El pasado 06 de diciembre arrancó el juicio político en contra de Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en el que fue acusado por instigación pública al llamar a la ciudadanía costarricense a la protesta social.
En el video que se encuentra al final de la nota, se pueden ver las declaraciones de Albino Vargas en ese juicio. Expuso la corriente ideológica sindical que sustenta y reiteró que la situación legal en la que se encuentra en este momento es impulsada por un grupo liderado por la abogada Gloria Navas, respaldada por el Ministerio Público y el Presidente Carlos Alvarado.
El pasado 25 agosto varias organizaciones sociales que firmaron la Campaña “Por la Libertad Sindical en la Empresa Privada”, se manifestaron en la fuente de la Hispanidad.
Son 44 organizaciones sociales, sindicales, políticas y populares que se unieron para crear la campaña y exigirle al gobierno que tome acciones para proteger los derechos de los trabajadores perseguidos y despedidos.
Las organizaciones manifestantes, indicaron que eligieron la Fuente de la Hispanidad por ser un lugar que recientemente estuvo en la discusión nacional por la acción de un artista.
En su acción, tiñó el agua de la fuente como protesta por el uso de agroquímicos en las piñeras, así como para llamar la atención sobre las violaciones a los derechos laborales denunciadas por el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP), el cual es parte de la campaña.
La manifestación inició en el Pretil de la UCR, donde las organizaciones se unieron a los estudiantes de la Universidad para salir hacia la Fuente de la Hispanidad.
Según anunciaron las organizaciones, esta sería la primera acción de calle que impulsó la campaña, pues durante las próximas semanas se anunciarán nuevas manifestaciones y actividades culturales.
La que de momento ha sido anunciada, será una marcha hacia la Casa Presidencial el próximo martes 5 de setiembre.
Para más información con Yuleysi Segura al teléfono 6038 4639.
Varias organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos realizaron el pasado lunes 21 de agosto el Lanzamiento Oficial de la Campaña «Por la Libertad Sindical en la empresa privada» en la Casa Calufa.
Son más de 15 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas que han conformado la campaña para promover la defensa de los derechos laborales a través de la organización sindical de la mayoría de la población trabajadora.
En meses anteriores, el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) ha denunciado persecución sindical en empresas como Exportaciones Norteñas, La Nenita Farm (ambas exportadoras de piña localizadas en Los Chiles), Selime (empresa de limpieza subcontratada por la Universidad de Costa Rica) y Sajiplast (fábrica de plásticos en Barreal de Heredia).
En esas empresas se han dado casos de acoso sindical, amenaza de despidos, despidos ilegales, reubicación de trabajadores en otros puestos, y en 3 casos los trabajadores sindicalizados fueron entregados a la policía de fronteras mediante engaños y posteriormente expatriados.
Además, y más urgente aún, los dirigentes sindicales Jouseth Chaves y Francisco Cruz han recibido múltiples amenazas de muerte por su labor en las fincas piñeras de Los Chiles.
En días recientes se pudo leer en España que los familiares de Timoteo Mendieta Alcalá, un lider sindical fusilado en 1939 por las fuerzas franquistas, han procedido a una nueva exhumación en una fosa común situada en Guadalajara (Castilla-La-Mancha, España): ello en aras de recuperar los restos mortuarios de esta víctima del franquismo. Se lee en esta nota de prensa de El Pais (España) del pasado 10 de mayo del 2017 que:
«El equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha encontrado este miércoles un cráneo en la fosa común del cementerio de Guadalajara donde busca, desde el martes, los restos de Timoteo Mendieta, carnicero y presidente de UGT en su pueblo, Sacedón, que fue fusilado el 15 de noviembre de 1939. Su hija Ascensión, de 91 años, lleva toda la vida buscándolo para darle una digna sepultura».
El integrante de la ARMH a cargo de los trabajos, René Pacheco, precisa en esta otra nota de prensa la principal razón por la que no se logró encontrar la osamenta de Timoteo Mendieta con ocasión del primer intento: «En esta exhumación observamos lo mismo que en la primera, que estaba muy bien documentada, pero luego comprobamos que los cuerpos se han arrojado de forma aleatoria y no corresponde a lo recogido en la documentación», ha afirmado René Pacheco quien, no obstante, espera que esta vez sí sea posible encontrar los restos de Timoteo Mendieta».
