Fueron muy prolongadas las ovaciones recibidas por el maestro Carl St. Clair, en sus dos últimos conciertos como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Así, los asistentes que llenamos el Teatro Nacional, le manifestamos nuestro desagravio por el maltrato que recibiera de parte de las incultas autoridades del Ministerio de Cultura, quienes lo despidieron injustificadamente, después de una década de extraordinaria labor.
El maestro St. Clair, nos delega una orquesta extraordinaria; sin duda una de las mejores de Latinoamérica, que ahora ve amenazada su calidad, por la incompetencia de un gobierno que parece no comprender su trascendencia para la cultura musical del país.
Confiamos en que los músicos, independientemente de lo que hagan o no hagan los burócratas ministeriales, sabrán rendirle homenaje al maestro que han despedido, esforzándose aún más por mantener los atributos que se le reconocen a la orquesta.
Tiene Costa Rica una estupenda Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por un virtuoso maestro, de gran prestigio internacional.
Carl Saint Clair ha dirigido orquestas en Israel, Japón, Australia, Sur América, así como las sinfónicas de Boston, de San Francisco, de Detroit, de Houston, de Montreal, de Toronto, y la Filarmónica de Nueva York, la de Los Ángeles, la de Filadelfia, entre otras muy prestigiosas.
Gracias a ese bagaje de experiencia, ha logrado que nuestra orquesta haya logrado alcanzar en una década, un nivel tan formidable, que nos permite a los costarricenses disfrutar plenamente, de sus conciertos por todo el país y en el majestuoso Teatro Nacional.
La sorpresiva destitución del maestro Saint Clair, es una acción incomprensible del Ministerio de Cultura, que no se justifica, causa zozobra y esperamos se revierta.
“La Casona del Coyolar es la edificación en madera más antigua de todo el Pacífico Central y Sur. Fue construida para el expresidente Rafael Iglesias Castro en el año 1893”. “En 1978 fue traspasada al Instituto de Tierras y Colonización, que después cambió a Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”. Así se explica en un documento de la Asociación para la Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina.
“En ella se hospedaron personajes como Ricardo Jiménez Oreamuno, León Cortes Castro y Rafael Ángel Calderón Guardia. No obstante, para el pueblo de Orotina su valor socioeconómico fue los más relevante de su historia, pues por más de 50 años desde esa edificación se giraba el pago de salario para cientos de trabajadores cuyas familias vivían de la Hacienda Coyolar. Más aun, los trabajadores recibían beneficios como leche gratis todos los días y asistencia médica gratuita de parte del propietario del lugar”, agrega el escrito de la Asociación.
Otro dato importante relacionado con la importancia histórica y cultural de La Casona del Coyolar es que fue clave para que en 1902 se diera la llegada del primer tren en la zona, “lo cual propició la creación del cantón de Orotina en el año 1908”.
Foto tomada hace siete años, cuando La Casona ya mostraba deterioro.
Lamentablemente el inmueble se ha deteriorado y la ausencia de una política para su protección ha activado la lucha de la Asociación para la Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina. Se espera que la institución a cargo adopte decisiones urgentes para la protección de un espacio que tiene importancia histórica, cultural y arquitectónica.
Está foto es de hace 3 meses, donde ya se aprecia el estado ruinoso de La Casona.
La Asociación ha organizado tres conversatorios para tocar el tema de la casona desde el punto de vista histórico, arquitectónico, patrimonial y legal, lo cual, a criterio de la agrupación “va a generar un nivel de apoyo mayor a nivel de la población de Orotina que es, en última instancia, la que más tiene que luchar por el rescate de la Casona del Coyolar”.
SURCOS comparte el documento completo, en el cual se detalla la situación de La Casona del Coyolar y otros aspectos importantes de esta lucha comunitaria y social.
