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Etiqueta: precariedad laboral

“El destajo en los atracaderos: cargar más, más rápido y vivir menos”

Frank Ulloa Royo

En los muelles del Pacífico costarricense, donde el mar debería ser símbolo de apertura y horizonte, persiste una forma de trabajo que parece salida de los tiempos feudales: el trabajo a destajo. Se paga por producir más, no por trabajar mejor ni más seguro. Es el salario del rendimiento, no de la dignidad. Y en los atracaderos donde la fuerza humana sustituye a la tecnología, esta modalidad se convierte en una trampa de auto explotación.

Los estudios internacionales sobre trabajo portuario coinciden en que los muelles son zonas de alto riesgo laboral. Allí confluyen sustancias tóxicas, cargas pesadas, maquinaria improvisada y jornadas extenuantes. Pero en Costa Rica, donde “los costarricenses no ven al mar”, como decía Constantino Láscaris, los riesgos se invisibilizan. No hay mapas de riesgo, ni inspecciones efectivas, ni prevención. Los atracaderos son tierra de nadie.

Las cooperativas que hoy operan en los muelles del Pacífico —creadas para sustituir a las empresas intermediarias entre armadores, agencias navieras y trabajadores— reproducen las mismas lógicas de explotación. Bajo el discurso de la “autogestión”, el trabajador se convierte en su propio capataz. El pago a destajo lo empuja a cargar más, a correr más, a arriesgar más. La productividad se mide en toneladas, no en vidas.

La doctrina iuslaboralista europea y latinoamericana ha advertido que el trabajo a destajo traslada el riesgo empresarial al trabajador y viola el principio de salario justo y digno. En los muelles costarricenses, esta violación es cotidiana y pública. Las autoridades de inspección laboral no saben qué inspeccionar, y los sindicatos carecen de poder crítico porque la libertad sindical está restringida. Las cooperativas, en teoría solidarias, se han convertido en estructuras de control y silencio.

El resultado es un sistema de trabajo precario, peligroso y moralmente insostenible, donde la explotación se disfraza de esfuerzo personal. El trabajador se autoexplota para sobrevivir, mientras las instituciones miran hacia otro lado. El mar, que debería ser fuente de vida y trabajo digno, se convierte en espejo de una sociedad que ha normalizado la injusticia.

El Estado costarricense hace décadas dejo de invertir en los muelles. Hoy tenemos vergonzosos atracaderos. Costa Rica necesita ver al mar. Necesita ver sus muelles y reconocer que allí se violan derechos laborales básicos, que la prevención es inexistente y que el trabajo a destajo perpetúa una forma de servidumbre moderna. La dignidad no se mide en toneladas descargadas, sino en el respeto a la vida y al trabajo humano.

Ni sobrevivir en las calles ni “emprender por necesidad” es solución: Exigimos empleo digno, salarios justos y derechos sociales

Partido Vanguardia Popular

El Partido Vanguardia Popular condena de manera categórica las políticas que han empujado a miles de costarricenses a “ganarse la vida” en las calles con ventas informales, pequeñas actividades económicas de supervivencia o autoempleo forzado. La más reciente información publicada por medios nacionales evidencia que una proporción significativa de personas emprende no por oportunidad sino por necesidad, lo que es reflejo de un mercado laboral colapsado donde no existen empleos formales, no hay salarios dignos, no se generan oportunidades reales de vida ni se garantiza acceso a una vivienda, educación o seguridad social básica.

Estas prácticas no son un signo de innovación o de desarrollo sostenible. Son la expresión cruda de una economía que falla y de políticas públicas que han abandonado al pueblo a su suerte. “Emprender” por necesidad significa que miles de familias no tienen más alternativa que vender en la calle, trabajar en la informalidad sin seguridad, sin derechos, sin protección social y sin futuro para sus hijos. Esto no resuelve la falta de empleo formal, ni crea industria ni fortalece la producción nacional, ni resuelve la crisis de viviendas, ni asegura educación de calidad para nuestros jóvenes.

Lo que estos datos reflejan es que las familias están siendo condenadas a la pobreza, al hambre y a la precariedad. Mientras un porcentaje enorme de microempresas opera en la informalidad sin acceso a seguridad social y sin poder emitir comprobantes fiscales, millones de trabajadores quedan fuera del sistema de protección social y sin la seguridad de un salario digno o un trabajo estable.

