%.

El segundo componente más relevante de este grupo corresponde al impuesto sobre la propiedad de vehículos, cuya recaudación pasó de 0,13% del PIB en mayo de 2025 a 0,09% del PIB en mayo de 2026. Esta disminución responde, principalmente, a la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2023, la cual redujo la carga tributaria asociada a este gravamen. Como resultado, aunque las importaciones de vehículos han mantenido un fuerte crecimiento en los últimos años, ello no se ha traducido en un aumento proporcional de la recaudación de este impuesto.

En términos nominales, el impuesto sobre la propiedad de vehículos registró una contracción interanual del 33,1% al cierre de mayo de 2026, en contraste con el crecimiento del 33,1% observado en el mismo período del año anterior. Este cambio refleja el impacto de la reforma tributaria sobre el rendimiento de este gravamen y explica parte de la reducción observada en el rubro de otros ingresos tributarios.

El OES complementa el análisis de los ingresos tributarios mediante el seguimiento de la variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos doce meses de los distintos tipos de impuestos. Este enfoque permite identificar con mayor oportunidad los cambios en la dinámica de los ingresos fiscales y anticipar posibles efectos sobre las finanzas públicas antes del cierre del ejercicio presupuestario.

Como se observa en el Gráfico 1, el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios comenzó a desacelerarse a partir de abril de 2025 y, desde marzo de 2026, las tasas de variación interanual pasaron a ser negativas, lo que significa que la recaudación tributaria es inferior a la registrada en los mismos meses del año previo. Si bien una situación similar se presentó entre marzo y julio de 2024, en aquella ocasión estuvo explicada principalmente por la menor recaudación del impuesto sobre la renta y por la fuerte contracción del impuesto sobre la propiedad de vehículos.

En contraste, la desaceleración observada en 2026 tiene un origen más amplio, ya que responde simultáneamente a la disminución en la recaudación del impuesto sobre la renta, del IVA y del impuesto selectivo de consumo, es decir, tres de las principales fuentes de ingresos tributarios del Gobierno Central.

De mantenerse esta tendencia durante el resto de 2026, es previsible una nueva reducción de la carga tributaria al cierre del año, al igual que ocurrió en 2025. En consecuencia, el Gobierno Central enfrentaría menores ingresos en relación con el tamaño de la economía, lo que presionaría al alza el déficit fiscal, reduciría el superávit primario y limitaría la velocidad de disminución de la deuda pública como porcentaje del PIB, e incluso podría traducirse en un incremento de esta relación si el deterioro de los ingresos no es compensado por una reducción del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Al analizar el comportamiento interanual de los principales impuestos se observa un deterioro generalizado en la dinámica de la recaudación, aunque con diferencias importantes entre los distintos tributos.

En el caso del impuesto sobre la renta, la desaceleración de la recaudación se ha intensificado desde marzo de 2026, reflejando un menor dinamismo de las utilidades gravables y un deterioro en el rendimiento del principal impuesto del Gobierno Central.

Por su parte, el IVA evidencia un comportamiento aún más preocupante. Además de la desaceleración observada desde mediados de 2025, el tributo acumula seis meses consecutivos de variaciones interanuales negativas, lo que confirma una tendencia de deterioro sostenido. Esta pérdida de dinamismo se presenta tanto en la recaudación del IVA sobre las transacciones internas como en la correspondiente a las importaciones.

El impuesto selectivo de consumo también mantiene una trayectoria descendente. Desde junio de 2025 registra caídas interanuales de forma prácticamente continua, luego de varios años de un sólido crecimiento. Este comportamiento está estrechamente vinculado con la desaceleración de las importaciones de vehículos, actividad que perdió dinamismo durante 2025 y continuó mostrando un menor ritmo de crecimiento en los primeros meses de 2026, reduciendo la base imponible de este gravamen.

En contraste, el impuesto sobre la propiedad de vehículos ha mantenido tasas de crecimiento interanual positivas durante los primeros meses de 2026. No obstante, el ritmo de expansión ha comenzado a moderarse gradualmente, por lo que será necesario observar su evolución durante el resto del año para determinar el impacto final sobre la recaudación anual, especialmente considerando los efectos de la reforma aplicada a este tributo en 2023.

Finalmente, la recaudación del impuesto único a los combustibles muestra una recuperación durante 2026, tras el deterioro experimentado a lo largo de 2025. Este comportamiento podría estar asociado a un aumento en el consumo de combustibles, que habría compensado parcialmente la volatilidad observada en los precios internacionales del petróleo, influenciados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sin embargo, será necesario dar seguimiento a este impuesto en los próximos meses, dado que su evolución dependerá tanto del comportamiento de la demanda interna como de las condiciones del mercado internacional de hidrocarburos.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

1. Gasto público

El comportamiento del gasto público durante los primeros cinco meses de 2026 muestra una dinámica distinta a la observada en los años previos. Aunque el gasto continúa creciendo, su ritmo de expansión se ha moderado y se observa un cambio en la composición de los rubros que impulsan dicho crecimiento. En particular, el gasto en remuneraciones mantiene un crecimiento contenido, las transferencias corrientes muestran una reducción tanto hacia el sector público como hacia el sector privado, el gasto de capital presenta escasas variaciones y el pago de intereses de la deuda vuelve a cobrar protagonismo como uno de los principales factores de expansión del gasto.

Este cambio resulta relevante porque el gasto por intereses fue el componente que registró la mayor reducción durante 2025 y, sin embargo, en 2026 ha retomado una trayectoria ascendente. De mantenerse esta tendencia durante el resto del año, el pago de intereses aumentaría como porcentaje del PIB, lo que ejercerá una mayor presión sobre el déficit financiero y limitará el margen de maniobra de la política fiscal.

En el caso del gasto en remuneraciones, su participación con respecto al PIB muestra una ligera disminución al cierre de mayo de 2026. Mientras que en igual período de 2025 este rubro representaba el 2,36% del PIB, en 2026 alcanzó el 2,35%, variación que podría estar asociada, entre otros factores, al proceso de migración de funcionarios al esquema de salario global establecido por la Ley Marco de Empleo Público. No obstante, en términos nominales el gasto en remuneraciones acumuló un crecimiento interanual del 3,0%, superior al 0,9% registrado en los primeros cinco meses de 2025, lo que refleja que el menor peso relativo sobre el PIB también responde al crecimiento de la economía nominal.

Por su parte, el gasto por intereses de la deuda volvió a incrementarse como porcentaje del PIB al cierre de mayo de 2026. Este rubro alcanzó el 1,83% del PIB, frente al 1,79% observado en el mismo período del año anterior. Asimismo, su crecimiento interanual pasó de una contracción del 5,2% en mayo de 2025 a un aumento del 6,0% en mayo de 2026, confirmando un cambio de tendencia respecto al año previo.

Al desagregar el pago de intereses según el origen de la deuda, se observa que el aumento proviene exclusivamente del servicio de la deuda interna. Los intereses pagados por este concepto pasaron de 1,38% a 1,47% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. En contraste, los intereses correspondientes a la deuda externa disminuyeron de 0,41% a 0,36% del PIB, favorecidos por la apreciación del colón registrada durante los primeros meses de 2026, la cual redujo el costo en colones del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera. En consecuencia, el incremento del gasto total por intereses responde al mayor costo del financiamiento interno, mientras que la evolución del tipo de cambio contribuyó a contener el gasto asociado a la deuda externa.

Cuadro 2.

Gobierno Central: gasto público con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

	2022	2023	2024	2025	2026
GASTOS TOTALES	7,21%	7,26%	7,55%	7,10%	6,98%
Gastos totales sin intereses	5,41%	5,36%	5,55%	5,31%	5,15%
Gastos corrientes	6,85%	6,84%	7,08%	6,68%	6,53%
Remuneraciones	2,48%	2,40%	2,47%	2,36%	2,35%
Bienes y Servicios	0,22%	0,21%	0,20%	0,20%	0,21%
Intereses	1,81%	1,90%	1,99%	1,79%	1,83%
Deuda Interna	1,51%	1,53%	1,52%	1,38%	1,47%
Deuda externa	0,30%	0,37%	0,47%	0,41%	0,36%
Transferencias	2,34%	2,33%	2,41%	2,32%	2,13%
Sector Privado	0,84%	0,80%	0,78%	0,74%	0,71%
Sector Publico	1,50%	1,48%	1,63%	1,57%	1,42%
Sector Externo	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Gastos de Capital	0,36%	0,41%	0,46%	0,41%	0,45%
Inversión	0,14%	0,20%	0,15%	0,13%	0,12%
Transferencias	0,22%	0,21%	0,31%	0,28%	0,33%
Transferencias con recurso externo	0,06%	0,00%	0,02%	0,04%	0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

La partida de transferencias corrientes es la que registra la mayor variación dentro del gasto público durante 2026. Al cierre de mayo, este rubro representó 2,13% del PIB, inferior al 2,32% del PIB observado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,19 puntos porcentuales del PIB. En términos nominales, las transferencias corrientes acumularon una disminución interanual del 5,0%, mientras que en igual período del año anterior registraban un crecimiento del 1,7%.

