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Etiqueta: MIDEPLAN

La presencia del sector agropecuario en el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2030: metas e inversión limitada frente a un sector en crisis

German Masís

El martes reciente el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, presentó el Plan nacional de Desarrollo e Inversión pública 2027-2030, denominado Braulio Carrillo, que según el documento “se erige como la hoja de ruta estratégica mediante la cual el mandato democrático otorgado a la Administración Fernández Delgado se traduce en 8 Metas Nacionales, 50 Metas Sectoriales y más de 240 metas de Intervenciones Públicas” (Plan Nacional de Desarrollo, 2026, p.16)

Una revisión del apartado del Plan Nacional dedicado al Sector Agropecuario y una valoración de los alcances de los objetivos y metas en términos del desarrollo de este sector, permite determinar lo siguiente:

En el Plan se han incluido 3 Metas sectoriales, es decir el 6% de las metas sectoriales totales, 15 Metas de inversión pública, que representan también un 6 % de las metas de inversión totales y no hay metas sectoriales desagregadas regionalmente.

La Inversión total en la ejecución de las metas y objetivos en el sector agropecuario asciende a 670 786 043 734,91, alrededor de un 11,5% de la inversión total en el plan de Desarrollo.

Las metas sectoriales son:

Incrementar la oferta productiva agropecuaria dirigida hacia los mercados internacionales para la exportación agrícola, pecuaria y la industria agroalimentaria.

La meta es aumentar el Monto de exportaciones agropecuarias en dólares en 597,198,548 entre el 2027 y el 2030.

Incrementar la productividad del Sector Agropecuario y la generación del empleo, mediante el apoyo institucional a través de la innovación y desarrollo de capacidades.

La meta es aumentar la Productividad laboral anual en colones en 2,088,742 en el período

Promover la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en las fincas agropecuarias aplicando el modelo NAMA para mejorar el desempeño productivo y ambiental del sector agropecuario.

La meta es captar y mitigar 9,976 Toneladas más de CO2 entre 2027 y 2030.

Por su parte las metas de inversión pública en el sector están ligadas a varios ejes y programas tales como:

En Abastecimiento Institucional, cuyo objetivo es:

Fortalecer las capacidades productivas, comerciales y de gestión de los Productores Primarios Base (PPB) del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), a fin de incrementar su nivel de impacto y participación en los encadenamientos de abastecimiento institucional.

Indicador

La Inversión en este eje será de: 402,933.000.000 financiado con Recursos ordinarios del CNP.

En Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, el objetivo es:

Generar conocimiento científico y tecnológico para contribuir a la competitividad, funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios.

La Inversión será de ₡710 494 699,00 financiado con Recursos ordinarios del MAG-INTA

En Producción Sostenible el objetivo es:

Desarrollar modelos de producción sostenibles en fincas ganaderas y agrícolas mediante la implementación de prácticas y tecnologías adaptadas a cada sistema productivo con el fin de mejorar la eficiencia productiva, reducir el impacto ambiental y resiliencia frente al cambio climático

La Inversión es: ₡233 600 000,00, financiada con Recursos ordinarios MAG-Extensión agropecuaria.

En el Programa Nacional de Control de Calidad de Semillas, el objetivo es:

Fortalecer la producción de semilla para asegurar la disponibilidad de semilla de calidad, mediante el incremento de variedades y del volumen producido.

La inversión será de 1,167,944,787 financiada con Recursos ordinarios MAG y la Oficina nac de Semillas.

En el Programas de Buenas Prácticas Agrícolas, el objetivo es:

Verificar los residuos de plaguicidas en vegetales frescos de producción nacional y productos de importación y exportación para proteger el ambiente y la salud humana con alimentos inocuos.

La inversión es de ₡2 381 438 320,00 000 financiada con recursos ordinarios MAG-Sistema Fitosanitario del Estado.

En el Impulso a la Estrategia de agricultura de precisión en los territorios rurales, el objetivo es:

Impulsar la ejecución de proyectos de agricultura de precisión para la reducción de uso de químicos, plaguicidas y aumento de la producción con uso de tecnología control del recurso hídrico y fertilizantes.

La inversión es de: ₡767 000 000,00, financiada con Recursos del INDER.

En el Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras, el objetivo es:

Impulsar el desarrollo socioeconómico en la región Chorotega a través del incremento en la disponibilidad hídrica en la margen derecha del río Tempisque,

La inversión en este eje es ₡260 641 547 940,00, financiada con Recursos del SENARA préstamo BCIE

En Servicios eficaces y eficientes asociados a la sanidad vegetal y salud animal, es:

Ampliar la cobertura del sistema nacional de vigilancia de resistencia antimicrobiana en sistemas productivos agropecuarios autorizados, para la protección de la salud pública, la sanidad animal y la inocuidad alimentaria.

La Inversión en este eje es: ₡98 157 484,00 financiada con Recursos ordinarios MAG-SENASA

En el Desarrollo de la Maricultura sostenible en Costa Rica, el objetivo es:

Impulsar el desarrollo sostenible de la maricultura en Costa Rica, fomentando la producción de recursos marinos.

La Inversión es: ₡127 000 000,00, financiada con Recursos INCOPESCA-Cooperación Española

En el Programa de inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo, el objetivo es:

Generar emprendimientos productivos para mujeres y jóvenes de la zona rural agrupadas en clubes 4S, con el propósito de lograr su inserción efectiva en el sector agroproductivo o en actividades alternativas.

La Inversión es: ₡320 000 000,00, financiada con Recursos ordinarios MAG CONAC 4-s

Como se puede observar se trata de un conjunto de metas, que se centra sobre todo en el tema de Productividad y Sostenibilidad, con componentes de producción sostenible, de semillas de calidad, de buenas prácticas agrícolas, el manejo agroquímicos, la sanidad animal y un componente nuevo de agricultura de precisión, que es tal vez el único componente de modernización agrícola.