Un primer intento realizado en el 2016
En enero del 2016, equipos forenses españoles habían procedido a la excavación de esta fosa común en España en busca de los restos mortales de Timoteo Mendieta. Cuando en el año 1939 fue fusilado, aduciendo las fuerzas franquistas «auxilio a la rebelión», su hija Ascensión Mendieta Ibarra tenía 13 años. Ante los obstáculos de la justicia española para acceder a los restos mortales de esta víctima de la guerra civil española enterrada en una fosa común con otros 22 cuerpos, Doña Ascensión decidió acudir a la justicia argentina.
La exhumación de la fosa común de Guadalajara inició el 30 de enero del 2016, con un emotivo acto muy concurrido al iniciar los trabajos (véase video); estos se mantuvieron por varias semanas. En los últimos días del año 2016, se informó que el análisis ADN de los huesos extraídos correspondientes a 11 de los cuerpos, realizado en Argentina, confirmó que ninguno de ellos pertenecía a Timoteo Mendieta (véase nota de CadenaSER del 30/12/2016). Nótese que los análisis de laboratorio para identificar los restos mortales se efectuaron en Argentina.
El hermetismo del Estado español ante el clamor de las víctimas del franquismo
Es gracias a la inclaudicable perseverancia de los familiares de Timoteo Mendieta, quienes interpusieron una demanda en Argentina en el 2010, que la jueza argentina María Servini de Cubría logró obtener de las autoridades de España, en aplicación del principio de jurisdicción universal, que sea exhumada una fosa común ubicada en Guadalajara. Se estima a unos 150.000 los desaparecidos durante la guerra civil española.
En este Boletín de Medicina Legal y Forense de Galicia (2012) se ofrecen diversos estudios sobre la labor realizada por expertos y colectivos en España a solicitud directa de familiares de víctimas del franquismo ante el mutismo de la justicia (véase texto). La nota introductoria de este documento concluye con un vehemente llamado a la clase política española:
«…deseo hacer desde estas páginas un llamamiento a nuestros nuevos representantes políticos. Apelo a su sentido humanitario para que sigan apoyando a todos los ciudadanos de nuestro pais que quieren saber donde están sus familiares desaparecidos en un conflicto que nunca tuvo que haber ocurrido».
Foto extraída de artículo de prensa titulado: «La nieta de Ascensión cuenta la lucha de su abuela: «Tal vez su luto sea de esos que conviven en los confines de la eternidad».
La justicia argentina al servicio de las víctimas españolas
Timoteo Mendieta se convierte en la primera víctima del franquismo en ser objeto de una orden de exhumación que emane de la justicia … de Argentina. No existe nada similar originado en España desde un juzgado español en materia de exhumación de víctimas del franquismo.
¿Cómo puede explicarse que la exhumación de una persona fusilada en 1939 en España (y cuyos restos mortales yacen con otros en una fosa ubicada en territorio español) deba ser tramitada por sus familiares españoles ante un juzgado ubicado en Buenos Aires? ¿Cómo explicar que procesos similares hayan tenido lugar en América Latina después de oscuros años vividos en el Cono Sur y en América Central en los años 80, permitiendo a familiares de desaparecidos acudir a su sistema judicial para exigir el respeto a la memoria de sus abuelos o padres, víctimas de la violencia política?
¿Cómo entender que mientras que en América Latina es el mismo Estado (a veces obligado por una sentencia judicial) el que concurre con sus recursos a permitir que familiares puedan cerrar un doloroso proceso de duelo, en España las familias y las asociaciones deben sufragar ellas mismas los costos que conlleva su búsqueda?
Las respuestas a estas y a muchas otras preguntas se encuentran revisando el largo camino recorrido por los familiares de Timoteo Mendieta. Muchas de estas respuestas exhiben la incómoda situación de España con respecto a los avances logrados en América Latina y en diversos foros internacionales en materia de derecho a la verdad y derecho al duelo (ambos consagrados en sentencias de jueces nacionales y por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos).
La unión de dos excepciones: España y el derecho a la verdad – Argentina y la impunidad
El derecho a la verdad constituye un tema que ha cobrado particular atención en diversos órganos de Naciones Unidas en la última década, y sería de sumo interés conocer la posición de los delegados de España en sus intervenciones cuando el foro al que participan delibera sobre sus alcances.