La reducción se explica tanto por el comportamiento de las transferencias al sector privado como por las destinadas al sector público. Las transferencias corrientes al sector privado, integradas principalmente por el pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, disminuyeron de 0,74% a 0,71% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Esta tendencia responde al efecto de las reformas aprobadas en años anteriores para limitar el crecimiento de las pensiones financiadas con recursos del presupuesto, cuyos efectos continúan reflejándose en la evolución de este componente del gasto.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público, que comprenden los recursos que el Gobierno Central transfiere a instituciones descentralizadas y otros entes públicos para financiar el funcionamiento y diversos programas sociales, registraron una reducción aún más significativa. Su participación pasó de 1,57% a 1,42% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Este comportamiento refleja el efecto de las medidas de contención del gasto implementadas en los últimos años y evidencia las restricciones que enfrenta el financiamiento de programas públicos y sociales bajo el actual marco de consolidación fiscal.

En cuanto al gasto de capital, este mostró una leve recuperación respecto al año anterior. Al cierre de mayo de 2026 alcanzó el 0,45% del PIB, superior al 0,41% registrado en el mismo período de 2025, aunque todavía ligeramente inferior al 0,46% observado en 2024. En términos nominales, el gasto de capital acumuló un crecimiento interanual del 13,2%, contrastando con la contracción del 5,3% registrada un año antes.

A pesar de esta recuperación, la inversión pública continúa representando una proporción reducida del PIB, lo que limita su capacidad para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país. Además, este componente del gasto mantiene una elevada volatilidad, asociada a los distintos ritmos de ejecución de los proyectos de infraestructura, especialmente en el ámbito vial. De cara a 2027, la aplicación de la regla fiscal podría volver a restringir el crecimiento de la inversión pública, limitando el margen para incrementar el gasto de capital.

Al igual que en el caso de los ingresos, el OES complementa el análisis del gasto público mediante el seguimiento de la evolución del gasto acumulado de los últimos doce meses. Este enfoque permite identificar con mayor claridad los cambios en la tendencia del gasto, reduciendo la volatilidad propia de la ejecución mensual.

Como se observa en el Gráfico 3, el gasto público inició un proceso de desaceleración a partir de abril de 2025, llegando incluso a registrar tasas de crecimiento negativas durante algunos meses de ese año y en el primer trimestre de 2026. No obstante, en abril y mayo de 2026 esta tendencia comenzó a revertirse, debido principalmente a la recuperación del gasto de capital y al repunte del pago de intereses de la deuda interna, componentes que explican la aceleración más reciente del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en el comportamiento observado durante los primeros cinco meses del año, se estima que el gasto público crecerá a un ritmo inferior al del PIB nominal en 2026. En consecuencia, su participación relativa dentro de la economía volvería a disminuir al cierre del año. Esta evolución contribuiría a contener el déficit financiero y favorecer el mantenimiento del superávit primario. Sin embargo, este efecto positivo sería parcialmente compensado por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios, por lo que la evolución final del balance fiscal dependerá, en buena medida, del comportamiento que mantenga la recaudación durante el segundo semestre del año.

La evolución interanual de las principales partidas del gasto público evidencia comportamientos diferenciados durante los últimos meses. En el caso de las remuneraciones, el ritmo de crecimiento se ha acelerado con respecto a los primeros meses del año, aunque continúa siendo moderado en comparación con otros períodos. Por su parte, el gasto por intereses mantiene una tasa de variación interanual inferior a la observada en años anteriores; sin embargo, su crecimiento ha venido recuperándose gradualmente tras la fuerte contracción registrada en 2025. En contraste, las transferencias corrientes presentan tasas de crecimiento interanual negativas desde el inicio de 2026, lo que ha reducido progresivamente su participación dentro del gasto total del Gobierno Central.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en las tendencias observadas hasta mayo, se prevé que al cierre de 2026 tanto el gasto en remuneraciones como las transferencias corrientes reduzcan ligeramente su participación con respecto al PIB. En el caso del gasto por intereses, la trayectoria apunta a un aumento de su peso relativo dentro del gasto público, aunque su magnitud dependerá, en buena medida, de la evolución del tipo de cambio durante el segundo semestre del año. Una eventual depreciación del colón incrementaría el costo en moneda nacional del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera, presionando al alza el gasto por intereses y, en consecuencia, el déficit financiero.

En cuanto al gasto de capital, este ha mostrado una evolución más favorable desde finales de 2025, con tasas de crecimiento interanual de dos dígitos que reflejan una aceleración en la ejecución de proyectos de inversión pública. De mantenerse esta tendencia, al cierre de 2026 la inversión pública aumentaría ligeramente como porcentaje del PIB. No obstante, aun con esta mejora, el gasto de capital continuaría ubicándose por debajo de los niveles más altos registrados durante las últimas dos décadas, lo que limita su capacidad para cerrar las brechas de infraestructura y potenciar el crecimiento económico de largo plazo.

1. RESULTADO FISCAL

Al cierre de mayo de 2026, las finanzas públicas muestran un deterioro con respecto al mismo período del año anterior, explicado principalmente por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios. El superávit primario alcanzó 0,55% del PIB, inferior al 0,70% del PIB registrado a mayo de 2025, reflejando que la reducción de los ingresos ha superado el efecto de la moderación observada en el crecimiento del gasto público.

Por su parte, el déficit financiero se ubicó en 1,29% del PIB, superior al 1,09% del PIB observado en igual período del año anterior. Este incremento responde tanto a la menor recaudación tributaria como al repunte del gasto por intereses de la deuda, factores que han reducido el margen de mejora alcanzado en los últimos años sobre el balance de las finanzas públicas.

Con base en la información disponible al cierre de mayo, el Observatorio Económico y Social estima que el déficit financiero podría ubicarse entre 3,7% y 3,8% del PIB al finalizar 2026, mientras que el superávit primario se situaría entre 0,5% y 0,6% del PIB. Asimismo, se proyecta que la deuda del Gobierno Central cierre el año entre 60,7% y 61,0% del PIB. Estas estimaciones parten del supuesto de que el crecimiento económico se mantendrá en línea con las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (vigentes al 28 de julio de 2026), que no se producirán cambios significativos en la inflación ni en el tipo de cambio durante el segundo semestre del año y que las tendencias observadas en los ingresos y el gasto público se mantendrán durante el resto del ejercicio fiscal. El OES actualizará estas proyecciones en el último trimestre de 2026, conforme se disponga de nueva información.

Los resultados observados durante los primeros cinco meses del año evidencian un deterioro gradual de la posición fiscal del Gobierno Central. La reducción de la carga tributaria, combinada con un nivel de deuda pública cercano al 60% del PIB, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad de generación de ingresos del Estado para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y responder a las crecientes demandas de la población.

En este contexto, el OES considera necesario avanzar en una revisión integral del sistema tributario, orientada tanto a fortalecer la recaudación como a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración tributaria. Un sistema tributario con mayor capacidad recaudatoria contribuiría a fortalecer la sostenibilidad fiscal y a generar el espacio necesario para atender áreas estratégicas como la seguridad ciudadana, la educación pública, la inversión en infraestructura y los programas de protección social.

De igual forma, resulta prioritario impulsar medidas que contribuyan a reducir el costo del financiamiento de la deuda pública. El crecimiento esperado del gasto por intereses durante 2026 limita la disponibilidad de recursos para financiar políticas públicas e inversión social. Reducir ese costo permitiría liberar recursos presupuestarios que podrían destinarse a fortalecer la provisión de servicios públicos y promover el desarrollo económico y social. En este sentido, las acciones orientadas a mejorar la recaudación tributaria, fortalecer las potestades de control y fiscalización de la Administración Tributaria y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas adquieren un carácter prioritario para evitar un mayor deterioro de la situación fiscal en los próximos años.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
28 de julio de 2026

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Crucitas: la ilusión de riqueza que produce el oro

Escrito en 21/05/2026. Publicado en Madre Tierra.