PROMUEVE LA DENUNCIA: ASOCIACION PARA LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE OROTINA
REPRESENTATE: LIC. GIOVANNI CASTALDINI RAMIREZ
MOTIVO DE LA DENUNCIA: ESTADO RUINOSO DE LA CASONA DEL COYOLAR
UBICACIÓN DE LA CASONA: DISTRITO COYOLAR, CANTON DE OROTINA, ALAJUELA
PROPIETARIO DEL INMUEBLE: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (ANTES IDA)
AFECTACION: DESDE 1994 PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE LA REPUBLICA
DESTINO DE LA CASONA: DEDICADA COMO OFICINA ADMINISTRATIVA HASTA EL AÑO 2005. DESDE ENTONCES Y HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA DESOCUPADA
INVERSION ESTATAL: 1995: GRAN REMODELACION. 2012: PINTURA Y TRABAJOS MENORES. 2019: INTERVENCION DE EMERGENCIA (INFORMACION NO CONFIRMADA)
COLABORACIO EXTERNA: 2016: ARREGLOS MENORES DE PARTE DE ADEPPCO. 2018: PARTICIPACION CONCURSO PATRIMONIO HISTORICO M.C.
CONTEXTO:
La Casona del Coyolar es la edificación en madera más antigua de todo el Pacífico Central y Sur.
Fue construida para el expresidente Rafael Iglesias Castro en el año 1893. Otros propietarios han sido los hermanos Tinoco Granados y Fernando Castro Cervantes. Después de su muerte en 1967, la edificación estuvo a cargo de sus herederos y en 1978 fue traspasada al Instituto de Tierras y Colonización, que después cambió a Instituto de Desarrollo Rural y actualmente se denomina Instituto de Desarrollo Rural.
Las Casona del Coyolar fue la base de operaciones de una de las haciendas más grandes que ha tenido Costa Rica: la Hacienda Coyolar. Principalmente se dedicó a la ganadería y llego a medir más de 20 mil hectáreas, ubicándose en tres provincias diferentes: Alajuela, Puntarenas y San José.
El valor histórico de la casona es incuestionable. En ella se hospedaron personajes como Ricardo Jiménez Oreamuno, León Cortes Castro y Rafael Ángel Calderón Guardia. No obstante, para el pueblo de Orotina su valor socioeconómico fue los más relevante de su historia, pues por más de 50 años desde esa edificación se giraba el pago de salario para cientos de trabajadores cuyas familias vivían de la Hacienda Coyolar. Más aun, los trabajadores recibían beneficios como leche gratis todos los días y asistencia medica gratuita de parte del propietario del lugar.
De igual forma, la casona fue de suma importancia para que se diera la llegada en 1902 del primer tren en la zona, lo cual propició la creación del cantón de Orotina en el año 1908.
IMPORTANCIA ARQUITECTONICA:
Esta edificación tiene fuerte influencia del estilo neo victoriano que predominó principalmente a principios del siglo pasado en la zona atlántica, sobre todo debido a la influencia de la United Fruit Company en la zona del Caribe y en las Minas del Aguacate.
Su construcción es de dos plantas, principalmente en madera de cedro y pochote. Su estructura principal mide aproximadamente 450 metros cuadrados y cuenta con extensos corredores y balcones casi en la totalidad de su perímetro.
La casona está rodeada de interesantes estructuras y bienes de valor histórico y arquitectónico, como una caballeriza, una lechería, un antiguo tanque de agua y mucha maquinaria antigua que fue pionera en su época para la realización del trabajo agropecuario.
Es importante hacer notar que el INDER, además de la Casona del Coyolar, es propietario de otros ocho edificios declarados patrimonio arquitectónico de la República, entre ellos el Monumento Nacional Guayabo en Turrialba. Sería interesante investigar en qué estado de conservación se encuentran dichos lugares.
ESTADO ACTUAL DE LA CASONA
El primer contacto que nuestra asociación tuvo con este edificio histórico fue en el 2016 cuando organizamos un evento de promoción y enseñanza de la Casona del Coyolar. Contamos con la presencia de funcionarios del INDER y de la Dirección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura.
Previo a este evento nuestros voluntarios realizaron labores de limpieza y reparación de las jardineras de piedra de la edificación. En ese momento notamos que ya la casona mostraba problemas estructurales en la segunda planta debido al ingreso de agua por deficiencias en el techo o cubierta de la edificación. El daño era importante, pero estaba localizado en una zona específica.
Asimismo, durante el evento, el entonces director de la Oficina de Patrimonio nos hizo ver que ya la casona mostraba signos evidentes de ataque de comején de la variedad que habita a nivel subterráneo.
Obviamente hicimos ver esto a las autoridades del INDER en Orotina y ofrecimos conseguir recursos para la colocación de parte del techo y gestionar los permisos ante el Ministerio de Cultura, por tratarse de una edificación declarada patrimonio arquitectónico de la República.