El Partido Vanguardia Popular rechaza las falsas narrativas que celebran el “autoempleo” como si fuera la solución estructural a una crisis de décadas. Detrás de esas estadísticas hay madres y padres de familia, jóvenes sin opciones, personas que han perdido toda esperanza en una política que prioriza la riqueza de unos pocos por encima de las necesidades básicas del pueblo.

Reafirmamos que ni sobrevivir en la calle ni los parches informales sustituyen al empleo digno con derechos laborales, ni al derecho a una vivienda, ni a la educación, ni a la seguridad social universal. La lucha de nuestro pueblo no debe ser por sobrevivir, sino por vivir con dignidad.

Esto no es tema de los candidatos a la presidencia, no hay propuestas concretas ni estrategia de desarrollo del país, para ellos “la pomada canaria” es entregar soberanía nacional a cambio de empresas extranjeras vengan a Costa Rica, se llenen de privilegios arancelarios, se llevan las ganancias fuera del país y luego tirar a los trabajadores y trabajadoras a la calle, como siempre ha sucedido.

Exigimos políticas públicas reales de empleo formal y estable, con salarios que cubran las necesidades de las familias. Acceso universal a vivienda digna, educación realmente gratuita y de calidad para todos, el pago de la multimillonaria deuda del Estado a la salud pública efectiva y una seguridad social integral.

También, protección real a los trabajadores y trabajadoras, no sustitutos informalizados ni autoempleos de subsistencia y un modelo de desarrollo productivo y soberano, que impulse la industria nacional, la producción agropecuaria sostenible y la generación de empleo digno, bien remunerado.

El Partido Vanguardia Popular se pone del lado de quienes trabajan, de quienes luchan por una vida digna y de quienes se niegan a aceptar como destino inevitable la pobreza y la miseria.

La historia del café, Starbucks y los derechos laborales

Frank Ulloa Royo
Instituto Sindical de Formación Política

I. El café de Starbucks: explotación que comienza en el cafetal

La historia del café que llega a las vitrinas de Starbucks no empieza en la máquina de espresso ni en la sonrisa del barista. Comienza en las laderas de Costa Rica, donde hombres y mujeres —en su mayoría migrantes nicaragüenses y panameños, junto a familias rurales costarricenses— doblan la espalda para llenar cajuelas de fruta roja. Cada cajuela, unos 12,5 kilos de café en grano, se paga a ₡1,138 colones, apenas dos dólares. Un recolector experimentado puede llenar entre 8 y 12 cajuelas en una jornada, lo que equivale a ₡9,000–₡13,600 diarios (USD $17–$26).

La medida tradicional, la fanega, resume la paradoja: 20 cajuelas equivalen a una fanega, y el pago al recolector ronda los ₡22,760 colones (USD $43). Mientras tanto, el precio internacional del café se dispara y las ganancias de la multinacional se multiplican. El grano que se vende como símbolo de sofisticación y estatus en las ciudades globales nace de un trabajo marcado por la precariedad, la falta de seguridad social y la ausencia de organización sindical fuerte.

En Costa Rica, el salario mínimo oficial hace que muchos costarricenses eviten la cosecha, dejando el trabajo en manos de migrantes e indígenas de pueblos originarios que aceptan condiciones duras por necesidad. La explotación, entonces, se invisibiliza: se presenta como “oportunidad” para quienes cruzan fronteras, mientras se normaliza la desigualdad en el campo.

El café que se sirve en Nueva York o San José, con espuma perfecta y nombres exóticos, esconde la realidad de quienes lo recolectan. La riqueza de la multinacional se sostiene en la espalda de trabajadores que reciben apenas USD $43 por fanega, mientras el mismo café se vende a precios que multiplican por diez o veinte ese valor en una sola jornada de ventas.

La cadena es clara: la explotación comienza en el cafetal y se prolonga en la cafetería. En el campo, el recolector invisible; en la ciudad, el barista precarizado. Ambos sostienen con su trabajo la maquinaria de consumo global, ambos comparten el mismo cansancio y el mismo deseo de justicia.

La pregunta que queda abierta es si los trabajadores rurales y urbanos podrán reconocerse en el mismo espejo, tender puentes entre la cajuela y la taza, y transformar el café cotidiano en símbolo de dignidad. La organización sindical, bloqueada en Costa Rica por políticas antisindicales y por una cultura de silencio, es la herramienta que puede convertir esa rutina en resistencia.

El café de Starbucks, vendido como experiencia burguesa, lleva en su aroma la memoria de la explotación. La historia nos recuerda que la dignidad no se regala: se conquista en la palabra compartida, en la organización colectiva, en la decisión de no aceptar como normal lo que es injusto.