Entre muchos textos de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, activamente promovido por Estados de América Latina, podemos citar la resolución 2005/66 adoptada, a iniciativa de Argentina, por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2005, la cual «reconoce la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos». En el 2010, a iniciativa de El Salvador, la resolución A/RES/65/196 de la Asamblea General de Naciones Unidas «Proclama el 24 de marzo Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas» (véase texto). En el 2013, la misma Asamblea aprobó la resolución 68/165 (véase texto) sobre este preciso derecho.
En un ámbito como el del hemisferio americano (al que España participa en su calidad de Estado observador), se puede mencionar la resolución AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07) adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2007, la cual insta a todos los Estados del hemisferio americano:
«a tomar medidas pertinentes para establecer mecanismos o instituciones que divulguen la información sobre violaciones de los derechos humanos, y aseguren el acceso adecuado de los ciudadanos a esta información, con el fin de promover el ejercicio del derecho a la verdad».
Un detallado informe presentado en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad (véase texto completo) señala que pese a notables avances en la región, varios desafíos aún persisten en el hemisferio en materia de justicia transicional, en aras de vencer la resistencia de algunos sectores políticos, de los aparatos militares y de varios sistemas judiciales.
En un artículo sobre su experiencia en España como voluntaria con las víctimas del franquismo (publicado en el 2012), la antropóloga forense costarricense Roxana Ferllini Timms explica que:
«España constituye una excepción dentro del proceso de transición de justicia, ya que el paso a la democratización no buscó conciliar la violencia y abusos de los derechos humanos que ocurrieron durante la Guerra Civil y el régimen Franquista. La transición en 1977 creó el pacto del olvido, el cual fundamentalmente dio cabida al silencio, neutralizando toda temática concerniente a ese pasado, incluyendo la exclusión de dichos temas en cursos de historia española» (véase artículo, página 78).
En una entrevista en el 2013, el juez español Baltasar Garzón había declarado:
«Me da mucha pena que tenga que ser en Argentina donde se investiguen estos crímenes porque España en su día paralizó el proceso, cuando me suspendió y con el auto posterior del Tribunal Supremo que cerraba todas las vías para las víctimas».
No es casualidad si los familiares de Timoteo Mendieta debieron viajar para presentarse ante un juzgado situado en Buenos Aires. Argentina, desde hace muchos años, lidera la lucha contra el olvido y la impunidad en América Latina: los jueces argentinos han logrado avances que sus hómologos latinoamericanos conocen y observan sin poder replicarlos. En el 2016, con relación a una histórica sentencia condenando por vez primera a los responsables del denominado «Plan Cóndor», cuya lectura fue transmitida en directo por varias embajadas argentinas en América Latina, habíamos tenido la oportunidad de señalar que la justicia de Argentina se sitúa a la vanguardia en la región: «esta decisión leída el pasado 27 de mayo representa un sustantivo avance en la lucha contra la impunidad por crímenes del pasado en América Latina. Una lucha en la que pareciera que la justicia argentina cuenta con herramientas legales mucho más efectivas y con jueces mucho más determinados que las de otros Estados afectados por esta misma operación regional» (véase nuestra breve nota publicada por el OPALC).
María Lourdes Platero».
La orden judicial expedida por una jueza en Buenos Aires para excavar una fosa común en España
La solicitud hecha en el 2014 por la jueza desde Argentina precisaba (ver nota) a sus homólogos españoles que:
«Líbrese exhorto diplomático al Titular del Juzgado Territorial, que por razones de turno corresponda, con jurisdicción en Guadalajara (…) a fin de solicitarle arbitre los medios necesarios para que en presencia de quien suscribe se proceda a la exhumación del cuerpo sin vida que se encontraría inhumado en la fosa n° 2, ubicada en el patio n° 4 del cementerio de Guadalajara, ocupando el penúltimo lugar, comenzando de arriba hacia abajo, o segundo lugar de abajo hacia arriba, de diecisiete cuerpos que se hallarían apilados en forma vertical».