Se introducen componentes adicionales como el de acceso al agua en Guanacaste, que es retomado del proyecto del agua que había sido financiado hace varios años y que ha avanzado poco en su ejecución, el del programa de Abastecimiento institucional en el área de comercialización y el componente de apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres en la agricultura, un tema novedoso a futuro. Sobre el financiamiento de las acciones y metas incluidas en el Plan es claro que provienen en su mayoría de los fondos ordinarios del MAG, algo del INDER y del CNP y no hay ninguna asignación adicional de recursos ni financieros, ni tampoco técnicos.

La revisión efectuada permite, detectar la ausencia de metas en temas claves para la recuperación y fortalecimiento del sector, como el tema del desarrollo agroindustrial y agregación de valor, el de alternativas de comercialización, el del financiamiento agropecuario, el de los seguros agrícolas, el de capacitación técnica y el de la seguridad alimentaria, demasiadas carencias frente a un sector con serios problemas estructurales y abandonado por la institucionalidad pública desde hace varias décadas

Pese a lo mencionado las metas y objetivos incorporados, pretenden enfrentar los desafíos que el mismo plan señala y cuyas dimensiones son el resultado del rezago del sector agropecuario durante de varias décadas. Ellos son:

Fortalecimiento de la productividad, competitividad y generación de valor agregado

Reducción de la vulnerabilidad del Sector Agropecuario frente al cambio climático

Disminución de las disparidades territoriales y sociales, mediante la generación de empleo de calidad, la inclusión productiva

Fortalecimiento de las oportunidades para mujeres y personas jóvenes en el medio rural.

Enormes desafíos, para los limitados alcances de las metas y recursos del Plan.

El Plan a su vez, aporta un diagnóstico sectorial, que menciona algunas las debilidades tanto a nivel macro como micro del sector, resultado de una transformación que sitúa al agro, como una actividad secundaria que ha visto reducirse dramáticamente su papel en la economía, en la generación de empleo y en la producción de alimentos.

Señala “en términos macroeconómicos, que la participación relativa del sector en el PIB nacional se redujo de 4,0% a 3,6%, aunque el sector mantiene una balanza comercial superavitaria y una participación relevante en la generación de divisas.

A nivel microeconómico, indica que la población ocupada disminuyó en 8,2%, pasando de 217 104 a 199 248 personas (INEC), lo que refleja procesos de ajuste productivo, migración hacia otros sectores y cambios en la composición de la fuerza laboral.

En el ámbito socioeconómico, si bien los indicadores de pobreza han mejorado a nivel nacional, existen diferencias entre zonas urbanas y rurales. En 2025, la pobreza rural (19,3%) y la pobreza extrema (5,5%) superan las registradas en zonas urbanas (13,6% y3,1%, respectivamente), lo que evidencia condiciones de mayor vulnerabilidad en los territorios rurales.

Además, afirma que persisten situaciones estructurales que requieren atención estratégica como la participación de las mujeres en el empleo agropecuario continúa siendo limitada (alrededor del 13,6%) y se mantienen diferencias en los niveles de ingreso por sexo. Asimismo, se evidencia una disminución en la participación de población joven, lo que plantea desafíos importantes en términos de relevo generacional y sostenibilidad futura del sector.

Asimismo, el sector enfrenta una alta vulnerabilidad frente al cambio climático, lo que incide en la estabilidad de la producción y en los ingresos de las personas productoras. En este contexto, resulta necesario avanzar hacia sistemas productivos más resilientes, sostenibles y eficientes en el uso de recursos”. (Plan Nacional de Desarrollo, 2026, p.104)

No obstante, pese a las debilidades y vulnerabilidades apuntadas, el diagnóstico pretende brindar un panorama optimista al mencionar que, “el sector evidencia una evolución positiva en un contexto desafiante y que el agro mantiene una base productiva sólida, que enfrenta el reto de acelerar su crecimiento relativo mediante mayor valor agregado, innovación y diversificación productiva”.

Así mismo, el diagnóstico presenta como válidos argumentos alejados de la realidad de la mayoría de los productores de diferentes actividades productivas, como la afirmación de que “las condiciones de costos de producción muestran una mejora significativa, por la disminución entre 2022 y 2025, en los precios de insumos como fertilizantes, agroquímicos y alimentos concentrados, destacando la caída del 57,5% en el precio de la urea, disminución que contribuye a mejorar la rentabilidad de las unidades productivas, aunque el sector continúa expuesto a la volatilidad de los mercados”, argumento a la postre erróneo y desactualizado, y que marca una condición diametralmente opuesta en la actualidad.

Tampoco acierta el diagnóstico, con respecto a la evolución del agro como actividad económica, al establecer que entre 2022 y 2025, el Producto Interno Bruto Agropecuario creció aproximadamente 4,5%, lo que confirma una recuperación sostenida de la actividad productiva. Este crecimiento se acompaña de un incremento del 13,6% en el Índice Mensual de Actividad Agropecuaria (IMAGRO), reflejando una expansión general de la producción, particularmente, en actividades pecuarias y de apoyo” (Idem, PND,pag103), crecimiento que en los últimos dos años ha sido negativo del -2%, mientras que el IMAGRO ha fluctuado constantemente con crecimientos negativos en varios meses, que ha hecho pensar en una recesión del sector.

Por el contrario, la realidad de la producción agroalimentaria nacional, es mucho más compleja y angustiante para muchos agricultores, como han reconocido productores y autoridades en diferentes regiones, el sector agrícola de Costa Rica enfrenta una de las crisis más graves de la última década, factores climáticos extremos, el avance de plagas y enfermedades, así como el aumento de los costos de producción(y de las importaciones), han puesto en riesgo la estabilidad de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería, a lo que se suma que el fenómeno del Niño ha impactado de forma desigual diferentes zonas productivas(Infobae,14-6-2026.)

Frente a esa realidad del sector, el Plan Nacional de Desarrollo ofrece una propuesta limitada e insuficiente en sus metas, acciones y recursos y poco comprometida con el mejoramiento de las condiciones productivas, tecnológicas, comerciales, financieras y de los medios de vida que requieren los agricultores, sus familias y el medio rural.