Lamentablemente, después del 2016 perdimos contacto con los funcionarios del INDER y desconocemos si finalmente lograron obtener el permiso para el cambio de techo de la casona.
Al no encontrar continuidad en la gestión de la colocación del techo de la casona, la asociación volvió sus ojos a la estación ferroviaria de Orotina donde hasta el día de hoy realiza trabajos de restauración en bienes propiedad del INCOFER, institución que ha colaborado con nosotros en todo el proceso de preservación histórica.
En algún momento de este año pudimos desatender las labores de restauración que hacemos en la estación central de Orotina y en abril de este año solicité a un funcionario del INDER en Coyolar que me permitiera visitar de nuevo la casona, pero esta vez en compañía del arquitecto de la asociación.
Ese mismo mes me hice presente en las instalaciones del INDER en Coyolar y mi sorpresa fue mayúscula al ver el avanzado estado de deterioro de la casona en tan solo 7 años. Junto con el arquitecto Rodolfo Mejías realizamos una inspección interna y se pudo comprobar que ya toda la segunda planta estaba clausurada por peligro de desplome. Era evidente que el problema del agua ingresando a dicho recinto todavía continuaba; peor aún se había extendido a varios puntos de la estructura a tal punto que ya en la primera planta era evidente el trazo del agua corriendo por el piso. Adicionalmente una enorme rama de un árbol aledaño a la casona atravesó el techo desde la segunda planta llegando a hacer contacto con el piso de la primera planta. La rama aun estaba en el lugar cuando se realizó la inspección.
El daño más grave que se pudo apreciar en la edificación histórica fue el eminente peligro de derrumbe del balcón del ala este de la casona. De ahí entonces que en el año 2019 el INDER realizara una intervención de emergencia en dicho lugar donde se apuntaló dicho balcón con una estructura de perling para que no se desplomara. Desconocemos el monto del presupuesto para dicha intervención y quien la realizó, o bien si además se invirtió en la reparación del principal problema estructural, esto es, el techo de la casona.
Una estimación preliminar del arquitecto para restaurar la casona se aproxima a los 300 millones de colones, aunque él fue enfático en sus conclusiones al indicar que la principal intervención para evitar el colapso total del edificio es la reparación de cerchas y el cambio de techo en forma urgente, lo cual hasta la fecha obviamente no ha sucedido.
GESTION ADMINISTRATIVA
Con motivo de la inspección realizada, el funcionario a cargo nos mostró un enorme expediente de las gestiones realizadas en la casona desde el año 2000. Este señor fue enfático en que desde hace varios años la sede regional del INDER en Coyolar ha venido solicitando recursos para el mantenimiento de la casona, siendo que la respuesta a dichas gestiones, la mayoría de las veces fue negativa, aleándose falta de contenido presupuestario en las oficinas centrales del INDER en San José.
Alarmado por el crítico estado en que encontré la casona el mismo mes de abril procedí a solicitar explicaciones directamente ante la Presidencia Ejecutiva del INDER y ante la Directora de la Oficina de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura.
En el caso del INDER, la Presidencia Ejecutiva remitió mi solicitud a la Gerencia General quien a su vez la remitió a la Dirección Financiera. En esta última instancia su directora me indicó vía telefónica que la posibilidad de asignar presupuesto para la casona estaba para el año 2025, aduciendo motivos presupuestarios y limitaciones impuestas por la regla fiscal.
En la Oficina de Patrimonio, la secretaria de la directora me contactó vía telefónica y me indicó en abril que ese asunto fue remitido a los arquitectos de la institución, siendo que hasta la fecha no se tiene conocimiento de si se ha realizado o no una inspección del lugar o si se va a abrir un procedimiento administrativo por infracción a la Ley de Patrimonio Histórico.
La gestión administrativa de nuestra asociación también se ha extendido a la Municipalidad de Orotina, donde se emplazó a dicha institución para que hiciera valer la ley de patrimonio, pero se emitió un criterio legal de parte de ellos indicando que no es responsabilidad de las Municipalidades intervenir en asuntos relacionados con edificios declarados patrimonio arquitectónico.