II. Starbucks: el café de la multinacional requiere una cucharada de sindicato, no solo vitrinas y postres

El café que servimos cada día alimenta la riqueza de una multinacional, pero también desnuda una paradoja: detrás de la pulcritud de las vitrinas y la aparente calma de los locales, persiste la invisibilidad de quienes sostienen largas jornadas con salarios insuficientes. La pregunta es si aceptaremos esa rutina como normalidad o si, como los baristas en Estados Unidos, la convertiremos en rebeldía.

La lucha por la dignidad laboral no conoce fronteras: el mismo aroma recorre cafeterías en Nueva York y San José, el mismo cansancio se acumula en las piernas, el mismo deseo de justicia late en los trabajadores. La organización sindical es el puente capaz de transformar esa rutina en resistencia y ese café cotidiano en símbolo de dignidad. Sin embargo, en Costa Rica los intentos de articularse —como los impulsados por Rel UITA— han chocado con políticas antisindicales y con una libertad sindical limitada, que impide que la voz de los trabajadores se convierta en fuerza colectiva.

La rebelión de las tazas rojas en Estados Unidos

En Nueva York, los baristas decidieron romper el silencio. Bajo el lema “Sin contrato, no hay café”, miles de trabajadores transformaron la rutina en rebeldía. La huelga nacional, iniciada en el simbólico Red Cup Day, interrumpió ventas millonarias y se convirtió en un símbolo político y social. El sindicato Starbucks Workers United expuso lo que antes se ocultaba: horarios impredecibles, salarios insuficientes y persecución antisindical. La presencia de figuras como Bernie Sanders y Zohran Mamdani en los piquetes elevó la protesta a un debate nacional sobre desigualdad y poder corporativo. Allí, la huelga es un derecho ejercido con fuerza, aunque no sin riesgos, y la protesta se convierte en pedagogía pública.

El aroma del café en Costa Rica oculta la explotación

En Costa Rica, el escenario es distinto. El salario mínimo para un trabajador de comercio o restaurante ronda los ₡365,000 colones mensuales, apenas suficiente para cubrir necesidades básicas en un país donde el costo de vida se dispara. Los baristas enfrentan las mismas tensiones: largas jornadas de pie, presión constante, riesgos invisibles.

Pero aquí, la huelga no es un recurso cotidiano. El miedo al despido, la desconfianza social hacia la protesta y un sistema judicial que rara vez favorece la negociación colectiva hacen que muchos trabajadores aguanten en silencio. La precariedad se disfraza de estabilidad, y la resistencia se fragmenta en quejas individuales más que en movimientos colectivos. El café se sirve con aparente calma, mientras la dignidad se erosiona en silencio.

Dos realidades de explotación, un mismo modelo

El contraste es nítido: en Estados Unidos, la huelga se convierte en arma política y pedagógica, capaz de poner en jaque a una multinacional; en Costa Rica, el mismo modelo corporativo se sostiene gracias al silencio impuesto por la cultura laboral y el miedo al despido. Allí, un trabajador de comercio o restaurante recibe alrededor de 690 dólares al mes, apenas suficiente para sobrevivir en un país donde el costo de vida se levanta como un muro. En Nueva York, el salario mínimo alcanza los 2,560 dólares mensuales, pero incluso en la ciudad que nunca duerme ese ingreso resulta insuficiente para cubrir vivienda, transporte y salud.

La distancia entre ambos salarios parece abismal, pero la experiencia compartida revela una misma herida: la precariedad disfrazada de normalidad. En San José y en Brooklyn, los baristas sostienen largas jornadas de pie, con idéntico cansancio en las piernas y el mismo deseo de justicia en el corazón. El café que sirven cada día alimenta la riqueza de una multinacional, mientras ellos, invisibles, buscan transformar la rutina en dignidad.

Rel UITA y Starbucks: una lucha que apenas empieza

Ambos escenarios muestran que la precarización no es un accidente, sino una estrategia global. La diferencia está en la capacidad de los trabajadores para organizarse y convertir la indignación en acción colectiva. En un país, la dignidad se defiende en la calle; en el otro, se resiste en silencio.En este panorama, el papel de Rel UITA adquiere un valor singular. Como organización internacional que articula sindicatos de la alimentación, la agricultura y la hotelería, Rel UITA ha intentado tender puentes entre las luchas dispersas, acompañar a los trabajadores del sector servicios y dar visibilidad a quienes enfrentan políticas antisindicales en países como Costa Rica. Sus esfuerzos han buscado abrir caminos para que la voz de los baristas y trabajadores de restaurantes no quede atrapada en el miedo al despido ni en la indiferencia social. Sin embargo, las barreras son profundas: la represión, la falta de libertad sindical y la cultura de silencio han limitado los frutos de esta tarea.