Se lee en este sitio sobre la memoria histórica en Guadalajara que el ayuntamiento respondió al juez español que:
«El informe, fechado el 27 de junio de 2014 y remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Guadalajara, explica que la fosa en la que fue enterrado Timoteo es una fosa común cuyo primer enterramiento data del 16 de noviembre de 1939 y el último el 9 de septiembre del mismo año. En la fosa se enterraron, según consta en el informe, 22 o 23 personas ejecutadas por el Juzgado Especial de Ejecuciones, según los distintos registros».
El documento del ayuntamiento de Guadalajara y sus anexos está disponible en esta nota, con relación a una primera respuesta negativa de la justicia española en febrero del 2015, aduciendo incertidumbre sobre la localización exacta del cuerpo para proceder a una exhumación.
El sufrimiento y el dolor ante la coraza institucionalizada del Estado español
El malestar de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas con España es evidente ante una ley de amnistía de 1977 siempre vigente. En el 2015, el Comité de Derechos Humanos reiteró nuevamente:
«… su recomendación en el sentido de que se derogue la Ley de Amnistía o se la enmiende para hacerla plenamente compatible con las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe impulsar activamente las investigaciones respecto de todas las violaciones a los derechos humanos del pasado. El Estado parte debe también velar por que en estas investigaciones se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas. El Estado parte debe revisar su legislación relativa a la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas y, a este respecto, se lo alienta a implementar las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada en sus recientes observaciones finales (CED/C/ESP/CO/1, párr. 32). Asimismo, el Estado parte debe establecer un marco jurídico nacional en materia de archivos y permitir la apertura de los archivos sobre la base de criterios claros y públicos, de acuerdo con los derechos garantizados por el Pacto» (Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el sexto informe periódico de España, documento CCPR/C/ESP/CO/6 de agosto del 2015, disponible en la red, punto 21).
El malestar de gran parte de la sociedad española con respecto a la falta de respuestas a sus legítimos reclamos por parte del Estado español es profundo. En esta nota de prensa se lee, con referencia a la hija de Timoteo Mendieta, Asunción Mendieta Ibarra, que:
«En 2013 se echó a la espalda sus 88 años y viajó hasta Buenos Aires para declarar voluntariamente ante la jueza Servini. «En España no ha habido justicia para las víctimas ni solidaridad, lo ha impedido la tan cacareada ley de amnistía, que en realidad a quien amnistió fue a los personajes que participaron en las atrocidades que se cometieron contra los ciudadanos de este país», se queja María Ascensión Vargas, y añade que las víctimas de la dictadura no tienen «un estatuto jurídico como sí otras víctimas, por ejemplo las del terrorismo, que me alegro mucho por ellas, pero hemos viajado muy solitos».
La determinación de los familiares de las víctimas del franquismo es compartida con las nuevas generaciones y, contrario a la percepción errónea de algunos círculos políticos españoles, se va fortaleciendo conforme avanza el tiempo. Como bien lo expresa una de las nietas de Doña Ascensión, la periodista Aitana Vargas, en este reportaje publicado en el 2015 y titulado «La nieta de Ascensión cuenta la lucha de su abuela: «Tal vez su luto sea de esos que conviven en los confines de la eternidad»:
«Creo que tal vez el luto de mi abuela sea de esos que conviven en los confines de la eternidad. No hay consuelo para una anciana cuyo padre fue acribillado a balazos cuando era una niña, acribillado a sangre fría como a miles de españoles que compartieron la misma desgracia. A quienes apretaron el gatillo no les tembló el pulso, ni les falló la puntería. Sistemáticamente mataron, asesinaron, torturaron, arrebataron niños de los brazos de sus padres. No hay consuelo ni para ella, ni para los familiares de quienes compartieron semejante destino. Porque no olvidemos que la causa de mi abuela es la causa de cientos de miles de españoles. Y esa causa, en una España democrática, no se puede olvidar ni sepultar bajo toneladas de tierra, piedra, escombros y presiones políticas – jamás».
En este artículo de Página12 (Argentina) sobre el caso de la familia Mendieta, las lágrimas que brotaron en los ojos de Doña Ascensión, al momento de ser informada del tan anhelado “sí” de la justicia española para poder finalmente proceder a la exhumación de los restos de su padre, ilustran el dolor lancinante de muchas familias en España:
“–¿Por qué llorás? –preguntó la abogada argentina.
–Lloro porque pienso en él; toda la vida bajo tierra –respondió.
En opinión de la letrada, esa expresión revela el sufrimiento del familiar de un desaparecido, al que no ha visto morir ni sabe dónde está.