Finalmente, hace poco la asociación organizó uno de tres conversatorios para tocar el tema de la casona desde el punto de vista histórico, arquitectónico, patrimonial y legal, lo cual, a nuestro criterio, va a generar un nivel de apoyo mayor a nivel de la población de Orotina que es, en última instancia, la que más tiene que luchar por el rescate de la Casona del Coyolar.
Hace aproximadamente un año que la comunidad de Cartagena se organizó bajo un Comité de Lectura. El año pasado el Bibliobús visitó durante dos días, diferentes centros educativos de la comunidad.
Después de la visita del Bibliobús del SINABI (Sistema Nacional de Bibliotecas), nos informaron que se seleccionó a la comunidad de Cartagena, para instalar un Punto de Lectura, el que se inaugurará el 27 de julio a las 10 de la mañana y estará ubicado en el parque central de la comunidad.
El mismo es una colaboración de Ministerio de Cultura, Sistema Nacional de Bibliotecas y el patrocinador de la infraestructura es la empresa que tiene a cargo el Aeropuerto Juan Santamaría, más la Editorial Costa Rica que donó la mayoría de los libros.
Esta es una hermosa oportunidad de acercamiento a la información y a la educación para Cartagena.
Información compartida con SURCOS por Gretel Miranda Fallas y Édison Valverde Araya.
El colectivo Anthropos compuesto por pensionados y pensionadas de la disciplina antropológica, dedicados a la defensa del patrimonio histórico y cultural de la nación costarricense dicen “NO” al recorte presupuestario impuesto al Ministerio de Cultura.
Margarita Bolaños, antropóloga e integrante del colectivo considera que estos recortes presupuestarios afectan la institucionalidad pública y reduce los recursos esenciales para la conservación de los museos, conservación que considera de suma importancia para incentivar en la población costarricense un sentido de identidad nacional y reflejar al mundo que somos un país que promueve una cultura de paz. A lo que Floria Arrea otra integrante añade, diciendo que la cultura es parte de nuestro pasado y presente.
Por su parte, la antropóloga Ana Cecilia Arias define Costa Rica como un crisol de culturas pasadas y presentes, que son diversas, históricas y que se encuentran llenas de manifestaciones. María Eugenia Murillo, también antropóloga e integrante del colectivo asegura que la cultura y los museos costarricenses requieren presupuestos porque estos son parte del desarrollo de los pueblos.
La antropóloga Carmen Murillo considera que en Costa Rica existen múltiples expresiones asociadas a las costumbres, tradiciones y creencias que son parte de la cultura nacional, cree que el Ministerio de Cultura es el ente que debe de poner en valor estas expresiones y apoyar a los gestores que luchan todos los días por cumplir este objetivo, para Carmen Murillo el Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica es el corazón de la nación.
María Eugenia Bozzoli Vargas antropóloga, socióloga y activista de los derechos humanos de Costa Rica se une a este colectivo añadiendo que el Ministerio de Cultura es un órgano de suma importancia para poner en valor la producción artística y el patrimonio histórico nacional, comenta que aún teniendo el menor presupuesto de los ministerios, este ha realizado una gran labor en el fortalecimiento de la identidad nacional, por ello exalta la oposición contra los recortes presupuestarios.
Aplico el término “confiscatorio” en este caso a la actitud voraz del gobierno de Rodrigo Chaves con relación al manejo de los recursos públicos. Sé bien que el término está referido al abuso con respecto a los tributos, pero lo aplico por asimilación al comportamiento de la administración primero frente al propio Ministerio de Educación Pública, segundo en relación con el Ministerio de Cultura y en tercer lugar con respecto al presupuesto de las universidades públicas.
De hecho, en el Diccionario General de sinónimos y antónimos de la lengua española el término confiscar es sinónimo de embargar, decomisar, incautar, requisar y usurpar. Éste último a su vez es sinónimo de detener, arrebatar, extorsionar, expoliar, apropiarse, incautar y confiscar. Esto es lo que viene haciendo el gobierno con el presupuesto público: primero intentó ser confiscatorio del presupuesto del Ministerio de Educación en una suma muy significativa para trasladar esos recursos al Ministerio de Seguridad Pública, con el pretexto de asignarlos diz que para combatir la delincuencia. Solo debido a que en la Asamblea Legislativa no le aprobaron la modificación presupuestaria, esto no lo pudo concretar. Pero después sí le arrebató también nada menos que 4.000 millones de colones a Cultura, y ahora mediante artilugios se pretende confundir a la opinión pública, para confiscar, incautar, apropiarse o usurpar (es lo mismo), un 1% adicional del FEES (presupuesto de las universidades públicas), que el Poder Ejecutivo se había comprometido a otorgarles.