La pregunta es urgente: ¿qué pasaría si los baristas en Costa Rica y otros países se reconocieran en el espejo de sus compañeros en Nueva York? ¿Qué fuerza tendría un sindicato que uniera las voces dispersas de quienes hoy trabajan en silencio, respaldado por redes internacionales como Rel UITA?

La dignidad no se regala en una taza de café; se conquista en la palabra compartida, en la decisión de no aceptar como normal lo que es injusto. La historia demuestra que la organización colectiva no solo es posible, sino necesaria para que el trabajo deje de ser sinónimo de precariedad y vuelva a ser un espacio de vida digna. Rel UITA, con su experiencia y alcance internacional, puede ser el catalizador que transforme la resistencia aislada en un movimiento capaz de cruzar fronteras y convertir el café cotidiano en símbolo de justicia global.

¡No a las jornadas de 12 horas! ¡Exigimos dignidad laboral!

Manifiesto del Movimiento Trabajo Digno CR

En pleno 2025, la Asamblea Legislativa de Costa Rica insiste en mantener un debate que como sociedad habíamos superado hace más de un siglo: la extensión de la jornada laboral y los derechos de las personas trabajadoras.

Desde 1920 la jornada laboral de 8 horas fue conquistada en nuestro país y más adelante consagrada en la Constitución Política de 1949, el Código de Trabajo y en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado costarricense. Pese a ello, hoy se discute el Proyecto de Ley 24.290, impulsado por la diputada Daniela Rojas del PUSC, que pretende autorizar jornadas laborales de hasta 12 horas diarias sin el pago de horas extras durante cuatro días de trabajo con 3 días de descanso. Aunque incluso los días de descanso- prometidos como compensación- se ven amenazados, ya que el texto actual permite que dos de los tres días queden a disposición del patrono.

Nos encontramos frente a un proyecto de Ley que pretende modificar el Código de Trabajo, no para modernizarlo sino para despojar a la clase trabajadora de derechos fundamentales como el pago de horas extra. Esta propuesta representa un grave retroceso en las conquistas históricas del movimiento obrero costarricense y una amenaza directa a los principios de dignidad, justicia social y salud.

Nuestra oposición al proyecto de jornadas de 12 horas

Trabajo Digno CR, surge como un movimiento de oposición al Proyecto de Ley 24.290, reúne organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y personas de la sociedad civil. Nos une la urgencia de frenar este retroceso en derechos laborales, pero también la convicción de que Costa Rica merece un modelo de desarrollo que ponga en el centro a las personas y sus condiciones de vida y no los intereses empresariales.

¿Por qué rechazamos este proyecto de ley?

  1. Porque representa la legalización de la explotación y la precariedad laboral al extender la jornada sin condiciones dignas de descanso ni con una compensación real.

  2. Porque no crea empleos, solo reparte más horas entre menos personas, mientras miles de costarricenses se mantienen desempleados o en la informalidad.

  3. Porque rompe con el principio de progresividad, contradice la Constitución Política y los tratados internacionales e ignora la jurisprudencia y la historia del derecho laboral costarricense

  4. Porque expulsa del mercado laboral a las personas cuidadoras, que son en su mayoría mujeres, profundizando las brechas de género.

  5. Porque precariza la economía del hogar al eliminar el tiempo disponible para estudiar, capacitarse o emprender.

  6. Porque atenta contra la familia, vulnerando directamente el derecho de la niñez a crecer con adultos presentes y recibiendo un cuidado adecuado.

  7. Porque es insostenible: ni el cuerpo humano ni la economía de un país se puede sostener con la sobreexplotación laboral.

  8. Porque se disminuye salarialmente sin pago de horas extras.

El Colectivo Trabajo Digno CR, invita a toda la población costarricense a movilizarse, organizarse y a levantar la voz en contra de este retroceso en derechos laborales. De cara a los intentos existentes de legalizar la sobre explotación, alzamos nuestra voces. No permitiremos que se retrocedan más de 100 años en derecho laborales que costaron sangre, organización y lucha.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a rechazar este proyecto de ley, a defender lo conquistado y a construir colectivamente alternativas que garanticen un empleo digno, tiempo libre y equidad de género.

No hay justicia social sin un Trabajo Digno para todas las personas.