“Para el familiar, el desaparecido no está muerto hasta que ve sus restos”.
Doña Ascensión: una inclaudicable voluntad que exhibe a España ante el mundo
La tenacidad de Doña Ascensión viene ahora a interpelar ante los ojos de España y del mundo el sistema judicial español y ponerlo a prueba. El hermetismo de las autoridades centrales españolas y del sistema judicial han sido tales que desde las comunidades autónomas, se han gestado valiosas iniciativas. Por ejemplo, lo que se ha calificado como el «insultante menosprecio del Estado» recientemente dio lugar a una iniciativa en Cataluña (véase nota de prensa de enero del 2017), mientras que desde el 2015, se cuenta en el País Vasco con un «Plan Vasco 2015-20 de investigación y localización de fosas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil» (véase documento). Hace pocas semanas entró en vigor la «Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía» (véase texto de la Ley 2/2017).
Conclusión
Esta reivindicación colectiva se ha convertido en una verdadera onda expansiva. Encuentra su origen en muchas familias cuyos hijos o nietos han decidido romper con silencios de antaño y miradas evasivas, encontrando el apoyo de activas asociaciones de familiares de víctimas. En este contexto, la exhumación de Timoteo Mendieta puede convertirse en un emblemático precedente para muchas víctimas de la guerra civil española y para sus familiares, y contribuir a relanzar el debate en el seno de la sociedad española sobre la pesada deuda que mantiene consigo misma.
Lista de personas enterradas en la fosa común de Guadalajara, según registros de la ARMH, publicada en esta nota de CadenaSer.
Nota: Para un análisis, desde la perspectiva del derecho internacional, de las diversas obligaciones que incumple el Estado español al no facilitar en lo más mínimo la labor de los familiares de las víctimas del franquismo y al mantener su sistema judicial hermético ante los constantes reclamos de las víctimas, remitimos al lector a un breve análisis escrito con ocasión de la primera exhumación realizada a inicios del 2016 por los familiares de Timoteo Mendieta. El mismo fue publicado en la Revista Los ojos de Hipatia (Valencia, España) y titulado: «JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina», enero del 2016, texto disponible aquí.
Agradecemos a los editores de esta revista valenciana por haber aceptado incluir fotografías, mapas e hipervínculos que permiten apreciar el alcance de la labor realizada por Doña Ascención, sus hijos y sus nietos, así como por la ARMH. Una versión ampliada del texto, con algunas referencias bibliográficas adicionales, fue también publicada en España en el sitio jurídico ElJurista (marzo del 2016), disponible aquí.
La presente nota fue publicada en los sitios jurídicos de Ius360 (Perú) el 23/05/2017 y de Debate Global (Colombia) el 26/05/2017. Una versión más reducida fue publicada en distintos medios digitales de Costa Rica (Elpais.cr, Informa-tico) y Ecuador (Alainet).
Grupo de dirigentes campesinos este viernes 26 de agosto en Guápiles celebraron la absolutoria del dirigente Orlando Barrantes.
El dirigente Orlando Barrantes fue sentenciado a doce años de prisión por el supuesto secuestro de unos policías, durante unas manifestaciones y enfrentamientos que se presentaron en Guápiles en el año 2000.
El ciudadano Nelson Brenes Sojo, solicitó el apoyo el Foro de la Vergüenza mediante Facebook, para que el día de mañana 19 de setiembre se recojan firmas, se repartan volantes entre otras actividades para apoyar al dirigente sindical Orlando Barrantes, víctima de la criminalización de la protesta social por parte de las autoridades de nuestro país.
*Imagen con fines ilustrativos.
Información tomada de la página de Facebook de Nelson Brenes Sojo.
Barrantes siempre sostuvo que el suyo es un caso de criminalización de la protesta social
«Mi caso es un montaje que busca asustar a la gente».
El día de hoy el dirigente sindicalista Orlando Barrantes fue sentenciado a doce años de prisión por el supuesto secuestro de unos policías, durante unas manifestaciones y enfrentamientos que se presentaron en Guápiles en el año 2000.
A continuación se reproduce una entrevista que Barrantes concedió a UNIVERSIDAD en mayo del 2006, en la que detalló los pormenores de su caso. Por entonces, Barrantes era Presidente del Consejo Nacional de Trabajadores (CONATRAB) y sostuvo que el detonante de toda la violencia fue la intervención de los policías antimotines.