Lo cierto del caso, es que el principio no confiscatorio [de los tributos] se encuentra regulado en el artículo 167 denominado “Principios generales tributarios” de “La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”; un intento por parte del legislador, nos dice en su tesis de grado Ana María Carrillo Goyenaga, por incorporar los principios constitucionales tributarios al ordenamiento jurídico. (Cfr. Carrillo G. Ana María. “El Principio Constitucional de no Confiscación. Aplicación en el Ordenamiento Jurídico Tributario.” Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, CR, 2014). Reza el artículo citado de la siguiente manera:
“Artículo 167.- Principios generales tributarios
Por medio de la tributación, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite de manera significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados en la Constitución Política (…) (Cfr. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 167.)”
Por semejantes razones, tenemos el derecho a considerar el principio no confiscatorio que rige en el derecho tributario, como válido para proteger a las instituciones ministeriales o a las autónomas que, son tuteladas en el ámbito del derecho público ante un Estado que, se viene comportando como un ente hipercentralista, angurriento, avaricioso y codicioso con respecto a la gestión de los recursos públicos. Si es válido tutelar el patrimonio de una empresa privada, ante una eventual voracidad confiscatoria de parte del Estado, es por lo menos igualmente valedero proteger a los entes de derecho público, como en efecto está estipulado en la propia Constitución de la República.
Tanto en el anterior cuatrienio, como en este, se incurrió en el grave error de cercenar a las universidades públicas parte de sus presupuestos, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 85 constitucional. Específicamente en la parte que textualmente dice (después de haber dejado clara la existencia del fondo especial para el financiamiento de la “Educación Superior Estatal), que: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Constitución de la República. Artículo 85). Pero como lo he advertido supra, no ha ocurrido así. Por eso mismo, hoy sería menester, ante las violaciones que se han perpetrado contra la Constitución, que tales prescripciones fuesen subrayadas, escritas en mayúscula, o en letras doradas. Al respecto, ya la Sala Constitucional dictó sentencia favorable a las universidades públicas (al menos en un caso), ante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ellas por haberles rebajado la Asamblea Legislativa, la suma de 10.000 millones de colones. Están pendientes de resolución otras acciones de inconstitucionalidad presentadas por las universidades públicas hacen más de tres años. (Cfr. Sentencia de Fondo, número 2022017987, del 03/08/2022 a las 12:20:00)
Ahora el punto es otro, como lo aclara un pronunciamiento reciente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La Comisión de Enlace, que integran los rectores y ministros de Estado correspondientes, durante las negociaciones del FEES 2023 señalaron, como se expresa en el comunicado de CONARE aludido lo siguiente: (lo transmito textualmente): “la Comisión de Enlace…se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año [además del 1% otorgado a la base]…en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.” El Poder Ejecutivo, manifestó en varias ocasiones, la mejora en la situación fiscal del país, por lo que no habría razón alguna, para negarle a las universidades públicas ese aumento adicional del 1%, que compensaría, cuando menos en una mínima parte, lo que se les ha arrebatado a las instituciones públicas de educación superior.
Además, con ello se cumpliría con el convenio vigente, es decir el del año en curso del 2023. Se sabe por declaraciones de las autoridades de gobierno, pregonadas hasta por el mismo presidente Chaves, y señaladas por los rectores en su comunicado, que dicha mejora en la situación fiscal y económica del país en este año es debida a que, se produjo una colocación de “eurobonos” por la suma de $1.500 millones de dólares. A la vez, se le ha hecho ver a la opinión pública que, hubo un aumento en la recaudación tributaria del orden de 3,9% del PIB; asimismo se nos ha informado de una reducción del déficit fiscal en menos de 0.5% y finalmente, la reducción de la razón de la deuda con respecto al PIB fue de un 58,4%. Por lo tanto, solamente un claro menosprecio de carácter ideológico de parte del gobierno a las universidades públicas explicaría que no se reconociera el aumento negociado, pues de lo que se trata es de compensar a instituciones que cumplen con tanto fervor su misión civilizadora. Lo anterior lo expreso, aunque haya errores de por medio; ya que no existe una sola institución sin mácula en ninguna parte. Por otro lado, todos los errores son perfectamente subsanables y, es bien reconocido que las bondades a lo largo de una historia de casi 80 años, cuando se fundó la Universidad de Costa Rica precisamente en la década de los años cuarenta han contribuido de una manera decisiva con el desarrollo económico y social y han ayudado también a forjar la cultura democrática e institucional de la Costa Rica actual.