¡Paremos YA!, el proyecto de Ley 24.290.

Plataformas digitales y derechos laborales: América Latina y Costa Rica ante la uberización

Fernando José Méndez Castellanos*

El trabajo en América Latina ha experimentado importantes transformaciones durante la última década, especialmente en el marco de nuevos procesos de digitalización y flexibilización del trabajo que han instaurado esquemas laborales fragmentarios, difusos y ambiguos. La relación laboral formal y contractual, cuyo nacimiento jurídico deriva del capitalismo industrial norteamericano y europeo – y que nunca terminó de aplicarse bien en América Latina –, enfrenta ahora la embestida tecnológica de apps transnacionales como Uber y otras similares que, ante la atónita mirada – o la complicidad – de los estados nacionales, implantan actualmente un modelo empresarial que se sobrepone al derecho laboral existente. Empresas como Uber han instaurado, de esta forma, una nueva lógica empresarial que parte de la negación jurídica de la figura del trabajador, que eufemísticamente pasa a ser nombrado como un ‘‘socio’’, permitiendo a las empresas lucrar con el trabajo sin derechos de una multitud dispersa de latinoamericanos y de trabajadores del Sur Global

En este sentido, las empresas de plataforma digital gozan del trabajo ajeno sin asumir responsabilidades sociales, desconociendo cualquier vínculo patronal con una fuerza de trabajo global cuya actividad laboral – sin derechos – produce las grandes ganancias que estas almacenan en paraísos fiscales. Estas empresas, en otras palabras, construyen un discurso en torno a la figura del ‘‘trabajador independiente’’ para encubrir la vigilancia y el control algorítmico al que están sujetas las personas trabajadoras, con el fin de evitar asumir cualquier responsabilidad patronal.

Costa Rica, como es de esperarse, no escapa a la embestida tecnológica de las plataformas digitales. Vamos a ser sinceros: ¿puede uno andar por chepe, o por Heredia centro, sin toparse una moto en cuyo equipaje venga pintado el eslogan de Glovo, Uber o Didi? Ya hasta en los pueblos o las pequeñas urbes fuera de la GAM se puede pedir un Uber, desde Naranjo hasta San Ramón, por ejemplo. En Costa Rica, una década después de la polémica y atropellada entrada de Uber, abundan ya muchas otras plataformas que se han sumado a la competencia, para ver si pueden apropiarse ellas también del trabajo barato y no regulado de los costarricenses. La inmediatez con la que se instaló Uber contrasta, no obstante, con la prolongada inacción del Estado costarricense y la marcada complicidad de los sectores empresariales del país, que muestran una incapacidad reiterada – y una marcada falta de voluntad – para adaptar el aparato jurídico a nuevos panoramas sociolaborales en los que los algoritmos de las empresas transnacionales juegan un papel clave y el derecho laboral del país se está quedando estancado.

Ya la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [2] ha dado las primeras alarmas sobre las situaciones de dependencia y dirección algorítmica a las que están sujetas las personas conductoras y repartidoras, pero el discurso empresarial persiste en el argumento mágico de que ‘‘Uber da empleo’’. En Costa Rica, además, ya se han sentado los primeros antecedentes de reconocimiento de una relación laboral entre conductores y plataformas por parte del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. Desde el plenario legislativo del país, lamentablemente, el énfasis en la regulación de plataformas digitales ha sido otro: la Asamblea Legislativa se aboca apenas a tratar algunos aspectos meramente operacionales de las plataformas digitales en el país, pero su quehacer carece de un enfoque de derechos laborales y derechos humanos.

La situación costarricense actualmente es, no obstante, diferente a la de muchos países en la región: recientemente en México el oficialismo impulsó una reforma [2] que hace frente a la reiterada irresponsabilidad empresarial de plataformas digitales respecto a sus trabajadores y, retomando el legado de países pioneros como Chile y España, reconoció los derechos laborales tanto de las personas conductoras como repartidoras de plataforma. Por medio de la reforma, por ejemplo, se obligará a las empresas al cumplimiento del aguinaldo, la protección contra riesgos laborales, y las vacaciones para quienes reciban salarios mayores al salario mínimo. Chile, por su parte, desde 2022, ha marcado la pauta y se ha destacado por ser un país pionero en derechos laborales por medio de una ley que garantiza, para todas las personas trabajadoras de plataforma, derechos como la sindicalización y la negociación colectiva, el derecho a la desconexión voluntaria y las protecciones laborales y patronales mínimas.