Fernando Rodríguez Garro
Economista

Los conquistadores españoles se obsesionaron con el mito de El Dorado, que se fue distorsionando con el tiempo hasta llegar a ser la historia de una ciudad con riquezas inimaginables en oro. Esto los llevó a embarcarse en tareas increíbles, como la de tratar de drenar la Laguna de Guatavita a mediados del siglo XVI, a fin de comprobar la veracidad de la leyenda, lo que generó una cicatriz en la zona que aún hoy es visible y que pudo dañar de forma irreparable la riqueza ambiental del área que la rodea. Los conquistadores no encontraron El Dorado, ni lograron secar la Laguna de Guatavita, aunque finalmente mucho oro sí logró cruzar el Atlántico.

La comprensión que el mundo tenía de riqueza en ese entonces era muy particular, claramente la acumulación de metales preciosos tenía un papel central en ese concepto y el poder de las naciones se definía en función de la cantidad de “riquezas” en oro y plata que se pudieran acumular. Pero esto cambió, el mundo transformó su modo de producción y la revolución industrial vino a darle sustento a una visión que condensó adecuadamente Adam Smith en su obra “Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones”, cuando señalaba que la base de la riqueza de una nación está en la producción, el uso del trabajo productivo para la satisfacción de las necesidades de la población. Los metales preciosos son, en este concepto, un medio de cambio, pero no la fuente de la riqueza.

La discusión con la que hoy nos encontramos, sobre la minería de oro a cielo abierto en la zona norte de nuestro país, se distorsiona para promover un ideal de riqueza que desde hace 250 años la economía como disciplina científica dejó atrás. Si bien el oro extraído del suelo se puede comerciar y obtener de él recursos para invertir de distintas formas, ni esto por sí solo garantiza resultados distintos que hagan del proceso en la zona norte una panacea de desarrollo, ni cambiará el destino de la zona de Cutris y alrededores en el largo plazo.

Empecemos por el primer punto, hay muchas experiencias previas de países, o regiones, dedicadas a la explotación de oro, y otros recursos naturales, en que estas actividades no cambiaron sustancialmente su situación económica y, sobre todo, su nivel de desarrollo en el largo plazo. Si la explotación de oro planteada en Cutris será como se ha indicado hoy, gran parte del valor que generará la venta del oro no quedará en la comunidad, ni servirá para transformar mayor cosa en esa comunidad. La forma en la que se plantee el proceso, más allá del papel del oro en la transformación de las condiciones económicas de la zona, puede hacer que las cosas se vean distintas, para bien, o que no dejen ningún efecto beneficioso.

Ilustremos esto con un ejemplo. ¿Por qué si Noruega y el Reino Unido tenían acceso a la misma cuenca del Mar del Norte, obtuvieron resultados distintos de la exploración y extracción de petróleo? La respuesta en sencillo es la forma en que lo planteó Noruega, su estrategia se basa en el control público estricto de estas actividades, impuestos elevados a las empresas que participan de la extracción del petróleo, que llegan al 78% de sus ganancias netas, y la constitución de un gigantesco fondo de inversión global, que es la fuente de recursos que alimenta la economía noruega. Para obtener en nuestro caso resultados distintos, como los obtenidos por Noruega, tendríamos que hacer las cosas de otra manera, que dista mucho de lo que se está planteando hoy con la minería de oro a cielo abierto.

Por otro lado, ¿puede garantizar este proceso un cambio en las condiciones de desarrollo de la zona norte del país? No, siguiendo el planteamiento que define lo que es riqueza, las condiciones de producción de riqueza en la zona no cambiarán, no habrá una modificación de sus fuerzas productivas, ni en las condiciones de competitividad, ni una transformación de los procesos de producción que permitan sumar más valor agregado a las actividades económicas en esa región. El día que el oro no esté, que se haya agotado su explotación, nos quedarán los resultados del proceso, los buenos y los malos, incluyendo en esto último los impactos ambientales, pero nada más, no habrá ninguna transformación sustancial que cambie el destino de las personas de esa zona.

Esto lo entendieron los países petroleros del Golfo Pérsico hace un tiempo, cuando supieron que los recursos obtenidos por las ventas de este hidrocarburo debían invertirse en cambiar las cosas dentro de sus países. Sin embargo, la situación actual en esa región del planeta demuestra que su posición aún es endeble, sus economías siguen muy vinculadas a la exportación de gas y petróleo, y si su comercialización se ve afectada por situaciones como la que viven hoy, sufren de forma importante. Ese es el problema de suponer que podemos depender de un recurso natural, para solucionar los problemas que las estrategias de desarrollo de las últimas décadas no lograron.

Si la explotación del oro no cambia la realidad de las fuerzas productivas de la zona, si esos recursos no se invierten en fortalecer la educación de sus niños y jóvenes, en mejorar la infraestructura pública de la región norte, en más y mejores caminos, en mejorar la velocidad de conexión a la red de internet, en más y mejor infraestructura de salud, incluso en una ferrovía que conecte la zona norte con el área portuaria del Caribe costarricense, no habrá nada distinto el día que el oro se acabe, salvo el previsible impacto ambiental.

Y es que esto tampoco se habla de forma abierta, pues la ilusión de riqueza que el oro produce, no se contrapone al costo ambiental que produciría la exploración del oro en gran escala, impacto que reduciría los beneficios a la población por los servicios ambientales que la zona eventualmente impactada produce hoy día. ¿Cuánto será el costo ambiental de esa exploración, en comparación con el pírrico 5% de los ingresos de la actividad que se quedarán en el país como renta del oro extraído?

Sin entender cómo realmente se produce la riqueza, o sin ver el impacto que el costo ambiental puede tener en nuestras actividades diarias, incluyendo la producción en el largo plazo, lo que estamos haciendo por el momento es engañarnos con el oro como una solución a los problemas de una región que urge de respuestas.

Una razón para la disconformidad

Escrito en 09/02/2026. Publicado en Análisis.

Fernando Rodríguez Garro
Exviceministro de Hacienda
Investigador del Observatorio Económico y Social de la UNA

Si algo dejó claro el resultado de la elección del 1 de febrero, es que las diferencias de desarrollo entre el centro del país y su periferia, no solo son evidentes, sino que también se manifiestan en las preferencias políticas de las personas. No pretende este artículo de opinión sustituir el análisis a más profundidad que un evento de estos requiere, pero busca contribuir con la orientación del mismo al plantear una posible razón para lo que sucedió. Tampoco pretender simplificar todo a una sola explicación, los fenómenos sociales son complejos y muchas veces se explican por la confluencia de muchos factores.

Podemos ir tan atrás como el inicio de la década de los ochenta para encontrar la raíz de las diferencias que vivimos hoy. Luego de que en los setenta el mundo sufriera dos shocks petroleros, que nos afectó a nosotros también, y vaivenes en el precio internacional del café, la década de los ochenta inició con una crisis de impago de deuda externa que vendría a cambiar a la Costa Rica de los años y décadas siguientes. La respuesta del país transformó nuestra economía, se fortaleció la institucionalidad alrededor de algunas actividades económicas, se introdujeron mecanismos de incentivo para exportaciones no tradicionales, se impulsó la actividad turística, se introdujeron mecanismos para incentivar la atracción de inversión e incluso se alineó la política cambiaria para evitar la pérdida de competitividad del sector externo.

El proceso de transformación institucional alrededor de los nuevos sectores económicos que se impulsaron se extendió hasta 1996, cuando se le da rango legal al Ministerio de Comercio Exterior, se crea PROCOMER como se conoce hoy y se reforma la Ley de Zonas Francas. Al cabo de ese periodo tres actividades emergen como las grandes ganadoras de ese proceso de reforma: las exportaciones no tradicionales, incluyendo las vinculadas al régimen de zonas francas; el turismo y el sector financiero, con un importante impulso al sector financiero privado. Valga decir que las reformas del sector financiero se extendieron por más tiempo, con la aprobación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la Ley de Protección al Trabajador y la apertura del mercado de seguros.

En ese tiempo una serie de beneficios fiscales se introdujeron a fin de impulsar esas actividades, siendo el sector exportador no tradicional el más beneficiado, llegando a recibir hasta el equivalente a 1% del PIB en subsidios directos, mientras un variopinto tipo de incentivos se otorgaban, incluyendo un tratamiento tributario especial a las operaciones de la banca off shore en el país. Esas actividades económicas impulsaron el crecimiento de la economía costarricense, eso es claro, pero sus beneficios no llegaron a todas partes y, dada la política fiscal aplicada en el país, muy cargada de exoneraciones e incentivos, no se pudieron distribuir una parte de esos beneficios a todo el país por medio del presupuesto nacional.