La realidad es que este gobierno no se ha atrevido a esgrimir como argumento para negar tal aumento, el que las universidades no lo merezcan. Lo que dijo el ministro de Hacienda don Nogui Acosta, es que quien ha complicado el aumento son los diputados, lo que fue claramente desmentido por la mayoría de los líderes de las fracciones parlamentarias, tanto en la comisión de asuntos hacendarios, como en el control político en el plenario legislativo, como consta en las actas respectivas.
Por último, conviene difundir que el comunicado de CONARE, puntualizó con exactitud adónde irían los recursos provenientes de ese 1%, se trata de cubrir necesidades perentorias que Costa Rica siempre ha valorado altamente, como son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para atender la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación y la extensión o acción social en la atención de las necesidades específicas de las comunidades y los grandes problemas nacionales.
Tal es el compromiso de honor de las autoridades universitarias mencionadas. A ver si ante todos estos argumentos cede la voracidad centralista del gobierno y se modifica en algo su actitud confiscatoria y usurpadora del erario que pertenece a los costarricenses.
Profesionales del sector cinematográfico, audiovisual, comunicación y producción artística denuncian sobre la afectación que les provocó la inesperada cancelación del contrato para producir el 11º Costa Rica Festival Internacional de Cine, festival que se ha convertido en un referente centroamericano y una importante vitrina para cineastas de la región.
De manera sorpresiva y poco usual el Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Cultura y Juventud canceló el pasado 28 de abril el contrato de la Licitación 2022LN-000001-0013700001 para la producción del 11 CRFIC; dicha cancelación se efectuó un mes después de firmarse el contrato con el proveedor.
La adjudicación del proveedor se efectúa el 2 de marzo del 2023 y se firmó contrato el 29 de marzo por las partes involucradas (Proveeduría del Ministerio de Cultura, Director del Centro de Cine y el Proveedor). A partir de la firma oficial, más de 60 profesionales de distintas ramas involucrados en la producción del Festival iniciaron sus labores para cumplir a cabalidad con los acuerdos del contrato y los tiempos establecidos, que ya venían dilatándose por atrasos administrativos del propio MCJ. Tras un mes de trabajo, se da la cancelación del mismo, sin remuneración alguna y sin notificación oficial.
El Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Cultura y Juventud canceló el contrato mediante una sumatoria de errores administrativos. Los cuestionamientos ante el manejo del proceso son evidentes, en SICOP el refrendo del contrato aparecía como “Aprobado” pero en adjuntos se especificaba como “Rechazado”. El oficio dictamina que “el Cartel dispuso acciones contrarias al ordenamiento jurídico vigente”, esto a pesar de que se sometió a múltiples análisis y procedimientos técnicos y legales, e incluso el cartel fue publicado por el MCJ desde noviembre del 2022.
A esto se suma la inacción por parte de la Ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz Rosales, y el Viceministro Administrativo Luis Alexander Castro Mena que, teniendo la autoridad para intervenir y/o solucionar el proceso, no lo hicieron.
«Esta decisión irregular sobre el CRFIC deja a muchas personas del equipo de producción directamente afectadas, pero también vulnera el alcance y continuidad del proyecto del festival en sí mismo. Precisamente en un contexto de gran incertidumbre sobre la sostenibilidad en el tiempo de los programas e instituciones del Ministerio de Cultura. La lógica administrativa del ‘dejar de hacer y dejar pasar’ podría terminar eventualmente justificando aún más recortes en el sector», resaltó Antonio Jara, programador del Equipo de Producción.
Todo esto, en medio de una coyuntura compleja para el sector cultural y de múltiples cuestionamientos al Ministerio de Cultura y Juventud por los recientes despidos de cuatro de sus jerarcas y la propuesta de un recorte de 4 mil millones de colones, el cual se traduciría en un posible cierre técnico de la cartera de cultura.