En nuestro caso centroamericano, lamentablemente, a veces son más palpables los retrocesos que los avances: ni la Asamblea Legislativa ni el Poder Ejecutivo han realizado propuestas de ley que busquen regular, más allá de aspectos operacionales y tributarios, las plataformas digitales del país. Es más, la actual inacción respecto a esta problemática parece señalar una anuencia silenciosa del Estado y sus instituciones. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo, se ha abocado a dar algunas recomendaciones someras y escuetas a las empresas de plataforma, y apenas se ha limitado a reconocer algunos aspectos nocivos para la salud en el trabajo del delivery sin emprender mayores acciones. Y peor aún para el país: Costa Rica se opuso recientemente a crear un convenio para hacer que las plataformas digitales se comprometan a dar condiciones dignas a sus trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT).

Actualmente a nivel país, las discusiones en torno al trabajo están centradas en otro retroceso significativo que se está impulsando dentro del plenario: la ley 24290, que plantea jornadas de 12 horas por cuatro días a la semana. No obstante, una situación más dramática ha tenido menor relevancia mediática a pesar de su magnitud: varias decenas de miles de conductores y repartidores de Uber y otras empresas digitales en Costa Rica trabajan, desde hace muchos años, en jornadas similares o incluso mayores, de acuerdo con encuestas de años recientes [3], así como también enfrentan condiciones bastante pauperizadas y vulnerables en el ejercicio de su labor.

¿Hasta dónde, hemos de preguntarnos, llegará el silencio y la inacción del Estado y sus instituciones? La respuesta, parece, seguirá siendo una incógnita aún por mucho tiempo.

[1] Organización Internacional del Trabajo. (2021). El trabajo en las plataformas digitales de reparto en Colombia. Análisis y recomendaciones de política.

[2] García, A. (1 de julio de 2025). Inicia programa piloto para dar seguro social a repartidores y conductores de plataformas digitales. Infobae. https://www.infobae.com/mexico/2025/07/01/inicia-programa-piloto-para-dar-segurosocial-a-repartidores-y-conductores-de-plataformas-digitales/

[3] Artavia-Jiménez, M., Solano, J., Campos, M. y Herrera, M. (2023). Plataformas digitales y precariedad laboral en Costa Rica El caso de las personas repartidoras de la Gran Área Metropolitana (GAM). Friedrich Ebert Stiftung

*Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.

La juventud no negociará su dignidad: contra las jornadas 4×3

Elian Xavier Jiménez Campos – ANEP Joven
Heredia, 2 de julio de 2025

El proyecto de ley que pretende imponer jornadas laborales de 12 horas durante 4 días a la semana no es progreso. Es retroceso. Es explotación maquillada de “modernización”. Es la cristalización de un modelo que pone el capital por encima de la vida, especialmente la vida de quienes trabajamos desde jóvenes, en condiciones cada vez más precarias y desprotegidas.

Quienes impulsan este proyecto hablan de libertad, de conciliación de tiempos, de “opciones”. Pero en la práctica, para la mayoría de las personas jóvenes, mujeres y personas trabajadoras de sectores populares, la jornada 4×3 no es una elección. Es una trampa. “Trabajar 12 horas al día no es libertad, es desgaste físico, emocional y mental”, señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus estudios sobre salud ocupacional y fatiga laboral [1].

En Costa Rica, donde las condiciones laborales ya son desiguales y el desempleo juvenil se mantiene alto, esta reforma profundizará la precariedad. Según datos del INEC (2024), más del 36% de las personas jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad o subempleo [2]. Sumado a esto, más del 60% de quienes ocupan empleos de servicios y comercio son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar.

Desde ANEP Joven lo decimos sin rodeos: este proyecto es una forma de violencia interseccional, porque afecta con más fuerza a quienes ya enfrentan múltiples opresiones. Las mujeres trabajadoras no solo tendrían que cumplir jornadas extenuantes, sino seguir asumiendo las tareas domésticas no remuneradas. “La sobrecarga laboral es una forma estructural de desigualdad de género”, afirma ONU Mujeres en su informe sobre trabajo y cuidados [3]. Las personas jóvenes verían reducida su capacidad de estudiar, organizarse o simplemente vivir. Los sectores más empobrecidos quedarían atrapados en un ciclo de cansancio y dependencia económica.

¿Quién gana con las jornadas 4×3? Las grandes empresas que podrán reducir costos, exigir más y pagar menos. ¿Quién pierde? La mayoría de las personas trabajadoras que no tienen opción.