Aunque el turismo se fortaleció en las costas desde los ochenta, no cambió la dinámica económica a lo interno de los territorios, las provincias costeras eran y, siguen siendo, las más empobrecidas del país. La atracción de inversión extranjera, las exportaciones no tradicionales y el fortalecimiento del sector financiero, principalmente el privado, fueron una importante fuente de crecimiento en la GAM, impulsó la creación de empleo calificado en esta región e incluso el desarrollo de actividades inmobiliarias vinculadas a esos sectores. Al cabo de este periodo, los beneficios del desarrollo desde la crisis de los ochenta hasta hoy se han concentrado territorialmente, así como se han concentrado en determinados grupos de población, los asociados al empleo calificado principalmente.

Mientras tanto, ¿qué pasó para el resto del país? Desde los ochenta hemos vivido en un casi constante estado de ajuste económico, primero debido a los programas de ajuste estructural de los ochenta y los noventa, luego por los ajustes fiscales a los que nos hemos visto sometidos de forma constante, pero sin que pudiera fortalecerse la política fiscal para sostener una política pública más amplia y mejor financiada. Pasamos apagando incendios durante varias etapas en las últimas cuatro décadas, con reformas tributarias para controlar los problemas del momento, sin capacidad para sostener una inversión pública acorde con las demandas que el crecimiento del país producía, sin poder sostener con ingresos frescos los esfuerzos por aumentar el gasto en educación, con una inversión en seguridad que por mucho tiempo se quedó a la retaguardia de la región y una política social que no logró incidir de forma permanente en la reducción de la pobreza.

Lo constante en este periodo fue tener un Estado altamente endeudado, con un gasto por intereses elevado, que produjo un efecto redistributivo inverso: tomar recursos del erario público para trasladarlo en rentas por intereses a los tenedores de la deuda, un movimiento que beneficiaba tanto a algunas inversionistas por medio del mercado bursátil, así como a los trabajadores que cotizan a los regímenes de pensiones, cierto, pero con un gasto que finalmente no llevó beneficios a los trabajadores informales, muchos de ellos en condición de pobreza.

El Estado no tuvo capacidad de dirigir recursos a sectores productivos vulnerables, pero de alto valor agregado nacional, como el sector agrícola, incluso cuando aceleró su competencia con productos importados por medio de los tratados de libre comercio. Tampoco pudo resolver el problema del transporte público en todo este tiempo, siendo el llamado a hacerlo como dueño de un servicio que concesiona, lo que llevó a que en la GAM lo solucionásemos con el transporte privado, situación que tiene la movilidad al punto del colapso, mientras en otras partes del país el transporte público desaparece de forma paulatina. Por supuesto estas cosas también tienen un impacto diferenciado, según la zona del país y el grupo de población en que fijemos nuestra mirada.

En poco más de cuatro décadas nuestro modelo de desarrollo produjo ganadores, incluso impulsados con beneficios y exoneraciones de impuestos, mientras la política fiscal intentaba no hundirse bajo las enormes demandas de la sociedad y la pobre financiación vía impuestos. En tres ocasiones se intentó una reforma tributaria estructural, de mayor alcance, pero en las tres se falló. Finalmente, con el agua al cuello, se aprobó una reforma en 2018 que nunca se diseñó como solución final a nuestros problemas fiscales de larga data, y que hoy muestra los problemas de su alcance limitado. Este largo camino de éxitos para unos y tropezones para otros, tuvo un punto álgido en medio de la pandemia, cuando las necesarias medidas sanitarias golpearon a todos, pero a unos los encontró mejor posicionados que otros para enfrentar las consecuencias económicas de esas medidas.

Mientras el desempleo alcanzó el 25%, el trabajo en las costas asociado a la actividad turística desaparecía de un día para otro, y las medidas de cierre golpeaban al sector comercial, el Estado costarricense solo pudo destinar tres meses de ayudas a la población afectada, insuficiente para evitar un deterioro social importante y evitar con eso que problemas sociales empezaran a estallar en las zonas más empobrecidas del país. El sector más dinámico de nuestra economía, por otro lado, no sufrió, de hecho, creció a tasas muy altas, llegando a multiplicar el valor de las exportaciones, por ejemplo, en los años posteriores a la pandemia. Ese dinamismo no se multiplicó para el resto de la economía, ni llegó a alcanzar a otros a través de la política fiscal, la apuesta histórica a que sus beneficios se “derramarían” al resto de la economía no se alcanzó, no llegó a los sectores que en estas décadas no disfrutaron de los beneficios del crecimiento económico centrado en la GAM.

Al concluir el primer cuarto del siglo XXI, seguimos teniendo un Estado altamente endeudado, un alto gasto en intereses, una política pública limitada por una carga impositiva baja para un país de ingreso alto y desarrollo humano alto, y, para terminarla de hacer, seguimos apostando una gran cantidad de recursos en incentivos para un régimen que luego de 35 años de existir sigue insistiendo en que necesita beneficios fiscales para seguir operando.

Los resultados del 1 de febrero son, por lo tanto, también una radiografía de la molestia y la disconformidad que ha producido la desigualdad de nuestro modelo de desarrollo. No responde solo a eso, por supuesto, pero debemos entender el papel de los diferentes resultados alcanzados en más de cuatro décadas de actividad económica en el país, en las decisiones de las personas. El reto futuro sin duda es cómo integrar los buenos resultados de unos sectores económicos con el resto de la economía, y cómo llegan los beneficios del crecimiento económico a todo el territorio nacional. Dejo solo una pista: no va a pasar sin una mayor capacidad de la política fiscal, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo que hacemos desde hace más de cuarenta años.

Una agenda fiscal para la próxima administración

Escrito en 15/08/2025. Publicado en Análisis.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

Puede sonar prematuro, dado que estamos a varios meses de finalizar el año 2025, empezar a hablar de la agenda fiscal de la siguiente administración, pero es probable que dado el tiempo que queda, el hecho de que la Asamblea Legislativa está metida en una discusión compleja del proyecto de ley de jornadas extraordinarias, que está pendiente en el camino la tramitación del presupuesto ordinario del año 2026 y que las elecciones son en poco más de 6 meses, que el espacio para poder avanzar más en temas de política fiscal se le acabó al presente gobierno o es mínimo lo que puede hacerse en el periodo restante. Está pendiente, dentro de los temas de interés de la actual administración, algunas aprobaciones de créditos internacionales, lo que tendrá que encajar dentro de la compleja agenda legislativa del presente, pero no hay espacio para mucho más.

Considerando el contexto, claramente los retos de la política fiscal nacional no van a poder ser abordados en los siguientes meses, por lo que tendrán que retomarse por las siguientes autoridades del país, razón por la cual poner el tema sobre la mesa para promover su discusión en la próxima campaña parece algo necesario. Para entender el nivel del desafío, analizaré los retos en 3 áreas de la política fiscal: gasto público, ingresos tributarios y deuda pública. Es muy importante que los partidos políticos aborden los detalles de las propuestas que van a plantear y no hagan afirmaciones muy generalistas, como “vamos a impulsar un sistema tributario más progresivo” o “vamos a ejercer un estricto control sobre el gasto”, sin mayores detalles de lo que eso implica, mientras que por otro lado hacen un largo listado de acciones de política pública que quieren promover o insisten en que “no son necesarios nuevos impuestos”.

Gasto público: es la variable más impactada por el proceso de ajuste en los últimos años, propiamente desde la entrada en vigencia de la regla fiscal. Para tener una idea del impacto, entre el año 2018 y el 2024, el gasto sin intereses bajó casi tres puntos porcentuales del PIB, pasando de 16,82% del PIB en el 2018 a 14,03% en el 2024, habiendo variado el gasto dirigido a la atención de rubros claves como el de educación, los recursos dirigidos a programas sociales e incluso el gasto de capital.

En materia de gasto algunas facturas se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no solo por el gasto recortado, sino por el gasto evitado que se acumula como necesidades sin atender que se hace cada vez mayor. En ese sentido no estamos midiendo el costo de los recursos no gastados, lo que probablemente implique un mayor gasto en el futuro, cuando los problemas se hagan más complejos y requieran de una mayor inversión para su atención. La seguridad es uno de esos temas, en las que no solo el gasto no ha crecido para hacerle frente a una arremetida mayor del crimen organizado, sino que se ha reducido a lo largo de los últimos años. Por ejemplo: el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública pasó de ser el 0,69% del PIB en el 2019, a ser el 0,62% del PIB en el 2024.

La administración de justicia es otra área pública afectada por las restricciones de gasto, para el año 2019 se le había asignado un presupuesto equivalente al 1,25%, mientras que ese porcentaje disminuyó a un 1,03% del PIB en el 2024. Y, por supuesto, está la situación del presupuesto de educación, que para el año 2019 significaba un 7% del PIB, mientras lo presupuestado para el 2024 fue de 5,27% del PIB, incluso habiendo sufrido una disminución en términos absolutos en ese presupuesto, pues en el año 2019 era de ₡2.648.412 millones, mientras que para el 2024 fue de ₡2.586.221,85 millones. También ha estado sujeto a recortes el gasto destinado al financiamiento de programas sociales y ayudas a cargo del Estado.