¿Cómo se dieron los hechos del 2000, por los cuales ahora es enjuiciado?
– El 12 de diciembre del 2000 se manifestó la población en la provincia de Limón. Hubo movimientos de protesta en Guápiles, Siquirres, Limón y Talamanca, en los que diferentes sectores denunciaban la incapacidad de las instituciones gubernamentales por cumplir los acuerdos firmados.
En Siquirres, Guácimo y Pococí los grupos manifestantes fueron básicamente los pequeños agricultores y trabajadores bananeros expuestos al agroquímico nemagón.
En todos hubo enfrentamientos con la policía, pero en Guápiles, donde yo estaba, fue donde se produjeron los hechos más violentos. La versión que yo puedo dar de lo sucedido esa mañana, la reconstruyo a partir de videos que ya mostraron la fiscalía, informes de prensa y testimonios.
A las 8 a.m. se da una concentración de casi dos mil personas en el Parque de Guápiles, donde hasta las 8:45 intervenimos entre 15 y 20 dirigentes en el uso de la palabra. Allí, espontáneamente se tomó la decisión de hacer una marcha pacífica hacia Guácimo. La idea era que el gobierno, al ver una marcha de gran cantidad de gente, retomara las negociaciones. Una delegación de dirigentes fuimos a la casa de Jesús Calderón, quien estaba en contacto con el Ministro de Agricultura, a esperar que el gobierno se comunicara, mientras la gente empezó a caminar.
Nunca hubo bloqueo. Según el testimonio de los mismos policías antimotines, alrededor de 200 de ellos recibieron la orden de “ir a chocar” con los manifestantes, lo cual sucedió en medio de una cuadra muy larga, entre el Parque de Guápiles y la carretera a Limón.
A los policías se les acabaron los gases y entonces recibieron la orden de retirada, la cual ejecutaron de manera desordenada, se dispersaron y cuatro de ellos se tiraron debajo de unos furgones. Este grupo fue retenido por los manifestantes para exigir la liberación de cerca de 30 personas que habían sido detenidas sin ser pasadas al Ministerio Público. Yo no participé en esas negociaciones porque no podía, ni había control de nada. Nunca hubo bloqueo en la carretera a Limón y el enfrentamiento tampoco se dio en la vía.
Alrededor de las 5 o 6 de la tarde los manifestantes liberaron a los policías y el gobierno soltó a los manifestantes.
¿Mientras todo eso pasa usted se mantuvo en la casa de Calderón?
– Sí, claro. Allí también estuvo el periodista Marvin Barquero de La Nación.
¿Qué sucedió después, cuando fueron a Casa Presidencial?
– El gobierno nos convocó a negociar a las 8 a.m. del 13 de diciembre. Fuimos a Casa Presidencial y un periodista me preguntó si sabía que había orden de captura en mi contra y una acusación por secuestro extorsivo. Se le pidió al gobierno que aclarara la situación, anularon la orden de captura pero manifestaron que si había una demanda judicial, el Poder Ejecutivo no podía intervenir. El Ministerio de Seguridad Pública presentó una demanda que fue acogida por el fiscal, en la que sostiene que yo planeé, organicé y ejecuté un secuestro extorsivo y que todo lo que sucedió el día anterior había sido planeado por mí. Esa es la acusación. La causa acarrea una pena de 15 a 20 años por persona, y como fueron cuatro, la sentencia mínima sería de 60 años.
Esta acusación de secuestro extorsivo no solamente es absurda y ridícula, sino que con ella pretenden amedrentarnos.
¿Cómo han sustentado la acusación?
– La única prueba que presentan es un video donde salgo hablando en el parque. También incluyen el testimonio del entonces jefe de los antimotines, Orvil Ruiz, quien me ubica en el sitio del enfrentamiento desde las 10 a.m.
¿Cuál cree es el trasfondo de la acusación?
– Además de dirigente social, soy presidente del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), un partido legalmente inscrito, nuevo y de izquierda, que nació el año pasado.
Cualquiera que lea la acusación del Ministerio Público se da cuenta que no demuestra ningún hecho participativo mío, sino que me llama “agitador”; dice que organizo a la gente para que se movilice contra los gobiernos, que encabezo movimientos de protesta. Es decir, es una acusación estrictamente política.