La jornada de 8 horas no es una ocurrencia. Es el resultado de décadas de lucha sindical internacional. “Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de vida” no es solo un lema, es una defensa mínima del equilibrio entre el trabajo y la dignidad humana. Renunciar a eso es renunciar a la historia de conquistas obreras que nos ha sostenido.

Desde la juventud organizada, no estamos dispuestas a ceder lo irrenunciable. Porque no queremos sobrevivir, queremos vivir. Estudiar, amar, crear, participar, descansar. Porque el tiempo libre también es un derecho, como lo reconocen el artículo 58 de la Constitución Política de Costa Rica y múltiples convenios de la OIT.

Hoy decimos con fuerza:

  • No nos moverán con falsas promesas.

  • No cederemos lo que le pertenece al pueblo trabajador.

  • No aceptaremos una ley que normaliza la explotación.

Las juventudes de Costa Rica no negocian su dignidad.

[1]Organización Internacional del Trabajo. (2022). Las largas jornadas laborales y su impacto en la salud y seguridad. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_842310/lang–es/index.htm

[2]Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2024). Encuesta continua de empleo 2024. https://www.inec.cr/encuesta-continua-de-empleo

[3]ONU Mujeres. (2019). El trabajo de cuidados y su relación con la desigualdad de género. https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2019/06/infographic-care-work-and-gender-equality

Entre algoritmos y precariedad: el capitalismo de plataformas y la amenaza a los derechos laborales

Elian Xavier Jiménez Campos
Heredia, 2 de julio de 2025

En Costa Rica y el mundo, una nueva forma de organización del trabajo se ha consolidado a pasos acelerados: el capitalismo de plataformas. Este modelo se presenta como moderno, flexible e innovador, pero detrás de esa fachada digital se esconden relaciones laborales profundamente desiguales y precarias.

Aplicaciones como Uber, DiDi, InDriver, Rappi o Ubereats han transformado la manera en que trabajamos, sin transformar el poder que las sostiene. En estas plataformas, la clase trabajadora ya no es reconocida como tal: ahora se les denomina “colaboradores” o “socios conductores”, figuras sin acceso a salario fijo, seguridad social ni derechos laborales básicos. La relación entre empresa y trabajador desaparece en lo legal, pero no en lo real. La precarización se institucionaliza a través de la tecnología.

En el fondo, lo que estas plataformas hacen es externalizar sus responsabilidades, beneficiándose de un modelo en el que todo riesgo recae sobre quien realiza el trabajo. No hay aguinaldo, vacaciones, seguro o pensiones. Y aunque se promueve la idea de que los trabajadores tienen libertad para conectarse cuando quieran, lo cierto es que los algoritmos premian a quienes están más tiempo disponibles y penalizan rechazos o desconexiones. Es el algoritmo como nuevo jefe invisible, que controla sin rostro, sin contratos, sin límites.

Como juventudes, este fenómeno debe preocuparnos. No solo porque reproduce y profundiza desigualdades económicas, sino porque fragmenta las formas de organización colectiva y desmantela décadas de luchas sindicales. La riqueza se concentra en pocas manos, mientras crece una clase trabajadora informal, sin voz ni protección.

Peor aún: la precarización tiene rostro de mujer. Las plataformas digitales captan mayoritariamente a mujeres y disidencias, quienes ven en la supuesta “flexibilidad” una manera de combinar el trabajo remunerado con las labores domésticas. Pero esa doble jornada, sumada a la falta de garantías y la exposición a violencia digital o acoso, solo refuerza las brechas estructurales.

Costa Rica no escapa a esta realidad. A pesar de los discursos gubernamentales que celebran la innovación tecnológica y el “emprendimiento”, cada vez más jóvenes, mujeres y personas de sectores populares se ven empujadas a estos trabajos sin regulación ni derechos. Si la política pública no actúa, si el Estado no garantiza protección para quienes trabajan en estas plataformas, estaremos normalizando una nueva forma de esclavitud hipermoderna.

Es hora de poner este tema sobre la mesa. De abrir debates en las universidades, los sindicatos y las calles. De exigir que la tecnología esté al servicio de la dignidad humana, no de la explotación sin rostro. Porque si el trabajo del futuro es este, entonces debemos preguntarnos:

¿De qué futuro estamos hablando?

Impulsan proyecto de ley para garantizar derechos laborales en plataformas digitales

La Fundación Friedrich Ebert (FES) y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), a través de su proyecto «Trabajo y Crisis» en conjunto con diputada la Sofía Guillén participarán en una mesa de diálogo para discutir un importante avance en la regulación laboral: el proyecto de «Ley para Garantizar Derechos Laborales de las Personas Prestadoras de Servicios de Reparto mediante Plataformas Digitales».