Pero el Estado también tendrá que intervenir en algunas actividades a fin de corregir problemas que se están presentando y que afectan a la población. Un ejemplo de ello es la crisis actual del transporte público, que se vio afectado por la caída de demanda como consecuencia de la pandemia del Covid19 y que al día de hoy no se resuelve, sino más bien el problema se profundiza con el abandono de rutas de buses por parte de los concesionarios y permisionarios. Al 2025 la demanda de servicio de transporte en modalidad bus es un 80% de los números prepandémicos, mientras que para julio de este año 103 rutas de buses habían dejado de operar. Esto sin duda va a requerir de la implementación de un subsidio al transporte público para su funcionamiento, que deberá salir del presupuesto nacional.

En resumidas cuentas, la próxima administración, si desea recuperar áreas de servicio público afectadas por el ajuste fiscal centrado en el gasto, deberá subir la asignación de recursos, devolver el nivel de gasto a los niveles preajuste, aunque sea parcialmente, y buscar una asignación más eficiente de los recursos. Claro, eso deberá hacerse con la restricción de la regla fiscal de por medio, con la cual no podrá mejorarse la asignación de gasto en ningún área, incluyendo dentro de eso al gasto en educación, si la regla sigue vigente en las condiciones en la que está hoy.

Ingresos tributarios: Aunque parte de la reforma del año 2018 se centró en hacer ajuste en la legislación del impuesto sobre la renta y en la creación del impuesto al valor agregado, sobre la base del antiguo impuesto general sobre las ventas, el avance en materia de recaudación es pírrico, muy por debajo de las expectativas creadas durante la reforma fiscal. La explicación de eso, que por supuesto requiere un análisis mucho más amplio, subyace en los ajustes realizados a los proyectos presentados en el proceso de discusión legislativa, al efecto de la pandemia del Covid19 y a otras reformas que se hicieron posteriormente, por parte de los diputados, y que han venido a minar la capacidad recaudatoria del gobierno central.

Los ingresos tributarios en el año 2018 fueron de 12,68% del PIB, mientras que el año 2024 fueron de 13,39% del PIB, un aumento de 0,7% del PIB, que está por debajo de los números esperados en el trámite de las reformas aprobadas en el 2018. Revisando la evolución por impuesto, en el 2018 se había recaudado un 4,13% del PIB por concepto de impuesto general sobre las ventas, mientras que para el año 2024 la recaudación del impuesto al valor agregado fue de 4,93% del PIB. En el caso del impuesto sobre la renta, su recaudación fue de 4,72% del PIB en el 2018, mientras que en el 2024 la recaudación del impuesto sobre la renta fue también de 4,93% del PIB. Si entre ambos impuestos aumentó un 1% del PIB, ¿por qué los ingresos tributarios crecieron solo un 0,7% del PIB?

En ese lapso se redujo la recaudación producto del impuesto a los combustibles, que pasó de 1,42% del PIB en el 2018, a un 1,24% del PIB en el 2024, tendencia que seguirá en los próximos años y se redujo la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, que pasó de 0,46% del PIB en el 2018 a un 0,34% del PIB en el 2024, en este último caso producto de una decisión legislativa. De esta forma, en los últimos años se perdió un 0,27% del PIB en la recaudación de estos dos impuestos, que restó impulso a una reforma tributaria ya en todo caso modesta, que es hoy insuficiente para atender las necesidades de un gobierno central que necesita retomar muchas actividades golpeadas por casi 6 años de ajuste fiscal.

La próxima administración deberá revertir la pérdida de recursos provocada por la decisión legislativa del 2023, que redujo el impuesto a la propiedad de vehículos, deberá empezar a sustituir los ingresos tributarios perdidos en la recaudación del impuesto único a los combustibles, que seguirá viéndose afectado por el proceso de electrificación del transporte, deberá cerrar los portillos que facilitan la evasión del impuesto al valor agregado, propiamente por medio del uso de la plataforma SINPE-Móvil, y tendrá la tarea de completar la reforma pendiente del impuesto sobre la renta. Todo esto para encontrar un financiamiento apropiado para enfrentar la titánica tarea de revertir los recortes de gasto en áreas clave y permitir que las demandas sociales de servicios públicos sean atendidas de forma correcta.

En ese sentido, el país debe retomar, con la seriedad del caso y con la mira en el largo plazo, una agenda de reformas para fortalecer la gestión de la administración tributaria y procurar mayor eficacia en su gestión de cobro. También es tiempo de que nos sinceremos como sociedad y discutamos el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado, introduciendo un mecanismo de compensación vía devolución para las personas de menores ingresos. La magnitud de la tarea que el próximo gobierno, y las subsiguientes administraciones, tienen por delante, para retomar el impulso que el Estado debe dar al desarrollo del país, amerita que pongamos estos temas de la política tributaria en la mesa de discusión.

Deuda pública: en este tema seguirá pendiente una cuestión que hemos advertido desde la Universidad Nacional en el pasado y que sigue sin abordarse, que es el del costo de la deuda pública. En los últimos años la tasa implícita de la deuda del gobierno central, dato que se obtiene de dividir los intereses pagados entre el volumen total de deuda, ha venido creciendo. En el 2018 la tasa implícita de la deuda era un 6,53%, mientras que para el año 2024 la tasa implícita de la deuda era de un 8,1%, lo que sucede, además, en un entorno deflacionario, complicando aún más la gestión de la deuda pública, que está pagando intereses reales muy elevados.

Las políticas impulsadas de reforma fiscal adolecen de propuestas más amplias en este tema, que se ha vuelto vital en la medida en que el gasto en intereses ha seguido creciendo. En el año 2018 se pagaron 3,41% del PIB en intereses, mientras que para el año 2024 esa cifra alcanzó el 4,83% del PIB, recursos que sin duda podrían estarse utilizando en la atención de otras necesidades claves, como el gasto en educación. Es muy importante reducir el gasto en intereses, que reduzca el peso del financiamiento de la deuda dentro del gasto público y que permita más espacios de acción a la política pública, sumado a los ingresos adicionales que se generen en el futuro.

Un tema complejo en este apartado será la solución que se le dé al asunto de la deuda con la CCSS, pues el reconocimiento de esta deuda como parte de la deuda del gobierno central, sumaría varios puntos del PIB al nivel de deuda que existe hoy, que se mantiene por debajo del 60% del PIB, y obligaría al reconocimiento del pago de intereses correspondiente, lo que haría crecer también ese rubro de gasto, de ahí la importancia de contar con ingresos frescos por un lado, y de reducir el pago de los intereses por el otro, que abra un espacio para la incorporación de la deuda con la CCSS y su eventual atención en el largo plazo.

Para pensar en un nuevo sistema tributario

Escrito en 23/08/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

En los últimos días se han escuchado voces pidiendo una revisión profunda de nuestro sistema tributario. Totalmente de acuerdo con eso, no solo porque arrastramos una agenda pendiente en la definición de nuestra estructura tributaria, sino porque enfrentamos retos futuros que debemos abordarlos desde ya en nuestra política fiscal, para evitar entrar a la discusión de una reforma fiscal más adelante como un mero parche para alcanzar la estabilidad macroeconómica, sin ver la contribución de la política tributaria a la equidad y al crecimiento.

A fin de contribuir a esa discusión quisiera aportar un elemento fundamental, que rara vez se discute en una reforma de estas: el para qué. ¿Qué papel queremos que juegue el sistema tributario, qué tipo de sistema tributario necesitamos en función de las responsabilidades que creemos debe asumir el Estado?

He insistido, desde hace tiempo, que la definición de la política fiscal pasa primeramente por tener claro el papel que vamos a otorgarle al Estado en una sociedad moderna. Ese papel incluye algunas funciones elementales:

La provisión de bienes públicos, según lo entendemos los economistas. Aquellos bienes y servicios que no tienen mercado y que, por lo tanto, deben ser prestados por un Estado que garantice su disponibilidad. La seguridad pública, por ejemplo.
Servicios estratégicos, cuya provisión nos permite garantizar el acceso a derechos fundamentales y a una sociedad más equitativa. La educación y la salud pública, por ejemplo.
El otorgamiento de ayudas a personas y familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, a fin de darles la oportunidad de tener una vida digna y mejorar su condición económica futura.
La protección de los recursos comunes, a fin de garantizar su existencia en el tiempo y un uso adecuado por las distintas generaciones.
La protección de otros derechos fundamentales.
La intervención en actividades económicas, a fin de impulsar transformaciones en el modo de producción, sobre todo en épocas de transición tecnológica o de crisis económica.
Otras funciones que quieran otorgarle al Estado.