Costa Rica: un día innovador y pionero en agricultura orgánica hoy pierde terreno

Gabriela Soto Muñoz, MAOCO

En Costa Rica hay más de 3000 familias que cada día se levantan al amanecer para cumplir una promesa: producir alimentos que no envenenen la tierra, el agua ni a la gente. Han renunciado a los agroquímicos apostando por la biodiversidad, abonos naturales y paciencia. Producir así es un trabajo intensivo, pero es un acto de lealtad con el planeta. Y, sin embargo, hoy esa promesa está en retroceso.

Como parte de la Agenda Nacional de Evaluación, MIDEPLAN y la UNED (abril 2026) documentaron vacíos graves en la implementación de la Ley 8591 (2007) de Promoción de la Agricultura Orgánica —falta de planificación, presupuesto insuficiente, carencia de recursos humanos capacitados y opacidad en la rendición de cuentas— que evidencian el abandono institucional del sector orgánico. MIDEPLAN reconoce lo avanzado del diseño conceptual de la legislación, pero evidencia que la gestión pública no ha acompañado su cumplimiento, respaldando así lo que los productores llevamos años denunciando.

Las cifras lo confirman: el área certificada como orgánica cayó cerca de un 16% entre 2022 y 2025, según registros del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). Al mismo tiempo, nuestras exportaciones orgánicas hacia el mercado europeo disminuyeron un 12% al 2025 respecto a 2024, pese al crecimiento de la demanda global por productos orgánicos (Fibl, 2026).

Los productores destacan que la ley creo espacios de trabajo conjunto entre el sector público y privado: la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, el Departamento de Agricultura Orgánica, la Unidad Técnica, etc. Estos espacios de sinergia fortalecían el crecimiento del sector. Hoy todas estas instancias están desmanteladas; en 2020 había cuatro personas dedicadas a la agricultura orgánica en el MAG; ahora no hay personal exclusivo en el tema.

Además de los desafíos macroeconómicos que vive hoy en día el sector agrícola exportador, los productores orgánicos soportan una carga adicional. Cumplen con regulaciones tributarias y sanitarias, financian certificaciones nacionales e internacionales y se someten a inspecciones constantes en un proceso vigilado por el SFE. Aunque estos controles los productores los ven como vitales para garantizar la confianza del consumidor, las regulaciones cambiantes, desmotivan su esfuerzo y compromiso.

Y finalmente, cuando este productor que cumplió con todas las reglas e inspecciones llega al mercado tiene que competir con productos que se venden como “orgánicos” sin certificación. El etiquetado “orgánico”, protegido por ley, pierde valor por el uso indebido en el mercado interno y por la falta de un control articulado entre MAG y MEIC, problema también señalado por MIDEPLAN. Esta competencia desleal desalienta y crea confusión en el consumidor.

¿Qué propone el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), y el informe de MIDEPLAN? Medidas urgentes: reinstaurar la oficina de agricultura orgánica en el MAG con personal capacitado, establecer un sistema efectivo de control de etiquetado entre MEIC y MAG, y lanzar campañas educativas para los consumidores. En resumen, el cumplimiento de la Ley 8591. Y modificaciones a las regulaciones de control a través de procesos participativos con el sector.

Es una inversión con retorno múltiple: alimentos más sanos, menos químicos en ríos y suelos, y una oferta exportable que mantiene su valor protegiendo la integridad del sello orgánico.

Si Costa Rica aspira a proteger su imagen como país que cuida de la naturaleza y quiere dejar de ser el país de la OCDE con más uso de plaguicidas por hectárea, debemos apoyar a los que lo cambian sembrando. No es caridad, es coherencia. Los productores orgánicos son la vanguardia, que, a través de mucho esfuerzo, buscan e implementan alternativas reales al abuso de agroquímicos. La producción orgánica no es un lujo: es una inversión en salud, resiliencia y futuro.

Fuentes citadas (selección)

– MIDEPLAN–UNED (abril 2026): Evaluación de la implementación de la Ley 8591.

– Servicio Fitosanitario del Estado (SFE): estadísticas de áreas certificadas y exportaciones 2022–2025.

– PNUD Costa Rica (2022): diagnóstico sobre consumo de plaguicidas.

– FiBL: estadísticas del mercado orgánico global.

– Ley N.º 8591 (2007): texto legal.

ANEP denuncia opacidad e imposición en proceso de reorganización del AyA

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en un comunicado titulado “Reestructuración oscura e improvisada en el AyA” publicado el 29 de julio de 2025, reaccionó con firmeza a la publicación del 28 de julio realizada por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en dicha institución

ANEP cuestionó este anuncio, al considerar que el proceso ha sido impulsado de manera opaca, sin participación de las personas trabajadoras ni de las organizaciones sindicales.

Según la organización sindical, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, lo que constituye una violación al principio de publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política), así como al deber de participación establecido en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno. La ANEP advierte que tampoco se han presentado estudios técnicos, financieros ni jurídicos que respalden la propuesta.

Para ANEP, lo que se presenta como un proceso de modernización en realidad representa una imposición unilateral que carece de legitimidad interna, evaluación objetiva y respaldo técnico validado. La organización denuncia que se abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles, lo que pondría en riesgo la calidad del servicio público, encarecería los servicios básicos y afectaría la estabilidad laboral de quienes laboran en el AyA.

Ivone Mata, vicepresidenta seccional de ANEP-AyA, expresó en un audio difundido por la organización que la reestructuración ha sido manejada en total secretismo, sin participación ni respaldo técnico conocido, y que el documento no ha sido socializado. Alertó además sobre una posible intención de tercerización, lo que afectaría seriamente tanto la institucionalidad como los derechos laborales.

Por su parte, Edwin Marín Bonilla, presidente seccional de ANEP-AyA, recalcó que la oposición sindical no es por ocurrencia, sino producto de un análisis informado. Esta reorganización se ha manejado a espaldas de las personas trabajadoras y de la opinión pública. No se conocen los estudios que supuestamente la justifican. No se ha tomado en cuenta ni el sindicato legítimo ni ninguna otra organización dentro del proceso.