En los últimos años, el crecimiento de las plataformas digitales de reparto en Costa Rica ha generado nuevas oportunidades de empleo. No obstante, estas oportunidades están marcadas por una grave precariedad laboral. Un preocupante 68% de los trabajadores en este sector carece de seguro social, y el 78% no contribuye a un fondo de pensiones. Además, la ausencia de protección legal contribuye a condiciones laborales adversas, ya que un 80% de estos trabajadores ha informado haber experimentado al menos un accidente en el desempeño de sus funciones.

La propuesta de ley representa una oportunidad crucial para rectificar estas injusticias y carencias, asegurando que los trabajadores del reparto digital no queden excluidos del sistema de protección social. Este proyecto busca no solo fomentar la economía digital, sino también dignificar el trabajo en la era tecnológica, garantizando condiciones laborales justas para quienes contribuyen a este sector. 

Este esfuerzo colaborativo entre la FES, la UNA y la diputada Guillén busca no solo generar un diálogo constructivo, sino también impulsar cambios significativos que beneficien a las personas que realizan estas labores esenciales en la economía actual. 

Precariedad laboral: una marca registrada del mundo Covid

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En el mes de marzo de 2020, cuando el planeta detenía sus pasos ante la llegada de la primera pandemia posmoderna, saltó a la luz una nueva forma de actividad económica caracterizada por su concentración en los servicios, las entregas express y principalmente la precarización en el trabajo.

Pronto el mundo se haría consciente de que al tiempo que una porción de su población privilegiada era enviada a sus casas a guardar cuarentena y, en el mejor de los casos, a hacer teletrabajo, otro grupo de personas trabajadoras menos privilegiado continuaban sus labores cotidianas desde la “uberización”, el “delivery” y la entrega personalizada puerta a puerta, propiciada por una de las formas más despersonalizadas y desubjetivadoras que llegó para quedarse en el marco de la coyuntura: las plataformas de servicios de entrega a domicilio.

Conocer esa modalidad de trabajo y sus alcances socio laborales fue uno de los objetivos perseguidos por un equipo investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Los resultados de su estudio fueron recientemente socializados.

Tres datos llamaron mi atención, dado el carácter profundamente informal que reviste la actividad: la alta proporción de personas trabajadoras de estas plataformas sin ningún tipo de seguro social (un 78%); más de un 65% reconoció la posibilidad de quedar excluido de la plataforma en cualquier momento, revelando una profunda desprotección e inseguridad laboral; un 40% de la población consultada en el marco del estudio percibe menos del salario mínimo de ley.

Es ya lugar común escuchar esa frase contundente de “lo que llegó para quedarse” en el marco de la pandemia: la modalidad de teletrabajo, las medidas de higiene y, yo diría, la precariedad laboral para un conjunto considerable de personas trabajadoras a nivel global.

El equipo investigador fue concluyente acerca de la necesidad de una respuesta organizativa y colectiva para hacerle frente a estas condiciones de trabajo. Una primera forma de cambiar la comprensión de la precariedad que les aqueja es modificar los designios de poder producidos desde el lenguaje: la “colaborización” como mecanismo de desubjetivación de la identidad laboral de la persona, debe ser erradicada. No son “colaboradores” quienes hoy se enfrentan a estas dinámicas excluyentes. Son personas trabajadoras con derechos, que deben empezar a ser respetados.

PLN le hace el trabajo sucio al gobierno Chaves Robles

Juan Carlos Durán Castro
SIFUPCR

Desde el SIFUPCR indicamos a la familia laboral del sector público que una vez más el PLN, le hace el trabajo sucio al gobierno Chaves Robles y muestra además cómo está tomado y conducido por gente de pensamiento ortodoxo, lo cual lo coloca como igual o superior al propio Gobierno.

Muestra así el PLN, su verdadero rostro pro trabajo precario y esclavo, ayudando al Gobierno y en dicha tarea surge la figura tristemente célebre de la Diputada Kattia Rivera en su rol de jefa de fracción del PLN, que como abanderada de la precariedad laboral, se presta como buena marioneta al juego de los Arias Sánchez, esperando sin duda alguna recompensa posterior, pero de paso le echa una buena paleada más de tierra a los colores verdiblancos de cara a las elecciones municipales 2024.

Así las cosas, se va acumulando rebeldía ciudadana que tarde o temprano explotará de alguna forma.