Una vez definido lo anterior, sabremos con certeza el tamaño de la tarea. El tamaño del sistema tributario, entonces, corresponderá a las funciones que queremos desempeñe el Estado. Luego de definir esto, tocará definir qué instrumentos usaremos para financiarnos, o sea, cuáles impuestos escogeremos, sobre quiénes los aplicaremos y qué tasas estableceremos. Entrar a hacer una reforma tributaria sin tener eso claro, nos puede llevar a seguir arrastrando agendas pendientes en próximos años, por insuficiencia del sistema impositivo frente a la tarea definida. Además, sería reiterar un error muy común, de poner el sistema tributario como fin último y no como un medio, lo que tiende a provocar que la tendencia en la aplicación de la política fiscal, sea a ajustar el gasto a los recursos financieros disponibles y no al contrario, lo que implicaría garantizar los ingresos tributarios necesarios para alcanzar nuestras aspiraciones como sociedad.

En el caso costarricense se vislumbran algunas tareas importantes, pensando en la corrección de reformas anteriores que no se han hecho completas, pero en retos futuros de la política fiscal. Por ejemplo, y solo para citar unos:

Seguimos con una ley de impuesto sobre la renta de 1988, mientras el planeta ha profundizado su integración global y la capacidad, cada vez mayor, de movilización de capitales por el planeta. Una modificación profunda de esta legislación, que además incorpore lo último en herramientas legales para evitar el traslado de beneficios y la erosión de la base imponible, sigue siendo un imperativo.
Las nuevas herramientas de pago en sustitución del uso de efectivo y que compiten con las tarjetas de crédito y débito, están erosionando la recaudación del IVA, obligando a que eventualmente se incorporen nuevas formas de control para evitar la evasión por esta vía.
Nuestra carga tributaria es baja, lo que ha dejado una brecha importante en el financiamiento de las actividades que históricamente hemos pretendido que asuma el Estado. Eso dio pie a centrar el ajuste en el lado del gasto, lo que está generando una reducción significativa en la capacidad de atender las demandas de la población. Revertir eso tendrá un costo importante, eso sí, pues en la actualidad la política fiscal sigue siendo deficitaria. Pasar del nivel actual de gasto en educación, por ejemplo, a lo indicado por la Constitución Política, nos obligará a un esfuerzo fiscal de casi 3% del PIB, que hoy no tiene una fuente de financiamiento definida.
La descarbonización de la economía, una aspiración del país de cara al año 2050, reducirá el consumo de combustibles y con ello erosionará la tercera fuente de ingresos tributarios del país, la que deberá ser sustituida por otra fuente de ingresos.
La transición tecnológica y energética, que el cambio climático y la descarbonización traen aparejados, hacen necesario pensar en el uso de mecanismos de incentivo para impulsar una nueva economía y nuevas formas de movilidad, por ejemplo. Pero el país ha abusado de la exoneración como forma de incentivo, lo que tiene consecuencias fiscales indeseadas y tiende a ser una figura regresiva. Debemos plantearnos el uso de subsidios dirigidos y que estos sean valorados periódicamente, lo cual también nos debería obligar a pensar en una fuente de recursos con ese fin.
Costa Rica adolece de una enorme dispersión en las tareas de cobrar impuestos, delegadas en varias instituciones que hacen funciones de administración tributaria, sin que esa sea su actividad principal. Un ejemplo de esto: el Teatro Nacional, al que la ley le delegó la responsabilidad de cobrar el impuesto a los espectáculos públicos. Esto reduce la efectividad de las medidas de cobro, distrae recursos que debería dedicarse al “core business” de las instituciones públicas y facilita la evasión. Concentrar las funciones de cobro en la Dirección General de Tributación debería ser una decisión en próximos años, a fin de corregir esto.

Esta lista no agota los temas a valorar, pero es una muestra de lo complejo de la tarea, a la que, sin embargo, debemos entrarle pronto y empezar a señalarle a la clase política los múltiples riesgos que corremos a futuro, si no nos abocamos en esta discusión lo antes posible.

El otro lado de la situación de Coopeservidores

Escrito en 19/06/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Rodríguez Garro
Coordinador Observatorio Económico y Social
Universidad Nacional

Las intervenciones de las autoridades de supervisión del sector financiero siempre generan atención, no solo porque ninguna entidad financiera ha logrado subsistir esos procesos, sino porque la lista de personas afectadas por estas intervenciones nunca es pequeña y en muchos casos reúne a una cantidad significativa de pequeños ahorrantes, que se ven sumidos en la incertidumbre mientras la intervención se lleva adelante. Faltan unos días para saber qué va a pasar con Coopeservidores y si podrá subsistir la intervención, algo que sería inédito, y conocer con detalle las responsabilidades de quienes tomaron decisiones que pudieron afectar el devenir de esta cooperativa financiera.

Ahora bien, no podemos aislar lo sucedido con Coopeservidores y el contexto económico que hemos estado viviendo. Desde la Universidad Nacional hemos advertido desde hace años que las personas están muy endeudadas y que, particularmente desde el sector público, ese sobreendeudamiento presiona la capacidad de muchas familias de atender sus obligaciones financieras, dejando a muchas personas trabajadoras sin un ingreso líquido suficiente, pues las deducciones por los créditos consumen la mayor parte del salario neto de las personas. Esto sucede así porque la normativa lo permite, que algunas entidades puedan pedir la deducción automática de las cuotas de crédito de los salarios de las personas funcionarias públicas, lo cual podría haber facilitado un mayor endeudamiento de las personas y un manejo más laxo de las garantías de pago.

Para julio de 2022, según información del Ministerio de Trabajo, 19.000 personas registradas en el Sistema Integra, que paga los salarios en el gobierno central, recibían un salario neto por debajo del salario mínimo. En ese momento se tomó la decisión de limitar las deducciones automáticas en aquellos casos en que las personas funcionarias recibieran un ingreso neto por debajo del salario mínimo, lo que eventualmente podría haber creado dificultades en la recuperación de algunas operaciones de crédito.

Coopeservidores nació como una solución financiera dirigida a funcionarios públicos, de hecho, arrancó con el nombre de Cooperativa la Unión R.L., formada por funcionarios de la Dirección de Servicio Civil, en 1957. En 1965 los asociados deciden cambiar el nombre y ampliar el ámbito de trabajo de la cooperativa, que bautizan en ese momento como Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos R.L., con el nombre abreviado de COOPESERVIDORES R.L. En el año 2008 la cooperativa decide abrirse a la incorporación de trabajadores del sector privado, aunque su base ya estaba formada por asociados del sector público. Y esa conformación podría haber sido otra razón de su situación actual.

Desde el año 2020 los funcionarios públicos tienen su salario congelado, primero como una medida relacionada con la pandemia y posteriormente en función de la aplicación de la regla fiscal. Aunque no ha habido vaivenes fuertes de precios en este periodo, salvo lo sucedido con la inflación en el 2022, la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el 2020 y hasta hoy, se suma a la variación en el costo del financiamiento de los créditos de las personas, producto del ajuste de tasas de interés del 2022, tanto para moneda local como para moneda extranjera. Un aspecto que los economistas perdemos de vista en las estimaciones del costo de vida, pero que sin duda impacta en los recursos disponibles de las familias: las variaciones en el costo del financiamiento producto de los movimientos de las tasas de interés.

Entonces sumemos problemas: una limitación en la posibilidad de aplicar deducciones automáticas de las cuotas de crédito, cuyo efecto aún desconocemos; una reducción en el salario real de los asociados que constituyen la base de esa cooperativa y un aumento en el costo de financiamiento desde el 2022, además de los problemas que hubo en la gestión de esa entidad y de la que dará cuenta el informe del interventor una vez se conozca este. ¿Cómo y en qué medida pesaron estas situaciones en el desenlace del problema de Coopeservidores? Es importante saberlo y debe ser parte del análisis que se haga posterior a la intervención de esta cooperativa.

No estamos aquilatando apropiadamente las consecuencias de medidas de ajuste que se han tomado en los últimos años, impulsadas en un entorno económico restrictivo e incluso se podría decir negativo, con las consecuencias de por medio de la pandemia del Covid19 y la política monetaria restrictiva, a consecuencia del pico inflacionario que produjo la invasión rusa a Ucrania. Quizás no estamos viendo las consecuencias de tener a un grupo importante de la población con el salario congelado desde hace más de 4 años, muchos de ellos sobreendeudados y enfrentando costos financieros mayores. ¿Podría repetirse lo de Coopeservidores en otra entidad financiera, particularmente aquellas vinculadas a grupos de funcionarios públicos?