ANEP exigió de forma pública:

  1. Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional y sus anexos.
  2. Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación sindical.
  3. Responsabilidad directa al presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, a la gerente general Alejandra Mora Segura y a la Junta Directiva por los posibles efectos negativos de esta imposición.
  4. Intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN, instando a que ejerzan sus funciones de fiscalización ante posibles incumplimientos legales.

Fuente imagen: ANEP

Los distritos y su nivel de desarrollo social, ¿adónde estamos en el mapa del desarrollo?

Los de mayor desarrollo en la GAM y los del menor desarrollo en las regiones periféricas

German Masís

Es posible que alguna vez nos hayamos preguntado cuál es el nivel desarrollo socioeconómico del distrito donde vivimos o del distrito donde nacimos o crecimos, pero la realidad del desarrollo de todos los distritos se revela en el Índice de Desarrollo Social de MIDEPLAN, con datos al 2023, el cual nos permite ubicar el nivel de desarrollo de cada distrito del país, de acuerdo con 6 dimensiones de análisis: la Económica, la Salud, la Educativa, la de Seguridad y la de Participación Electoral.

Esta calificación por dimensiones de los distritos, a su vez conduce a ubicarlos en quintiles de desarrollo, en donde el V indica una situación social muy buena, el IV una situación buena, el III una situación regular, el II una situación mala y el I una situación social muy mala.

De esta manera, se configura un mapa de los 483 distritos, en el que es posible conocer por provincia, cantón o región, en cuál quintil se encuentran las diferentes distritos, y cuál es su nivel desarrollo, dividiendo el país en 5 estratos o al menos en 3, los distritos que tienen una muy buena o buena situación social, los que tienen una situación apenas regular y las que tienen una situación mala o muy mala.

En consecuencia, podemos señalar los distritos que pertenecen al quintil V, de una situación muy buena, que como veremos se concentra casi exclusivamente en los distritos de los cantones de las 4 provincias que conforman la GAM, así los distritos de los cantones de Santa Ana, Escazú, Goicoechea, Desamparados, Coronado, Curridabat, Moravia, Tibás y algunos de San José Centro, en la provincia de san José; los de Atenas, Palmares y algunos de Poás en Alajuela, el Cantón Central y La Unión en Cartago, Santo Domingo, San Rafael, Belén, San Joaquín, Barva, San Isidro y Heredia Centro. Esos son los distritos de mayor desarrollo social, desagregado en las mayores puntuaciones en Economía, Salud, Educación, Seguridad y Participación electoral de los cantones y provincias del país, siendo Heredia la provincia y sus cantones, los que tienen la mayor cantidad de distritos en el quintil V, de situación social muy buena. En total suman 94 distritos del quintil V, un 19% del total

En el quintil IV, de situación social buena, se encuentran la mayoría de los distritos de Desamparados, del cantón Central de San José, algunos de Goicoechea, Alajuelita y Puriscal en la provincia de San José, la mayoría de los del cantón central de Alajuela, de San Ramón, Grecia, Zarcero, Valverde Vega y algunos de naranjo en la provincia de Alajuela, la mayoría de los del cantón central de Cartago, de la Unión, de Alvarado y algunos de paraíso, en la provincia de Cartago, la mayoría de santa Bárbara y dos de Barva en la provincia de Heredia, la mayoría de los de Liberia, de Santa Cruz y algunos de Carrillo en la provincia de Guanacaste, algunos de Pococí en Limón, de San Carlos y de Pérez Zeledón.

En total son 96 distritos, un 19.8%, con una situación social buena, tanto de cantones de las provincias de la GAM, como incluyendo de cantones de guanacaste, como uno de Limón y las ciudades de San Carlos y Pérez Zeledón, fuera de la GAM, siendo que los cantones centrales de Alajuela, de Cartago, Desamparados, San Ramón, Grecia, Zarcero, Sarchí, Pacayas, Liberia y Santa Cruz de Guanacaste, son los cantones en los que se concentran los distritos del quintil IV.

Tratando de determinar el conjunto de distritos que se ubican en los quintiles V y IV, es decir los de una situación muy buena y buena, podemos establecer que son 190 distritos o el 39% de los distritos del país, ubicados sobre todo en los cantones de la GAM y algunos de Guanacaste y algunas ciudades intermedias periféricas los que tienen esta condición en el país, ostentando el mayor desarrollo económico, el mayor nivel de salud, de educación, de seguridad y de participación electoral. Esta es la Costa Rica desarrollada, próspera y de mejor calidad de vida.

En el quintil III de una condición social regular, se encuentran varios distritos de Aserrí, Mora, algunos de Desamparados, Puriscal, Alajuelita y del cantón central de San José, varios del cantón Central de Alajuela, de San Ramón, de Naranjo, de San Carlos y algunos de Poás, Zarcero, San mateo y Orotina, de la provincia de Alajuela, varios de Paraíso, de Oreamuno, de Jiménez, de la provincia de Cartago, la mayoría del cantón central de Puntarenas, varios de Nicoya, de Carrillo, de Cañas y Hojancha de Guanacaste, más Limón y Jiménez de Pococí en Limón. Son en total 97 distritos del quintil III, ubicados sobre todo en varios cantones de San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste y Puntarenas, con una situación social regular. Es la Costa Rica de un desarrollo parcial e incompleto, que alcanza puntajes medios en una o dos de las dimensiones, ya sea en salud y educación, pero en las demás tienen un nivel desarrollo bajo, tanto a nivel económico, de seguridad y en participación electoral.