Además de la afectación a los 64 profesionales, es preocupante el futuro del Costa Rica Festival Internacional de Cine, evento que tiene carácter de interés público y cuya proyección involucra la participación de múltiples instancias internacionales que creen, impulsan y respaldan el CRFIC, algunas se desempeñan como coproductoras y otras como patrocinadores de tan prestigioso festival. No se ha brindado una explicación oficial de los
hechos ocurridos a los aliados estratégicos del festival; además de los ya mencionados figuran instituciones públicas y privadas, artistas, cineastas, jurados nacionales e internacionales, entre muchos otros.
El Equipo de Producción CRFIC 2023 a quien le respalda un contrato firmado, denuncia el inadecuado proceder del Ministerio de Cultura y Juventud y lo califica como irregular, oculto y falto de transparencia. Se solicitó el expediente completo y certificado del caso, pero MCJ respondió derivando a revisar información en SICOP, pese a que existe un derecho constitucional de acceso a dicho expediente certificado.
Se manifiesta la incapacidad del Ministerio de Cultura y Juventud de ejecutar sus programas y proyectos de relevancia cultural, como lo es el Costa Rica Festival Internacional de Cine. Se omite tomar decisiones cuyo fin conlleva a cancelar la realización de proyectos de gran envergadura y aporte al país, habiendo un evidente interés de desmantelar las instituciones sin asumir las consecuencias políticas. Se hace un llamado a posicionarse de forma solidaria por el sostén de la inversión pública en cultura como una contribución importante a la identidad de un país y a su bienestar económico.
El documental “Sàrātsê sêkónēl jékàska Volviendo a la tierra que nos vio nacer” (2023) se presenta este 12 de mayo del 2023 en el proyecto Trincheras en a las 6pm, su local queda Frente a Hotel Nuevo Iguazú, Barrio Boston, en San Isidro de El General. La proyección es gratuita y se tendrá además un conversatorio con personas de la comunidad. Es importante destacar que para está sesión se cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura.
El documental cuenta la visita en 2019 de un grupo de mayores cabécares de Talamanca que volvieron al territorio indígena de China Kichá, para reconocer, después de muchos años, el lugar donde nacieron y crecieron. En este evento histórico, realizado gracias al Comité Cultural Cabécar de China Kichá, se encontraron con su antiguo hogar, con las historias de las tensiones territoriales que les forzaron a irse en su mayoría, pero hubo también quienes resistieron y posicionaron sus derechos. “Volviendo a la tierra que nos vio nacer” trata sobre la memoria del despojo y la lucha actual por la recuperación de tierras de la comunidad indígena de China Kichá.
Hay que recordar que las recuperaciones de tierra han sido procesos de lucha por parte de las personas indígenas en la defensa de sus derechos, su cultura y sus territorios. Éstas comenzaron en 2018 ante el incumplimiento sistemático de la Ley Indígena y los planes para hacerla cumplir.
Un estudio hecho por la organización Forest People Programme (2014), de las 1.100 hectáreas que conforman el territorio, el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población cabécar. Hoy gracias a la lucha de recuperaciones esta comunidad recuperó el 100% de su territorio legalmente reconocido, convirtiéndose en un hito para nuestro país y la región mesoamericana.
El documental cuenta parte de la lucha de este pueblo milenario y se divide en tres capítulos que abordan “La China Kichá de antes”, donde se habla de la historia del territorio y a qué actividades se dedicaban antes, es decir, cómo era la vida en esos tiempos; “La China Kichá del presente” aborda la problemática de tierras y cómo fue que el Estado derogó el territorio, también se hace alusión al asesinato de líderes indígenas, como Sergio Rojas. Finalmente, en “La China Kichá del futuro” las personas recuperadoras reflexionan sobre el significado de recuperar tierras y la necesidad de seguir luchando por sus derechos.
La producción audiovisual fue realizada por el colectivo Revista Uchinché, bajo la dirección y producción de Hawi Castañeda, antropóloga social y diseñadora gráfica. El proceso de grabación inició en 2019 con la grabación del encuentro de mayores, gracias a la coordinación del Comité Cultural Cabécar de China Kichá y al apoyo del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Asimismo, se contó con el apoyo estratégico del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Proyecto de Acción Social “Geografía y Diálogo de Saberes” de la Escuela de Geografía.