Saber esto es fundamental para poder anticipar problemas adicionales, además de que nos sirva para entender que los procesos de ajuste fiscal tienen consecuencias negativas, incluso para el sector financiero.

Dolarización, una vez más

Escrito en 20/05/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Rodríguez Garro
Coordinador Observatorio Económico y Social
Universidad Nacional

Hace poco más de 25 años la propuesta de dolarizar la economía nacional irrumpió con fuerza. Años de lidiar con una inflación persistente, no exageradamente alta, pero sí persistente, fue el contexto perfecto para plantear esa posibilidad. Viví el asunto desde las aulas universitarias como estudiante y puedo dar fe que la discusión fue importante. Contar con una inflación igual o similar a la de Estados Unidos, que en los noventa vivía una época de expansión económica y gran estabilidad macro, era sin duda un argumento muy atractivo para valorar seriamente la opción.

La dolarización de Ecuador en 1999 y la de El Salvador en 2001, además de la larga experiencia con el uso de una moneda ajena como medio circulante de Panamá, aderezaron una discusión que, en el caso de nuestro país, se mantuvo por un tiempo más, aunque con menor intensidad, hasta que la inflación cedió y alcanzó niveles bajos luego de la crisis financiera internacional del 2008-2009. Al morir su principal excusa, la discusión de la dolarización sufrió la suerte del famoso anillo de la obra literaria de Tolkien: cayó en el olvido.

Pero al igual que la famosa argolla de la obra literaria y del cine, la dolarización ha vuelto como propuesta, pero esta vez de la mano de otra excusa, en esta ocasión sus defensores aducen que puede curar nuestros males cambiarios. En una situación compleja como la que viven muchos sectores por la actual revaluación cambiaria y los fuertes vaivenes cambiarios de los últimos dos años, desde el inicio de la guerra en Ucrania y en medio de la reseca post pandémica, la propuesta de dolarización vuelve cual fórmula mágica para devolverle a muchos la estabilidad de sus ingresos en dólares.

Pero no, no es una fórmula mágica y, como cualquier otra decisión de política económica, no está exenta de problemas. Lo primero, la dolarización es optar por amarrarse permanentemente a un tipo de cambio fijo en un esquema sumamente rígido, en el que la autoridad monetaria pierde cualquier posibilidad de incidir sobre esta cotización en el futuro. En una región en la que competimos en muchos mercados con países vecinos con monedas propias, que podrían devaluarlas en caso de escenarios adversos, la dolarización nos podría poner en una posición compleja, y encarecer nuestros productos frente a los de otros países, en un país que ya hoy es caro para vivir.

Segundo, hace 25 años cuando se planteó este tema por primera vez no existía el euro, la economía de China no tenía el tamaño que tiene hoy y los BRICS no se habían organizado como bloque. En un mundo que camina a tener múltiples monedas de reserva y aún gravita en una multipolaridad inestable, ¿por qué escoger el dólar como moneda oficial? ¿Si en el proceso de fortalecimiento de otras monedas como activos de reserva el dólar pierde valor, cómo nos va a afectar eso? Súmele a lo anterior que la Reserva Federal de EEUU ha dicho históricamente que no apoyará, explícitamente, ningún proceso de dolarización.

Tercero, la renuncia a una política monetaria propia no es un tema menor. Sin moneda propia perdemos el instrumental económico en poder del Banco Central, entidad que podría dejar de existir o quedar como una institución de análisis y de recopilación de estadísticas económicas. ¿Es tan grande la ventaja que tendríamos de la estabilidad cambiaria frente a la pérdida de la política monetaria propia, como para dar ese paso? Ni tan siquiera hemos tenido una discusión abierta sobre ese tema como para estar discutiendo ya mismo un proyecto de ley en esa línea. Personalmente sí podría adelantar algo: no veo sentido a cortarnos una pierna porque se nos fracturó un hueso de esta. Deberíamos ser capaces de resolver el problema de lidiar con una moneda propia sobrevalorada, antes de tomar una decisión del calibre de un proceso de dolarización.

Cuarto, la dolarización tiene costos, nosotros no tenemos la historia de Panamá como centro logístico global, ni las remesas de El Salvador, ni los ingresos por petróleo de Ecuador. Para dolarizarnos nos tendremos que endeudar, nuestras reservas actuales no nos dan para respaldar el medio circulante, los activos financieros de corto plazo y los activos a plazo mayor que puedan ser vendidos por medio del mercado bursátil. Todo aquello que se constituya eventualmente en demanda de dinero debe tener un respaldo en dólares. ¿Cuánto nos va a costar ese proceso de transición? ¿Quién va a pagar por él? ¿Será deuda del gobierno central? Y la gran pregunta: ¿endeudarnos para eso se justificará con las ventajas que obtengamos de la dolarización, en contraposición con otros usos que podamos darle a esa deuda pública o a los recursos que pagaremos en intereses?

Finalmente, nuestro país debe perder la mala costumbre de aferrarse a supuestas soluciones fáciles para los problemas más complejos que tenemos. Los problemas complejos requieren soluciones complejas, la dolarización no va a solucionar nada de forma fácil y rápido, mientras más rápido abandonemos ese mito más fácil nos será seguir adelante con los problemas actuales.

Más allá de un tipo de cambio

Escrito en 15/05/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fernando Rodríguez Garro
Coordinador del Observatorio Económico y Social
Universidad Nacional

La manifestación convocada para el 15 de mayo por un grupo variado de gremios de productores pone de manifiesto algo que en las aulas de economía rara vez enseñamos: los procesos de ajuste no son, ni de cerca, asépticos. La mayor parte del tiempo la economía recita la misma lógica, que cuando se presenta un desequilibrio las variables se ajustan de forma libre y resuelven ese desequilibrio hasta el punto en que la estabilidad retorna. Esto no toma en cuenta la realidad de todos los participantes de las distintas actividades productivos y lo sucedido actualmente con el tipo de cambio no es la excepción.

En primer lugar, debemos de entender que está produciendo la marcada revaluación que venimos observando desde hace meses. Ahí empieza el problema, pues a la fecha no tenemos claridad sobre lo que está pasando en detalle y cómo los distintos factores pesan en la evolución actual del tipo de cambio. Una pista para entender el asunto podría ser que hay varias fuentes de liquidez en moneda extranjera, que colaboran con la revaluación que hemos visto, desde un mejor comportamiento de las exportaciones, hasta más inversión extranjera directa, más financiamiento del gobierno en moneda extranjera, dinero proveniente de actividades ilícitas y movimientos de capitales especulativos, todo eso podría estar jugando.

El problema que tenemos hasta el momento es que no tenemos una explicación clara del BCCR sobre el comportamiento actual del tipo de cambio, o una manifestación clara de que no pueden explicarlo (lo que sería una mala señal en el contexto actual). La insistencia de las autoridades monetarias de que es el resultado de las condiciones de mercado parece dejar de lado que nuestro mercado cambiario es imperfecto, poco profundo y muy concentrado. Además, ¿será que abandonaremos a su suerte la fijación del tipo de cambio, si la variabilidad se mantiene de forma indefinida? Es una pregunta compleja, porque genera otras inquietudes, en caso de decidirse a intervenir: ¿en qué momento se haría?, ¿cómo?, ¿hasta alcanzar qué valor?, ¿qué va a pasar cuando lleguemos ahí?

Esa es mi primera preocupación cuando se analiza la propuesta de los grupos que se han visto afectados y que se manifiestan en esta ocasión, pues piden un tipo de cambio neutro, que algunos fijan en 615 colones por dólar. Claramente no debimos llegar donde estamos, ni debemos suponer que el problema se arreglará solo y sin consecuencias, pero la dificultad actual es que ya estamos ahí y movernos hacia un tipo de cambio que implique una devaluación tan marcada no tiene nada de neutro, sería una devaluación de aproximadamente 20% y sus consecuencias se sentirán sobre otros grupos y personas en nuestra economía.

Segundo, ciertamente tenemos un problema con muchos sectores productivos, pero esto no se produjo solo con la revaluación cambiaria, ni saldremos de esto con una depreciación como la señalada. Ver los procesos de ajuste como historias abstractas de algún libro de texto, de los que usamos para enseñar economía, nos hace olvidar que los perdedores de estas situaciones son personas y familias que se dedican a actividades vitales en el día a día de nuestra sociedad. La capacidad productiva perdida debe dolernos de forma importante y obligarnos a reflexionar cómo evitar esas salidas, porque en la realidad no existe esa “elasticidad” de transformación inmediata para cambiar de actividad económica, el que sale de una actividad tal vez no regrese a producir de forma definitiva y eso nos afecta a todos.