En cuanto al quintil II, de una baja situación social, en éste se encuentra la mayoría de los cantones de León Cortés, de Pérez Zeledón, de Turrialba, de San Carlos y del cantón central de Puntarenas y varios de San Ramón, de Esparza, de Quepos y de Corredores de Puntarenas, de Tilarán, Bagaces, Nandayure y Hojancha de Guanacaste, así como de Pococí, Siquirres y Guácimo en Limón. En total suman 98 distritos del quintil II, generalmente ubicados en las provincias periféricas de Puntarenas, Guanacaste y Limón, junto a varios de los cantones de León Cortés, Turrialba y San Ramón.

Finalmente, en el quintil I, de muy mala situación social, se ubican la mayoría de los distritos de Upala, Guatuso, Los Chiles y Río Cuarto de Alajuela, la Cruz de Guanacaste, Sarapiquí de Heredia, Buenos Aires, Osa y Coto Brus de Puntarenas, Matina, Talamanca y Siquirres de Limón, y algunos de León Cortés, Tarrazú, Dota, Acosta y Turrubares de San José, Turrialba, el cantón central de Puntarenas y Golfito, Cañas y Abangares de Guanacaste.

Son 98 distritos, un 20% del total, predominantemente de las regiones periféricas y de las zonas aledañas a San José, como los Santos y la Central Sur de cantones, que en su conjunto conforman distritos costeros, fronterizos y rurales. Los distritos de los quintiles I y II, de una condición mala y muy mala, suman 196 y representan el 40.5% de la totalidad de distritos del país, en donde las calificaciones de las dimensiones son en general bajas, expresadas en bajos niveles de desarrollo económico, de salud, educación y seguridad ciudadana, mientras que en ellos la participación electoral suele ser la más baja del país.

Estos dos segmentos, representan la Costa Rica, poco desarrollada, con grandes limitaciones, ubicada en las costas y las fronteras y abandonada por la acción estatal, asociada a los mayores niveles de pobreza, de desigualdad y desarrollo humano de las regiones y del país como lo hemos mencionado en artículos anteriores.

¿Ahora son tres Costa Ricas, la de situación social alta, media y la más baja, a cuál perteneces?

UNDECA denuncia conflicto por perfil de puestos en la Caja

Comunicado de UNDECA

San José, Costa Rica – 25 de junio de 2025

Los trabajadores y trabajadoras de quirófanos del Hospital Calderón Guardia, junto con el Sindicato UNDECA, se encuentran en estado de máxima alerta ante las reformas estructurales impuestas por MIDEPLAN a la CCSS con la Ley de Empleo Público sobre los perfiles de puestos de exclusivos, excluyente y concurrentes, que buscan fusionar puestos, precarizar el empleo y los salarios, mientras debilita los servicios de salud pública.

UNDECA advierte que estas medidas afectarán gravemente la calidad de servicios que brinda la Caja, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, declaró:

«Todo esto es producto de una violenta Ley de Empleo Público, impulsada por el sector empresarial, los gobiernos neoliberales anteriores y continuada por Rodrigo Chaves Robles. Su objetivo es desmantelar la CCSS, recargar de trabajo a los funcionarios y abrir el gran negocio de la privatización.»

Asistentes de Quirófanos y más puestos en la mira

Entre los primeros afectados están los Asistentes de Quirófanos, cuyo perfil está siendo eliminado. Sin embargo, todos los puestos están en peligro, ya que la estrategia es recortar personal y deteriorar la atención, para justificar la privatización.

Huelga en defensa de la CCSS

Ante la gravedad de la situación, los trabajadores del Calderón Guardia están dispuestos a ir a una movilización, y han recibido el respaldo de otros centros nacionales. UNDECA y las bases sindicales llaman a estar alertas para frenar este ataque contra la CCSS.

Llamado urgente a la población

UNDECA hace un llamado a:

  • Los asegurados, para que exijan salud pública de calidad.

  • Las organizaciones sociales, a unirse en la defensa de la CCSS.

¡No a la privatización de la salud!
¡La CCSS no se vende, se defiende!

Foto: Personal del Hospital Calderón Guardia esperan a las autoridades del hospital y de la CCSS para dialogar sobre el conflicto de perfiles de puestos.

Una nueva regionalización del país: un proceso que debe ser bien direccionado y muy participativo

German Masís

La semana anterior el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) dio a conocer la firma del contrato para generar el “Estudio de regionalización que responda a los retos actuales que enfrenta Costa Rica en materia de planificación, gestión del desarrollo regional y ordenamiento territorial”.

Según la información “Su propósito es construir una propuesta técnica renovada para delimitar regiones, subregiones, cantones y distritos, que sirva como herramienta operativa del Sistema Nacional de Planificación.

La labor estará a cargo de la empresa GeoAdaptive que laborará en alianza técnica y estratégica con la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI).

De acuerdo con la ministra de Planificación, “Una regionalización moderna y basada en evidencia permitirá cerrar brechas históricas y asegurar un desarrollo más justo y equilibrado para todas las regiones del país”.

La justificación del estudio se origina en que, la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

El estudio permitirá fortalecer la coordinación entre instituciones en todos los niveles —nacional, regional y local—, facilitando una planificación más eficaz, evaluaciones más precisas y una participación ciudadana más activa. Además, brindará herramientas para caracterizar adecuadamente cada región, haciendo posible una intervención pública más contextualizada y pertinente”, agrega MIDEPLAN.

Aduce que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, “para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes”.

Se indica además que el estudio de regionalización, está muy relacionada con la Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica, aprobada en el 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática.(El observador.com,18-5-25)

El año anterior con motivo del anuncio del estudio de regionalización habíamos mencionado en un artículo denominado Los cambios en la regionalización del país; hacia un remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial sostenible, que la validez de esta iniciativa de MIDEPLAN, debe considerar algunos aspectos importantes:

1.Debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico, histórico, sociodemográfico, cultural y económico-productivo, sean las que definan la afinidad, interrelación y conformación geo-sociohistórica de los territorios regionales.

2. Es imperativo introducir un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo estas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental.