Cuando Orvil Ruiz declaró en el primer juicio anulado en julio, repitió exactamente lo mismo que está escrito en la acusación.
¿Cómo siguió el trámite de su juicio?
– Inició en julio del año pasado, pero fue anulado porque mi abogado se incapacitó por más de diez días. Mi primera defensa no estuvo bien, pues subestimamos la causa. Cambiamos de abogado y hemos planteado tres acciones de nulidad, que han sido rechazadas.
Hace un mes nos notificaron que el juicio fue convocado para el 20 y 21 de abril de este año, pero cuando llegamos el 20 se nos dijo que está suspendido, pues la fiscal a cargo quiere que vuelva a declarar el exdirector de la Fuerza Pública Walter Navarro, quien está en Estados Unidos.
¿Cómo explica que se trata de un juicio político?
– Aquí lo que están enjuiciando es la forma de pensar que uno tiene, no tienen ninguna prueba y eso es un juicio político.
La condena de Célimo Guido, más el caso mío, nos lleva a los sectores sociales a hacer un llamado a fortalecer instancias como la Comisión de Derechos Humanos.
Estos son intentos de sectores poderosos económicamente y ligados a las transnacionales, que buscan amedrentar a los dirigentes y sentar precedentes ejemplarizantes para que la gente no proteste.
Como dirigentes y ciudadanos costarricenses, nuestro papel es participar en todos los procesos y no se nos va a prohibir opinar sobre la realidad nacional. Sostendremos nuestra oposición tajante al TLC.
Mi caso es un montaje, que busca asustar a la gente. Yo no tengo ningún problema en ir a la cárcel, si tengo que ir por defender a los pobres, gustoso voy. La cárcel para un dirigente representa un ataque muy duro a las libertades democráticas de este país y al resto del movimiento popular.
Tribunal restituye dirigente sindical en plantación de piña
Un triunfo contra las prácticas anti-sindicales en las empresas agro-industriales
Sala Segunda falla a favor de la restitución del sindicalista Pablo López Gracia y condena a la empresa Piña Frut, S.A a pagar los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha del cese en agosto del 2010 y hasta su efectiva reinstalación; así como los aguinaldos que correspondan a ese periodo, tomando en cuenta los ajustes de salario que se den por parte del Consejo Nacional de Salarios.
Después de una lucha legal de 5 años por parte del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Plantaciones, SITRAP, se demostró la ilegalidad del despido por parte de la empresa representada por Jorge Acón Sánchez, un enemigo de los derechos laborales de sus trabajadores.
Pablo López mostró su satisfacción por esta victoria sindical y personal pues estos años han sido muy difíciles para él y su familia en vista de las dificultades para encontrar trabajo estable en la zona.
Hay otros casos de persecución sindical y de irrespeto de los derechos laborales en esta misma empresa piñera así como en otras plantaciones, que tienen sentencia en firme con los mismos resultados, y además hay otros casos presentados que van por el mismo camino.
SITRAP está dando una intensa campaña en la defensa de los y las trabajadoras agroindustriales, que ha conseguido que pierdan el miedo y se animen a demandar a los patronos que violentan sus derechos.
Esta lucha también ha puesto en evidencia la alcahuetería del Gobierno con la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, CANAPEP, asegurando que las empresas respetan la libertad sindical y los derechos laborales. También ha quedado en desnudo la farsa de las certificaciones de calidad socio-laboral que se le otorgan a estas empresas.
También damos las gracias a las organizaciones y amigos, nacionales e internacionales que nos han tendido su mano para que SITRAP continúe en lucha por los derechos de la clase trabadora en las plantaciones agrícolas en Costa Rica, sus aportes no han sido en vano, esto es parte de los resultados.
El Sindicato felicita al representante legal Jorge Barboza de SITRAP y a los valientes trabajadores que atestiguaron en los tribunales, pese a la campaña de amedrentamiento de la Empresa. Así mismo se agradece a todas y todos los trabajadores que cada día engrandecen a SITRAP.
Contacto: Didier Alexander Leitón Valverde, Secretario General SITRAP: Celular: 83090994
Enviado a SURCOS Digital por Juan Carlos Cruz Barrientos.