Si nos preocupásemos de los productores agropecuarios afectados por crisis y procesos de ajuste, tanto como lo hemos hecho globalmente por los bancos y los intermediarios financieros, otra sería la historia que estamos contando. Pero lo cierto es que no tenemos ni una política de estímulo y rescate de actividades productivas, ni estamos sopesando de forma apropiada las consecuencias de ver desaparecer de la actividad productiva a personas y familias del sector agropecuario.

Estas falencia de una política pública dedicada al sector agrícola, o incluso para los pequeños negocios del sector turístico, no se solventa con una devaluación, requiere más acción y propuestas. Si bien le podemos exigir al Banco Central más claridad para entender lo que está pasando, y un desarrollo adecuado de nuestro mercado cambiario, que propicie más competencia, más profundidad y más control de los grandes jugadores y de los movimientos especulativos, no es en el Banco Central donde debemos plantear la exigencia de políticas productivas claras.

Desde que empezó con más fuerza el proceso de apertura comercial le debemos al sector agropecuario una política clara para enfrentar una competencia más fuerte, proveniente de nuestros socios comerciales, muchos de ellos con políticas de estímulo muy sólidas. El anuncio de Coopeleche en días pasados, por ejemplo, sobre la salida de los negocios que venían realizando, es una muestra clara que caminábamos sobre el filo de la navaja, con un desenlace propiciado por la situación cambiaria pero que no nació ahí.

Por último, respetuosamente creo que debemos evitar simplificar el problema a un solo dato, la cotización del tipo de cambio. Eso tal vez funcione para algunos sectores y para grandes negocios, pero el sector agropecuario y los pequeños negocios requieren de recibir respuestas a otros problemas que siguen sufriendo. Se vienen cambios importantes en los procesos de producción, a fin de contribuir con una economía verde y resiliente ante el cambio climático, en ese contexto urgimos una política clara para evitar la lamentable salida de personas y familias de las actividades productivas agropecuarias.

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Análisis fiscal a dos años del actual gobierno

Escrito en 07/05/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

*Fernando Rodríguez Garro

Mañana se cumplen dos años de la actual administración, pero en cuanto a política fiscal, no ha habido un cambio sustancial de la orientación mostrada en los últimos cuatro años.

Considerando que la regla fiscal entró a regir en el 2019, y se empezó a aplicar en el presupuesto propiamente en el 2020, podemos afirmar que al cierre de 2023 cumplimos cuatro años con la aplicación de un mecanismo de control de gasto.

Particularmente, en los años 2022 y 2023 se vio la aplicación del mecanismo más estricto de la regla fiscal, la limitación del crecimiento del gasto de capital y el congelamiento de salarios y pensiones.

Para tener una idea más clara, en estos cuatro años el gasto público sin intereses creció un 1,4%. Las transferencias corrientes al sector público, donde se registran los movimientos de recursos para el financiamiento del gasto social y la educación superior, han sido las más afectadas, pues en estos cuatros años disminuyeron un 10,7%.

Muestra de ello es que este rubro de gasto equivalía a un 5,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2019, mientras que para el año 2023 cayó a un 3,8% del PIB, un ajuste de 1,5% en un partida dedicada a financiar otras entidades públicas.

Otro ejemplo preocupante del peso del ajuste es la partida de gasto de capital, que en ese periodo del 2020 al 2023 decreció un 16%; pasó de un 1,9% del PIB en el 2019 a un 1,3% del PIB en el 2023.

La otra partida de peso en el presupuesto es el pago de remuneraciones, el cual creció un 7,1% entre el 2020 y el 2023, en un periodo en que se acumuló una inflación de 10,45%, lo que implicó un retroceso salarial, en términos reales.

La otra cara de esta evolución han sido las transferencias corrientes al sector privado, que recoge principalmente las pensiones con cargo al presupuesto, que han crecido en este periodo, aunque con fluctuaciones; presentan un crecimiento del 17,9% entre el 2020 y 2023, aunque entre los años 2022 y 2023 apenas creció un 1,7%.

El pago de intereses crece y es la partida de mayor crecimiento; en el periodo 2020-2023 aumentó un 49,1%, lo que ha implicado pasar de un porcentaje del PIB de 4% en el 2019, a un 4,8% en el 2023.

Junto a la reducción del gasto en la mayor parte de las partidas, con excepción de los intereses, los ingresos corrientes aumentan y pasan de 13,9% del PIB al 15,2% del PIB, como consecuencia de la reforma fiscal de 2018. Toda esto tuvo como resultado una mejora en la situación fiscal, pues el déficit financiero pasó de 6,7% en el 2019 a un 2,5% en el 2022, y para volver a subir a un 3,3% en el 2023, además de volver a contar con un superávit primario (gasto sin intereses menos ingresos corrientes) nuevamente en el 2022.

No obstante, y a pesar de la señalada mejora en el resultado fiscal del país, los intereses siguieron aumentando, lo que incluso explica en gran parte el repunte del déficit financiero del año anterior. Eso complica hoy la tarea de reducción del nivel de deuda del gobierno central, que sigue por encima del 60% del PIB y mantiene activa la cláusula más restrictiva de la regla fiscal. La estimación del Observatorio Económico y Social (OES) es que la deuda seguirá por encima de ese nivel todavía al cierre de 2024, y deja la flexibilización de las normas más restrictivas de gasto hasta el presupuesto nacional del año 2026.

El sacrificio que está haciendo el país con la reducción del gasto social, la caída en la inversión pública y el congelamiento de salarios en el sector público, no se está compensando con una rápida mejora en el nivel de deuda, lo que complica la posibilidad de que las autoridades cambien el rumbo de la política fiscal en el corto plazo. Esto se explica por la nula respuesta del pago de intereses a la mejora en el resultado fiscal y a la reducción en el nivel de deuda. Como lo ha señalado el OES en varias oportunidades, así como se hizo con el tema de ingresos tributarios y de gasto público, deben orientarse esfuerzos de política pública y reforma legal para reducir el pago de intereses, sobre todo considerando el alto costo de la deuda pública costarricense.

Lo anterior será particularmente importante en el futuro, si el tipo de cambio sube en relación con los niveles observados en el 2023 e inicios del 2024, pues el gobierno ha estado acumulando más deuda pública en dólares, al punto de que la mayor parte del financiamiento del déficit de los años 2022 y 2023 se hizo con endeudamiento externo. Si el mayor riesgo cambiario que estamos asumiendo en el presente se manifiesta en el futuro, nuestra deuda podría hacerse más cara y eso nos llevaría a pagar más intereses por esa deuda en moneda extranjera.

Otro tema importante, que también explica el mayor déficit de 2023 con respecto a 2022, es la pérdida de dinamismo en la recaudación de impuestos. En un informe hecho público en octubre de 2023, sobre la evolución de la situación fiscal a agosto de ese año, desde el Observatorio señalábamos que: “cabe indicar que el comportamiento de los ingresos tributarios totales muestra una desaceleración importante desde finales del 2022 y que se hizo más marcada en los últimos meses, … de continuar ese ritmo, … el crecimiento de los ingresos tributarios quedaría por debajo del crecimiento del PIB nominal y con eso la carga tributaria (ingresos tributarios / PIB) del 2023 se reduciría, lo que iría en sentido contrario a lo esperado por la reforma fiscal del 2018”.

Los ingresos tributarios interanuales siguen mostrando una desaceleración en su ritmo de crecimiento, incluso al arranque del 2024, lo que se debe a la caída en el tipo de cambio y la pérdida de dinamismo en varios sectores de actividad económica. La caída en la carga tributaria que esperábamos en efecto se dio, pasó de un 14,09% del PIB en el 2022 a un 13,65% del PIB en el 2023.

La combinación de resultados que arroja la situación fiscal del país, en cuanto a menor gasto social, menor inversión pública, más gasto en intereses y menor dinamismo de la recaudación de impuestos, afectará el resultado de la política fiscal en los próximos años, no en cuanto al resultado fiscal propiamente, sino al impacto de esta política en el crecimiento económico, el desarrollo humano y la distribución del ingreso. Retomar la inversión social y de capital, disminuir el costo de la deuda pública y recuperar el dinamismo de los ingresos tributarios, será fundamental para retomar el papel de la política fiscal en condiciones de estabilidad.

UNA Comunica.

*El autor es coordinador del Proyecto Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

Etiqueta: Fernando Rodríguez Garro

· El deterioro de los ingresos tributarios y el repunte del gasto por intereses de deuda presionan nuevamente las finanzas públicas.

Fernando Rodríguez GarroExviceministro de HaciendaInvestigador del Observatorio Económico y Social de la UNA

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