3.Los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de MIDEPLAN trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

4.Dado que varios análisis del desarrollo nacional han expuesto reiteradamente que el desarrollo regional del país es un desarrollo desigual e inequitativo, resultado de la concentración de los recursos, la inversión y de la actividad económica, es fundamental que el análisis de la nueva propuesta territorial tenga como objetivo estratégico revertir las desigualdades regionales y avanzar hacia una organización territorial más equitativa y sostenible.

5. De ahí que es fundamental proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus ciudades más desarrolladas y las zonas rurales.

6.Por lo anterior se requiere sustentar la reorganización territorial en una caracterización profunda de los recursos naturales, humanos, institucionales, infraestructurales de los territorios de las distintas zonas geográficas, así como en los indicadores productivos, de desarrollo social, de desarrollo humano, de desarrollo rural y de competitividad existentes para los cantones y regiones, que permita establecer las particularidades, articulaciones y niveles de desarrollo de las distintas áreas geográficas.

7.El abordaje de este nuevo ordenamiento territorial debe suponer una perspectiva de desarrollo auto-centrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados intervengan y definan las acciones necesarias para el replanteamiento de las regiones y sus territorios.

8.En consecuencia, la ejecución del estudio de regionalización y la propuesta de reordenamiento territorial, debe implicar una consulta amplia a los actores territoriales y las comunidades, tanto en la elaboración de los diagnósticos-caracterizaciones regionales, como en la discusión de las propuestas de reorganización territorial resultantes.

9.La conformación de las nuevos espacios territoriales, debe obedecer a características históricas, físicas, culturales y de dinámica productiva, que permita lograr mayor cohesión e interacción de la población en los territorios, una mejor distribución y gestión de los recursos y una mayor representación política.

10.De esta manera, los nuevos espacios territoriales, deben redefinir la cobertura de las provincias actuales, la pertenencia apropiada de algunos cantones y la conformación de nuevas regiones más homogéneas y congruentes, que darán lugar a una regionalización más precisa y ajustada a las condiciones del siglo XXI

Comunicado Unión Sindical de la CCSS

Desde la Unión Sindical de la CCSS, hacemos de conocimiento público nuestra posición de reproche del inmoral nombramiento de la señora Marta Esquivel Rodríguez como máxima jerarca de MIDEPLAN y exigimos la devolución de las sumas pagadas demás cuando ocupó el cargo de presidenta ejecutiva de la CCSS.

La Unión Sindical CCSS califica de indignante, inmoral y reprochable el nombramiento de la señora Marta Esquivel como ministra del Ministerio de Planificación. No solamente por la búsqueda de concederle una inmunidad ante graves cuestionamientos que son objeto de investigación por parte del Ministerio Público, sino por la forma tan desvergonzada en la que se le vuelve a conceder un jugoso salarios de ministra mientras enfrenta un proceso por presuntos hechos de corrupción en los que está directamente vinculada.

Recordemos que la señora Esquivel, fue encausada y un juez de la república consideró elementos suficientes para imponerle medidas cautelares por lo cual en este momentos y es investigada por el Ministerio Público por el sonado “Caso Barrenador”, donde fue suspendida como presidenta ejecutiva de la CCSS desde el 10 de octubre de 2024; ante el escándalo de corrupción por la adjudicación de 10 áreas de salud a unas cuantas cooperativas con un sobre precio de 12.400 millones de colones al año.

Es clara la intención del Poder Ejecutivo liderado por el Presidente Rodrigo Chaves de proteger a una de sus más cercanas colaboradoras, evidenciándose una descarada red de cuido “o de impunidad” nombrándola en un puesto que reviste de inmunidad, generando una evidente obstrucción a la justicia en las investigaciones abiertas por la Fiscalía, ninguneando y burlándose de manera clara y desafiante al Ministerio Público (y a la justicia costarricense) ante la investigación abierta en su contra, habilitándola en un nuevo puesto público como Ministra de la República, privilegiándola “como Tica con corona” con inmunidad a pesar de pese los cuestionamientos por corrupción y tráfico de influencias.;

La señora Esquivel deja una estela de saboteo, distorsiones administrativas tendientes al entrabamiento de los procesos institucionales, entorpecimiento del proyecto para la construcción del Hospital de Cartago, suspensión injustificada de los casi 500 proyecto de infraestructura contenidos en el portafolio de inversiones de la CCSS en complicidad con los usurpadores de la Junta Directiva sin dejar de lado omitir mención de su evidente incompetencia para liderar como titular del MIDEPLAN al no contar con la idoneidad debido a la falta de formación profesional en ciencias económicas, tal y como lo manifestó de manera contundente la Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica.

Esta Unión Sindical también exige a las autoridades de la CCSS, materializar de una vez el cobro de las sumas pagadas de más como presidenta ejecutiva de la Institución a la señora Esquivel Rodríguez que judicializó el tema con tal de no devolver el dinero a los asegurados. A ella se le pagaron más de 270 millones de colones entre setiembre 2022 hasta la fecha. Es imperativo que la institución haga valer la normativa institucional y la legislación nacional en la materia ejecutando dicho reembolso, incluso elevándolo a cobro judicial y así reintegrar esos fondos a la institución.

En la USCCSS hacemos un llamado a todo el pueblo costarricense honesto digno y trabajador a repudiar la red de cuido y privilegios de las personas cercanas al presidente Rodrigo Chaves.

San José 22 de enero de 2025

Defensoría pide cuentas a seis instituciones del Estado por atrasos salariales en el MEP

Situación salarial podría ser más grave

Debido a las repercusiones que hay desde el punto de vista de derechos laborales del funcionariado, la no eficiencia administrativa, la afectación de las finanzas públicas y los problemas para la elaboración y ejecución presupuestaria, los procesos y sentencias judiciales, la Defensoría de los Habitantes debió pedir cuentas a seis instituciones del Estado porque la situación en los atrasos salariales de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública (MEP), podría ser más grave de lo que inicialmente se pudo determinar.

Para la Defensoría, esta situación afecta la trascendental labor que cumplen las personas trabajadoras del MEP como responsables del sistema público de educación de la niñez, adolescencia y juventud costarricense.