La Unión de Directoras de Cine – Costa Rica solicita, mediante las imágenes de sus propias películas, un diálogo con el Presidente de la República en apoyo al Director General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Raciel del Toro Hernández.
SURCOS comparte la siguiente carta referente a la orden de destituir al director del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, y que fue enviada por la Unión de Directoras de Cine Costa Rica al presidente Rodrigo Chaves Robles y a la ministra de Cultura Nayuribe Guadamuz Rosales.
San José, 03 de agosto de 2022
PARA: Sr. Rodrigo Chaves Robles Presidente de la República de Costa Rica Sra. Nayuribe Guadamuz Rosales Ministra de Cultura y Juventud
DE: Unión de Directoras de Cine Costa Rica
ASUNTO: Destitución del Director del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
Estimado Sr. Presidente y Sra. Ministra:
Desde la Unión de Directoras de Cine, agrupación independiente conformada en el 2019 por mujeres dedicadas a la dirección y realización de cine y audiovisual en Costa Rica, nos dirigimos a ustedes para comentar nuestra postura sobre aspectos vitales para nuestro sector, con especial atención al caso de la Dirección General del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC).
Nuestra agrupación busca impulsar acciones afirmativas para promover la igualdad y equidad en el quehacer cinematográfico y audiovisual nacional, a la vez que promovemos acciones para fortalecer y mejorar las condiciones del sector en general.
Respondiendo a este objetivo, mencionamos algunas de las iniciativas que hemos trabajado en conjunto con la Dirección del CCPC:
Gracias a la incidencia política conjunta, logramos la aprobación de la Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica (N.1004) donde se crea por ley el único fondo de fomento al audiovisual nacional, el fondo El Fauno.
Asimismo, a través de las gestiones conjuntas, logramos que se incorporara en el reglamento de dicho fondo, cláusulas que respaldan el compromiso institucional de garantizar mayor equidad en la selección y financiamiento de los proyectos cinematográficos. Como resultado, en las últimas convocatorias, se consiguió paridad en la selección de los proyectos financiados, convirtiéndo a Costa Rica en uno de los pocos países con una fuerte presencia de mujeres en el sector.
Se ha velado por el cumplimiento del principio de paridad en los jurados seleccionadores de las últimas convocatorias de El Fauno, así como en los jurados de las instancias de desarrollo y postproducción del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC).
Se ha promovido la paridad en la selección de películas dirigidas por mujeres en las últimas ediciones del CRFIC.
Gracias al compromiso institucional, las gestiones de agrupaciones como la Unión de Directoras y la alta participación de mujeres en el sector, se ha logrado acercar al público costarricense a historias y narrativas de gran contenido humano que proponen un cambio social y se convierten en poderosos agentes para la prevención de la discriminación y la violencia de género.
Se ha logrado una importante presencia en los festivales y mercados más relevantes de la industria cinematográfica internacional, destacando la participación de películas dirigidas por mujeres en los festivales más importantes de la escena global: Cannes, Berlín, Toronto, IDFA, Locarno, Rotterdam, entre otras. Esto se da gracias al auge de nuevos talentos y al trabajo comprometido del CCPC y su directiva.
En términos generales, desde nuestra agrupación y con la colaboración y apoyo de la Dirección del CCPC, hemos contribuido a generar una reflexión entre los distintos agentes del sector audiovisual sobre la necesidad de alcanzar la paridad de género e inclusión en todos los ámbitos de nuestro quehacer. De igual manera se ha apostado de forma comprometida por el fortalecimiento del sector y los encadenamientos productivos que esta actividad genera.
Para nosotras es fundamental que los logros alcanzados a la fecha no sólo se sostengan, sino continúen fortaleciendo al gremio y sobre todo las realidades que como mujeres cineastas vivimos en un contexto aún desigual.
En este sentido, consideramos que el trabajo que ha realizado el señor Raciel Del Toro ha respondido de forma transparente y directa a las demandas del sector, por lo que su labor cuenta con el respaldo de nuestra agrupación así como de múltiples organizaciones del sector.
Externamos nuestra preocupación por la intención de destituirlo como Director del Centro de Cine y por los motivos expresados por parte de su Ministerio para el cese de sus labores.
Invitamos a la reflexión sobre las acciones tomadas y extendemos nuestra disposición para establecer un diálogo sobre estos temas.
