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La Sede Caribe de la Universidad de Costa Rica lidera proyecto de mejoramiento educativo en comunidades vulnerabilizadas

Las matemáticas pueden ser la piedra en el zapato de miles de estudiantes, pero su aprendizaje contribuye a cerrar la brecha tecnológica. Las ingenierías, las ciencias, el desarrollo de aplicaciones para la telefonía celular, la creación de videojuegos y el auge de la inteligencia artificial son algunos de los campos basados en conceptos matemáticos, los que definirán cuáles países serán líderes en la innovación global.

Por ello, y para aportar desde lo comunitario para impactar lo global, el proyecto “Inducción al razonamiento en contexto verbal y pensamiento lógico matemático” (ED-1599), liderado por la Sede del Caribe (SC-UCR), sigue creciendo. Inicialmente, se enfocó para que estudiantes de secundaria de esa región superen exitosamente la Prueba de Aptitud Académica, conocida como examen de admisión; pero dio un paso adelante al impartir tutorías de matemáticas a menores de edad bajo la protección de la Aldea Moín, centro supervisado por el Patronato Nacional de la Infancia (Pani).

El profesor Andrés Herrera Rosales, coordinador del proyecto, detalló que “desde el año pasado buscaban un profesor de matemáticas para apoyar a los estudiantes, cuando llegué me di cuenta los recursos que necesitaban, es una población que merece nuestra intervención. Voy una vez al mes, tenemos un cronograma que se ajusta al programa de estudios del Ministerio de Educación Pública y practicamos antes de las evaluaciones”.

Unos 25 niños, niñas y jóvenes se preparan con antelación a las tutorías, “y cada domingo nos reunimos para evacuar las dudas, son dos grupos que reciben clases de una hora y media. Trabajamos muy bien y hacemos uso de la plataforma UCR Global para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje”, continuó Herrera.

Según la Lic. Carolina Rojas Gutiérrez, integrante del Equipo Técnico Aldea Moín, parte de la Dirección Regional Huétar Caribe del Pani, la meta es que el estudiantado supere el rezago escolar, debido en parte a “situaciones familiares que en su momento permitieron su ingreso a una alternativa de protección. Procuramos inmediatamente restaurar esos derechos que les fueron violentados”, aseguró. La funcionaria recalcó que la población migrante es la que presenta mayores dificultades, por lo que, además, se coordina con los centros educativos para brindarles los apoyos necesarios, y así garantizarles el derecho humano a la educación, agregó.

“Pese al poco tiempo disponible para las tutorías, los estudiantes valoran mucho el acompañamiento. Pero, en realidad, me ha ayudado más a mi en lo personal y cada día estoy más seguro de que prefiero hacer Acción Social que dedicarme a la investigación pura, aunque para ambas están relacionadas; y a futuro creo que voy a sistematizar estas experiencias”, acotó Herrera.

El proyecto liderado por el profesor Herrera se suma a otros de Trabajo Comunal, que entre julio 2024 y enero 2025, aportarán unas 120 000 horas con 54 proyectos vinculados a la niñez y adolescencia, con 800 estudiantes matriculados. En una segunda etapa, entre enero 2025 y diciembre 2026 se sumarán otros 100, para un total de 630 000 horas y 4 200 estudiantes universitarios, enfatizó la magíster Laura Rivera Alfaro, responsable en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) del diseño de la Estrategia para el Fortalecimiento de la Educación Pública, una iniciativa del Consejo Nacional de Rectores.

Reconstruir desde la adversidad

Para la magíster Marisol Jara Madrigal, coordinadora del trabajo comunal “Estrategias para la promoción de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos” (TC-505), adscrito a la Escuela de Psicología, ante el desarraigo familiar los menores de edad pasan por un proceso de duelo, “porque piensan no tienen una familia que les proteja, y más bien la que tienen les propició este otro escenario”.

Debido a esto, el rezago escolar, la exclusión educativa y los enojos introyectados son algunas de las consecuencias de vivir bajo entornos familiares o comunitarios violentos que dieron como resultado su ingreso a una alternativa de protección del Estado, aclaró. No obstante, la mayoría logra sobreponerse al dolor emocional y “gracias a esa resiliencia, muchos aprovechan las oportunidades que se les dan, porque estar institucionalizado no es una limitante para reconstruir su futuro académico”.

La psicóloga recalcó el rol social de la institucionalidad, incluidas las universidades públicas, porque “la familia no es solo en la que crecemos, en estos casos la sociedad debe actuar como la familia grande que abrace a quienes necesitan asistencia o pasan enfermedades”.

La educación necesaria

La magister Rivera Alfaro explicó que la “Estrategia para el Fortalecimiento de la Educación Pública”, que impulsará la UCR, parte de que la exclusión educativa afecta principalmente a la franja poblacional más pobre, lo que incide en su desempleo y el aumento del empleo informal. “Estas personas tienen en promedio siete años de escolaridad, frente a los 13 años de educación, entre quienes tienen ingresos más altos”.

Por otra parte, Rivera subrayó que el país debe entrar en un proceso de superar las desigualdades que se evidenciaron con la pasada pandemia de la COVID-19, y también reflexionar sobre qué tipo de educación estamos planteando para atender cuáles necesidades.

“Llegó la hora de hacer las cosas diferentes en las universidades públicas y que trabajemos de forma articulada para fortalecer nuestra educación pública. Estamos preocupados, estamos convocados, queremos trabajar y lo estamos haciendo. Este es un reto y ya son evidentes los problemas que tenemos que enfrentar”, concluyó la magíster Patricia Quesada Villalobos, vicerrectora de Acción Social de la UCR.

Eduardo Muñoz Sequeira
Periodista, Vicerrectoría de Investigación, UCR