Es por eso que, es de suma importancia tener información de los ministerios de Hacienda, Trabajo y Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), de la Procuraduría General de la República, de la Contraloría General de la República y del mismo MEP, para realizar una investigación estructural, de manera que se logre tener una visión integral de dicha problemática.

La Defensoría ha venido atendiendo un número considerable de denuncias de personas funcionarias del MEP sobre la inadecuada gestión y excesiva tardanza, por parte de la Dirección de Gestión de Talento Humano de este ministerio, en el reconocimiento y pago de diferentes incentivos salariales a los que tienen derecho (carrera profesional, anualidades, excedentes y otros), tanto de períodos fiscales vencidos como del actual.

A esas denuncias se unen otras, reiteradas año con año sin que se visualice alguna solución, sobre las múltiples omisiones, por parte del MEP, en cuanto al pago de distintos rubros que son parte del salario de su personal; omisiones reiteradas como, por ejemplo, salarios incompletos por el no reconocimiento de lecciones ya impartidas, recargos no reconocidos o rebajos injustificados; amén del aumento por costo de vida no reconocido y el no pago de prestaciones, entre otros.

En detalle

Al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se le envió cinco consultas sobre las partidas concretas en presupuestos ordinarios y modificaciones presupuestarias o presupuestos extraordinarios aprobados al MEP para cubrir el pago de períodos fiscales vencidos, indexaciones, multas, intereses y demás rubros originados en resoluciones administrativas y sentencias judiciales de los reclamos administrativos sobre el MEP. Sobre las cifras pagadas de más, por errores de la Administración originados en cálculos erróneos y el monto, esto dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2010 y el 30 de junio de 2024. También se le consultó el porcentaje, dentro del presupuesto para educación, que ha representado esas partidas presupuestarias, entre otros aspectos.

Al ministro de Trabajo, Andrés Romero, se le solicitó las propuestas planteadas al MEP y las acciones adoptadas. También debe informar sobre los espacios de diálogo dispuestos por ese ministerio o acercamientos que se haya tenido con el personal del MEP afectado o con sus organizaciones gremiales, para su análisis y propuestas de abordaje integral y efectivo y las acciones que se ejecutarán en el corto plazo, para incidir en la atención y solución de esta problemática que, evidentemente, afecta los derechos laborales del funcionariado.

A Mideplan, se le envió cuatro solicitudes; las acciones adoptadas para contribuir en la construcción de rutas de acción que conduzcan a la identificación y superación de las causas estructurales que la generan, un análisis, desde el punto de vista de la planificación y gestión del talento humano para mejorar la administración del MEP en cuanto a su capacidad de respuesta frente a los reclamos que se le plantean por los conceptos indicados.

A la Procuraduría General de la República, se le solicitó un informe sobre la cantidad de procesos judiciales interpuestos por el personal del MEP, el tipo de proceso, montos cobrados al Estado como consecuencia del pago de las costas, daños y perjuicios e intereses declarados en las sentencias judiciales, la cantidad total de profesionales asignados para la atención de dichos procesos y las acciones entabladas o que ejecutará la Procuraduría ante el MEP, en resguardo del erario público afectado por el cumplimiento de tales sentencias judiciales.

A la Contraloría General de la República, se le solicitó información sobre el seguimiento realizado a informes elaborados sobre ejecución presupuestaria y si hay o no nuevas investigaciones relacionadas con la problemática denunciada.

Y al MEP, la Defensoría le solicitó información muy detallada sobre diez puntos, entre los que destaca, detalles específicos sobre los reclamos administrativos planteados por las personas, los reclamos en vía judicial, los reclamos interpuestos por concepto de aumento por costo de vida, sobre el pago de prestaciones, detalle de los sistemas informáticos que están en funcionamiento para atender reclamos y especificaciones sobre el presupuesto institucional y un análisis realizado sobre la problemática que investiga la Defensoría de los Habitantes de cara a la búsqueda de soluciones en el corto plazo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Sector agro requiere de un gran impulso para su desarrollo – CNP acoge recomendación

La Defensoría de los Habitantes, emitió un informe final con recomendaciones al presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), en el cual expresaba la preocupación, debido a que, durante los últimos 10 años, denuncias reiteradas sobre procesos de reestructuración en esa institución, que no sólo no concluían, sino que no se ajustaban a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Producto de la intervención, la Presidencia Ejecutiva del CNP, acogió las recomendaciones de la Defensoría y remitió un cronograma de actividades, con el compromiso de desarrollar dicho proceso, conforme los lineamientos y asesoría del MIDEPLAN. Además, acepta, como lo señala la Defensoría desde el 2012, la participación del sindicato más representativo de la institución, con el fin de garantizar los principios de participación y transparencia.

Este tema toma relevancia a partir de lo que señala el Plan Sectorial de la Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032 I Quinquenio (2023-2027), el cual a partir del eje de Modernización de las instituciones del sector agropecuario, establece la modernización institucional del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE),  del Servicio Nacional de Aguas Subterránea, Riego y Avenamiento (SENARA), Consejo Nacional de Producción (CNP), del servicio de extensión agropecuaria, del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

En un momento histórico en el que el Sector del Agro requiere de un verdadero impuso para su desarrollo, la Defensoría de los Habitantes insta a las autoridades a procurar alcanzar un modelo óptimo de organización y prestación del servicio, en concordancia con el interés público que debe inspirar toda actuación de la Administración Pública, en el marco de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Planificación Institucional y política económica.

Para la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el ámbito del sector agrícola, es vital fortalecer la institucionalidad y alinear las políticas públicas al cumplimiento de los desafíos que nos presentan los ODS y la protección de los derechos humanos en el actual contexto social, económico y político, por lo que no es de recibo, señala la jerarca, es que dichos procesos se alarguen por años injustificadamente, lo que genera rezagos muy difíciles de abatir.

La Defensoría de los Habitantes, viene planteando en el marco de sus investigaciones, que la vertiginosa transformación del sector productivo a nivel mundial ya no solo requiere de un modelo de adaptación y actualización por parte de la administración pública, dado su papel clave en el buen funcionamiento de la economía, sino que debe desarrollar las condiciones que le permitan prever y anticiparse a dichos cambios.

Cambios en la regionalización por un verdadero desarrollo territorial

Los cambios en la regionalización del país; hacia un reordenamiento o remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial equitativo y sostenible.

German Masís Morales

Recientemente hemos conocido la información de que Costa Rica redibujará el mapa de sus regiones, luego de 49 años sin cambios. Se argumenta que el mapa político del país basado en provincias con criterios un tanto desfasados, había sido modificado hace casi medio siglo cuando se emprendió el criterio de las regiones de planificación.

Esa modificación ocurrida en 1975, con la ley de Planificación Nacional, generó un nuevo mapa del país, pero ahora marcado por elementos socioeconómicos con la intención de dar un mejor abordaje de las políticas públicas, con un enfoque más local. Fue así como nacieron las regiones: Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Brunca

Se afirma que luego de casi medio siglo los criterios que se usaron para esa repartición han cambiado y tocará hacer un remozamiento del esquema de regionalización de Costa Rica. La labor de replanteamiento de las regiones estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).

Para evidenciar la incoherencia que existe entre lugares de diferentes provincias del país, las autoridades de MIDEPLAN brindaron algunos ejemplos, como que San Vito de Coto Brus tiene poco en común con las Islas del Golfo de Nicoya, pero ambos pertenecen a la provincia de Puntarenas. Lo mismo ocurre entre la zona de residenciales de La Guácima con los pueblos de Los Chiles que limitan con Nicaragua, tienen poco en común, pero ambos son de Alajuela. Otro ejemplo surge al comparar las áreas más rurales de la Zona de Los Santos con la alta densidad de población de Tibás, nada en común, pero ambos están en San José. (ElObservador.com,29-4-2024)

En una situación similar, se presenta con las diferencias de las áreas urbanas de Heredia, como Belén; San Joaquín y Santo Domingo y las diferencias con las condiciones del cantón de Sarapiquí, aunque ambas pertenecen a la provincia de Heredia.

También existen diferencias importantes entre cantones ubicados en una región y pertenecientes a diferentes provincias, como el caso de Pérez Zeledón que pertenece a San José y los demás cantones de la región Brunca a la provincia de Puntarenas, donde muchas veces sus habitantes han dicho “yo me siento de todo lado menos de San José, o me siento de todo lado menos de la Zona Sur,” explorar esas dinámicas y construir un documento de esquema de regionalización que permita adecuar y actualizar esas nuevas dinámicas que hay en nuestro país que son muy distintas a las de 1975, son los propósitos de MIDEPLAN.

Lo mismo ocurre, como el caso de San Carlos y sus diferencias con los demás cantones de la región Huetar Norte, de Upala, Guatuso y los Chiles o la ubicación del cantón de Río Cuarto en la región Norte, todos pertenecientes a la provincia de Alajuela.

Disparidades regionales, se pueden constatar en la misma región Central, con la coexistencia de cantones de alto desarrollo como Escazú y Santa Ana y su proximidad con cantones rurales y de bajo desarrollo como Mora, Puriscal, Acosta y Turrubares, pertenecientes a lo que se conoce como la región Central Sur.

El Ministerio de Planificación, ha confirmado que la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

Entre los parámetros a revisar estarían las condiciones sociales, las áreas de conservación, las áreas fronterizas, las áreas costeras o los territorios indígenas.

No obstante, la validez de esta iniciativa de MIDEPLAN, en pleno siglo XXI para ajustar o adecuar la conformación de las regiones del país, ésta debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico, histórico, demográfico y socioeconómico sean las que definan la afinidad, interrelación y conformación geosociohistórica de los territorios regionales.

Junto a la incorporación de las características multidimensionales de los territorios, es imperativo proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Área Metropolitana(GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus zonas centrales y ciudades más desarrolladas(como Liberia, San Carlos y Pérez Zeledón) y las zonas rurales y costeras circundantes.

Hemos sostenido en este espacio, que en Costa Rica se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, situación que no puede postergarse por más tiempo.

Se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha reproducido por más de 5 décadas en las 4 provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional.

Así mismo, varios análisis del desarrollo nacional, han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos.(InformeEstadodelaNación,2020,p.29).

Por su parte, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2021, había señalado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo a ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Mientras que las actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

Específicamente, la agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones Periféricas y en su mayoría dedicada a los monocultivos del banano, la piña y la ganadería;

Por su parte, el Índice de Competitividad Nacional (ICN, mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021)

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

Diversos índices de desarrollo cantonal han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así el Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2021 reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano

Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales. (SurcosDigital.com,2022)

Igualmente, algunos intelectuales han reafirmado la existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F.,2021, p.222).

De acuerdo con lo anterior, los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de MIDEPLAN trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

Ya existen acciones favorables a lograr el replanteamiento de la mencionada regionalización, tales como la aprobación de la Ley de Desarrollo Regional del 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño y la implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes.

Así mismo como la ley para ampliar la operación de las zonas francas en algunas zonas fuera de la GAM, impulsada en los últimos años y que ha dado lugar a la creación de estos centros industriales y de servicios, en lugares como Grecia, Orotina y Esparza.

Estas iniciativas, aducen que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes.

Sin embargo, su mayor carencia es la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

La realidad de brechas y desigualdades territoriales demanda una perspectiva de desarrollo autocentrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.

Es imperativo la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos, los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

Ante el escenario de desigualdades regionales, el rezago y marginación social, MIDEPLAN debe avanzar a la definición de una estrategia de desarrollo territorial centrada en los recursos y potencialidades de los territorios y regiones periféricas.

Dicha estrategia supone una nueva ruta para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de dinamizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

El abordaje de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas debe tener como objetivo primario avanzar hacia un desarrollo territorial más sostenible, equitativo e incluyente, como una verdadera política de Estado o un proyecto país de transformación territorial.

Imagen UCR.